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David Reinero

Nigrán (Pontevedra), 1979. Periodista de pirámide invertida y datos más que de anécdotas y declaraciones. Forma parte de la redacción de Praza Pública desde 2016 tras hacer de todo en El País, Xornal de Galicia y Atlántico Diario. Especializado en la fiscalización de las administraciones públicas en general y en particular de sus políticas de ordenación del territorio e infraestructuras, en esa área viene investigando todo lo que rodea al accidente del tren Alvia en Santiago, del que publicó el libro Angrois, o AVE en anacos (Praza Pública, 2014), Premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo de la Diputación de Ourense.

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Los cargos de Adif y Renfe imputados por el Alvia niegan presiones y uno dice estar “dolido” porque las víctimas lo señalen

Los dos principales imputados en Adif y Renfe, además del maquinista del tren, por el accidente del Alvia en Santiago el 24 de julio de 2013 en el que murieron 80 personas han negado este miércoles en el Congreso que las decisiones en materia de seguridad que tomaron y por las que están siendo investigados penalmente estuviesen motivadas por presiones políticas o comerciales de sus superiores. Los dos,  Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, exdirectores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe respectivamente, coincidieron, con distintos modos, en centrar la responsabilidad por abajo en el conductor.

En su intervención Cortabitarte, a pesar de admitir que el dolor de las víctimas “en absoluto es comparable”, dijo que a él le “duele” que estas pongan “el foco” en su propia persona. “He sufrido por verme involucrado como uno de los presuntos responsables de un accidente en el que no tuve ninguna responsabilidad”, dijo, en una comparecencia en la que, como también haría a continuación su homólogo de Renfe, negó, en contra de lo que mantiene la Agencia Ferroviaria Europea, que debieran realizar una evaluación específica del riesgo que suponía la decisión que tomaron de desconectar el sistema de control de la velocidad de los Alvia. Con una  actitud más humilde que la de Cortabitarte, que en varias ocasiones tuteo a los diputados, Lanchares pidió “disculpas” por el siniestro porque según su visión “que falle una persona en Renfe significa que falló la empresa” y eso “me implica personalmente”.

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“Los incendios de hace un año nos dieron la desgraciada oportunidad de cambiar el modelo forestal”

Juan González (PSOE), alcalde de Nigrán (Pontevedra) desde 2015 y concejal desde década y media antes, hace balance un año después de los  incendios que el 15 de octubre de 2017 arrasaron buena parte de los montes del municipio y acabaron con la vida de dos mujeres que intentaban escapar del fuego en la parroquia de Chandebrito, considerada una de las zonas cero de aquella ola, que en toda Galicia afectó en unos pocos días a 50.000 hectáreas y provocó un total de cuatro muertes.

¿Como están Nigrán y Chandebrito un año después?

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Un experto dice que desconectar la seguridad del Alvia aumentó el riesgo “un millón de veces” por evitar “unos segundos de retraso”

“ Si el sistema ERTMS hubiera estado en servicio, este accidente nunca hubiera ocurrido”. Así se ha pronunciado este miércoles en el Congreso Jaime Tamarit, experto e impulsor a nivel europeo de ese sistema de control constante de la velocidad de los trenes que estaba desconectado a bordo de los Alvia desde un año antes de que uno de ellos descarrilase en 2013 por exceso de velocidad en la curva de Angrois, en Santiago, provocando 80 muertes. Tamarit, exdirector del laboratorio de interoperabilidad ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento, cuantificó en la comisión de investigación sobre el accidente en “un millón de veces” el incremento del riesgo que supuso desconectar ese sistema y dejar los trenes al amparo del sistema inferior, el ASFA, que dejaba el control de la velocidad en manos de los maquinistas, decisión que según dijo se tomó para evitar “unos segundos de retraso” de los trenes entre Ourense y Santiago.

