La Junta de Extremadura ha asegurado que no ha despedido, ni va a despedir, a ningún bombero forestal, mientras que CCOO le ha exigido la convocatoria “urgente” de los sindicatos para abordar cualquier proceso de transformación de puestos de trabajo que afecte al colectivo.

La Administración regional “no ha roto ni va a romper unilateralmente ninguna relación laboral”, ha señalado. Según ha explicado, lo que se va a producir es la finalización de contratos laborales temporales en la fecha prevista, el 30 de noviembre, “conocida y firmada por las dos partes de antemano, tal como viene ocurriendo desde el año 2017”. El 1 de diciembre, ha añadido, creará 138 plazas indefinidas “para acabar con esta situación” dando así “la estabilidad que este colectivo merece”.

“Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público”, ha subrayado el Ejecutivo autonómico. El proceso, ha indicado, se llevará a cabo con plenas garantías jurídicas y con el máximo respeto a la Constitución y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha expresado su preocupación ante “la posible amortización de 138 puestos de bombero/a forestal conductor/a en el Plan INFOEX” y ha señalado que, en las consultas realizadas a la Administración autonómica, está recibiendo como única respuesta que “no tienen claro qué hacer”.

El sindicato ha lamentado que esta “falta de definición” no hace sino aumentar la incertidumbre y el desconcierto entre el personal afectado, que desempeña un “papel esencial” en la prevención y extinción de incendios forestales en la región. Además, ha apuntado, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha convocado a los trabajadores para informarles sobre la modificación de estos puestos de trabajo.

Ante ello, CCOO ha exigido a la Junta de Extremadura la convocatoria “urgente y previa” de las organizaciones sindicales, como representantes legítimos de los trabajadores, para abordar cualquier proceso de transformación de puestos que afecte al colectivo. “Reclamamos que este proceso se realice con total transparencia, con garantías jurídicas y respetando plenamente los derechos del personal empleado público de la Junta de Extremadura, y que cualquier modificación se enmarque dentro del diálogo y la negociación colectiva”, ha expresado en una nota.

Comisiones Obreras ha manifestado además su compromiso con la defensa de un servicio público esencial como es el Plan Infoex y con las condiciones laborales de sus profesionales, “cuyo trabajo resulta vital para la protección del patrimonio natural extremeño y la seguridad de la ciudadanía”.

El impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos, lo que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía. Lo revela el 'Estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española', cuyos datos ha recordado este miércoles la jefa del departamento de Gobierno Corporativo de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Laura Molano, durante la jornada 'El puerto: motor económico de Baleares', una iniciativa impulsada por el organismo portuario y organizada por elDiario.es. “Si hiciéramos un ranking, seríamos los cuartos en facturación, con cerca de 112 millones de euros y 45 millones en inversiones durante 2024, una cantidad que ascenderá a unos 65 millones en 2025”, ha subrayado Molano.

Cómo el puerto contribuye a la generación de empleo directo e indirecto y cuál es su capacidad para atraer talento y diversificar la economía balear son los asuntos que han centrado la segunda mesa redonda de la jornada, que, bajo el título 'Ocupación y creación de valor: el puerto como generador de empleo', ha contado con la intervención, además de la representante de la APB, del responsable territorial del Sector del Mar de CCOO en Balears, Nacho Espada; el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, y la responsable de SOIB Empreses y la Oficina Sectorial de Hoteleria, Turisme i Divisió Nàutica, Magdalena Pastor. La moderación ha ido a cargo de Angy Galvín, directora de elDiario.es en Balears.

Molano ha señalado que el año pasado la APB firmó 206 contratos. “No sé si conocéis cómo es contratar con la administración pública, pero es tremendamente farragoso. 206 contratos es un contrato por cada día laboral, y eso no es fácil de conseguir con un importe de, más o menos, 35 millones de euros”, ha comentado, especificando que el 75% de esos contratos fueron rubricados con pymes y el 35%, con empresas de mayor tamaño en Balears. En lo que va de 2025, el organismo ha suscrito 190 contratos con un importe de 36 millones de euros. “Yo me sumo a un colectivo de 400 orgullosos trabajadores de la Autoritat Portuària”, ha añadido, precisando que estos empleados se suman a los más de 17.500 vinculados en las islas a sectores que trabajan con las navieras, charters, náuticos, consignatarios, empresas de transporte terrestre. “Es un colectivo muy grande y son muchas familias las que viven de este sector”, ha dicho.

La responsable de Gobierno Corporativo de la APB ha destacado las inversiones del ente en proyectos que conectan las infraestructuras portuarias con la ciudad, como el reciente lanzamiento del Bus Náutico, además de otras iniciativas ambientales y portuarias para acercar el organismo “de una forma tangible a los ciudadanos, a la comunidad portuaria, para generar networking y generar estos momentos de debate y de transferencia de conocimiento”. También ha aludido a los proyectos relativos a las infraestructuras, como la reforma del Passeig Marítim de Palma, además de otros dirigidos a reducir la contaminación acústica del agua y del aire y a gestionar correctamente los residuos.

“Para nosotros, el crecimiento económico es importantísimo, pero la novedad llegará el día en que la Autoritat Portuària, además de ser gestora de infraestructuras, visibilice cómo vivimos, cómo convivimos y cómo trabajamos en las ciudades portuarias. Merece la pena hacer un paréntesis y entender que éstas tienen sus características. Al final, una instalación portuaria tiene que convivir en usos y en funcionalidad con los usos urbanos”, ha ahondado.

Por su parte, Mora ha destacado que desde las pequeñas empresas náuticas reclaman desde hace tiempo “muchísima capacitación y muchísima formación”, con una apuesta por la Formación Profesional, que, en su opinión, “socialmente aún no está suficientemente valorada”. “Tenemos que hacer un cambio de chip”, ha advertido. El presidente de PIMEM ha incidido en que en el sector náutico “faltan muchos perfiles técnicos”. “Tenemos uno de los mayores índices de fracaso escolar de España y Europa. Habría que hacer una apuesta muy clara en la formación profesional en el sector náutico. Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento, de formar talento, de fidelizar trabajadores”, ha recalcado.

El responsable patronal ha apuntado, de acuerdo a los datos recabados por la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), a la carencia de mano de obra formada y especializada, lo que “no permite en muchas ocasiones explotar todo el potencial que tienen muchas pymes”. Durante su intervención, Mora ha anunciado, además, que en marzo Palma acogerá el Marítim Battery Forum, una iniciativa dirigida a promover tecnologías de almacenamiento de energía nuevas y eficientes en la industria marítima.

Por otro lado, ha destacado cómo, en los útimos años, el puerto de Palma ha hecho un esfuerzo “importantísimo para abrirse a la ciudadanía”. “Llegar a las pymes es un poco más complejo, y lo digo desde la realidad de las mismas”, ha apostillado, haciendo hincapié en la necesidad de que se emprendan acciones como la jornada de este miércoles, visitas y circuitos terrestres o marítimos para generar proximidad entre las pequeñas y mediadas empresas y el puerto, y realizarlas de forma conjunta con la Autoritat Portuària y la Administración. “Hay veces que hay que insistir, no hay que desanimarse. Y, si un evento no sale bien, hay que intentar volver a hacer otro”, ha dicho.

Apuesta por la formación y el talento

Mientras tanto, Espada ha aludido a las diferencias entre el empleo integrado en la función pública portuaria y el de las empresas privadas del sector. “Obviamente, la logística portuaria es transversal y abarca a todo tipo de profesionales, especialistas y modelos de contratación, que son los que permite la normativa laboral”, ha explicado el representante sindical, quien ha señalado que, tras la reforma laboral, se ha abierto “un abanico de posibilidades que van desde los contratos indefinidos, los fijos discontinuo, los trabajadores temporales necesarios para la productividad y, obviamente, según la rama logística de la que se encarguen, los perfiles más profesionales, con formación universitaria, los conductores de transporte terrestre y quienes no tienen una formación profesional específica, pero sí los conocimientos para poder trabajar en el entorno lógistico y portuario”.

“¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo a lo que vemos en nuestras comisiones y estudios, así como por parte del Ministerio de Trabajo y de las propias empresas de contratación, el empleo en las instalaciones portuarias y en la logística es estable y creciente”, ha indicado.

La responsable de SOIB Empreses ha apuntado, por su parte, a la “falta de conocimiento” por parte de la ciudadanía en general acerca de qué oportunidades les puede ofrecer el sector. Pastor, quien ha dicho que su oficina sectorial gestiona las políticas activas y valora cuáles son las necesidades del territorio “para ofrecer talento y poder cubrir todas las demandas laborales”, ha destacado el impacto del sector náutico, principalmente en los últimos diez años: “Anteriormente, el conocimiento que tenía la ciudadanía era que los que trabajaban en los puertos eran profesionales de otros países y que no había oportunidades laborales para los locales. Es en ello en lo que estamos trabajando para que nuestros jóvenes e incluso personas no tan jóvenes que en estos momentos se están cualificando conozcan y se acerquen un poco al sector náutico”.

Pastor ha incidido en que Balears es la única comunidad autónoma en España y la única región de Europa en la que la administración trabaja a nivel sectorial en materia de hostelería, turismo y náutica. “En un momento determinado, vimos que era una oportunidad poder visibilizar este ámbito en conexión con los clúster y las empresas del sector náutico”, ha añadido la responsable de SOIB Empreses, quien, en esta línea, ha subrayado la importancia de “caminar conjuntamente, analizar cuáles son las necesidades e intentar darles respuesta”. Y todo ello a través de dos bloques como son la formación y el talento.

“La formación es básica porque nos encontramos, sobre todo en este sector, con gente que estaría muy interesada en trabajar. Después de esa formación, lo que intentamos es que todos ellos puedan quedarse luego a trabajar en una empresa”, ha señalado. En este sentido, ha precisado que el 90% de los jóvenes que pasan a través de esa formación trabajan directamente en las empresas locales.

La Inspección de Trabajo transformó en indefinidos a “167.746 contratos” temporales y fijos discontinuos fraudulentos el año pasado, un 18% más que en 2023, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a elDiario.es. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de este año, 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo.

La lucha contra la temporalidad fraudulenta y el abuso de la figura del fijo discontinuo por parte de la Inspección de Trabajo se ejecuta en varios planos. Por un lado, a través de la actuación ordinaria de los inspectores e inspectoras, en todas aquellas investigaciones que pueden afectar a la contratación y en las que detecten irregularidades, así como a través de los llamados “planes de choque”. Se trata de una estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

Según los datos facilitados a elDiario.es, en total “en 2024 se transformaron en indefinidos un total de 167.746 contratos, de los que 77.787 eran contratos temporales y 89.959 fijos discontinuos”. Se trata de una cifra más elevada que la de 2023, un 18% superior, cuando la Inspección convirtió 141.949 contratos a indefinidos (81.933 temporales y 60.016 fijos discontinuos), según el último informe anual del organismo público.

