Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, está trabajando desde ayer miércoles en la reparación de una avería detectada en el ramal que abastece al municipio de Torija junto al bombeo de Rebollosa de Hita, dentro del sistema de abastecimiento de La Muela (Guadalajara).

El director-gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha explicado hoy que la incidencia fue detectada el miércoles junto al bombeo de Rebollosa de Hita y que los trabajos de reparación han presentado “una especial complejidad” debido a las características de la avería, localizada en una zona con más de un metro y medio de hormigón y junto a un bombeo de gran presión.

Sobrino ha señalado que, una vez avanzados los trabajos, está previsto reanudar el servicio de abastecimiento en alta a Torija, “siempre que la evolución de las actuaciones permita completar la reparación con todas las garantías”.

Cisternas para minimizar las afecciones

Durante el tiempo que se prolonguen los trabajos, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Diputación de Guadalajara, ha trasladado cisternas de agua tanto al depósito municipal como al polígono industrial de Torija, con el objetivo de minimizar los problemas de presión y caudal derivados de la incidencia y atender las necesidades de la población y de las empresas.

El director-gerente ha querido poner en valor que la prioridad durante toda la intervención ha sido recuperar el servicio con las máximas garantías y reducir al mínimo posible las afecciones a los vecinos y al tejido empresarial de Torija.

“Sabemos que cualquier incidencia en el abastecimiento genera molestias y preocupación, especialmente cuando afecta a hogares y empresas. Por eso, además de trabajar en la reparación, hemos puesto a disposición los medios necesarios para minimizar las afecciones mientras se recupera el servicio por lo que quiero agradecer la colaboración de la Diputación de Guadalajara”, ha añadido Sobrino.

Esta incidencia se ha producido en el sistema antiguo, puesto que Infraestructuras del Agua lo gestiona desde el pasado 1 de octubre, y en breve comenzarán las obras para la sustitución de todo el ramal por una nueva conducción de 125 milímetros.

El Ayuntamiento de Codo, en la provincia de Zaragoza, ha suspendido temporalmente la declaración de interés público de cuatro macrogranjas porcinas después de que el alcalde, Raúl Cuevas (PP), haya rectificado su participación en el procedimiento y acordado abstenerse. Cuevas, que además es diputado en el Congreso, había votado inicialmente a favor pese a que tres de las explotaciones se proyectan sobre terrenos que pertenecen a su madre y un tío.

El cambio se ha producido después de que el único concejal socialista del municipio, Juan Villuendas, impugnara el acuerdo adoptado por el pleno extraordinario del pasado 4 de septiembre y cuestionara la intervención del alcalde por la existencia de intereses familiares. Aunque, según su testimonio, el alcalde hizo caso omiso de su advertencia sobre la necesidad de abstenerse, las posteriores notas simples registradas por el edil socialista provocaron la reacción de la secretaria municipal, que terminaron con una resolución de Alcaldía del 25 de septiembre. En ella se recoge finalmente la abstención de Cuevas y se suspende temporalmente la declaración de interés público hasta que el asunto vuelva a ser valorado por el pleno, previsiblemente dentro de un mes si es una sesión ordinaria, además de contemplar la remisión del expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

La controversia sobre los terrenos se suma a otra circunstancia que ha provocado preocupación entre parte de los vecinos: la enorme demanda de agua prevista para las explotaciones en una localidad de apenas 200 habitantes que desde 2023 no dispone de agua de la red apta para beber o cocinar.

Los cuatro proyectos, promovidos por Explotaciones Ganaderas Estiche, perteneciente al grupo Cincaporc, consumirían en conjunto unos 100,6 millones de litros de agua al año, según los cálculos de Stop Ganadería Industrial a partir de la documentación de las propias explotaciones. La organización estima que esa cantidad multiplica por más de ocho el consumo correspondiente a la población de Codo.

Los vecinos llevan tres años recurriendo al agua embotellada. El Ayuntamiento distribuye siete garrafas de cinco litros por cada persona empadronada, aunque el portavoz socialista asegura que la cantidad resulta insuficiente y obliga a las familias a comprar más agua para cubrir sus necesidades. De hecho, el edil denunció ante la fiscalía hace aproximadamente siete meses que, además de no contar con el suministro de agua potable, el servicio seguía cobrándose a los vecinos.

La implantación de las granjas, a su juicio, “se va a primar el consumo de la granja, desoyendo nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones y agotando la poca agua que tenemos”, sostiene Villuendas.

Tres parcelas de familiares y una municipal

Las cuatro instalaciones se repartirían entre otros tantos emplazamientos del término municipal. Según la información facilitada por el PSOE de Zaragoza, una de las parcelas es propiedad del Ayuntamiento y las otras tres pertenecen a la madre y un tío del alcalde.

Para los terrenos municipales, siempre según esta versión, se había negociado con la empresa un alquiler de 4.000 euros mensuales. En esta parcela, la de menor capacidad de las cuatro, se proyecta una explotación de cebo para 6.000 cerdos. El PSOE asegura que el alcalde manifestó en el pleno desconocer quiénes eran los propietarios de los otros tres terrenos, así como los posibles acuerdos económicos alcanzados para su utilización, pese a que, según el edil socialista, pertenecen a su madre y a un tío. En otra de las parcelas se prevé un segundo cebadero con capacidad para 7.200 animales, mientras que las dos explotaciones restantes estarían destinadas a la producción de lechones, con cerdas reproductoras, y tendrían una capacidad de 864 UGM (unidades de ganado mayor) cada una.

Fue precisamente esta vinculación la que llevó a Villuendas a cuestionar durante el pleno la participación de Cuevas. El PSOE sostiene que la existencia de intereses personales obligaba al alcalde a abstenerse y abandonar el salón durante la deliberación y votación para garantizar su imparcialidad.

Cuevas participó, sin embargo, en aquella primera votación. El pleno está integrado por el alcalde, otros tres concejales del PP y un edil socialista desde que la población bajara de 7 a 5 concejales al perder población. La declaración de interés público salió adelante en una sesión extraordinaria convocada para tratar asuntos cuya aprobación, según la convocatoria municipal, no podía demorarse hasta un pleno ordinario.

Tres semanas después, la resolución de Alcaldía ha modificado el criterio inicial y recogido la abstención del alcalde, dejando temporalmente en suspenso la declaración.

Más de 22.000 animales

La dimensión de las explotaciones constituye el otro elemento del conflicto. Los proyectos contemplan dos macrogranjas de cebo con capacidad para 6.000 y 7.200 animales y otras dos dedicadas a la producción de lechones, con 864 unidades de ganado mayor (UGM) cada una.

Stop Ganadería Industrial señala que tres de las cuatro instalaciones se sitúan en el límite máximo de capacidad permitido para este tipo de explotaciones en suelo rústico. En conjunto, el PSOE cifra en más de 22.000 los animales que podrían estar estabulados simultáneamente.

La coordinadora calcula además que las cuatro explotaciones generarían unos 64,2 millones de litros de purines cada año. A ello se añaden las emisiones derivadas de la actividad ganadera. La organización alerta especialmente del riesgo que supondría incrementar la carga de nitrógeno sobre un territorio que ya arrastra problemas con la calidad de su agua.

Dos de los emplazamientos elegidos (la parcela municipal y otra privada) se encuentran, además, según el PSOE, dentro de espacios incluidos en la Red Natura 2000, con figuras de protección ambiental como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El tratamiento de los residuos constituye otra de las incógnitas planteadas por la oposición municipal. Villuendas asegura que la planta de biogás prevista para transformar los desechos no estará construida cuando entren en funcionamiento las explotaciones y cuestiona cómo se gestionarán inicialmente los purines.

La declaración de interés público resulta especialmente relevante porque permite autorizar determinados proyectos en suelo rústico o no urbanizable en los que, con carácter general, existen restricciones urbanísticas. Stop Ganadería Industrial ha reclamado al Ayuntamiento que haga pública toda la documentación utilizada para justificar esta consideración.

Poco empleo

La organización sostiene asimismo que, por tratarse de instalaciones altamente automatizadas y gestionadas directamente por una gran integradora porcina, la creación de empleo sería reducida. El PSOE cuestiona igualmente que el proyecto pueda presentarse como una iniciativa contra la despoblación y la creación de empleo y defiende que el valor añadido generado por las explotaciones apenas repercutiría en el municipio, sino en los titulares de los terrenos donde se instale. El municipio zaragozano cuenta con una población censada de 250 vecinos, de los que residen continuamente unos 70, con una edad media de 70 años, por lo que no hay personas en situación de desempleo.

La polémica se produce en una provincia en la que la ganadería porcina ha experimentado una fuerte expansión durante las últimas dos décadas. Según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por Stop Ganadería Industrial, la capacidad porcina autorizada en Zaragoza pasó de 1,7 millones de cabezas en 2005 a 3,1 millones en 2025, un incremento del 81,5%.

