La Junta militar que gobierna Myanmar ha informado este sábado de que el terremoto que sacudió el viernes el centro-norte del país ha causado al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos, según los últimos datos que recoge la agencia EFE. En Tailandia han muerto al menos 18 personas en la capital, Bangkok.

El régimen dictatorial, que ostenta el poder en la mayor parte del territorio de la antigua Birmania desde el golpe de Estado de 2021, ha publicado las cifras en un comunicado divulgado el sábado por el canal de Telegram del Servicio Nacional de Radio y Televisión (MRTV), después de informar horas antes de casi 700 muertos solo en la región de Mandalay, una de las más afectadas. El jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, visitó ayer la capital y los militares han informado a través de MRTV que todavía se están recopilando datos.

El temblor de magnitud 7,7 ocurrió este viernes a las 12.50 hora local, en el noroeste de Myanmar, —6.20 GMT—, a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, a unos 17 kilómetros de la última urbe, la segunda mayor ciudad de Myanmar. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, apenas 11 minutos después del primer terremoto se ha producido una réplica de magnitud 6,4 en la misma zona.

Un modelo estadístico elaborado por el servicio de estudios geológicos de EEUU, citado por el New York Times, ya anticipaba este viernes que era muy probable que las víctimas totales superasen las 1.000 personas, o ser incluso muy superiores. Se ha han declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago.

Los militares piden ayuda humanitaria

El ejército de Myanmar se hizo con el poder en el país mediante un golpe de Estado en 2021. El país asiático atraviesa una crisis económica y social desde entonces, con enfrentamientos armados en gran parte del país entre el Ejército y guerrillas civiles y prodemocráticas, lo que dificulta el acceso y la distribución de ayuda humanitaria. El ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, pidió este domingo un “alto el fuego inmediato y efectivo” para que el conflicto entre el Ejército y fuerzas opositoras no impida el reparto de ayuda humanitaria.

La Junta militar hizo el viernes una inusual petición de ayuda tras declarar el estado de emergencia y China ya ha anunciado que enviará 100 millones de yuanes (unos 13,8 millones de dólares) como “ayuda humanitaria de emergencia” y el país liderado por Xi Jinping ya ha enviado a rescatistas expertos a la zona del seísmo. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró a preguntas de los periodistas este viernes el envío de 5 millones de ayuda humanitaria y la India también ha enviado ya al menos un avión militar cargado con productos de primera necesidad.

“La ONU y sus socios están movilizando recursos y apoyo urgente para atender a todas las comunidades afectadas, estén donde estén”, ha informado este sábado a última hora el coordinador humanitario de la ONU para Myanmar, el italiano Marcoluigi Corsi. La ONU aprobó el viernes destinar 5 millones de dólares para apoyar el trabajo humanitario en el país, al tiempo que llamó a hacer donativos a favor de esta causa.

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad y la de todo el Ejecutivo español con los pueblos de Tailandia y Myanmar ante “la terrible tragedia” provocada por el terremoto que ha sacudido la zona. “Mi cariño para todas las víctimas y familiares”, ha escrito Sánchez en un mensaje que ha publicado en la red social X (antes Twitter).

El Gobierno británico ha anunciado este domingo que enviará ayuda humanitaria por valor de 10 millones de libras (casi 12 millones de euros) a la población de Myanmar. Esta ayuda, que se canalizará a través de Naciones Unidas, se destinará al suministro de alimentos, agua, medicamentos y refugio, según un comunicado emitido por el ministerio de Exteriores. La nota añade que “en ningún caso” el contingente servirá para “respaldar al régimen militar del país”.

Los fallecidos en Tailandia ascienden a 18

Los temblores también han llegado hasta Tailandia, donde han muerto al menos 18 personas y 33 están heridas, según las autoridades del país, la mayoría (11 personas) tras el derrumbe de un rascacielos en construcción en Bangkok —a más de 600 kilómetros del epicentro— donde trabajaban unos 300 obreros, según ha informado las autoridades locales.

Este domingo, el Gobierno de Bangkok ha divulgado en su cuenta de Facebook el último balance actualizado en el que señaló que hay 78 desaparecidos. Se cree que la mayoría están atrapados entre los escombros de la torre que colapsó en Chatuchak. El gobernador de Bangkok ha dicho que los daños son limitados y menor de lo que se pensaba en un primer momento. Aun así, las autoridades han declarado el estado de emergencia en la capital tailandesa.

Más de 2.600 edificios colapsados en Myanmar

Fuentes humanitarias en el terreno en Myanmar han relatado a EFE que muchos edificios se derrumbaron en Mandalay mientras que un monasterio colapsó en la ciudad de Taungoo y 20 niños quedaron atrapados. La Junta militar ha confirmado después el colapso de más de 2.600 edificios, incluidas viviendas, colegios y pagodas del país de mayoría budista. Según han relatado algunos testigos al medio Myanmar Now, partes del Palacio histórico de Mandalay han sufrido graves daños, mientras que un puente en la localidad de Sagaing ha quedado completamente destruido.

“Una de las cosas más importantes es que se comprenda que no solo están afectados los edificios que presentan grietas y fisuras, sino también que hay edificaciones y estructuras públicas que se han derrumbado. Esto incluye carreteras, puentes y edificios públicos”, sostenía la coordinadora de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Marie Manrique, en declaraciones por videoconferencia a EFE desde Yangón. Los efectos del sismo se han sentido también en Yangón, principal ciudad del país, donde se evacuaron los edificios.

El portavoz de la Junta Zaw Min Tun ha solicitado ayuda internacional. “La queremos y la necesitamos”, ha dicho, gesto muy poco habitual para el normalmente hermético gobierno militar. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, además de numerosos líderes internacionales, han mostrado su voluntad de intervenir para la atención de la catástrofe. Médicos sin Fronteras advierte de un potencial impacto “devastador” sobre la población.

Myanmar se encuentra cerca de una zona de alta actividad tectónica por la presión entre la placa del subcontinente indio, al sur, y la euroasiática, al norte. Sin embargo, el seísmo de este viernes es uno de los más fuertes registrados en los últimos años. En agosto de 2016, un terremoto de magnitud 6,8 grados sacudió el país.

180 réplicas

Según el último recuento del servicio meteorológico de Tailandia, ha habido unas 180 réplicas hasta la noche del domingo, todas inferiores al primer sismo (de magnitud máxima cercana a 6).

“Debido a las réplicas, la gente está tan asustada de volver a sus casas que, incluso si no están dañadas, prefieren quedarse en la calle y en los arcenes”, dice a EFE Su Mon Htay, directora de personal para Birmania de Plan Internacional, en videoconferencia desde Rangún, desde donde partió un equipo de la ONG que pudo llegar anoche a Mandalay tras doce horas de viaje por carretera.

La Junta militar continúa bombardeando zonas rebeldes

Las fuerzas militares de Myanmar han continuado los bombardeos de las zonas rebeldes pese a la destrucción causada la víspera por el terremoto, según denunció este sábado el opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).

En un menaje de telefonía móvil, el NUG, que controla amplias zonas del país principalmente en la periferia, indicó que este viernes y este sábado se han producido bombardeos en la región de Sagaing y en el Estado Shan, ambos afectados por el seismo que sacudió la región central del país. Al menos siete personas han muerto y otras siete han resultado heridas este sábado después de que aviones de la Junta militar bombardearan la aldea de Naung Lin en este último Estado.

La agencia de noticias de Myanmar Shwe Phee Myay tambén informó ayer que varias casas quedaron destruidas en una aldea en Shan debido a los bombardeos del Ejército en una zona bajo el control de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional Ta'ang, aunque no hubo que lamentar daños personales.

El Ejército ha declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó (donde está la capital homónima) y Bago, áreas en la que hay un conflicto activo entre el Ejército y diferentes guerrillas, entre ellas de minorías étnicas y de grupos prodemocráticos que surgieron tras el golpe de 2021. Pese a que los grupos antijunta han ganado territorio a la junta militar, esta tiene superioridad aérea gracias a los aviones de fabricación china y rusa.

El relator de Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, advirtió que el régimen castrense usa como “arma” la ayuda militar y pidió a la comunidad internacional canalizarla a través de la oposición democrática, encabezada por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, y los grupos étnicos opuestos al Ejército.

Los rebeldes anuncian una tregua en las zonas afectadas

El Gobierno de Unidad Nacional, que reclama la legitimidad democrática en Myanmar, anunció este sábado a última hora una tregua de dos semanas en las zonas afectadas por el terremoto, según informa la agencia EFE.

En un comunicado, el NUG señala que el cese de hostilidades busca “facilitar las tareas de rescate de las personas atrapadas en los escombros y en los edificios derruidos”, aunque reconoce que sí usarán la fuerza en acciones defensivas ante eventuales ataques de la Junta militar. El gobierno opositor afirmó además que, en los territorios que controla, colaborará con las agencias de la ONU y ONG para garantizar la seguridad y el establecimiento de campamentos médicos y de rescate.

Sus equipos sanitarios y de grupos afines del Movimiento de Desobediencia Civil también prestarán ayuda en zonas controladas por la junta militar si se cumplen las condiciones mínimas de seguridad. “Inicialmente, hemos aprobado 1 millón de dólares para asistir a los rescates de emergencia y operaciones médicas a lo largo del país, particularmente en zonas administradas por el NUG”, precisó el organismo, formado por políticos, líderes étnicos y activistas prodemocráticos.

El proyecto para instalar una estatua gigante de Buda en el cerro Arropé, a las afueras al sur de Cáceres, obtendrá la evaluación ambiental abreviada favorable por parte de la Junta de Extremadura.  La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de la “viabilidad” ambiental del proyecto, según ha anunciado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa. 

González ha recordado que este proyecto en el cerro Arropé llevaría aparejada la instalación del pabellón que Nepal llevó a la Expo de Milán (Italia), que ya tenía el informa ambiental positivo. Parte del cerro se encuentra dentro de una Zona de Especial Protección de Aves (Zepa). El director de relaciones institucionales de la Fundación Lumbini Garden, Ricardo Guerrero, declaró en septiembre que eso iba a “ser un impedimento”. Afirmó, además, que estaba pendiente de la redefinición de la zona Zepa ya que “no tiene ningún valor medioambiental y tampoco anida ninguna ave que justifique su protección”.

Tras el informe ambiental positivo al proyecto promovido por la Fundación Lumbini Garden, solo quedaría la autorización por parte del Ayuntamiento de Cáceres. 

Visita a una dictadura

En septiembre de 2022 saltó la polémica después de trascender las reuniones mantenidas por dirigentes de la Fundación Lumbini con miembros de la Junta Militar Golpista de Myanmar, antigua Birmania. A esas reuniones acudió el presidente de la entidad, José Manuel Vilanova, y la empresaria cacereña y patrona de la misma, Pilar Acosta.

El objeto de este viaje –que desató una fuerte controversia política– era el de recabar apoyos para el proyecto “sin entrar en cuestiones políticas”. Como dijo entonces Vilanoba. Quien se justificó diciendo que ya habían presentado este proyecto hace cuatro años, al gobierno anterior al golpe de Estado, y que del mismo modo se lo iban a presentar al nuevo ejecutivo.

La Fundación Lumbini Garden esperaba que a finales de 2022 o principios de 2023 entrasen las máquinas en lo alto del Cerro Arropé de Cáceres, en un suelo cedido por el Ayuntamiento, para comenzar las obras del que será el Complejo del Gran Buda. Ocupará 110 hectáreas, contará con una estatua de 47 metros realizada en piedra blanca, y se espera que sea el mayor centro de peregrinación budista de occidente.

A una altura de casi 600 metros sobre el nivel del mar, y a unos 7 kilómetros de la ciudad, frente al Centro de Formación de Tropas (CEFOT), se alzará el enorme complejo budista.

El Gran Buda, que siempre se ha dicho que se haría en jade blanco, en realidad no se va a hacer con esa preciada piedra, pero sí con una muy similar conocida como jadeíta, que la van a donar los propietarios de una mina de Myanmar.

La escultura será hueca y estará recubierta por baldosas de esas piedras blancas de Myanmar, convirtiéndose con seguridad en otro gran monumento para visitar en la, ya de por sí, monumental ciudad de Cáceres, que fue declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1986, por ser el tercer conjunto medieval mejor conservado de Europa.

El proyecto de la Fundación Lumbini Garden para construir el llamado Gran Buda de Cáceres, el que sería complejo budista más importante de occidente, está quedando en entredicho tras las reuniones mantenidas con miembros de la Junta Militar Golpista de Myanmar, antigua Birmania, por el presidente de la entidad, José Manuel Vilanova, y la empresaria cacereña y patrona de la misma, Pilar Acosta.