En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos a indefinidos por la Inspección de Trabajo, la inmensa mayoría (229.984), temporales.

Nuevo plan de choque: alerta sobre 30.000 empresas

La Inspección de Trabajo anunció en los últimos días el lanzamiento de una nueva campaña, “el primer Plan de Choque del año contra el fraude en la contratación laboral”, apuntó el organismo vigilante de la legalidad laboral en su cuenta de Bluesky.

Los datos concretos contemplan “30.183 comunicaciones” enviadas a empresas en las que la Inspección de Trabajo ha detectado indicios de fraude, a través del cruce masivo de datos, y que afectan a “53.984 relaciones laborales”.

En estas campañas, el organismo público primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección investigan a las empresas formalmente.

“La medida busca transformar en indefinidos los contratos temporales y fijos discontinuos que cumplan los requisitos para ello, velando así por los derechos de los trabajadores y la libre competencia entre las empresas”, indican desde la Inspección.

El pasado mes de marzo se alcanzó un nuevo mínimo histórico de empleo temporal en España, por debajo del 12%. En concreto, del 11,9%, según los datos de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Tras décadas enquistado y como uno de los problemas más graves del mercado laboral en España, el trabajo temporal empezó a descender tras la reforma laboral y, por el momento, no ha tocado suelo. El Ministerio de Trabajo presentó hace unas semanas la Comisión que evaluará los efectos de la reforma laboral en la temporalidad, un compromiso que se reguló en la propia reforma laboral, comprometida con Bruselas. Esta prevé presentar sus resultados antes de final de año.

Navarra cierra el 2024 con malos datos de empleo. La comunidad foral ha sido el único territorio en España en la que el desempleo creció en el último año, alcanzando su cifra más alta desde finales del 2022. Al cierre del año hay en Navarra 30.355 personas en búsqueda de empleo, lo que son 367 más que hace un año.

Por otro lado, Navarra finalizó 2024 con una afiliación media de 310.336 personas, un 1,5% más que a finales de 2023, lo que supone 4.587 personas afiliadas más que hace 12 meses, de los que 1.008 proceden del sector industrial. No obstante, en términos mensuales, la afiliación media ha registrado un descenso de 2.285 personas respecto a noviembre, un 0,73%, menos, que desde el Gobierno foral achacan a la “ralentización de actividades en diversos sectores clave como es el de la industria”.

En cuanto a la contratación, el número de contratos realizados en todo el año ha sido de 284.224, un 1,3% menos que en 2023. En términos acumulados, los contratos indefinidos registrados en todo 2024 han ascendido hasta los 61.316, un 21,6% del total.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu ha destacado que el marcado labora en el último año ha presentado “aspectos divergentes”. Por un lado, ha resaltado que el pasado año se alcanzó el récord histórico de afiliación en Navarra, registrándose la cifra más alta de personas trabajando en la comunidad Foral, por lo que asegura que “se sigue creando empleo”.

Con todo, ha señalado que “persisten desafíos importantes”. “Las cifras de desempleo se han mantenido relativamente estables, con una media anual cercana a las 30.000 personas paradas, si bien es verdad que en el último año el desempleo se ha incrementado ligeramente y esto es negativo, lo que más allá de las fluctuaciones derivadas de la persistente incidencia estacional, pone de manifiesto la presencia de elementos estructurales que limitan una reducción más significativa del paro y en la que hay que seguir trabajando”, ha apuntado. 

“Aunque 2024 ha dejado logros importantes en el ámbito de la creación de empleo, los retos estructurales (paro de larga duración, paro femenino y joven, falta de formación en las personas que buscan empleo) junto con la incertidumbre global que puede impactar al tejido productivo de Navarra, nos llevan a mantener una actitud de prudencia y muestran la necesidad de seguir promoviendo políticas que impulsen un mercado laboral más equilibrado, inclusivo y sostenible. El nuevo Plan de Empleo de Navarra que esperamos firmar este año 2025 será una herramienta muy útil para ello”, ha apostillado.

El número de despidos en España aumentó en 2023, con un incremento del 14,8 % con respecto al año anterior, subida que también se registró en Castilla-La Mancha, según datos del Ministerio de Trabajo.

En concreto, el año pasado se contabilizaron 26.317 despidos en la comunidad autónoma frente a los 23.534 de 2022. Por provincias, Toledo es que mayor número de despidos registra con un total de 9.095, seguida de Ciudad Real con 6.798, Albacete con 4.902 despidos, Cuenca 2.911, y por último Guadalajara con 2.611. El mayor número de despidos se realizaron en contratos indefinidos a tiempo completo, 14.672 del total de los 26.317 registrados en la región. 

Baja la indemnización media, por debajo de los 3.700 euros

También desciende la indemnización media. En 2022 se situaba en 4.606 euros en Castilla-La Mancha, mientras que en 2023 esa cifra baja a 3.672 euros. 

Es indispensable aumentar la protección frente al despido e incrementar los costes de éste en nuestro país

Isabel Carrascosa — Secretaria de Empleo en CCOO Castilla-La Mancha

Unos datos que, tal y como explica la responsable de Empleo de UGT en la región, Isabel Carrascosa, “ponen de manifiesto que es indispensable aumentar la protección frente al despido e incrementar los costes de éste en nuestro país”.

“Es momento de reformar de una vez los costes y las causas del despido para que se adapten a las disposiciones de la Carta Social Europea y garanticen el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección adecuada en caso de despido improcedente, tal y como ha concluido el Comité Europeo de Derechos Sociales tras la reclamación presentada por UGT. Tal y como podemos comprobar a partir de estos datos del Ministerio de Trabajo, cantidades que no llegan a 4.000 euros por despedir a un trabajador indefinido y con jornada completa, son cantidades que no disuaden a nadie, por eso es imprescindible que aumenten sustancialmente las indemnizaciones que se producen por el despido injusto”.

Navarra ha seguido creando empleo en el mes de octubre. Según los datos del último mes las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 2.916 con respcto a septiembre. Además, la comunidad foral ha vuelto a alcanzar así la cota máxima histórica de empleo con 312.744 personas afiliadas, 4.585 más que hace un año, lo que supone un 1,5% más. Con todo, las oficinas de empleo en Navarra han sumado 476 parados más en octubre, aunque el crecimiento interanual ha sido de 88 personas, un 0,3%. Así el número total de personas registradas en la oficina de empleo alcanza las 30.088.

Por otro lado, se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. El número de contratos registrados en octubre ha sido de 27.892, de los cuales 6.752 han sido indefinidos (un 24,2%). Se ha producido un crecimiento anual del número total de contratos del 7,9%. 

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha celebrado que se siga “crando empleo en Navarra con un nuevo récord histórico de personas trabajando”. Al mismo tiempo, ha considerado que “el desempleo se mantiene estable”, teniendo en cuenta que octubre es un mes que “resulta habitualmente negativo en términos de desempleo”. “Desde 2007 únicamente en dos ocasiones se ha producido un descenso del paro en octubre (concretamente en 2016 y 2021)”, ha apuntado. 

Desglose de las cifras

La variación mensual del desempleo por sexo refleja que el aumento del desempleo ha sido algo superior en el caso de los hombres. Así, mientras que el número de desempleados aumenta un en 287 parados más (2,5%), el número de paradas crece en 189 (un 1% en un mes). Sin embargo, en términos anuales, la variación del desempleo resulta desfavorable para las mujeres, ya que el número de desempleadas asciende un 1,5% (266 mujeres paradas más) mientras que el de parados se reduce un 1,5% (178 desempleados menos). Además, la distribución final del desempleo sigue siendo claramente desigual. A último día del mes de octubre, el 61,5% de las personas registradas como paradas en Navarra han sido mujeres (18.516) frente al 38,5% de hombres (11.572).

Respecto a la edad, se produce un aumento del desempleo en todos los tramos de edad. Cabe destacar el incremento mensual del desempleo de jóvenes de menos de 25 años. En este caso, el número personas jóvenes desempleadas aumenta mensualmente un 5,3% (151 más). También hay que reseñar el incremento del 2,5% de personas desempleadas de 25 a 34 años (132 más). De esta forma, del total de personas desempleadas en Navarra, el 10% tiene menos de 25 años (2.994) y casi tres de cada diez (29,5%) tiene más de 54 años (8.876).

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad española aumenta respecto al mes de septiembre en 272 (un 1,2%), mientras que se produce un mayor incremento de personas desempleadas con nacionalidad extranjera de un 3,1% (204 más en un mes). En un año (de octubre de 2023 a octubre de 2024) el número de personas paradas con nacionalidad española se ha incrementado en un 0,1% (34 más) y el número de personas paradas extranjeras ha crecido un 0,8% (54 más en un año). Así, del total de personas registradas como paradas, el 22,4% tiene nacionalidad extranjera (6.746).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un aumento de 397 personas paradas con estudios básicos (hasta primera etapa de secundaria), un 1,9%. Por su parte, desciende el número de personas paradas con estudios universitarios (60 menos en un mes, un 2%). Con estos datos, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 69,8% del total (se trata de 20.999 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, en todas ellas aumenta mensualmente la cifra de paro, aunque es cierto que lo hace de manera diversa. En términos relativos, el mayor incremento mensual del desempleo se produce en la agencia de Aoiz / Agoitz con un 5,1% de aumento (35 personas paradas más), le sigue la agencia de Lodosa (3,8%, 45 más), Estella-Lizarra (3,5%, 59 más), Altsasu / Alsasua (2,8%, 20 más), Tafalla (1,9%, 35 más), Tudela (1,5%, 74 más), Doneztebe / Santesteban (1,5%, 8 más) y las agencias de Pamplona / Iruña (1,1%, 200 personas paradas más en un mes).

En un año, se observa un descenso del desempleo en las agencias de Tudela (2,4%, 122 personas paradas menos en un año), Lodosa (0,9%, 11 menos) y Aoiz (0,6%, 4 menos). En el resto se producen crecimientos del desempleo de diversa intensidad. Así, el paro aumenta anualmente en la agencia de Alsasua un 8% (55 personas paradas más), en la agencia de Estella lo hace un 2,1% (37 más), en la de Tafalla un 1,9% (36 más), en la de Doneztebe (1,9%, 10 más) y en las de Pamplona un 0,5% (87 personas paradas más en un año). 