Por el momento, el proyecto no ha desaparecido. Lo que queda suspendido es el acuerdo municipal para declararlo de interés público. La cuestión tendrá que volver al pleno, esta vez sin la participación del alcalde en la decisión, con el que este diario no ha podido contactar para obtener su versión de los ehecho. Mientras, continúa la tramitación ambiental y crece el debate en Codo sobre el coste que pueden tener cuatro grandes explotaciones porcinas para un municipio que, antes de garantizar agua a los animales, lleva tres años sin poder garantizar agua potable del grifo a sus vecinos.

Este miércoles se producía una avería por reventón en la red de abastecimiento situada en la calle Río Estenilla, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. Debido a la distribución de la red en esta zona, ha sido necesario cerrar numerosas válvulas, lo que está haciendo que el proceso de reparación sea más largo de lo previsto.

La concejala de Obras y Servicios Públicos, Loreto Molina, ha explicado que la ubicación de la rotura y las características de la tubería han obligado a cerrar numerosas válvulas para poder acotar la incidencia. Esta circunstancia hizo que el agua continuara manando por la calzada durante el tiempo necesario para completar el cierre de la red.

Varios de los accesos al lugar, en el entorno del hospital de Toledo han tenido que se cerrados al tráfico. Desde FACSA, la empresa que gestiona el servicio de agua, informan de que la avería no implica cortes de agua para los vecinos. No obstante, los trabajos de reparación se prolongarán hasta mediados de la próxima semana y afectarán al tráfico en la zona, así como a determinadas rutas de autobús.

Se recomienda a las personas que trabajan en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) que, debido a las obras en calles río Estenilla con río Guadiana, y que dejan su coche en el parking de empleados del propio hospital tienen que entrar por vía Tarpeya.

Mientras duren las obras de reparación que se han prolongado durante la noche, así queda el recorrido de las líneas de autobús que discurren por la zona.

Línea 62

En el trayecto Zocodover - Benquerencia, el autobús circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Alberche, Río Valdeyernos (parada provisional en esquina con Río Fresnedoso) y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias, Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad y calle río Fresnedoso.

En el trayecto Benquerencia - Zocodover, el autobús circula por Río Estenilla, Río Guadalmena, Río Henares y sigue recorrido habitual. La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 91

En el trayecto Buenavista- Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

En el trayecto Benquerencia - Buenavista,circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual.

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 92

En el trayecto Buenavista - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Alberche, Río Valdeyernos (parada provisional en esquina con Río Fresnedoso) y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias, Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad y calle río Fresnedoso.

En el trayecto Benquerencia - Buenavista, circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual.

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Línea 94

El autobús circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

Línea 32

Circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena, Río Portiña y sigue recorrido habitual.

Búho 2

El trayecto Zocodover - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

Entre Benquerencia - Zocodover,circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

Búho 3

El trayecto Valparaíso - Benquerencia, circula por calle Río Guadalimar (parada provisional en Sescam), Río Guadalmena y sigue recorrido habitual.

Las paradas fuera de servicio son las correspondientes a Urgencias y Hospital Universitario, frente residencia de la tercera edad.

El trayecto Benquerencia - Valparaíso circula por Río Guadalmena y Río Henares y sigue recorrido habitual

La parada fuera de servicio es la que se sitúa en la residencia de la tercera edad.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido una fórmula por la cual el mundo urbano pueda empezar a pagar los “beneficios” que recibe del medio rural, algo que ha venido a llamar “externalidades ambientales”.

Durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural organizado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) en Sigüenza (Guadalajara), Martínez Guijarro ha deslizado que “habría que cuantificar los beneficios” que el medio rural da al medio urbano.

Y es que entiende que “la gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua”. “Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio”, ha agregado, precisamente días después de que el Gobierno de Emiliano García-Page haya anunciado que argumentará su rechazo a ceder más agua del río Sorbe -en la cuenca del Tajo- a la Comunidad de Madrid, porque se necesita para el desarrrollo de Guadalajara.

La gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua. Eso no lo pueden pagar solo sus vecinos

“Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas... unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano”, ha insistido, planteando que esta discusión se ponga “encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental”, según recoge Europa Press.

Hay más población en Sigüenza, “toca garantizar servicios”

En el mismo foro, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado cómo los últimos años han servido en Castilla-La Mancha para ver cómo se están incrementando los habitantes en zonas rurales, si bien ha avisado que todo el trabajo realizado necesita ahora ser rematado. “Ahora toca garantizar servicios”.

Ha sido durante la intervención con la que ha aperturado el II Foro de Desarrollo Rural que se celebra en el Parador Nacional de Sigüenza bajo el lema 'El avance del medio rural', donde representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores y responsables de Grupos de Desarrollo Rural se dan cita para avanzar en las líneas maestras a ejecutar en el corto plazo para seguir dando pasos hacia una repoblación real

Merino, como anfitriona, ha exhibido cómo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma están creciendo en los últimos años, poniendo como ejemplo el caso de ADEL Sierra Norte, la agrupación local que preside, “que en los últimos seis años ha crecido un 13%”.

En todo caso, quedan “cosas por hacer”, decía, y ahora que se consigue que la gente vuelva a vivir a los pueblos, el reto es “garantizar todos los servicios”, unos servicios que “cuestan más en el medio rural”.

Ese es el objetivo de este encuentro, poner cosas en común de cara a “avanzar en el siguiente paso a dar, que los municipios pequeños puedan sacar las cosas adelante” ahora que tienen “las ideas” e incluso “el dinero”.

En este punto, ha ansiado que en el próximo marco financiero a nivel presupuestario en torno a los Fondos Leader se pueda seguir acaparando fondos. “Si cambia el marco, los perjudicados serán nuestros pueblos”.

En su grupo de Acción Local, con esos fondos, ya se han puesto en marcha hasta 27 viviendas, uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa seguntina de los avances experimentados en las zonas rurales.

Para Merino, la “ilusión y el optimismo”, unido a las “ganas”, hacen que los “problemas identificados” puedan atajarse en el corto plazo.

“Espero que en esta jornada podamos hacer frente a estos problemas, que salgan propuestas y compromisos. Hoy reitero esa petición, todavía nos quedan cosas por hacer, mantengamos lo que funciona y mejoremos lo necesario”, ha rematado su intervención.

Jesús Ortega: “Sin medio rural no hay vida”

El presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, también ha participado e el evento ante un auditorio que “representa a 5,7 millones de personas” que viven en zonas despobladas de España y en pueblos de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha verbalizado en su intervención.

Hay, ha alertado, un 61% de pueblos de menos de mil habitantes en España, “un dato importante a tener en cuenta” que a veces eclipsa el “enorme potencial” del medio rural.

“Sin medio rural no hay vida. No hay agua, no hay alimentos. El medio rural necesita que se le tenga en cuenta con leyes y fiscalidad adaptadas a la realidad de nuestros municipios”, ha abundado.

Por eso, este foro es “una llamada de atención” ante todos esos aspectos, intentando ser un espacio para “poner en valor el gran trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural”, que son “quienes mejor conocen las posibilidades de sus territorios”.

A este evento se han acreditado cerca de mil personas procedentes de toda España, representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación, además de jóvenes estudiantes.

La despoblación, el futuro de Leader, las posibilidades que ofrece el medio rural y el importante papel que juegan los Grupos de Desarrollo Rural son algunos de los asuntos que se abordarán en la jornada en una cita organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara (ADAC, Adasur, ADEL Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo).

El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, David Gómez, ha dado a conocer hoy que el sondeo en busca de agua que se ha abierto en la localidad de Retamoso de la Jara está dando “resultados satisfactorios”. Una iniciativa para buscar el recurso que inicio el Gobierno regional después de que este verano se haya hecho patente la “emergencia”, según reconoce el propio Ejecutivo castellanomanchego, que sufren municipios en en entorno del río Pusa.

En concreto son ocho los pueblos con este problema y algunos carecen de pozos alternativos tras agotar sus reservas en la captación del embalse gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Pusa.

Durante la visita al sondeo de Retamoso de la Jara, el delegado ha explicado que los trabajos continuarán en los próximos días en San Martín de Pusa y ha resaltado “la actuación coordinada que está desarrollando el Gobierno regional” para atender una situación que afecta de manera diferente a los municipios integrados en la mancomunidad.

Las administraciones competentes en suministro deben ayudar

En este punto, ha añadido, reclama la “implicación de todas” las administraciones y sobre todo “aquellas cuyo papel, según la ley, es el apoyo a los pequeños municipios en el suministro de algo tan capital, tan fundamental, como es el suministro de agua”, en alusión a la Diputación Provincial, aunque sin citarla de forma expresa.

Las competencias en materia de abastecimiento de agua corresponde a las administraciones locales. Mientras tanto, David Gómez se ha mostrado optimista sore la situación concreta en Retamoso de la Jara. “El sondeo que hemos realizado está dando resultados satisfactorios para solventar la situación actual, para poder afrontar el futuro con optimismo dentro del plan a corto, medio y largo plazo que se está realizando desde el Gobierno regional para solucionar este problema”, ha indicado.