A pesar de la explicación del alcalde, Luis Salaya, que ha rechazado hacer cualquier tipo de valoración pero ha insistido en desvincular al ayuntamiento de ese polémico viaje, que fue “privado y sin representación institucional alguna”, todos los grupos municipales, salvo el concejal no adscrito, Teófilo Amores –que abandonó las filas de Vox al poco tiempo de entrar en la corporación municipal– se han manifestado en contra de estos contactos, por tratarse de un gobierno que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, y que arrastra acusaciones de haber realizado crímenes de lesa humanidad.

Mientras Amores, considera que la fundación está haciendo lo correcto buscando apoyos para el proyecto y que la reunión con el Gobierno militar birmano tan sólo ha sido de carácter protocolario, los demás partidos han denunciado ese aspecto y señalan que van a pedir explicaciones sobre esos contactos.

Según el portavoz del PP en el consistorio cacereño, Rafael Mateos, “aunque no haya habido representación institucional en las reuniones, como ha dicho el alcalde, sí se ha puesto por delante el nombre de Cáceres, al estar enmarcados en la búsqueda de apoyos para el proyecto del Gran Buda”.

Además, ha afirmado tajante que el Ayuntamiento de Cáceres aún no ha hecho cesión ninguna del cerro Arropé, donde se prevé construir el gran complejo budista, y del que se daba cuenta en el reportaje publicado por elDiario.es el pasado domingo.

En dicho reportaje, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación, Ricardo Guerrero, hablaba a este diario de que el proyecto preveía la “parcelación” de parte de las 110 hectáreas cedidas por el ayuntamiento, parcelas que serían ofrecidas a los gobiernos, embajadas y comunidades budistas asiática para que tuvieran presencia permanente en España y en Europa.

Mateos, en este sentido, ha querido dejar claro que no existe tal cesión de terreno y que, si se hace, se tendrán que dar todo tipo de detalles sobre el tema para evitar que se haga especulación con un terreno que se cedería gratuitamente.

Lo que está claro, afirma el portavoz popular en el Ayuntamiento es que “este proyecto, que se convirtió en la bandera del alcalde Salaya, en 2019, es un proyecto que no avanza, y los pequeños avances que se van conociendo lo que están haciendo es aumentar nuestra preocupación”.

El PP, ha dicho Mateos, “tomará la decisión de apoyar o no este proyecto cuando conozcamos todos los datos, pero desde luego, está muy claro que nosotros no vamos a participar en ningún proyecto o ningún movimiento que sea especulativo y perjudicial para Cáceres”.

El Gran Buda ya no se ve tan blanco

El complejo budista que se pretende hacer en Cáceres contará, según los promotores, con una estatua de Buda de 47 metros de altura, recubierta de una piedra blanca, la jadeíta, similar al jade, que será donada por unas minas de Myanmar. Pero el proyecto ya no parece tan blanco como el Buda que se proyecta.

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López, después de la polémica suscitada por los contactos de la fundación con la Junta golpista y con el cuestionado y prominente monje budista Sitagu Sayadaw, uno de los líderes religiosos más importantes del país al que se le acusa de amparar la violencia contra la población musulmana de Myanmar y de guardar silencio ante las masacres, ha señalado: “en esos momentos tenemos todas las dudas del mundo de que éste sea un proyecto limpio”.

En declaraciones a este diario afirma que el proyecto del que se habla ahora “no es el inicial que nos presentaron”: “Ahora resulta que está en zona Zepa (Zona de Especial Protección de Aves), nos preocupa el tema del agua, cómo se va a abastecer todo aquello, que son 110 hectáreas, nos preocupa la financiación porque, hasta ahora, sólo sabemos de la subvención de la Junta de Extremadura (cercana a los 281.000 euros)”.

“También nos dijeron que iban a construir la 'Universidad de la Paz', ¿con qué financiación? –se pregunta– ¿con la de estos Gobiernos?”, dijo en relación a la Junta golpista de Myanmar.

El próximo jueves se va a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Cáceres, y Unidas Podemos se plantea poner sobre la mesa este asunto, bien preguntando directamente el equipo de Gobierno o pidiendo la creación de una comisión de investigación que ponga blanco sobre negro.

Mientras los dos concejales no adscritos que salieron Ciudadanos prefieren guardar silencio hasta conocer a fondo el asunto, la portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha lamentado este miércoles la falta de transparencia que hay en torno al proyecto del Gran Buda, “del que nos vamos enterando por los titulares de la prensa”, y sobre el que cada vez “hay más sombras que luces”.

Preciados ha pedido la comparecencia de los responsables de la fundación y de los promotores del proyecto junto con el equipo de Gobierno para que aclaren todos los detalle. “Apoyaremos el proyecto siempre que haya transparencia y que no haya irregularidades administrativas o éticas”, afirman.

Un año después del golpe de Estado militar que terminó con la apertura democrática de Myanmar, millones de birmanos han demostrado este martes que mantienen su pulso contra la junta con una “huelga de silencio” que ha paralizado todo el país.

Imágenes difundidas en las redes sociales y testimonios muestran calles completamente vacías en las principales ciudades, a pesar de que las fuerzas de seguridad llevan días presionando a la población incluso con amenazas de cárcel si participan en este movimiento de protesta silenciosa.

“Hoy, una vez más, la gente valiente de Myanmar ha demostrado que las huelgas silenciosas pacíficas contra la junta genocida son mucho más potentes que las acciones de terrorismo contra la población pacífica de Myanmar de la junta militar brutal y genocida”, ha dicho en Twitter Dr. Sasa, portavoz del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un Ejecutivo paralelo opuesto a la junta.

“Las calles están muertas”

La “huelga de silencio” convocada por el movimiento opositor desde las 10 a las 16 hora local tenía el propósito de vaciar las calles y mandar un mensaje de rechazo a la junta militar que gobierna el país desde que el Ejercito derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021.

“Nadie ha perdido el espíritu de lucha, sigue muy fuerte”, dice a Efe desde Rangún un veinteañero que, como millones de birmanos, ha decidido no salir a la calle a pesar de reconocer la enorme presión de las autoridades en los últimos días.

Hein, un joven de 25 años residente en Mandalay ha descrito a Efe por teléfono “un silencio de muerte” en la segunda ciudad del país, a pesar de que los negocios han abierto sus puertas para cumplir con las normas de los militares.

En los últimos días, las autoridades han amenazando a través de visitas y cartas a los propietarios de negocios de que si cerraban este martes sus propiedades podrían ser confiscadas e incluso enfrentarse a penas de cárcel, según han revelado varias fuentes a Efe.

“En el mercado local obligaron a los vendedores a firmar un papel en el que se comprometían a abrir. Un esfuerzo fútil para que la huelga fracasara porque no hay compradores, las calles están muertas”, dice el joven por teléfono.

Espiral de violencia

Al final de la jornada, ciudadanos de todo el país han mostrado con aplausos, caceroladas y bocinazos su rechazo a la junta militar, que ha sofocado en el último año con extrema violencia las protestas pacíficas.

Más de 1.500 personas han muerto por la represión de la junta en el último año, mientras que 11.838 han sido arrestadas, según los datos publicados por la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

La incesante violencia de las fuerzas de seguridad ha desencadenado una espiral de violencia que ha sumido a buena parte del país en un conflicto civil, con combates constantes entre el Ejército y las Fuerzas de Defensa del Pueblo, constituidas oficialmente el pasado mayo y a menudo aliadas con milicias de minorías étnicas que llevan décadas alzadas en armas.

El experto en Defensa Anthony Davis, colaborador de IHS-Jane's, cifra en unos 5.000 los miembros plenamente activos de este conjunto de unas 50 milicias formadas en todo el país e impulsadas por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que declaró en mayo su “guerra defensiva” contra la junta.

Pese a su inferioridad numérica y armamentística, en los últimos meses han infligido dolorosas derrotas a un Ejército que se ve cada vez más aislado de la población y a menudo no tiene más recurso que la violencia para imponer su autoridad.

“Los militares están cada vez más desesperados, no son capaces de afianzar su poder, y en respuesta y movidos por el pánico intensifican la brutalidad”, aseguraba Debbie Stothard, directora de la ONG ALTSEAN-Burma, en una reciente charla organizada por el Instituto ISEAS- Yushof Isak.

El NUG, calificado de terrorista por la junta, es visto por muchos como la única alternativa viable, pese a sus dificultades internas al tener a sus miembros en la clandestinidad y a su falta de reconocimiento en el exterior.

Condena internacional

Las potencias más beligerantes con la Junta, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido han respondido en los últimos meses con sanciones que trataban de dañar los intereses económicos de los militares y condenas.

Las últimas condenas se han producido este mismo martes por parte de la UE, EEUU, Albania, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido, que de forma conjunta han reclamado el final de la represión en el país. EEUU ha ido más allá el lunes al anunciar nuevas sanciones económicas contra dos empresas y varios ciudadanos birmanos, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo del país.

Mientras tanto, el general golpista Min Aung Hlain, autoproclamado primer ministro, ha seguido reivindicando la labor de su gobierno, subraya que mantiene buenas relaciones con China y Rusia y reconoce como única flaqueza el alza de precios del carburante y la falta de suministros.

La junta militar, que tomó el poder alegando un fraude masivo en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, ha condicionado la celebración de nuevos comicios y el regreso a la democracia a la “estabilidad” del país, sin mencionar una fecha concreta.

El golpe de Estado fue acompañado del arresto de los principales dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, el partido ganador de los comicios en el que milita Suu Kyi, inmersa en un calvario judicial con cuatro condenas por un total de seis años de prisión y acusaciones que pueden costarle décadas entre rejas.

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A una semana de despedir 2021 le damos la vuelta al mundo y repasamos los sucesos que han sacudido el planeta este año. 

Con Revista 5W hablamos de los conflictos a los que hay que seguir mirando en 2022. Etiopía sigue en guerra más de un año después, nos lo cuenta Xavier Aldekoa. Y hablamos de una de las consecuencias de este y otros conflictos: la migración. De cómo Europa sigue blindando sus fronteras y cuáles han sido las principales rutas migratorias de África. 

Nos trasladamos a Asia con los periodistas Agus Morales y Maribel Izcue para mirar hacia otros conflictos en ese continente. Hablamos de Afganistán que desde hace cuatro meses es de nuevo un Emirato Islámico bajo control de los talibanes, y de Birmania  donde  un golpe militar en febrero hizo descarrilar su democracia. Aquí puedes ver el programa completo con 5w y El Hilo:

Con la periodista Beatriz Lecumberri, coautora del documental “Condenadas en Gaza, contamos la situación en la Franja de Gaza que en mayo sufrió las consecuencias de la peor escalada bélica desde 2014. 

Y viajamos hasta América Latina para recorrer este año con El Hilo podcast y Eliezer Budassoff y hablamos de la histórica victoria del candidato izquierdista Gabriel Boric en Chile. También de Honduras donde por primera vez gobernará una mujer, Xiomara Castro, y un repaso por la política migratoria de Joe Biden. 

Además, una nuevo episodio de “Voces de la Tierra”, una sección en colaboración con Brigadas Internacionales de Paz junto a Laura Casielles. Escuchamos relatos de la persecución de activistas medioambientales y LGTBI en Honduras.

La exlíder birmana depuesta y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).

Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, han precisado que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar las normas de la COVID-19.

El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe. La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.

La exmandataria fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b). El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.

“Cargos falsos”

“Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”, ha indicado el subdirector de Campañas de Amnistía Internacional en Asia, Ming Yu Hah. “La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, ha agregado Ming.

La activista ha recordado que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar. Contra la premio Nobel de la Paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.

Fuera del país, la reputación de la controvertida Nobel de la Paz nunca se recuperó de la persecución a los rohingyas, aunque dentro seguía siendo un icono querido.

Aislamiento de la Junta birmana

El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y Japón y la Unión Europea han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.

El líder militar ha sido excluido de las últimas cumbres y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por no cumplir con unos acuerdos del pasado abril para sobre el cese de la violencia y abrir un proceso de diálogo. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cuyo país preside en la ASEAN en 2022, afirmó hoy su intención de viajar a Birmania para entrevistarse con los militares, que se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.

El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.

