La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el pelotazo urbanístico de la compraventa del frente de la capitalina playa de Las Teresitas. En un auto emitido el martes, el tribunal provincial ha iniciado, a instancias del Ayuntamiento ahora gobernado por el PSOE, un proceso excepcional para tratar de recuperar el dinero malversado en esa operación, que en el caso de Plasencia asciende a 50,27 millones de euros.La Sección Segunda de la Audiencia, con el magistrado Jaime Requena como ponente, ha accedido a la pretensión de la corporación y ha iniciado el procedimiento para levantar el velo sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carlacand, a cuyo nombre se encuentran esos dos inmuebles.

Esa decisión, poco común en el ámbito judicial, se adopta en la fase de ejecución de sentencia cuando existen sobrados indicios de la existencia de un entramado societario para tratar de camuflar la responsabilidad civil de uno de los socios en una condena. Con la finalidad de desentrañar esa confusión, la justicia tiene la potestad de levantar el velo sobre esas empresas, es decir, de intervenirlas y administrarlas y, por lo tanto, acceder a sus bienes para que puedan responder con su patrimonio por esa condena.

La medida viene acompañada del embargo preventivo de los dos principales activos de Carlacand: la actual sede de la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, inmueble por el que el Gobierno de Canarias paga 300.000 euros al mes de alquiler, y el edificio situado en Cabo Llanos que el Cabildo de Tenerife gobernado por Coalición Canaria (CC) trató de comprar, a través de una adjudicación a dedo, durante el pasado mandato por 29 millones de euros.

Según relata el auto de la Audiencia Provincial, esa presunta distracción de fondos para esquivar el pago de la sentencia del caso Las Teresitas se habría producido a través de tres niveles de sociedades. En primer lugar, aparece Inversiones Las Teresitas, la empresa constituida por Antonio Plasencia y por el recientemente fallecido Ignacio González para acometer una operación por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo (CC) como alcalde, acabó pagando 52 millones de euros en 2001 por la compra de unos terrenos que, según los técnicos municipales, valían tres veces menos y, además, eran propiedad municipal en parte.

Los magistrados de la sala exponen que hay constancia de una transferencia por valor de 51,7 millones de euros de Inversiones Las Teresitas a Promotora Punta Larga, otra de las sociedades vinculadas a Plasencia. La responsabilidad se extiende ahora a una tercera empresa, Carlacand, participada por Promotora Punta Larga en un 72,4%, en un 13,79% por el propio Plasencia y en un 13,81% por personas vinculadas a este empresario que también ha sido condenado por la extracción ilegal de áridos en el Valle de Güímar.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife habla de un “elevado grado de confusión” sobre el destino de los “formidables ingresos” obtenidos por Inversiones Las Teresitas a partir de la ilegal operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. Esos fondos habrían sido desviados primero a Promociones Punta Larga por la vía del préstamo no retribuido y, posteriormente, a otra de las empresas del entramado societario, Carlacand, propietaria de los edificios que ahora han sido embargados de forma preventiva.

Los magistrados aluden, a partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento, a un proceso que conduce de la transferencia del dinero desde ILT a Punta Larga a la infracapitalización de esta segunda sociedad (con un capital de “solo” 1,2 millones de euros a pesar de disponer de “ingentes reservas”) y de su desvío a la tercera sociedad. Las coincidencias no se restringen a la identidad de los administradores, el solapamiento del objeto social, la ocupación del mismo domicilio o la celebración de la Junta General y de la formulación de cuentas el mismo día. Además, se da la circunstancia de que la adquisición por parte de Carlacand de sus principales activos es coetánea al momento de cobro del precio de la compraventa del frente de Las Teresitas.

El auto convoca a la promotora Punta Larga, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la Fiscalía a celebrar un juicio verbal para resolver el incidente de levantamiento de velo sobre aquella empresa, además de determinar el importe de la condena que le corresponde asumir. La resolución judicial también tiene por presentado el incidente presentado por la Corporación por el mismo motivo contra la tercera sociedad, Carlacand, a la que pretende extender las responsabilidades en el proceso de ejecución de sentencia.

Esta última sociedad dispone de un plazo de veinte días para formular alegaciones contra el embargo preventivo de los dos edificios de su propiedad.

Las conclusiones de un informe técnico encargado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) pocos meses antes de que acabara el mandato pasado, cuando todavía ese organismo autónomo del Cabildo de Tenerife estaba en manos del PSOE, viene a contradecir la urgencia de demoler el inmueble con la que CC ha justificado que no se convocara un concurso público para buscar el inmueble donde realojar de forma temporal a los más de 200 pacientes del geriátrico Febles Campos.

Este proceso a dedo duró dos años y desembocó en el intento de comprar para tal fin un edificio de una empresa de la familia de Antonio Plasencia en Cabo Llanos (municipio de Santa Cruz de Tenerife) por 23 millones de euros, más otros 6,1 para que se adecuara el inmueble a su uso como geriátrico.

Frente a la argumentación de CC sobre la necesidad de no demorar ese desalojo, y de ahí que se acudiera a la búsqueda por el procedimiento de compra directa que tardó dos años, hasta que surgió la oferta de Plasencia, una empresa especializada en ensayos para el control de calidad en la edificación, ECA, concluyó que “no se detectaron patologías importantes”, al no hallarse “ni grietas ni fisuras en los puntos de carga, ni deformaciones excesivas en los forjados”.

El informe sobre esta prueba de carga en forjados de ese centro sanitario, construido en 1930, lleva fecha del 21 de julio de 2015, es decir, tras las elecciones de mayo de ese año; esto es, cuando ya CC había tomado el control de ese organismo autónomo en el Cabildo de Tenerife (2015-19), en el mandato anterior gestionado por el PSOE.

De hecho, el día 28 de julio el Consejo de Gobierno insular, formado por CC y PSOE -el pacto se reeditó-, acordó la designación de Juan María Reyes como directora del IASS, que fue la que en el último trimestre del pasado año impulsó los trámites para la compra del edificio a Plasencia, inicialmente apoyada por todos los partidos, excepto Podemos, que se abstuvo, aunque luego todos, excepto CC, defendieron esa adquisición, ante el revuelo que se suscitó cuando trascendió que era de aquel empresario condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos.

El informe, firmado por un arquitecto técnico de ECA, señala que, “si bien no se realizó una inspección exhaustiva de toda la estructura”, no encontró motivos de preocupación.

“Los resultados de probetas testigo, aún siendo bastante bajos, entran dentro de lo previsibles en edificios de esta época”, sostiene el técnico en las conclusiones.

Con respecto a los muros de carga, aclara que “no se pudo obtener un valor de tensión admisible dado que la cohesión de los bloques macizos con los que están realizadas es bastante bajo y no se pudo obtener un testigo válido para el ensayo a compresión simple”. Y añade que “la capacidad resistente de los bloques debe ser muy pequeña, si bien se solventa por el ancho de los muros”:

Precisa que “no se detectan fisuras en los muros, por lo que actualmente están trabajando correctamente”, aunque recomienda que “cualquier actuación sobre el edificio no debería originar un aumento” de peso. “En caso de necesitar aumentar las cargas que se transmiten por las paredes de carga de manera significativa, sería conveniente plantear añadir un refuerzo adosado a estas”, señala.

El informe que echó en falta el interventor lo tenía el IASS

Llegados a este punto, cabe recordar que el interventor del IASS, que se llegó a negar el 27 de diciembre a hacer su informe sobre la compraventa para el Consejo Rector  porque no le habían dado tiempo para examinar el expediente pese a ser “harto complejo”, cuando al día siguiente hizo el informe, advirtió precisamente de que  “poco o nada se dice en el expediente sobre el estado de la edificación del actual hospital Febles Campos, ni sobre si dicho estado permitiría o no demorar en el tiempo la adquisición de una ubicación alternativa, aspecto sin duda relevante para justificar una compra” directa como esta. Llama poderosamente la atención que, obrando en poder del IASS una prueba de carga hecha por un laboratorio especializado en estos chequeos, no fuera mencionada ni incluida en el expediente, como hubiera deseado el funcionario fiscalizador.

Tras la polémica suscitada, el Cabido ha desistido de comprar el edificio a Plasencia sin procedimiento público, tras perder Coalición el apoyo de los demás partidos, si bien la opción que ahora se va a llevar a cabo, aprobada en el pleno insular solo con los votos de CC y PP, es una solicitud pública de ofertas a la que puede presentarse de nuevo la empresa Carlacand, por lo que PSOE y Podemos interpretan que se ha dejado la puerta abierta a que al final se consume la operación con el constructor condenado.

Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, es la representante de esta formación política en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) y la única persona que en la ya famosa reunión del 28 de diciembre de 2018 no apoyó (se abstuvo) la compra a dedo por parte de ese organismo autónomo de un edificio de oficinas sito en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) que es propiedad de una empresa de la familia de Antonio Plasencia (Carlacand, SL).

La adquisición se pretendía realizar, pues ahora Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha anunciado que va a paralizar ese proceso (lo ha anunciado el presidente insular Carlos Alonso este mediodía y ello no implica que al final se termine comprando el mismo edificio al mismo propietario), para darle un uso sociosanitario a ese bloque de oficinas. La operación suponía pagar con dinero público 23 millones de euros por el inmueble, más la adaptación de este, que el expediente también adjudicaba a dedo al mismo constructor, con algo más de seis millones de euros y, por lo tanto, un total de 29 millones.

