Más de un centenar de personas se ha concentrado este domingo en Valladolid para llevar a cabo una 'chorizada', con el fin de protestar por la decisión del Ayuntamiento de dedicar una plaza al exalcalde de la ciudad entre 1995 y 2015, Francisco Javier León de la Riva.

Al acto se han sumado 59 asociaciones, sindicatos, partidos políticos, negocios y grupos de música, como Celtas Cortos, en la plaza que se prevé que lleve el nombre del exregidor en el barrio de la Ciudad de la Comunicación y que, de forma simbólica, los manifestantes han inaugurado como 'Plaza de la Igualdad'.

Los organizadores han desplegado una gran pancarta con el lema de esta concentración 'León de la Riva no merece ninguna plaza' y otra con la propuesta de dar el nombre de 'Plaza de la Igualdad' con el escudo de la ciudad sin la corona y la Cruz Laureada de San Fernando.

El pasado 31 de agosto el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, anunció la iniciativa de dediciar una nueva plaza a León de la Riva ―regidor entre 1995 y 2015―, ubicada en el sector 'Ciudad de la Comunicación-Ariza'. Su nombre: 'Plaza Alcalde Javier León de La Riva' “por el trabajo que ha realizado durante 20 años siendo alcalde”, justificó el actual alcalde.

El homenaje no cuenta con el apoyo de la oposición y el PP ha obviado que León de la Riva fue inhabilitado durante 13 meses a ejercer como cargo público por un delito de desobediencia tras no acatar diversos fallos judiciales para solucionar irregularidades urbanísticas en un ático en el conocido como edificio de Caja Duero, en la céntrica plaza de Zorrilla. León de la Riva cerró las listas electorales de mayo de 2023 de forma simbólica que encabezaba Jesús Julio Carnero, alcalde gracias a un pacto con Vox. Carnero justificó la decisión en que se había otorgado un espacio al exalcalde socialista Tomás Rodríguez Bolaños y sugirió que su antecesor y hoy ministro Óscar López debería tener igual reconocimiento.

El pasado persigue a León de la Riva

Un portavoz de los manifestantes, llamado Jorge y que ha preferido no dar su apellido, ha justificado esta concentración por los “exabruptos” del exregidor, su “beligerancia absolutamente brutal” con los movimientos sociales y vecinales, así como el mundo de la cultura, o sus problemas con casos de “corrupción”, derivados de un modelo urbanístico que ha considerado basado en la especulación y el “ladrillazo”.

“Creemos que sigue siendo un activo muy tóxico, que no se merece una plaza y que Valladolid no se merece tampoco que sus lugares públicos y sus calles estén relacionadas con este personaje”, ha afirmado Jorge. Ha subrayado que no entiende como el actual regidor y compañero de partido, Jesús Julio Carnero, quiere vincular su nombre “a un personaje con tan mala fama”.

Marisol Morais, miembro de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha recordado alguna de las polémicas que protagonizó León de la Riva, que llegó a medios internacionales, como cuando dijo que le daba reparo entrar en un ascensor con una mujer por temor a que “se arranque el sujetador y salga dando gritos de que la han intentado agredir”.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha criticado que esta propuesta “no sea consenso” y ha insistido en la necesidad de ser pedagógico, por lo que ha pedido que se rectifique y que se apueste por “un nombre neutro” como Plaza de la Igualdad, que acompañan “a valores asumidos por todos”.

Tras la actuación de una batucada y la posterior 'chorizada', que ha consistido en el reparto de este embutido entre los asistentes, los manifestantes han recorrido la plaza de la Ciudad de la Comunicación y han leído un manifiesto. Al manifiesto se han adherido colectivos como asociaciones vecinales, entre ellas la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, la Asociación de Periodistas Feministas, los sindicatos CCOO y CGT o partidos políticos como Izquierda Unida y VTLP, entre otros.

Burgos y Valladolid homenajearán a dos de sus exalcaldes poniendo su nombre a un polígono, en el caso de la primera ciudad, y una plaza en el caso de la localidad pucelana. Lo que tienen en común ambos regidores, José María Peña y Javier León de la Riva, es que militaron del PP y ambos fueron inhabilitados por un juzgado. La justificación de los actuales equipos de gobierno en los ayuntamientos también son similares: “Que siempre se recuerde su figura”.

En la ciudad del Pisuerga, el Ayuntamiento dedicará una nueva plaza a León de la Riva ―regidor entre 1995 y 2015―, ubicada en el sector 'Ciudad de la Comunicación-Ariza'. 'Plaza Alcalde Javier León de La Riva' “por el trabajo que ha realizado durante 20 años siendo alcalde”, como indicó el actual regidor, Jesús Julio Carnero, cuando hizo el anuncio el 31 de agosto.

“Creo que es algo que los vallisoletanos debemos hacer, reconocer a los mejores de los nuestros, y Javier León de la Riva, durante el cometido, el servicio durante casi 20 años, demostró que lo fue y lo es”, apuntó Carnero. El alcalde también recordó que a otro regidor, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños ―regidor entre 1979 y 1995―, se le ha dedicado un parque en la ciudad tras fallecer en 2018 ―con el PSOE y VTLP al frente del Consistorio―.

En la nota de prensa que difundió el Ayuntamiento de Valladolid, se quiso recordar como parte de su “legado” cambiar la fecha de celebración de la Feria y Fiestas de San Mateo a la Virgen de San Lorenzo o la apuesta por la fiesta taurina en el Coso del Paseo de Zorrilla. Además, bajo su mandato se acometieron de “mejoras urbanísticas” y la reforma de instalaciones deportivas, culturales, cívicas y sociales en toda la ciudad instalaciones o el impulso al proyecto de Huertos Ecológicos para jubilados.

León de la Riva, inhabilitado en 2015

Ni rastro, ni mención a que León de la Riva fue inhabilitado durante 13 meses a ejercer cargo público por un delito de desobediencia tras no acatar diversos fallos judiciales para solucionar irregularidades urbanísticas en un ático en el conocido como edificio de Caja Duero, en la céntrica plaza de Zorrilla. Era el año 2015 y la inhabilitación no supuso como tal que perdiera su cargo, la suma de las izquierdas en Valladolid apeó al PP de seguir al frente del consistorio, hasta 2023 que la conjunción de PP y Vox.

En las municipales de hace un año, León de la Riva volvió a aparecer para cerrar la lista 'popular' que Carnero abría. El exalcalde volvía del 'ostracismo' político aunque se le podía ver ya de antes como tertuliano en un programa de CyLTV.

Causas judiciales de la etapa de León de la Riva al frente del Ayuntamiento

El “legado” de León de la Riva pasa por el caso de las 'Comfort Letters'. Si la Valladolid de 2024 está como está con el tema del soterramiento de las vías del tren, es por las tres cartas de conformidad que su excalcalde firmó en 2008, 2010 y 2011 para avalar distintos créditos para la operación de soterramiento. Sin moverse una máquina, la ciudad tenía una deuda de 400 millones de euros que supuso que, años más tarde con Óscar Puente como alcalde, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ministerio de Transportes tuvieran que renegociar el crédito y plantear la integración como fórmula asequible para todas las administraciones. Una fórmula cuestionada con la vuelta del PP a la Alcaldía, que ahora plantea retomar el proyecto de De la Riva.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y dos de sus concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez fueron absueltos en 2018 al entender el tribunal la Audiencia Provincial de Valladolid que el exregidor firmó tres cartas de conformidad que convertían al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad encargada para tramitar el fallido soterramiento del tren, sin comprender su verdadero alcance.

León de la Riva se enfrentaba a una petición de 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Valladolid concluyó en su sentencia que fue una “negligencia grave” ya que el exalcalde no adoptó“ las cautelas ”más elementales o previsiones necesarias, debiendo haber actuado con una mayor atención y diligencia en la firma de esos documentos“. Fue absuelto.

La administración del exregidor 'popular' también se tuvo que enfrentar a otra causa: el 'cambiazo' del Plan de Urbanismo de Valladolid de 2003. Los delitos, tras la denuncia del PSOE en 2008, que figuraban en la instrucción eran los prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio histórico. El propio León de la Riva llegó a estar imputado pero la Audiencia Provincial estimó su recurso y salió de la causa.

El caso se cerró en 2019 tras una instrucción que duró más de 10 años con tres condenados que conformaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento, entre ellos el exconcejal del área. Además, no todos los presuntos autores fueron juzgados, ya que once de ellos se libraron porque los delitos habían prescrito cuando arrancó el juicio.

En 2016 el equipo de gobierno de PSOE y VTLP denunció al que fuera durante 14 años jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid en la etapa del PP, Luis Alberto Samaniego. Entre 2000 y 2014, una docena de sociedades gestionadas por los cuatros acusados, todos familia, realizaron obras municipales por valor de más de 9,6 millones de euros. Al despacho del funcionario llegaban jamones y habría recibido la cesión de un vehículo por parte de una adjudicataria.

El Tribunal Supremo, tras un recurso de casación de los encausados, rebajó de diecisiete años a poco más de diez años el conjunto de penas. Además, tuvieron que pagar en concepto de responsabilidad civil conjunta 284.359,92 euros al Ayuntamiento, 227.227,35 de la multa; 29.662,57 euros de las costas procesales y 27.470 euros derivados los intereses. Samaniego fue a la cárcel por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, estafa y falsedad.

Polémicas por numerosas declaraciones machistas

León de la Riva también saltó a los medios nacionales por sus palabras y las numerosas polémicas en las que se vio envuelto. Suyas son, al poco de llegar a la Alcaldía en 1995, una declaración de intenciones de cómo iba a gestionar la ciudad: “Quiero que Valladolid deje de ser la ciudad de las tres ‘Pes’. Voy a limpiar la ciudad de piojos, pulgas y putas”.

En 2005, se mostró contrario a celebrar matrimonios homosexuales en Valladolid. Tanto fue así que hasta 2015 el alcalde de Valladolid no realizó ningún enlace entre personas del mismo sexo. Lo ofició su sucesor, el socialista Óscar Puente. “Desde que la humanidad es humanidad el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer ya sea por el rito gitano, civil o religioso”, defendía el exalcalde quien derivó en concejales esta función.

También son reconocidas sus palabras machistas. En 2007, durante la campaña a las elecciones municipales aseguraba que le habían acusado “de todo” menos “de violar” a la candidata Soraya Rodríguez (PSOE en ese momento) pero “se comprende”.

El que fuera ginecólogo de Ana Botella también se posicionaba en contra de la Ley de Paridad en 2007 al no cumplir sus listas con ella:  “No creo en la paridad, me parecen paridas”. Ya en 2008, el alcalde se mofaba del nombramiento de Carmen Chacón como ministra de Defensa: “Es la señorita Pepis vestida de soldado”, bromeaba.

El machismo ha estado presente en numerosas declaraciones. En 2010 aseguró, sobre la ministra de Sanidad, la socialista Leire Pajín, que era una “chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta”. “Cada vez que veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí”, añadió.

Especialmente comentadas fueron unas declaraciones del exalcalde sobre violaciones a mujeres en 2014 . “A veces me da reparo entrar en un ascensor. Imagina que hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falda y sale gritando que le han intentado agredir”. Ese mismo año también aseguró que “a las seis de la mañana una mujer joven tiene que cuidar por dónde va”.

Sobre el papel de la mujer en el deporte, León de la Riva, afirmó que “el rugby no es apropiado para las chicas”. “Me cuesta verlas jugando. Que nadie me tilde de machista, simplemente me cuesta entenderlo. Creo que hay deportes más apropiados como el patinaje o la gimnasia rítmica”, apuntaba al respecto en una ciudad como Valladolid en el que el deporte del oval es parte del ADN de sus habitantes.

En 2012, el exregidor vallisoletano también se posición en contra de incluir operaciones de cambios de sexo en la Sanidad Pública llegando a considerarlas como “un trasplante de cerebro. ”Si alguna comunidad quiere florituras, como cambios de sexo o trasplantes de cerebro, que luego no diga que no le salen las cuentas“. ”El que quiera cambiarse de sexo, que se lo pague“, llegó a decir.

El exalcalde de Burgos fue indultado por Aznar

En el caso José María Peña, exalcalde de Burgos recientemente fallecido en julio de este año, el Ayuntamiento de la ciudad quiere cambiar el nombre del polígono 'Burgos Este'. La actual alcaldesa, Cristina Ayala (PP), ha justificado la decisión por “el papel fundamental” de exregidor Peña como gerente del polígono en una etapa previa a entrar en el consistorio además de propiciar el cambio de Burgos “a una ciudad de perfil industrial”.

Ayala aseguró que desde el equipo de gobierno les “parece de ley” hacer esta propuesta para que “siempre se recuerde su figura”. La alcaldesa anunció este cambio un día después del fallecimiento de Peña.