Los hijos del lago parecen bailar cuando pescan a bordo de sus largas canoas de madera. Con uno de sus pies firmemente hincado en la estrecha y bamboleante embarcación, la otra pierna abraza con firmeza el remo que va y viene rítmicamente empujando la barquichuela de manera suave y sin pausa. Con un movimiento casi imperceptible. El baile se completa con la red. Sin perder el equilibrio, el pescador lanza la trampa al agua con certeros movimientos de brazos. Todo con una plasticidad notable. Un verdadero espectáculo centenario que sólo se interrumpe cuando pasa cerca alguna de las barcas a motor que cruzan permanentemente las aguas del Inle. Este es un escenario imponente. Un lago de aguas calmas enmarcado por las montañas del Estado de Shan. Riveras cuajadas de aldeas de palafitos, monasterios, enormes pagodas budistas y campos de cultivo flotantes en los que intha, los hijos del lago, trabajan para completar la base de su economía tradicional. En los últimos años el turismo se ha sumado a la ecuación. Y aunque se han producido muchos cambios, el Lago Inle sigue siendo uno de los lugares que hay que ver sí o sí cuando se viajar por la antigua Birmania (Myanmar).

Cómo llegar al Lago Inle.- El aeropuerto más cercano es el de la ciudad de Heho (a poco más de 35 kilómetros del extremo norte del lago). Desde este aeródromo operan las compañías Air Mandalay (conexiones con Mandalay, Nyaung-u, Thandwe y Rangún -Yangon-); Myanmar Airways (Kengtung, Lashio, Mong Hsat, Nyaung-u, Tachilek y Rangún) y Yangon Airways (Mandalay, Thandwe y Rangún). Un billete de ida en vuelo regional cuesta entre 80 y 120 euros. El precio del taxi desde Heho hasta el lago ronda los 15 euros. Otra posibilidad desde Rangún es el tren. Se puede viajar desde Rangún y desde Mandalay. En el primer caso, hay que hacer transbordo en la ciudad de Thazi (16 horas) para después tomar otro tren hasta Kalaw (unas 8 horas más). La otra opción desde Mandalay conecta con la ciudad Shwenyaung (a medio camino entre Heho y la orilla norte del lago). Los trenes en Myanmar son baratos (unos cuatro euros), pero también extremadamente lentos. La opción más barata y rápida es el autobús. Desde Rangún la ruta más rápida es la de Nyaungshwe (12 horas y unos 14 euros de tarifa). También hay buses al mismo destino desde Bagó (14 horas, 12 euros), Mandalay (7 horas, 10 euros) y Bagan (8 horas, 12 euros). Las compañías más cómodas para viajar por el país son JJ Express, Elite Express; OK Express y Mandalar Minn Express.

Qué ver en el Lago Inle.- Hay muchísimo que hacer en el Lago Inle. Lo primero es tratar de comprender el espacio en todas sus dimensiones: en lo natural y en lo cultural. Este espejo de agua mide unos 30 kilómetros de largo y alcanza una anchura máxima de seis kilómetros. Es un lago de altura (está a más de 800 metros sobre el nivel del mar) y de aguas someras (la profundidad máxima está en torno a los 4 metros en las temporadas de lluvias). Nyaungshwe no es mala opción para alojarse, sobre todo si se tiene un presupuesto ajustado. Ejerce de capital de la comarca y está conectada con el lago a través de un bonito canal. Pero en las orillas hay unas 200 poblaciones que van desde pueblos más o menos grandes a pequeñas aldeas. Como suele suceder en Myanmar, los edificios religiosos (pagodas y monasterios) están por todos lados.

Pero el verdadero atractivo del lugar (más allá de los paisajes naturales y humanos) es la forma de vida tradicional de los Intha. Los ‘hijos del lago’ llegaron aquí desde el sur del país hace unos cinco siglos y conformaron una cultura propia dentro del Estado Shan. Su nombre alude a la actividad acuática que han desarrollado. Son pescadores hábiles y crearon un complejo sistema de huertos flotantes que recuerda a las técnicas de chinampas aztecas. Son unos 150.000 y preservan un idioma que aunque directamente emparentado con el lenguaje moderno de Myanmar es una verdadera reliquia lingüística –un birmano arcaico- con una fuerte influencia tailandesa. Son budistas de la rama theravada y hábiles artesanos. Y con sus palafitos y campos de cultivo han convertido las orillas del Inle en uno de los más auténticos destinos del Sudeste asiático. Desde el punto de vista ecológico, el lago es un complejo ecosistema del que dependen hasta 267 especies, destacando nutrias, varias tortugas, más de 80 especies de aves (entre las que resalta la grulla sarú –en grave peligro de extinción-) y más de 40 tipos de peces. Esta combinación única de naturaleza y cultura justificaron su inclusión en el catálogo de Reservas de la Biosfera.

La única manera de visitar las joyas del lago es a través de excursiones en canoas de motor. El precio de la excursión tipo ronda los ocho euros y la larga unos 11. Cada embarcación tiene una capacidad de cinco viajeros y el precio es por embarcación. Un consejo. Antes de partir dejad claro que no queréis ir de tienda en tienda perdiendo el tiempo. No Shopping please. Con eso basta. Desde la barca vais a poder haceros una idea de la vida de los intha y su relación con el lago, aunque en los últimos años el turismo haya empezado a convertir algunas costumbres en un espectáculo. Las visitas típicas en el lago son la Pagoda de Phaung Daw Oo, un espectacular complejo de templos que son un importantísimo centro de peregrinación budista; el pueblo de Nan Pam y sus huertos flotantes (una impresionante villa de palafitos rodeada de campos de cultivo que forman un verdadero laberinto acuático); El Monasterio de Nga Hpe Kyaung, famoso por su arquitectura y los miles de gatos que lo habitan e Ywama, otra pintoresca población de palafitos en cuyos alrededores se encuentra el laberinto de huertos flotantes más importantes del Inle. La excursión larga (que merece la pena) incluye una incursión tierra adentro (a través de canales terrosos) hasta Shwe Indein, uno de los conjuntos de pagodas y estupas más bonitos del país. Y otra cosa que no puede faltar es visitar alguno de los cinco mercados semanales que se celebran en las diferentes localidades del lago (rotativos). El más famoso (pero también el más turístico) es el de Ywama.

Pero hay vida más allá del lago. Toda la cuenca del Inle está llena de pequeñas villas conectadas al agua a través de canales que casi llegan al pie de las montañas. Casi cada aldea tiene su pagoda o su monasterio (y muchas veces ambos). No está mal dedicar una jornada o dos al lago (puedes regatear con los barqueros para diseñar los itinerarios a tu gusto) y otra jornada para explorar algunos de los hitos que se encuentran más lejos de las orillas. En la banda oriental, el lugar más interesante para visitar es el Monasterio de Maing Thauk y los Viñedos de Red Mountain (a dos pasos de Nyaungshwe). En la rivera occidental, el hito más espectacular es la Pagoda de de Shwe Myin Htin.

Una excursión hasta Kakku; el bosque de estupas.- Este pequeño pueblo se encuentra a 75 kilómetros al norte de Nyaungshwe y casi la única manera de llegar es a través de un taxi contratado (unos 35 euros el coche con cinco plazas). Pero merece la pena. Y mucho. Kakku, como todos y cada uno de los pueblos de esta parte del mundo, tiene su monasterio y su templo (también es un lugar poco transitado por el turismo y ofrece la posibilidad de ver una aldea rural bastante bien conservada). Pero es que esta pagoda, además de ser muy bonita, es bastante especial. Junto al templo –una pagoda preciosa- se amontonan casi 2.900 estupas que forman un verdadero bosque. Es un lugar mágico y, sin duda alguna, una de las excursiones que hay que hacer sí o sí se visita la comarca de Inle. Eso sí, la única manera de entrar en este recinto sagrado es con guía local. 

Fotos bajo Licencia CC: Nina R; David Stanley; imke.sta; Pawel G; Nate B; Steffen; Piktour UK; madras91

La candidata de Myanmar a Miss Universo, Thuzar Wint Lwin, aprovechó la gala celebrada durante la noche del domingo en EEUU para denunciar la brutal represión de la junta militar que se alzó con el poder tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

“Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Myanmar. Como Miss Universo Myanmar, desde que se produjo el golpe he hablado de ello todo lo que he podido”, dijo en un vídeo enviado para el certamen, celebrado en Florida.

La modelo se suma a la lista de personalidades del mundo del espectáculo y deportistas que han mostrado su oposición a la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing.

Thuzar Wint Lwin ganó el premio al mejor traje nacional, inspirado en el atuendo típico de la etnia Chin, a la que ella pertenece y cuyo recién formado grupo armado ha librado en los últimos días una cruenta batalla contra las fuerzas de la junta en el noroeste del país. Durante este desfile, celebrado el pasado viernes, la candidata lanzó un mensaje sobre la situación de su país mostrando un cartel que decía “Recen por Birmania”.

La concursante de 22 años acudió también a varias manifestaciones en el país donde pedía la liberación de Aung San Suu Kyi. Wint Lwin también se dedicó a repartir botellas de agua durante las protestas en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar y donó dinero a familias cuyos seres queridos habían sido asesinados desde el golpe.

Oposiciones publicas frente a la represión en Myanmar

El pasado marzo, la representante de Myanmar en el concurso de belleza Miss Grand International, Han Lay, también pidió entre lágrimas la ayuda de la comunidad internacional para la situación que vivía su país desde el golpe de Estado militar .“Por favor ayuden a Myanmar, necesitamos urgentemente la ayuda internacional, ahora mismo”, dijo durante la gala celebrada en Bangkok.

Por su parte, la miss y modelo birmana Htar Htet Htet publicó la semana pasada una foto en su perfil de Facebook con un rifle de asalto en la jungla en lo que parecía un campo de entrenamiento militar y aseguró que estaba haciendo la revolución contra la junta golpista.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), al menos 790 personas han muerto a manos de la junta desde el golpe de Estado y más de 5.000 han sido detenidos, entre ellos la líder Aung San Suu Kyi, cuyo partido resultó vencedor en las elecciones del pasado noviembre, consideradas fraudulentas por la junta.

A pesar de la violencia e intimidación de las autoridades, miles de personas continúan desafiando el poder de la junta militar a lo largo del país a través de un movimiento popular de desobediencia civil, aunque algunos manifestantes han decidido unirse a guerrillas étnicas y combatir al Ejército con las armas.

Decenas de personas han fallecido en más de 40 localidades de Myanmar este sábado, día de las Fuerzas Armadas en el país asiático, por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas contra la junta militar. Hay medios que hablan de hasta 91 fallecidos, la mayor cifra diaria desde el golpe de Estado del Ejército del pasado 1 de febrero.

Según el recuento del medio Myanmar Now, que cifra en 91 las víctimas mortales, las muertes ocurrieron durante manifestaciones celebradas en unas cuarenta ciudades en regiones y estados como Rangún, Mandalay, Sagaing, Bago, Magwe, Tanintharyi y Kachin. La cifra total de víctimas mortales desde la asonada, que este viernes ascendía al menos a 328, superaría ya las 400.

Mientras el Ejército celebra con un desfile en la capital el Día de las Fuerzas Armadas, miles de birmanos han vuelto a desafiar la represión de la junta militar golpista. En un vídeo captado por una cámara de seguridad y difundido por redes sociales, los soldados disparan sin haber sido provocados contra una motocicleta en un lugar donde no había protestas y se llevan a uno de sus ocupantes herido, mientras otros dos huyen corriendo. En otro vídeo, un padre grita desconsolado que han matado a su hijo pequeño mientras lo lleva en brazos dentro de un coche.

Los soldados y la policía han cumplido con la amenaza que la víspera emitió la televisión y radio estatales, en las que advirtieron que dispararían a los manifestantes por la espalda y en la cabeza.

Esta mañana el jefe golpista de la junta militar, Min Aung Hlaing, presidió el desfile en la capital, Naipyidó, para conmemorar el Día de la Fuerzas Armadas, aunque muchos manifestantes hablan del “día contra la dictadura militar”. Según el medio Asia Nikkei, Rusia, China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Laos y Tailandia enviaron a representantes al desfile castrense. Sin embargo, la gran mayoría de los países han boicoteado el evento e incluso algunas embajadas, incluida la española, han sustituido la foto de portada de sus páginas en Facebook por el color negro en señal de duelo.

Estados Unidos ha sancionado este jueves al comandante del Ejército de Birmania (Myanmar), el general Min Aung Hlaing, quien lideró el levantamiento militar y la deposición del Gobierno electo de Aung San Suu Kyi, así como a otros nueve oficiales y tres empresas vinculadas con las Fuerzas Armadas de ese país.

“El golpe del 1 de febrero fue un ataque directo a la transición de Birmania, a la democracia y al Estado de derecho”, ha señalado en un comunicado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Según el Tesoro, Hlaing ya había sido denunciado por el Gobierno estadounidense en diciembre de 2019 por su papel como líder de las fuerzas armadas, que “participó o cuyos miembros se han involucrado en graves abusos contra los derechos humanos bajo su mando”.