Tras conocerse ese polémico proceso, que ha sido adelantado y explicado al detalle por Tenerife Ahora todos estos días, Hormiga concedió esta entrevista, en la que habla con claridad del antes y el después de esa operación pública en la que se ha quedado muy sola CC. La entrevista se hizo esta mañana de viernes, justo en el momento en que Alonso anunció que el Cabildo renunciaba a esa compra para lanzar un proceso de oferta pública, garantizando así la concurrencia.

La consejera insular de Podemos desgrana en esta charla lo ocurrido estos días y aporta algunas claves acerca de lo que había detrás de ese intento de compra urgente tan criticada en Tenerife (ya por todos los partidos menos CC), tan poco transparente y con beneficio inmediato para un empresario condenado hasta dos veces por corrupción (en los casos Las Teresitas y Áridos -barrancos de Güímar-, el primero con fallo recurrido ante el Supremo). 

PSOE y PP han comentado estos días que entonces votaron a favor de la compra del edificio de Plasencia porque ni siquiera se dijo en la reunión del consejo rector del IASS de 28 de diciembre pasado que era de una empresa del constructor condenado por corrupción. ¿Es eso así?

El expediente no nos fue facilitado hasta el día del consejo rector del IASS y en él se podía ver la dirección exacta del inmueble. Una simple búsqueda en Google Maps da la ubicación de ese bloque de oficinas, y a nadie en Santa Cruz que esté un poco al tanto de lo que pasa en la ciudad se le escapa que ese edificio es propiedad del señor Antonio Plasencia, máxime cuando ya dio que hablar su construcción al tapar la visión del Auditorio de Tenerife. Por si fuera poco, en la propuesta de acuerdo aparecía el nombre de Carlos Antonio Plasencia Romero.

Según lo que usted relata, ¿se puede decir que alguien ha mentido sobre que no se enteró antes de quién era el edificio de Cabo Llanos?

Cada uno es dueño de sus palabras y responsable de sus actos. Si lo sabían o no, es algo que deberá valorar cada cual acorde a sus principios. Lo que sí le puedo asegurar es que yo, personalmente, lo advertí, tanto el día 27 [la primera reunión del consejo rector, esta sin el informe del interventor] como el 28 en el propio consejo rector. Además, queda meridianamente claro que es una irresponsabilidad política de los demás grupos de la oposición que, tras escuchar mis advertencias, no se hayan molestado siquiera en comprobar mis afirmaciones.

Usted fue la única voz discrepante en el consejo rector del IASS del 28 de diciembre. ¿Por qué optó por la abstención en ese momento y no por el voto en contra, algo que se le ha reprochado a Podemos?

En el consejo rector se sometía a votación el inicio de un expediente, no su compra definitiva. Por eso mismo solicité que se incluyera en el acta mi protesta formal puesto que dicha compra se iba a hacer a un empresario condenado por corrupción. Mi abstención vino motivada por la urgente necesidad -compartida por el grupo de Podemos- de dar un nuevo espacio a pacientes y familiares del hospital Febles Campos, puesto que esa es una necesidad imperiosa para quienes la sufren y dado que los informes de la intervención delegada eran favorables. En ese momento opté por la abstención, que no es sino un voto discrepante al fin y al cabo. Evidentemente, no teníamos acceso a toda la información tal y como nos fue llegando en días posteriores.

¿Ha recibido algún tipo de presión por desmarcarse de ese acuerdo y hablar tan claro sobre las supuestas irregularidades que hay en el expediente?

Se puede afirmar que sí. Se me ha sometido a un chantaje emocional, principalmente por parte de quienes desde CC conocen mi sensibilidad por los pacientes del IASS.

¿Por qué CC ha tenido tanta prisa en cerrar esta operación tan polémica, tan urgente para ellos y con un proceso legal con tantas carencias y tan poco limpio al menos en el plano administrativo?

Las políticas de la corrupción suelen ser siempre las de las urgencias y las ocurrencias. Es el último sistema que estamos conociendo.

¿Este asunto puede acabar en la Fiscalía o en los tribunales?

Todos los indicadores apuntan a que así será.

¿Qué espera del consejo rector de este viernes, 18 de enero? ¿Por qué CC ha decidido convocarlo a toda prisa?

A solicitud de mi persona se solicitó inmediatamente la convocatoria de un consejo rector extraordinario, pero lamentablemente, al no tener el número mínimo de miembros necesarios para su convocatoria, no se atendió mi petición. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente se convoca al grupo de gobierno para que la noticia que trascienda a los medios sea que fue CC -y también el PSOE- el que la solicitó y no Podemos, que no olvidemos la había pedido el día anterior. Al consejo rector se va a llevar un único punto en el orden del día, que es la Dación de cuenta del presidente sobre la situación actual del expediente de compra. A fecha de hoy desconocemos su contenido [el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, adelantó este jueves al mediodía que se va a renunciar a la compra a dedo y se abrirá un proceso de oferta púbica].

Si no sale la compraventa, que el PSOE no la va a apoyar (y parece que tampoco el PP, más la negativa de Podemos), ¿se acabó el pacto en el Gobierno insular?

El pacto hace tiempo que está roto, como todo el mundo intuye o sabe, y además todo apunta a que lo sostienen los sillones, las prebendas y los más que generosos sueldos percibidos en el Cabildo. Sabemos que entre CC y PSOE las relaciones están más que tensas y, si no se ha roto ya, es porque desgraciadamente el socialismo en Tenerife está acostumbrado a plegarse y humillarse a los deseos de CC. El PSOE está desorientado en estos momentos porque Alonso lo está presionando. Los socialistas están bajo el liderazgo de alguien en entredicho, ya que [en alusión a Aurelio Abreu] no solo tiene causas judiciales pendientes sino que no aúna las sensibilidades del partido. Nos consta que una parte del grupo en el Cabildo rompería el pacto ahora mismo.

Dice Carlos Alonso que todo se basó en una tasación hecha por un funcionario. ¿Mintió Carlos Alonso cuando dijo eso a la prensa, puesto que en el expediente lo que hay es una validación de la tasación de Tinsa por un funcionario de un servicio que admite que no tiene personal ni datos para actuar con criterio técnico?

La declaración de Carlos Alonso consistió simplemente en manifestar a los periodistas que “había una tasación de un funcionario” cuando en realidad no era así. Él siempre podrá decir que había un funcionario que hizo una validación de la tasación y de la oferta realizada, pero el informe de ese funcionario en modo alguno es una tasación. De hecho, se dio por bueno el precio ofertado por el señor Plasencia porque sospechosamente era inferior al de Tinsa. Para la oferta se comparó con otro edificio en Ifara, pero hay que recordar que este se encuentra en una zona muy lujosa de la ciudad y Cabo Llanos en su día pretendió ser la milla de oro de Santa Cruz, pero a día de hoy es una zona abandonada a su suerte. Prueba de ello es que ni el mismo Plasencia ha logrado vender el edificio en el mercado privado. Tinsa fijó el precio. ¿Pero quién es Tinsa? La sentencia de Las Teresitas lo aclara muy bien.

¿Cómo lo interpreta usted y qué consecuencias cree que tiene el hecho de que la oferta de Plasencia aparezca registrada en el IASS el 14 de diciembre de 2018 pero en el expediente ya figuran haciéndose trámites sobre esa compra desde octubre pasado? Además, el informe al Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el uso posible del suelo se traslada al IASS antes de ese 14 de diciembre, el día que la oferta de venta es oficial.

En la misma pregunta que usted hace está la respuesta. Esta operación ya estaba urdida de antemano por los cerebros pensantes de CC-ATI.

Hable con claridad: ¿CC ha hecho un traje a la medida de los intereses de Antonio Plasencia?

El expediente habla por sí solo. El traje no solamente está hecho: estaba puesto a la venta y con un comprador pactado con abundancia de recursos públicos para adquirirlo.

Del expediente se deduce que a Tinsa, la tasadora que, según la sentencia, infló el precio de Las Teresitas a la medida de Plasencia y González (los dos empresarios que vendieron parcelas del frente de esa playa al Ayuntamiento), también se le dio a dedo el encargo. ¿Qué opina al respecto? ¿No hay ningún funcionario en el Cabildo capaz de hacer una tasación de ese tipo, como la propia Pía Oramas, ya que estamos con los mismos protagonistas del caso Las Teresitas, en su caso en clave positiva?

Confiamos plenamente en la profesionalidad y en la defensa del interés público de los funcionarios del Cabildo. Quizá lo que no interesaba era una tasación por parte de los técnicos, como todos sabemos que sucedió en el caso de Las Teresitas con la tasación que realizaron los funcionarias y que fue relegada en aras del interés de los empresarios condenados.

Dice el PSOE de Santa Cruz que si el Plan General se anula de forma definitiva, lo cual es muy probable, no es posible el uso sociosanitario de ese edificio, aunque el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo avala el cambio. ¿Qué papel juega el Gobierno municipal, de CC-PP, en este asunto?

Da la impresión de que son simples convidados de piedra en este festín de la supuesta corrupción y el caciquismo.

¿Podemos decir que esta operación es cosa de un solo partido, CC, o hay más?