David Gómez, quien ha visitado los trabajos junto al alcalde del municipio, Álvaro Rivera, el presidente de la Mancomunidad del Pusa, Esteban Benito, y responsables técnicos de la Dirección General del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha destacado que la solución a la situación de emergencia “pasa por inversiones como las que ha puesto en marcha el Gobierno regional que van a permitir disponer de recursos alternativos”.

El convenio suscrito entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el municipio de Retamoso de la Jara para la ejecución de estas actuaciones cuenta con una inversión de más de 31.817 euros cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha (2021-2027), y es fruto de la colaboración con los ayuntamientos y con la Mancomunidad del Pusa para dar “una respuesta eficaz” a los 1.500 vecinos afectados.

Los sondeos de emergencia forman parte de las actuaciones que se suman al dispositivo de emergencia que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha desplegado tras la petición de la Mancomunidad del Pusa, responsable de la gestión del abastecimiento.

Recientemente, se han incorporado medios del Plan INFOCAM para suministrar agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales, así como el que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM) mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado explícitamente hoy su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe al madrileño Canal de Isabel II, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El runrún sobre esta cuestión lleva semanas sobre la mesa, después de que Ecologistas en Acción hiciera pública su intención de alegar contra las intenciones del organismo, el pasado mes de agosto.

“El Sorbe no nos sobra”. La contundente afirmación la realizaba el secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban, tras conocerse el interés de la vecina Comunidad de Madrid en reclamar más agua de este afluente del río Henares, que nace en la Sierra Norte de la provincia, noticia en las últimas semanas por el trágico incendio de La Mierla.

Días después, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, diputado por Guadalajara, Pablo Bellido, insistía en que el agua del río Sorbe, que discurre íntegramente por la provincia y que ya se deriva en parte a Madrid, hace falta para el desarrollo económico de Guadalajara.

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es además alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), mantuvo una reunión con el presidente de Canal de Isabel II, Carlos Novillo, y su consejero delegado, Mariano González, para conocer la situación administrativa del expediente relativo al aprovechamiento de recursos hídricos del río Sorbe desde el azud del Pozo de los Ramos, desde el que sale agua para abastecer a la vecina región.

Este azud se encuentra en el cauce del río Sorbe, entre la sierra de Ayllón y la sierra de Alto Rey, y trasvasa parte del caudal del río hasta el canal del Jarama a través de un túnel de 6,5 metros cúbicos por segundo. “La aportación media anual del río en este punto es de ciento sesenta y dos millones de metros cúbicos”, según la propia web del canal. Esta pequeña presa está en Tamajón (Guadalajara) y se abrió en 1972 con el objetivo de dar servicio, precisamente, a Madrid.

Los responsables del Canal de Isabel II detallaron durante el encuentro con la presidenta de los municipios mancomunados en torno al río Sorbe que el objetivo ahora es “la regularización de un aprovechamiento que se viene realizando desde hace más de cincuenta años y que, a su juicio, no supondría un incremento de los recursos utilizados”.

Judith Piquet, según el comunicado emitido por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, mantiene que esa decisión corresponde “administrativamente” a la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo de cuenca que tiene atribuidas este tipo de competencias.

Y en todo caso, la mancomunidad detalló durante este encuentro que también está pendiente de solicitar una ampliación de su concesión “para adaptarla al crecimiento de los municipios abastecidos, después de que el consumo alcanzara en 2025 los 45 hm³ frente a los 44 hm³ asignados en el Plan Hidrológico vigente”. En todo caso, la alcaldesa alcalaína, del PP y una de las más firmes aliadas de Isabel Díaz Ayuso, apostó por un diálogo institucional “directo con todas las administraciones y entidades implicadas”.

Son trece los municipios mancomunados con Alcalá de Henares, Guadalajara y Azuqueca de Henares, como los más poblados, aunque también se abastece a otros que no pertenecen a la citada mancomunidad de aguas.

“No nos sobra ni una gota de agua”, dice Castilla-La Mancha

Hoy la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha explicado que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado Gómez a preguntas de los medios, en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' celebrado hoy en Marchamalo, según recoge Europa Press.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego dicen tener “clarísimo” que “hay necesidades que se tienen que cubrir primero aquí, en esta provincia”, además de evaluaciones ambientales y recursos naturales que se pueden ver afectados.

En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Además, añadía, independientemente de que en la planificación hidrológica sí que existe una “puntualización” que contempla que “podría haber una reserva de unos determinados hectómetros para esta concesión”, la consejera ha señalado que “la ley está por encima de lo que pueda decir en ese ámbito la planificación”, porque deben estar “cubiertas las necesidades y los recursos necesarios en este caso en la provincia de Guadalajara”.

Desde su punto de vista, “ese hecho no se da. En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes”.

Además, añadía “probablemente haya que hacer unas nuevas infraestructuras hidráulicas” para abastecimiento, “en el caso hipotético de que haya concesión de 50 hectómetros” y en este aspecto, aclaraba, la Junta de Castilla-La Mancha no está dispuesta “a dar el visto bueno desde el punto de vista de evaluación ambiental”.

“Por lo tanto, son dos hándicaps muy importantes, aunque para mí el más importante es que si los recursos hídricos no están garantizados en la provincia de Guadalajara, no nos sobra ni una sola gota de agua”, ha rematado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de una reserva estratégica de agua para que Castilla-La Mancha pueda asegurar el abastecimiento, el desarrollo y la cohesión territorial, especialmente en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre los recursos hídricos. Ha aludido, en particular, a las altas temperaturas que se mantienen en este mes de septiembre, incluso con la llegada del otoño.

La disponibilidad de agua y su garantía de futuro constituyen “uno de los principales retos” para Castilla-La Mancha, según la consejera, ante un recurso cada vez más limitado por los efectos del cambio climático.

El papel de la Confederación del Tajo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, que ha coincidido hoy con la consejera castellanomanchega en Guadalajara, se ha referido a esta cuestión y ha aclarado que para decidir son precisos informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid y del Estado.

Ha incidido en que se han solicitado informes a las autoridades competentes en materia ambiental y “el expediente evolucionará”, ha afirmado, para precisar después que, “ante la falta de respuesta de alguna de las administraciones, ese informe se archiva”.

El PSOE buscará que PP y Vox se retraten

En paralelo, la portavoz del Gobierno en la Diputación de Guadalajara, Sabrina Escribano, ha propuesto a los portavoces de PP y Vox incluir en el pleno de este jueves una declaración institucional que muestre un posicionamiento político “común” de defensa del agua del Sorbe para abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la Mancomunidad Campiña Baja y Mancomunidad La Muela (43 municipios de Guadalajara y la localidad madrileña de Alcalá de Henares).

Esta declaración institucional supondría, según los socialistas, mostrar una postura común de todos los grupos representados en la institución provincial, para rechazar que se detraiga más agua del río.

Sin embargo, los representantes del PP y de Vox en la Diputación de Guadalajara se han negado a aceptar que dicha declaración institucional se incluya en el pleno de la Diputación que se celebra mañana, 24 de septiembre.

En todo caso, la portavoz del equipo de Gobierno ya ha anticipado a sus homólogos de los dos grupos de la oposición que aunque rechacen apoyar esta declaración institucional, este mismo texto será presentado en forma de moción en el siguiente pleno.

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha vuelto a criticar este viernes que la Comunidad de Madrid pretenda “subordinar los intereses hídricos de la provincia a los suyos propios”, tras reclamar el doble del agua que actualmente recibe del río Sorbe, en la cuenca del Tajo, cuyo cauce discurre íntegramente por Guadalajara hasta desembocar en el río Henares.

Bellido acusa el Partido Popular local de “plegarse a esa estrategia en detrimento de Guadalajara”, algo que considera una “traición” a la provincia.

“La Comunidad de Madrid está empeñada en extraer hasta la última gota del agua del Sorbe, del agua que necesitamos para el desarrollo de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado, para pedir que la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, “por una vez defienda los intereses de Guadalajara en lugar de actuar al servicio de la dirección regional del PP”.

La Comunidad de Madrid está empeñada en extraer hasta la última gota del agua del Sorbe, del agua que necesitamos para el desarrollo de la provincia de Guadalajara

Pablo Bellido — Secretario General del PSOE en Guadalajara

El dirigente socialista ha subrayado que lo que está en juego “no es una cuestión menor” porque frente a quienes, a su juicio, conciben la provincia como “una especie de dormitorio de Madrid”, él contrapone “el proyecto defendido por el PSOE, que pasa según ha dicho por ”una Guadalajara viva, una Guadalajara dinámica, una Guadalajara con futuro, y eso pasa porque nuestros agricultores y ganaderos tengan agua, porque nuestro turismo esté garantizado y porque las industrias que se quieran instalar aquí tengan garantías de energía y de agua“.