Las sanciones también han recaído sobre el subcomandante en jefe de las fuerzas militares birmanas, Soe Win, quien también fue señalado por Washington en diciembre de 2019; el primer vicepresidente y teniente general retirado Myint Swe; y los tenientes generales Sein Win, Soe Htut y Ye Aung.

Otros sancionados son el ministro de Defensa de la junta militar, general Mya Tun Oo; el titular de Transporte y Comunicaciones, almirante Tin Aung San; el teniente general Ye Win Oo, secretario adjunto del Consejo Administrativo del Estado; y el teniente general Aung Lin Dwe, secretario de dicho consejo.

Las empresas penalizadas por EE.UU. son Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. LTD y Cancri (Gemas y Joyas) Co LTD por sus vínculos con las Fuerzas Armadas birmanas.

Yellen ha advertido, además, de que Washington puede adoptar medidas adicionales: “Si hay más violencia contra los manifestantes pacíficos, el Ejército birmano se dará cuenta de que las sanciones de hoy son solo las primeras”.

El pasado 1 de febrero, los militares de Birmania derrocaron al Gobierno democrático, detuvieron a los líderes civiles, bloquearon el acceso a internet y suspendieron los vuelos. El Ejército ya había gobernado Birmania entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, y en 2015 llegó al poder del partido de la Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezado por la Nobel de la Paz Suu Kyi.

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha reiterado en un comunicado que para el país norteamericano en Birmania “hubo un golpe de Estado” y ha subrayado que no se quedarán “de brazos cruzados”.

La junta militar de Myanmar ha ordenado este sábado el apagón a escala nacional de internet mientras miles de personas se manifestaban en Yangón contra el golpe de Estado perpetrado el lunes por el Ejército.

Todas las operadoras recibieron la orden del gobierno de cortar el acceso a la conexión de datos con el pretexto de impedir la divulgación de “noticias falsas” y garantizar “la estabilidad y el interés” de la nación, según confirma en un comunicado Telenor Myanmar.

El portal de seguimiento Netblocks ha indicado que la red en Birmania registra un bloqueo casi total y, pasado el medio día, la conexión en todo el país había bajado hasta el 16 por ciento sobre los niveles habituales “con una tendencia de continuar a la baja”.

La primera manifestación masiva contra los militares

El bloqueo del acceso a internet ha coincidido con la primera manifestación masiva en las calles de Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada del país, en rechazo al levantamiento encabezado por el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing.

Miles de personas marcharon de manera pacífica por media docena de áreas de la ciudad con proclamas y consignas en favor de la democracia, la liberación de los detenidos por los militares y en contra de la dictadura.

Muchos de los asistentes lucían camisetas o pañuelos de color rojo que se identifica con el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que arrasó en los comicios de noviembre y cuyos resultados no son reconocidos por los uniformados.

Mientras los manifestantes hacían llamados en las redes sociales para que más personas se unieran a la marcha, internet dejó de funcionar, aunque las líneas telefónicas continúan operativas de momento.

A pesar del fuerte dispositivo policía, un corresponsal de Efe sobre el terreno confirma que las fuerzas de seguridad no han confrontado a los manifestantes, que a media tarde empezaron a dispersarse. En otras ciudades como Mandalay, la segunda más poblada del país, también han surgido pequeñas manifestaciones espontáneas contra el gobierno militar.

Censurar las redes sociales

Los militares ya habían tratado desde el levantamiento de bloquear el acceso a Twitter y Facebook, esta última con más de 22 millones de usuarios en el país, para tratar de torpedear los diferentes movimientos que llaman a la desobediencia civil, liderado por médicos y profesores.

“Si piensan que esto silenciarán las crecientes llamadas dentro del país para que reviertan su toma ilegal de poder, se equivocan. El pueblo birmano lo ha dejado claro: exige el regreso de la democracia”, comenta Charles Santiago, político malasio y director del grupo Parlamentarios de la ASEAN para los Derechos humanos.

Primer extranjero detenido

Mientras tanto, la Policía continúa con el arresto de personas cercanas al vínculo de Suu Kyi. La Ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, ha confirmado la detención de un australiano, identificado como Sean Turnell, que ejerce como asesor en materia económica de Suu Kyi y quien sería el primer extranjero detenido desde el golpe.

Primeras fisuras en las filas castrenses

Un comandante de un batallón del Ejército birmano fue arrestado el viernes tras expresar, junto a un número indeterminado de oficiales y soldados de su batallón, su rechazo al golpe de Estado, lo que supone la primera fisura visible dentro del cuerpo castrense tras la asonada. Varias fuentes cercanas han confirmado la detención de Kyaw Soe Tun, al frente del batallón 903 de ingenieros de campo, que se encuentra en el nororiental estado Shan.

“Al unirnos al Ejército hicimos el juramento de proteger a los ciudadanos, a partir de hoy y junto a los birmanos resistiremos contra la dictadura militar. Nosotros somos el Ejército del país, no somos marionetas de dictadores”, apunta un comunicado del batallón, conformado por unas 200 personas, al que tuvo acceso Efe.

Suu Kyi en buen estado y vacunada contra la COVID-19

Un portavoz de la LND ha confirmado que Suu Kyi se encuentra “en buen estado de salud” mientras permanece bajo arresto domiciliario en su residencia de Naipyidó, la capital fundada por los militares y que, según los expertos, fue diseñada a modo de refugio para el mando castrense. La depuesta líder del gobierno birmano ha recibido este sábado la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, según informó el diario “The Irrawaddy”.

Suu Kyi, quien ya vivió 15 años en arresto domiciliario por diversos cargos durante la dictadura birmana, es acusada por un delito de importación ilegal de dispositivos telefónicos, por el que afronta una pena máxima de hasta 3 años de cárcel.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha comenzado este martes las vistas orales de un juicio en el que Gambia acusa a Myanmar (antigua Birmania) de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. La líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha comparecido esta mañana en La Haya para defender al Estado, una decisión que ha causado una gran consternación a nivel internacional.

Gambia, un país africano con algo más de 2 millones de habitantes, ha denunciado en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica.“Todos los genocidios ocurridos en la historia han tenido sus propias causas con su contexto político único, pero esto no sucede de la noche a la mañana, sino que está precedido de una historia de desconfianza y propaganda que deshumaniza a otros”, ha dicho la entrada del juicio el ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou.

“Cuando deshumanizamos al otro, nos deshumanizamos a nosotros mismos como seres humanos”, ha proseguido Tambadou, para quien los genocidios solo pueden ocurrir “cuando existe indiferencia de la comunidad internacional”.“Otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo”, ha añadido, y “lo único que pide Gambia es que le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva”.

El éxodo rohinyá y el apoyo de Suu Kyi a Myanmar

Gran parte de las pruebas presentadas Gambia se basan en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh desde 2016. El éxodo de esta minoría musulmana se debe a una campaña militar del ejército birmano, que realizó dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017 en las que miles de civiles fueron asesinados, pero el país defiende que actuó contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos.

La líder birmana, que recibió en 1991 el Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura militar que gobernó hasta 2011, anunció el pasado 20 de noviembre que encabezaría la defensa de Myanmar ante la CIJ. Su decisión se explica en clave interna, pues cuenta con el apoyo de una buena parte de la población birmana, que considera a los rohinyás como inmigrantes ilegales que deben irse a Bangladesh pese a haber vivido en el país durante siglos.

“La percepción pública predominante en Myanmar es que el caso (en la CIJ) es un ataque injustificado contra el país y que la población debe estar unida en su defensa y en apoyar a Aung San Suu Kyi”, explicaba a Efe Richard Horsey, investigador de la organización International Crisis Group (ICG) radicado en Rangún.

Además, su defensa, que será presentada mañana, puede servir a la líder para mejorar las relaciones con el poderoso Ejército birmano, que diseñó una Constitución -aprobada en 2008- a su medida que le otorga una independencia casi total con respecto al Gobierno civil.

El juicio en la Corte Internacional de Justicia

El proceso judicial en la CIJ, que podría prolongarse durante años, no implica cargos penales contra individuos, sino una litigación entre los dos Estados en la que el tribunal se limitará a sopesar los argumentos presentados por ambas partes. Las primeras vistas del juicio se celebrarán en La Haya entre hoy y el 12 de diciembre y en ellas tanto Gambia como Myanmar presentarán oralmente y en audiencia pública sus argumentos.

En esta primera fase, el Tribunal debe decidir si solicita medidas provisionales a Myanmar para garantizar que no se produce ninguna violación de la Convención contra el Genocidio y, de hacerlo, la orden sería enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen derecho a veto y lo han empleado en el pasado para defender a al país.

Mientras tanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya, y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal.

Bawk Nu Awng lleva fuera de su casa desde 2011. Los tres pueblos en los que creció ya no existen. “La guerra ha golpeado todos los lugares en los que vivió mi familia. Siento que tengo la responsabilidad de comprometerme con todo lo que esté relacionado con la paz”, cuenta.

A sus 21 años, Bawk Nu Awng, nacida en Kachin, Myanmar, se ha convertido en la voz de los jóvenes desplazados por conflictos. Cuando Aung San Suu Kyi asumió el poder en el país, en 2016, su partido, la Liga Nacional para la Defensa de la Democracia, prometió que terminar el conflicto en Myanmar sería una de sus prioridades. Pero los diversos grupos étnicos que existen en el país siguen peleando para lograr mayor autonomía del poder central.

En el estado de Rakáin se intensifica el conflicto entre el ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, y el ejército rebelde de Arakan. En el conjunto del país, se calcula que alrededor de 241.000 personas como Bawk Nu Awng siguen en campos de desplazados. De ellos, unos 97.000 están en Kachin.

Los campos de personas desplazadas son la prueba más visible de que el conflicto continúa. Con elecciones previstas el año que viene, se abre una ventana de oportunidad política para permitir que esas personas regresen a sus casas. Kachin, que comparte frontera con la provincia china de Yunnan, es una zona de interés estratégico para la estrategia de desarrollo global de China, en la que se enmarca la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

De continuar en su avance, incluye una derrama de inversiones multimillonarias en el corredor China-Myanmar. Y en ese contexto, las autoridades chinas de Yunnan ya se han reunido con la influyente Convención Baptista de Kachin para apoyar una política de retorno de personas refugiadas en el marco de un acuerdo de paz. China estaría dispuesta a invertir y apoyar el desarrollo a cambio de que se garantice la estabilidad que necesita.

En diciembre, el Tatmadaw ofreció un breve alto al fuego que por ahora ha seguido ampliándose hasta el 31 de agosto y que implica a tres organizaciones armadas étnicas del norte de Myanmar entre la que se encuentra el Ejército de independencia Kachin (KIA). Poco después del anuncio del parón en las actividades armadas, comenzaron a regresar algunas personas a sus hogares.

El Tatmadaw acompañó a un grupo de desplazados de regreso a Nam San Yang, donde las minas antipersona habían sido desactivadas pocas semanas antes. Desde entonces, el Gobierno y el comité que vela por la gestión de la crisis humanitaria en Kachin, un grupo religioso que media para el retorno, han estado negociando. Pero sin la participación de las personas afectadas. 

Una encuesta de Naciones Unidas en la que participaron 1.123 familias de desplazados internos en Kachin encontró que mientras el 65% de las personas desplazadas tenían la intención de regresar a largo plazo, solo el 5% sentía que podía hacerlo. La razón principal de sus miedos: la falta de seguridad.

A principios de junio, Lum Zawng, de 30 años pero ya veterano activista, organizó un encuentro de 43 desplazados jóvenes en la capital del estado, Myitkyina, para debatir sobre el retorno. Nawng Lat, de 31 años, asistió junto a Bawk Un Awng, y declaró: “Teníamos que crear un grupo, con urgencia, para pensar con profundidad, sobre el retorno, para alzar la voz”.

El grupo acordó un manifiesto, publicado en Facebook, en el que afirma que el regreso solo debe suceder cuando puedan garantizarse seguridad y dignidad, cuando las personas hayan sido consultadas y cuando sean libres para elegir el momento de regreso sin presiones ni uso de la fuerza. También expresa que los desplazados no deben ser utilizados para lograr beneficios políticos, económicos o sociales.

Nawng Lat, nativo de la aldea de Nam San Yang, no fue parte del grupo que regresó. Pero tiene ganas de hacerlo. Eso sí, cuando se den las condiciones. Cuando comenzaron de nuevo los combates, hace ya ocho años, nunca imaginó que viviría tanto tiempo en un campo. “Lo primero que pensé fue que la guerra duraría unos meses. Después de unos tres años se instaló la incertidumbre. Me preguntaba por qué sucedía, por qué no podíamos regresar”, cuenta. 