Por otra parte, las actividades en las que se ha dado un mayor incremento mensual del número de personas paradas han sido las actividades sanitarias (98 personas paradas más en un mes), la industria de la alimentación (75 más), el sector primario (65 más), las actividades relacionadas con el empleo (65 más) y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (56 más en un mes). En cuanto al principal descenso mensual, este se ha producido en el sector de la educación (72 personas paradas menos).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en administración pública (113 personas paradas menos), sector primario (101 menos), hostelería (77 menos) y actividades de servicios sociales sin alojamiento (49 menos). Por su parte, las actividades en las que se ha incrementado el desempleo han sido “Otras actividades profesionales” (240 más), “educación” (153 más) y “actividades sanitarias” (96 más).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha dado un leve descenso mensual de un 0,1%, lo que ha supuesto 18 personas paradas de larga duración menos en un mes. Sin embargo, en un año, se ha producido un aumento de 53 personas paradas de larga duración. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 40,9%, es decir, 12.291 personas, llevan en situación de paro continuado más de un año.

Contratación

En el mes de octubre se han registrado 27.892 contratos, un 13,6% menos que en el mes anterior (4.407 contratos menos). Sin embargo, en términos anuales, se ha producido un crecimiento de la contratación del 7,9% respecto al mes de octubre de 2023; se trata de un aumento de 2.034 contratos.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 6.752 contratos indefinidos y 21.140 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en octubre, el 24,2% han sido indefinidos.

En términos acumulados (enero-octubre) se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. Son exactamente 33.473 contratos indefinidos más.

Cabe añadir que, del total de los contratos indefinidos registrados en octubre (los señalados 6.752 contratos), el 43,9% se han registrado para menores de 29 años, el 46,2% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 30,8% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

Nueva campaña contra la contratación temporal y de fijos discontinuos en fraude. La Inspección de Trabajo ha enviado casi 40.000 cartas a empresas para que regularicen y hagan indefinidas a “86.903 personas trabajadoras” con contratos temporales y fijos discontinuos en los que el organismo ha detectado presuntas irregularidades, según ha informado este jueves el organismo.

Se trata de la puesta en marcha del segundo “Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal” de 2024. En lo que va de año, ya se han transfomado “95.000” contratos a indefinidos tras la actuación de la Inspección de Trabajo. De ellos, más de 43.000 eran contratos temporales y casi 52.000 eran fijos discontinuos fraudulentos, explican desde el organismo.

En concreto, la autoridad laboral ha mandado “39.116” comunicaciones a compañías en esta segunda fase del Plan de choque, en las que ha detectado presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos.

La contratación temporal y la fija discontinua está asociada a necesidades específicamente temporales o permanentes pero intermitentes, respectivamente, “y no a cubrir puestos de trabajo estructurales y ordinarios”, recuerdan en Trabajo, “lo que puede derivar en una contratación injustificada y en fraude de ley”.

Cartas que destapan el fraude laboral

Los planes de choque de la Inspección de Trabajo contra la contratación temporal irregular son una estrategia que el Ministerio inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

El organismo primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección actúan para investigar a las empresas formalmente.

El primer plan lanzado este año tuvo como consencuencia “alrededor de 50.000” conversiones de contratos temporales y fijos discontinuos a indefinidos, informa la Inspección de Trabajo. El resto –hasta los 95.000 anunciados– son fruto de otras actuaciones del organismo público.

Frenazo al empleo en el mes de septiembre en Navarra. El final del verano ha ido acompañado de un aumento del paro, así como de un descenso del número de contrataciones, si bien es cierto que en el conjunto del año la comunidad foral sigue creando empleo con 3.694 afiliadas a la Seguridad Social más que hace un año.

En septiembre el número de desempleados aumentó en 205 personas, un 0,7% más que en agosto y un 1% más que en el mismo mes del 2023. El número total de parados aumenta a 29.612 personas, unos niveles de desempleo similares “a los de finales de 2008”, resalta el Gobierno foral. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, por su parte, ha reconocido que los datos de septiembre “no son positivos”.

Respecto a la afiliación, septiembre cierra con 212 personas afiliadas menos, un 0,07% menos. Sin embargo, en un año se produce un incremento de la afiliación media del 1,21%, lo que supone 3.694 afiliaciones más. “En definitiva, continuamos en niveles históricos de empleo. De hecho, la afiliación media se sitúa en las 309.828 afiliaciones”, subrayan desde el Ejecutivo navarro.

Por su parte, el número de contratos registrados en septiembre ha sido de 32.299, de los cuales 6.766 han sido indefinidos (un 20,9%). En lo que llevamos de año (enero-septiembre) se han registrado 45.874 contratos indefinidos, un 172,4% más que en los primeros nueve meses de 2021.

En lo que se refiere a las agencias de empleo, se produce un descenso mensual del paro en las agencias de Lodosa (un 2,9%, 35 personas paradas menos) y en la de Tudela (un 1,2% mensual, 58 personas paradas menos). En cuanto a los aumentos del paro registrados, el mayor incremento en términos relativos se ha dado en la agencia de Aoiz ( 3,2%, 21 personas paradas más), le siguen la agencia de Estella (2,6%, 43 más), Alsasua (1,7%, 12 más), Pamplona (1,2%, 208 personas paradas más), Tafalla (0,7%, 13 más) y Santesteban (0,2%, una más en un mes).

En un año, se produce un aumento del desempleo en cinco de las ocho agencias. Los aumentos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Alsasua se ha dado un incremento del paro del 8,7% respecto a septiembre de 2023, se trata de 58 personas paradas más. En la de Santesteban un 5% (25 más), en la de Tafalla un 4,2% (75 personas paradas más en un año), en la de Estella el aumento ha sido del 2,3% (38 más), la de Pamplona un 1% (171 personas más). Por el contrario, la agencia de Aoiz presento un descenso del paro del 4,7% (34 personas menos), la de Lodosa un 1,9% (23 menos), y la de Tudela prácticamente se mantuvo igual con cuatro personas paradas menos (0,1% menos).

Por otra parte, la actividad en la que se ha dado un mayor incremento mensual de personas paradas han sido actividades sanitarias (214 personas paradas más), servicios a empresas, banca y actividades profesionales (98 más) y administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria (48 más). En el lado opuesto, es destacable el descenso de personas paradas en educación con 80 personas menos.

En un año, las dos mayores subidas del número de personas desempleadas se han dado en servicios a empresas, banca y actividades profesionales (220 más) y en educación (145 más). Por el contrario, el sector primario registra el mayor descenso de personas paradas (101menos).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha producido un leve descenso mensual en septiembre (un 0,8% menos) lo que ha supuesto 100 personas paradas de larga duración menos en un mes. De manera anual se produce un incremento de 159 personas paradas de larga duración, un 1,3% más. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,6%, es decir, 12.309 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

Mayor número de contratos

En septiembre se han registrado 32.299 contratos, un 58,6% más que en el mes anterior (11.936 contratos más). En términos anuales se ha producido un incremento del 2,6% más respecto al mes de septiembre de 2023.

Por tipo de contrato, se han formalizado 6.766 contratos indefinidos y 25.533 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en septiembre, el 20,9% han sido indefinidos. En términos agregados, durante los primeros nueve meses del año, el número de contratos indefinidos asciende a los 45.874. Suponen un 172,4% más que en el mismo periodo de 2021 (34.624 contratos indefinidos más).

Del total de los contratos indefinidos registrados en septiembre (6.766 contratos), el 42,8% se han registrado para menores de 29 años, el 47,3% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 31,6% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

La economía de España está afianzando transformaciones estructurales que impulsan el crecimiento de la actividad y las positivas previsiones de los próximos años. Las más visibles para las familias son las que tienen que ver con el mercado de trabajo tras la reforma laboral de 2022, como el ritmo récord de creación de puestos de trabajo o la caída de la temporalidad.

Pero hay otras tendencias inéditas en nuestro país que, igualmente, favorecen la buena salud de la economía en general. Por ejemplo, el fuerte aumento de las exportaciones de servicios no turísticos desde 2019. O el importante incremento de la inversión en “propiedad intelectual”, también desde la pandemia. O el desendeudamiento de familias y empresas de la última década.

El próximo martes 30 de julio, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicará el dato de inflación en este mes de julio y la Contabilidad Nacional del segundo trimestre (es decir, el crecimiento del PIB), y se espera que ambos sigan apuntando en la misma dirección. En los últimos años, prácticamente cada cifra ha sorprendido al alza, superando las expectativas de organismos nacionales e internacionales y del propio Gobierno de coalición y liderando al resto de economías avanzadas.

No todo son buenas noticias. El problema del acceso a la vivienda, directamente relacionado con el estancamiento de la construcción, la asfixia de la inflación, el todavía elevado paro estructural y las desigualdades de riqueza y de género ensombrecen las conquistas 'macro'. Mientras, empresas, los centros de análisis más ortodoxos y las visiones neoliberales enfocan sus críticas al débil crecimiento de la productividad del trabajo, con la que niegan las propuestas de reducir la jornada laboral, de seguir aumentando el Salario Mínimo (SMI) y el resto de sueldos o de reforzar los impuestos a los beneficios de las empresas para mejorar las condiciones de los hogares y el Estado de Bienestar y los servicios públicos.

El sector exterior

El 'boom' del turismo en España está generando lo que los economistas denominan como “externalidades negativas”, cuya mayor expresión es “el alquiler de uso turístico” y su impacto en la vida de los barrios de las grandes capitales y de los principales destinos de los viajeros y en los precios del mercado de la vivienda. En cifras de Contabilidad Nacional, el turismo supera en 16 puntos porcentuales el nivel previo al histórico shock de la COVID, según se observa en el gráfico.

“Se aprecia una mayor afluencia de turistas extranjeros fuera de la temporada estival, una mayor diversificación de los países de origen y un incremento del gasto medio por turista. El PIB turístico, que mide la contribución económica de esta actividad al PIB de la economía española, ascendió casi al 13% del PIB total en 2023 superando los registros previos a la pandemia”, resume un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El turismo vuelve a ser clave en la importancia del sector exterior en el conjunto de la actividad y del empleo. Sin embargo, otros servicios se han sumado a este 'motor' de la economía. “Las exportaciones de otros servicios no turísticos mantienen un dinamismo acusado [se puede observar en el gráfico]”, continúa el documento de la AIReF.

“Desde 2019, las exportaciones de servicios no turísticos han crecido un 34,4%, con avances destacados en telecomunicaciones, informática e información y técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales. Todo ello compensa la atonía que mantienen las exportaciones de bienes en un contexto de relativa debilidad de las economías del área del euro, pese a su mejoría más reciente, y de paulatino aumento del proteccionismo y fragmentación geográfica del comercio mundial”, incide la Autoridad fiscal.