José María Peña fue el alcalde que más ha durado en el cargo al frente del Ayuntamiento de Burgos, desde 1979 en 1992. En un primer momento se presentó por Unión de Centro Democrático (UCD), partido con el que encabezó las listas al Ayuntamiento de Burgos y salió elegido alcalde en 1979. Luego, en 1983, se presentó y ganó los comicios con Alianza Popular; en 1987 con una formación de su creación, Solución Independiente (SI), revalidó el cargo y en 1991, su última victoria electoral, con el Partido Popular.

El fin político de José María Peña llegó con el llamado 'caso de la Construcción', una trama corrupta urdida junto al constructor y dueño de Diario de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, por la que ambos resultaron condenados. Fue el primer gran alcalde de la España democrática en ser condenado por un caso de corrupción. Y posteriormente ambos fueron indultados por el gobierno de José María Aznar en el año 2000. Peña se volvió a presentar en el Ayuntamiento de Burgos en el año 2011 por su partido Solución Independiente, logrando representación como concejal. Posteriormente se retiró de la vida pública.

Peña fue condenado en 1994 a 12 años de inhabilitación por delito de prevaricación continuada y Antonio Miguel Méndez Pozo a siete años de prisión por falsedad documental y tres meses por desacato al tribunal. Méndez Pozo también fue inhabilitado 8 años y al entonces secretario municipal, Esteban Corral, se le suspendió tres años de cargo público por complicidad en la prevaricación. En el juicio en la Audiencia Provincial de Burgos en 1992 compareció como testigo por escrito el propio José María Aznar, debido a sus relaciones con los principales acusados.

El caso se originó por una denuncia en 1988 de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos y la Asociación de Promotores-Constructores, que denunciaron al entonces alcalde Peña, al constructor Méndez Pozo y otras personas por una trama de irregularidades en las concesiones de licencias de obras y en autorizaciones de aprovechamientos urbanísticos. Según los peritos del juicio el constructor Méndez Pozo logró hasta 4.000 millones de pesetas de la época de beneficios extra por lograr construir en zonas no autorizables o exceder en varias plantas lo autorizado, con la conveniencia de los cargos políticos y funcionarios.

Tras el juicio Peña acabó dimitiendo del cargo, ratificando en 1994 la condena el Tribunal Supremo. El exalcalde de Burgos fue fundamental en el ascenso de Aznar unos años antes: los votos de su partido fueron decisivos para romper el empate entre PP y PSOE en las Cortes de Castilla y León y hacer a Aznar presidente regional.

Además, Peña figura como uno de los receptores de dinero negro de la caja B del PP. Luis Bárcenas aseguró en la Audiencia Nacional que tres anotaciones de presuntos pagos que figuraban en sus apuntes correspondían a entregas realizadas al exalcalde de Burgos. La fecha de esos supuestos cobros es de julio de 1992, apenas dos meses después de que fuera condenado. El exalcalde percibió en total 31 millones pesetas en tres pagos (dos de 650.000 pesetas y otra de treinta millones), es decir, 188.000 euros.

La oposición, en contra de rendir estos homenajes

Tanto en Burgos como en Valladolid, la oposición se ha mostrado en contra de homenajear a sus exregidores. En la primera ciudad, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de La Rosa reprochó a la alcaldesa Cristina Ayala la decisión. El socialista burgalés valoró que Peña “es cierto que es el alcalde que más tiempo ha estado en ese puesto y ha hecho cosas buenas, pero también ha tomado decisiones malas y equivocadas”.

De la Rosa recordó la condena por corrupción y cómo fue indultado por Aznar. Entre los reproches del que también fuera alcalde Burgos la legislatura pasada, es la falta de reconcomiendo del Ayuntamiento al histórico dirigente del PSOE y profesor de la Universidad de Burgos, Federico Sanz, impulsor de la institución académica en a la ciudad. “Con otros políticos burgaleses, existe otra vara de medir”, lamentó.

En el caso de Valladolid, desde el PSOE aseguran que no existe “desencadenante” ni “justificación” para ese homenaje.“A fecha de hoy Javier León de la Riva no reúne el nivel de consenso social ni político que requiere una decisión de esta trascendencia”, indicaron en un comunicado

Las críticas de los socialistas se centran en marcar diferencias con el trato dado al exregidor socialista Rodríguez Bolaños y reprocharon el uso de su memoria para “justificar la imposición de dedicar una plaza a León de la Riva. ”Carnero no puede afirmar que es la ciudad, ni el Ayuntamiento, ni la Corporación, quien hace este reconocimiento al exalcalde, sino que se trata de una decisión particular y partidista del señor Carnero por su cuenta“, señalan.

Desde el PSOE recuerdan a Carnero que León de la Riva acabó sus días como alcalde en 2015 “saliendo por la puerta de atrás del Ayuntamiento de Valladolid” tras ser condenado por desobediencia e inhabilitado por sentencia judicial firme para un periodo de trece meses.

Por parte de Valladolid Toma la Palabra, su portavoz, Rocío Anguita, afirmó que “es una elección claramente partidista, que reivindica al peor PP de Valladolid”. La concejala ha recordado las múltiples actitudes y declaraciones “machistas y homófobas” de León de la Riva.

En todos los casos, tanto en Burgos como en Valladolid, las decisiones no han sido consultadas con los grupos municipales que no forman los equipos de gobierno, como han asegurado los partidos de la oposición.

“El periodo de instrucción ha durado casi once años, durante los cuales se acumuló documentación, en muchos casos prescindible, que dio una apariencia de complejidad no real”. Este es el demoledor 'prólogo' de la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa ciudad. El proceso se ha cerrado una década después con tres condenados que conformaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento en la etapa de Javier León de la Riva (PP), que también llegó a estar imputado.

Sobre el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, ha recaído una condena de dos años de prisión y dos de inhabilitación para el cargo de concejal por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación, y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio histórico. El exjefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita y el excoordinador del Área de Urbanismo, Luis Álvarez Aller, cumplirán sendas penas de un año y tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística. Ninguno entrará en prisión por no tener antecedentes y por no superar las condenas los dos años. Los tres quedaron absueltos del delito de tráfico de influencias. No todos los presuntos autores fueron juzgados, once quedaron fuera del banquillo porque los delitos habían prescrito cuando arrancó el juicio.

El caso más grave de corrupción del Ayuntamiento de Valladolid se instruyó tarde y mal. Además, no resuelve lo más importante: por qué y a cambio de qué el concejal de Urbanismo, el responsable del Área de Urbanismo y el Coordinador Técnico del Área falsificaron el PGOU para favorecer a una decena de empresarios. La caótica instrucción no sólo no despeja esa duda, sino que dejó fuera a funcionarios municipales y a una decena de constructores que se beneficiaron de las alteraciones subrepticias en la herramienta más importante de planeamiento urbanístico de una ciudad, el PGOU.

La modificación del Plan se abordó en 2002 y se aprobó en 2003. Cinco años después, en 2008, la Asociación en Defensa del Pinar de Antequera, que estudiaba alegaciones por un proyecto alumbrado por esa falsificación, alertó al PSOE de que lo aprobado en el Pleno no coincidía con lo publicado por el Boletín Oficial de Castilla y León, y era esto último lo que tenía validez legal. Un minucioso estudio de los socialistas reveló la gravedad del caso: se habían alterado planos, se habían cambiado decenas de artículos, y se había vulnerado una decisión del Pleno para favorecer a constructores y promotores.

El PGOU manipulado cambiaba calificaciones de suelo, aumentaba edificabilidades, obviaba edificios protegidos y, en suma, incorporaba mediante cambios subrepticios peticiones de constructores que habían sido desestimadas previamente porque no se ajustaban a la legalidad urbanística. A lo largo del juicio pudo conocerse como el concejal García de Coca configuró un equipo formado por él, los otros dos condenados y un arquitecto ya fallecido, para ocuparse directamente de la modificación del PGOU y que se desplazó al grupo de trabajo designado por el anterior concejal de Urbanismo.

En la sentencia se recuerda cómo se llegó a derruir un edificio con fachada protegida en pleno centro de la ciudad a pesar de que había una sentencia en contra que se notificó al Ayuntamiento para que actuase retirando los permisos. Sin embargo, el Consistorio sólo trasladó la resolución judicial al propietario cuando el inmueble era ya un montón de cascotes.

Acusados absueltos por prescripción

Lo que para el PSOE era una “manipulación clara”, para el entonces alcalde, Javier León de la Riva (PP), no eran más que “errores informáticos”. El asunto se judicializó pero a pesar del intenso trabajo de la Fiscalía, el juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid tardó once años en terminar el procedimiento. La apertura de juicio oral se decretó en 2016 pero los 14 acusados no se sentaron en el banquillo hasta septiembre de 2018. Se levantaron rápido: en la primera jornada sus defensas plantearon al juez que era imposible hacer su trabajo cuando les faltaba la mitad de la documentación.

“Esto no es forma presentable en Derecho de instruir una causa, es un absoluto caos, no hay índices, no hay hilo argumental, no hay forma de seguirla, se ha instruido de forma espasmódica. Yo pocas veces he visto una cosa como esta. La causa está incompleta y el letrado de la Administración de Justicia se metería en un problema si certificase que lo está. Es un caso notable y palmario de indefensión. El articulo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva) se ha vulnerado en todos sus párrafos, no hay apartado en que no haya sido vulnerado”, planteó uno de los abogados.

El juicio se suspendió para resolver esas cuestiones previas. Y, poco después, el tribunal comunicó el sobreseimiento libre para diez acusados por prescripción de delitos. Los constructores y promotores beneficiados por la manipulación ya no podían ser acusados y mucho menos juzgados. Nada tenía que ver la comisión o no de los delitos de los que se les acusó previamente, sino el tiempo transcurrido. Pero, además, tras esta primera decisión, el tribunal decidió suspender la causa hasta que las defensas tuviesen en su poder todo el procedimiento. Eso ocurrió un año después, en octubre de este año. Y de nuevo, al reiniciarse el juicio, otro acusado se levantó del banquillo, porque la Fiscalía retiró la acusación contra él. 

El tribunal aprecia para los tres condenados la atenuante de dilaciones indebidas y carga las culpas sobre quien instruyó el caso. “Hay periodos de tiempo que, a lo largo de la causa, la actividad procesal resultó interrumpida, porque no se tomaba declaración a las personas intervinientes en los hechos o porque, simplemente, la actividad era de unión de documentación sin unidad alguna de criterio. Se trajo a la causa a numerosos empresarios respecto de los cuales hubo de decretarse en auto de prescripción porque su declaración como imputados no se llevó a cabo en los plazos procesalmente adecuados”, subraya el tribunal.

Pero no sólo eso. Los jueces recuerdan también que un relevante informe policial llegó a las defensas con meses de retraso y después de que la Fiscalía alertase al juzgado. “No pudo celebrarse el juicio hasta dos años después de la apertura porque, como decimos, el traslado de la causa a las defensas fue totalmente irregular, hasta la subsanación que se llevó a cabo en esta sala”.

La sensación es agridulce para el actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Cuando denunció los hechos estaba en la oposición. Dieciséis años después sentencia en mano se reafirma en lo que advirtió entonces: era un caso de corrupción. Pero lamenta que no estén condenados todos los que participaron, y señala a los constructores y promotores que se libraron del juicio en el último minuto. Pero además va más allá al recordar que el instructor, José María Crespo hizo un trabajo “deficiente” y que hace unos meses “dio el salto a Ciudadanos y volvió a su puesto de una forma difícil de explicar”. También lamenta que en su momento el Ayuntamiento no se personase en la causa. 

La defensa del que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid en la legislatura 2003-2007, José Antonio García de Coca, en el trámite de exposición de los informes finales con motivo del juicio por el denominado 'Caso PGOU', ha definido al exedil como un “chivo expiatorio” de un “proceso eminentemente político” seguido contra él y sus dos compañeros de banquillo.

En la decimosegunda jornada del juicio en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, el abogado de García de Coca ha puesto de manifiesto la persecución política que supone el presente proceso judicial, visto para sentencia dieciséis años después de que se produjeran los hechos, y, al igual que luego harían las defensas de los también encausados Luis Álvarez Aller, arquitecto municipal, y el exjefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, ha pedido a la Sala un fallo absolutorio con todos los pronunciamientos.

En su alegato, la defensa del exedil ha incidido en que todas las imputaciones de la fiscal del caso y de la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', se basan en meras conjeturas, sospechas e hipótesis que no han servido para desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia y sin que en momento alguno hayan podido insinuar interés del acusado en las modificaciones detectadas en el PGOU ni vinculación con los promotores supuestamente beneficiados.

“Iconos de la seducción”

“Es un chivo expiatorio de unos hechos en los que, de haberse producido como dicen las acusaciones, mi cliente ni participó ni obtuvo beneficio”, ha indicado el defensor, quien ha reiterado que se trata de un “proceso político” en el que la acusación popular pretendió incluir inicialmente al entonces alcalde, el 'popular' Javier León de la Riva.