Ahora es uno de entre los más de 38.000 desplazados que viven fuera de la jurisdicción del Gobierno. Con acceso limitado a la educación o el empleo, muchos jóvenes optan por emigrar a China para buscarse un sustento pese a que allí son vulnerables al tráfico y al abuso. 

“Cuanto más tiempo estamos en campos de desplazados internos, más problemas enfrentamos”, lamenta. “No quiero que el retorno suceda bajo presión. No digo que no queramos regresar, en realidad, tenemos muchas ganas de regresar lo antes posible. Son ocho años ya desde que nos desplazaron y hemos perdido mucho en cuanto a educación o desarrollo. Pero solo regresaremos cuando se garantice nuestra seguridad”, insiste. 

Bawk Nu Awng pide que se garantice que se han retirado las minas enterradas: “Ahora es como si quisieran que nos quedemos en una casa sin terminar. Cuando llueva, habrá filtraciones. Solo cuando hayan terminado la casa podremos quedarnos. Tiene que generarse confianza”, agrega. “Me gustaría que ambas fuerzas [Tatmadaw y KIA] retiren las minas que han colocado en nuestra tierra y solo iré de regreso cuando se declara la paz de forma oficial”, apunta.

En junio, un grupo de activistas representó una obra para conmemorar el octavo aniversario de la guerra. Pau Lu y otro de los organizadores, Seng Un Pan informaron a las autoridades, pero momentos antes de que comenzara la actividad, la Policía se presentó en el lugar para pedirles permisos extras. El acto cambió de lugar y se celebró. Pau Lu y Seng Un Pan fueron acusados de organizar una protesta sin permiso. El caso sigue abierto y enfrentan una pena máxima de tres meses en prisión. 

Este incidente es tan solo uno de los muchos en los que los activistas han sido acusados ante la Justicia. En abril del año pasado, Lum Zawng, Zau Jat y Nang Pu fueron condenados a seis meses de prisión por difamación al Tatmadaw por liderar una manifestación que pedía retorno seguro y acceso humanitario a 2.000 personas atrapadas durante un incremento de los combates.

Bawk Nu Awng cuenta que el miedo retrae a la gente a la hora de actuar: “Muchos tienen miedo de comprometerse políticamente… Mis padres no quieren que participe porque temen que me disparen o me detengan”.

Liberado en una de las amnistías que la presidencia de Myanmar aprueba cada año, Lum Zawng calificó el arresto de activistas como una “amenaza psicológica”. Pau Lu aseguró que no darían un paso atrás. “Incluso si [Seng Nu Pan y yo] somos arrestados, la juventud no se detendrá. Hay muchas personas que pueden asumir nuestro lugar”, desafió. 

Seng Nu Pan confía en que los arrestos solo sirvan para “empujarlos a hacer más”.

“Tenemos que practicar nuestra libertad de expresión. Si no expresamos lo que sucede, nadie sabrá”, añade Lum Zawng. “Las generaciones más jóvenes pueden cambiar. No tememos liderar un movimiento”, sentencia.

El rescate de un equipo de fútbol juvenil junto a su entrenador del interior de una cueva inundada en Tailandia ha mantenido a millones de personas en todo el mundo en vilo, pendientes del desenlace de una operación de salvamento que a primera vista, parecía misión imposible.

Uno de los momentos más trágicos y desalentadores del rescate se produjo con la muerte de Saman Gunan, de 38 años, uno de los miembros del equipo de élite de buzos de la Marina tailandesa que perdió la vida en un intento de llevar varios tanques con oxígeno al interior de la cámara donde se encontraban atrapados los 'Jabalíes Salvajes', el nombre del equipo de fútbol amateur que forman los 12 menores y su entrenador.

No obstante, después de varias semanas de incertidumbre, todos han logrado ser rescatados con éxito y el mundo se ha deshecho en halagos con los miembros de la operación de salvamento, que se han convertido en los héroes del momento. Sin embargo, tal y como recoge el diario norteamericano The New York Times este jueves en un reportaje, hay un protagonista en esta historia que ha pasado desapercibido.

Se trata de uno de los chavales atrapados en la cueva, Adul Sam-on, de 14 años. Cuando tan sólo tenía 6 años, sus padres le introdujeron de forma irregular en Tailandia desde Birmania, con la esperanza de huir de la violencia existente en el norte del país y que al tener acceso a una educación, el joven Adul lograse tener un mejor futuro que el resto de su familia.

Birmania ha ocupado decenas de titulares en los últimos meses por la persecución que está llevando a cabo su Gobierno de la minoría musulmana rohingya, ante lo que ha llegado a recibir acusaciones por parte de Naciones Unidas de llevar a cabo una limpieza étnica contra este grupo. No obstante, no es la única minoría étnica perseguida. Adul y su familia, procedentes del grupo minoritario Wa, una minoría apátrida que comparte dialecto con millones de personas en China, también han sufrido las políticas nacionalistas birmanas, obligándoles a huir de su país.

No obstante, la mayor escapada de Adul no fue la de Birmania, sino la de la cueva de Tham Luang. Después de pasar más de 10 días atrapados en la cavidad al fondo de la cueva, sin que las autoridades tuvieran la más remota idea de saber dónde se encontraban, fueron hallados por un grupo de buzos británicos.

Fue ahí donde Adul, que habla dialecto wa, inglés, birmano, chino mandarín y tailandés, jugó un papel esencial, ya que fue el único capaz de comunicarse con los buzos y explicarles cómo habían llegado hasta allí, cuánto tiempo llevaban atrapados y lo más importante: que necesitaban comida con urgencia.

En uno de los vídeos que ha publicado la Marina tailandesa tras finalizar la operación de rescate, se puede ver cómo Adul interrumpe a uno de sus compañeros, que a duras penas balbucea a los buzos británicos “eat, eat, eat” y le dice con toda la calma del mundo que ya les ha explicado sin problemas que necesitan comer, mientras esboza una enorme sonrisa.

La localidad donde juegan los 'Jabalíes Salvajes', Mae Sai, está localizada en lo que se conoce en la región como el “Triángulo Dorado”, ya que se juntan las fronteras de Tailandia, Laos y Birmania. Es conocido por ser una zona donde las guerrillas y las redes de tráfico de personas operan con bastante impunidad, por lo que gran parte de la población procede de minorías étnicas apátridas.

Gracias a que Adul sabía hablar inglés y tuvo la iniciativa de hablar con los buzos británicos que les encontraron el 2 de julio, más de 10 días después de que se quedaran atrapados, el adolescente jugó un papel crucial a la hora de asegurar la supervivencia de sus compañeros de equipo y su entrenador, tal y como reconocen las autoridades.

Según asegura Punnawirt Thepsurin, el director de su colegio en Mae Sai, Adul es un estudiante modelo. Al igual que él, más de un 20 por ciento de los alumnos son miembros de grupos étnicos que carecen de reconocimiento estatal. “Los niños apátridas tienen un espíritu luchador que hace que busquen la excelencia en todo lo que hacen”, ha asegurado. “Adul es el mejor de los mejores”, ha concluido.

Cerca de 440.000 personas apátridas viven en Tailandia, en su mayoría víctimas de la limpieza étnica que está llevando a cabo el gobierno de la vecina Birmania, de acuerdo con datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

No obstante, de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch -cuyo director ejecutivo, Kenneth Roth, ha compartido la historia de Adul en sus redes sociales- estiman que la cifra de inmigrantes ilegales huidos de Birmania en el norte de Tailandia podría alcanzar los 3 millones. Y no todos logran, como en el caso de Adul, escapar de cuevas inundadas.

El papelito azul se destiñe entre los dedos frágiles de Halima. La lluvia se abate sobre el campo de refugiados rohingyas de Kutupalong; es mediodía y la hilera de personas que espera la distribución de alimentos ya no responde a ningún orden. Halima aguanta junto a su madre para poder comer ella y sus hermanos, aunque en la cartilla de racionamiento ya no se distinga si se trata de tres o seis personas más.

La lluvia hizo desvanecer la mitad de los integrantes de su familia de la burocracia administrativa humanitaria, con la misma facilidad con la que cientos de vidas fueron borradas en masacres al otro lado del río Naf, en Birmania.

Al menos 9.000 rohingyas murieron en Myanmar entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017, según Médicos Sin Fronteras (MSF). 730 eran menores de cinco años. Casi 700.000 personas de esta etnia musulmana llegaron al sur de Bangladesh buscando refugio. Las mismas que ahora ven sus precarias condiciones agravadas por las intensas lluvias y el viento que ha arrasado algunos de sus refugios. Las mismas que huyeron de la persecución y la masacre.

Rozia recuerda. Tiene los ojos color betún, velo violeta y con la mirada busca explicación a lo que sucedió, se limpia las lágrimas con la mano derecha y las mira como si fueran ajenas. “Había preparado verduras, naan [pan], y estaba toda la familia preparada para desayunar. Fue a principios de agosto, el sol ya secaba el arroz cortado el día anterior en Kalaywa”, rememora.

La refugiada piensa en esa mañana, en las nubes monzónicas que asomaban amenazantes en el horizonte. “Era temprano para escuchar truenos, por sus sonidos parecía estar llegando tormenta –dice–, pero los estruendos empezaron a ser rítmicos”. La cadencia no respondía a la naturaleza. A lo lejos, aparecieron aviones, luego helicópteros. Primero, dice, fueron bombas, después morteros, tiros, cuchillos; luego fuego, gritos y llanto desgarrador. 

“La lluvia no paraba, caminamos quince días en el barro”. Atravesaron pueblos arrasados camino a los confines de Birmania, para cruzar el río Naf, la última frontera con Bangladesh. “Hui con la ropa que tenía”, dice Rozia y acomoda el cuerpito de Zubair entre sus piernas. Su hijo de dos meses solo pesa gramos.

Aún no se han iniciado las repatriaciones acordadas el pasado enero por las autoridades birmanas y bangladesíes y muy cuestionadas por las ONG y Naciones Unidas. Aseguran que aún no se dan las condiciones para el regreso seguro de los refugiados rohingya a Myanmar, que no los considera sus ciudadanos.

La comunidad rohingya se asentó en Birmania durante la colonia británica. La dictadura militar instaurada en 1962 les denegó la nacionalidad y los convirtió en apátridas, sin derechos civiles ni políticos: no tienen derecho a la libre circulación, a escolarizarse ni a recibir asistencia sanitaria; no tienen derecho a trabajar, ni a casarse, ni a poseer tierras.

Los rohingyas, apátridas entre los apátridas, se instalaron en campos como Kutupalong, Jatmoli o Teknaf de Bangladesh: asentamientos precarios que nacieron en la década de los noventa. Los tres campos ahora conforman uno. Donde antes había miles de personas, hoy se cuentan cientos de miles.

Un océano de chozas de lona y cañas de bambú disputan metros de tierra roja. No hay carreteras. Pequeños senderos funcionan como los únicos vasos comunicantes: pasillos cenagosos donde mujeres llevan niños a cuestas y los hombres trepan cargando sacos de arroz.

En la cama número cuatro del hospital de MSF de Goyalmara, Rozia cuenta las horas para que su pequeño se recupere. Desea volver a la choza que está al otro lado de la colina. Allí la espera su marido y sus cinco hijos.

Rozia acaricia a Zubair y mira por la ventana. Piensa en los que se quedaron en el campo y los están esperando. Hace nueve meses llegaron a Jatmoli y las esperanzas de algún tipo de futuro comienzan a diluirse.

Escasean los puntos de acceso al agua que, de por sí, no es potable. Las charcas, legado de lluvias caprichosas, son las fuentes donde bañan a los hijos e hijas. Las pocas letrinas aumentan la insalubridad.

Suelos de tierra, techos de plásticos, paredes de bambú, refugios atravesados por el desagüe de las escasas letrinas, sin agua, sin luz y rodeados de charcos de agua estancadas. En Myanmar, las mujeres rohingyas parían en sus hogares de pie y, si salía todo bien, la familia crecía. Hoy los partos tienen lugar en estos refugios y las condiciones higiénicas amenazan la vida de los recién nacidos. 

Salem Ullah, de tres meses, recibe asistencia respiratoria en el hospital de MSF. Su madre Ansar imita el gesto mientras cubre su boca con su velo. “Las sepsis neonatales son estados de infección generalizada y es uno de los diagnósticos más extendidos desde que abrimos este hospital”, apunta Alejandro Vargas Piek, pediatra de la organización humanitaria. “Llegan con cuadros de fiebre extrema, han perdido el apetito y tienen muy bajo peso”.

A Salem le esperan dos semanas de antibióticos por vena y sesiones de respirador para limpiar sus pulmones y mantener encendida su esperanza de vida.