Endeudamiento de familias y hogares

Una transformación estructural clave es el desendeudamiento de familias y empresas en la última década, después de los máximos registrados en la burbuja inmobiliaria. Esta tendencia permite descartar otra burbuja o “desequilibrio”, como viene comentando el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Más allá, destaca que tanto familias como empresas han reducido mucho más su deuda en España que en el conjunto de la eurozona, según se puede ver en el segundo gráfico de esta información, quedándose por debajo en ambos casos.

Inversión en propiedad intelectual

La debilidad de la inversión de las empresas es una de las grandes dudas de la evolución de la economía de España. De la inversión depende buena parte del crecimiento futuro, y algunos sectores no han llegado despertar desde 2020. Principalmente, por el encarecimiento del crédito provocado por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Ni siquiera con el estímulo que supone el despliegue del Plan de Recuperación, sobre el que también se ha vertido incertidumbre respecto a su impacto real en la actividad. Este mismo viernes, el Gobierno anunció el desembolso por parte de la Comisión Europea del cuarto pago de los fondos europeos.

En este contexto, uno de los destinos de la inversión destaca sobre el resto, y como nunca: el de “productos de las propiedad intelectual” —en el lenguaje del INE—, directamente relacionado con la innovación, la investigación y con sectores de alto valor añadido.

“En un contexto de sólido crecimiento estructural, la inversión y el consumo privado serán los principales motores de demanda entre 2024 y 2027. El escenario macroeconómico contempla una aceleración de la inversión en el horizonte de proyección, en especial de los bienes de equipo, gracias a la recuperación de los niveles de confianza empresarial y el continuado impulso del Plan de Recuperación”, explica el equipo de expertos del Ministerio de Economía.

Mercado laboral

El gran cambio estructural de nuestra economía está en el mercado laboral. Primero, por el récord de personas que trabajan, que se renueva trimestre tras trimestre. Este viernes, según la EPA (Encuesta de Población Activa), se supo que al cierre del segundo trimestre eran ya 21,68 millones en total.

En segundo lugar, está siendo crucial para el consumo agregado de las familias la menor precariedad en general, que está directamente vinculada con la caída de la temporalidad y la mayor estabilidad de los puestos de trabajo —más contratos indefinidos—, gracias a la reforma laboral de 2022.

Pero también, en tercer lugar, con un incremento de la creación de puestos de trabajo en sectores privados con mejores salarios, como “las actividades profesionales, científicas o técnicas”.

Por último, la AIReF señala que “dos tercios del crecimiento de la ocupación EPA se concentra en trabajadores extranjeros y de doble nacionalidad. Estos incrementos de la oferta de trabajo podrían tener implicaciones en relación con la evolución de los salarios reales y de la productividad. En particular, en términos sectoriales, los ocupados de nacionalidad extranjera y doble nacionalidad han tenido una mayor contribución al aumento del empleo en sectores como hostelería, transporte y comercio, construcción, servicios de hogar y manufacturas. Estos sectores se caracterizan, con la excepción de las manufacturas, por un menor nivel de productividad”.

Eso sí, ni el peso del sector público se ha elevado —se mantiene estable en el 16% del empleo total—, ni tampoco el de la hostelería —que se mueve entre el 8% y el 9%—.

“En el medio plazo, el despliegue de los efectos de las reformas permitirá compatibilizar el descenso de la tasa de desempleo con ganancias de poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la jornada media. La incorporación de los efectos esperados de las reformas previstas en el ámbito laboral al escenario macroeconómico permite proyectar nuevos máximos de ocupación, continuado crecimiento del poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la tasa de paro hasta cifras inferiores al 9% en el horizonte de previsión”, detalla el último informe de previsiones del Ministerio de Economía.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala que los interinos de larga duración pasen a ser fijos, ha abierto la puerta a la estabilización de decenas de miles de trabajadores públicos, que llevan años encadenando contratos temporales. “Es un varapalo importantísimo al Gobierno y a los tribunales españoles”, ha celebrado Javier Arauz, el abogado que ha llevado el caso de dos interinas ante la justicia europea y que ha estado respaldado este jueves por 36 organizaciones y colectivos de interinos, que han reclamado que esta medida se ejecute cuanto antes. “Esa estabilidad se puede cumplir en un mes, dos a lo máximo”, ha señalado.

El pronunciamiento del tribunal europeo se produce a instancias de una cuestión prejudicial sobre los casos de tres empleadas de la administración catalana, que encadenaron durante más de una década contratos temporales. El TJUE señala que la normativa nacional no cuenta con un procedimiento sancionador para este abuso de la temporalidad, que perjudicaría a más de un millón de personas empleadas en esta situación, y propone como solución hacer fijos a esos interinos.

El Tribunal descartaba también que la convocatoria de procesos selectivos o el pago de una indemnización a estos trabajadores si se quedan en la calle cuando se cubra su plaza suponga una sanción adecuada. La sentencia “avoca a la fijeza de los trabajadores públicos como única medida”, considera Arauz, que apunta que “el equilibrio es sancionar los abusos, compensar a la víctima, que lleva muchos años en régimen de precariedad laboral, y supone aplicar la normativa europea”.

El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha señalado este mismo jueves que esta cuestión “atañe fundamentalmente a los tribunales” y que todavía están pendientes de conocerse la opinión del tribunal respecto a “casos previos al 2021”. Y, precisamente, estas cuestiones las que los colectivos ya consideran que ha resulto la justicia europea.

En 2021, el Ejecutivo impulsó una ley para reducir la temporalidad en el empleo público al 8%, siguiendo las directrices europeas. Para hacerlo, se preveía la convocatoria de oposiciones y concursos-oposición para estabilizar decenas de miles de puestos de trabajo. A estos procesos es a los que deberían concurrir los trabajadores públicos en abuso de temporalidad, pero la justicia europea señala ahora que la normativa comunitaria se opone a esta solución. Es por esto que Arauz entiende que el Estado debería “paralizar inmediatamente los procesos de estabilización convocados al amparo de esa ley”.

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (Ceppt) ha lamentado este jueves que el ministro Escrivá no haya accedido hasta el momento a reunirse con los colectivos afectados. La última petición para este encuentro se produjo el 23 de mayo. Ya entonces reclamaban una “interlocución directa y fluida como representantes de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores temporales de todas las administraciones españolas”.

La sentencia europea supone también un “varapalo”, ha dicho Arauz, para la justicia europea. El TJUE ya había recomendado en febrero la “conversión de esos contratos temporales en fijos” ante la falta de “medidas adecuadas” en la legislación española para prevenir y sancionar esos abusos. A la espera de la posición conocida este jueves, Hace apenas un mes, el Supremo rechazó que esa sentencia obligase a hacerlo.

Los tribunales españoles no se han puesto, hasta la fecha, de acuerdo sobre cómo aplicar esta medida. Esto ha derivado en resoluciones contradictorias que deberían quedar resultas con esta cuestión prejudicial. En concreto, algunos jueces ponían en duda que esta cuestión respetase los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, que la Constitución exige para el acceso al empleo público. Ahora, la justicia europea apunta a una solución, que pasaría por la fijeza de estos trabajadores, “sujetos a las mismas causas de cese y despido que aquellas que rigen para los funcionarios de carrera sin, no obstante, adquirir la condición de funcionarios de carrera”.

En España hay casi tres millones de personas trabajando para las distintas administraciones públicas. Y es uno de los países europeos que más abusan de la temporalidad en el empleo público. Miles de interinos que, tras años encadenando contratos temporales, pasan a ser considerados “indefinidos no fijos” por los tribunales y cuyo futuro sigue sin estar claro: los jueces españoles no se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar la sentencia europea que sanciona este exceso de inestabilidad laboral en la administración central, autonómica y local.

El Supremo ha decidido devolver la pelota al tejado de Luxemburgo para que aclare el alcance de su resolución mientras algunos juzgados y tribunales dictan sentencias contradictorias sobre sus efectos: sobre si el parche del “indefinido no fijo” es suficiente para legalizar la situación de alguien que lleva años cubriendo vacantes o encadenando contratos temporales.

La bomba cayó en Luxemburgo el pasado 22 de febrero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que subrayaba la obligación de los Estados de combatir a golpe de norma “la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada”. Y una de esas medidas para combatir la temporalidad, dijo esa sentencia, “podría” ser “la conversión de estos contratos en una relación laboral de duración indefinida”. Convertir a interinos y temporales de la administración pública en fijos.

Los números dibujan la magnitud del problema en España. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Función Pública, más de 755.000 personas trabajan en régimen de interinidad para las distintas administraciones. Trabajadores que acceden a un puesto de docente en un instituto o como personal sanitario en un centro de salud para cubrir una vacante que, en un principio, iba a ser temporal pero que se perpetúa porque el organismo encargado nunca saca la plaza para que sea ocupada por un funcionario tras un concurso público.

Desde hace casi 30 años, los casos de abuso de temporalidad se han zanjado judicialmente con la figura del indefinido no fijo: el interino pasa a tener una relación laboral indefinida con la administración pero el puesto no es suyo, como sí lo sería de un funcionario que hubiera accedido mediante un concurso público. No hay datos de cuántos trabajadores han sido reconocidos en sentencia con esta fórmula, pero ahora todos están pendientes de la interpretación que los jueces españoles hagan de la sentencia del TJUE.

Esa interpretación, por el momento, no está clara. De hecho, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que marca el paso a todos los juzgados del país que cada año resuelven miles de pleitos laborales, ha anunciado que se dirigirá de nuevo a Luxembugo para que aclare si está obligando o no a los jueces españoles a hacer fijos a estos interinos de larga duración pasando por encima de los procedimientos habituales para adjudicar estas plazas.

La cuestión prejudicial preguntará cómo se compagina esta nueva doctrina europea con las normas que regulan el acceso al empleo público, así como las garantías de acceder a una plaza pública “conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Este tipo de movimientos por parte del Supremo suelen ir acompañados de una paralización o ralentización de pleitos afectados. Mientras tanto, juzgados y tribunales territoriales no se ponen de acuerdo en si es legal o no reconocer el carácter indefinido a un trabajador para un puesto al que, en circunstancias normales, se accede por oposición.

Algunas sentencias dictadas en las últimas semanas tienen claro que la nueva doctrina europea sí obliga a reconocer este carácter fijo a los interinos afectados por abusos de la temporalidad. Por ejemplo la resolución con la que un juzgado de lo social de Madrid obligó a Telemadrid a hacer fijo a un trabajador que llevaba años encadenando contratos temporales. Dictada un día después de conocerse el criterio de los jueces de Luxemburgo.