Bellido, además, ha lamentado la postura de las alcaldesas de Guadalajara, Ana Guarinos, y de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ambas del PP, en lo que tiene quever con la gestión del agua de la provincia de Guadalajara que se envía hacia la Comunidad de Madrid.

En este punto ha calificado de “paradoja” de que la regidora alcalaína, presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que gestiona los recurso del río de la cuenca del Tajo, sea a la vez vocal de la directiva del Canal de Isabel II. “Nos está probablemente haciendo una trampa para que los intereses de Guadalajara queden absolutamente al servicio de la Comunidad de Madrid”, ha advertido.

La presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y alcaldesa de Alcalá de Henares nos está probablemente haciendo una trampa

Pablo Bellido — Secretario general del PSOE de Guadalajara

“El PP de Guadalajara no aprende. Sigue subordinando los intereses de esta provincia a los de sus colores políticos”, ha afirmado el propio Bellido, y cree que los 'populares' anteponen la disciplina de partido a la defensa de la provincia en materia de agua.

“Si nos habíamos acostumbrado a las traiciones del PP en materia de agua con Guadalajara y con Castilla-La Mancha, si Paco Núñez y Guarinos ya habían demostrado muchas veces con el Tajo que nos traicionaban, que nos apuñalaban, cada vez que otras regiones querían saquear nuestra tierra y empobrecernos; ahora sorprendentemente vuelve a suceder, pero ya no solamente con el Levante, sino con la Comunidad de Madrid”.

Además, el secretario general socialista ha reclamado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúen “con determinación” en la nueva regulación en materia hídrica tanto sobre el trasvase Tajo-Segura, así como para que se aseguren las necesidades de la provincia en la cuenca del Sorbe.

“Vamos a pelear, vamos a dejarnos la piel todos y todas”, ha concluido, indicando que es “una mala tarjeta de presentación” que la alcaldesa de Guadalajara haya optado por “ponerse otra vez al servicio de Ayuso, al servicio de Núñez, traicionando a Guadalajara”.

Sergio Gutiérrez exige que “el PP deje de robarnos nuestra agua”

El líder de los socialistas en Guadalajara realizaba estas declaraciones durante una comida organizada por el PSOE coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la capital a la que ha acudido el secretario de Organización de PSOE castellanomanchego.

Sergio Gutiérrez ha avanzado un encuentro en los próximos meses “para exigir al PP que deje de robarnos nuestra agua y de comprometer nuestro futuro, en este caso, del agua del Sorbe a la Comunidad de Madrid”.

Las ordenanzas fiscales de Zaragoza para 2027 vuelven a poner el foco sobre el coste de algunos de los servicios más cotidianos. El abastecimiento de agua y la recogida de residuos subirán un 2,5%, mientras determinadas tarifas del estacionamiento regulado aumentarán entre un 20% y un 100%. A ello se suman nuevos conceptos de cobro en el Cementerio de Torrero.

Los cuatro incrementos porcentuales cuantificados para 2027 arrojan una subida media del 31,25%. A estos incrementos se añaden los nuevos conceptos de cobro previstos en el Cementerio de Torrero, para los que no se establece un porcentaje de subida comparable.

Zaragoza en Común ha centrado sus críticas no solo en los incrementos, sino también en los costes que sirven para justificarlos. La formación sostiene que el Gobierno municipal utiliza en algunos servicios previsiones presupuestarias superiores al gasto que finalmente se ejecuta y que esas cantidades previstas terminan sirviendo como referencia para determinar lo que pagan los usuarios.

El ejemplo más significativo que aporta ZeC corresponde al abastecimiento de agua, tasa que acumula un aumento de la recaudación del 32,3% desde 2018, equivalente a 7,4 millones de euros adicionales.

Según sus datos, en 2025 se presupuestaron 1,2 millones de euros para conservación y reparación de agua potable, pero el gasto ejecutado ascendió a 491.521 euros. Es decir, se gastó alrededor del 41% de lo previsto y quedaron sin ejecutar más de 708.000 euros de aquella partida.

A juicio de la portavoz de ZeC, Elena Tomás, “esto es una auténtica tomadura de pelo: presupuestan 1,2 millones, gastan menos de medio millón y después utilizan la previsión inicial para calcular lo que pagamos por la tasa.

La formación asegura además que parte de aquel presupuesto fue posteriormente objeto de modificaciones de crédito para destinarlo a otros gastos municipales. De ahí que cuestione que se utilicen previsiones de costes que después no se materializan para calcular las cantidades que deben aportar los ciudadanos.

Una situación similar denuncia la formación respecto a los residuos. La recogida subirá otro 2,5% en 2027, pese a que, según los datos manejados por ZeC, la previsión de ingresos para 2026 alcanza ya el 100,76% del coste del servicio.

ZeC cuestiona también la fiabilidad del cálculo de esos costes y sostiene que el expediente contiene partidas que no se corresponden con el gasto finalmente ejecutado.

La recaudación por recogida de residuos ha aumentado, según las cifras aportadas por la formación, un 21% desde 2018, al pasar de 12,9 millones de euros a 15,58 millones en 2025. Mucho mayor habría sido el incremento acumulado en tratamiento de residuos, que ZeC sitúa en un 105%, hasta alcanzar los 15,7 millones.

“El problema no es que la basura cueste dinero; el problema es que el Gobierno de Chueca utiliza las tasas para cubrir sus propios agujeros y errores de gestión. Y eso lo pagamos entre todos”, sostiene Tomás.

Los mayores incrementos denunciados aparecen en determinadas tarifas del estacionamiento regulado. En la zona ESRO, la zona azul, los primeros 25 minutos subirán un 20%, mientras que en la tarifa señalada por ZeC para la zona ESRE, correspondiente al estacionamiento de residentes, el incremento para los primeros 25 minutos llegará al 100%, al pasar de 0,25 a 0,50 euros.

El Cementerio de Torrero constituye otro de los puntos de conflicto. En este caso no se trata de una subida porcentual comparable con las anteriores, sino de la incorporación de nuevos conceptos de cobro, entre ellos los relacionados con los nichos y la consulta de expedientes.

El cementerio cuenta con 110.845 nichos, además de 19.408 sepulturas, 1.084 capillas y 147 panteones. ZeC cuestiona asimismo el cobro de 139,15 euros en el jardín de las cenizas que, según sostiene, no estaban incluidos en el pliego de condiciones.

La formación sí respalda algunas novedades, como las exenciones para herederos sin recursos, la inhumación de cenizas de personas que hayan donado su cuerpo a la ciencia o la eliminación del recargo para quienes no estén empadronados.

La “doble vara de medir”

ZeC enmarca todas estas modificaciones en lo que considera una política fiscal contradictoria. Su portavoz acusa al Gobierno de Natalia Chueca de exigir un esfuerzo creciente a los usuarios de servicios municipales mientras mantiene bonificaciones fiscales que reducen los ingresos del Ayuntamiento.

Tomás contrapone expresamente las subidas del agua, los residuos, el estacionamiento o los nuevos cobros del cementerio con los 10 millones de euros en beneficios fiscales que su formación atribuye al club del Tiro de Pichón.

“El Gobierno de Chueca tiene una doble vara de medir: perdona millones de euros a grupos elitistas y empresas que no están sometidas al mismo tratamiento como Quirón, Amazon o Cosco y, al mismo tiempo, mete la mano en el bolsillo de las familias para pagar servicios básicos”, sostiene. “Es verdad que los servicios públicos cuestan dinero pero el reparto fiscal tiene que repartirse de forma justa, dado que hay la misma obligación a la hora de subir 25 céntimos a la ciudadanía que cuando hay que reclamar 10 millones al Tiro del Pichón”, ha ejemplificado.

Para Zaragoza en Común, por tanto, el debate no está únicamente en cuánto suben las tarifas, sino en si los costes utilizados para calcularlas responden al gasto real de los servicios. “No nos creemos el discurso de la congelación de impuestos cuando suben las tasas que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente”, concluye Tomás.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han rechazado las acusaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, sobre la responsabilidad de Madrid en la presencia de bacterias fecales en el río Tajo a su paso por Toledo. La consejera del Gobierno de Emiliano García-Page lo aseguró basándose en datos de un trabajo publicado en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y también el de José Luis Martínez Almeida han respondido con un comunicado, cuestionando que los datos de este estudio permitan establecer el origen de la contaminación.

Ambas administraciones han señalado que comparten la preocupación por la calidad ambiental del Tajo, pero han defendido que los datos difundidos no permiten atribuir científicamente a la Comunidad de Madrid las bacterias detectadas en Toledo, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

Argumentan que el estudio ha sido realizado por una estudiante de fin de grado o que no comprende un año hidrológico completo. Explica que analiza varios puntos del entorno de Toledo, pero no realiza un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid ni caracteriza los distintos afluentes y puntos de vertido existentes a lo largo del recorrido.

Además, según han indicado, el trabajo no incorpora trazadores que permitan determinar si la contaminación tiene un origen humano o animal. Por ello, han advertido de que, sin conocer también el tiempo de viaje del agua, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo, “no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid”.