“Ha llegado a presentar al exalcalde y a García de Coca como iconos de la seducción, capaces de engatusar a funcionarios tanto del Ayuntamiento como de la Junta”, ha criticado el defensor del exedil de Urbanismo, quien ha lamentado lo “grotesco” de tal postura y ha recordado los padecimientos que su cliente ha sufrido en estos últimos años no sólo en su imagen sino en su salud.

El representante legal de García de Coca mantiene también que Fiscalía de Valladolid persiste en la imputación con el único argumento de que “han de ser ellos”, dado que integraban la cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento, cuando en caso de responsabilidad por unas “evidentes irregularidades” detectadas en el planeamiento urbano deberían figurar la veintena de técnicos que formaban la comisión que se encargó de su redacción, la empresa Inzamac contratada como asistente técnico externo y la propia Consejería de Fomento de la Junta.

Incluso ha dejado caer las nulas medidas de seguridad existentes en el proceso de redacción del PGOU, en referencia a que la documentación elaborada por Inzamac se imprimía en una copistería de la acera de Recoletos y que, además, cualquier funcionario tenía acceso a la intranet municipal y pudo alterar a su antojo planos y artículos.

“No se le puede culpar al concejal de Urbanismo, cuya responsabilidad es meramente política y que, además, ni tenía poder porque acababa de llegar en 2003 al Ayuntamiento ni tuvo conciencia de irregularidad alguna”, ha invocado el defensor, que niega por tanto la “mano negra” atribuida a su cliente a la hora de propiciar modificaciones urbanísticas en beneficio de distintos promotores.

En descargo de García de Coca, también ha recordado que ninguno de los cerca del medio centenar de testigos que ha desfilado por el juicio ha reconocido haber recibido presiones o indicaciones de éste para que alterara el planeamiento, como tampoco es cierto que desde su llegada al cargo tratara de ir apartando, de forma subrepticia, al equipo redactor del PGOU para así facilitar la comisión de las alteraciones ahora investigadas.

Con carácter previo a la exposición de sus principales razones para pedir un fallo absolutorio, el defensor, igual que luego los letrados del resto de acusados, ha vuelto a incidir en las distintas vulneraciones de derechos fundamentales y derecho de defensa de su cliente a lo largo de la fase de instrucción, así como en el trato desigual recibido por las defensas con respecto a las acusaciones y en las dilaciones indebidas--entiende que se trata de una atenuante muy cualificada--de un proceso instruido a lo largo de once años.

Tras los alegatos de las defensas, será ahora la Audiencia de Valladolid la encargada de dictar sentencia. Fiscalía responsabiliza a los tres encausados de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y de otro sobre el patrimonio histórico, con peticiones para todos ellos de tres años de prisión, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años.

Se trata de peticiones mínimas, después de la rebaja realizada por la fiscal--inicialmente pedía cuatro años--al estimar que en los hechos concurre la atenuante de dilaciones indebidas.

Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', solicita la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.

Para Mezquita y Aller, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesa cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.

“He tenido cinco concejales de Urbanismo y no he dudado nunca de la honestidad de ninguno de ellos”, ha asegurado esta mañana el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva durante la sesión del juicio relativo a la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado en 2004 con más de 80 artículos modificados y que beneficiaron en los años sucesivos a varios empresarios en la capital vallisoletana.

Este es el cuarto juicio en el que De la Riva se ve envuelto después de los casos de la comfort letter (el aval del sorterramiento, salió absuelto), los áticos (condenado e inhabilitado), el caso Samaniego (testigo).

De la Riva ha asegurado que él no cotejó la documentación relativa a la Ordenación porque no creyó “que sea la misión del alcalde”. “El texto refundido lo llevó el concejal, no sé quién lo elaboró”, ha respondido a preguntas del abogado de la acusación popular encabezada por la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado'.

La sala de la Audiencia ha vivido momentos de tensión cuando el magistrado José Luis Ruiz Romero ha intervenido durante los interrogatorios efectuados por el abogado de la acusación popular. Cuando este interrogaba a De la Riva, el magistrado ha insistido que el exregidor es un testigo y no un investigado en la causa. “Que García de Coca [el exconcejal de Urbanismo imputado] no haya querido contestar no implica que a través de un testigo tenga que sonsacarle las posibles respuestas”, ha afirmado el magistrado. Momentos antes, De la Riva replicaba al letrado de la federación de asociaciones de vecinos: “Eso se lo puede preguntar a él (García de Coca)”. El encausado ejerció su derecho el primer día del juicio y no quiso responder al abogado de la acusación popular, ante lo que el exregidor ha manifestado: “Ese no es mi problema”.

León de la Riva ha explicado que, una vez fue detectada la modificación del PGOU (en 2008), mandó que se realizara una investigación “independiente” realizada “por letrados ajenos al área de Urbanismo” y ha reconocido que no se constituyó una comisión política -como solicitó el PSOE- porque “al final sirve para poco”.

El exregidor, que ocupó la alcaldía durante cinco legislaturas, ha negado haber intervenido en la gestión de los asuntos urbanísticos y haber visto siquiera los planos. “No sé quién era el técnico. Yo no he nombrado nunca un técnico en 20 años”, ha subrayado De la Riva.

En relación al aparcamiento subterráneo de la calle José María Lacor (en una parcela de Cáritas), el exregidor ha insistido en que él ni intervino ni conocía la normativa. “Les dije: debéis hablarlo con Urbanismo”. El mismo protocolo ha mantenido en relación a la Fábrica de Harinas La Perla, que fue transformada en un hotel del 5 estrellas, abandonada y recientemente okupada y convertida en el Centro Social La Molinera.

También han declarado esta mañana el secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino, y los exconcejales 'populares' María Luisa Ramírez, José Carlos Muñoz y Manuel Sánchez. Los tres han negado haber leído la documentación que se exponía en las comisiones de seguimiento. Los exediles han destacado que ellos votaban a favor o en contra de las propuestas que llevaba el concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca. “Lo normal es seguir las indicaciones del concejal correspondiente. Él decidía el voto del grupo político”, ha señalado Muñoz, edil de Deportes en esa época.

Sánchez, que sucedió a García de Coca como concejal de Planificación e Infraestructuras, ha explicado que él no intervino en la investigación municipal que se realizó tras encontrar artículos modificados en 2008: “Han salido errores y no puedo decirle nada más”. “¿Quién soy yo para investigar quién es culpable?”, ha preguntado el concejal de Planificación entre 2008 y 2012.

En la sesión, los letrados se han interesado por el papel de Modesto Mezquita, investigado en el proceso, en el Club Baloncesto Valladolid. Mezquita formó parte del Consejo de Administración debido a que el Ayuntamiento tenía un pequeño porcentaje del club, patrocinado por el Grupo Capitol, cuyos responsables fueron investigados por la manipulación del PGOU. Los diez empresarios que estaban encausados no serán juzgados por la prescripción de los delitos.

La Fiscalía, que pide para condenas de cuatro años de prisión para José Antonio García de Coca (exconcejal de Urbanismo), Luis Álvarez Aller (arquitecto de Políticas Urbanísticas) y Modesto Mezquita (exjefe de área), junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros, además de la inhabilitación del exedil durante 43 años y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional. El Ministerio Fiscal también reclama cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación para el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada. Los cuatro dirigen las miradas hacia el arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la absolución del exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y sus dos concejales, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, por el caso de las 'comfort letters’, mediante las que se avalaron créditos para el soterramiento del tren sin llevar la decisión al Pleno y sin comunicarlo al interventor del Ayuntamiento.

La decisión del TSJCyL desestima completamente el recurso de la Fiscalía, que tiene 5 días para recurrir en casación al Tribunal Supremo, y asume la tesis de la Audiencia Provincial: Javier León de la Riva no sabía lo que firmaba porque era “profano” en la materia. No hubo “malicia o intención fraudulenta de mutar la verdad, es decir, con dolo falsario en la firma de estos documentos”, decía la Audiencia. León de la Riva cometió una “negligencia grave”.

“No es de extrañar que, con todas aquellas particularidades (las de las cartas de conformidad firmadas), una persona profana en derecho, como es el acusado, ignorase el alcance de lo que estaba firmando y, creyendo que se trataba de una simple recomendación, no considerase preciso someterlo al criterio de los órganos técnicos o de intervención del Consistorio, teniendo como tenía autorización del Pleno para firmar todas las escrituras, documentos y pólizas, en virtud de las facultades de representación de la Corporación municipal que como Alcalde tenía en la Sociedad VAV”, dice el fallo.

La Fiscalía, que aludía a una “cascada de olvidos” en la sentencia de la Audiencia, consideraba que existía un error en la valoración de la prueba ya que en el apartado de hechos probados se omitían extremos relevantes que constaban en la sentencia y que contenían afirmaciones que se contradecían con otros hechos probados y con la prueba documental. Entre las omisiones que detectó la fiscal figuraban desde un dictamen de Consejo Consultivo que descarta que las cartas de conformidad fuesen un “elemento novedoso” hasta correos electrónicos y actas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde los accionistas debatían cómo afrontar el problema del impago de los créditos, que computaban en la deuda pública de las administraciones que formaban parte de ella.

Según el Tribunal Superior de Justicia, el fallo de la Audiencia demuestra “el rigor con el que se efectuó el análisis del material probatorio”. “Lo que nos dice la sentencia, es que analizando el mismo de manera pormenorizada y rigurosa, no se ha podido llegar a la necesaria convicción para declarar la culpabilidad de los acusados. Y no siendo manifiestamente irrazonable tal conclusión, a ella debemos de atenernos, sin que sea dable sustituir aquella percepción por cualquier otra, toda vez que lo contrario supondría enmendar una valoración probatoria vinculada a los principios de contradicción e inmediación”. El TSJ precisa que no pueden realizar una nueva “valoración fáctica” si no se ha presenciado directamente la prueba y si el acusado no ha podido estar presente en la prueba “cuya revaloración” pide el recurso del Ministerio Público.

Desestima además el hecho de que León de la Riva estuviese presente en tres consejos de administración de la sociedad del soterramiento previos a la firma de las 'comfort letters'. Para la Sala no significa que tuviese información suficiente sobre la operación. Además precisa que no tuvo por qué leer lo que firmaba porque el hecho de que la sentencia no declare que las cartas fueron firmadas después de leerlas no implica que lo hiciera.

Descarta la conducta delictiva y “ocurantista” que la Fiscalía atribuye a León de la Riva porque realizó un “anunció público” en los medios de comunicación de Valladolid narrando los pormenores de la operación –de crédito- que había suscrito. “Es evidente que el acusado no trató de prevalerse de su posición de superioridad que le atribuía su condición de Alcalde, ni de sustituir por su mero capricho el actuar que debería de haber observado, ni ocasionó con ello el necesario perjuicio a los intereses generales que viene siendo exigido en este concreto delito” afirma el Tribunal Superior de Justicia, a la vez que destaca la falta de perjuicio puesto que la sociedad del soterramiento – que no se llegó a ejecutar se benefició y la amortización del crédito finalmente fue asumida el Ministerio de Fomento en su calidad de accionista mayoritario de la sociedad, un hecho que ocasionó “el aquietamiento de la acusación particular” –el Ayuntamiento de Valladolid que fue quién denunció los hechos ante un juzgado- “ante la sentencia absolutoria que ahora se combate”.

“No existe, indicio alguno de que la conducta del acusado fuese consciente, voluntaria y dirigida a quebrar la legalidad de manera arbitraria”. Tampoco cree el tribunal que los dos concejales fuesen cómplices en los delitos que se presumían puesto que “no favorecieron la ejecución del actuar del primero de los acusados ni puede decirse que cooperasen con la conducta de aquél ni, por supuesto, que existiese un concierto de voluntades para llevar a cabo el resultado que se les imputa”.

León de la Riva estaba acusado de tres delitos de prevaricación en concurso con uno de falsedad por los que se le había solicitado una pena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación.

La fiscal del caso de las ‘comfort letters’, las cartas con las que el exalcalde León de la Riva avaló el crédito para el soterramiento ferroviario saltándose al Pleno y a la intervención municipal, ha recurrido la sentencia absolutoria para él y sus concejales por “una cascada de olvidos” y solicita su anulación y la celebración de un nuevo juicio con un tribunal distinto que garantice la imparcialidad. León de la Riva estaba acusado de tres delitos de prevaricación en concurso con uno de falsedad por los que se le había solicitado una pena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación. El tribunal sólo apreció en su comportamiento “una actitud negligente y despreocupada”.