El final de CC, o mejor dicho de ATI y sus seguidores, es el final de un ciclo político caduco y vetusto, que está terminando de la peor manera posible. Ese final no puede ser liderado por los partidos que han sido muletas de apoyo y sostén de CC: el PSOE y el PP, y este es un ejemplo que sirve tanto para el Cabildo como para el Gobierno de Canarias. CC podrá seguir aplicando estas políticas clientelares y de amiguismo siempre y cuando la ciudadanía se lo permita. Si esto es así continuarán utilizando el dinero público para contentar a sus amigos y no para financiar políticas realmente necesarias para la ciudadanía como son la sanidad o la educación. Este edificio es ya el símbolo evidente del estercolero en que, durante más de 25 años, los mismos de siempre han convertido la política en Canarias.

Ahora mismo se ha informado de que Carlos Alonso informará en la nueva reunión del consejo rector del IASS, la de este viernes, de que el proceso puesto en marcha se paraliza para abrir un proceso de oferta pública. ¿Qué opinión le merece esta recogida de velas?

Ah, sí... Una vez más queda demostrado que hacer política soloe pensando en intereses partidistas y clientelares, para favorecer a los amigos, no es de recibo. Carlos Alonso, ante las múltiples denuncias de algunos medios de comunicación y de  Podemos, deja meridianamente claro, al retirar la propuesta de compra, que no solo estábamos ante una compra irregular sino que con casi toda seguridad estábamos viendo el comienzo de un supuesto hecho delictivo merecedor de la actuación de la Fiscalía. Además, iba a dejar pequeño el caso de Las Teresitas, para más escándalo, con algunos de los mismos actores implicados, tal y como llevo denunciando desde el primer día. Aparte de esto, lo más lamentable también es que el PSOE, con esta retirada, queda a salvo a pesar de no hacer nada, como nos tiene acostumbrados en este mandato. Volverá a su postura cómoda de hacer lo mismo que lleva haciendo estos cuatro años en el Cabildo: ver, oír y callar.

Una de las noticias que más llama la atención es la disconformidad del interventor del IASS sobre la compra del edificio a Carlacand. No es la primera vez que un interventor se queja sobre la presión que sufre en su trabajo o sobre la responsabilidad en la elaboración de informes. Tampoco es la primera vez que sucede dentro del Cabildo. Seguramente por eso el funcionario decidió cuidarse sobre posibles males futuros: “Debe quedar claro que el sentido del presente informe en ningún caso puede condicionar las actuaciones posteriores que pudieran ser realizadas por parte de la Intervención, encaminadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales, ni en ningún modo se puede extender a una fase contable diferente de la autorización del gasto, en concreto a la disposición o compromiso a favor de la empresa Carlacand, SL”. Algo así como un mi opinión no debe tomarse como excusa.

El interventor también resalta las prisas por resolver el asunto, pues entiende que “sin duda es el gasto más importante afrontado en los últimos años”. Esta frase del interventor es suficiente para que salten todas las alarmas. La sociedad española conoce demasiados casos en los que diferentes administraciones han querido ventilar, con rapidez, asuntos que implicaban a grandes empresarios. A menudo, con políticos alrededor que desconocían lo que votaban.

Otro aspecto que llama la atención y que todavía resulta desconocido es cómo llega la oferta del edificio de Antonio Plasencia hasta el Cabildo. Se conoce que en el expediente las fechas no coinciden, pues, aunque se habla del mes de octubre, la entrada oficial del expediente es en el mes diciembre. También sabemos que existía el problema desde 2016 y que el Cabildo tarda dos años en encontrar una solución milagrosa.

Sin embargo, nos quedamos con la duda sobre qué parte fue la que propuso el acuerdo, en qué fechas o en qué contextos. Estos son los verdaderos datos de la intrahistoria que conforma la operación Plasencia. Los contextos son el motor que hace que una historia u operación gire hacia un lado o hacia otro.

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, ha admitido en un informe que carecía de medios y formación para poder hacer una tasación del edificio de 13 plantas con oficinas que esa entidad pública, el IASS, ha decidido comprar a la sociedad mercantil Carlacand, SL, una compañía de la familia del empresario tinerfeño condenado por el caso Las Teresitas Antonio Plasencia.

Por esa razón, ese servicio público insular decidió encargar la valoración a una empresa externa, en este caso Tinsa (la misma que infló el precio de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a una empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González), que fijó el precio en 23,3 millones de euros teniendo en cuenta su uso previsto para oficinas, cifra casi clavada a los 23 que pidió la empresa Carlacand. 

Por lo tanto, no existe garantía alguna de funcionario, o sea, una tasación pública, de que ese sea el valor aproximado de mercado del bloque de oficinas ubicado en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife). Ese servicio del IASS solo se reconoció incapaz de hacer una valoración propia y al final el expediente de compraventa se ha montado y aprobado en su inicio con la única tasación de Tinsa, hecha a toda prisa, en tiempo récord.

Contrastan esas circunstancias con las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), que ha defendido ante los medios de comunicación esa compraventa con el argumento de que “todo se ha hecho sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público”, y no es así.

La realidad es que el 3 de octubre, se supone que dos días después de que Carlacand entregara de manera oficiosa su oferta al IASS (el escrito lleva fecha del 1 de ese mes pero por Registro General figura, sorprendentemente, sellado el 14 de diciembre), dicho servicio activó la búsqueda de presupuestos de empresas tasadoras, “siguiendo instrucciones de la Gerencia” y con la directriz de que se diera la tasación “en el menor plazo posible”.

Así mismo consta en un informe técnico del 3 de octubre, a su vez inserto en otro del mismo servicio elaborado el 17 de diciembre, en el que, literalmente, se justifica que se encargue a una empresa externa la fijación de un precio con el siguiente argumento: “No existen medios propios ni formación específica del personal adscrito a este servicio [del IASS], ni conocimiento actualizado de precios de mercado que permitan acometer la realización de la citada valoración”.

Tinsa, otra adjudicación a dedo en el expediente

Sin que se conozcan en el expediente entregado a los grupos políticos de la oposición en el Cabildo qué otras empresas tasadoras fueron contactadas y qué presupuestos se recibieron, el IASS adjudicó el encargo a Tinsa, por 7.811 euros (IGIC incluido) y con un plazo de entrega de la tasación meteórico, apenas 10 días. 

No hay más explicaciones para esa elección que “la necesidad de realizar la citada valoración, la urgencia de esta y el importe que se ajusta a precio de mercado”. Y en efecto, el 18 de octubre, dos días antes del ya corto plazo para acabar el trabajo, Tinsa entrega su tasación, prácticamente clavada al precio que pedía Plasencia (apenas 319.373 euros más) en el escrito con su oferta de fecha de 1 de diciembre pasado, el mismo que luego se registró el 14 del mismo mes.

Se da circunstancia de que esa tasadora es la misma que, como quedó probado por la sentencia del caso Las Teresitas dictada en 2017 por la Audiencia Provincial, infló de forma artificial el precio de las parcelas del frente de playa en contacto con el arquitecto de los dueños de los terrenos, el propio Antonio Plasencia e Ignacio González, ambos condenados por esa venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ahora le va a reclamar los 52 millones pagados más intereses desde el año 2001, una vez la sentencia sea firme.

La tasación privada como única referencia

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS valida el 17 de diciembre de 2018 el dinero solicitado por Plasencia a cambio de su edificio de oficinas en Cabo Llanos, para convertirlo en geriátrico, en un informe firmado por un arquitecto técnico, quien afirma que el valor “no solo se ajusta al precio de mercado, sino que resulta incluso inferior, ya que se oferta en 23.000.000 euros, resultando una tasación de 23.39.373,80”. Da por bueno, por tanto, el técnico del IASS el importe de la compra del inmueble poniendo como única referencia la tasación de Tinsa.

Comoquiera que también la oferta de Carlacand incluye hacer igualmente la obra de adaptación del inmueble a centro sociosanitario por 6,1 millones de euros, el funcionario del IASS compara esta compra con otra oferta por otro centro ya en funcionamiento en Santa Cruz, cuya negociación se frustó en junio de 2017 porque el propietario pedía más que lo tasado. Así, frente a los 2.637 euros por metro cuadrado en que se ofreció la residencia Mirador de Ifara, en el caso del edificio de Plasencia la cantidad bajaba a 1.712 euros por metro cuadrado.

El autor del informe, Carlos Alonso Labrador, elogia la “excelente oportunidad” de la oferta de Plasencia para realojar a los pacientes del Hospital Febles Campos y de la residencia de Ofra, en el propio municipio de Santa Cruz, y tan solo con ejecutar obras de adaptación (cuyo coste, de 6,1 millones y que ejecutará el propio vendedor, también valida el funcionario).

Alonso advierte, eso sí, de que “resulta relevante destacar la enorme dificultad” de buscar inmuebles que cumplan las condiciones requeridas por el IASS, “lo que complica la valoración comparativa de inmuebles similares que puedan establecer precios de referencia para un centro de estas características”.

La valoración del edificio de una empresa de Antonio Plasencia que va a adquirir el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) en Cabo Llanos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para reubicar a 270 pacientes del hospital Febles Campos, no presentó discrepancias entre el vendedor y el Cabildo de Tenerife, controlado en esta área por Coalición Canaria (CC). La tasación realizada por la empresa Tinsa (la misma que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas) asciende a 23,3 millones de euros, mientras que la oferta que efectuó el empresario, 23 millones justos, apenas se diferencia en 319.373 euros. El empresario propietario del inmueble la hizo un poco antes.

