A 300 millas náuticas de cabo Fisterra, en dirección noroeste, se encuentra la Fosa Atlántica. Con 4.000 metros de profundidad, su fondo está sembrado de bidones con residuos nucleares. Y eso que hace casi cuatro décadas que los países europeos dejaron de depositar allí sus desperdicios. Fue el objetivo cumplido de una aventura militante que, en septiembre de 1981, inició el Xurelo, un palangrero de madera y 24 metros de eslora fletado por Esquerda Galega y en el que navegaban cuatro de sus tripulantes, cargos del partido nacionalista, activistas ecologistas y un grupo de periodistas.

Fue Greenpeace, entonces una organización con diez años de edad y sin presencia ni en Galicia ni en España, la que dio la voz de alarma. Varios Estados europeos realizaban vertidos de basura nuclear en medio del océano Atlántico. El punto en tierra más cercano era la Costa da Morte. La información llegó a la dirección de Esquerda Galega, nacionalistas de izquierdas liderados por Camilo Nogueira, que lanzaron un SOS a todos los partidos políticos gallegos y a los gobiernos locales de no pocos ayuntamientos. “Nadie respondió”, recuerda a elDiario.es Manuel Anxo Méndez, entonces teniente de alcalde de Moaña (O Morrazo, Pontevedra) por esa formación y uno de los embarcados en el Xurelo, “y nosotros queríamos armar una expedición al lugar para denunciar los hechos”.

Ante el silencio de sus colegas políticos, decidieron buscar una vía alternativa. Contactaron con las confradías de pescadores. Solo una atendió a la llamada, la de Ribeira (O Barbanza, A Coruña). El patrón del Xurelo, Ánxel Vila, se mostró voluntario para sacar adelante el plan conjunto de Greenpeace y Esquerda Galega: ir a la Fosa Atlántica para documentar los vertidos en el lugar y darlos a conocer al mundo. Además del palangrero gallego, los ecologistas enviarían el Sirius, su buque emblema. Junto a Vila, su cocinero Cipri, el maquinista Juansuco y un marinero, Amador. Esquerda Galega corría con los gastos, 3.000 euros de la época, destinados a comida, gasoil y las pérdidas ocasionadas por no ir pescar durante una semana. Eso fue lo que duró la expedición.

“Tuvimos mala suerte, porque finalmente el Sirius no pudo ir, debido a una avería”, recuerda Méndez en conversación telefónica con elDiario.es. No se arredraron y el 14 de septiembre de 1981 partieron del puerto de Ribeira los 14 tripulantes en dirección a la Fosa Atlántica. Entre ellos, un redactor y un fotógrafo de La Voz de Galicia -Jesús Naya y Xosé Castro-, el escritor y periodista Manuel Rivas, el fotógrafo Xurxo Lobato y los tenientes de alcalde de A Coruña, Vigo y Moaña, todos de Esquerda Galega. El comienzo de la travesía fue clandestino. “La mayoría de nosostros no estabamos enrolados. El patrón no había solicitado permiso para navegar”, señala Méndez. Solo a las seis y media de la tarde aquel día, la trama salió voluntariamente a la luz. “No había teléfonos móviles, claro, y la única comunicación era por una radio costera”, añade. A través de ella, y en coordinación con la cúpula de Esquerda Galega en tierra, comunicaron al mundo sus intenciones.

Pero fue también a través de ese medio que recibieron una llamada de la Comandancia Marina de Vilagarcía de Arousa. Cuarenta años más tarde, Méndez reproduce la conversación entre Ánxel Vila y el militar de memoria:

“- ¿Usted tiene permiso para navegar?

-No

-¿Y el resto de la tripulación?

-Tampoco.

-Pues den la vuelta inmediatamente“.

El Xurelo paró máquinas y hubo una asemblea a bordo. Llevaban siete horas en el mar y ya ni se veía la costa. “Finalmente, también gracias a la presión del partido en tierra, nos dejaron continuar. Aunque nos avisaron de que habría represalias al volver”, dice Méndez. Y las hubo. Una lancha de la Comandancia los esperaba junto a la isla de Sálvora, en la boca de la ría de Arousa. Identificó a todos los involucrados. No pasó de ahí. Se saldó, semanas más tarde, con una “multa simbólica” al patrón Ánxel Vila. Pero eso sucedió más tarde. Antes, el Xurelo había arribado a la Fosa Atlántica.

“Nosotros solo teníamos como referencia un rectángulo inmenso en el centro del océano, de cuatro kilómetros de profundidad”, relata, “y comenzamos a recorrerlo en zigzag”. Los tripulantes se turnaban para hacer guardias ante el radar en el puente del barco. En cualquier momento podían aparecer los objetivos buscados: dos cargueros holandeses, el Louise y el Kisten Smits, que transportaban los bidones con basura nuclear. Al tercer día, dos minúsculas manchas en la pantalla. En paralelo. “Pusimos proa hacia ellas y efectivamente, eran los dos buques. Nuestra alegría fue inmensa”. Pero el Xurelo había llegado a aquellas latitudes para protestar. Enseguida se dirigió hacia los Smits y se metió en medio. Estos dejaron de arrojar al mar su carga. Los gallegos, mientras, lanzaban flores al mar. “Lo de las flores fue una idea brillante, porque estábamos en un cementerio nuclear. No recuerdo a quién se le ocurrió”, dice Méndez. Los periodistas tomaban nota y sacaban fotos. Era la primera vez que se documentaba esta práctica, activa en la zona desde, por lo menos, los años 50.

El Xurelo permaneció una jornada sobre la fosa. Hasta que llegó una fragata holandesa. Los militares, desde lo alto de su cubierta, no daban crédito. Aquel palangrero de madera no conocía el miedo. Y solo puso rumbo a Galicia cuando se aseguró de que el mensaje había sido emitido correctamente y los medios de comunicación, debidamente informados. Aportaron en Ribeira una semana después de haber salido. Los recibió una manifestación de apoyo. Una rueda de prensa de los políticos de Esquerda Galega y los ecologistas de la Sociedade Galega de Historia Natural -Enrique Álvarez Escudero- y el Colectivo Natureza -Roxelio Pérez Moreira-, que habían viajado en el Xurelo, contribuyó a difundir la acción.