“Hasta el día de ayer”, reconoció este juez, habría hecho lo que ha hecho “en innumerables ocasiones”: convertir al trabajador en indefinido no fijo en Telemadrid. Con las mismas condiciones que el resto aunque sin plaza. Pero la sentencia europea “implica un cambio trascendental” y la obligación, zanjó, es hacerle fijo.

Sentencias contradictorias en España

Este criterio que apunta al automatismo no es unánime, ni entre los tribunales ni entre los sindicatos. Un análisis de UGT, por ejemplo, otorga especial importancia a una parte del pronunciamiento del TJUE: la que cuestiona que los abusos de la temporalidad se puedan solucionar a base de convocatorias para consolidar plazas. Y apunta a varios escenarios posibles: o el reconocimiento judicial indiscriminado del carácter indefinido de este tipo de trabajadores, o reformas urgentes para prevenir y controlar el abuso de la temporalidad.

Medidas como, por ejemplo, contemplar indemnizaciones mayores, plazos estrictos para cubrir plazas o concursos cerrados para estos trabajadores con un endurecimiento del marco disciplinario para que los principios de “igualdad, mérito y capacidad” queden blindados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue el primero en llevar a Europa el caso de varios indefinidos no fijos. Dos personas que durante años encadenaron contratos temporales o como discontinuo en puestos dependientes de la Comunidad de Madrid y otro más de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ha sido también el primer TSJ en interpretar la sentencia europea y lo ha hecho para negar que implique, de forma obligatoria y generalizada, reconocer a los indefinidos no fijos como trabajadores fijos de la administración y lo ha hecho en tres casos distintos.

En uno de ellos, los jueces de lo social entienden que existió un “fraude de ley en la contratación” al haber pasado mucho más tiempo de los tres años que marca la normativa para ejecutar ofertas de empleo público. Pero no reconoce su puesto de trabajo como fijo: Europa, dice el tribunal madrileño, ha reconocido que convertir estos contratos en fijos “puede ser la medida”, pero “no se impone en ningún caso” como solución general. Hacerlo así, razona en la línea de las dudas del Tribunal Supremo, sería beneficiar a estos trabajadores frente a quienes quieran acceder a la plaza “mediante los procesos de selección correspondientes”.

El criterio de los tribunales superiores, el paso previo al Tribual Supremo, no es unánime. Frente a los razonamientos del TSJ madrileño, que ya de por sí cuenta con varios votos particulares discrepantes, una sentencia del Tribunal Superior del País Vasco apunta en sentido contrario y recientemente ha reconocido el carácter indefinido a un trabajador que estuvo más de 15 años encadenando contratos temporales en la Universidad del País Vasco.

“El Tribunal de la Unión Europea ha dado criterio claro sobre la cuestión”, dice la mayor parte de la sala de lo social del TSJ. Las alternativas que proponía la UPV no llegaban al estándar europeo sobre estabilidad y la solución es reconocerla a ese trabajador. Pero ni siquiera esa sentencia fue unánime. Para una de las magistradas, que firma un voto particular, el TJUE “no ha sido categórico ni ha afirmado que la fijeza sea la única solución”.

Este voto particular de la magistrada Maite Alejandro no revela qué pasará en el futuro pero sí da pistas sobre el debate que la nueva doctrina del TJUE ha causado entre la judicatura. “Ha provocado una considerable reacción en todos los foros jurídicos”, explica, existiendo según su criterio “están provocando gran incertidumbre en el panorama doctrinal y judicial”. En algunos tribunales la solución, según esta magistrada, está siendo suspender la tramitación de los recursos.

El abuso de la temporalidad en las administraciones públicas es un problema en España que también adquiere una dimensión comunitaria. Según Eurostat, con datos relativos a 2022, España es uno de los países europeos con una mayor tasa de temporalidad en todas las administraciones. Recientemente la Comisión Europea también ha reclamado atajar estos números mientras los ritmos de la Justicia no invitan a pensar en una solución rápida: una cuestión prejudicial como la elevada por el Tribunal Supremo, según las estadísticas del TJUE, nunca queda resuelta antes de un año.

Balears és la comunitat autònoma “més afavorida” per la reforma laboral, amb una taxa de contractació indefinida que se situa 26 punts per sobre de la mitjana espanyola, segons CCOO.

Així es desprenen de les dades d'un estudi realitzat pel sindicat sobre la repercussió d'aquesta reforma, que va entrar en vigor a principis de 2022, sobre l'estabilitat de l'ocupació a les Illes. Concretament, assenyala que el percentatge de contractes indefinits ha passat d'una mitjana del 20 a un 70% dels contractes totals.

En una nota de premsa, des del sindicat han explicat que les dades constaten que el gener del 2022 la contractació indefinida va augmentar “considerablement” i a l'abril aquest tipus de contracte va passar a representar un 80% del total. Els mesos posteriors s'han mantingut en xifres superiors al 50%.

En comparació amb altres comunitats autònomes i amb la mitjana estatal, l'estudi indica que Balears és el territori “més afavorit” per aquesta reforma, així com que és la CCAA amb el percentatge més alt de contractes indefinits aquest març amb un 74, 5%, lluny de la segona que és Múrcia, amb un 57,8%.

En aquesta línia, CCOO ha destacat que la reforma laboral, acordada amb patronals i sindicats, no només va ser positiva per reforçar la negociació col·lectiva eliminant la ultraactivitat, disminuir la rotació, ajudar a la pujada de salaris i augmentar la dificultat de l'acomiadament , sinó que va servir “per donar estabilitat laboral a les persones treballadores”.

Per això, el sindicat ha defensat “tot aquest temps” que la millora en la qualitat de l'ocupació, l'estabilitat laboral i les pujades salarials suposarien un progrés per a l'economia, “quan altres presagiaven atur i mals resultats empresarials”.

Un exemple, ha remarcat CCOO, és el cas de l'arxipèlag balear on l'atur està en mínims històrics, es creen llocs de treball i també es produeixen bons resultats per a les empreses. “Això no és degut únicament a l'ampliació de la temporada turística, sinó també a l'augment de la demanda interna que produeixen les persones treballadores d'aquestes illes gràcies a la seva estabilitat laboral”, han subratllat.

Així mateix, han indicat que els contractes indefinits, encara que molts siguin fixos discontinus a causa de l'estacionalitat del teixit productiu balear, permeten fer plans de futur o accedir a un préstec o lloguer. A més, la conversió d'un contracte temporal en indefinit suposa un augment de la ràtio de despesa sobre la renda, que es tradueix en una millora de l'economia balear, hi han incidit.

Amb tot, han destacat que aquestes dades “reforcen” els pronòstics del sindicat i “mostren el camí a seguir” que, insisteixen, és “millorar la qualitat de l'ocupació i apujar els salaris”. “És de justícia i així guanya tothom”, han conclòs.

Balears es la comunidad autónoma “más favorecida” por la reforma laboral, con una tasa de contratación indefinida que se sitúa 26 puntos por encima de la media española, según CCOO.

Así se desprenden de los datos de un estudio realizado por el sindicato sobre la repercusión de esta reforma, que entró en vigor a principios de 2022, en la estabilidad de la ocupación en las Islas. En concreto, señala que el porcentaje de contratos indefinidos ha pasado de una media del 20 a un 70% de los contratos totales.

En una nota de prensa, desde el sindicato han explicado que los datos constatan que en enero de 2022 la contratación indefinida aumentó “considerablemente” y en abril este tipo de contrato pasó a representar un 80% del total. Los meses posteriores se ha mantenido en cifras superiores al 50%.

En comparación con otras comunidades autónomas y con la media estatal, el estudio indica que Balears es el territorio “más favorecido” por esta reforma, así como que es la CCAA con el mayor porcentaje de contratos indefinidos este marzo con un 74,5%, lejos de la segunda que es Murcia, con un 57,8%.

En esta línea, CCOO ha destacado que la reforma laboral, acordada con patronales y sindicatos, no sólo fue positiva para reforzar la negociación colectiva eliminando la ultraactividad, disminuir la rotación, ayudar a la subida de salarios y aumentar la dificultad del despido, sino que sirvió “para dar estabilidad laboral a las personas trabajadoras”.

Por ello, el sindicato ha defendido “todo este tiempo” que la mejora en la calidad de la ocupación, la estabilidad laboral y las subidas salariales supondrían un progreso para la economía, “cuando otros presagiaban paro y malos resultados empresariales”.

Un ejemplo, ha remarcado CCOO, es el caso del archipiélago balear donde el paro está en mínimos históricos, se crean puestos de trabajo y también se producen buenos resultados para las empresas. “Esto no se debe únicamente a la ampliación de la temporada turística, sino también al aumento de la demanda interna que producen las personas trabajadoras de estas islas gracias a su estabilidad laboral”, han subrayado.

Asimismo, han indicado que los contratos indefinidos, aunque muchos sean fijos discontinuos debido a la estacionalidad del tejido productivo balear, permiten hacer planes de futuro o acceder a un préstamo o un alquiler. Además, la conversión de un contrato temporal en indefinido supone un aumento de la ratio de gasto sobre la renta, que se traduce en una mejor de la economía balear, han incidido.

Con todo, han destacado que estos datos “refuerzan” los pronósticos del sindicato y “muestran el camino a seguir” que, insisten, es “mejorar la calidad de la ocupación y subir los salarios”. “Es de justicia y así gana todo el mundo”, han concluido.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha detectado una “posible” inconstitucionalidad en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024 al rescatar el extinto contrato por “obra y servicio” en uno de sus artículos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que “la Ley de Presupuestos no favorece los contratos temporales. Simplemente, en alusión a una disposición de la Reforma Laboral de 2021, recoge que se podrán mantener prorrogados los contratos por obra y servicio que se firmaran en el mismo 2021”.

Por su parte, el Ministerio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz denuncia en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es que el Ejecutivo regional estaría incumpliendo “la Constitución y la Ley en materia laboral con el único objetivo de precarizar el empleo”. La desaparición del contrato por obra y servicio fue uno de los cambios más importantes de la Reforma Laboral que entró en vigor a finales de 2021 y que ha favorecido una inédita reducción del trabajo temporal y un elevado ritmo de creación de empleo, hasta rozar actualmente los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una evidencia ante la que se han rendido la Comisión Europea y la mayoría de instituciones y centros de análisis nacionales e internacionales.