Un año antes del accidente de Angrois Adif autorizó a Renfe a desconectar a bordo de los Alvia el sistema de control constante de la velocidad ERTMS (o ETCS) porque a veces fallaba y paraba los trenes al no detectar estos algunas balizas instaladas en la línea de AVE Ourense-Santiago. Ante la demora de varios minutos en los viajes que eso suponía hasta que volvía a conectarse el ERTMS, la empresa proveedora del sistema recomendó a Renfe que los trenes circulasen algo más lentos sobre esas balizas conflictivas para que así el sistema las detectase y no se frenase por completo al saltarlas. Frente a esa circulación más lenta que se le proponía mientras se solucionaba el problema del ERTMS, Renfe, con la autorización de Adif, optó por desconectar completamente ese sistema y circular con el inferior, que fue incapaz de evitar el  error humano previsible que sufrió el maquinista del Alvia. El ERTMS no sería reparado completamente hasta un año después del siniestro.

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Otro fallecido eleva a 9 los muertos en las obras del AVE gallego, bajo investigación judicial

El fallecimiento este miércoles del  conductor de un camión de las obras del AVE que volcó en Laza (Ourense) eleva a nueve las personas muertas en la construcción de las líneas de la alta velocidad gallega desde su comienzo a principios de la pasada década, seis de ellos en los últimos años en la conexión con la Meseta y los otros tres en años previos en el Eje Atlántico Vigo-A Coruña y en la línea Ourense-Santiago. El pasado enero, cuando la cifra iba aún por los cuatro fallecidos en la conexión con la Meseta, un juzgado de Verín abrió una investigación penal por esa siniestralidad laboral tras una denuncia del sindicato CIG.

Hasta la de este miércoles, la última muerte registrada en las obras del AVE entre Galicia y Meseta se había producido el pasado 28 de junio, cuando murió un obrero portugués de 41 años al que en su primer día de trabajo le cayeron encima unos hierros. El accidente se registró en la localidad de Lobeznos, en el municipio zamorano de Pedralba, muy próximo ya a Galicia.

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Feijóo recurre al personalismo para confrontar con Pedro Sánchez en el principal debate sobre Galicia: “Yo estoy aquí”

"Yo estoy aquí; en Galicia, sí". Con esa frase resumió el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los diez minutos iniciales que dedicó a hablar de sí mismo en su discurso de apertura este martes del debate anual de política general en el Parlamento de Galicia, el conocido como debate sobre el estado de la autonomía. Feijóo hizo girar su intervención, de dos horas, en torno a la confrontación de su figura y de sus políticas con las del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al que presentó como inestable y secuestrado por populistas e independentistas. Por eso, pese a considerar “prioritario” reformar el Senado si se aborda una reforma de la Constitución, dijo estar en contra de abrir el debate sobre la Carta Magna sólo por “contentar” al independentismo catalán.

En pasados debates de política general, el presidente Feijóo citó en sus discursos al catalán Espriu ("Todos somos esclavos de la ley para que podamos ser libres") cuando en 2017 centró su intervención en cargar contra el soberanismo catalán; o al estadounidense Theodore Roosevelt (“Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser grande o democracia”) cuando en 2014 propuso un “impulso democrático” en plena ola de corrupción. Este año, tres meses después de su decisión de no optar a la presidencia del PP estatal, Feijóo se citó a sí mismo tirando al mismo tiempo del lema de su campaña electoral de 2016 y proclamó el citado “yo estoy aquí; en Galicia sí”, que contrapuso a los 11 portavoces parlamentarios distintos que desde 2009, con su llegada a la Xunta, han tenido los partidos de la oposición en Galicia.