Un año después, el barco volvió a la Fosa Atlántica. Esta vez se sumaron el Arosa I y el Pleamar. También las demás izquierdas: el PSOE, el BNG, el Partido Comunista. Esquerda Galega había decidido ejercer la presión contra los vertidos nucleares también por tierra. Significados militantes participaron en protestas en Bélgica y Holanda, junto a grupos ecologistas locales. La movilización, por una vez, obtuvo resultados. En 1983, el organismo europeo encargado de controlar los residuos nucleares declaró una moratoria. Continúa vigente. “El Xurelo conformó el inicio de una nueva conciencia ecologista gallega. Pero, 40 años después, lo que me preocupa es que no se vigile la zona”, concluye Manuel Anxo Méndez. Donde, a 4.000 metros de profundidad y 300 millas de la costa gallega, descansan 140.000 toneladas de basura nuclear.

Un año más tarde de lo previsto inicialmente, la Comisión Europea asegura que en 2020 verificará si España está vigilando correctamente la radiactividad de la costa gallega. Una supervisión que tiene su origen en diversas preguntas formuladas hace meses por los entonces eurodiputados gallegos José Blanco (PSdeG) y Ana Miranda (BNG) después de que Praza.gal publicase una investigación sobre el limitado o nulo conocimiento que una docena de entidades internacionales y estatales admiten tener sobre el estado de los miles de bidones con residuos nucleares que entre 1949 y 1982 fueron vertidos en diversos puntos del océano, en la conocida como Fosa Atlántica.

Nadie está vigilando de manera periódica el estado de aquellos bidones, algunos de los cuales llevan ya más de 70 años bajo el mar. Tampoco se está midiendo la radiactividad en los puntos de vertido, en aguas internacionales, pero los estados miembros de la UE sí tienen el deber de vigilar la radiactividad en sus aguas costeras. Tras varias preguntas al respeto, la Comisión Europea acabó respondiendo hace ahora casi un año al socialista José Blanco que en este 2019 pondrían el foco en cómo España está cumpliendo con su deber de vigilar la radiactividad en las aguas costeras gallegas.

Aquella declaración política tardó en concretarse y la costa gallega fue incluida finalmente en el programa de misiones de verificación de la Comisión Europea correspondiente a 2020. Ahora, tras una pregunta al respecto de los eurodiputados Pernando Barrena (EH Bildu) y Diana Riba (ERC) -socios del BNG en el Parlamento Europeo- la Comisión Europea ratifica que 2020 será el año de esa supervisión, pero que aún está negociando las fechas concretas con España.

“La Comisión desea confirmar que ha incluido la verificación de la vigilancia de la radiactividad del medio marino en la costa de Galicia en su programa de misiones de verificación de 2020”, dice la respuesta en nombre de la Comisión firmada por el aún comisario de Acción por el Clima y Energía, el popular español Miguel Arias Cañete, que añade que “las fechas de la misión de verificación están siendo negociadas con las autoridades españolas”.

Esta nueva respuesta de Arias Cañete confirmando que supervisará el próximo año cómo España analiza la radiactividad en la costa gallega se produce después de que, a preguntas previas del socialista Blanco, admitiese que la Comisión Europea desconoce el estado de los residuos vertidos en aguas internacionales o su impacto en el medio. La Comisión Europea también había respondido previamente que no considera necesario nuevos estudios sobre esos bidones de la Fosa Atlántica y que el Estado español no le había trasladado ninguna necesidad al respecto ni tampoco ningún incidente en sus análisis periódicos sobre la radiactividad costera. Análisis que ahora van a ser supervisados por la propia Comisión.

“Los servicios de la Comisión Europea señalaron la vigilancia marina en la costa de Galicia como objetivo de verificación en 2019”. Con esa respuesta por escrito al eurodiputado socialista José Blanco, el comisario europeo de Energía, el popular Miguel Arias Cañete, revela que la UE ha puesto el foco en cómo España está vigilando la radiactividad del litoral gallego después de años sin interesarse por los posibles efectos de los residuos nucleares vertidos por varios países entre 1949 y 1982 en aguas internacionales del Atlántico.

Hace un año, coincidiendo con el 35 aniversario de los últimos vertidos a la denominada Fosa Atlántica de residuos nucleares, que sumaron más de 140.000 toneladas, este diario publicó una investigación sobre el limitado o nulo conocimiento que admiten tener sobre el estado de esos bidones una docena de entidades estatales e internacionales. Esa ausencia de información llevó a En Marea, PSdeG y BNG a formular diversas preguntas e iniciativas en el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. En las respuestas que se fueron obteniendo se ratificó que ninguna administración ni organización interestatal tiene en marcha o previsto ningún programa de supervisión regular del estado de esos bidones y del efecto de posibles fugas.

A nivel estatal, el Gobierno central destacó que los residuos están en aguas internacionales pero aseguró que controla de manera periódica la radiactividad de las aguas costeras sin que hasta ahora haya detectado que llegase a ellas ninguna variación atribuible a causas no naturales.

Por su parte, en el Parlamento Europeo varios eurodiputados preguntaron a diversos departamentos de la Comisión Europea por la cuestión, obteniendo varias respuestas. Sobre los residuos de la Fosa Atlántica, el propio comisario Cañete admitió que “la Comisión no tiene conocimiento de ningún programa en curso para inspeccionar el estado de los contenedores”. El comisario de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, también respondió que el Gobierno español no le había transmitido ninguna necesidad de que la UE estudiase el estado de esos bidones, algunos de los cuales llevan casi 70 años en el fondo del mar, ni tampoco había informado de que España tenga ningún plan para hacerlo.

En esa sucesión de preguntas, el socialista José Blanco se interesó por cómo la UE está supervisando que España cumpla con su deber de analizar de manera periódica la radiactividad de su litoral, obteniendo una primera respuesta en la que se señaló que la Comisión verifica de manera periódica, con programas trianuales, cómo los estados miembros realizan esa vigilancia de las radiaciones en sus instalaciones nucleares y en su territorio en general, incluidas sus aguas costeras. Sin embargo, añadió que en el actual programa de verificación de la Comisión para el período 2018-2020 no estaba previsto verificar la actuación de España en ese campo.