El recurso de apelación, de 31 folios, es demoledor. Para la fiscal existe un error en la valoración de la prueba. Así, impugna los hechos probados por omitirse en ellos extremos relevantes que constan en la sentencia y que contienen afirmaciones que se contradicen con otros hechos probados y con la prueba documental. En su escrito enumera todos los olvidos y omisiones del tribunal en su sentencia, desde un dictamen de Consejo Consultivo que descarta que las cartas de conformidad fuesen un “elemento novedoso” hasta correos electrónicos y actas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde los accionistas debatían cómo afrontar el problema del impago de los créditos, que computaban en la deuda pública de las administraciones que formaban parte de ella.

“La sentencia no razona los motivos que llevaron a los magistrados a otorgar un peso probatorio total a las manifestaciones exculpatorias de los acusados frente a las pruebas de cargo, especialmente la prueba documental que se ha practicado”, dice la fiscal en su escrito.

Para el Ministerio Público, las pruebas avalan que León de la Riva “obró de forma dolosa, esto es, con plena conciencia y voluntad” cuando firmó las tres comfort letters que endeudaban al Ayuntamiento. Siempre según su versión, la intención del exalcalde era “eludir unos informes técnicos municipales que probablemente hubieran sido contrarios a la asunción de un mayor endeudamiento” y además trataba de evitar el “desgaste político” que habría provocado el debate por el elevado coste de los avales que firmó.

La fiscal no ahorra reproches al tribunal por omitir en la sentencia una buena parte de la prueba documental que acredita que León de la Riva acudía a los consejos de administración de la Sociedad Alta Velocidad –formada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento- y que conocía el alcance de las cartas de conformidad que firmó en el 2008, 2010 y 2011. Dice en su recurso que parece que “las cartas aparecieron en el Ayuntamiento como por arte de magia, sorprendiendo al acusado, que a partir de entonces optó por una huida hacia adelante que le hizo observar un comportamiento inexcusablemente negligente”.

La fiscal pretende que la sentencia de apelación acuerde la revocación de la recurrida. “Se trata meramente de un cambio de inferencia: donde la Sala de instancia ha visto una conducta negligente- por no haber valorado a tales fines los hechos que se acreditaron en el acto del juicio oral por la vía documental, esto es, mediante las actas de los tres consejos de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que precedieron a la firma de las tres comfort letters- puede verse ahora una conducta intencional”. Según la fiscal, esta conclusión se debe no tanto por la revisión de la prueba documental, sino por el análisis detallado de los hechos que la sentencia considera probados y en la que se reconoce la existencia de los delitos de falsedad documental y la participación de León de la Riva en los mismos.

No se cree la versión de León de la Riva, apoyada por el tribunal, de que desconociese el alcance real de los avales que firmó, algo que para ella es “inconcebible”. León de la Riva no era una persona “ignorante”. “Conocía hasta el último detalle de cada operación financiera” y que la firma de las comfort era necesaria para la formalización de cada operación de crédito, por lo que “obró a título individual prefiriendo conscientemente eludir cualquier control técnico de los órganos municipales”, así como cualquier tipo de conocimiento político, a excepción de los dos concejales que fueron también acusados, el de Hacienda, Alfredo Blanco, y el de Movilidad, Manuel Sánchez.

Cuando León de la Riva eludió el control técnico y político, ello supuso “la subversión de las más elementales reglas de funcionamiento democrático de un ente local y la sumisión completa de este a los designios de una sola persona”.

No quedan libres en el recurso los concejales Blanco y Sánchez, de quienes considera que tenían conocimiento de los acuerdos que adoptaban en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. “A pesar de tener ese conocimiento preciso y de ser responsables de concejalías tan relevantes, no adoptaron medida alguna tendente a asegurarse de que la firma de las comfort letters obedeciera a la verdadera voluntad municipal y no únicamente a la de su alcalde presidente”. “Lo único que puede pensarse es que los tres acusados obraron en esto de común acuerdo”.

La Fiscalía pide además que se cite a León de la Riva, a Blanco y a Sánchez a la vista de apelación para ser oídos, puesto que el recurso de apelación afecta al elemento subjetivo del delito. El Ayuntamiento de Valladolid, que denunció el caso tras encontrarse con la reclamación de una deuda de crédito de 100 millones de euros, no ha recurrido la sentencia.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y dos de sus concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez han sido absueltos por el caso de las Cartas de Conformidad (comfort letters) del soterramiento del tren, por el que se consiguieron créditos de 400 millones sin que la decisión pasase por el Pleno y la Intervención.

La sentencia, que se ha conocido este lunes, hace suya la tesis de la defensa del exedil, al entender que León de la Riva firmó tres cartas de conformidad que convertían al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad encargada de tramitar el fallido soterramiento del tren, sin comprender su verdadero alcance. León de la Riva se enfrentaba a una petición de 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal, por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.

A través de una nota de prensa, la Audiencia Provincial de Valladolid ha informado de que tras valorar la prueba practicada “no concurren en Francisco Javier León De La Riva el dolo falsario que caracteriza el delito de falsedad documental, de ahí que se absuelva por dicho delito”. Sí reconoce el tribunal que la conducta de León de la Riva “ es constitutiva de una imprudencia, pero no dolosa y el delito de imprudencia de falsedad documental ha prescrito”, por lo que se le absuelve también del mismo. Sobre el delito de prevaricación, estima que “existe una posible ilegalidad administrativa, pero los hechos no tienen entidad penal”. En este sentido entiende que “no concurre en la conducta de los acusados el elemento subjetivo de dicho delito, que es actuar a sabiendas, esto es con dolo penal”.

León de la Riva se enfrentaba, de acuerdo con la petición de penas de la Fiscalía, a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento. Acaba para él, a menos que la sentencia se recurra, lo que definió al final del juicio como “un auténtico calvario” por el que se le pedían “más años que a La Manada”.

León de la Riva firmó en nombre y representación del Ayuntamiento las tres comfort letters, la primera de fecha 28 de julio de 2008, la segunda de 24 de septiembre de 2010 y la tercera de 26 de enero de 2011. Estas Cartas contenían una cláusula en la que se decía: que “el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento han sido debidamente realizadas y adoptados y que no existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los Accionistas en este y en todos los documentos referidos, y que las personas firmantes de este documento, en nombre y representación de la misma, poseen las facultades suficientes a tal efecto”.

La firma de esta cláusula no se ajustaba a la realidad pues no había recabado autorización de ningún organismo, cuando resultaba necesario, además de un informe de la Intervención, la autorización de la Junta de Castilla y León en las dos últimas cartas y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, al menos respecto de la última Comfort, pues en la segunda se discute si incluía la financiación anterior y por tanto si superaba o no el límite establecido a tal efecto.

“Es evidente”, dice el tribunal, “que en tales documentos no se ha contrahecho o fingido la letra ni la firma, ni hay simulación que induzca a error sobre su autenticidad, ni se supone en ellos la intervención de personas que no la han tenido y tampoco se está atribuyendo a los que han intervenido declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hubieren hecho. Por lo tanto, los hechos anteriormente referidos, en términos objetivos, únicamente podrían configurar la modalidad de falsedad prevista en el artículo 390.1.4 del Código Penal consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos, lo que se viene denominando falsedad ideológica”.

Para que existiese la falsedad hay que determinar si existió dolo falsario, algo que la Sala no considera probado con el rigor necesario. No se ha pronado que León de la Riva, al firmar dichos documentos “tuviera la intencionalidad de alterar el tráfico jurídico, de trastocar de forma consciente y maliciosa la verdad para inducir a error a los demás implicados en el documento”. Subraya además que el texto ni fue redactado ni propuesto por León de la Riva, sino por las entidades de crédito, que se lo dieron a formar a todos los representantes de las entidades que participaban en la Sociedad Alta Velocidad “incluso en algunas ocasiones con cierta premura, como una especie de clausulado de adhesión en relación con la concesión de la financiación requerida”.

Destaca el hecho de que la Sociedad Ala Velocidad era independiente del Ayuntamiento y que los consejeros adoptaban los acuerdos correspondientes sin que, en principio y salvo excepciones, tuvieran que pedir autorización o refrendo para ello al Ayuntamiento.

“Cuando se firmaron referidos documentos, se desconocía por el señor León de la Riva (y por los demás acusados) la naturaleza jurídica y trascendencia real de esas Comfort letters, como manifestaron todos ellos -León de la Riva declaró en el juicio que pensó que eran ”cartas de cortesía“- y como se admite en las declaraciones del secretario del Ayuntamiento y del Interventor en aquellas fechas”.

Así, para la Sala “no resulta ilógica, ni inverosímil la versión del acusado en el sentido de haber entendido que se trataba de una Carta de apoyo a la realización de la operación del soterramiento que interesaba a la ciudad asumiendo su colaboración para llevarlo a cabo, y de considerar que él tenía capacidad o competencia para firmarla directamente (sin necesidad de recabar otras autorizaciones), en base a las facultades que ostentaba como Alcalde Presidente del Ayuntamiento en la representación del mismo para la suscripción de escrituras, documentos y pólizas y, dentro del desarrollo de la gestión económica, de acuerdo con el Presupuesto aprobado, para la concertación de las operaciones de crédito, con las excepciones previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y creer también que podía operar así en esa Sociedad VAV a partir del acuerdo otorgado por el Pleno de 3 de diciembre de 2002, en el que se le facultaba para la firma de la constitución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, desde cuyo momento intervenía como Vicepresidente primero en representación del Ayuntamiento en las

gestiones de dicha sociedad“.

Delito prescrito

El tribunal no tiene certeza en la convicción de que el exalcalde actuara con “malicia o con intención fraudulenta de alterar o mutar la verdad, es decir, con dolo falsario en la firma de estos documentos” y considera que más bien fue una “negligencia grave” ya que “no se cercioró, pudiendo y debiendo hacerlo, de la trascendencia de esa estipulación y de que era preciso recabar autorización del Pleno de Ayuntamiento si la operación superaba el 10% de los recursos ordinarios y la autorización del órgano de tutela de la Junta de Castilla y León en el supuesto de existir un Plan económico financiero aprobado o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110%, lo que acaecía en las dos últimas cartas”.

Concluye entonces que León de la Riva “no adoptó” las cautelas “más elementales o previsiones necesarias, debiendo haber actuado con una mayor atención y diligencia en la firma de esos documentos, informándose a través de la Secretaría o de los servicios de Asesoría jurídica del Ayuntamiento, si eran precisas autorizaciones y trámites previos antes de estampar su firma en dicho documento”. Por ello no se aprecia E el delito del artículo 390.1.3 y 4 del Código Penal al no quedar probado el dolo falsario. Así, habría que moverse en el ámbito de la “falsedad documental por imprudencia grave” prevista en el artículo 391. Pero tampoco en este caso el tribunal cree que sea posible dicta sentencia condenatoria, ya que los hechos habrían prescrito.

La pena que fija el Código para este tipo delictivo es una multa de seis a doce meses y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año. Sin embargo, este delito prescribe a los 5 años (anteriormente eran 3 años). “Como quiera que el último de los hechos acaeció el 26 de enero de 2011 y la denuncia se presentó el 20 de abril de 2016, dando lugar a la incoación del proceso penal por auto de 29 de abril de 2016, es evidente que cuando se dirige el procedimiento contra el Sr. León de la Riva ya había transcurrido el plazo prescriptivo de dicho delito.

Sobre el otro delito del que se le acusaba, la prevaricación administrativa, regulada en el artículo 404, la Sala tira de jurisprudencia del Supremo y recuerda que con la regulación del delito de prevaricación no se pretende sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración pública, por la jurisdicción penal, sino sancionar supuestos límite en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria. “Esa ilegalidad, para tener entidad penal ha de ser evidente, grosera, flagrante y clamorosa de forma que entrañe ese plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal”, precisa el tribunal en su nota. Así en el delito de prevaricación administrativa el elemento subjetivo es determinante para diferenciar la “mera ilegalidad administrativa por grave que resulte, del comportamiento sancionado penalmente”.

“Dictar u omitir la resolución arbitraria no determina, por sí mismo, la comisión del delito de prevaricación, si no se constata la presencia del elemento intencional consistente en la clara conciencia de la ilegalidad y de la arbitrariedad que se ha cometido. El reproche de la sanción penal no se manifiesta en la mera infracción de la Ley, sino en la consciente aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien (STS 1147/1999, 152/2015 de 24 de febrero o la 797/2015 de 24 de noviembre)”. De esta forma, finaliza reconociendo que en el caso de León de la Riva concurren los requisitos objetivos del tipo de la prevaricación administrativa porque intervino en la firma de las cartas de conformidad en calidad de alcalde de Valladolid sin iniciar expediente, omitiendo el procedimiento legal.