La Comunidad y el Ayuntamiento han destacado asimismo que el propio estudio señala que “las estaciones depuradoras contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal”.

Según ambas administraciones, esta contaminación difusa puede superar ampliamente a la procedente de fuentes puntuales, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Tajo, y durante el recorrido entre Madrid y Toledo se producen procesos naturales de autodepuración, mortalidad bacteriana, sedimentación, dilución y posibles aportes intermedios.

Madrid defiende su sistema de depuración

Frente a las críticas de la consejera castellanomanchega, que ha atribuido a Madrid incumplimientos en parámetros de nitrógeno y fósforo y ha apuntado a posibles vertidos directos sin tratamiento, la Comunidad ha defendido que la región cuenta con “uno de los sistemas de saneamiento y depuración más avanzados de Europa”, gestionado por Canal de Isabel II.

El sistema presta servicio de saneamiento en la Comunidad y depura más de 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales al año. Además, según el Gobierno regional, “no existe actualmente ningún expediente sancionador por la operación de las depuradoras madrileñas por incumplimiento de los parámetros de vertido”.

Asimismo, han recordado que el control de la calidad de las masas de agua, la vigilancia de los vertidos autorizados, la inspección de posibles vertidos ilegales y la evaluación del estado ecológico del Tajo corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca dependiente de la Administración General del Estado.

Otro estudio ya detectó superbacterias en 300 kilómetros

No es la primera vez que un estudio científico desvela el nivel de contaminación del Tajo. El pasado mes de junio se publicó un informe de la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss en la revista científica Environmental Research que reveló la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en los 300 kilómetros del curso medio del río Tajo. El estudio supuso la primera evaluación completa de este tipo realizada en este tramo del río.

Sin dejar el agua, ni lo que tiene que ver con la cuenca del Tajo, hoy mismo, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha cargado, precisamente, contra las aspiraciones de la Comunidad de Madrid relacionadas con uno de los ríos de la cuenca del Tajo, el río Sorbe, en la provincia de Guadalajara, del que reclama más agua. El también secretario general del PSOE de Guadalajara asegura que con esta concesión se frenaría el desarrollo del Corredor del Henares en esta provincia.

En concreto, la petición del Canal de Isabel II contempla el uso de aguas del cauce del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos que se ubica en la localidad de Tamajón, de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, para abastecimiento urbano de Madrid.

No hay agua suficiente. Ocho pueblos de Toledo llevan en esta situación buena parte de este verano de 2026 debido al bajo nivel del embalse sobre el río Pusa y este lunes el Gobierno regional ha oficializado que realizará dos sondeos “de emergencia” con el objetivo de encontrar pozos subterráneos que puedan “garantizar” el abastecimiento de agua potable.

Estos sondeos se llevarán a cabo en San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara, que actualmente carecen de pozos alternativos al suministro que proporciona el Pusa y tendrán un coste de más de 75.000 euros, cofinanciadas con fondos del Programa FEDER de Castilla-La Mancha.

Los pueblos que se están viendo afectados por esta situación son La Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas, Los Navalmorales, Villarejo de Montalbán, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara y Espinoso del Rey, aunque son estos últimos cuatro los que presentan una peor situación porque no disponen de captación de agua alternativa a la que les llega procedente del río Pusa.

“Estos sondeos permitirán localizar nuevos recursos de agua subterránea y, una vez realizados los trabajos de captación y equipamiento, si fuera posible, disponer de recursos alternativos que puedan complementar las fuentes de abastecimiento actuales”, ha explicado la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro.

Sin embargo, estos sondeos no garantizan que se encuentre el agua necesaria que pueda contribuir a paliar la situación de desabastecimiento que viven desde hace semanas los vecinos de estas localidades.

El presidente de la Mancomunidad del Pusa -entidad responsable de la gestión del abastecimiento- y también alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito, asegura en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que los sondeos se realizarán en zonas que parecen ser las “mejores” para encontrar agua, pero se muestra prudente sobre los frutos que puedan dar: “No dejan de ser sondeos y estamos a la espera de ver si dan agua o no”, afirma.

Además de aprobar estos sondeos, el Gobierno regional, a través de autobombas y camiones nodriza del Plan Infocam, ha suministrado 100.000 litros de agua a los depósitos municipales de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales.

Esta actuación se suma al suministro que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante el abastecimiento de agua a los depósitos portátiles instalados en los municipios afectados. Ya son más de 32.000 litros de agua los aportados para mantener el suministro.

La Diputación provincial también hizo a finales de agosto un reparto de 20.000 litros de agua embotellada entre las ocho localidades afectadas.

Buscando una solución “a largo plazo”

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha asegurado que el Ejecutivo está actuando con carácter “de emergencia”, pero, al mismo tiempo, está trabajando en soluciones a medio y largo plazo. “Nuestro objetivo es que estos municipios dispongan de una mayor garantía de suministro y no tengan que afrontar cada año situaciones de falta de agua al no contar con reservas en el embalse”.

Entre esas posibles actuaciones para lograr una solución más duradera ante el problema de abastecimiento en época estival, que el presidente de la Mancomunidad del Pusa señala como “recurrente”, Benito detalla que una solución definitiva deberá esperar al próximo año, cuando la Dirección General del Agua acometa dos obras “importantes” que “creemos que solucionarían el problema”.

La primera de ellas es una canalización directa entre la presa y la planta potabilizadora, que permitiría rescatar para consumo humano “mucha agua que se desaprovecha” debido a que cae al río más allá de la presa. La segunda actuación sería el arreglo de dicha planta potabilizadora, que “está obsoleta”, en opinión de Benito.

No obstante, los vecinos que dependen de la Mancomunidad del Pusa tardarán en volver a una situación de normalidad, la cual depende, de momento, de que llueva. “La solución más inmediata y principal es que llueva para que se llene la presa y podamos tener todos los pueblos agua de la mancomunidad de la presa. No hay previsiones de que llueva de momento, entonces a ver si nos podemos apañar”, remata Esteban Benito, presidente de la Mancomunidad del Pusa.

La Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) han puesto en marcha un dispositivo conjunto de obras de emergencia en las comarcas de Las Hurdes y La Vera. El objetivo es atajar de manera inmediata los problemas de abastecimiento de agua potable causados por el arrastre masivo de cenizas tras las recientes lluvias torrenciales, un fenómeno que ha comprometido el suministro en al menos siete municipios y alquerías cacereñas.

La estrategia aborda la crisis desde un doble frente: la intervención en la masa forestal y la reforma rápida de las redes de distribución municipal. En el monte se van a instalar “barreras” para “intentar retener esa ceniza” y “evitar el arrastre de materiales”, frenando las escorrentías hacia los cauces fluviales. En los núcleos urbanos, las brigadas trabajan en la colocación directa de tuberías provisionales y en la purga intensiva de “filtros, depósitos y tuberías para que puedan tener agua potable los ciudadanos”.

Antes de la reunión técnica celebrada este viernes, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha destacado la intención de “trabajar todas las administraciones” para actuar “lo más rápidamente posible” y de “una manera coordinada”. Morán ha explicado que se pretende replicar el modelo ejecutado tras el gran incendio de Jarilla del pasado verano, el más devastador en la historia regional tras arrasar 17.300 hectáreas, al haber resultado “muy efectivo” para resolver los problemas de potabilidad “de una manera o de otra, según las posibilidades y las herramientas” disponibles.

Siete municipios afectados y despliegue de cisternas

Mientras avanzan las obras sobre el terreno, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres mantiene desplegado un operativo prioritario con camiones cisterna de 10.000 litros para garantizar el consumo humano en las zonas afectadas.

En Las Hurdes, la intervención busca paliar las consecuencias del incendio declarado el pasado 18 de agosto en Pinofranqueado, dado por extinguido el miércoles tras calcinar más de 3.700 hectáreas. Las incidencias se concentran en Pinofranqueado, especialmente en las zonas de Avellanar y Horcajo, donde el propio consistorio ya está “distribuyendo tuberías para solventar de manera inmediata” el corte, y en las alquerías de Martilandrán y El Gasco, de Nuñomoral.

En La Vera, el arrastre procede de las cenizas de un incendio registrado en primavera, tras la Semana Santa, comprometiendo la calidad del agua en Losar de la Vera, Robledillo de la Vera y Viandar de la Vera.

Reproche institucional a la prevención en La Vera

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha puesto en valor la “colaboración” entre las tres instituciones, autonómica, provincial y estatal, para “dar respuesta a problemas graves de los ciudadanos”, así como la “sensibilidad” mostrada por la consejera Morán.