Blanco repreguntó a Cañete si existiría la posibilidad de incluir en el actual programa de verificación o en el siguiente la supervisión de lo que está haciendo España en ese ámbito, a lo que, tras meses de sucesivas cuestiones tanto del socialista como de otros eurodiputados, como la nacionalista Ana Miranda, el comisario acaba de dar respuesta. Según Cañete, las verificaciones de la Comisión sobre cómo los estados miembros vigilan la radiactividad en sus territorios y aguas litorales se realizan a través de un “programa continuado de tres años que los servicios de la Comisión actualizan cada seis meses” y en el que “los objetivos de verificación se seleccionan en función de su relevancia radiológica o de su interés público”.

En esa línea, dice ahora Cañete como gran novedad, “en junio de 2018, los servicios de la Comisión señalaron la vigilancia marina en la costa de Galicia como objetivo de verificación en 2019”, añadiendo que “la Comisión sigue el asunto de cerca y, en diciembre de 2018, revisará la planificación de la verificación, en la que se confirmarán los objetivos de verificación para 2019”.

“La Comisión no tiene conocimiento de ningún programa en curso para inspeccionar el estado de los contenedores de residuos [nucleares de la Fosa Atlántica] ni de estudios sobre su impacto en el medio marítimo”. Esa es la respuesta que acaba de dar el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el popular español Miguel Arias Cañete, a una pregunta formulada por la eurodiputada del BNG Ana Miranda sobre la supervisión del estado en que se encuentran las 140.000 toneladas de residuos radiactivos que ocho países despositaron entre 1949 y 1992 en varios puntos del Atlántico frente a las costas gallegas, en la denominada Fosa Atlántica.

A finales del pasado año, coincidiendo con el 35 aniversario de los últimos vertidos, este diario publicó un amplio análisis sobre el limitado o nulo conocimiento que admiten tener sobre el estado de esos bidones una docena de entidades estatales e internacionales. Esa ausencia de información llevó a En Marea, PSdeG y BNG a formular diversas preguntas e iniciativas en el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. En las respuestas que fueron obteniendo se ratificó que ninguna administración ni organización interestatal tiene en marcha o previsto ningún programa de supervisión del estado de esos bidones y del efecto de posibles fugas.

Así lo transmitió hace unos meses el comisario de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, en respuesta a varias preguntas del eurodiputado socialista José Blanco, en las que admitía que la UE no conoce el estado de los residuos, no ve necesarios nuevos estudios sobre ellos y no ha recibido ninguna petición al respecto por parte del Gobierno español. Ahora, en respuesta al BNG, es el responsable de Energía y Cambio Climático quien admite esa falta de conocimiento tanto del “estado de los contenedores” como de posibles “estudios sobre su impacto en el medio marítimo” posteriores a 2003.

En su respuesta, Arias Cañete destaca que los vertidos se realizaron en su momento “fuera de las aguas territoriales españolas”. Y son precisamente esas aguas internacionales las que nadie está vigilando. Lo que hay en la actualidad, según se desprende de las diversas respuestas ofrecidas en los últimos meses a nivel estatal -con discrepancias entre varios ministerios- y europeo, son controles de la radiactividad de las aguas más costeras lo que, según una respuesta del Gobierno central a En Marea del pasado febrero “detectaría las posibles variaciones en las concentraciones de actividad en las aguas españolas”, lo que no se está produciendo. Esto es, no está llegando radiactividad a las aguas costeras europeas, pero nadie sabe si aquellos bidones, los más antiguos de hace cerca de 70 años, están teniendo algún efecto sobre las aguas internacionales.

La Comisión Europea acaba de responder al eurodiputado socialista José Blanco que no ha recibido “ninguna prueba sobre la necesidad de realizar nuevos estudios del estado de los residuos radiactivos” vertidos durante años en la denominada fosa atlántica, frente a las costas gallegas. Una respuesta que se produce después de que la propia Comisión admitiese en otra repuesta previa que no tiene “conocimiento de nuevos estudios científicos” sobre el estado de esos residuos. Esto es, la UE dice que no tiene pruebas de que nada malo esté pasando con esos residuos pero que desconoce si alguien está supervisando si algo va mal o no.

El pasado otoño, coincidiendo con el 35 aniversario de los últimos vertidos que entre 1949 y 1982 despositaron 140.000 toneladas de residuos radiactivos de ocho países en varios puntos del Atlántico frente a las costas europeas, este diario publicó un amplio análisis sobre el limitado conocimiento que admiten tener sobre el estado de esos bidones una docena de entidades estatales e internacionales. Esa situación llevó a En Marea, PSOE y BNG a formular diversas preguntas e iniciativas en el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo.

En la Eurocámara la primera respuesta que obtuvo el exministro socialista José Blanco fue que, como los vertidos ya están prohibidos de manera permanente, la Comisión Europea “no está planificando nuevos estudios científicos sobre el estado” de los ya depositados en el fondo del Atlántico. Ante esa respuesta, Blanco repreguntó si la Comisión tenía conocimiento de nuevos estudios científicos al respecto, a lo que la Comisión respondió el pasado 17 de enero que “no tiene conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la fosa atlántica”. Tras esa segunda respuesta, Blanco volvió a preguntar una tercera vez si “considera la Comisión necesario realizar nuevos estudios”. La respuesta a esa pregunta llega ahora y se limita a decir que “la Comisión no ha recibido ninguna prueba sobre la necesidad de realizar nuevos estudios del estado de los residuos radiactivos vertidos en la fosa atlántica”.

En respuestas previas tanto a Blanco como a este diario la Comisión Europea también había matizado que, al margen de esos residuos depositados en aguas internacionales, cada estado es responsable de sus aguas territoriales y de analizar la radiactividad que pueda llegar a sus costas procedente de ese o de otros orígenes. Según la Comisión, España no ha alertado de ningún incidente en esos análisis costeros que tiene el deber de realizar de manera periódica. Tras esa respuesta, Blanco repreguntó si la Comisión Europea verifica que España esté realizando de manera adecuada esos controles, a lo que la institución comunitaria respondió que “el control de la radiactividad del medio marino por parte de España no ha sido abordado específicamente en el programa de verificación de la Comisión”. Nuevamente Blanco volvió repreguntar si la Comisión prevé incluir algún control a España en su programa de verificación. Y la respuesta que llega ahora de la Comisión es que esa posibilidad “no figura en el calendario del programa de verificación de la Comisión 2018-2020”.