La denuncia de Trabajo señala que la Comunidad de Madrid introdujo en el artículo 37 de su Ley de Presupuestos de 2024, que se publicó a finales de diciembre del año pasado, la facultad de formalizar contratos “de carácter temporal para la realización de obras o servicios en una serie de supuestos con cargo a los créditos de inversiones”.

“Este artículo no se ajusta a la legislación laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebración de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy específicos (circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora)”, incide el informe del Ministerio. “Por tanto, el legislador autonómico estaría intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislación laboral, cuando el Estado es el único que puede regular estas cuestiones. De ser así, la Comunidad de Madrid estaría incurriendo en una clara vulneración del orden constitucional de distribución de competencias”, continúa el mismo documento.

El Ministerio de Yolanda Díaz ha emitido este informe a solicitud del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya dispone de él y que debe decidir ahora si eleva un recurso al Tribunal Constitucional. elDiario.es ha consultado al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre este asunto. Fuentes del Ejecutivo del Partido Popular (PP) justifican que “los contratos por obra y servicio” incluidos en sus Presupuestos de 2024 están en relación con la “disposición transitoria tercera” de la propia Reforma Laboral.

Esta disposición apunta a que “este tipo de contratos que se hayan firmado en 2021 se podrán prorrogar tres años más. Es a eso a lo que se refiere el artículo de la Ley de Presupuestos”, especifican desde la Comunidad de Madrid.

La redacción del artículo en cuestión de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid entra en una contradicción. Por un lado, recoge efectivamente que “las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de derecho público [...] podrán formalizar durante el año 2024, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios”, según un par de requisitos. Por otra parte, el punto 4 del mismo texto traslada que estos “contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral”.

Esta redacción contradictoria del artículo alienta las dudas sobre su interpretación, aunque su espíritu general es “revertir aspectos fundamentales de la Reforma Laboral del Gobierno de coalición, introduciendo fórmulas de temporalidad en las contrataciones que lleva a cabo de forma ilegal”, recalca el Ministerio de Trabajo.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir que la Comunidad de Madrid intente volver a introducir contratos temporales y precarios, llegando hasta el Tribunal Constitucional si es necesario”, prosiguen desde el departamento de la vicepresidenta segunda.

En cuanto al procedimiento de impugnación de las normas autonómicas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es el competente de promover los recursos de inconstitucionalidad. Una vez recibido el informe de Trabajo, puede tomar dos vías. La primera consistiría en negociar con la Comunidad de Madrid hasta llegar a “un acuerdo interpretativo” o un acuerdo para modificar la Ley de Presupuestos. La segunda, la interposición directamente de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para la modificación de la primera vía hay nueve meses de plazo. Para la segunda, solo tres meses. La Ley de Presupuestos de la Comunidad se publicó el 27 de diciembre de 2023, por lo que este último plazo se cumple el próximo miércoles. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla que, antes de esa fecha, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática debería haber recabado los informes pertinentes y propondría al Consejo de Ministros que instase al presidente del Gobierno a la interposición del recurso. Para que esto ocurra, solo queda un Consejo de Ministros, el del martes de Semana Santa.

La Junta de Extremadura destinará 28 millones de euros para fomentar el empleo indefinido y reducir los costes laborales en las empresas de la región, que podrán recibir entre 4.000 y 17.550 euros para al menos contratar a 4.000 trabajadores, según el borrador del decreto de ayudas, según ha explicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría. Ese borrador se puede consultar desde este miércoles en el portal de transparencia de la Junta.

El decreto de ayudas tendrá carácter retroactivo y contempla ayudas a la contratación indefinida por un periodo estimado de 22 meses a contar desde la finalización del anterior decreto, es decir, desde junio de 2023. Sus dos objetivos principales son luchar contra el desempleo, favoreciendo la inserción laboral de determinados grupos de población con mayor dificultad de acceso al mercado de y el crecimiento de las plantillas en las empresas como consecuencia de la reducción de los costes laborales. Para ello, programa una cuantía de 28 millones de euros, un 75% más que en la anterior convocatoria.

El decreto, consensuado con los agentes sociales, ha apuntado el consejero, tendrá vigencia de un año y su tramitación por parte de las empresas se hará de forma telemática. Como novedad, los colectivos prioritarios, basados en su tasa de paro según la EPA, podrán cambiarse en las distintas convocatorias sin modificar las bases reguladoras, según vayan evolucionando los datos del mercado del trabajo.

Los colectivos de la primera convocatoria serán jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas paradas de larga duración y trabajadores en localidades de menos de 5.000 habitantes, así como hombres de 45 años a 50 años, sector que se rescata, “pues había sido olvidado por el anterior gobierno”, según Santamaría. No se excluirán a autónomos que contraten a hijos de menores de 30 años y a familiares de segundo grado para “fomentar empleo joven y el relevo generacional”.

Las ayudas cubrirán al menos el cien por cien de los costes anuales de Seguridad Social en contratos indefinidos con una jornada mínima del 50%, aunque, a sugerencia de los sindicatos, si pasa de parcial a tiempo completo antes de seis meses se incrementa la subvención por contrato.

Además, habrá ayudas adicionales y acumulables, que aumentarán en un diez por ciento las ayudas por tres supuestos. Entre estos últimos estarían que la empresa tenga plan de igualdad en vigor aun sin estar obligado a ello o que cuente con la certificación de responsabilidad social empresarial de la Junta. Que sea la primera contratación indefinida inicial de un autónomo o profesional colegiado o se contrate a una persona que acceda por primera vez al mercado de trabajo también incrementará un diez por ciento la ayuda en el primer supuesto.

El segundo supuesto tendrá que ver con que la empresa tenga que ver con actividades prioritarias con mayor desempleo: industria manufacturera, comercio al por menor, transporte, hostelería, actividad cinematográfica, sanitarias o artísticas. Por último, si la persona a contratar es una mujer víctima de violencia de género también se recibirá un diez por ciento más de ayuda.

Las empresas a cambio de estas ayudas estarán obligadas a mantener la contratación indefinida por un periodo mínimo de dos años, manteniendo el número de contratados.

La sentencia de la Justicia europea que ha puesto límites al abuso de la interinidad laboral en España ya tiene sus efectos en los tribunales. Un juzgado de Madrid ha decidido reconocer como fijo a un trabajador de Telemadrid que ha encadenado hasta cinco contratos temporales en los últimos años en la televisión pública madrileña. El propio juez reconoce en su sentencia ganada por el sindicato CGT que, hasta ahora, su criterio era diferente pero que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión son de aplicación obligada y que, en este caso, reconocerle como indefinido no fijo “no supondría suficiente sanción” para Telemadrid por hacerle encadenar años de contratos temporales.

Esta sentencia llegó apenas un día después de que el tribunal de Luxemburgo hiciera pública su resolución, un duro golpe al abuso de los interinos de larga duración en las administraciones públicas, explicando que la solución era convertir en fijos a miles de personas en esa situación. Unos días antes, un trabajador de Telemadrid había llevado al ente público madrileño a juicio con alegaciones similares.

Su caso, según ha podido saber este periódico, es el de uno de tantos trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid que afectó a más de 860 trabajadores y que en 2014 fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Volvió a trabajar para la cadena, pero encadenando contratos temporales para cubrir determinados eventos: la Misa de San Isidro o la victoria del Real Madrid en la Champions League, entre otros. Desde 2018 trabajaba con uno de estos contratos temporales, a través de una bolsa de empleo, pero ya sin especificar una cobertura concreta.

Los sindicatos llevan años peleando para que estos trabajadores sean reconocidos al menos como indefinidos no fijos, una figura habitual con la que los tribunales convalidan casos de abuso de temporalidad o interinidad en las administraciones públicas. Este juzgado empieza por establecer que la cláusula de temporalidad de su último contrato era “fraudulenta”.

Y explica claramente que, “hasta el día de ayer”, su criterio hubiera sido reconocerle como indefinido no fijo, algo que ha hecho “en innumerables ocasiones”. Pero que la sentencia del TJUE conocida unas horas antes lo cambia todo.

Un “cambio trascendental”

Esta sentencia, reconoce el juzgado madrileño de lo social, “implica un cambio trascendental al respecto”. Las medidas tomadas en España para paliar el abuso de la interinidad, reconoce el juez, “no resultan suficientemente efectivas para castigar el abuso de las Administraciones Públicas y del Sector Público en general han realizado de la contratación temporal”. Y por primera vez reconoce la fijeza a un trabajador en estas circunstancias, en este caso de Telemadrid.

Las sentencias del TJUE como ésta, añade, son de obligada aplicación. “Debe prevalecer, incluso, frente a la jurisprudencia que interprete la normativa nacional, incluso con rango constitucional”. Por tanto, explica, “debemos cambiar nuestro criterio ya que el reconocimiento del actor como indefinido no fijo no supondría suficiente sanción” a Telemadrid. Se le reconoce de forma explícita la condición de “fijo” en Radio Televisión Madrid.

Es una sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Madrid y, después, todavía lo será ante el Tribunal Supremo. La decisión, la primera conocida tras la resolución del TJUE, va mucho más allá de lo dicho hasta ahora en casos similares por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social, recuerda esta nueva sentencia, ha sido “taxativa” al entender que el carácter fraudulento de un contrato “no basta para que el trabajador tenga la consideración de fijo, debiendo declararse como indefinido no fijo”. Aunque, como en este caso, se haya accedido a través de una bolsa de empleo temporal.

Navarra ha cerrado el 2023 con menos parados y más afiliados a la seguridad social que en 2022. En el mes de diciembre el número de desempleados descendió en 172 personas. Así, 2023 termina con 29.988 desempleados, 1.622 menos que los que había al cierre del año pasado.

El mes pasado el desempleo se redujo en Navarra en 66 personas en el sector servicios, 23 en agricultura y 114 en el colectivo de personas sin empleo anterior. Sin embargo, el paro ha crecido en industria en 20 personas, y en la construcción en 11. Del total de desempleados, 20.445 corresponden al sector servicios, mientras que 3.580 a industria, 1.365 a construcción y 1.300 a agricultura. El colectivo sin empleo anterior registra 3.298 parados. Por sexos, de los 29.988 desempleados registrados en 2023, 18.019 son mujeres y 11.969 hombres. De ellos, 2.680 son menores de 25 años (1.397 hombres y 1.283 mujeres).

En cuanto al empleo, 2023 termina con 305.338 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 6.390 personas con respecto al 2022. Solo en diciembre se firmaron 19.166 nuevos contratos, de los que 3.814 fueron indefinidos. Con todo, son 4.387 menos que el mes anterior (-18,63%), y 3.089 menos que hace un año (-13,88%). Del total de contratos, 15.352 fueron temporales (2.900 menos que en noviembre, un -15,89%, y 2.572 menos que en 2022, un -14,35%) y 3.814 fueron indefinidos (1.487 menos que el mes anterior, un -28,05%, y 517 menos que en 2022, un -11,94%).