La temporada de lluvia se presenta puntual a su cita anual del ritual monzónico, inundando los asentamientos de Kutupalong, Jatmoli y Balukahli, que desbordan en todo sentido. Los deslizamientos de tierra se llevan chozas y vidas. La ONU y las ONG que trabajan en la zona llevan meses alertando del riesgo de la situación de los refugiados ante la llegada del monzón.

Reasentamiento crítico por las fuertes lluvias

Lila Begum se asoma por última vez en la puerta de su refugio. Se siente afiebrada y con la ayuda de Faisal, un voluntario de Acnur, empieza a empacar los pocos enseres: una esterilla, un balde, dos mantas humedecidas, una olla magullada, dos cucharas y una cajita de especias que atesora con devoción.

Sus dos hijas apoyan la decisión de abandonar la choza, situada al borde del precipicio. Serán recolocadas en otro refugio, dentro del mismo campo pero a unos cuantos kilómetros de allí. Abdu, de catorce años, se niega. Llora, grita y cuestiona tartamudeando a su madre. No quiere dejar esa zona del campo donde permanecerá parte de su familia, y sus afectos: otros adolescentes que vieron, sufrieron y sobrevivieron a lo mismo.

El acceso agua limpia será otro desafío para los próximos meses. El riesgo de propagación de enfermedades por el contacto o consumo de agua en mal estado es excesivamente alto. Organizaciones humanitarias como Oxfam trabajan con escaso margen de tiempo para reforzar los cimientos de los refugios; construir y rehabilitar pozos de agua, e instalar sistemas de alcantarillado para reducir el impacto de las inundaciones. 

Las tormentas serán una nueva amenaza para las miles de personas vulnerables que subsisten en condiciones críticas, hacinadas y sin suficiente comida. En Bangladesh, más de un millón requieren ayuda humanitaria con urgencia. Familias como la de Halima intentan hacer acopio de alimentos, porque las lluvias tornan intransitables los caminos para la asistencia.

Halima aún mantiene su lugar en la hilera pese a la lluvia. Con sus dedos frágiles –la mirada inabordable, la ropa empapada– sostiene el papel para recibir el saco de arroz que asegure el alimento de su familia por esta semana. Es solo una niña.

Si alguien ha conocido de primera mano los escenarios del terror y la injusticia de los últimos 40 años en el mundo, es él. Reportero de New Yorker, biógrafo del Che Guevara, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez, amante y conocedor de España, el periodista estadounidense Jon Lee Anderson (California, 1957), se ha pateado los lugares más violentos de la Tierra. De su relación directa con los protagonistas fueron naciendo reportajes y libros que le han convertido en uno de los analistas más atinados de los conflictos más enquistados, los que hoy nos mantienen permanentemente al borde de una guerra global. La publicación ahora en España por la editorial Sexto Piso de Guerrillas, un libro escrito hace 25 años tras sus viajes por El Salvador, Birmania, El Sáhara, Gaza y Afganistán, nos da la oportunidad de acercarnos a la historia y el espíritu del fenómeno guerrillero, pero también de hablar de la incertidumbre creciente en la que vivimos en España y en el mundo.

¿Qué es lo que a la gente normal le decide a ir a una guerra, a afrontar la posibilidad de matar o morir, a formar parte de una guerrilla?

Hay varias razones. Una de las principales, según mi experiencia, es la convicción de que no hay otro camino que el de la violencia; algo que se convierte en una máxima, que puede aparecer si una sociedad, o régimen, ejerce de forma sistemática la discriminación o represión de un sector de la población por motivos raciales, políticos, sectarios, económicos, o una combinación de estos. De acuerdo con mis estudios sobre el terreno en muchos conflictos, he llegado a la conclusión de que el estallido es casi asegurado si no se dan salida a las frustraciones. Es decir, que el grupo en cuestión eventualmente tomará las armas en defensa propia, convencido de que la lucha armada es la última repuesta que les queda ante la injusticia.

Las ideologías políticas y la fe religiosa ayudan a la violencia por sus maneras de ofrecer justificaciones políticas y sagradas, pero primero el grupo o los individuos en cuestión tienen que sentirse agredidos, excluidos, injustamente marginados para adoptar los credos que justifican la violencia.

Su libro habla de un periodo de algo más de tres años, entre 1988 y 1992, y se refiere a sus experiencias en lugares tan distantes como El Salvador, Birmania, el Sáhara Occidental, Afganistán o Gaza... ¿Que nexo común hay entre los guerrilleros de tan diferentes lugares y culturas?

La vida guerrillera o insurgente en sí misma está llena de alicientes vitales. Estar en la lucha da una noción de destino y pertenencia al individuo dentro de un grupo afín y en contra de un enemigo común. La vida dentro de la lucha armada es, en gran medida, la cristalización de los ideales, porque el guerrillero lo tiene todo por delante, cree en lo que hace y la victoria es una posibilidad en el horizonte. La sangre derramada de amigos o seres queridos sirve de combustible y justificación de más violencia, y la nutre de esencia sagrada: los muertos de convierten en “mártires”.

No importan tanto las diferencias de ideología ni culturales cuando uno comparte estas condiciones de vida. Es un estado psicológico compartido por todos los guerrilleros; eso en mi recorrido por el mundo insurgente quedó patente, por ejemplo, cuando percibí que el Che Guevara, guerrillero icónico del comunismo, era también venerado por musulmanes mujahedines conservadores en Afganistán o por los birmanos pro democráticos; el Che era admirado por sus cualidades de guerrillero más que por su ideología, la condición de guerrillero era lo que tenían en común.

Tres de esos escenarios nos son muy cercanos a los españoles. La guerrilla salvadoreña del FMLN formó parte del imaginario revolucionario de la izquierda española en los 80, cuando apenas habíamos recuperado la democracia. Usted ha seguido muy de cerca la evolución de la situación en El Salvador desde los acuerdos de paz de 1992, incluso la llegada al poder de los antiguos guerrilleros, sin embargo el país sigue sumido en la desigualdad, la pobreza y la violencia. ¿Qué ha fallado?

La justicia es lo que ha fallado. La guerra terminó con un pacto político inspirado hasta cierto punto en la Transición española —es decir, el pacto del olvido, en el que los crímenes de guerra de ambos lados (pero como siempre favoreciendo a los regímenes nacionales, que son siempre los responsables de la mayoría de la violencia) quedaron impunes—. Si en España el pacto cuajó —aunque sigue incomodando la conciencia moral de muchos— fue en buena medida por el hecho de que se hizo a casi cuarenta años del mayor derramamiento de sangre, la Guerra Civil. No fue así en El Salvador, en donde el pacto dejó en libertad a varios cientos de hombres —políticos, policías, paramilitares, soldados y oficiales— que solo meses antes ordenaban, lideraban y participaban en sádicos escuadrones de la muerte y también en masacres de miles de civiles. ¿Qué sociedad puede ser sana o lograr algo semejante a la justicia social con gente así caminando libre por la calle?

El Sáhara Occidental, abandonado deprisa y corriendo por España durante la agonía de Franco en 1975 no ha corrido mejor suerte. Más de 40 años después los saharauis viven confinados en campos de refugiados en Argelia, lejos de su tierra y aún más lejos de encontrar una solución a su causa y de poder retornar a su país. ¿Cuánto tiempo más cree que puede aguantar esa situación?

Eternamente. Ya se han creado una sociedad con una identidad y ideología propia que les da una razón de ser como individuos y como grupo. Sean o no exitosos finalmente en su propósito de tener un país propio, los saharauis, o los palestinos, o los karen, forman parte de ese grupo de sociedades “sin estado” que existen en el mundo, pero que no dejan de existir como un colectivo con identidad propia. En este grupo también podríamos incluir a los kurdos, a los tibetanos, quizás, e incluso a aquellos catalanes que creen que deberían tener un “país” propio. Teniendo una causa o noción tribal y una lucha identitaria no resuelta, la espera misma empieza a forjar historia, y más identidad, hasta la eternidad.

La situación en Gaza es aún más explosiva. Israel ha sabido ir aumentando su presión y ha aprovechado las sucesivas divisiones del movimiento palestino. El mundo vive hoy pendiente de que no estalle esa olla a presión, y quizá olvida la violación permanente de los derechos humanos del Estado de Israel...

Sin duda. Ante la imposibilidad de variar la situación de los palestinos en Gaza por parte de ellos mismos —y también del mundo exterior— dadas las condiciones de control establecidas por Israel, el resto del mundo mira para otro lado, a otros conflictos más apremiantes, con mayor capacidad de onda expansiva, como es la violencia de los extremistas musulmanes de Isis o al Qaeda. De momento la violencia de Gaza, o de los palestinos, si bien sigue siendo un detonante y una reivindicación de la violencia dentro del mundo musulmán, y árabe, ha quedado localizada, una cuestión en términos prácticos aislada entre ellos y los Israelíes, casi exclusivamente. Pero no lo será para siempre, claro está.

¿Qué diferencia a estos movimientos guerrilleros, de alguna manera herederos de míticos revolucionarios como el Che, de los combatientes yihadistas?

En un aspecto clave, nada. Para convertirse en un insurgente, hay que decidir jugarse la vida en aras de un ideal que implica quitársela a otros y estar dispuesto a perder la propia.

El Che quiso cambiar el mundo en nombre de una utopía protagonizada por el Hombre Nuevo Socialista, una noción cuasi religiosa de lo que sería el comunista perfecto del futuro. Los yihadistas también tienen una noción de perfección o de pureza absoluta en su imaginario pero en su caso está basada en nociones de un pasado truncado y que habría que volver a implantar —algo así como el califato perdido, si se quiere—. No miran tanto al futuro como al pasado, y en ese sentido su movimiento es reivindicativo, reaccionario, y por supuesto sectario y radical en su voluntad de imponer una sociedad idealizada por el terror. El Che, aunque predicó la violencia como una herramienta, no la basó en el terrorismo, a diferencia de los yihadistas que practican el terror casi exclusivamente como herramienta de lucha. Hay también un componente supremacista y racista en la ira yihadista, el odio hacia los “kafires” o infieles que pueden ser cristianos, inclusive musulmanes de otras sectas como los Chiitas o kurdos o yazidis. Además, con su lectura revanchista de la historia, los “occidentales”, o europeos, casi todos cristianos y blancos, representan los antiguos enemigos de la expansión musulmana, del califato de antaño, y por lo tanto son potenciales víctimas por que sí.

Pero otros grupos inspirados en el Che sí usaron el terror…

Por supuesto que hubo guerrillas inspiradas por el Che y las ideas seculares de revolución marxista que tanto en su tiempo como posteriormente sí utilizaron el terror, o fueron más propensos a la violencia extrema —Sendero Luminoso y los Khmer Rojos me vienen a la mente— además de grupos pequeños, más urbanos como la IRA, ETA, Brigadas Rojas o la Baader Meinhof y algunos de los grupos palestinos, pero en general, entre las guerrillas comunistas de la época de la Guerra Fría, el terror era la excepción, no la norma. Cuando hablo del terror me refiero al uso de violencia contra civiles de manera indiscriminada para provocar terror.

Y qué separa a estos últimos de los yihadistas…

Quizás la diferencia más clara es que los grupos violentos guerrilleros “herederos del Che” tienen como destino idealizado alcanzar una vida mejor, o sea la vida misma, por más que usen la muerte para llegar ahí, mientras que los yihadistas idealizan la muerte, y para muchos es el fin deseado en sí. Sin duda por la perniciosa convicción religiosa, la muerte es vista como un paso al más allá donde todo es más puro y hasta mejor que esta perra vida. La espeluznante proclama yihadista a los infieles de occidente lo dice todo: “Nosotros amamos la muerte como ustedes aman la vida”.

En Siria se está escenificando un nuevo enfrentamiento entre EE UU y Rusia, curiosamente con el Estado Islámico como enemigo común, ¿Cree que estamos volviendo a una nueva Guerra Fría y al peligro de un conflicto nuclear?

Así es. El lugar más peligroso en la faz de la tierra hoy en día es Siria porque es algo así como la guerra mundial en ciernes. Todos los países del entorno están implicados, así como las potencias regionales y también Rusia y EE UU. Con Israel, Irán, Turquía, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudita y demás países compitiendo de manera bélica, más los kurdos o yihadistas de otros países. Además, el uso de armas químicas y la búsqueda de la hegemonía regional por varios de ellos involucrándose en una carrera armamentista, nos ha acercado a un escenario de una conflagración mundial. La situación en Siria también ha tenido consecuencias graves para la estabilidad de Europa con el éxodo de cientos de miles de refugiados y el resurgir de las políticas conservadoras y xenófobas, y Africa del norte está muy desestabilizada debido al fenómeno yidahista que se extendió a partir del éxito del ejemplo de Isis en Siria e Irak. Aunque Isis está menguante, la amenaza yihadista no ha muerto, se está contagiando. Mientras, Siria sigue siendo el gran agujero negro bélico del mundo, en donde todo es posible, y estamos todos bajo el riesgo de un estallido mayor.