Todo fue muy rápido. En la propuesta de acuerdo que finalmente salió adelante el pasado 28 de diciembre en el consejo rector del IASS (donde está presente la oposición en el Cabildo de Tenerife y se abstuvo Podemos), consta que “en octubre” de 2018 el empresario, con el que se habían mantenido “varias conversaciones”, formula su oferta, de 23 millones redondos por el inmueble ya construido, más otros 6,1 millones adicionales para adecuar el edificio de oficinas al uso sociosanitario pretendido, obras para las que ya incluso presenta un anteproyecto realizado por un estudio de arquitectura.

Ese mismo mes, y con fecha de 3 de octubre, un informe técnico de este organismo autónomo propuso iniciar el procedimiento de contratación de una tasación, primando el criterio del “menor plazo de entrega posible”. Y en efecto se pidieron presupuestos de honorarios a empresas del sector, pero se eligió a Tinsa, que el día 18 siguiente ya entregó al IASS la tasación del edificio de Plasencia: 23.319.373 euros. Es decir, todo el procedimiento en apenas 15 días.

La empresa propietaria del inmueble, situado enfrente al Auditorio y en plena milla de oro de la capital tinerfeña, es Carlacand, de la familia Plasencia. De hecho, en la propuesta de acuerdo que se llevó al consejo del IASS figura como representante de la propiedad Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del empresario Antonio Plasencia, este exculpado en el caso Las Teresitas, mientras que su padre está doblemente condenado por esa causa (el Ayuntamiento está a la espera de que la sentencia que anula la compraventa sea firme para reclamarle 52 millones de euros más los intereses) y el caso Áridos de Güímar (por el que ya tiene que afrontar una responsabilidad patrimonial curiosamente por la misma cantidad, 52 millones). El PSOE, socio de gobierno de CC en el Cabildo tinerfeño, ha dicho que desconocía que este edificio fuera de ese empresario.

El asunto saltó a la opinión pública el día 29, tras aprobarse en el consejo rector del IASS el día 28 el inicio del expediente para adquirir el inmueble y divulgar el acuerdo en nota de prensa el propio presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC). En esa reunión, Podemos fue la única voz discrepante, con abstención. Tras publicar Tenerife Ahora, que el edificio era de una empresa de Plasencia, el PSOE ha mostrado sus dudas sobre el expediente.

Sin embargo, hay que destacar que en la propuesta que se acordó en el IASS se detalla que el Consejo de Gobierno insular- formado por los consejeros de CC y PSOE-, en reunión celebrada el 19 de diciembre anterior, ya había manifestado su “conformidad” a esta compraventa, ya que así lo exige la normativa que rige el presupuesto del Cabildo.

Se da la circunstancia de que para el precio de 6,1 millones ofertado por Carlacand por adecuar el edificio a su uso posterior sociosanitario, al IASS le bastó el presupuesto presentada por esta constructora, tras “validarlo” el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de este organismo autónomo, al concluir que es “un coste bastante inferior a los valores de mercado que se obtuvieron ya desde el inicio de la búsqueda de inmuebles disponibles. Entonces se fijó en 2.035 euros el metro cuadrado”, frente a los 1.783 ofrecido por la empresa de Plasencia.

En cambio, para la obra ya construida, el grueso de la operación (23 millones, que se pagarán de una tacada) no figura en el expediente una tasación propia de los técnicos del IASS, sino un “informe técnico” del citado servicio, con la “validación del informe de tasación” encargado a Tinsa.

De ese informe, en la propuesta de acuerdo que firma Juana María Reyes, presidenta del IASS, se indica que “respecto al valor total de la compraventa resulta relevante destacar la enorme dificultad de contar con alternativas [de edificios] que cumplan las solicitaciones necesarias, lo que complica la valoración comparativa de inmuebles similares que pueda establecer precios de referencia para un centro de estas características”. Aun así, sostiene que el precio -de tasación y el ofertado- es “ ajustado al precio de mercado”.

Por ello, la única comparativa para calibrar el precio pagado se hace con una residencia de ancianos que el IASS había intentado comprar en Ifara (también en Santa Cruz), con una tasación (cuya autoría no se detalla en la propuesta) de 18,5 millones, pero ofertada en 24 millones, por 9.900 metros cuadrados (a razón de 2.637 euros el metro cuadrado), con 250 plazas residenciales. Se contraponen estos guarismos a los del edificio de Plasencia: tasado en 23,3 millones, ofrecido por 23 millones, por 17.005 metros cuadrados ( a razón de 1.712 euros  el metro cuadrado) y con capacidad para 272 plazas.

Tinsa y  Plasencia, como en el caso Las Teresitas

Tinsa y  Plasencia, como en el caso Las TeresitasViene al caso recordar que la empresa Tinsa -vinculada entonces a CajaCanarias- jugó un papel determinante en el caso Las Teresitas,  y como puede comprobarse en la sentencia condenatoria que dictó la Audiencia Provincial en 2017, por la compra que el Ayuntamiento capitalino, cuando lo presidía Miguel Zerolo (CC), efectuó de los terrenos del frente de playa a este mismo empresario, Antonio Plasencia, y a su socio en Inversiones Las Teresitas SL (ILT), Ignacio González (ambos resultaron condenados). El fallo está pendiente de ser firme tras el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los condenados.

En dicha resolución judicial se dio por probado que la valoración de Tinsa para el frente de playa realizada para Cajacanarias “en realidad” se trataba de una tasación que había sido emitida antes por cuenta de ILT“, con ”hipótesis de valoración que fueron modificadas sin justificación“, por lo que su valoración ”no cumplía los requisitos condicionantes de los terrenos, una constante en el curso de los hechos y, en particular, en la actuación“ de esta empresa tasadora.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este miércoles que la compra de un edificio en la zona de Cabo Llanos en Santa Cruz para albergar servicios del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) era la “única alternativa” a corto plazo para cumplir el plan sociosanitario.

La compra del inmueble por 29 millones de euros, 23 para la adquisición, fue aprobada el viernes 28 de diciembre por el Consejo Rector del IASS y, al parecer y según han publicado medios locales, pertenece al empresario Antonio Plasencia, condenado en el caso de Las Teresitas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Alonso ha asegurado que la operación de compra es “completamente normal” y está “bajo los cánones establecidos respecto al sistema de contratación y tasación”.

Según el presidente del Cabildo de Tenerife, durante casi tres años han buscado un inmueble en el área de Santa Cruz que permita adelantar el plan de infraestructuras sociosanitarias para aumentar el número de plazas en la isla para dependientes y personas con discapacidad. 

Alonso ha añadido que los dos edificios que actualmente se utilizan para esas funciones, el Febles Campos y la residencia de Ofra, requieren de una rehabilitación integral que “básicamente” supone tener que demolerlos y volver a construirlos.

Por este motivo, ha proseguido Alonso, se debe alojar los dependientes en otras instalaciones y las alternativas eran construir un edificio “de cero” en otro solar, lo que llevaría “fácilmente de tres a cuatro años” o buscar un inmueble en el que se pueda alojar a los residentes mientras se produce la remodelación y reconstrucción de los dos espacios. 

“No hemos encontrado otro edificio salvo el que es objeto de compra. Todo se ha hecho sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público con una obligación por parte del vendedor de transformar ese edificio, que hoy es de oficinas, para alojar a enfermos dependientes con las condiciones y estándares que establece el IASS”, ha subrayado el presidente del Cabildo. 

Alonso ha señalado que ya se ha iniciado el expediente de adquisición, lo que genera una obligación desde el punto de vista presupuestario y ahora el vendedor tiene que presentar proyecto de adecuación al Ayuntamiento de Santa Cruz para obtener la licencia y realizar las obras complementarias para transformar el edificio.

Una vez concluya ese periodo, ha declarado Alonso, se confirmaría la compra del inmueble. 

Cada día se vierten en el entorno del muelle de La Hondura, en Santa Cruz de Tenerife, 20 millones de litros de aguas residuales que gestiona Emmasa sin los tratamientos que exigen las directivas europeas, pero que cuentan con una autorización provisional del Gobierno canario otorgada en 2016 para que el agua llegue al océano con pretratamiento básico, que solo consiste en un filtrado para eliminar residuos sólidos y grasas.

Ello será así hasta el 31 de este mes de diciembre, cuando vence ese permiso dado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sin que esté desarrollada la solución definitiva que hace tres años se preveía a estas alturas, es decir, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires, ya licitada por el Gobierno estatal pero cuyas obras pueden tardar más de dos años.

Conforme al tenor de la resolución que hace más de dos años dictó la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, el 1 de enero de 2019, “a más tardar”, la conducción actual de desagüe ya no podrá utilizarse para verter de forma continua, sino “únicamente en régimen discontinuo” y para aguas negras que hayan sido sometidas a pretratamiento en la ampliación de la EDAR.

La autorización de la Viceconsejería partía de que la EDAR estaría ampliada ya a estas alturas, y, de hecho, se fijaba el 31 de este mes como “fecha prevista para la finalización del periodo de pruebas” de la nueva instalación.

La advertencia ha llegado ya desde Sí Se Puede (SSP), el partido que más ha denunciado (incluso por vía penal, donde hay una causa abierta) la situación de los vertidos en este litoral capitalino, desde el lateral sur del Palmetum hasta el litoral situado enfrente a la depuradora de Buenos Aires (en esta área hay cuatro).

El portavoz y abogado de SSP, Pedro Fernández Arcila, previene de que la situación actual “supondrá la declaración de caducidad de la autorización, además de la imposición de sanciones que tendrá que pagar la Corporación municipal”, al tiempo que considera que “no hay condiciones para cumplir los requisitos establecidos en 2016 por la citada resolución de la Viceconsejería”.