Esta respuesta de la Comisión Europea llega después de que varios ministerios discrepasen entre sí, en respuestas oficiales, sobre quién debería vigilar los residuos depositados en aguas internacionales. Un intercambio de responsabilidades a nivel estatal similar al existente a nivel internacional entre los diversos organismos contactados por este diario. Todos coincidieron en ser incapaces de decir cuándo se vigilaron por última vez los residuos depositados en aguas internacionales y cuándo está previsto que se vuelva a hacer, limitándose a asegurar que no hay pruebas de que su radiactividad esté llegando a la costa, que es lo que de manera periódica revisa el Gobierno central sin que, como ahora se sabe, la Comisión supervise si lo está haciendo de manera correcta.

Los cuatro grupos del Parlamento de Galicia, incluido el PP, aprobaron este jueves de manera unánime, a iniciativa de En Marea, reclamar al Gobierno central que se interese por el estado de los residuos nucleares vertidos entre 1949 y 1982 frente a las costas gallegas por ocho países europeos. Una propuesta que se produce después de que varios ministerios hayan evidenciado que no están haciendo ningún seguimiento de esos residuos radiactivos y de que la Unión Europea comunicase al PSOE que España no le ha mostrado ningún interés al respecto.

A finales del pasado año, coincidiendo con el 35 aniversario del fin de los vertidos radiactivos en la denominada Fosa Atlántica, este diario publicó una investigación que reveló cómo una docena de organismos estatales e internacionales eran incapaces de aclarar si alguien vigila esos bidones, que en algún caso se están aproximando ya a las siete décadas de antigüedad, con algún tipo de programa permanente de supervisión, cuándo se hizo por última vez o cuándo se volverá a hacer. Tras esa serie de informaciones, En Marea, PSdeG y BNG anunciaron una serie de iniciativas al respecto en los parlamentos autonómico, estatal y europeo.

El acuerdo textual aprobado este jueves por la Cámara gallega a través de una proposición no de ley es el siguiente: “El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al Gobierno de España para que haga las gestiones pertinentes ante las instituciones europeas y los países responsables de los vertidos, que permitan asegurar la vigilancia de los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica así como obtener información que garantice que no están teniendo impacto en el medio ambiente, y a realizar todas las gestiones políticas a su alcance para alcanzar estos objetivos”. A este texto se llegó después de una negociación de los grupos sobre la propuesta inicial formulada por En Marea matizada por populares y socialistas.

En la defensa de su iniciativa, el viceportavoz de En Marea en la Cámara, Antón Sánchez, criticó que “la inacción política de Núñez Feijóo y Mariano Rajoy en este tema podría tener consecuencias funestas para todos y todas nosotros”. Según En Marea, “no tendría que ser necesario subrayar que los vertidos de residuos nucleares precisan de un control constante, ya que los riesgos que entrañan no desaparecen con el paso del tiempo”. Por eso, la formación critica que “el Estado español se limita a echar balones fuera diciendo que no es su competencia. Al parecer, proteger la salud de los españoles y el medio ambiente no forma parte de sus atribuciones”.

Una crítica que se produce después de que varios ministerios discrepasen entre sí, en sucesivas respuestas a una petición oficial de información, sobre quién tiene la competencia de vigilar el posible efecto de esos residuos vertidos en aguas internacionales. La propuesta aprobada por el Parlamento de Galicia también incluye una referencia a la responsabilidad de los “países responsables de los vertidos”, que serían los responsables de supervisarlos según la visión de Greenpeace, organización ecologista que en 1981 y 1982 trabajó de la mano de marineros gallegos, con campañas como la del pesquero Xurelo, para poner fin a esa práctica.

Varios ministerios y departamentos inferiores del Gobierno de España acaban de evidenciar, a través de varias respuestas oficiales sobre los residuos radiactivos vertidos durante años frente a Galicia por varios países europeos, que éstos no son objeto de sus propias preocupaciones y que ni siquiera tienen claro si alguien está vigilando el estado de esos bidones. En varias respuestas a preguntas sobre esos residuos realizadas por la asociación ambiental gallega Petón do Lobo, varios departamentos desvían responsabilidades de forma cruzada hacia otros tanto estatales como internacionales.

Este diario publicó el pasado noviembre, coincidiendo con el 35 aniversario del fin de los vertidos en la denominada Fosa Atlántica, que una docena de organismos estatales e internacionales eran incapaces de aclarar si alguien vigila con algún tipo de programa permanente de supervisión, o cuándo se hizo por última vez, unos bidones que en algún caso se están aproximando ya a las siete décadas de antigüedad. Tras publicarse esa investigación, la Asociación Petón do Lobo formuló al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una solicitud de información sobre los residuos preguntando quién tiene competencia para vigilar esos bidones, cuándo se realizaron las últimas investigaciones y cuándo serán las próximas. Medio Ambiente, que en su momento no quiso contestar a preguntas similares formuladas por este diario durante varias semanas, sí respondió a la asociación, pero sin aclarar las cuestiones formuladas.

En una primera contestación por escrito el 25 de enero, la Oficina de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente dice que, tras consultar a sus direcciones generales de Calidad y Evaluación Ambiental y de Sostenibilidad de la Costa, las dos indican que no tienen competencia ni información al respecto. Medio Ambiente le dice a la asociación que traslada sus preguntas al Ministerio de Energía porque considera que puede ser esa la autoridad competente.

El 9 de febrero el mismo Ministerio de Medio Ambiente contesta nuevamente a la asociación facilitándole la respuesta que ofrece Energía. En ella, ese departamento indica, como ya contó este diario, que “la realización del inventario de los residuos sólidos vertidos al mar fue solicitada al OIEA [Organismo Internacional de la Energía Atómica] por las partes contratantes de la 'Convención para la prevención de la contaminación marina por el vertido de residuos y otras sustancias'”, la denominada Convención o Convenio de Londres, pero añadiendo Energía que sobre esa convención “corresponde su seguimiento al ámbito de actuación del Ministerio de Medio Ambiente”.