En el conjunto nacional, se ha registrado en 2023 un descenso de 130.197 personas (-4,6%), hasta un total de 2.707.456 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007. Con el descenso registrado en 2023, el paro encadena tres años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, y el registrado en 2022 (-268.252 parados).

“Entras a una entidad bancaria para consultar por una hipoteca y es lo primero que te preguntan”. Que si tiene usted un contrato indefinido. Por primera vez, Yovana González, de 33 años y trabajando desde los 23, puede decir que sí. “Siempre había estado con contratos temporales, donde me surgieran oportunidades, pero con la reforma laboral me hicieron indefinida”, explica la joven, coordinadora de actividades educativas y de tiempo libre en colegios de Gijón (Asturias). “Antes tanto mis compañeras como yo nos encontrábamos en una continua incertidumbre”, destaca la trabajadora.

La caída de los contratos temporales gracias a la reforma laboral, disparados en España durante décadas y que exponían a millones de personas a esa “continua incertidumbre”, seguramente sea el cambio más relevante de la legislatura y de los últimos años en el mercado de trabajo.

También los ERTE en la pandemia, herramienta desconocida por la mayoría social y que logró sostener a más de cuatro millones de trabajadores y de 500.000 empresas ante el azote del coronavirus. El paro extraordinario de los autónomos por la COVID alcanzó por su parte a la mitad del colectivo, alrededor de 1,5 millones de trabajadores, para los que nunca se había desplegado este tipo de protección.

Estas y otras muchas medidas laborales aprobadas por la coalición progresista, como el gran aumento del salario mínimo y la histórica aprobación del paro para las trabajadoras del hogar, tienen una repercusión directa en los trabajos y las vidas de miles de personas, en ocasiones con cambios muy significativos.

Poder pensar a largo plazo o comprar una casa

“No había manera de planificarte a largo ni medio plazo, porque no podíamos contar con 'x' dinero en dos o tres meses. No sabíamos si tendríamos trabajo de nuevo”, explica Yovana González sobre la situación que afrontaban ella y sus compañeras antes de la conversión de sus contratos temporales a indefinidos ordinarios o fijos discontinuos con la reforma laboral.

“Como no sabías, pensabas: 'Me voy a ahorrar este calcetín, que no sé si dentro de dos meses voy a seguir con este contrato”, pone como ejemplo. Como es coordinadora y trabaja durante todo el año, Yovana González pasó a indefinida ordinaria, mientras que sus compañeras –unas con trabajo durante la época lectiva y otras empleadas durante las vacaciones escolares– fueron contratadas como fijas discontinuas, vinculadas a estas dos temporadas.

Como ella, los jóvenes están siendo los más beneficiados del aumento del empleo indefinido, ya que antes eran los más afectados por la temporalidad excesiva. Para muchos de ellos, como explicaban aquí Raquel, Sara e Ismael, la reforma laboral ha traído consigo sus primeros contratos 'fijos', que les han concedido algo de “tranquilidad” y la posibilidad de hacer planes antes inconcebibles.

Yovana González está “en búsqueda de vivienda”, dice con ilusión, una posibilidad para la que antes dependía de una pareja o una tercera persona que le avalase. “Si no, imposible, no me darían ninguna hipoteca. Lo primero que te preguntan es si tienes contrato indefinido y ya lo segundo, el sueldo”, afirma.

La obligación de que te vuelvan a llamar

“Con el contrato fijo discontinuo, la empresa está obligada a llamarlas cuando vuelve a haber trabajo”, explica Yovana González, también delegada de CCOO, sobre sus compañeras monitoras que trabajan por temporadas. Para quienes minimizan la importancia de este hecho y equiparan esta modalidad de contrato a los temporales previos, la trabajadora niega la mayor. “Antes te podían llamar o no. Teníamos contratos por obra o servicio y nos encontrábamos en una continua incertidumbre. Ahora hay una obligación legal de llamamiento”, sostiene González.

El Banco de España ha señalado una muestra práctica de la transformación económica que está suponiendo la reforma laboral para las personas que han dejado atrás los contratos temporales. El regulador calculó un aumento del consumo en unos 3.000 millones de euros fruto de la conversión a contratos indefinidos que propició la norma.

Aunque en ocasiones algunas voces advierten de prácticas abusivas respecto a los fijos discontinuos, sobre todo cuando los contratos dependen de empresas de trabajo temporal (ETT), y reclaman más control de esta forma de contrato. La Inspección de Trabajo lanzó precisamente una campaña para controlar su uso.

A Noelia, que trabaja en una multinacional textil en el centro de Barcelona, le hicieron un contrato fijo discontinuo a través de una ETT para el refuerzo de personal durante el verano, con más afluencia turística. “Trabajaba todos los fines de semana y nos dijeron que no teníamos derecho a vacaciones durante dos años, que descansábamos cuando no nos llamaban para trabajar”, relata. Un año después, la dependienta pasó a indefinida ordinaria contratada directamente por la tienda.

El colchón de los ERTE

María estuvo en ERTE más de un año. “Un año y tres meses”, cuenta. Pasó de no saber qué eran los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como casi toda España, a seguir en vilo las prórrogas de este mecanismo de 'hibernación' del empleo que acordaron el Gobierno y los agentes sociales. Los ERTE por la COVID se extendieron desde marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia, hasta dos años después, en abril de 2022.

“Los ERTE nos ayudaron a mantenernos todo ese tiempo. Estoy muy orgullosa de las leyes españolas, porque he sabido de otros países europeos llamados 'primer mundo' que no tienen apenas garantías”, dice María, tripulante de cabina. Como ejemplo, menciona la desprotección de compañeros con bases en países como Reino Unido.

El sector de la aviación fue de los más afectados por la pandemia, con una recuperación más lenta que otras actividades económicas, por lo que las sucesivas prórrogas que acordó el Gobierno fueron claves para sostener a María y sus compañeros. “Yo podía mantenerme con el ERTE, porque no tengo hijos ni muchos gastos, pero había gente con cargas familiares e hipotecas que sufrió bastante”, recuerda.

El Gobierno reforzó la protección de los ERTE con medidas excepcionales, como una mayor cuantía (70% de la base reguladora, que no se reducía con los meses al 50% como ocurre con el paro), que su cobro no consumiera meses de desempleo y el acceso sin el mínimo cotizado.

María traduce lo que supusieron en su caso: le permitieron seguir pagando el alquiler –que no hubiera podido sufragar con el 50%– y más tarde, cuando su empresa no aguantó y se vio abocada al cierre en España, pudo cobrar el paro durante varios meses hasta que encontró otro empleo. “A mí se me dio bien, no tardé mucho en encontrar otro trabajo”, dice la trabajadora, de 43 años. “Como trabajadora agradezco lo que se hizo, sentí mucha protección laboral”, sostiene. En la mayoría de casos, los ERTE no se convirtieron en ERE, sino que terminaron con una masiva reincorporación a los puestos de trabajo.

Fin al precipicio de no tener paro

La legislatura ha dejado también una imagen ansiada y luchada durante años. Trabajadoras del hogar aplaudían desde lo alto del Congreso la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la OIT, que obliga a equiparar los derechos laborales de este colectivo al resto de trabajadores. Un mes después, se dio luz verde por fin a una de las principales batallas, el derecho al desempleo, cuya exclusión la justicia europea tachó de discriminatoria en una sentencia impulsada por una empleada gallega.

“La señora se levantaba de mal carácter, que ya no quería nada contigo, y te ibas a la calle, al limbo”, explica Marga, trabajadora del hogar y de cuidados y activista de Territorio Doméstico. Por muchos años que trabajaran, estas empleadas se veían en la calle de un día para otro sin ningún ingreso. Casi 400.000 trabajadoras del hogar de alta en la Seguridad Social, a las que se suman alrededor de 200.000 más sin contrato.

Esta desprotección ha atado las manos de muchas trabajadoras a la precariedad. Les ha obligado a aceptar trabajos mal pagados, sin alta en la Seguridad Social, con malas condiciones o, incluso, aguantando un mal trato por parte de sus empleadores. Pero eso era mejor que “nada”, explicaba Marga a elDiario.es en este reportaje días antes de la histórica sentencia europea.

“Ahora estamos cotizando por el paro, pero como tenemos que acumular al menos un año, aún no conocemos a ninguna compañera que lo haya cobrado. El día que ocurra, haremos una celebración y diremos por fin que sí, que las trabajadoras del hogar tenemos el acceso al paro”, dice la empleada doméstica.

En opinión de Marga, la perspectiva de esa futura protección social ya impulsa una mayor calidad del empleo. “Puedes buscar algo donde respeten tus derechos, poner más en valor tu trabajo y no aceptar cualquier cosa”, considera. En los colectivos de empleadas temen un cambio de Gobierno, reconoce.

Subida histórica del salario mínimo

Solo hace cinco años, quienes percibían el salario mínimo cobraban 735,90 euros brutos al mes. Hoy, la cuantía del SMI alcanza los 1.080 euros. Un 47% más, que se concreta en 344 euros más al mes, uno de los mayores incrementos de la democracia en un periodo tan corto.

El mayor salto se acordó en 2019, entre PSOE y Unidas Podemos, cuando el salario mínimo registró un alza histórica del 22%, hasta los 900 euros al mes. Después, ha seguido aumentando y este 2023, en un contexto de crisis inflacionista, se volvió a anotar un fuerte incremento, del 8%, hasta cumplir con la meta fijada por el Ejecutivo de coalición de alcanzar el 60% del salario medio en España.

Traducido al día a día, los aumentos han hecho que la cuesta para llegar a fin de mes sea un poco menos empinada en muchos hogares, como relataban varios trabajadores en este reportaje de Víctor Honorato. Carmelo Conde, trabajador de una planta de envasado de cítricos en El Campillo (Huelva), tras 25 años en la compañía, no recuerda más subidas de sueldo que las acordadas para el salario mínimo en el Consejo de Ministros.

Estos cinco años de mejora no han inaugurado una etapa de lujos y holganza. Lo que han conseguido es ser “un poco menos precario”, explicaba por teléfono. Por ejemplo: en 2020 cambió de coche, tras 15 años, porque por fin el banco consideró que ganaba lo suficiente como para abonar las letras. “Estas subidas son necesarias; es que, si no, no llegamos”, relataba a este medio.