Sin embargo, Morales ha introducido un matiz crítico respecto a la gestión municipal en la comarca verata, lamentando que sus tres ayuntamientos no hayan estado “diligentes” ni hayan tenido la “precaución” de “cuando han venido estas lluvias fuertes, cerrar la entrada a los depósitos”, una maniobra preventiva que habría impedido el paso de la ceniza a las balsas públicas. “En el caso concreto de La Vera, es algo que no esperábamos y que ha surgido, y en el que también estamos a disposición para intentar resolverlo”, ha concluido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido activar el próximo lunes, 31 de agosto, dentro de tres días, un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en cuatro municipios de la Mancomunidad del Pusa que se han quedado sin suministro: Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa. Lo hará mediante camiones cisterna.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha señalado que se adoptará este medida ante el “agotamiento inminente” de sus fuentes de captación habituales, y al no existir sondeos alternativos.

Estas actuaciones se van a adoptar tras la solicitud de colaboración por parte del presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito.

“No podíamos ignorar esta petición, puesto que aunque hay más municipios que pueden verse afectados por el descenso del nivel en la presa que les abastece, estos tienen captaciones alternativas de abastecimiento para afrontar periodos de escasez, algo que no sucede con las cuatro poblaciones reseñadas que dependen por completo de una captación superficial que se ha quedado sin recursos”, ha explicado Muro.

Un problema “recurrente”

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico aportará los recursos necesarios a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y esperan que otras administraciones, como la Diputación de Toledo, colaboren también para paliar esta situación tan complicada de los ayuntamientos en un momento tan complejo. “Porque la escasez de agua es un problema recurrente en la Mancomunidad del Pusa durante los meses de verano y además este año las lluvias de mayo no han sido suficientes”, ha recalcado.

Ha informado de que más allá de la respuesta inmediata, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en soluciones a medio y largo plazo “para que estos municipios no vuelvan a sufrir situaciones de desabastecimiento”.

“Estamos realizando los trámites administrativos necesarios para contratar de manera urgente diversas actuaciones. El primer objetivo es localizar nuevas captaciones subterráneas mediante la ejecución de nuevos sondeos, así como la contratación del equipamiento, maquinaria y sistemas de bombeo necesarios para ponerlos en funcionamiento a la mayor brevedad posible, dotando así a estos municipios de una fuente de suministro alternativa ante esta situación”, ha concluido Montserrat Muro.

Málaga no se entiende hoy sin el turismo. En 2025 la Costa del Sol recibió 14,65 millones de visitantes y generó más de 21.800 millones de euros; detrás hay empleo, riqueza y uno de los grandes éxitos económicos de la provincia. Pero ese desarrollo produce también tensiones en el agua. La sequía reciente mostró hasta qué punto puede convertirse en un límite: hubo restricciones, reducciones de dotaciones y embalses que durante meses nos obligaron a mirar al cielo. Finalmente llovió, las reservas se recuperaron y empezamos a olvidarlo.

La planificación de la sequía ofrece un ejemplo revelador. Desde 2010, la Ley de Aguas de Andalucía obliga a los municipios o sistemas supramunicipales de más de 10.000 habitantes a disponer de planes de emergencia. Sin embargo, cuando la escasez volvió a golpear con fuerza en 2022, sistemas tan importantes como la Axarquía o la Costa del Sol Occidental seguían sin culminarlos. Después se ha avanzado, pero la lección permanece: el plan que necesitamos cuando el embalse está vacío es el que deberíamos haber preparado cuando todavía llueve. Gestionar el agua exige memoria institucional.

Este agosto, Málaga capital ha ofrecido otra imagen de esa vulnerabilidad. Seis playas tuvieron que cerrar al baño tras detectarse concentraciones elevadas de E. coli después de las lluvias del día 15. El Ayuntamiento explicó que la tormenta provocó alivios en distintos puntos de la red. Parte del saneamiento sigue siendo unitario y, cuando una precipitación intensa supera su capacidad hidráulica, los aliviaderos cumplen una función de seguridad, aunque puedan trasladar contaminación al medio receptor. Conviene ser precisos: este episodio corresponde a Málaga capital y no puede extrapolarse sin más al conjunto de la Costa del Sol. En julio, Marbella registró también una incidencia microbiológica puntual, resuelta pocos días después, sin que deba atribuirse automáticamente al saneamiento.

También conviene reconocer que EMASA no parte de cero. La empresa municipal viene ejecutando separación de redes, nuevos colectores y mejoras de aliviaderos, y prevé seguir aumentando la red separativa junto con tanques de tormenta y otras soluciones de retención. Adaptar una ciudad consolidada exige tiempo e inversión sostenida. El reto es mantener una política inversora estable y acompasada con el crecimiento.

La nueva Directiva europea sobre aguas residuales urbanas refuerza esa dirección. España deberá transponerla antes del 31 de julio de 2027 y las aglomeraciones de 100.000 habitantes equivalentes o más deberán disponer, antes de finalizar 2033, de planes integrados que aborden también los desbordamientos de aguas de tormenta. La norma exige reducirlos mediante prevención, almacenamiento, optimización de infraestructuras y soluciones verdes y azules. 2033 puede parecer lejano, pero para las infraestructuras hidráulicas es prácticamente mañana: diagnosticar, proyectar, autorizar, financiar y ejecutar consume años.

El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo

El episodio de las playas sirve para abrir el foco. Málaga ha crecido durante décadas en población, urbanización, actividad económica y demanda de servicios. La pregunta es si sus infraestructuras de agua han crecido con ella. Un territorio sometido a fuertes puntas estacionales necesita dimensionar redes, bombeos, colectores y depuradoras atendiendo a habitantes equivalentes, caudales punta, cargas contaminantes y escenarios reales de crecimiento. Y necesita margen. Llevar permanentemente un sistema cerca de su límite reduce su resiliencia.

El último análisis de Ecologistas en Acción sobre las EDAR andaluzas permite medir mejor otra dimensión del problema. Málaga alcanza un 89,1% de población beneficiada por depuradoras construidas o en construcción, una cobertura elevada, aunque inferior a la media andaluza, situada en el 93,1%. Pero disponer de infraestructura no significa necesariamente que funcione conforme a las exigencias de calidad. De las 43 depuradoras malagueñas de más de 2.000 habitantes equivalentes con datos disponibles en REDIAM, solo 21 cumplen la normativa y 22 no. Málaga no llega así al 49% de conformidad y se sitúa en 2025 como la provincia andaluza con peor grado de cumplimiento. Desde 2013 ha perdido casi 23 puntos porcentuales de conformidad.

Detrás de estas cifras hay problemas distintos —carga orgánica, sólidos, nutrientes, reparación, adecuación o ampliación— y sería injusto reducirlos a una única causa. Pero algunos casos son reveladores en un territorio de enorme presión turística. La EDAR de La Víbora, que presta servicio a Marbella, Mijas y Ojén, trata alrededor de 105.000 metros cúbicos diarios, está dimensionada para unos 525.000 habitantes equivalentes y aparece por primera vez como no conforme en el análisis de 2025. En Frigiliana, el informe recuerda que la instalación había alcanzado el límite de su capacidad y que las actuaciones realizadas no han resuelto los incumplimientos. Son situaciones distintas, pero plantean la misma cuestión: cuánto margen dejamos a infraestructuras sometidas a fuertes variaciones estacionales y a territorios que continúan creciendo.

Aquí aparece también la gobernanza. El saneamiento no depende de una única Administración ni termina en una depuradora. Hay redes municipales, aliviaderos, bombeos, sistemas supramunicipales, EDAR y puntos de vertido, con competencias y responsabilidades diferentes en cada tramo. Se necesita, por tanto, planificación coordinada entre entidades locales, entes supramunicipales, comunidad autónoma y Estado, pero coordinación no significa diluir responsabilidades: cuando una Administración asume la ejecución de una infraestructura imprescindible, su retraso condiciona también la capacidad de las demás para cumplir sus propias obligaciones. Allí donde existe gestión privada o mixta, las administraciones deben conservar capacidad técnica para controlar y exigir inversiones; y donde la gestión es pública debemos exigirnos el mismo rigor y anticipación. Ningún contrato sustituye una política pública del agua.

Transformar estos sistemas exige inversión, pero también mantenerla en el tiempo y convertirla con anticipación en infraestructura efectiva. Suelos, evaluación ambiental, expropiaciones, autorizaciones, convenios, proyectos, licitación y construcción pueden consumir años. Precisamente porque conocemos esos plazos tenemos que empezar antes.

No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos

Málaga Norte resume esta realidad. Concebida como una gran infraestructura supramunicipal para cinco municipios, la solución prevista en la Vega de Mestanza quedó anulada judicialmente después de años de tramitación. La necesidad permanece y llegar tarde también cuesta dinero. El retraso en resolver el incumplimiento asociado a Alhaurín el Grande seguía suponiendo, según la última información oficial disponible, más de 634.000 euros de multa cada seis meses, después de acumular ya 17,5 millones de euros en sanciones. En 2010 se declararon además 47 actuaciones agrupadas de saneamiento y depuración de interés autonómico en Málaga, con alrededor de 390 millones de euros de inversión prevista, y más de quince años después el proceso aún no puede darse por concluido.

