Y cuando finalmente se convirtió en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar, en abril de 2016, seguimos mirando; primero con esperanza y luego con horror.
Vimos que la excarcelación de decenas de presos y presas de conciencia dio paso a nuevas detenciones políticas y restricciones a la libertad de expresión.
Vimos que Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia —elegidos de forma arrolladora por votantes de todas las condiciones— cultivaron discursos de odio que han fomentado la discriminación y la intolerancia en lugar de celebrar la diversidad del país.
Y vimos que no condenó o ni siquiera reconoció las atrocidades cometidas contra la población rohingya en el estado de Rajine, cuando los militares mataron a miles de personas, torturaron a hombres y niños, violaron a mujeres y niñas, y expulsaron a cientos de miles de personas de sus casas y su país.
Vimos con interés, pero nunca en silencio.
Desde que Aung San Suu Kyi llegó al poder, Amnistía ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en los estados de Kachin y de Shan del Norte, en el norte del país. Como suele ocurrir, la población civil es la que sufre la peor parte. Pero en lugar de aliviar su sufrimiento, el gobierno de Aung San Suu Kyi se ha unido a las fuerzas armadas para restringir el acceso humanitario a las personas necesitadas de ayuda.
Hemos denunciado cómo la población rohingya está atrapada en un cruel sistema de discriminación institucionalizada, auspiciado por el Estado, que equivale a apartheid, ha sido despojada de su ciudadanía y segregada de la sociedad, y se le impide circular libremente y acceder a escuelas y hospitales. La situación se ve agravada por la administración, que fomenta la hostilidad hacia la población rohingya calificando a sus miembros de “terroristas” y acusándolos de quemar sus propias casas y de denunciar “violaciones falsas”.
Hemos recabado —y publicado— numerosos datos creíbles que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas cuyos nombres se citan, en su mayoría militares o policías de alto rango, en crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya. Un informe de la ONU concluyó que estos crímenes podrían constituir también genocidio.
Y esta semana, retiramos la máxima distinción de Amnistía Internacional —el Premio Embajadora de Conciencia— a la propia Aung San Suu Kyi.
Fue al recibir este galardón en persona en 2012, dos años después de recuperar la libertad tras largos años de arresto domiciliario, cuando pidió que observásemos lo que iba a suceder.
Irene Khan, que entonces ocupaba el cargo que desempeño yo ahora de secretaria general de Amnistía Internacional, calificó a Aung San Suu Kyi de “símbolo de esperanza, valentía y defensa imperecedera de los derechos humanos”.
Pero mientras Amnistía trabajó para cumplir su parte del trato, Aung San Suu Kyi no cumplió la suya. Por el contrario, ha vuelto la espalda a los mismos principios —derechos humanos, justicia, dignidad— por los que fue galardonada.
Permitir que Aung San Suu Kyi continúe llevando el título de Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional sería una burla no sólo del premio, sino de todas las personas que dedican su vida a reivindicar los derechos humanos universales.
Pero, aunque tomamos nuestra decisión de retirar este premio con gran tristeza, no lo hicimos sin esperanza.
Al haber crecido como activista en Sudáfrica, yo mismo he tomado parte de la lucha contra un régimen brutal de apartheid. Me detuvieron varias veces, encarcelaron a mi hermano pequeño, asesinaron a mi mejor amigo.
Cada uno de nosotros y de nosotras hicimos sacrificios, algunos mucho mayores que otros. Pero la lucha nunca se refiere únicamente a una sola persona. La batalla por los derechos humanos no es nunca así. Del mismo modo, la lucha por la justicia en Myanmar es mucho mayor que Aung San Suu Kyi. Continuará —y continúa— en aldeas, pueblos y ciudades de todo el país.
El mundo no debe olvidar que los problemas de derechos humanos de Myanmar van más allá de la población rohingya. Otras personas siguen sufriendo abusos, discriminación y una pobreza extrema y sus repercusiones, muchas de las cuales se derivan de las omnipotentes fuerzas armadas y su poder sobre casi todos los aspectos de la vida política, económica y social del país.
Aunque su partido no controla a las fuerzas armadas, Aung San Suu Kyi ha permitido que ella misma y su gobierno se conviertan en un escudo para los abusos de los militares.
“Nunca supe a cuántas personas les importábamos, nosotros y nuestra causa. Este galardón me muestra que no estaré sola”, dijo Aung San Suu Kyi en 2012.
A las personas a las que entonces les importaba les sigue importando ahora, y por eso el pueblo de Myanmar no estará nunca solo en su lucha contra la represión.
A su lado, Amnistía Internacional redoblará nuestros esfuerzos para luchar contra la injusticia, con o sin Aung San Suu Kyi.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