“En las tres cartas se hacía preciso interesar informe de la Intervención. Respecto a la segunda, aunque si bien el límite del endeudamiento fuera discutible, ante las dudas de si el crédito puente absorbía o no la anterior deuda, circunstancia que afectaba a si debía ser aprobado por el Pleno, lo cierto es que en todo caso tenía que haberse solicitado autorización de la Junta de Castilla y León porque en esas fechas estaba en vigor el Plan económico. Y en cuanto a la tercera de las Cartas de Conformidad, también debió haberse llevado a cabo el expediente con informe de la Intervención, aprobación del Pleno del Ayuntamiento y la autorización del organismo de tutela de la Junta de Castilla y León”. Pero aún así, la Sala no estima probado “con la suficiencia que es precisa en esta vía penal para llegar a un juicio de certeza, el elemento subjetivo de actuar ”a sabiendas“ de la injusticia y la arbitrariedad, en los términos anteriormente definidos por la jurisprudencia”. Se basa para ello en que la sociedad era independiente del Ayuntamiento y que la mayoría de las acciones (y por tanto el control) las ostentaba el Grupo Fomento (Renfe y Adif).

“No es irrazonable considerar que quien tenía que responder principalmente de la operación era el Ministerio de Fomento, a quien -como declaró el interventor- le computaría como gasto, no así al Ayuntamiento de Valladolid. Ello generaba una confianza en los demás socios del buen éxito de las operaciones”. Además los ingresos de la venta de los terrenos liberados por el soterramiento se destinarían al pago de esa financiación, “cuyo valor se creía suficiente a tal efecto”. En apoyo de esta afirmación, el tribunal señala: “De hecho, finalmente el Ministerio de Fomento (Adif y Renfe Operadora) ha asumido el pago y la liquidación de esos créditos mediante la Escritura de 23 de noviembre de 2017”.

Las Cartas de Conformidad eran documentos “desconocidos” en el ámbito municipal y “no existía ningún precedente anterior en el Ayuntamiento. Tanto el Secretario como el Interventor en aquellas fechas afirmaron que no conocían la naturaleza jurídica de esas cartas”. La primera vez que se estudiaron en el Ayuntamiento ese tipo de instrumentos jurídicos fue en el año 2013 y 2014 como consecuencia de la suscripción de unas Comfort letters por el Ayuntamiento para la institución de la Feria de muestras, y después con ocasión de la revisión de oficio de las cartas que dan origen a esta causa. Además, “estos documentos no están regulados en nuestro

ordenamiento jurídico, proceden del derecho anglosajón y han ido adquiriendo importancia en el tráfico mercantil. Su reconocimiento jurídico se ha venido realizando por creación jurisprudencial de la Sala Civil del Tribunal Supremo que va perfilando su naturaleza jurídica bajo categorías civiles o mercantiles“.

“Sin finalidad espuria”

“A pesar de que el Sr. León de la Riva tenía experiencia como alcalde, sin embargo no tenía conocimientos jurídicos en relación con estas cuestiones tan específicas, con lo que no cabe excluir la versión alternativa de que no fuera realmente consciente de que con esos documentos mercantiles, asumidos por los miembros de la Sociedad VAV para la efectividad de los acuerdos de financiación aprobados, tuviera que seguirse un procedimiento previo en el Ayuntamiento”. Así, “el que se trate de una ilegalidad administrativa grave que ha provocado la nulidad de pleno derecho, no puede identificarse con el delito de prevaricación”.

Insiste el tribunal en que para la comisión del delito de prevaricación no basta la ilegalidad administrativa sino que es preciso que el funcionario tenga plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actuando de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo directo (STS 6-5-2013). También destaca que no hay perjuicio económico para el Ayuntamiento puesto que las cartas de conformidad quedaron sin efectos al ser declaradas nulas de pleno derecho y al asumir, en 2017, el Grupo Fomento, las obligaciones de crédito. La sala tampoco encuentra una finalidad espuria, sólo una actuación “claramente negligente, con alto grado de ligereza y despreocupación” pero no “una intención torticera de perjudicar al Ayuntamiento”.

El soterramiento del tren era uno de los proyectos estrella de León de la Riva que apareció sucesivamente en sus programas electorales desde principìos de 2000. No obtener el crédito para financiar la operación habría supuesto renunciar a una promesa electoral reiterada. En la actualidad, el AVE sigue atravesando Valladolid en superficie.

El Ayuntamiento de Valladolid, que ejerció la acusación particular en la causa tras denunciar los hechos, se pronunciará esta tarde sobre el fallo.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, siempre polémico por sus excesos verbales, pudo contenerse durante su interrogatorio como acusado en la primera jornada del juicio por las 'comfort letter' por firmar tres cartas de conformidad en 2008, 2010 y 2011 para avalar distintos créditos para la operación de soterramiento del ferrocarril. Sólo tuvo un atisbo de genio cuando indicó al abogado de la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de Valladolid, que consultase en el diccionario de la RAE el significado de 'avalar'. Pero una vez que el juicio finalizaba con las dos acusaciones, la pública y la popular, llevando a definitivas las peticiones de penas de entre 3 y 9 años de prisión, estalló.

León de la Riva hizo uso del derecho a decir la última palabra antes de que la causa quede vista para sentencia, y arremetió contra todos. Contra el alcalde actual, Óscar Puente (PSOE), por los tres años de “calvario” que ha hecho pasar a él y a su familia desde que optó por la vía penal y no por la administrativa, y contra la Fiscalía, que le pide 9 años de prisión y 33 de inhabilitación “que por razones de la pura biología son imposibles de cumplir”. 

De Puente dijo que ha incumplido un pacto alcanzado por los dos para que el asunto se resolviese en vía administrativa. La conversación se produjo, según su versión, en septiembre de 2015, cuando el nuevo equipo de Gobierno tuvo conocimiento de una de las 'comfort letter' que obligaba al Ayuntamiento a pagar 100 millones del crédito del soterramiento del tren -que no se llevó a cabo-. “Me dijo (Puente) que iba a buscar una solución porque le preocupaba mucho, y que evitaría la vía penal”, recordó León de la Riva. Sin embargo, debido “a los incordios” del Grupo Municipal Popular, siempre según su versión, Puente olvidó el pacto, y después su intención de retirarse de la vía penal, según comunicó “al secretario de Fomento”.

León de la Riva también hizo reproches a la Fiscalía: “Por la firma incorrecta de unas cartas, me piden más prisión que a La Manada o que a los del golpe de Estado de Cataluña, cuando lo que ha pasado es que yo desconocía la trascendencia de unas cartas de conformidad que hasta entonces nunca se habían tramitado en el Ayuntamiento”, criticó.

Junto a León de la Riva, están acusados dos de sus concejales en el momento de los hechos, Manuel Sánchez, de Movilidad y Alfredo Blanco, de Hacienda, si bien ellos se enfrentan a penas de 24 años de inhabilitación, no de cárcel. Según el Ministerio Fiscal, los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la 'confort letter' “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha declarado esta mañana en la Audiencia Provincial en el juicio que se sigue contra él y dos de sus concejales por el caso 'comfort letter', que convirtió al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad, encargada de tramitar el fallido soterramiento del tren. Las cartas de conformidad, tres documentos firmados por el exregidor no pasaron por el Pleno ni por la intervención municipal como era preceptivo.

León de la Riva ha entrado en la Audiencia Provincial de Valladolid bajo un fuerte dispositivo policial, y con medidas que han incluido la retirada de teléfonos móviles al escaso público asistente.

El juicio ha sido suspendido brevemente mientras el tribunal dilucidaba la cuestión previa planteada por el letrado de uno de los concejales, que entendía que el Ayuntamiento no estaba legitimado para ser acusación popular por cambios legales en la figura de perjudicado y atendiendo a declaraciones del actual alcalde, Óscar Puente, que declaró hace unos días que el perjuicio económico se había subsanado gracias a un acuerdo con Adif. Finalmente, se desestimó la petición.

De la Riva ha asegurado que desconocía el significado real del término 'comfort letter', “algo de lo que parece que ahora todo el mundo sabe”, pero que en el momento de las firmas (2008, 2010 y 2011) eran para él “cartas de cortesía” y no un documento financiero. Aún así, ha remarcado que si los documentos hubiesen pasado por el Pleno, la intervención municipal y la secretaría general, el resultado hubiera sido el mismo, puesto que “el alcalde tenía la mayoría absoluta en ese momento”.

León de la Riva recordó, además, que supo de la trascendencia de los documentos cuando el alcalde actual, Óscar Puente (PSOE), le llamó poco después de tomar posesión para comentarle que había aparecido una 'comfort letter' firmada en 2011. La primera de las cartas, que rubricó en julio de 2008, llegó a él de manos de una empleada de Sociedad Alta Velocidad que posteriormente la llevó al Ministerio de Fomento.

Para explicar el desconocimiento de su alcance, León de la Riva ha señalado que en las cartas había espacios en blanco que no se rellenaron, y que así quedaron, sin que las entidades financieras pusiesen reparos. Además, ha insistido en que nadie sabía que las cartas eran avales puesto que en uno de los consejos de administración, el director de carreteras de la Junta de Castilla y León preguntó si se iban a firmar avales para el crédito de la sociedad, que llegó a alcanzar los 400 millones, y el secretario de Estado de Infraestructuras respondió que no.

El exalcalde ha prometido además que firmaba “miles de cartas cada mes” pero que cuando se trataba de “documentos” siempre iban acompañados de informes del interventor y del secretario. El abogado del Ayuntamiento quiso que León de la Riva explicase cuatro noticias aparecidas en prensa en las que se hablaba de los avales para los créditos de la Sociedad Alta Velocidad, pero el presidente del tribunal evitó que respondiese, restando importancia a lo que aparece en prensa y recordando al letrado que forman parte de la documental del procedimiento. A pesar de ello, León de la Riva, empezó a contestar remitiendo al abogado “al diccionario de la Real Academia de la Lengua y a su definición de aval”, respuesta que fue frenada también por el juez.

La Sociedad del Soterramiento, de la que el Ayuntamiento tenía el 25% necesitaba ampliar el crédito de 400 millones de euros. El pago, recordó León de la Riva, se podía afrontar con la venta de 100 hectáreas de suelo que se iban a liberar. Esos eran los planes en 2003. Y para apoyar la viabilidad de esas previsiones, se refirió a que el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, hizo constar en un documento que si se producían beneficios mayores, había que repartirlos entre las administraciones que conformaban la sociedad.

La declaración del entonces concejal de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Sánchez, ha sido más breve: no recordaba que el asunto de la 'comfort letter' se hubiese tratado en ningún consejo, ni tuvo ninguna reunión en la que se le informase. “Yo sólo me preocupaba de lo que es movilidad e infraestructuras, lo demás lo desconocía, a mí nunca me mandaron nada por mail ni me dijeron nada por teléfono. Yo pensaba que estaba todo bien hecho, era un profano en temas económicos”, ha asegurado.

Sánchez ha reconocido que votaba como consejero de la Sociedad Alta Velocidad, pero que todos “votaban lo mismo”. “Si a mí me hubiesen pasado esos documentos, habría hecho como siempre, llevarlos al interventor y al secretario para saber qué eran. Yo me iba enterando de lo que se debatía en los consejos, pero lo mío era el planeamiento”.

El que fue concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, que no comparte abogado con León de la Riva y Sánchez y que declaró en la instrucción de la causa que antes de cada consejo les remitían “documentación muy voluminosa”, negó haber recibido un mail en el que aparece su dirección con la 'comfort letter'. “Había días que ni abría el correo y se llenaba el buzón”, dijo. Además, quiso matizar su declaración de que a los consejos llegaba todo “cocinado”, y explicó que quiso decir que había un acuerdo previo entre las administraciones.

Sobre la trascendencia de las cartas de conformidad, declaró que en ese momento desconocía qué implicaban e ironizó diciendo que “ahora todo el mundo es catedrático en 'comfort letter”. Aún así, mantuvo que no podían tratarse de un aval puesto que la sociedad era independiente del Ayuntamiento, y que, por lo tanto, es imposible que pueda avalarla. Además, añadió que él no tenía que estar al tanto, que su Concejalía no tenía nada que ver y prueba de ellos es que el Ayuntamiento ha firmado recientemente una comfort letter para el consorcio ferial, y que la asume la concejalía competente en la materia, en este caso Comercio y Turismo, y no Hacienda.

La Fiscalía de Valladolid solicita una pena de 9 años de prisión, 33 de inhabilitación y multa de 7.200 euros para el exalcalde Javier León de la Riva (PP) por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental. Alfredo Blanco, que renunció a su acta de concejal hace unos meses, se enfrenta a una pena de 24 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación, al igual que el exconcejal de Movilidad, Manuel Sánchez, ya retirado de la vida política.

Según el Ministerio Fiscal, los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la 'confort letter' “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.

El juicio continuará mañana miércoles con la declaración de los testigos, entre los que se encuentra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

La discutida lista de comparecientes en la comisión de investigación de la gestión de la Sociedad Alta Velocidad, encargada del soterramiento del tren en Valladolid, se ha cerrado por fin con el consenso de todos los grupos políticos (PSOE, IU Valladolid Toma la Palabra, Valladolid Sí se Puede, Partido Popular y Ciudadanos).