Por eso aparece inevitablemente el canon de mejora. A cierre de 2024, la diferencia entre los ingresos acumulados del canon y la inversión financiada con cargo a él alcanzaba 597,09 millones de euros, mientras la Cámara de Cuentas cifraba en 678,28 millones la desviación de financiación acumulada. En 2023 el canon quedó bonificado al 100%, dejando de recaudarse alrededor de 140 millones de euros mediante un tributo afectado a infraestructuras hidráulicas, y en 2026 se amplió temporalmente su destino para determinadas actuaciones vinculadas a daños por inundaciones.

Son decisiones que pueden tener razones atendibles. Pero es legítimo preguntarse si, mientras persiste un déficit histórico de saneamiento y depuración, no debemos preservar la capacidad inversora del propio sistema del agua. El problema no es solo cuánto se recauda, sino cuánto tarda ese dinero en convertirse en infraestructura y si somos capaces de anticiparnos. En materia de agua sigue siendo válida una idea sencilla: el dinero del agua debe volver al agua.

El debate no debería terminar en un intercambio de reproches. Necesitamos cooperación institucional exigente, prioridades transparentes y capacidad de ejecución. Los operadores, las organizaciones sociales y profesionales y la universidad debemos aportar conocimiento y colaborar en las soluciones. Ser un interlocutor crítico no significa situarse enfrente de quien toma las decisiones: significa señalar con rigor lo que no funciona, reconocer lo que sí se está haciendo y contribuir a que las soluciones lleguen antes.

Málaga ha sabido construir uno de los grandes destinos turísticos de Europa y ese éxito debe ser motivo de orgullo. Precisamente por ello necesita sistemas de agua urbana capaces de acompañarlo. Una sequía puede terminar cuando vuelve la lluvia, una playa puede reabrirse cuando mejora una analítica y una emergencia puede desaparecer de los titulares. Lo difícil de recuperar es el tiempo perdido.

No podemos seguir llegando tarde. No podemos esperar a la próxima sequía, al siguiente vertido o a otra bandera roja para volver a acordarnos del agua. Málaga necesita inversión, planificación, capacidad de ejecución y cooperación institucional ahora, cuando todavía tenemos margen para anticiparnos. Porque la verdadera resiliencia no consiste únicamente en responder bien a la siguiente crisis, sino en haber hecho antes el trabajo necesario para que sus consecuencias sean menores.

El Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Fuentes ha denunciado que el alcalde Juan Carlos Romero Garrote lleva “más de seis meses sin convocar el Pleno ordinario” que debe celebrar el ayuntamiento, incumpliendo en dos ocasiones la obligación legal recogida en el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que fija la periodicidad mínima con la que deben celebrarse estas sesiones.

Según los socialistas, la última sesión ordinaria se remonta al mes de enero, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar el Pleno “pese al tiempo transcurrido”.

Antonio Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista cree que “el que nada debe, nada teme”, asegura el portavoz socialista Antonio Torres, quien cree que esta actitud “solo genera más dudas sobre lo que se está ocultando a los vecinos. Exigimos que se cumpla la ley y que se convoque el Pleno lo más pronto posible”.

Al edil socialista no le vale, advierte, el argumento de la falta de secretario municipal, “ya que el Ayuntamiento ha contado con este puesto cubierto en todo momento”.

“Falta de información y reclamaciones sin respuesta”

A la paralización de los plenos se suma, según la oposición, “una falta reiterada de transparencia por parte del equipo de gobierno”. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en varias ocasiones el acceso al padrón de aguas, sin haber obtenido fecha para su consulta, pese a que la ley reconoce el derecho de la oposición a examinar la documentación municipal.

El edil asegura que sí que se ha recibido respuesta del alcalde confirmando que se lo enseñará porque “tiene buena fe”.

A ello se añade la situación del nuevo pozo de agua, ejecutado y financiado por la Diputación de Cuenca hace más de un año, “que continúa sin estar conectado a la red y operativo”.

Los socialistas también recogen un número creciente de reclamaciones vecinales por los recibos e importes de la tasa del agua, “que hasta el momento no habrían recibido respuesta por parte del Ayuntamiento”.

El concejal socialista asegura que estas cuestiones “afectan directamente al derecho de los vecinos a saber cómo se gestionan los asuntos y los recursos de nuestro pueblo y sus propios intereses. Vamos a seguir reclamando su resolución, tanto dentro como fuera del Pleno”, ha zanjado.

A pesar del verano que estamos sufriendo, en el que los registros de calor nos indican que el cambio de clima ya es una realidad, las dos derechas municipales (por acción o por omisión) se empeñan en convencernos que estas cosas ya pasaban en el Pleistoceno y por eso deciden no tomar ninguna medida. Y se quedan tan anchos.

Eso sí, olvidan decir que aquellos cambios climáticos tardaban siglos en producirse y había capacidad de adaptación de la flora y la fauna (y los homínidos cuando los hubo) y ahora, año tras año, rompemos las estadísticas que no quieren escuchar. Esta tendencia de aumento de la temperatura tiene una primera consecuencia directa: un mayor consumo de agua.

Este elemento, desde 2010 considerado por la ONU como un derecho humano esencial para la vida, tenemos que decidir si lo gestionamos como un instrumento mercantil más con el que las empresas privadas aumenten sus beneficiarios, o lo sacamos de la cadena de los beneficios empresariales para garantizar su acceso universal y asequible.

Toledo decidió allá por 1996, y no ha querido nunca cambiar su modelo, que es el de considerar el agua como un negocio privado. Las distintas corporaciones han considerado el agua como una oportunidad de negocio.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que hoy pensemos en el agua solo desde la perspectiva de la gestión de la satisfacción de la demanda. La empresa que lo gestiona y hace negocio, obtiene así más beneficios cuanto más consumimos y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento no quieren buscar un modelo de gestión que reduzca necesariamente el consumo. Todo lo contrario.

Si pensamos en satisfacer la demanda, el agua solo será el instrumento útil que garantice, por ejemplo, que el modelo de turismo cuantitativo esté garantizado. Garantizará, porque así lo ha permitido el Gobierno regional, que el parque temático de las afueras de Toledo pueda gastar más de 180 millones de litros de agua al año en las nuevas instalaciones hosteleras en su parcela de negocio que las administraciones vamos a seguir alentando regalando entradas con cualquier burda excusa.

Mientras tanto, a pesar de la obligación que tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Toledo no tiene aprobado su plan de sequía. Tampoco ningún programa de eficiencia de consumo, pero esto no lo hará mientras la empresa privada se lucre con un mayor consumo de agua.

Eso sí, algunos aprueban sin despeinarse Planes de Ordenación Municipal, como en el año 2006, para incrementar la población hasta los 200.000 habitantes; seguimos aprobando planes parciales que amplían la nómina de construcciones; y seguimos sin poner coto a un exceso de turismo que es ya insostenible (por eso hablamos tanto de buscar un turismo sostenible).

Necesitamos planes para consumir menos y para consumir mejor.

Necesitamos que el Tajo sea la vía azul que garantice una biodiversidad diversa, aunque para ello tengamos que terminar con un Trasvase que solo tiene como objetivo hacer de regadío (y más rentable) una zona del país que es de secano a costa de esquilmar los recursos a la región y de la ciudad.

Necesitamos que el agua deje de ser pensada como elemento empresarial y se convierta en esencial para la vida.

Toledo necesita políticas audaces y valientes que cambien el modelo de desarrollo económico basado solo en un turismo depredador, y cambiar a un modelo productivo que deje de ser extractivo de recursos para caminar a otro modelo de consumo que reduzca la huella humana.

No querer cambiarlo sí que nos acercará más al Pleistoceno que al momento histórico que necesitamos.

El incendio de La Mierla evoluciona favorablemente. Con el inicio de una nueva semana, doce días después de que se declarase el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha en extensión, ya se trabaja en la reconstrucción, al menos de aquellas cosas materiales que pueden ser arregladas.

Lo más inmeditato tiene que ver con los servicios que necesitan los habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara. Todos y todas han podido volver ya a sus casas, que están intactas, según los datos ofrecidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque el impacto en otras infraestructuras se deja notar.

Este lunes, la Diputación de Guadalajara daba a conocer que ha actuado en varios de los pueblos evacuados para reparar las averías en las redes de abastecimiento tocadas por el fuego. En concreto en la red de agua de Robledo de Corpes, Las Navas de Jadraque, La Nava, Muriel y Gascueña de Bornova.

Se han realizado los trabajos antes de que los vecinos regresaran a casa, y solo “a partir del momento en que la dirección de la emergencia por el incendio forestal iniciado en La Mierla el pasado 16 de julio fue rebajando el nivel de alerta y autorizando escalonadamente el regreso”, explican desde la institución provincial.

Los profesionales del propio Consorcio Provincial de Incendios (CEIS) iniciaron una inspección del estado de todos los pueblos afectados y la detección de posibles averías que los propios trabajos de extinción y defensa contra el fuego “podrían haber ocasionado en algunos casos”.

Además, entre el 22 y el 26 de julio, se suministraron un total de 40.000 litros de agua embotellada entre los pueblos afectados.