Ante esa respuesta que lo alude directamente, Medio Ambiente contesta a la asociación, tras consultar “nuevamente” a su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, con un nuevo desvío de la responsabilidad hacia un tercer ministerio, el de Fomento. Argumenta Medio Ambiente en esa su segunda respuesta que “el Convenio de Londres, si bien tiene una incidencia clara en el medio ambiente, no es en sentido estricto un convenio de protección del medio marino”, por lo que entraría dentro del ámbito competencial de la Marina Mercante, dependiente de Fomento.

Pero esa segunda respuesta de Medio Ambiente no queda ahí. Tras recordar que en la actualidad están prohibidos nuevos vertidos nucleares, Medio Ambiente añade que “el seguimiento de vertidos históricos en aguas internacionales, como es el caso consultado compete a la Agencia Europea de la Energía Atómica, y en España el organismo que puede tener más información es el Consejo de Seguridad Nuclear”. Sin embargo, en la explicación previa del Ministerio de Energía que había motivado esa segunda respuesta de Medio Ambiente, el primero señalaba que el organismo con el que está en contacto su dependiente Consejo de Seguridad Nuclear en lo referente a analizar la radiactividad marina no es la agencia europea sino el OIEA. Pero el Consejo de Seguridad Nuclear, contactado en su momento por este diario, negó saber nada de la cuestión.

El intercambio de responsabilidades entre los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Fomento es similar al existente a nivel internacional entre los diversos organismos contactados por este diario y todos coinciden en ser incapaces de decir cuándo se vigilaron esos residuos por última vez y cuándo está previsto que se vuelva a hacer, limitándose a asegurar que no hay pruebas de que su radiactividad esté llegando a la costa, que es lo que de manera periódica revisa el Gobierno central.

Tras la publicación de la investigación realizada por este diario, varios partidos políticos formularon preguntas sobre la vigilancia de esos residuos en los parlamentos de Santiago, Madrid y Bruselas. La primera respuesta al respecto llegó nuevamente de fuera de España, cuando la Comisión Europea contestó a mediados de enero al eurodiputado socialista y ex-ministro de Fomento José Blanco que no tenía “conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la Fosa Atlántica”. La Comisión Europea, añadía, “tampoco ha sido informada por las autoridades españolas de ningún plan para llevarlos a cabo. Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios”.

Al igual que ahora la asociación ecologista gallega, también Greenpeace, que en su momento luchó de la mano de marineros gallegos para que finalizasen los vertidos, reclamó que se vigile el estado de esos residuos y que se hagan responsables de ellos los estados que los vertieron.

La Comisión no tiene conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la fosa atlántica. Tampoco ha sido informada por las autoridades españolas de ningún plan para llevarlos a cabo. “Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios”. Esa es la respuesta que la Comisión Europea acaba de dar al eurodiputado socialista José Blanco sobre los residuos nucleares que desde 1949 y hasta hace 35 años varios países europeos arrojaron al Atlántico frente a Galicia, que según pudo comprobar este diario nadie está vigilando con ningún programa permanente de supervisión.

Durante varios meses este diario preguntó a una docena de instituciones estatales e internacionales sobre unos residuos que en algunos casos llevan cerca de 70 años en el fondo del Atlántico, pero la mayoría de las entidades contestaron que no es su competencia vigilar esos bidones y que tampoco saben de nadie que lo haga, mientras que unas pocas coincidieron en responder que hubo campañas de análisis en el pasado que no ofrecieron datos preocupantes, pero no fueron capaces de precisar quién y en qué momento realizó las últimas investigaciones ni cuándo será la próxima. Entre esas instituciones preguntadas figuraba también la Comisión Europea, que remitió la responsabilidad de supervisar esos residuos a otros organismos internacionales y no fue capaz de decir cuándo se realizaron los últimos estudios ni cuándo serán los próximos.

A la Comisión Europea también le formuló una pregunta sobre la cuestión el eurodiputado socialista gallego y exministro de Fomento José Blanco. El Ejecutivo comunitario acaba de responderle ahora con la citada contestación de que ni la Comisión sabe de nuevos estudios sobre esos residuos, ni el Gobierno español le ha pedido realizarlos, ni le ha transmitido que los piense hacer él. En su momento el Gobierno central, a diferencia del resto de instituciones internacionales que sí explicaron en detalle sus propias competencias, rechazó responder a las preguntas de este diario.

En la respuesta de la Comisión a Blanco también se añade que cada Estado miembro de la UE es responsable de controlar la radiactividad en su territorio, incluías sus aguas territoriales, y que la UE supervisa cada cierto tiempo si ese control se está realizando de manera correcta. Sin embargo, los residuos de la fosa atlántica están fuera de las aguas territoriales, por lo no les es aplicable esa normativa. De hecho, la Comisión remite a Blanco a los informes de esas evaluaciones que la UE hace de manera periódica sobre cómo España supervisa la radiactividad en su territorio y en ellas sólo aparecen minas de uranio en Salamanca, el accidente de Palomares o centrales y otras instalaciones nucleares en activo. La respuesta a Blanco ratifica así que ninguna de las principales instituciones internacionales y estatales supervisa esos residuos de manera permanente ni son capaces de decir si alguien lo hace.

Además de la pregunta de Blanco a la Comisión Europea, también hay preguntas formuladas por la cuestión pendientes de respuesta de En Marea al Gobierno central y del BNG a la Xunta. Por su parte, Greenpeace, que junto con marineros gallegos a bordo del barco Xurelo participó en las campañas que lograron el fin de los vertidos, exige que sean los países de origen de esos residuos los que los controlen.

La Comisión Europea, el Gobierno central y la Xunta deberán dar explicaciones en las próximas semanas de lo que saben sobre el estado en que se encuentran los residuos nucleares vertidos entre 1949 y 1982 frente las costas gallegas, en la denominada Fosa Atántica. Los ejecutivos europeo, estatal y gallego tendrán que responder a diversas preguntas formuladas por PSOE, En Marea y BNG, que se interesan por el problema relatado esta semana por este diario de que una docena de instituciones estatales e internacionales no sean capaces de decir cuándo fue la última vez que se controló el estado de esos vertidos, cuándo será la próxima ni quién debe vigilarlos.

