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GALICIA

La UE dice que el Gobierno no ve necesario controlar los residuos nucleares vertidos frente a Galicia

La Comisión Europea responde a una pregunta del eurodiputado socialista José Blanco sobre los vertidos en la fosa atlántica diciendo que no conoce nuevos estudios sobre su estado, que España no pidió controlarlos y que tampoco transmitió que lo vaya a hacer ella

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Cargueros con los bidones de residuos radiactivos fotografiados desde el pesquero gallego 'Xurelo' en 1982

Cargueros con los bidones de residuos radiactivos fotografiados desde el pesquero gallego 'Xurelo' en 1982 Xosé Castro

La Comisión no tiene conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la fosa atlántica. Tampoco ha sido informada por las autoridades españolas de ningún plan para llevarlos a cabo. "Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios”. Esa es la  respuesta que la Comisión Europea acaba de dar al eurodiputado socialista José Blanco sobre los residuos nucleares que desde 1949 y hasta hace 35 años varios países europeos arrojaron al Atlántico frente a Galicia, que según pudo comprobar este diario nadie está vigilando con ningún programa permanente de supervisión.

Durante varios meses este diario preguntó a una docena de instituciones estatales e internacionales sobre unos residuos que en algunos casos llevan cerca de 70 años en el fondo del Atlántico, pero la mayoría de las entidades contestaron que no es su competencia vigilar esos bidones y que tampoco saben de nadie que lo haga, mientras que unas pocas coincidieron en responder que hubo campañas de análisis en el pasado que no ofrecieron datos preocupantes, pero no fueron capaces de precisar quién y en qué momento realizó las últimas investigaciones ni cuándo será la próxima. Entre esas instituciones preguntadas figuraba también la Comisión Europea, que remitió la responsabilidad de supervisar esos residuos a otros organismos internacionales y no fue capaz de decir cuándo se realizaron los últimos estudios ni cuándo serán los próximos.

A la Comisión Europea también le formuló una pregunta sobre la cuestión el eurodiputado socialista gallego y exministro de Fomento José Blanco. El Ejecutivo comunitario acaba de responderle ahora con la citada contestación de que ni la Comisión sabe de nuevos estudios sobre esos residuos, ni el Gobierno español le ha pedido realizarlos, ni le ha transmitido que los piense hacer él. En su momento el Gobierno central, a diferencia del resto de instituciones internacionales que sí explicaron en detalle sus propias competencias, rechazó responder a las preguntas de este diario.

En la respuesta de la Comisión a Blanco también se añade que cada Estado miembro de la UE es responsable de controlar la radiactividad en su territorio, incluías sus aguas territoriales, y que la UE supervisa cada cierto tiempo si ese control se está realizando de manera correcta. Sin embargo, los residuos de la fosa atlántica están fuera de las aguas territoriales, por lo no les es aplicable esa normativa. De hecho, la Comisión remite a Blanco a los  informes de esas evaluaciones que la UE hace de manera periódica sobre cómo España supervisa la radiactividad en su territorio y en ellas sólo aparecen minas de uranio en Salamanca, el accidente de Palomares o centrales y otras instalaciones nucleares en activo. La respuesta a Blanco ratifica así que ninguna de las principales instituciones internacionales y estatales supervisa esos residuos de manera permanente ni son capaces de decir si alguien lo hace.

Tripulantes del 'Xurelo' con su patrón, Ángel Vila, segundo por la derecha

Tripulantes del 'Xurelo' con su patrón, Ángel Vila, segundo por la derecha Xosé Castro

Además de la pregunta de Blanco a la Comisión Europea, también hay preguntas formuladas por la cuestión pendientes de respuesta de En Marea al Gobierno central y del BNG a la Xunta. Por su parte, Greenpeace, que junto con marineros gallegos a bordo del barco Xurelo participó en las campañas que lograron el fin de los vertidos, exige que sean los países de origen de esos residuos los que los controlen.

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