Aunque ya estaba elaborada, el Partido Popular no estaba de acuerdo con las comparecencias que pedía Ciudadanos por lo que se han aportado nuevos nombres, y se ha reelaborado la lista hasta alcanzar un acuerdo.

Así, la sesión acabó con la incorporación de los exministros de Fomento Francisco Álvarez Cascos (PP), con el que el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva consiguió el acuerdo del soterramiento, y José Blanco (PSOE). Entre los 31 comparecientes están también la exministra Magdalena Álvarez (Psoe) y el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, que fue secretario de Estado de Estado de Infraestructuras. 

El calendario provisional fija las comparencias de Rafael Catalá el 31 de mayo, la de Magdalena Álvarez el 12 de julio, y quedan por fijar las de Álvarez Cascos y José Blanco. La presidenta de la comisión de investigación, Charo Chávez (Valladolid Sí se Puede) mostró su malestar por las discrepancias sobre la agenda así como por su propuesta de trasladar la próxima reunión del día 8 de marzo al 9 por coincidir con el Día Internacional de la Mujer.

Chávez aclaró que no se ha puesto sobre la mesa el derecho o no a secundar los paros convocados con motivo de este día, pero sí la coincidencia de la comisión con otros actos municipales.

Entre los políticos de la Comunidad citados por la comisión están el concejal del PP, Jesús Enríquez, el exalcalde Javier León de la Riva, y el exconcejal de Urbanismo en esa etapa, José Antonio García de Coca. Los tres comparecerán el 5 de abril. Los exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez (imputados en el caso de la Comfort Letter) y la también exedil Cristina Vidal, lo harán el 19 de abril. El actual alcalde, Óscar Puente, que en el momento de los hechos era concejal en la oposición, al igual que el actual teniente de alcalde, Manuel Saravia, también comparecerán.

Entre los políticos de la Junta de Castilla y León están citados el propio presidente, Juan Vicente Herrera, que coincidirá con Magdalena Álvarez, el exconsejero y expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, el alcalde de León, Antonio Silván y el actual consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Hoy, durante casi dos horas, quien fuera director de Planificación y Coordinación de Adif, Eduardo Molina Soto, ha respondido a todas las preguntas formuladas por los representantes de los distintos grupos y ha expresado su opinión en torno al soterramiento y sus efectos. Una de las afirmaciones más determinantes ha sido que “no existen soterramientos en Europa”, aunque ha reconocido que el de Valladolid no era inviable técnicamente pero, que al estar condicionado por la venta de suelos liberados, tampoco es posible en la actualidad. Además, se refirió a los problemas de seguridad y mantenimiento que acarrean las estaciones soterradas, que por ende comprometen la habitabilidad del espacio.

La presidenta de la comisión destacó de la comparecencia de Molina Soto su consideración sobre el gran impacto medioambiental de los soterramientos y sobre las sociedades de alta velocidad, que fueron una herramienta instrumental para captar fondos y desarrollar planeamientos urbanísticos.

La Valladolid que planeaba León de la Riva desde el año 2002 era una ciudad sin vías que la dividiesen, con un bulevar, con fuentes, con edificios emblemáticos, y con un intercambio constante de viajeros desde Madrid. Esa era su idea del soterramiento, una operación de cientos de millones que iba a financiar vendiendo los terrenos liberados de los talleres de Renfe para construcciones residenciales. La idea tenía que calar en los ciudadanos: Valladolid sería una ciudad del futuro, las viviendas del entorno de las vías se iban a revalorizar y, en definitiva, todo iba a ser mejor. El horizonte del soterramiento estaba en 2012, pero antes llegó la crisis de la burbuja inmobiliaria. En 2008, cuando los sueños se deshacían y las construcciones se desplomaban, la sociedad creada para gestionar el soterramiento no dio ni un paso atrás. Al contrario, siguió adelante con el ambicioso plan de comunicación que encargó en 2007, año de elecciones locales, para “crear predisposición favorable en la población”.

Esto es parte de lo que se ha podido descubrir ahora en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valladolid que analiza la gestión, dudosa porque no se ha soterrado ni un metro de vía en sus 15 años de existencia, de la sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003. Formada por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, Renfe y Adif, tenía como objetivo promover la transformación urbanística de la ciudad para el soterramiento, impulsar, gestionar y financiar las obras necesarias y realizar operaciones urbanísticas en los terrenos liberados por las vías.

El 10 de mayo de 2007, a 17 días de las elecciones locales, que finalmente ganó León de la Riva y con el nubarrón de la crisis encima, la sociedad refleja en el acta del consejo que encargó un Plan de Comunicación a una empresa denominada Sugar Factory SL. La única empresa con esa denominación que ha podido encontrar este diario tiene domicilio social en Vitoria y su objeto social es la programación. En cualquier caso, Alta Velocidad dice haber pagado 89.578 euros para que elaborase un plan de comunicación. Este plan tenía dos fases, la primera se aprobó en esa reunión, por un coste total de 1.846.538 euros. El proyecto urbanístico que se encargó al prestigioso arquitecto Richard Rogers años antes había costado 1,6. Por alguna razón, la sociedad consideró que merecía la pena invertir más en la publicidad que en el proyecto. 

Un vídeo de 35.000 euros

Las acciones previstas pasaban por la instalación de una “carpa envolvente en una zona emblemática de la ciudad”, soportes audiovisuales, una revista, folletos. Los precios que marcaban eran de 350.000 euros por un “vídeo publicitario”, más de 230.000  por una revista, y algo más de un millón de euros por la carpa. El total, 1,8. Con una aprobación por unanimidad se facultó al consejero delegado de la sociedad para realizar “cuantos negocios jurídicos” fuesen “necesarios para la ejecución del Plan de Comunicación de la sociedad, así como para que lleve a cabo la disposición de fondos necesarios para efectuar los pagos que se deriven”.

La realidad es que la carpa del millón de euros se anunció en el año 2006 con la previsión de instalarla en la Acera de Recoletos desde diciembre de ese año hasta abril de 2007. Los mil metros cuadrados estaban divididos por temas. En concreto todos los logros de la Alcaldía en esa legislatura y un posible apartado específico para el proyecto del soterramiento, tal y como recogió 20 Minutos.

La exposición específica no llegó hasta junio de 2008 y, según manifestó León de la Riva tras su inauguración, su contenido era “muy, muy normalito” salvo una maqueta que le pareció “excepcional” y que fue la diseñada por Rogers. “Lo otro me parece bastante vulgar”, señaló.

El plan de comunicación incluía un anuncio con la exatleta Mayte Martínez, hoy concejala del PP. Lo que se hizo finalmente fue un corto con tema musical de ‘Celtas Cortos’ y el título ‘Viaje asombroso’. Tampoco fue del agrado de León de la Riva: “No hay que romperse mucho la cabeza para hacer un vídeo así”, lamentó tras su visionado. En teoría, es lo que costó 350.000 euros.

Este diario sí ha podido constatar la existencia de otro vídeo que está colgado en youtube por un particular que dice que el Ayuntamiento repartió en DVD en 2007. En él no aparece ningún logo del PP, ni tampoco de la Sociedad Alta Velocidad, tan sólo el emblema del Ayuntamiento de Valladolid. Dura unos 15 minutos, interviene el propio alcalde como voz en off y contiene multitud de infografías.

Con decepción o sin ella, el 31 de marzo de 2009 el consejo vuelve a reunirse y en el orden del día, punto 9, está la aprobación de la segunda fase del Plan de Comunicación y se comenta que en la primera fase se colocó la carpa, se realizó una presentación virtual y se editó una revista, es decir, se da por cumplida. En 2009, la segunda fase se concretaba en la “comunicación de un nuevo complejo ferroviario con la presentación de un spot con la marca VAV y visita a las obras. También se preveía una campaña de comunicación en barrios, un autobús con información del proyecto, la elaboración de una maqueta virtual, vídeo y folleto explicativo y realización de una campaña de buzoneo con actividades. En este caso, y a pesar de la larga lista, el presupuesto fue de 515.620 euros y también se aprobó por unanimidad.

“No es de extrañar que tras esa costosísima campaña se extendiese la idea de que habría un antes y un después en la ciudad’ tras el soterramiento”, explica a eldiario.es el teniente alcalde y concejal de Urbanismo (Valladolid Toma La Palabra), Manuel Saravia. “El PP lo sigue diciendo. Es decir, que no se presentó como un proyecto fundamentalmente de movilidad, sino con efectos mucho más profundos, distorsionando la percepción de la actuación urbanística de forma acrítica”.

Es el nuevo Ayuntamiento constituido en 2015 por PSOE y Valladolid Toma La Palabra, quien tuvo que anunciar el pasado año que el soterramiento era inviable y que había que optar por otras soluciones, a pesar de la fuerte oposición de los vecinos de la zona este. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconocía en una entrevista hace un par de semanas, que el soterramiento en Valladolid no era posible, a pesar de que el PP municipal lo siga defendiendo.

 “Actualmente, tras la decisión de mejorar la permeabilidad de las vías mediante una solución mucho más económica, realista y que permite hacer frente a la deuda de 400 millones de euros que tenía la Sociedad, no se ha destinado ni un solo euro a propaganda del proyecto. Al contrario, se ha ido por todos los centros cívicos explicando la propuesta y atendiendo a las cuestiones que los vecinos y vecinas han planteado. Porque nos parece que es lo justo y lo democrático: el debate cara a cara y no la propaganda”, añade Saravia. 

El Ayuntamiento trabaja en otro plan urbanístico, eso sí, lo hacen los técnicos municipales “sin que se haya contratado a ningún estudio externo, y menos aún a arquitectos estrella internacionales”. Saravia recordó además que uno de los gerentes de la sociedad reconoció que se trajo a Richard Rogers a Valladolid “para vender el proyecto”. “Así se hacían las cosas”, lamentó Saravia.

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva (PP) se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados. Un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid decreta la apertura de juicio oral por el caso de las comfort letter.

La Audiencia Provincial le juzgará por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental por haber firmado tres cartas de conformidad que no pasaron por intervención municipal ni por el Pleno como era preceptivo. Los documentos comprometieron al Ayuntamiento a devolver 100 de los 400 millones de crédito para el soterramiento del tren. El equipo de gobierno que entró en 2015 (PSOE-Valladolid Toma la Palabra –confluencia de IU, Equo e independientes–) conoció la situación cuando el consorcio bancario reclamó el dinero y acudió a los tribunales.

Junto a León de la Riva estarán también quienes fueron sus concejales de Hacienda y Movilidad, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, aunque ellos están acusados sólo de prevaricación. Blanco, que continuaba como concejal en la oposición, renunció a su acta hace tres días, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial desestimó los recursos de apelación que interpusieron los tres encausados. En un comunicado remitido por el Partido Popular de Valladolid, Blanco aseguraba haber tomado la decisión de renunciar de manera “inmediata” a su acta para “salvaguardar” su derecho al honor y para ejercer “con absoluta libertad” su derecho de defensa.

León de la Riva es quien se enfrenta a peticiones de pena más altas. La Fiscalía de Valladolid solicita una condena de 9 años de prisión, 33 de inhabilitación, 7.200 euros de multa y responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal. Mientras que el Ayuntamiento de Valladolid pide 3 años de prisión y 9 de inhabilitación. El Partido Popular de Valladolid estudia en este momento la situación de León de la Riva, que no ha pedido la baja en el partido a pesar de que esta es la segunda vez que se le juzga. En 2015 un juzgado le inhabilitó durante 13 meses por desobediencia judicial, al no cumplir con distintos autos y sentencias que le obligaban a restaurar la legalidad de un edificio donde se aumentó la edificabilidad construyendo áticos en antiguas carboneras y no se respetó el porcentaje de uso residencial que marcaba la ley. El exalcalde era propietario de un piso en ese inmueble. A pesar de que el juicio se celebró poco antes de las elecciones municipales de 2015, León de la Riva fue candidato a la Alcaldía. De haber ganado, no habría llegado a coger el bastón de mando porque la sentencia condenatoria llegó poco después de los comicios. Esta condena no computa a efectos de reincidencia puesto que los hechos que se van a juzgar ahora se cometieron antes que los ya juzgados.

Para los dos concejales, Blanco y Sánchez, el Ministerio Público solicita 24 años de inhabilitación para cada uno por tres delitos de prevaricación, mientras que el Consistorio pide 7 años de inhabilitación.

El escrito de Fiscalía recordaba que los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación”, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la primera comfort letter “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.

El juicio, pendiente de señalamiento por parte de la Audiencia Provincial, podría celebrarse entre los meses de marzo y abril de 2018.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez. El juzgado de Instrucción número 4 ha decretado la apertura de juicio oral contra él y contra dos de sus concejales (uno de ellos lo sigue siendo en el nuevo Ayuntamiento) por el caso de la comfort letter, denunciado por el nuevo alcalde socialista, Óscar Puente.