El eurodiputado y exministro socialista José Blanco, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, presentó el pasado 21 de junio una pregunta en la Eurocámara en la que pedía a la Comisión Europea que le indicase “si ha previsto realizar o participar en cualquiera forma en la realización de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos vertidos”. El 30 de agosto la Comisión Europea le respondió, en la misma línea en que contestó a este diario, situando el foco en que los vertidos están actualmente prohibidos e indicándole que debido a esa prohibición “en este momento la Comisión no está planificando nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos vertidos”. Ante esa respuesta, el 27 de septiembre Blanco formuló nuevas preguntas, aún pendientes de contestación, en las que pide a la Comisión que le diga si tiene conocimiento de que el Gobierno español esté planificando nuevos estudios sobre aquellos residuos, si España trasladó a la UE la necesidad de hacerlos o si la propia Comisión detectó alguna irregularidad en los controles sobre la radiactividad que pueda estar realizando el Gobierno español.

En el Congreso de los Diputados, la diputada de En Marea Alexandra Fernández acaba de presentar también varias preguntas en las que intenta aclarar qué sabe el Gobierno central sobre esta cuestión. Fernández pregunta si el Gobierno conoce si algún organismo internacional está realizando algún control de los vertidos, cuándo se produjo la última inspección y si el Ejecutivo va a demandar la vigilancia de esos bidones. La diputada de En Marea también pregunta si el propio Gobierno se ha interesado en los últimos años por el estado de esos residuos, si realizó alguna gestión internacional y, “de lo contrario, ¿por qué?”. Fernández argumenta que “dado el prolongado tiempo transcurrido desde que se depositaron los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica, sería pertinente saber si se están llevando a cabo revisiones sobre su estado y evolución, y qué organismo internacional es el competente”. La diputada destaca que “los bidones no fueron diseñados para el almacenaje de residuos nucleares y radiactivos a perpetuidad”, por lo que reclama “hacer política preventiva” y que el Estado español se preocupe por el tema “puesto que su costa es la más próxima a los bidones radiactivos”.

En el Parlamento de Galicia, fuentes del BNG avanzan que esta formación también prevé presentar iniciativas al respecto la próxima semana para interesarse por el conocimiento que pueda tener la Xunta de Galicia sobre el estado de esos residuos radiactivos frente a las costas gallegas.

Las peticiones de explicaciones políticas por parte de los ejecutivos gallego, español y europeo se producen al tiempo que Greenpeace reclama que sean los países que realizaron los vertidos los que controlen su estado. La organización ecologista, cuyas campañas de 1981 y 1982 de la mano de marineros gallegos sirvieron para parar aquellos vertidos, alerta también sobre la antigüedad de los análisis existentes sobre el estado de aquellos bidones.

El 35 aniversario del fin de los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica, frente a las costas de Galicia, supone también el 35 aniversario de la llegada de Greenpeace a España, de la mano de marineros y políticos gallegos. La aventura de interponerse delante de los cargueros para evitar que tirasen los bidones radiactivos al mar la personificó un pesquero, el Xurelo, hundido y después desguazado en diciembre de 2002, hace ahora 15 años. Pero sus tripulantes en aquella singladura aún la recuerdan. Como Manuel Méndez, de Cangas, quien muestra su indignación porque su éxito interrumpiendo entonces los vertidos no se vea ahora continuado en el tiempo con una supervisión de los mismos, algunos de los cuales se acercan ya a las siete décadas bajo el mar.

Greenpeace había nacido en 1971 en Canadá y llevaba una década ampliando en todo el mundo sus ámbitos de actuación. A finales de los 70 la organización había comenzado a cargar contra los últimos buques y factorías balleneras que quedaban en Galicia, que acabarían cerrando en los 80. Pero a principios de esa década pusieron el foco en los vertidos de residuos nucleares que se seguían realizando en mares de todo el mundo, también frente a Europa, lo que los acabaría uniendo en sus intereses con los marineros gallegos a los que antes había criticado, paradoja que destacan desde la propia Greenpeace.

La organización ecologista contactó en verano de 1981 con Esquerda Galega, liderada por Camilo Nogueira, y alertó de que en otoño, como venía pasando en años anteriores, cargueros de varios países iban a tirar residuos nucleares en el Atlántico y Galicia era la tierra firme más próxima. Greenpeace proponía acompañar con su barco Sirius a quien estuviese dispuesto a interponerse en los vertidos. En Esquerda Galega, recuerda Méndez, intentaron conseguir más apoyos para fletar un barco, “pero los ayuntamientos miraron para otro lado”. En su búsqueda de ayuda acabaron encontrando en Ribeira a Ángel Vila, patrón del Xurelo, que “ofrecía su barco si le cubríamos los gastos”.

Así fue como un grupo de miembros de Esquerda Galega, marineros y periodistas embarcaron en el Xurelo el 15 de septiembre de 1981. “Pero cuando salíamos del puerto llamaron de Greenpeace diciendo que el Sirius estaba averiado en Plymouth y fuimos sólos los gallegos”, recuerda Méndez. “Con el Xurelo y la tecnología de la época, sin GPS, costó mucho encontrar en mitad del Atlántico a los mercantes que llevaban los bidones, pero hoy cualquier gobierno u organismo que estuviese interesado en controlar la contaminación podría localizarlos fácilmente”, se lamenta Méndez.

Tras la repercusión que consiguieron en su primera incursión en el Atlántico, un año después los adelantados del Xurelo ya consiguieron compañía. Ayuntamientos gallegos ofrecieron ayuda y fletaron otros dos pesqueros, el Pleamar y el Arosa I, a los que en esta ocasión se unió el Sirius de Greenpeace. Previamente, militantes de Esquerda Galega ya habían intentado bloquear el embarque de los residuos en Holanda. El resultado, el perseguido: 1982 fue el último año en que se vertieron residuos radiactivos frente a las costas gallegas. La presión social internacional hizo que los estados implicados acordasen una moratoria temporal que se convirtió en permanente.