Volviendo al libro, en el arranque asegura que el pueblo toma las armas por razones muy diferentes. Cita las injusticias sociales y la sistemática discriminación cultural, racial o política. Usted conoce bien España, ¿cree que en Catalunya, con la situación actual, estaríamos corriendo el riesgo de que pudiese surgir algún tipo de lucha armada?

No veo de momento en Catalunya el peligro de la violencia, pero si sigue la situación de bloqueo y sobre todo si el Estado español se empecina en criminalizar la corriente independentista catalana y en usar la fuerza en lugar del diálogo, todo es posible.

Sin dejar España, hace unos meses, a raíz precisamente de la intervención de la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre en Catalunya, el escritor Antonio Muñoz Molina le acusó de mentir a sabiendas por decir que eran un cuerpo paramilitar, dentro de un debate sobre la permanencia o influencia del franquismo en España más de cuarenta años después de la muerte de Franco y del final de la dictadura. A pesar del tiempo transcurrido muchos españoles seguimos teniendo la sensación de que una buena parte de los resortes del poder real siguen controlados por los herederos directos (políticos y económicos) de la dictadura, ¿Por qué cree que la Transición no logró cerrar definitivamente esas conexiones ni reparar suficientemente a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura?un debate sobre la permanencia o influencia del franquismo en España

Por miedo. La clase política española llegó a una suerte de arreglo para que los crímenes del pasado quedaran impunes a cambio de compartir el poder. O sea que se acobardó. El “pacto de olvido” era un pacto faustiano, un pacto con el diablo. El intento de golpe de Tejero fue el recordatorio del antiguo estado franquista al nuevo de que no debían tocar nada del legado —aparte de lo meramente simbólico— y así fue. El franquismo logró convencer a toda una sociedad “nueva” y supuestamente posfranquista —incluyendo a su famosa movida, Almodóvar y todo lo demás— de que la amnesia colectiva era el mejor camino a seguir para llegar a la modernidad.

Y claro, durante un tiempo eso lo puedes mantener (una economía pujante ayuda) pero es difícil mantenerlo para siempre, y termina por afectar a todo lo demás, como justamente ha sucedido en España. El dilema moral es obvio: ¿Cómo puede un Estado predicar el estado de derecho —ni mucho menos ejercerlo— si no es capaz de juzgar los crímenes que eran la esencia de creación de ese mismo Estado? ¿Si no es capaz de juzgar crímenes de lesa humanidad, cómo juzgar casos de corrupción? Para mi, ahí está el meollo del problema español. Falta de valentía moral. Falta de honestidad consigo mismo.

Por último, El Salvador, Gaza, el Sáhara Occidental, Birmania y Afganistán, los escenarios en los que se desarrollaron las acciones de los guerrilleros de su libro son muy diferentes y lejanos entre sí, pero les une una misma sensación de derrota, de fracaso, de desesperanza. ¿Cree que el idealismo y el sacrifico en vidas de esas guerrillas ha sido totalmente en vano?

La mística de la lucha guerrillera nace en la lucha y existe por sí misma; el fracaso no la elimina. Mientras uno lucha, vive sus ideales. La lucha es lo sublime, en ese sentido, porque la victoria siempre es una ilusión y la derrota casi siempre segura. Aunque los guerrilleros han fracasado en alcanzar sus metas finales en casi todos los lugares, estoy seguro de que si preguntarás a la mayoría de ellos, ya viejos, si todo el dolor y sacrifico valió la pena, dirán que si, porque se dejaron su juventud en unas luchas que dieron a sus vidas un significado mayor.

El Papa llegó este lunes a Myanmar, donde se encontrará una Iglesia que le ha recomendado prudencia a la hora de referirse a la persecución de la minoría musulmana rohingya y que apoya fuertemente a la jefa del Gobierno, Aung San Suu Kyi, pese a las críticas internacionales.

Tras casi once horas de vuelo, el pontífice argentino llegó al aeropuerto de Rangún a las 13.30 horas locales (7.00 GMT) donde fue recibido por un delegado de Gobierno. Durante el vuelo, el papa se limitó a saludar y agradecer el trabajo que harán los 66 periodistas que viajan con él, entre ellos la enviada de Efe, y recordar que quizá “hará mucho calor”.

Tras su llegada y para descansar del largo viaje, Francisco se trasladó a la residencia del arzobispo de Rangún, Charles Maung Bo, nombrado cardenal en 2015 por el propio Jorge Bergoglio.

Hoy no está previsto ningún acto oficial en el programa pontificio, pero no se excluye que el papa haga alguna visita por sorpresa durante la tarde. Francisco se alojará en el arzobispado debido a que aún no existe una nunciatura (embajada vaticana), pues las relaciones entre ambos Estados se iniciaron en mayo de este año, y ya hoy podrá abordar con el purpurado birmano cómo encontrar un equilibrio lingüístico para hablar de los rohingyas.

Paradójicamente fue el papa argentino quien en febrero de este año lanzó su llamamiento a la comunidad internacional sobre el drama que estaban viviendo los rohingyas, la minoría musulmana que vive en oeste de Birmania, “expulsados, torturados y asesinados por su fe”, dijo durante un Angelus.

“Van de un sitio a otro porque no les quieren. Son buenos. No son cristianos. Son gente pacífica. Son nuestros hermanos y hermanas y desde hace años que sufren, son torturados, asesinados, simplemente por seguir con su fe musulmana”, aseguró entonces.

“Llegan tristes noticias sobre la minoría religiosa de los rohingyas. Expreso mi cercanía hacia ellos y pedimos que se salven y haya hombres y mujeres de buena voluntad que les ayuden y den plenos derechos. Recemos por los hermanos rohingyas”, reiteró de nuevo durante otro Angelus el pasado agosto.

La iglesia birmana pide silencio sobre los rohingyas

Sin embargo, la iglesia de Birmania en pleno ha pedido expresamente al papa que no pronuncie el término “rohingya”.

El portavoz de la Conferencia episcopal de Myanmar (CBNM), Mariano Soe Naing, aseguró en declaraciones a la agencia vaticana Asianews “que la relación con los conciudadanos budistas es muy buena, no existen hostilidades. Los problemas podrían surgir si el Santo Padre utilizará el término rohingya. Esto daría pretexto a los extremistas para crear tensiones”.

Según Asianews, la mayoría de la población, que profesa el budismo, critica duramente la invitación del papa a orar por el reconocimiento de los derechos de esta minoría musulmana, que afronta una gran represión y persecución en el país, a la que acusan de favorecer las infiltraciones de islamistas en el país.

El obispo de Bhamo y exdirector de Caritas Myanmar, Raymond Sumlut Gam, también desveló a esta agencia que “afirmar que los rohingyas son perseguidos podría generar graves tensiones en Myanmar”.

Francisco viajará mañana a la capital, Naipyidó, para reunirse con el presidente del país, Htin Kyan, y la jefa de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, quien ha recibido numerosas críticas de la comunidad internacional por su comportamiento con los rohingyas, la última del Gobierno de Estados Unidos, que consideró que se está cometiendo “una limpieza étnica”.

Hay numerosas denuncias de organismos internacionales y Naciones Unidas, que alertan, entre otras acciones, de violaciones sistemáticas del ejército birmano contra mujeres rohingyas. Médicos Sin Fronteras ha registrado casos de violaciones en grupo a niñas de hasta 10 años.

La Iglesia católica birmana, con 16 obispos, y sobre todo el cardenal Bo se ha mostrado en estos últimos meses siempre al lado de la nobel de la Paz, recordando su “compromiso en favor de la democracia” y “los sacrificios personales que atravesó durante la dictadura militar”.

El cardenal Bo ha sido uno de los más acérrimos defensores de la líder birmana al considerarla la única que puede llevar a la paz al país. El mismo cardenal respondió a las críticas a “la Dama”, como la llaman en su país, argumentando que “atribuirle la culpa de todo y estigmatizar su respuesta (sobre los rohingyas) es realmente contraproducente”.

El cardenal también ha aconsejado a Francisco que se reuniese con el Jefe del Ejercito, Min Aung Hlaing, el principal responsable de haber lanzado una terrible ofensiva contra los rohingyas y a quien recibirá el 30 de noviembre en privado en el arzobispado.

Cuando Shakila llegó a Cox's Bazar, un distrito al sureste de Bangladesh, los médicos tuvieron que atenderla de urgencia por las agresiones sexuales que había sufrido en el Estado de Rakhine, en Myanmar (Birmania). Exhausta, esta refugiada rohingya contó al personal humanitario que también había presenciado el asesinato de su marido y su hija.

Fátima, de 30 años, cruzó la frontera con Bangladesh después de ser testigo de cómo unos hombres violaron y mataron a su hermana. “Fue asesinada tras una violación colectiva delante de mí. A mí me echaron agua caliente en el cuerpo. No puedo dormir, mi vida es una pesadilla, no puedo soportar el dolor de perder a mi hermana”, relata esta mujer rohingya en un testimonio recogido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Shakila y Fátima son una excepción. La mayoría, dice el UNFPA, no busca asistencia médica ni cuenta el infierno que han vivido por miedo, vergüenza o el estigma de haber sufrido una violación. Por esta razón es difícil conocer el alcance real de la violencia sexual perpetrada presuntamente por el Ejército birmano, atendiendo a los testimonios personales de las rohingyas. Las pocas cifras que ofrecen, aseguran, “son la punta del iceberg”.

“El sufrimiento es tan a gran escala que es difícil comprenderlo en toda su magnitud”, apunta en una entrevista con eldiario.es Roy Wadia, de la oficina regional de Asia Pacífico del UNFPA. La directora ejecutiva del organismo, Natalia Kanem, pide no “subestimar” los niveles de violencia contra las rohingyas que llegan prácticamente con lo puesto a los precarios campos de refugiados de Bangladesh.

En Cox's Bazar, cientos de mujeres y niñas han recibido atención por violencia de género desde el pasado 25 de agosto, cuando insurgentes del grupo Ejército de Salvación Roginhya de Arakan (ARSA) asaltaron una veintena de puestos policiales. La represalia militar desatada desde aquel día ha forzado la huida de 537.000 personas de esta etnia musulmana a territorio bangladesí. Más de 120.000, estiman en UNFPA, son mujeres en edad reproductiva.

Cifras “excepcionalmente altas” de violencia sexual

“Si bien no podemos verificar de forma independiente cada historia de agresión sexual y otras violencias, dado que estamos operando en Bangladesh y los refugiados cuentan lo que dicen haber vivido en Myanmar, hay muchos relatos de violaciones y otras violencias, o de haber visto a otras personas sufrir una agresión sexual”, explica el responsable de UNFPA.

Más de la mitad de las refugiadas rohingyas atendidas en Bangladesh habían sufrido una agresión sexual, “una proporción excepcionalmente alta”, a juicio de la agencia de Naciones Unidas. “Esto habla de una tendencia muy preocupante”, sostienen.

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, también dio la voz de alarma a finales de septiembre y aseguró en un comunicado encontrarse “sumamente impresionado y preocupado” por los “cada vez más frecuentes informes” de rohingyas, sobre todo mujeres y jóvenes, que han sido víctimas de violencia sexual o de género.

Los médicos de la OIM habían tratado entonces a “docenas” de mujeres que habían sufrido estos ataques. Algunos se pronunciaron públicamente sobre los ataques y mostraron exámenes médicos con indicios de penetración forzada, golpes, pruebas de violaciones “con el cañón de una pistola” e incluso marcas de mutilación genital, según ha publicado la agencia Reuters. Algo insólito, pues los trabajadores de las agencias de Naciones Unidas rara vez hablan sobre las agresiones sexuales supuestamente cometidas por fuerzas armadas estatales.

“No podemos confirmarlo”, reitera Wadia en alusión a que la ONU prácticamente no tiene acceso a las áreas afectadas en Myanmar. “Todo lo que podemos hacer es contar las experiencias de las mujeres y otras personas que llegan a Bangladesh, que dicen que los militares birmanos han perpetrado muchas de estas atrocidades”, explica.

“Hay muchos informes de militares que llevaron a cabo violaciones, incluidas violaciones colectivas, de mujeres rohingya durante la represión de seguridad en Birmania en las últimas semanas, así como en 2016”, sostiene Human Rights Watch (HRW).