León de la Riva ya fue condenado en 2015, poco después de las elecciones municipales, por desobeciencia judicial, ya que se negó reiteradamente a cumplir una sentencia que le obligaba a demoler varios áticos del edificio donde él tiene su residencia. La condena le inhabilitó para cargo público durante 13 meses.

En este nuevo caso, la juez considera que León de la Riva habría cometido delitos de prevaricación y falsedad documental, mientras que los concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, están encausados sólo por el primero de ellos.

Según el auto de tramitación de diligencias previas, ha quedado acreditado que Javier León de la Riva firmó tres comfort letter (cartas de conformidad para los bancos que otorgaban créditos) para la operación de soterramiento del tren, y que lo hizo sin tramitar los procedimientos preceptivos para ello y sabiendo de la ilegalidad de su proceder.

Así, el 28 de julio de 2008  firmó la primera carta que avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. El 24 de septiembre de 2010 firmó una segunda para avalar otro préstamo de 70 millones, y el 14 de febrero de 2011, una tercera por un crédito de 400.

La juez estima que para firmar esas cartas se tenía que haber llevado el asunto al Pleno Municipal, se tenía que haber aportado un informe del interventor y además requería una autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. En el caso de la tercera carta de conformidad, por un crédito de 400 millones que suponía un aval, por parte del Ayuntamiento de 100, se firma “sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera dado su nivel de endeudamiento”.

Pero hay más. “El referido documento contenía extremos no reales, falta verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto.

Así afirmaba en el punto 4º que el Ayuntamiento de Valladolid declaraba en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento han sido debidamente realizados y adoptados y que no existían circunstancias ni se había interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en ese  y en todos los documentos referidos y que las personas firmantes de este documentos, en nombre y representación de la mismas poseían facultados de suficientes al efecto. Finalmente señalada al pie de la firma de Francisco Javier León de la Riva en su condición de Alcalde, que se rubricaba en ejecución de los acuerdo internos suficientes adoptados a este respecto“, relata el auto judicial.

Las concejalas Blanco y Sánchez

Respecto a la actuación de los dos concejales, Blanco y Sánchez, recuerda la instructora que eran concejales de las áreas de Hacienda y Planificación, e Infraestructuras y Movilidad, respectivamente, además de miembros junto a León de la Riva del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA. Participaron además en las reuniones en las que se trató la necesidad de emitir esas cartas de compromiso.

Para ello se les facilitó la oportuna documentación. Alfredo Blanco y Manuel Sánchez también tenían conocimiento de las garantías que las entidades bancarias exigían para la financiación de la Sociedad, de la suscripción por el entonces alcalde Javier León de la Riva de las sucesivas cartas de compromiso emitidas hasta la de enero de 2011, de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los preceptivos trámites administrativos en el Ayuntamiento y de que no se había solicitado ningún informe a la Secretaria o a la intervención Municipal, “y ello con la intención de eludir el control municipal sobre la firma de tales cartas de compromiso que obligaban al Ayuntamiento de Valladolid”.

El auto recuerda que el 25 de agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Valladolid, ya gobernado por PSOE y Valladolid Toma La Palabra (IU), declaró la nulidad de la comfort letter de 2011, y después conoció las anteriores.

Fiscalía y Ayuntamiento, personado como acusación particular, tienen 10 días para  solicitar a apertura de juicio oral aportando escrito de acusación, con las correspondientes peticiones de pena para los tres encausados.

El exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva volverá a sentarse en el banquillo de los acusados si un recurso no lo impide. El juzgado de Instrucción número 4 ha transformado las diligencias previas abiertas contra él tras la denuncia del nuevo equipo de Gobierno en un procedimiento abreviado. Esto significa que que se abrirá juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2011, cuando el entonces regidor firmó una comfort letter que obligaba al Ayuntamiento a devolver 100 de los 400 millones de un crédito concedido a la Sociedad Alta Velocidad para afrontar el soterramiento de las vías del tren. El acuerdo debería haber pasado por el Pleno y por la Intervención municipal pero no fue así, aunque en el punto número 4 de la carta se aseguraba: el Ayuntamiento de Valladolid “declara en este acto que cualesquiera de las actuaciones, así como todos los acuerdos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento [...] han sido debidamente realizadas y adoptados”. De haberse seguido el procedimiento legal, el aval nunca se habría firmado puesto que en el momento de los hechos el Ayuntamiento tenía un endeudamiento del 96%.

Aunque en su momento declararon como imputados, la juez deja fuera de la causa al exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, al exconcejal de Urbanismo e Infraestructuras, Manuel Sánchez y al exasesor de la Sociedad Alta Velocidad, Carlos Baró. Las partes tienen 10 días para formular recurso. El Ayuntamiento, personado como acusación particular, recurrirá para pedir que se tengan en cuenta las pruebas aportadas a finales del pasado mes: otras dos cartas de conformidad firmadas entre 2008 y 2010 que tampoco se tramitaron correctamente y una serie de correos electrónicos que llegaron a Alfredo Blanco y en los que se informaba del plazo para enviar a los bancos la comfort letter de 2010, lo que demostraría que este sí que estaba al tanto de los avales que se estaban firmando.

Durante su declaración en fase de instrucción, León de la Riva, se autoinculpó y aseguró que desconocía las implicaciones que conllevaba la comfort letter, y llegó a decir que era la primera que había firmado, aunque el Ayuntamiento ha encontrado las otras dos.

El mismo juzgado que ve clara la causa ahora había archivado la denuncia, pero los recursos del Ayuntamiento y de la Fiscalía convencieron a la Audiencia Provincial, que ordenó la reapertura del caso.

Para León de la Riva será la segunda vez en el banquillo. El 29 de mayo de 2015, poco después de las elecciones, un juzgado le condenó a 13 meses de inhabilitación y a una multa de 12.600 euros por desobediencia judicial. El exalcalde tardó más de cuatro años en ejecutar una sentencia que le obligaba a derribar varios pisos del edificio donde vive y a transformar oficinas en viviendas. De 13 meses de inhabilitación, llegó en plena campaña electoral. Estos antecedentes no contarían a efectos de reincidencia si hubiese una nueva condena porque los hechos que se van a juzgar se produjeron en 2011 y su condena fue firme en 2015.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) volverá a pasar por los juzgados. La Audiencia Provincial confirma en un auto fechado hoy mismo que deberá declarar “con la cualidad ineludible procesalmente de investigado” sobre la comfort letter (un documento en el que una empresa o institución admite una garantía para recibir un crédito) que firmó en enero de 2011 y en la que se comprometió a avalar el crédito de 400 millones de euros para el soterramiento de las vías del tren. Además deberán prestar testimonio el interventor y el secretario municipal en el momento de los hechos.

La carta, que se firmó sin llevar a Pleno la decisión y sin un informe de la asesoría jurídica que lo avalase, deja, cinco años después, en una difícil situación al actual Ayuntamiento, que tiene que devolver el 25% de ese crédito (100 millones de euros) y con el soterramiento con el que se habría amortizado sin ejecutar.

Fue el nuevo equipo de Gobierno (PSOE, Valladolid Toma La Palabra y Valladolid Sí Se Puede) quien llevó el caso a los juzgados el pasado mes de abril. El juzgado de Instrucción número 4 acordó el 15 de junio el archivo provisional de la causa por entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa la que debía resolver sobre la validez del documento.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Ayuntamiento presentaron un recurso. La Fiscalía argumentó que podrían haberse producido dos delitos: uno de falsedad documental y otro de prevaricación y que era necesaria la declaración de León de la Riva, mientras que el Ayuntamiento adujo que también deberían declarar el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco y el interventor municipal.

La Audiencia revoca el archivo provisional no sin cierta dureza con la instructora, a quien recuerda que si bien justifica su decisión en el principio de intervención mínima del derecho penal, obvió “cualquier referencia a un posible delito de falsedad documental”. Para el Tribunal, aunque la vía administrativa podría resolver la cuestión de la prevaricación, determinando la nulidad o validez de la comfort letter, tienen más peso los informes del interventor y de la asesoría jurídica aportados y de los que se desprenden “indicios racionales de un delito de prevaricación que debe ser investigado”.

En concreto, el interventor aseguró en un escrito que nunca supo de la existencia de la carta. Este detalle es esencial puesto que debería haber emitido un informe sobre la adecuación presupuestaria de la operación y si superaba el límite del endeudamiento, el sometimiento al órgano colegiado municipal correspondiente y, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda o del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma si la operación fuese viable.

También señalaba que “además de haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido”, el Ayuntamiento tampoco cumplía otro requisito “esencial e incontrovertible” para poder conceder un aval y que además recoge la Ley de Presupuestos Generales para 2011: el endeudamiento del Ayuntamiento, a fecha del momento del aval, no podía exceder el 75%. Sin embargo, un informe de la Intervención de octubre de 2010 para la celebración de cuatro operaciones financieras por valor de más de 72 millones ya informaba de que el endeudamiento, una vez incluidos estos préstamos, era del 96,70%.

Pero la Audiencia no tiene dudas de que el caso tiene que investigarse en la vía penal porque además existe un posible delito de falsedad documental. “Este delito vendría configurado por una de las menciones existentes en el documento firmado por el señor León de la Riva”, recuerda. En concreto, se refiere al punto número 4 de la carta de conformidad en el que se afirma que el acto cuenta con todas las autorizaciones y consentimientos necesarios y que además no existían obstáculos ni reclamaciones, cuando era todo lo contrario. Según los informes del interventor y del secretario general que se emitieron en diciembre de 2015, desconocían la existencia de dicho compromiso.

Fuentes judiciales avanzaron a eldiario.es que el delito de prevaricación lleva aparejada la inhabilitación y el de falsedad la prisión, y que la suma de ambos delitos pintan un horizonte complicado para el exregidor si el caso llega a juicio.

León de la Riva ya sabe lo que es declarar como investigado y tiene una condena por desobediencia al no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afectaba al céntrico edificio donde vive. El fallo, que le inhabilitó 13 meses, llegó justo después de las elecciones de mayo de 2015. Sin embargo, el contar con antecedentes no influiría si se produjese un nuevo fallo en su contra, ya que los hechos a enjuiciar datan de 2011, mientras que la sentencia de inhabilitación adquirió firmeza en 2015.

El exacalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), mintió a los bancos para que aceptasen el aval del 25% del crédito de 400 millones de euros para soterrar las vías del tren. La denuncia presentada por el Ayuntamiento que él gobernó hasta hace menos de un año no deja lugar a dudas. León de la Riva firmó el 26 de enero de 2011 una comfort letter (carta de conformidad) que ahora obliga al tripartito a pagar 100 millones de euros y que, según el escrito que está ya en manos del juez, es “nula de pleno derecho”.

La parte más incriminadora de la carta de conformidad firmada por León de la Riva está en el punto número 4, en el que se asegura que el Ayuntamiento de Valladolid “declara en este acto que cualesquiera de las actuaciones, así como todos los acuerdos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento [...] han sido debidamente realizadas y adoptados”. En realidad, ni el interventor ni el Pleno municipal tuvieron conocimiento de un acuerdo que colapsará el Ayuntamiento si un juez no lo impide.

Por ello, en la denuncia se resalta especialmente que la mentira de León de la Riva “podría implicar una responsabilidad penal para el firmante y quienes hayan intervenido en la operación” (BBVA, Caja Madrid, Banco Santander, ICO, Caja España y la Caixa. Tal y como avanzó este martes eldiario.es, los posibles delitos que podrían derivarse de estas acciones son la prevaricación y la falsedad documental. Estos delitos podrían sentar a León de la Riva en el banquillo por segunda vez, tras su inhabilitación por desobediencia el pasado año.

En el documento de la denuncia se aporta un escrito del interventor municipal que asegura que nunca supo de la existencia de la carta. Este detalle es esencial puesto que debería haber emitido un informe sobre la adecuación presupuestaria de la operación y si superaba el límite del endeudamiento, el sometimiento al órgano colegiado municipal correspondiente y, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda o del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma si la operación fuese viable. Sólo por ello, la comfort letter carecería de validez.

Pero el interventor va más allá y señala que “además de haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido”, el Ayuntamiento tampoco cumplía otro requisito “esencial e incontrovertible” para poder conceder un aval y que además recoge la Ley de Presupuestos Generales para 2011: el endeudamiento del Ayuntamiento, a fecha del momento del aval, no podía exceder el 75%.

Un informe de la Intervención de octubre de 2010 para la celebración de cuatro operaciones financieras por valor de más de 72 millones ya informaba de que el endeudamiento, una vez incluidos estos préstamos, era del 96,70%. Por eso, el interventor sostiene que “el Ayuntamiento no cumplía con un requisito esencial para poder otorgar una carta de conformidad 'fuerte' con carácter de aval por importe de 100 millones”. O lo que es lo mismo, desde enero de 2011, dada la situación financiera del Consistorio, no se hubiese podido suscribir “ninguna operación de crédito o aval como la que supuso la carta que firmó” (León de la Riva) el 26 de enero de ese año“.