De ahí que Fernández Arcila reproche al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), su “incompetencia” por “llevar a una situación insostenible al Ayuntamiento”.

Ayuntamiento y Gobierno canario negocian contrarreloj

Arteaga, en declaraciones a Tenerife Ahora, admite que el tiempo se ha echado encima y no se ha podido cumplir con el plazo fijado, pero enfatizó que “la solución definitiva es la ampliación de la EDAR, que es una obra de interés estatal, ya licitada por 20 millones pero no ejecutada aún”, al tiempo que se muestra convencido de que no habrá sanciones al Ayuntamiento porque “es una situación que tiene que resolver el Estado”.

En todo caso, y como el tiempo apremia, para mantener la autorización a este desagüe el concejal de CC asegura que está “trabajando en una solución provisional” con una comisión técnica que forman el Ayuntamiento y la Viceconsejería. Aunque no detalla cuál será esa solución, el concejal apunta que habrá que mejorar el tratamiento del vertido, pues la ampliación de la EDAR puede tardar aún dos años.

Si bien la situación actual es aún turbia, Arteaga está convencido de que en el año 2021 “Santa Cruz tendrá resuelto el problema del tratamiento de las aguas residuales, que llevaba más de 30 años sin solucionar” y que, sostiene, él ha intentado arreglar desde su llegada al cargo.

Arteaga recuerda que para ello hay una serie de inversiones “tramitándose” que afronta el Cabildo, otras el Ayuntamiento y otras el Estado. Todas ellas beneficiarán también a Igueste, Taganana y a la estación de bombeo en Buenos Aires (EBAR).

Arteaga: “Muchas denuncias y pocas soluciones”

El concejal es consciente de que tiene una causa penal abierta por este asunto, y que también afecta a su antecesor en el cargo, Norberto Plasencia (de CC y condenado por otras causas), pero subraya que, “salvo denuncias sobre este problema, que está en su derecho y me parece bien, Sí Se Puede no hace ninguna propuesta o sugerencia para solucionar la situación, y la verdad es que ningún otro partido de la oposición”.

“En cambio, nosotros”, añade en relación con el grupo de gobierno, “hemos trazado un hoja de ruta, un plan de etapas, con una solución definitiva, que, insisto, podrá lograrse en dos años” si en ese tiempo la prevista renovación EDAR está operativa.

En La Hondura, a día de hoy tres emisarios legales y uno ilegal

La versión del gobierno chicharrero coincide con la expresada a finales del pasado mes en el Parlamento por la consejera regional de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto (CC), que desvió en este caso la responsabilidad a Madrid: “Estamos preocupados, porque en 2015 el Estado se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife y hasta septiembre de 2018 no se adjudicaron las obras”.

Sin embargo, preguntada en el pleno parlamentario por el PSOE acerca de vertidos  ilegales en Los Llanos-La Hondura, confirmó que se han producido en septiembre y  noviembre sendos derrames de aguas negras por un desagüe (de la red de saneamiento municipal) que carece de autorización, por lo cual la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto expediente.

Otros tres emisarios cuentan con permiso en regla (dos de Cepsa y uno de Emmasa), por ahora solo hasta el 31 de este mes, cuando puede quedar sin ella el de las aguas contaminadas que llegan al mar desde la EBAR. Sin embargo, en esa respuesta, Barreto no mencionó la inminente caducidad de este último.

Todo este asunto se tratará este jueves, 13 de diciembre, en una comisión de control al Gobierno municipal, pues Sí Se Puede preguntará a Arteaga por las actuaciones que piensa realizar el equipo de gobierno a la vista del próximo “incumplimiento del plan de etapas, la consiguiente declaración de caducidad que corresponde y las sanciones que llegarán como consecuencia”.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto expediente sancionador por vertidos al mar en La Hondura desde un aliviadero aéreo de la Estación de Aguas Depuradas (EDAR) de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, que gestiona la empresa mixta Emmasa (del grupo Sacyr).

Así lo ha confirmado la consejera de Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, que ha precisado que ese desagüe, que atraviesa la calle Anatolio Fuentes y la TF-4, carece aún de autorización, aunque esta se halla “en tramitación, a la espera solo de que la Dirección General de Costas remita los pliegos definitivos para poder concederla y de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecute las obras que permitan verter de acuerdo a la normativa”.

En esa zona de la capital, según detalla Barreto en un comunicado, tras explicarlo en el Parlamento de Canarias a preguntas del PSOE, están censados cuatro puntos de vertido al mar, de los cuales tres cuentan con permiso, pero no donde se han producido esos vertidos en La Hondura por Emmasa (punto amarillo en la imagen), en su momento grabados por ciudadanos en vídeos y difundidos por las redes sociales.

Como además ha comprobado Tenerife Ahora en el visor de la empresa pública autonómica Grafcan, de los autorizados entre el Palmetum (zona sur) y La Hondura dos puntos de derrames al mar desde tierra pertenecen a la refinería de Cepsa (tienen autorización desde 2014) y dos a Emmasa, uno de los cuales aún no está legalizado y justo por donde se han producido vertidos en septiembre (día 25) y en noviembre de este año (día 15).

Causa penal abierta y vertido de 20.000 metros cúbicos diarios

En esta coyuntura, Sí Se Puede (SSP) insiste en la “gravedad” de los vertidos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, “que son de tal magnitud que Dámaso Arteaga (CC), concejal de Servicios Públicos, y otros responsables están investigados por un presunto delito contra el medio ambiente, a partir de una denuncia presentada por el partido ecosocialista.

El portavoz de SSP, Pedro Fernández Arcila, ve “muy preocupante que diariamente se viertan al mar en Santa Cruz 20.000 metros cúbicos de aguas residuales sin depurar (el emisario es uno de los identificados con punto verde de los de la derecha en la foto) por la falta de funcionamiento de la estación de bombeo de Cabo Llanos. Esos vertidos no se ven y son muchísimo más graves que los que hemos apreciado en los últimos meses en La Hondura, tanto es su riesgo que informes científicos alertan de la presencia en la zona de peces con alteraciones genéticas”.

No obstante, para el concejal de SSP ese lanzamiento al mar de aguas no tratadas desde la estación depuradora “constituye otra actuación que debe sumarse al vertido diario y constante procedente de la EBAR de Cabo Llanos, lo que evidencia la desastrosa gestión de aguas residuales por parte de Emmasa, en manos de la multinacional Sacyr”.

Según dijo Arcila, “distintos informes técnicos, del Ayuntamiento y de Emmasa, indican que la estación depuradora de Buenos Aires tiene capacidad para asumir el ciclo de las aguas residuales que se producen en la zona baja de Santa Cruz -alrededor de dos tercios de las generadas en el municipio-, con lo que es posible evitar su vertido directo al mar en la zona de La Hondura”. “Sin embargo, para ello es imprescindible que funcione correctamente la estación de tratamiento y bombeo situada en Cabo Llanos, que no bombea las aguas residuales hasta la depuradora de Buenos Aires”, apunta el concejal de la oposición.

La consejera Lady Barreto trata de disculpar al Ayuntamiento

La consejera de Sostenibilidad del Gobierno canario ha intentado, no obstante, rebajar la mala imagen que supone para Emmasa y para Santa Cruz los últimos vertidos: “El Consistorio capitalino ha sido el único de toda Canarias que solicitó la creación de una comisión técnica para el seguimiento de todos los expedientes en tramitación y es, además, junto a Guía de Isora, el único municipio de Tenerife que lleva al día la tramitación de todos sus expedientes”.

Además, Barreto indica que el problema de vertidos al mar se soluciona con unas infraestructuras adecuadas. “En 2015 el Estado se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la EDAR de Santa Cruz de Tenerife y hasta septiembre de 2018 no se adjudicaron las obras; pero, a día de hoy, los trabajos no se han iniciado”, apostilló.

La consejera ha intervenido esta semana en el pleno del Parlamento de Canarias interpelada sobre este asunto por la diputada socialista Patricia Hernández. Antes de la sesión, la Consejería de Sostenibilidad remitió al PSOE documentación que había solicitado sobre los vertidos de septiembre pasado por el citado desagüe, escrito en el que la respuesta es menos diplomática para el Ayuntamiento capitalino. “Lo primero que cabe informar es que la citada conducción de desagüe [la de La Hondura y de la EDAR] carece de autorización de vertido desde tierra al mar (AVM) otorgada, por lo que cualquier vertido que se produzca a través de esta es ilegal por carecer del correspondiente título habilitante”, reza el documento de la Viceconsejería de Medio Ambiente, divulgado por Diario de Avisos.

El Gobierno municipal no ve irregularidad en lo que hace Emmasa

En relación con este mismo asunto, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz ha declarado en El Día que el impacto sobre el medio ambiente de los vertidos registrados a través del aliviadero de La Hondura es “casi inexistente”, a pesar de que la turbidez del agua era mayor, aunque reconoció que estas aguas llegan al mar “tratadas, pero no ultrafiltradas”.

Sostiene Arteaga que de las notificaciones de Emmasa, empresa responsable del servicio en la capital, no se desprende un comportamiento “irregular” en cuanto al mantenimiento de la depuradora. “Todo lo contrario”, dijo. No obstante, llama la atención sobre el hecho de que esta instalación, que da servicio también a los municipios de La Laguna y El Rosario, está “al límite” de su capacidad.