La ONU apunta a posibles crímenes contra la humanidad

No es la primera vez que las organizaciones de derechos humanos denuncian este tipo de ataques por parte de las fuerzas militares birmanas. Amnistía Internacional documentó en octubre de 2016 una amplia gama de abusos, entre ellos la violación de mujeres y niñas rohingyas, durante otra violenta operación del Ejército birmano tras varios ataques a comisarías en Rakhine.

El uso de la violencia sexual contra las rohingyas registrado en las últimas semanas, así como los asesinatos y el desplazamiento forzoso, pueden constituir crímenes contra la humanidad, según alertan las ONG y la propia ONU. Estos abusos ya están siendo investigados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha establecido una misión de investigación independiente de las “presuntas violaciones de derechos por parte de militares y las fuerzas de seguridad y los abusos” en el Estado de Rakhine.

Allí, según advirtió el alto comisionado para los Derechos Humanos, podría estar librándose una “limpieza étnica de manual” contra la minoría rohingya en un país de mayoría budista.

“Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos. Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden”, dijo unos días después de estas palabras la líder birmana y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Sin embargo, Suu Kyi, que ha sido criticada con dureza por su silencio sobre los rohingyas, evitó señalar a los responsables de los abusos. Por ahora, los expertos de la ONU solo pueden investigar desde los campos de Bangladesh, ya que el Gobierno birmano se niega a permitir su entrada en el país.

Los rohingyas, considerados una de las etnias más perseguidas del mundo, sufren una discriminación histórica por parte de las autoridades birmanas. Estas consideran que son inmigrantes bengalíes que llegaron hace décadas de la actual Bangladesh, que tampoco los reconoce como ciudadanos propios.

“Muchas de las mujeres sufren traumas profundos”

A Malak se la llevaron junto a otras cuatro mujeres a una cabaña. Los solados les hicieron cortes con cuchillos y las violaron, y después prendieron fuego a la choza. Malak fue la única que pudo escapar con vida. En la piel de Nabila todavía se pueden ver las heridas de las cuchilladas y golpes que acompañaron a la violación que sufrió.

Ahmed vio cómo un militar violaba a tres mujeres en la aldea de Maung Nu. Allí, los soldados desnudaron a las mujeres, y las que se escondían del ejército desnudas fueron “tocadas por todas partes”, según otras dos mujeres del mismo pueblo. Todos sus casos han sido recogidos por HRW.

“Muchas dicen que vieron cómo asesinaban a los miembros de su familia frente a ellas. Muchas de las mujeres que vienen a nuestros espacios seguros tienen historias horribles y sufren traumas profundos. Es difícil que muchas se abran al principio, pero con la ayuda de nuestro personal, varias mujeres comparten finalmente lo sucedido y comienzan el largo y difícil proceso de recuperación”, relata Wadia.

El UNFPA ofrece apoyo y servicios a las supervivientes de violencia de género y agresiones sexual, entre ellos atención sanitaria de urgencia y terapia psicosocial. Algunas de las mujeres también han sufrido agresiones sexuales en la ruta migratoria o sufren violencia de género en el campo de refugiados.

“En contextos como este la violencia contra las mujeres se intensifica; esto se ha observado globalmente una y otra vez en las crisis humanitarias. Esta vez no es diferente. Como en cualquier situación de emergencia, los socios humanitarios trabajan en Cox's Bazar para que las mujeres y las niñas se sientan seguras”, puntualiza Priya Marwah, coordinadora de respuesta humanitaria de UNFPA Asia Pacífico.

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(*) Los nombres de las víctimas y los testigos utilizados en este reportaje son ficticios con el fin de preservar su privacidad.

Los cuerpos sin vida de diez niños y dos adultos fueron recuperados este lunes tras el naufragio de un barco con refugiados rohingya en el río Naf, que sirve de frontera natural entre Bangladesh y Birmania (Myanmar), según han informado fuentes de seguridad bangladeshíes.

El oficial encargado de la Policía de Teknaf (sureste), Main Uddin, ha indicado a Efe que, además de los cuerpos recuperados, se logró rescatar a 13 personas con vida. Uddin ha señalado que aún hay contradicciones en la cifras sobre las personas que viajaban en el bote, que se hundió en la noche de este domingo en la zona de Galar Char, cerca de la playa de Shah Parir Dwip, en el río.

El teniente coronel Ariful Islam, comandante de la Guardia Fronteriza de Bangladesh, ha indicado a Efe que “diferentes supervivientes han dado distintas cifras sobre la cantidad de gente a bordo”. “Estamos siguiendo la búsqueda”, ha apuntado.

Su segundo, Shariful Islam, explicó este domingo a Efe que algunos supervivientes hablaban de que había 80 personas en la embarcación en el momento del hundimiento.

Por su parte, el oficial de operaciones de los Guardacostas en Chittagong (sureste), Alauddin Nayan, ha indicado a Efe que ayer encontraron a un superviviente que hablaba de un centenar de personas en el bote, pero este lunes esa cifra ha bajado.

“Ahora tenemos más supervivientes y están dando una cifra distinta de desaparecidos (...) otro superviviente dijo que podrían ser 50 o 60 personas”, ha afirmado.

La ONU elevó este domingo a 519.000 el número de rohingyas que han llegado a Bangladesh huyendo de la violencia en Birmania desde el pasado 25 de agosto.

La crisis de los rohingya comenzó el pasado 25 de agosto, tras un ataque de un grupo insurgente de esta comunidad musulmana contra instalaciones policiales y militares en el estado occidental birmano de Rakhine, una acción que fue respondida por el Ejército con una campaña que aún continúa.

De acuerdo con testigos y organizaciones de derechos humanos, el Ejército arrasó poblados incendiándolos y ha matado a un número indeterminado de civiles a los que tiroteó cuando vaciaba esas localidades.

El Gobierno birmano asegura que la violencia fue originada por “terroristas rohingya” aunque el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha tildado la operación militar como “limpieza étnica de manual”.

COX’S BAZAR, Bangladesh — A medida que una se acerca a la localidad pesquera de Shamlapur, junto a la extensa y sinuosa playa de arena de Cox’s Bazar, va creciendo la sensación de que algo marcha mal. Decenas de miles de personas exhaustas salen de las destartaladas embarcaciones en las que han cruzado el río Naf, en un peligroso viaje desde Myanmar. Agotadas y traumatizadas, buscan refugio donde pueden. De hecho, al entrar en una escuela me topo con cientos de personas congregadas en silencio en su interior. Alrededor de la mitad son niños y niñas, pero no se oye ni un llanto, ni una risa. Hasta los bebés, desfallecidos, guardan un silencio sepulcral.

En poco más de una quincena, unas 370.000 personas de etnia rohingya (un 80% de ellas mujeres y niños) se han arriesgado a viajar a Bangladesh desde el estado birmano de Rajine. Presas del pánico, han abandonado sus viviendas para huir de la campaña de castigo del ejército en represalia por una serie de ataques de insurgentes rohingyas, en los que murieron 12 personas. Y es que las operaciones de castigo del ejército birmano no reparan en la proporcionalidad ni en la legalidad: se trata de los peores actos de violencia documentados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en esta convulsa región durante los últimos cinco años.

Las autoridades birmanas se han esforzado mucho por impedir la información independiente en torno a esta crisis, pero existen imágenes satélite en las que se aprecia cómo el fuego ha devorado cientos de hogares. Aunque, según informes fidedignos, algunos de estos incendios han sido obra de los propios grupos armados rohingyas, la inmensa mayoría de las casas fueron atacadas e incendiadas por el ejército birmano que, con ayuda de grupos paramilitares locales, consiguió rodear pueblos enteros. Quienes sobrevivieron a estos ataques me contaron cómo, cuando el ejército se acercaba, su llegada era anunciada por los disparos que lanzaban al aire los soldados. Por su parte, los paramilitares, blandiendo palos, varas de metal y grandes cuchillos, sitiaban los pueblos. Cuando la población intentaba huir, los soldados disparaban.

Lo que tiene lugar en el estado de Rajine no es una concienzuda operación contra la insurgencia. Lo que estamos viendo puede calificarse de limpieza étnica, de persecución contra la población rohingya por su etnia y su religión. En términos jurídicos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad: entre otros, el desplazamiento forzado de un cuarto la población rohingya del país a causa de la violencia.

De los 15 casos de heridas de bala que documenté durante el primer día y medio posterior a mi llegada, todas las victimas menos una habían sido alcanzadas en la parte superior del cuerpo —el torso y los brazos—, con lo que sus heridas eran graves o incluso mortales. Cuando otras personas acudían a ayudar a los heridos, también ellas eran atacadas.

Al sentarme a hablar con el joven Karam, de Maungdaw, noté que se encogía de dolor mientras intentaba acomodarse en la silla. Sus heridas estaban aún frescas. Levantándose el lungui —prenda tradicional que llevan los hombres en Myanmar— dejó al descubierto un moratón perfectamente simétrico en las dos piernas. Karam había sido golpeado por intentar rescatar a su hermano, de 17 años, alcanzado en la espalda por un disparo de las fuerzas de seguridad cuando intentaba huir.

Los golpes que le propinaron fueron tan fuertes que dejaron claramente impresa, en sus piernas, la impronta de las varas de metal y los palos que utilizaron. Como le habían roto las costillas, tenía dificultades para respirar. Al final, Karam consiguió escapar de la muchedumbre que lo perseguía y llevarse a su hermano. Un grupo de hombres rohingyas intentó ayudarlos, con la esperanza de conseguir atención médica una vez en Bangladesh. Pero el hermano de Karam no resistió: murió cuando cruzaban un río cercano.

Lamentablemente, testimonios como éste son ahora muy comunes en Bangladesh. Desde 1978, sucesivas oleadas de refugiados y refugiadas rohingyas han abandonado sus hogares a causa de los ataques del ejército, embarcándose en desesperados viajes en busca de una seguridad y una dignidad difíciles de encontrar. Los campos de la agencia de la ONU para los refugiados ya se llenaron hace tiempo. Incluso los improvisados refugios construidos por otras personas para dormir se encuentran al máximo de su capacidad. Parece que los recién llegados no tienen adónde ir. Es aterrador comprobar cómo sus testimonios coinciden con lo documentado por Amnistía Internacional el pasado mes de diciembre, cuando la organización concluyó que los ataques de naturaleza sistemática perpetrados contra la población rohingya constituían crímenes de lesa humanidad.

No se trata de una nueva crisis. Es algo que lleva decenios gestándose. El calvario de los rohingyas tiene su origen en un sistema discriminatorio que les niega reconocimiento y dignidad. En concreto, la ley de ciudadanía birmana de 1982 los despojó de derechos que todo el mundo debería poder dar por descontado. En Myanmar, la población rohingya y otras minorías étnicas han sido sistemáticamente marginadas. La sociedad birmana está fracturada hace tiempo, y la violencia que vemos ahora es resultado de ello.

Puede que Aung San Suu Kyi esté el mando del gobierno, pero no tiene el control. Ha pedido tiempo y paciencia, mientras trabaja a la sombra de un arrogante ejército que aún controla ministerios clave, un cuarto del Parlamento y la seguridad interna. Sin embargo, los rohingyas no disponen de tiempo. Aung San Suu Kyi tiene, sin lugar a dudas, una responsabilidad moral de la que se ha desentendido hace tiempo. Lejos de hablar en defensa de la castigada población rohingya o de guardar, al menos, silencio, ha optado por prestar su voz —antaño digna de crédito— para justificar los abusos que se están cometiendo Así, ha calumniado a los trabajadores y trabajadoras humanitarios, a los que ha acusado de ayudar a “terroristas”, negando al mismo tiempo las violaciones de derechos humanos que se están produciendo.

La responsabilidad de esta crisis es, sobre todo, del ejército birmano, que ha creado y ejecutado una política de castigo contra toda la comunidad rohingya. Por tanto, el ejército debe rendir cuentas por los crímenes que ha cometido. A menos que la comunidad internacional aborde con determinación lo que está sucediendo, no habrá forma de impedir que cientos de casas más sean incendiadas, y que cada vez más personas se vean obligadas a huir.

Mohammed, uno de los refugiados, me enseñó una herida de bala en la pierna izquierda. Intentaba escapar cuando le dispararon. Escondido tras unos árboles, vio cómo los soldados ataban a su hermano las manos a la espalda con una cuerda. Más tarde, Mohammed llamó al teléfono de su hermano para ver si se encontraba bien. El militar que respondió le dijo: “Ya hemos matado a tu hermano. Puedes salir de tu escondite y llevártelo”. Si la comunidad internacional no actúa de inmediato, no quedarán más que cadáveres y casas en ruinas para la población rohingya.

*Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para exigir que se ponga fin a esta violencia: ¡actúa!tiene en marcha una ciberacción