30 años después de la aventura del Xurelo, a finales de 2012 Ribeira acogió un homenaje a su patrón, Ángel Vila, fallecido un año antes. Ahora, 35 años después de los últimos vertidos del otoño de 1982, 140.000 toneladas de residuos depositadas desde 1949 siguen en el fondo del Atlántico.

“Los países que vertieron esos residuos radiactivos deberían estar obligados a seguir vigilándolos para determinar su estado y las fugas que se producen, utilizando las herramientas científicas más sofisticadas de las que se disponga en esos momentos”. Esa es la visión que tiene Greenpeace de la falta de información existente sobre si alguien está supervisando de manera periódica los residuos nucleares que ocho países europeos vertieron entre 1949 y 1982 en la denominada Fosa Atlántica, frente a Galicia. La organización ecologista se estrenó en España precisamente con sus campañas de 1981 y 1982 contra esos vertidos en compañía de marineros gallegos y 35 años después lamenta que “gran parte de la información disponible es ahora bastante antigua y no hay planes claros para el futuro” sobre la vigilancia de esos residuos.

Ante la incapacidad que muestran una docena de instituciones españolas e internacionales para indicar quién y cuándo realizó el último análisis de los bidones que contienen aquellas 140.000 toneladas de residuos nucleares y quién y cuándo debe realizar el próximo, Greenpeace pone el foco en los países responsables de los mismos (Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia y, en menor medida, Suiza, Suecia, Alemania e Italia): “El seguimiento del estado y reparación de los daños causados por ellos, incluyendo algunos radionucleidos de larga duración, debe seguir siendo responsabilidad de aquellos estados que llevaron a cabo el vertido, no pueden simplemente ignorar su responsabilidad con la esperanza de que eventualmente la gente deje de hablar de ellos, especialmente porque los bidones nunca fueron diseñados para contenerlos a perpetuidad, y de hecho en la mayoría de los casos el interés era simplemente llevarlos al fondo marino”. “Los problemas de las fugas podrían empeorar con el tiempo en lugar de reducirse”, destaca Greenpeace.

La organización ecologista considera que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), “es la autoridad competente para recopilar y revisar toda la información disponible, pero es cierto que no tiene ningún deber legal, que sepamos, de monitorear los sitios en sí o de asegurar que esos sitios sean monitoreados regularmente por otros”.

Greenpeace destaca que los informes de los que tiene conocimiento al respecto, el último de ellos de 2003 y al que se remitió la Comisión Europea, “restaron importancia a la dilución de la radiactividad en las aguas profundas, incluso de una futura liberación catastrófica, y especialmente a los cálculos de contaminación radiactiva que volvería a las aguas costeras poco profundas”. Sin embargo, Greenpeace añade que “esto no dice nada acerca de los impactos sobre el medio marino en las cercanías de los vertederos, que con demasiada frecuencia siguen estando fuera de la vista y de la mente”.

Entre 1949 y 1982 ocho países se deshicieron de unas 140.000 toneladas de residuos nucleares metiéndolos en bidones de acero y hormigón que tiraron al Atlántico frente a las costas europeas, en la denominada Fosa Atlántica. Los últimos vertidos antes de su prohibición, de Holanda a finales de 1982, hace ahora 35 años, están a 650 kilómetros de Galicia, pero los hay anteriores y más cerca de las costas de la Península Ibérica, como los británicos de 1964 a sólo 200 kilómetros de Asturias. 35 años después del final de los vertidos, y con los primeros acercándose a las siete décadas de antigüedad, una docena de organismos internacionales y españoles son incapaces de responder a las consultas formuladas por este diario sobre si alguien vigila esos bidones con algún tipo de programa permanente de supervisión.

Preguntadas por este diario a lo largo de los últimos meses, alguna en reiteradas ocasiones, la mayoría de las entidades dicen que no es su competencia vigilar aquellos bidones y que tampoco saben de nadie que lo haga, mientras que unas pocas coinciden en responder que hubo campañas de análisis en el pasado que no ofrecieron datos preocupantes, pero no son capaces de precisar quién y en qué momento realizó las últimas investigaciones ni cuándo será la próxima.

Los vertidos en la denominada Fosa Atlántica entre 1949 y 1982, al tiempo que otros océanos sufrían hechos similares por parte de Estados Unidos o la URSS, fueron realizados por un total de ocho países: Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia y, en menor medida, Suiza, Suecia, Alemania e Italia. Su fin llegó tras una intensa campaña social contra ellos de la que marineros gallegos y Greenpeace fueron protagonistas principales al intentar dificultar los vertidos interponiéndose con sus barcos. El pesquero Xurelo, con políticos de Esquerda Galega y periodistas a bordo, fue el emblema de aquella lucha cuyos restos reposan aún en el fondo del Atlántico, en algunos casos a distancias similares a la que se encuentra el Prestige, la mayoría en zonas sin tráfico marítimo ni caladeros pesqueros.

Organismos internacionales

Los vertidos pararon a finales de 1982 gracias a una moratoria temporal acordada por los estados implicados que luego se convirtió en indefinida. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) catalogó, con los datos que le facilitaron los estados miembros, los lugares de vertido, cantidades y tipos de residuos. El gráfico interactivo de esta información aporta varios de esos datos, que se pueden consultar de manera íntegra en este enlace al documento del OIEA.

El OIEA considera esos residuos de baja intensidad, pero dice que no es competencia suya vigilar su estado. Preguntado por este diario, el organismo responde que su “mandato no incluye monitorizar los residuos radiactivos que fueron vertidos en los océanos”. Cuando se le pregunta quién puede tener información al respeto, el OIEA remite a la Organización Marítima Internacional (IMO, en sus siglas en inglés). Sin embargo, ésta no aclara si alguien vigila aquellos bidones. La IMO explica a preguntas de este diario que el vertido de nuevos residuos al mar está reglamentado por la Convención de Londres de 1972, que prohibió el vertido de residuos radiactivos de alto nivel desde 1975 y de todo tipo desde 1993. Pero para la supervisión de los vertidos previos ya existentes en el Atlántico, la IMO, tras consultar con los responsables de la Convención de Londres, remite a la OIEA preguntada previamente y a la OSPAR, la organización creada por varios gobiernos europeos y la Unión Europea para proteger el medio ambiente marino en el Atlántico nororiental, cuyo nombre deriva de las convenciones de Oslo y París de las que nació.