También repararon averías de alumbrado público en Robledo de Corpes y avisaron de problemas de electricidad a compañía suministradora en el caso de Semillas.

Por otro lado hubo que desarrolar otro tipo de intervenciones. Por ejemplo para retirar residuos, una labor que ha requerido reforzar el servicio de recogida de basuras.

Después, una tarea mucho más ingrata: la retirada de los restos de los animales que no lograron sobrevivir y que han sido encontrados en los núcleos urbanos.

La Diputación Provincial activó entre el el viernes 24 y el domingo 26 de julio, cisternas de agua propias para apoyar a los servicios de extinción del incendio con el suministro de cerca de un hectómetro cúbico en la balsa para recarga de helicópteros de Condemios de Arriba y los camiones motobombas del propio CEIS que seguían interviniendo en las zonas afectadas por el fuego.

¿Cuánto cuesta y como se paga el impacto de un superincendio?

Los gastos derivados de todo este operativo, necesario tras el incendio, con origen al parecer durante tareas agrícolas en La Mierla, no se han hecho públicos.

Tampoco se conoce el coste derivado de la evacuación y la acogida de las más de 1.200 personas que tuvieron que salir de sus casas como consecuencia del fuego.

Cuatro días después de iniciarse el incendio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya avanzó que solo en extinción el coste había superado los 50 millones de euros. Un dinero que tendrá que salir de las arcas públicas. Han pasado ya casi dos semanas y el fuego todavía no ha sido controlado. El gasto suma y sigue.

A eso habrá que sumar el coste en destrucción de patrimonio natural o de otro tipo. Ya el pasado 23 de julio el Colegio Oficial de Registradores cifraba en más de 1.000 las fincas registrales afectadas en la Sierra Norte de Guadalajara, además de casi 500 edificaciones.

El Gobierno de España ha comprometido asumir el 50% de coste de recuperación de esta zona, por cierto de valor ecológico incalculable. El 95% del territorio calcinado está dentro del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

El Ayuntamiento toledano de Escalona ha pedido a los vecinos un uso “muy responsable” del agua y que reduzcan cierto tipo de uso del agua, debido a los problemas en los embalses de cabecera por la lucha contra el fuego.

Se pide a los vecinos y vecinas comprensión ante esta situación, porque “la prioridad es la lucha contra el fuego” y se añade que “desde esta mañana y en los próximos días puede haber problemas puntuales de presión o que pueda salir menos agua, en cualquier zona”.

Puede haber problemas “puntuales” de presión

Para evitarlo en lo máximo posible, y hasta nuevo aviso, piden a los vecinos “sentido común” y “un uso muy responsable” del consumo para garantizar agua suficiente para uso humano y sanitario. “Hemos notado, por ejemplo, una bajada muy importante del agua de los depósitos, entre ayer y hoy, posiblemente por la limpieza de patios debido a las cenizas de ayer”.

En estos momentos, piden desde el Ayuntamiento escalonero evitar el llenado de piscinas, el almacenamiento de agua en bañeras o similares, o la limpieza de patios con agua. Y un uso muy responsable para riego, haciéndolo en lo imprescindible.

Todo ello para, según el consistorio, “permitir la recuperación de nuestros depósitos para que entre, al menos, la misma cantidad de agua como la que se usa”. Y, a su vez, “todo ello para facilitar el uso del agua para la lucha contra el fuego”. Insiste el ayuntamiento en que puede haber problemas puntuales de presión pero “con un uso responsable se evitarán problemas de suministro”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha declarado el Escenario 0 de emergencia en las presas de Burguillo, Charco del Cura y Picadas, asociadas al río Alberche, tanto en las provincias de Ávila como de Madrid, después de que hayan sido alcanzadas por el incendio forestal de Burgohondo.

No hay daños “significativos” en las infraestructuras, según el organismo de cuenca.

La situación se produce como consecuencia del avance de los incendios forestales en los términos municipales de Navas del Rey (Madrid) y el Tiemblo (Ávila), se ha producido la afectación directa por el fuego a las instalaciones de las presas de Picadas (Madrid)- embalse del que beben unas 70 poblaciones de Toledo, incluida la capital-, Burguillo y Charco del Cura (Ávila).

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha declarado el Escenario 0 de emergencia o de control de la seguridad en lestos embalses, “debido a que las condiciones existentes dificultan su acceso” y también a que las previsiones“ aconsejan una intensificación de la vigilancia y el control de las presas”.

De momento no se requiere la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo, según los planes de emergencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además, se mantiene el Escenario 0 en la Presa de San Juan, situada entre Madrid y Ávila, declarado el pasado 24 de julio.

Más caudal en el Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene desde el día 23 de julio el incremento de los caudales circulantes por el río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo mediante desembalses desde las presas de Burguillo (Ávila), San Juan y Picadas (Madrid) como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios forestales.

Tras la unificación en el día de ayer de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) de los incendios forestales declarados en Madrid y Ávila, todos ellos ubicados en la cuenca del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) continúa participando en las reuniones diarias a las que es convocada para colaborar en el seguimiento y planificación del operativo de emergencia.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe que abastece más de 400.000 personas en la provincia de Guadalajara, incluidas la capital y Azuqueca de Henares, además de llevar agua hasta Alcalá de Henares, en Madrid, está preparando la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada en Mohernando (Guadalajra) para afrontar “el posible impacto” que pudiera tener el incendio forestal de La Mierla sobre la calidad del agua de captación, en el hipotético caso de que se registren episodios de lluvia o tormentas en la cuenca del río Sorbe.

El incendio, que ya ha calcinado más de 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, podría provocar, según advierte la entidad, “en caso de precipitaciones intensas”, un arrastre hacia los cauces de cenizas, sedimentos, metales, materia orgánica y otros compuestos, incrementando significativamente la turbidez del agua bruta.

El vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Juan Carlos Martín, ha explicado que la administración “está trabajando de forma preventiva y con la máxima anticipación para afrontar con eficacia cualquier posible incidencia que pudiera derivarse del incendio”.

Preparando los protocolos

En este sentido, ha señalado que los profesionales técnicos están analizando la evolución de la situación y preparando todos los protocolos necesarios para garantizar, en cualquier circunstancia, la calidad del agua.

Las medidas advierten, “únicamente se aplicarían en función de la evolución de la calidad del agua bruta captada”. En caso de que fuera necesario, la Estación de Tratamiento de Agua Potable ajustaría los distintos procesos de potabilización en función de las necesidades detectadas.

No solo se reforzarán los controles analíticos, para seguir en en particular parámetros como la turbidez, el color, la materia orgánica y los metales disueltos, sino que se incrementará “de forma controlada” la dosificación inicial de ozono y cloro para favorecer la oxidación de la materia orgánica disuelta y facilitar la precipitación de determinados metales presentes en el agua.

También se ajustará el pH y el incremento de las dosis de coagulantes “cuando resulte necesario” y se controlará la decantación de partículas derivadas del incendio.

Se realizará un “control exhaustivo” del proceso de filtración y se incidirá en la desinfección.

Son todas ellas medidas técnicas que se aplicarán, estas y otras que fueran necesarias, para “garantizar en todo momento un suministro de agua potable seguro y de máxima calidad para la población”.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido la instalación de dos nuevas tomas flotantes en el embalse de Gasset, una actuación que ha permitido restablecer la captación de agua desde la zona superficial del embalse tras la rotura de la infraestructura existente y garantizar así un “abastecimiento de mayor calidad2 a más de 100.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

La incidencia fue detectada durante la semana del 7 al 13 de junio por el equipo de explotación de la presa de Gasset. La rotura afectó a la toma flotante que suministra agua a la Mancomunidad de Gasset (integrada por Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Picón, Poblete y Torralba de Calatrava), así como a los municipios de Fernán Caballero y Malagón.

Según informa la Confederación, desde el primer momento actuó para “garantizar la continuidad del abastecimiento”. La toma dañada fue retirada, posibilitando la continuidad del abastecimiento, si bien con un agua que, aunque cumplía los requisitos normativos establecidos para aguas prepotables, resultaba más difícil de potabilizar, al proceder del fondo del embalse.

Se descartó reparar la toma dañada

Paralelamente, una vez descartada la posibilidad de reparar la toma dañada, los servicios técnicos de la CHG analizaron las posibles alternativas optando por la solución “más fiable y duradera”: la instalación de dos nuevas tomas flotantes.

El montaje de estas nuevas tomas flotantes, que ha precisado el empleo de buceadores para los trabajos subacuáticos, ha finalizado este viernes, día 10 de julio, estando ya plenamente operativas, por lo que el agua de abastecimiento ya se está captando por las mismas, con la consiguiente mejora de su calidad, y por tanto mayor facilidad para su potabilización

Toda la operación se ha completado en apenas un mes desde que se detectó la avería, un plazo “especialmente reducido” teniendo en cuenta la necesidad de fabricar piezas específicas de acero inoxidable, suministrar los materiales, coordinar los trabajos subacuáticos y ejecutar la instalación.