Atribuye el edil de CC el motivo de estos últimos vertidos por el aliviadero a que la empresa pública del Cabildo “Balten a veces no coge toda el agua [depurada para uso agrícola] por necesidades propias”.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Arteaga, indicó este viernes en una nota que el Consistorio local ha puesto en marcha la licitación de un estudio de viabilidad sobre una posible concesión de dominio público para la construcción de un aparcamiento público y una plaza en la zona de Cabo Llanos.

Arteaga afirmó al respecto que “ya disponemos de los oportunos informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo relativos a la situación urbanística de esa parcela, que estaría situada en el espacio público existente entre las dos torres residenciales de esa zona de la capital”.

El edil agrega que la idea del Ayuntamiento, como adelantó el alcalde José Manuel Bermúdez en reuniones mantenidas con representantes de los vecinos, “pasa por desarrollar una nueva zona de esparcimiento mediante la creación de una plaza con zonas ajardinadas y dotaciones necesarias para el disfrute de la ciudadanía, incluyendo las demandas solicitadas por las asociaciones de vecinos de Cabo Llanos y los representantes de todas las comunidades de vecinos de esa zona de Santa Cruz”.

De igual forma, Arteaga precisa que el Consistorio “ha logrado que se realicen las oportunas labores de control para que los solares existentes se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con lo expuesto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz. Para ello, ya se ha procedido a la limpieza de los solares públicos situados en la zona”, confirmó.

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordado este miércoles de manera definitiva que la futura Ciudad de la Justicia se ubique en Cabo Llanos, aunque el alcalde José Manuel Bermúdez ha exigido también al Ejecutivo autonómico una inversión en carreteras para facilitar los accesos al centro urbano.

El acuerdo sobre la definitiva ubicación de la Ciudad de la Justicia se ha producido este miércoles en una reunión entre el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en la que se ha descartado la opción de edificar esa infraestructura en El Sobradillo.

El viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, dijo a los periodistas al término de la reunión que ahora queda pendiente determinar cuáles son los mecanismos adecuados para materializar este acuerdo, si a través de una modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad o por la vía de las disposiciones de la Ley del Suelo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó que se trata de hacer ahora dos cosas: la tramitación necesaria para que la capital tenga la Ciudad de la Justicia que se merece, “y hemos tardado tanto en realizar”, y de forma paralela, continuó, que se produzcan inversiones en la zona.

Bermúdez señaló que el Gobierno de Canarias actuó en su momento “de forma importante” cuando se decidió soterrar la avenida de Tres de Mayo en su salida hacia la autopista y se construyó un túnel que ha supuesto “un gran alivio” para la ciudad.

“Estoy pidiendo exactamente la misma solución para una zona que además tiene una diferencia con Tres de Mayo, que es que se trata de una vía de interés regional, puesto que da acceso al puerto, y por lo tanto, es una competencia absolutamente” autonómica, señaló el alcalde.

Bermúdez, que indicó que el consejero José Miguel Barragán tiene previsto convocar una reunión con los operadores judiciales para informar del acuerdo adoptado este miércoles, insistió en que en la zona de Cabo Llanos se precisan inversiones y consideró que habrá nuevos accesos por la vía del plan Santa Cruz Verde 2030, pero serán a largo plazo.

A corto plazo deben estipularse acceso por la vía del convenio de carreteras y por los que define el plan territorial del viario del área metropolitana de Tenerife, continuó el alcalde, quien aludió concretamente a la vía TF-4, la de entrada al puerto de la capital desde el sur, donde es necesario “de manera urgente” hacer una inversión para separar el tráfico portuario del normal que se dirige a la ciudad.

Sin embargo, lamentó el alcalde, no hay previstas inversiones en el área con carácter inmediato y, aunque esto no es competencia del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sí que lo es del Gobierno autonómico al tratarse de una vía de interés regional, reiteró Bermúdez, quien subrayó que es el único tramo donde confluyen el tráfico portuario y el de la ciudad.

Exigió José Manuel Bermúdez que se habilite una inversión urgente para solucionar el tráfico en la zona, que podría pasar por soterrar el portuario de manera que los vehículos accedan directamente al puerto.

“Sabemos que hay problemas de tráfico sin la Ciudad de la Justicia y los habrá con ella, como ha avanzado un estudio de movilidad que ha aportado el Gobierno”, advirtió el alcalde, quien también precisó que en la solución de este obstáculo hay “corresponsabilidad de todos los actores”, el Gobierno central a través del convenio de carreteras y el Cabildo de Tenerife, que “invierten en otras vías” pese a que las mencionadas son fundamentales para Santa Cruz.

En cuanto a la fórmula urbanística para edificar la Ciudad de la Justicia, señaló el alcalde que los técnicos de la Consejería de Política Territorial y de la Gerencia municipal de Urbanismo tratarán de buscar la solución más rápida porque “es verdad que hay un retraso evidente”.

Preguntado por el futuro de los terrenos de El Sobradillo donde se había propuesto situar la instalación judicial, José Manuel Bermúdez dijo que tiene conocimiento de que el Gobierno de Canarias analiza la posibilidad de edificar la sede del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.

A su juicio, es evidente que el Ejecutivo regional quiere ahorrar dinero en alquileres y ahora que tiene capacidad para ello “puede y debe invertir” en el suelo de El Sobradillo. 

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, se reunirá este miércoles con responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para abordar la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) que resuelva la ubicación definitiva de la futura Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos. Ya está claro que este complejo edificatoria se va a desarrollar en esa área urbana de Santa Cruz.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras una reunión de la Comisión Mixta de la Fiscalía, el responsable regional ha esperado que, tras la cita de este miércoles en Santa Cruz, se pueda tomar una decisión definitiva sobre aquella ubicación.

Cuestionado sobre si habrá nuevas reuniones con los operadores jurídicos para abordar este asunto, Barragán explicó que, una vez que se haya producido el encuentro con el Consistorio capitalino, volverá a convocarlos para explicar todos los pasos que se han dado y la posible solución adoptada.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, anunció este viernes, tras la celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la Comisión Mixta de Colaboración y Cooperación entre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Gobierno de Canarias, que el Ejecutivo autonómico anunciará la decisión definitiva sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife antes de finalizar este mes. Esto lo hará tras reunirse, por un lado, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por otro, con los operadores jurídicos.

Barragán, que calificó como fructífero el encuentro de este viernes, explicó al término de la cita que la reunión sirvió para informar del momento en que está el proceso, una vez que su departamento abordara el asunto con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

El consejero indicó que la próxima reunión con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife servirá para analizar las posibles actuaciones que habría que acometer en Cabo Llanos con el fin de iniciar el expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad, dado que ningún informe indica que exista una imposibilidad real para situar la Ciudad de la Justicia en esa zona.

A la Comisión Mixta de Colaboración y Cooperación entre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Gobierno de Canarias también asistieron, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste; el viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, que agrupa a los operadores de estos servicios en la provincia tinerfeña, ha difundido este viernes un comunicado de prensa en el que responde a las conclusiones del reciente estudio de movilidad que, en esencia, viene a desaconsejar la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos, en el centro de la capital.

Ese estudio, que dio a conocer este jueves la Consejería de Justicia, dirigida por José Miguel Barragán (de CC), avala de forma parcial los argumentos del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento santacrucero en relación con el impacto de ese futuro recinto en el aumento de las colas y el empeoramiento del tráfico en el corazón urbano.

Las conclusiones del trabajo, que encargó el departamento de Barragán, inclina la balanza, en la disputa sobre si Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos (centro urbano) o en El Sobradillo (periferia de Santa Cruz), a favor del segundo emplazamiento, justo el preferido inicialmente por el Ejecutivo autonómico y el Consistorio capitalino.

En el comunicado, la Plataforma primero reconoce que ya ha accedido al Estudio detallado de movilidad en el área de Cabo Llanos, para ver la posibilidad de construcción del Campus de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el polígono Cepsa-DISA de dicha zona, elaborado por la empresa Trazas Ingeniería, SL, tras solicitarlo la Consejería de Justicia. Luego, enumera sus conclusiones negativas acerca del contenido de ese informe, que son las siguientes:

“1) (...) es innecesario. No hace falta un estudio de movilidad como si se tratara de un uso nuevo: los juzgados ya están en Cabo Llanos. Simplemente, lo que se pretende es concentrar en una sede lo que ahora está disperso en cinco.

2) No se nos ha dado la posibilidad de intervenir a la hora de plantear el objeto del estudio; tampoco para someter a aclaración o contradicción sus afirmaciones y conclusiones.

3). d Insistimos: se omite o desconoce que todos los juzgados están ya en Cabo Llanos. No hay nuevos usos ni nuevos desplazamientos atraídos.

y 4) Es más que cuestionable la metodología empleada y el rigor de sus afirmaciones. Por poner un ejemplo: afirma que se producen 14 desplazamientos de vehículos policiales en hora punta (de 8.00 a 9.00). La realidad es que nunca a esa hora llegan más de tres. Igualmente exagerada es la cifra de 110 desplazamientos diarios que contempla para el traslado de detenidos, presos y penados. Bastaría haber preguntado al servicio de conducciones de la CNP y la Guardia Civil“.