No es la única irregularidad. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que el Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por entidades locales, así como las cargas financieras que supongan. Los encargados de remitir los datos son los bancos, cajas y entidades financieras, y también las administraciones públicas remitirán los datos a tal fin. Sin embargo, los bancos no cumplieron con la ley porque, tal y como señala el interventor municipal tras consultar la Central de Información de Riesgo, “estando obligadas a declarar las entidades de crédito, de los riesgos directos e indirectos, no consta anotación de esa carta de conformidad”.

No fue una cuestión de ignorancia de la ley por parte del Ayuntamiento o de los bancos porque, tres meses antes de firmar esa comfort letter, suscribieron cuatro créditos por mas de 72 millones de euros y en ese momento sí que siguieron todos los trámites preceptivos.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, destacó que no ha tenido más remedio que acudir a los tribunales. “Tuvimos conocimiento de la situación en octubre de 2015, cuando los bancos nos reclamaron 100 millones de euros. Eso rompe el techo de gasto y es inasumible”, comentó. “León de la Riva firmó esa carta de conformidad a pocos meses de las elecciones, en plena crisis, y la operación ferroviaria no se podía hacer. Pero soy yo quien ha tenido que hacer frente a esta situación y decir a los ciudadanos que el soterramiento hoy por hoy no es posible”, lamentó. Puente, letrado de profesión y en ejercicio hasta llegar a la Alcaldía, explicó además que no hay un solo responsable en la situación, y que los bancos “conocían la situación financiera del Ayuntamiento porque habían suscrito créditos meses antes”.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), lo advirtió hace meses. El exalcalde del Partido Popular Javier León de la Riva, actualmente inhabilitado por desobediencia judicial, tendrá que asumir una denuncia del Ayuntamiento que gobernó por una comfort letter, un documento en el que una empresa o institución admite una garantía para recibir un crédito, firmada en enero de 2011 y en la que se comprometió a avalar el crédito de 400 millones de euros para el soterramiento de las vías del tren.

La consecuencia directa, cinco años después, es que el Ayuntamiento tiene que hacer frente al 25% de ese préstamo y que asciende a 100 millones de euros. La operación asumida sería irregular, ya que Javier León de la Riva firmó esa carta de conformidad sin llevar la decisión al Pleno municipal y sin un informe de la asesoría jurídica que avalase tal decisión.

Puente anunció este martes que denunciará la situación a los juzgados, porque “no hay otra salida”, ya que la deuda asumida por su antecesor en el cargo compromete el presupuesto municipal. La decisión se someterá al acuerdo de la Junta de Gobierno este miércoles. Aunque la situación se conoció en el mes de diciembre, el Ayuntamiento ha intentado durante los últimos meses renegociar con los bancos que otorgaron el crédito a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Mientras tanto, explicó Puente, el pasado 14 de abril el portavoz de los populares, José Antonio Martínez Bermejo, comparó la firma para la novación del préstamo con la carta de conformidad firmada por León de la Riva. Para el alcalde, Martínez Bermejo actúa como “un bombero pirómano”.

“A partir de ahora, sin contemplaciones, por todas las vías posibles”, anunció Puente que, a pesar de todo, lamentó las consecuencias que ello puede traer para León de la Riva, fuera de la política por sentencia judicial y que está “lógicamente preocupado”.

Sería la segunda vez que se sienta en el banquillo, después de que el año pasado se le condenase por desobediencia  al no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afectaba al céntrico edificio donde vive. La condena, de 13 meses de inhabilitación, llegó en plena campaña electoral. Sin embargo, el contar con antecedentes no influiría si se produjese un nuevo fallo en su contra, ya que los hechos a enjuiciar datan de 2011, mientras que la sentencia de inhabilitación adquirió firmeza en 2015.

Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es tipificarían la actuación de León de la Riva como delitos de prevaricación y falsedad documental, ya que la carta asumía como efectuadas acciones que nunca se llevaron a cabo.

Puente precisó que el equipo de Gobierno –el tripartito formado por PSOE, Valladolid Toma La Palabra y Valladolid Sí Se Puede– intentó evitar esta medida: “Me debo a la ciudad de Valladolid, a defender la economía de este Ayuntamiento. Lo siento enormemente, no pueden saber hasta qué extremo, porque por encima de mi relación con Javier León de la Riva, está el interés público, y no estamos hablando de cuatro pesetas, sino de 100 millones de euros”.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento aconsejan anular la carta de conformidad en el ámbito administrativo y acudir a los tribunales porque “es imprescindible como refuerzo ante las entidades de crédito”. El regidor explicó en que tiene que quedar claro que el documento que firmó León de la Riva “no es una decisión meramente ilegal, sino que es algo más”, y añadió que “el asunto no es bonito”.

La documentación no pasará por Fiscalía sino que se formulará denuncia directamente en el juzgado con la aportación de un informe de la asesoría jurídica municipal, “sin apuntar responsables”, aunque la única firma de la comfort letter es la de León de la Riva.

Si hace más de un año la suma de una presunta malversación de fondos por parte del jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid superaba los 11 millones de euros, la cuenta sigue aumentando. El alcalde socialista, Óscar Puente, ha informado de un nuevo giro en la trama que investiga el juzgado de Instrucción número 4. Luis Alberto Samaniego, jefe de mantenimiento hoy jubilado, se había autoadjudicado obras en guarderías municipales, centros cívicos y propiedades municipales desde que accedió al cargo en el año 2000.

A través de un entramado de sociedades en las que figuraban familiares, todas las obras pasaban por la 'caja Samaniego'. El caso, que explotó en mayo de 2014 cuando el PSOE solicitó al equipo de Gobierno (PP) un listado de adjudicaciones, ha revelado una trama en la que, hasta el momento, sólo aparecía Samaniego y en la que el equipo de Javier León de la Riva aseguraba no tener nada que ver. Afloraron desde entonces más de 400 facturas de obras sin certificar, presupuestos inflados en más de 300.000 euros e incluso trabajos pagados que nunca se llegaron a realizar.

Sin embargo, la investigación podría dar un vuelco: Samaniego no siempre actuó de forma autónoma. Según informó Óscar Puente, el Ayuntamiento (en su etapa León de la Riva) llegó a pagar 300.000 euros a la familia Samaniego por el alquiler de dos naves entre 2002 y 2007, para guardar vehículos y maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza.

En concreto, la nave 4 del número 11 de la calle Topacio, se alquiló en 2002 mediante un proceso de contratación en trámite “de urgencia”. El Ayuntamiento invitó a cuatro empresas y sólo tres presentaron ofertas, y estas pertenecían a la familia Samaniego. El contrato se adjudicó a Transportes Vallisoletanos S.A, y lo firmó su representante legal, Jesús Samaniego Lobón, (hijo del jefe de mantenimiento del Ayuntamiento) y el entonces alcalde, Javier León de la Riva. Si el apellido del arrendador le sonaba o no, es una incógnita. El alquiler se prorrogó cada año. Se pagaron 130.000 euros.

Un año antes se había alquilado la nave 6, al lado de la anterior. Se hizo también mediante el trámite de urgencia y fue el jefe de Limpieza, hoy jubilado, quien propuso invitar a tres empresas, ninguna de ellas del entramado Samaniego, hasta que alguien la añade en bolígrafo, y es precisamente la que acaba quedándose con el contrato: San Cristóbal de Arrendamientos Seis S.L, representada por Jesús Samaniego. Por este alquiler se pagaron 168.000 euros.

Puente destacó el “papel decisivo” de la Concejalía de Administración y Recursos, a cargo de Jesús Enríquez, puesto que es este último quien resuelve las prórrogas de los contratos de alquiler de las dos naves, una de las cuales contaba con un informe desfavorable emitido por la Intervención Municipal.

El actual alcalde comentó, además, que no descarta retirar a Jesús Enríquez de la Comisión de Seguimiento y Control.

La respuesta de Enríquez, a través de un comunicado, no se ha hecho esperar. Enríquez tacha de “difamación” lo afirmado por Puente. “Los contratos denunciados por el señor Puente fueron firmados en 2001 y 2002, y el señor Enríquez tomó posesión como concejal –por vez primera- en junio de 2003. En cuanto a las prórrogas de esos contratos que se autorizaron con posterioridad, todas fueron propuestas por la dirección del servicio de limpieza”, asegura el PP en un escrito.

Es más, el Grupo Popular Municipal acusa a Puente de “tratar de aniquilar a la oposición” para “tratar de anular cualquier crítica de su mala gestión, que ha tenido en el festival de la moto de este fin de semana su última entrega. No se han cumplido ninguna de las previsiones del Sr. Puente sobre el número de inscritos ni de participantes”, señalan.

Mientras el gabinete jurídico municipal prepara la ampliación de la denuncia, Puente espera que la situación procesal del caso avance, ya que en la actualidad lo instruye un juez sustituto “al que se renueva el contrato cada 29 días”. La investigación pasa por analizar la docena de empresas de las que se valía Samaniego y la documentación recuperada por la Policía Judicial en su despacho del Ayuntamiento. Lo que nunca se podrá saber es qué contenía la numerosa documentación que paso por dos trituradoras a lo largo de tres días, según denunció un antiguo empleado.

El Ayuntamiento tripartito de Valladolid (PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Valladolid Sí se Puede) descubre ahora la herencia del exacalde Javier León de la Riva(PP), especialmente en el área de Urbanismo, la más tocada por los tribunales. La última sorpresa ha llegado al asistir el concejal Manuel Saravia a la Asamblea General del Área Homogénea Las Riberas y conocer el informe final de las cuentas. Se ha encontrado con gastos que superan los 30.000 euros en restaurantes y con “una cuenta disparatada” por la redacción y gestión de los documentos urbanísticos: más de 3,7 millones de euros por el Plan Parcial y el Plan de Actuación.

Las cuentas no salen. “Un plan de actuación en una superficie similar nos ha costado 33.000 euros, así que parece que en Las Riberas el precio se ha inflado 100 veces, habrá que estudiarlo”, explicó a eldiario.es. Pero, además, hay otro detalle llamativo. “Por ley, el Ayuntamiento debe estar presente en todas las reuniones, y ni los concejales de Urbanismo del PP, Manuel Sánchez y Cristina Vidal, acudieron a una sola, ni delegaron”. Vidal fue, según León de la Riva, la responsable de ejecutar la sentencia por la que finalmente él fue inhabilitado el pasado mes de mayo.

Aunque el exregidor es conocido por su incontinencia verbal casi siempre en forma de exabruptos hacia las mujeres, es el funcionamiento de Urbanismo lo que ha sido cuestionado por los tribunales. A la inhabilitación de León de la Riva se suma el juicio que se señalará próximamente por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana y en el que se sentarán en el banquillo el exconcejal José Antonio García de Coca, además de funcionarios de la Concejalía, constructores y promotores. El propio León de la Riva llegó a estar imputado pero la Audiencia Provincial estimó su recurso.

Mientras los juzgados y la Fiscalía trabajan, el PSOE y las marcas blancas de IU y Podemos siguen encontrando esqueletos en los armarios municipales. “Los propietarios y los promotores del área hacían y deshacían a su antojo sin que nadie del Ayuntamiento estuviese en las reuniones. Ha habido dejación de funciones”, aseguró Saravia. El nuevo equipo de gobierno, por el contrario, ha decidido estar presente en todas las reuniones convocadas por las distintas juntas de compensación creadas en el municipio, ejerciendo en ellas la tutela y control de la gestión, algo que hace en los últimos meses.

Entre sus tareas está el control de gastos, y en ese sentido, Saravia anunció que no aprobará ninguna cuenta que incluya gastos de restaurantes u otros gastos de tipo suntuario (costosos y prescindibles, por tanto) que no cuenten con una “clarísima justificación” que los haga inevitables. De momento, intenta obtener explicaciones sobre los 37.699,13 euros que la Junta de Compensación de Las Riberas gastó en nueve restaurantes entre los años 2010 y 2013. “No tenemos las facturas, sólo el concepto con el nombre de los restaurantes. No sabemos quiénes fueron, por tanto, pero pediremos los detalles. No se entiende un gasto así y menos en plena crisis”, avanzó el edil.

Urbanismo entiende que ha de tutelar el funcionamiento de las juntas, puesto que en algunos casos, como este, también corre con parte de los gastos. Entre noviembre de 2010 y marzo de 2013, ha aportado 16.009 euros. En consecuencia, su voto en la Asamblea de Las Riberas que se ha celebrado este martes, ha sido negativo.

Las juntas de compensación son entidades urbanísticas colaboradoras de carácter administrativo y aprobadas por el Ayuntamiento, formadas por los propietarios de un determinado ámbito de planeamiento para participar en su gestión.