En el campo de la radiactividad, la OSPAR centra sus actividades en supervisar los posibles vertidos actuales de las industrias con elementos nucleares a través de los ríos o de las costas. Según la OSPAR, “desde 1995, un número limitado de expediciones internacionales de investigación llevan a cabo el monitoreo de los puntos de vertido del Atlántico nororiental” en los que “se detectaron liberaciones de algunos radionucleidos en áreas en las que se produjeron vertidos, pero los niveles detectados no son significativos desde el punto de vista radiológico”. Sin embargo, preguntada por este diario en varias ocasiones y a través de cinco vías distintas a lo largo de los últimos meses, la OSPAR no es capaz de decir cuándo se realizó el último estudio sobre los bidones radiactivos ni cuándo será el próximo.

En un documento divulgativo de su web, la OSPAR indica que en 2019 se realizará un estudio científico de la radiactividad de los residuos y una revisión de la prohibición de nuevos vertidos. Pero preguntada expresamente por ese hecho, la OSPAR dice que esa es una competencia de la London Convention, dependiente de la IMO que previamente había dicho que esa no es su competencia. Esto es, la IMO remite a la OIEA y a la OSPAR, y estas dos remiten a la IMO. De hecho, la respuesta de la IMO a la pregunta de este diario fue demorada porque supuestamente consultó con los responsables directos de la Convención de Londres y estos remitieron a la OSPAR.

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea responde que “OSPAR lleva el control de la radiactividad marina en el Atlántico Norte” y que la propia Comisión “participa en el trabajo del Comité OSPAR para las Sustancias Radiactivas y sigue el trabajo relacionado con otras convenciones regionales y la OIEA”. Pero como en el caso de esas otras instituciones, la Comisión Europea tampoco es capaz de decir cuándo se realizó la última supervisión de los vertidos en la Fosa Atlántica o cuándo será la próxima.

En todo caso, la Comisión Europea sí aporta algo más de información sobre el control en general de la radiactividad. Este diario le preguntó por la posible supervisión de los residuos tanto por parte de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) como de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. La respuesta de la Comisión Europea, tras recordar como el resto de instituciones consultadas que los vertidos están prohibidos desde hace décadas, es que “según la Directiva 2011/70/Euratom, cada Estado miembro será el responsable último de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos que se generaran en su territorio” y “exige que los residuos radiactivos sean almacenados definitivamente en el Estado miembro en que se generasen”, pero se refiere a los residuos actuales.

Sobre el posible efecto de los residuos antiguos, la Comisión Europea se remite a un estudio publicado en 2003, hace 14 años, sobre la exposición de la población comunitaria a la radiactividad procedente de las aguas marinas del norte de Europa. La Comisión destaca que el estudio concluía que las “aportaciones de radiactividad” habían disminuido “en varios órdenes de magnitud desde que los niveles más altos fueran alcanzados en los años 60 y primeros 70”, lo que supone que se detectaron fugas en los bidones, pero por lo menos en aquel momento no se consideró que estas tuviesen efectos significativos. También contesta que “según los artículos 35 y 36 del Tratado Euratom, los estados miembros son responsables del control permanente del índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo (incluyendo sus aguas territoriales)” y que “los programas de control a largo plazo conducidos por los estados miembros hasta la fecha no han revelado aumentos significativos de la radiactividad marina a lo largo de los pasados 30 años”.

Sin información a nivel estatal

Por su situación, España debería ser el estado más preocupado por los vertidos radiactivos de la Fosa Atlántica. De hecho, en algún punto no bien determinado del Golfo de Vizcaya está también hundido el K-8, un submarino nuclear soviético accidentado en 1970. Pero el hecho de que los vertidos se realizasen fuera de las aguas territoriales y por lo tanto no estén afectados por la citada obligación del Tratado Euratom podría explicar la falta de información al respecto por parte de instituciones españolas. En todo caso, a nivel estatal las respuestas son mucho más limitadas que las obtenidas de los organismos internacionales. Las entidades españolas consultadas que respondieron a las preguntas de este diario dicen que no es competencia suya, pero no son capaces de decir de quién sería.

Mientras los organismos internacionales consultados contestaron de manera inmediata a las preguntas de este diario, en algún caso incluso a través de altos responsables de los mismos y no sólo de sus departamentos de comunicación, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, preguntado de manera telefónica y por escrito en varias ocasiones, no ofrece ninguna respuesta.

Sobre la postura del Gobierno, lo que se sabe es que en marzo de 2012 el BNG le pidió en el Congreso que encargase una inspección de los residuos radiactivos, pero el PP la rechazó argumentando que “no hay ni un solo elemento que nos lleve a desconfiar de la seguridad de los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica”. Los nacionalistas gallegos criticaron que el Gobierno no podía saber si hay elementos que hagan desconfiar si no se buscan. Del mismo modo, en una respuesta a un particular que preguntaba por la vigilancia que el Gobierno hace de la posible radiactividad del submarino soviético K-8, el Ejecutivo decía en septiembre de 2014 que los controles periódicos de radiactividad que realiza en todo el litoral español nunca han detectado niveles anormales, pero esos controles se hacen a una distancia de sólo diez millas de la costa.

Este diario también preguntó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Pero la primera argumenta que su competencia es controlar las instalaciones radiactivas en funcionamiento en territorio español mientras que la segunda dice que el suyo es supervisar los residuos radiactivos producidos en España. Los de la Fosa Atlántica no cumplen ninguna de las dos condiciones.

También se preguntó al Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente como los anteriores organismos citados del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La respuesta es similar: “El IEO no vigila esos vertidos. Tampoco sabemos de alguien que lo haga”.

Además de esta docena de instituciones estatales e internacionales consultadas, este diario se puso en contacto a lo largo de los últimos meses con varios científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las universidades gallegas con áreas de especialización relacionadas con la oceanografía o la energía nuclear. Todos ellos coincidieron en desconocer si alguien está supervisando esos residuos.