Apuntados esos aspectos críticos del informe, según la versión de la Plataforma, el colectivo judicial resalta que “la Consejería de Justicia ha dado pasos importantes y en la dirección correcta en el último año, al abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos y conseguir la titularidad de las parcelas existentes en la zona próxima al Tanque, con el fin de ubicar ahí el centro educativo, despejando los problemas que afectaban a la zona en que se pretende ubicar la Ciudad de la Justicia”. También confía “en que ese informe no sirva de excusa o de pretexto para retomar la ubicación de El Sobradillo, ni para demorar la solución al problema de ubicación de las dependencias judiciales en Santa Cruz de Tenerife”.

A todo lo anterior, la Plataforma incorpora que, “cuando se tomó la decisión de situar en El Sobradillo la Ciudad de la Justicia -luego reconsiderada-, no se solicitó por parte de la Consejería ni del Ayuntamiento ningún informe de movilidad, y ello a pesar de que en este caso sí se trataba de un nuevo uso para una zona que no alberga dependencias administrativas, lo que no sucede con Cabo Llanos, donde, como es notorio, están ya todos los juzgados”. En ese caso, “tuvo que ser la Sala de Gobierno del TSJC la que se interesó por ese informe de movilidad, que fue emitido por Cabildo de Tenerife justo hace un año”.

Este otro trabajo, indica el mismo comunicado, dice que “a fecha de hoy no existe un estudio de la afección que a la fluidez del tráfico produciría la puesta en funcionamiento del Campus de Justicia en El Sobradillo”, y añade que “deberá realizarse una encuesta de movilidad específica a aquellas personas que acceden a las diferentes dependencias judiciales”. Este estudio, prosigue, “permitiría abordar las modificaciones en las líneas de TITSA existentes, la puesta en marcha de otras nuevas y el diseño de las modificaciones que requiera el viario de la zona”.

Pues bien, subraya la Plataforma, “ha transcurrido un año y esas tareas no se han llevado a cabo”. A su vez, recuerda algunas de las actuaciones que prevé necesarias el estudio del Cabildo, que son: 

“a) Se deben realizar mejoras en el enlace de El Sobradillo con la TF-2, ya que se considera que este en su actual configuración no podrá absorber los tráficos de nueva demanda, debiendo realizarse un estudio pormenorizado de alternativas.

b) Contempla asimismo la necesidad de que llegue hasta la zona la línea 2 del tranvía y nuevos servicios y frecuencias de autobuses hasta el complejo, tanto desde Santa Cruz como desde las zonas norte y sur, para facilitar al máximo el desplazamiento de los justiciables.

c) También destaca ese informe, al interrogarse sobre el impacto que la ubicación proyectada tendría sobre el tráfico en la TF-2 y, especialmente, en los diversos accesos, que las modificaciones producidas deben ser estudiadas de forma global. Por ello tiene en cuenta la reorientación del tráfico desde Cabo Llanos a la nueva ubicación. Anticipa, a pesar de la falta de los estudios de detalle, problemas de congestión en las intersecciones con la TF-1 y la TF-5.

d) Además, el Cabildo considera necesario acometer obras de mejora en la TF-2, y precisa que “la viabilidad, plazos y estimación de presupuestos para tales obras de mejora serán el resultado de un estudio específico que se escapa al alcance de este informe y que deberá ser realizado por el Gobierno de Canarias por ser el titular de esa vía”.

Transcurrido un año desde la presentación del informe del Cabildo, siempre según afirma la Plataforma, “tampoco se han llevado a cabo tales estudios, ni se ha elaborado una memoria con el coste de tales obras, ni se ha calibrado el impacto medioambiental que estas tendrían”. Además, el proyecto de prolongación de la línea 2 del tranvía está paralizado, con una fuerte oposición por parte de varios colectivos ciudadanos, recuerda la Plataforma en la nota.

El estudio de movilidad encargado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias sobre el impacto de la futura construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, advierte de un incremento del tráfico del 6%, con 448 coches adicionales en hora punta, de 8.00 a 9.00.

El documento sostiene que el viario “no es capaz de absorber” este crecimiento del tráfico, lo que implica unas condiciones de circulación “poco óptimas”. Además, supone una situación de “congestión”, que se extiende en prácticamente la totalidad del ámbito de estudio.

La construcción de la Ciudad de la Justicia, que se prevé ubicar en las parcelas A, B y C del polígono CEPSA-DISA de Cabo Llanos, supondrá 323 vehículos en hora punta, aparte de que habrá una única entrada para el aparcamiento subterráneo previsto.

Además, el colegio, que se trasladará a la calle Pedro Modesto Campos, sumará otros 125 coches en hora punta, de lo que se deduce que habrá un “empeoramiento” de las condiciones de circulación en concepto de incremento en las colas medias, tiempos de demora, tiempos de parada y tiempos de vía. De esta manera, la cola media, que ahora es de 390 coches, pasaría en el futuro a 797.

“No solo se produce un incremento en los parámetros del modelo, sino que, por ejemplo, la distancia total de viaje, el número de paradas medias realizadas, así como el tiempo total de viaje experimentan cierto descenso, ya que, en este modelo y en la hora simulada, son menos los vehículos que consiguen completar su viaje desde origen hasta destino”, expone el informe.

El estudio fue solicitado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que lo consideró necesario para analizar la viabilidad urbanística de las parcelas ubicadas en Cabo Llanos, una de las dos opciones que baraja la Consejería para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife. La otra opción, la preferida por el Ayuntamiento inicialmente, es en El Sobradillo, en el extrarradio de la ciudad.

El informe ya ha sido remitido tanto al propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con quienes la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad fijará reuniones lo antes posible con el fin de que se pronuncien sobre los requisitos legales, costes y otras variables que sería necesario abordar en el área en caso de optar por la zona de Cabo Llanos.

Una vez estudiados los parámetros técnicos, el consejero José Miguel Barragán convocará de nuevo a los operadores jurídicos antes de tomar y anunciar la decisión definitiva sobre la ubicación del nuevo recinto judicial.

El consejero tiene la intención de poner en marcha el proyecto “lo antes posible”, tal y como ya se está haciendo en el caso del palacio judicial de Puerto del Rosario (Fuerteventura), señala la Consejería en una nota.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha dicho este martes que ha dado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un plazo de 36 meses para realizar las modificaciones urbanísticas que puedan permitir que la ciudad de la Justicia de Tenerife se ubique en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña, la ubicación preferida por los operadores jurídicos, entre otras organizaciones y colectivos, informó la agencia Efe.

José Manuel Barragán, que ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para el año próximo, ha señalado que hay 200.000 euros en él para iniciar ese proyecto.

Ante la aparición de diversas críticas porque no aparece esa cantidad diferenciada, José Miguel Barragán ha indicado que su departamento está dispuesto a que la Ciudad de la Justicia se ubique en la zona de Cabo Llanos, como piden los operadores jurídicos, sindicatos y plataformas, en lugar de en El Sobradillo, como ha propuesto el Ejecutivo regional.

El consejero ha sostenido que, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no garantiza en un plazo de 36 meses que tiene la modificación urbanística aprobada, seguramente se reunirá con los colectivos para preguntar si están dispuestos a esperar otros diez año o prefieren a actuar en El Sobradillo, donde se puede intervenir en “mucho menos tiempo”.

Este pronunciamiento lo ha hecho el consejero después de que el mes pasado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dijese que se había desbloqueado uno de los principales condicionantes para construir la Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos.

El principal problema para ubicar en Cabo Llanos la Ciudad de la Justicia es que para ello se precisa de una parcela que tiene un uso docente, pues está previsto que en ella haya un colegio público.

Tras una reunión con representantes de los citados colectivos y de la Consejería, el alcalde explicó que, detrás de las torres, hay una parcela que es propiedad del Gobierno canario y de la empresa pública Gestur y que no tiene uso docente, pero que el Ejecutivo pone a disposición del Ayuntamiento para que, con las modificaciones necesarias, el uso docente pase a esa parcela, con lo que se mantendría el colegio público en la zona de Cabo Llanos.

Si esa modificación urbanística se lleva a cabo en el plazo de 36 meses, el Gobierno regional dará su apoyo a la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, según lo expuesto en sede parlamentaria por el consejero Barragán.

El Gobierno de Canarias ha propuesto este viernes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la plataforma de operadores jurídicos un cambio de parcelas para poder construir la futura Ciudad de la Justicia en el barrio de Cabo Llanos.

Así lo ha expuesto a los medios de comunicación el director de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, a la salida de una reunión a tres bandas que se ha prolongado durante una hora y media, aproximadamente.

Rodríguez ha apuntado que la opción de El Sobradillo sigue siendo una “alternativa válida”, pero no ha obviado que “se están desbloqueando” los problemas que había en Cabo Llanos con la permuta de parcelas y la predisposición de la empresa DISA -propietaria de suelo en la zona- a negociar.

Así, ha comentado que el Ejecutivo ha puesto a disposición del Ayuntamiento una parcela de su propiedad -una parte adquirida a la empresa pública Gestur- en la trasera de las actuales torres con el fin de ubicar allí el colegio que precisa la zona, lo que liberaría la parcela de uso docente y dotacional público.

Para que este cambio sea definitivo, el Ayuntamiento debe acometer la modificación del Plan General. El problema “son los tiempos” que ello puede generar, por lo que “hay que valorarlo todo”, ha comentado Rodríguez.

Además, ha dicho que a la plataforma judicial le “satisface” esa opción: “La Consejería no tiene nada en contra de Cabo Llanos y se ha barajado continuamente. Si es posible, no tenemos problema. Hoy ponemos una posible solución, y mucho más ya no podemos hacer dentro de nuestras competencias”.