Subida de sueldo gracias a la reforma laboral

Además de combatir la temporalidad excesiva, la reforma laboral incluyó más medidas, como que el convenio del sector volviera a fijar los salarios. Se acababa así con la prioridad del convenio de empresa que decretó el Gobierno del PP en 2012 y que devaluó las condiciones laborales en muchas compañías sin tener que alegar ninguna razón para rebajar sueldos.

“El sector que teníamos más afectado es el de ayuda a domicilio”, feminizado y muy precario, explica Rosa Bermejo, responsable del área de Sanidad Privada de CCOO en Cáceres. Solo en esta provincia, hay “13 convenios de empresa”, dice la sindicalista. “Todos devalúan condiciones, ninguno mejoraba el sectorial”, añade.

“Yo he estado trabajando cobrando 900 y pico euros al mes, mientras que compañeras que hacían el mismo trabajo en estas empresas estaban recibiendo algo más de 600 euros”, cuenta Bermejo. El aumento del salario mínimo en los últimos años ha ido reduciendo esta brecha, pero ahora tras la reforma laboral estas compañías con salarios 'low cost' tienen que adaptarse a los niveles sectoriales, más beneficiosos.

“Muchas empresas no están adaptando todavía sus tablas salariales, aunque deberían haberlo hecho antes de enero de 2023. Así que estamos denunciando a la Inspección de Trabajo”, explica Rosa Bermejo. “De momento, ya han aumentado los salarios tres compañías”, añade la sindicalista.

Este año, el convenio del sector a nivel estatal recoge un sueldo base de las auxiliares a domicilio de 1.090,60 euros al mes, a los que se deben sumar pluses por antigüedad, nocturnidad o disponibilidad, entre otros. En 2024, el salario base pactado escalará a los 1.118 euros al mes. “Hay jornadas parciales, así que los aumentos son proporcionales para las horas trabajadas y a veces no son muy elevados, pero es más de lo que les estaban pagando”, destaca Bermejo.

La contratación subió un 29,11 por ciento en Castilla y León en el mes de mayo de 2023, cuando se firmaron 62.099 contratos, 14.002 más en comparación con el mes anterior, mejor dato que la media donde la contratación creció un 22,01 por ciento, lo que supone 254.745 contratos más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Castilla y León registró el séptimo mayor aumento porcentual de la contratación de las comunidades autónomas que subió en casi todos los territorios, salvo en Cantabria.

Sin embargo, en términos interanuales la contratación cayó un 7,10 por ciento en Castilla y León (4.743 contratos menos que en mayo de 2022), menos en este caso en comparación con la media que bajó un 13,93 por ciento. La Comunidad ha anotado en concreto la cuarta menor caída de las autonomías.

Por provincias, la contratación subió en todas con especial incidencia en Valladolid (48,98 por ciento y 5.086 contratos más), seguida de Burgos (35,47 por ciento y 2.485 contratos), León (30,28 por ciento y 2.154 nuevos contratos), Segovia (29,65 por ciento y 1.027 contratos), Salamanca (23,04 por ciento y 1.626 contratos más), Zamora (17,23 por ciento y 567 nuevos contratos) y Soria (16,02 por ciento y 311 contratos más).

Los menores incrementos, por debajo de los dos dígitos, se han registrado en Palencia (9,96 por ciento y 494 contratos más) y en Ávila (8,75 por ciento y 252 nuevos contratos).

Y en comparación con mayo de 2022 la contratación cayó en casi todas salvo en Palencia, donde subió un 6,07 por ciento (312 contratos más), y en Salamanca, que gana un 11,62 por ciento (904 contratos). El mayor descenso se ha anotado en Soria (-20,62 por ciento, 585 menos), seguida de Ávila (-17,10 por ciento, 646 menos), Burgos (-16,20 por ciento, 1.835 menos), Zamora (-14,49 por ciento y 654 menos), Segovia (-12,20 por ciento y 624 contratos menos), León (8,33 por ciento, 842 menos) y Valladolid (-4,76 por ciento y 773 contratos menos).

Evolución dispar de la contratación indefinida

En el caso de la contratación indefinida, con un total de 22.501 contratos de estas características, sube un 28,91 por ciento respecto a abril (5.046 más) pero cae un 13,45 por ciento en comparación con el mismo mes de 2022 (-3.498), por debajo en ambos casos de los datos nacionales (+17,78 por ciento y -14,45 por ciento, respectivamente).

Por provincias, la contratación indefinida en comparación con el mes anterior subió en todas salvo en Ávila (-4,60 por ciento) lideradas por Valladolid (47,03 por ciento) y por Segovia (43,51 por ciento), seguidas de Burgos (41,18 por ciento), Salamanca (23,23 por ciento), Zamora (20,04 por ciento), León (16,42 por ciento), Palencia (14,39 por ciento) y Soria (8,62 por ciento).

En comparación con mayo de 2022 se produce un descenso de la contratación de carácter indefinido en las nueve provincias de Castilla y León lideradas por Ávila (-28,16 por ciento) seguida de Soria (22,81 por ciento), Burgos (-20,98 por ciento), León (-17,81 por ciento), Palencia (-15,61 por ciento), Zamora (-11,92 por ciento), Salamanca (-8,70 por ciento), Segovia (-6,88 por ciento) y Valladolid (-4,21 por ciento).

Y en el caso de la contratación temporal, Castilla y León ha sumado un total de 39.598, un 29,23 por ciento más que el mes anterior respecto al que gana 8.956, por encima del aumento de España, donde crece un 25,60 por ciento, pero un 3,05 por ciento menos que en mayo de 2022 (-1.245 contratos en este caso), inferior que la media (-13,51 por ciento).

La contratación temporal ha subido especialmente en Valladolid, donde crece un 50,39 por ciento, seguida de León (41,43 por ciento), Burgos (32,10 por ciento), Salamanca (22,96 por ciento), Segovia (21,77 por ciento), Soria (21,61 por ciento), Ávila (17,39 por ciento), Zamora (15,91 por ciento) y Palencia (8,91 por ciento).

Y en comparación con mayo de 2022 la contratación temporal cae en siete y sube en Salamanca, 23,23 por ciento más, y en Palencia, 13,26 por ciento. La mayor bajada en este caso se anota en Soria (-19,07 por ciento), en Zamora (-15,70 por ciento) y en Segovia (-15,44 por ciento) seguida de Burgos (-12,88 por ciento), Ávila (-9,80 por ciento), Valladolid (-5,15 por ciento) y León (-0,75 por ciento).

Una convocatoria de 4,95 millones de euros quiere impulsar la contratación indefinida enCastilla-La Mancha, a través de ayudas para la transformación de contratos indefinidos a jornada completa y la transición desde las políticas públicas de empleo al mercado laboral. Se dirigirá de manera prioritaria a los colectivos con más dificultades de inserción, se publicará este jueves 13 de abril en el Diario Oficial de la región y abrirá el viernes el plazo de solicitud hasta el próximo 30 de noviembre. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que la convocatoria se dirigenede manera directa al tejido empresarial de la región para apoyar la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 50 años, personas jóvenes, mujeres y personas vulnerables y pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión.

Estas ayudas, que además se dirigen también al impulso de la contratación de personas beneficiarias de planes de empleo y políticas públicas de empleo por parte de las empresas, comprenden cuatro líneas de actuación, todas con el objetivo de apuntalar el empleo estable en la región.

La primera de las líneas, ha detallado la consejera, recoge ayudas a la contratación indefinida de personas pertenecientes a los colectivos antes citados e incluye también entre los posibles destinatarios finales a aquellas personas que han prestado un servicio a la empresa que les va a formalizar el contrato indefinido a través de una empresa de trabajo temporal, en un periodo superior a los 90 días en los últimos doce meses.

“Los contratos, a tiempo completo, cuentan con una ayuda de 6.000 euros por contratación en el caso de los colectivos con mayores dificultades de inserción y de 4.000 euros en el caso de las personas que son contratadas de manera indefinida tras prestar sus servicios en empresas a través de una ETT”, ha informado Patricia Franco, que ha explicado que esas ayudas se incrementan en 1.000 euros más “en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres contratadas en puestos directivos y mujeres en sectores de oportunidad para la región, como los tecnológicos, la economía verde o la digitalización; además de para los jóvenes contratados en oficios en vías de extinción”.

La segunda línea está destinada a apoyar la contratación indefinida bajo la modalidad de fijo-discontinuo y tiene en cuenta en este caso, tal y como ha indicado la consejera, la realidad de sectores fundamentales en la economía regional como la agricultura, la hostelería y el comercio, cuya demanda de trabajadores se intensifica con la llegada de sus campañas, fomentando así que las contrataciones que se realicen sean indefinidas. En este caso, las ayudas son de 6.000 euros por contratación de un año, modulándose en función del tiempo de actividad que figure en el contrato.

Cheque transición

La tercera línea son las ayudas del programa Cheque Transición, que promueve la contratación por parte de las empresas de las personas que han sido beneficiarias en las últimas ediciones de programas públicos de empleo como el Plan de Empleo o el Plan Garantía +52, más de 13.000 en Castilla-La Mancha. Tal y como ha señalado la consejera, “el apoyo a la contratación por parte de las empresas y las políticas públicas de empleo no son excluyentes, sino complementarias, porque hay quien necesita ayuda para subir ese primer peldaño en la inserción en el mercado de trabajo a través del Plan de Empleo, y que ahora cuentan con una ayuda de 6.000 euros para las empresas que los contraten de manera indefinida tras ese primer paso en nuestros planes de empleo”. El Cheque Transición tiene una vigencia de doce meses e incrementará en 1.000 euros adicionales su cuantía si la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género o se encuentra en situación de exclusión social.

La cuarta línea comprende ayudas para la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a jornada completa, “y supone también un importante impulso a la igualdad en el empleo, ya que, en el último año, el 20 por ciento de los contratos indefinidos que se han firmado en la región lo son a jornada parcial, y de ellos, dos de cada tres los han firmado mujeres”.

De esta forma, esta línea otorga ayudas por cada ampliación de jornada siempre que se parta de menos de media jornada y se incremente al menos un 25 por ciento, una ayuda que será de 3.000 euros en el caso de conversión a jornada completa y que se modulará si no se alcanza ese total, de manera proporcional al aumento previsto. Además, se incrementa en un diez por ciento la ayuda en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o personas en exclusión social o procedentes de empresas de inserción.

El plazo de solicitud, que se abrirá el viernes, será hasta el 30 de noviembre, teniendo en cuenta que deben formalizarse las mismas en el plazo de un mes desde que se realizan las contrataciones en las tres primeras líneas, o un mes desde que se amplía la jornada en la cuarta línea de la convocatoria.