Asimismo, ha comentado que “parece” que en la bolsa de suelo que se libera puede caber una Ciudad de la Justicia acorde a las necesidades del sector.

“Estamos dispuestos a oír todas las cuestiones y todos queremos encontrar una solución”, ha señalado, subrayando que la “decisión final” siempre se tomará bajo “criterios técnicos” y atendiendo a las necesidades de la justicia y el interés general de los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la permuta de parcelas desbloquea bastante la posible construcción de la Ciudad de la Justicia ya que se mantiene el colegio en la zona, “que es muy importante” para los vecinos.

No obstante, ha precisado que el desarrollo del proyecto aún es “difícil” porque hay “terceros actores” en la zona, como DISA, y las modificaciones de planeamiento en Canarias siempre han sido “complejas y difíciles”.

Bermúdez dijo que “no me atrevo con los tiempos”, pues se deben resolver las modificaciones de planeamiento y después el convenio que el Ayuntamiento mantiene con DISA, porque aunque hay “predisposición” de la compañía. Ha avisado de que si las negociaciones “cuestan dinero” esto lo debe afrontar la Comunidad Autónoma. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario menos a pagar lo que cueste el convenio”, ha remarcado.

Con todo, ha señalado que si se resuelven todos los condicionantes, en Cabo Llanos podrá construirse una Ciudad de la Justicia “como la de Las Palmas de Gran Canaria”, pero no va a ser “rápido ni fácil”.

En ese sentido, ha apuntado que en la parcela de El Sobradillo, si se levanta la suspensión del planeamiento antes del final de año, a lo largo de 2018 se puede redactar el proyecto y empezar a construir la Ciudad de la Justicia.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha anunciado este martes que el 13 de octubre habrá una reunión entre su departamento, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y operadores jurídicos con el fin de empezar a tomar decisiones sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

En una comisión parlamentaria, ha avisado, no obstante, de que “no se puede estar en el diálogo permanentemente y no tomar decisiones”; por ello, ha pedido a los diputados que, si el Gobierno se compromete a acatar que la nueva infraestructura se ubique en Cabo Llanos, hagan lo mismo si definitivamente se escoge El Sobradillo.

Barragán ha comentado que en su momento la Consejería tenía “clarísimo” que la opción de El Sobradillo “era la más ideal”, al tiempo que la movilidad “no genera problemas” en ninguno de los dos sitios, ya que El Sobradillo está “bien conectado” con el norte y el sur de la isla.

“No tenemos interés en salir de Cabo Llanos; lo estudiamos todo, pero las dificultades siguen siendo enormes”, ha apuntado, sin obviar que si CEPSA, con propiedades en la zona, “quiere entrar en juego”, las posibilidades pueden ser diferentes, informó la agencia Europa Press.

Sobre la anulación del Plan General, ha comentado que si el Supremo mantiene la sentencia, “estará en vigor el anterior y Santa Cruz no se queda en la nada”, aparte de que el Ayuntamiento ya ha anunciado un proceso de revisión.

El consejero ha comentado que el proyecto de El Sobradillo sigue siendo “más rápido” porque la parcela es propiedad de la Comunidad Autónoma y en Cabo Llanos hay que “rehacer” convenios urbanísticos y ejecutar compensaciones urbanísticas, “y aunque haya voluntad, eso lleva más de 24 meses”.

Además, ha pronosticado que construir una nueva Ciudad de la Justicia puede tardar unos seis años, “parecido” a lo que se tardó en Gran Canaria, y espera que en la cumbre del día 13 se evalúe toda la información y haya “respuestas concretas y precisas”.

Construcción para el futuro

“Me da igual que la primera piedra se coloque en 2020, pero por lo menos hay que saber que el proyecto empieza a caminar y que hay una Ciudad de la Justicia, no un edificio para salir del paso y que en el futuro se vuelva a pedir otro. Espero que construyamos algo que sea útil para la sociedad en los próximos 40 o 50 años”, ha comentado.

Gustavo Matos, del grupo socialista, ha comentado que “lo más idóneo” es ubicar el campus en Cabo Llanos gracias a la concentración de órganos judiciales, mejor movilidad o cercanía de otras sedes administrativas, y ha apuntado que “a lo mejor” los vecinos de El Sobradillo prefieren que esa inversión se destine a otras infraestructuras, ya que “el Palacio de Justicia cierra a las tres y no hay vida comercial ni de ocio ni de restauración”.

Ha valorado que el Gobierno haya optado por reabrir el debate sobre Cabo Llanos cuando lo “habían dejado zanjado” hace meses. Sobre la facilidad de un proyecto u otro, ha señalado que la ordenación en El Sobradillo “estaba suspendida y habría que modificar el PGO”, y ahora, además, hay una sentencia del TSJC que anula el plan y ha habido un “cambio de concejal” en la Gerencia de Urbanismo -Zaida González por Carlos Garcinuño-.

La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), ha reclamado más “diálogo” con operadores jurídicos y vecinos de Santa Cruz y que la ubicación se resuelva “cuanto antes”, para acabar con la dispersión de sedes y alquileres anuales de 1,2 millones.

Esther González, de Nuevas Canarias (NC), ha admitido que el actual Palacio de Justicia “se ha quedado pequeño”, subrayando que la vuelta al diálogo en torno a la opción de Cabo Llanos demuestra que “no estaba todo hablado”.

“Me alegro de que haya vuelto el diálogo, y si tenían razón los operadores judiciales, que se rectifique, pero también que haya amplitud de miras para el futuro”, ha indicado.

Concepción Monzón, de Podemos, ha pedido una “decisión consensuada” con operadores y vecinos y que se cuente con “toda la información” disponible, sobre todo en lo referente a los costes y duración del proyecto.

Luz Reverón, del grupo Popular, también ha solicitado un “lugar consensuado” con los colectivos de la Justicia y que el edificio tenga “proyección futura”, para “no hacer chapuzas e ir cubriendo el expediente”.

Socorro Beato, del grupo Nacionalista, ha señalado que la capital tinerfeña se merece una infraestructura “moderna y de calidad que acabe con la dispersión y el gasto excesivo en alquileres”, y recordó que en el último debate sobre el estado de la nacionalidad se aprobó por unanimidad una propuesta para que se construyera una “verdadera” ciudad de la justicia.

Así, ha pedido a Barragán que “siga dialogando y valorando los pros y los contras, costes y tiempos”, si bien ha apuntado que el diálogo “no puede eternizarse”. “Debe tomarse la decisión teniendo en cuenta el interés de la ciudadanía, de la isla y de la provincia, y que pueda absorber las necesidades futuras”, ha agregado.

El único concejal y portavoz de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha afirmado este miércoles que la subasta de la parcela hotelera de Cabo Llanos, un solar que se halla por detrás del actual Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo, es un ejemplo de cómo la reciente anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital, sentencia que ha sido recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Supremo, retrasará decisiones inversoras en la ciudad, algo que también han sostenido los empresarios a través de la patronal CEOE y que niega el alcalde José Manuel Bermúdez.

El portavoz de IUC advierte que, si el Tribunal Supremo confirma la anulación del PGO, tal y como ha establecido en su fallo el Superior de Justicia de Canarias tras una denuncia cursada por una empresa de Antonio Plasencia (condenado en el caso Las Teresitas y por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar), entrará en vigor la adaptación básica del Plan de 2005 y ello afectará a la citada parcela hotelera.

Trujillo apunta que la parcela hotelera no existe como tal en el Plan de 2005, sino la manzana 27, con uso residencial, aunque se permite edificar un hotel-ciudad. Por lo tanto, habría que hacer un estudio pormenorizado, teniendo en cuenta que el Plan de 2005 permite una altura menos que el anulado, y sacarlo a exposición pública.

El edil de IUC señala que “es difícil encontrar compradores para una parcela que se quedará sin el respaldo del Plan ahora anulado”, e indica que, en cualquier caso, “habría nuevos trámites que retrasarían todo el proceso mostrando que las chapuzas urbanísticas sí demoran parte de la actividad inversora”.

El consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha anunciado este jueves que va a mantener una reunión con representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Gerencia de Urbanismo para “retomar la posibilidad” de que la Ciudad de la Justicia se ubique en Cabo Llanos si se unifican las tres parcelas públicas de la zona.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la Comisión Mixta, ha valorado el reinicio del “diálogo” con la comunidad judicial en torno al proyecto, con contactos abiertos ya con la Plataforma Pro Cabo Llanos, trabajadores y operadores jurídicos, y ha señalado que la decisión definitiva se tomará a finales de julio

Barragán ha comentado que el estudio de movilidad elaborado por el Cabildo para la zona de El Sobradillo ya ha concluido y que se ha solicitado un nuevo informe a la Consejería de Educación para conocer los planes sobre la parcela que tiene en Cabo Llanos.

No obstante, ha precisado que “no está descartado” que la Ciudad de la Justicia se construya en El Sobradillo, que para la Consejería sigue siendo un lugar “adecuado”.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha señalado que es “imprescindible” construir una nueva Ciudad de la Justicia porque el espacio actual es “escaso” y la dispersión de sedes debe “desaparecer”, al tiempo que ha dejado claro que El Sobradillo no es un lugar idóneo por su “lejanía” de los principales núcleos de población.

En la Comisión Mixta también se ha acordado retomar el desarrollo de la nueva Oficina Fiscal, para adaptarla a los tiempos actuales y acometer una renovación de las estructuras tecnológicas de la comunidad judicial.