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Técnicos de la alta velocidad española dicen no haber leído las mejoras de seguridad recomendadas tras el accidente de Angrois

Tras el accidente del tren Alvia en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas, voces del Gobierno y de la Xunta, encabezadas por el entonces secretario de Estado y después ministro  Rafael Catalá y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que no se podía decir que había sido un accidente del AVE. Según aquella visión, rechazada hace tiempo en la causa judicial por varios jueces y peritos que coinciden en que tanto el tren como la línea eran de alta velocidad, decir eso formaba parte del interés de otros países por desprestigiar el saber hacer español en esa área de la ingeniería cuando había importantes concursos internacionales en juego. Cinco años después de aquello, técnicos que suman varias décadas de experiencia como profesionales de esa alta velocidad española y que tuvieron algún tipo de participación en la construcción o supervisión del AVE Ourense-Santiago aseguran en el Congreso que no han leído la investigación oficial del accidente y por lo tanto tampoco las mejoras de seguridad que aquel documento recomendó tras el siniestro de la curva de Angrois.

Un año después del siniestro la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento emitió su informe oficial sobre el mismo en el que centró toda la responsabilidad en el maquinista, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva sin que hubiese activo ningún sistema que evitase o paliase su previsible error humano, cuestión por la que hoy están imputados seis técnicos de Adif, Renfe e Ineco además del maquinista. Aquel informe de la CIAF incluía además nueve recomendaciones de mejora de la seguridad dirigidas a Adif, Renfe y el ministerio de Fomento. Tres años después la  Agencia Ferroviaria Europea consideró que aquel informe no había sido realizado de manera independiente ya que la composición de la CIAF dependía del ministerio, lo que afectaría a la conclusiones que obtuvo sobre las causas del siniestro, pero no puso en entredicho sus recomendaciones, que se han venido aplicando en los últimos años.

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La Xunta no revisó varios elementos de seguridad de sus ambulancias y helicópteros sanitarios cuando los adjudicó

Son servicios sanitarios que salvan vidas pero también contratos millonarios por los que las empresas interesadas en ellos están dispuestas a pelear legalmente con todos los medios a su alcance. Eso es lo que está detrás de las cuestionadas adjudicaciones de la Xunta de sus servicios de transporte sanitario de emergencias tanto en ambulancias como en helicópteros. El primero de los contratos, adjudicado en 2015 por 120 millones de euros, está bajo investigación judicial por un posible amaño y un informe policial revelado el pasado agosto por este diario constató que numerosas ambulancias circularon durante meses con sobrepeso y otros defectos de seguridad. La adjudicación del segundo, de unos 10 millones de euros, acaba de ser ahora paralizada por un tribunal administrativo porque la Xunta no revisó antes si la tripulación asignada a los helicópteros por parte de la empresa ganadora contaba con las habilitaciones especiales de vuelo que previamente había requerido el propio Gobierno gallego.

La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que dirige José Antonio Iglesias Vázquez, destaca sobre el primer caso, el de las ambulancias, que cuenta con otro peritaje que "confirma la seguridad de estas unidades asistenciales con fecha de este año" mientras que sobre el segundo garantiza que el servicio de emergencias con helicópteros no se dejará de prestar hasta que no se resuelva el nuevo concurso porque mientras lo sigue operando la anterior adjudicataria.

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La Audiencia de A Coruña ratifica la imputación de un técnico de Adif por el accidente del Alvia

La Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido un auto, con fecha del pasado 28 de septiembre y distribuido ahora a las partes, en el que ratifica la condición de investigado, antigua figura de imputado, de Fernando Rebón Sartal, gerente de Seguridad en la Circulación de Adif para el noroeste peninsular, en la causa que investiga el accidente de Angrois. Rebón es  uno de los seis técnicos de Adif, Renfe y la consultora pública Ineco que están actualmente imputados en el caso además del maquinista. Los jueces sospechan que no evaluaron como debían el riesgo existente en la curva de Angrois, lo que hizo que no se dotase de medidas de seguridad que evitasen el despiste que allí sufrió el conductor. Tras esta decisión, la plataforma de víctimas ha enviado este jueves una carta al ministro de Fomento pidiendo que destituya al imputado de su puesto e insistiendo, tras las versiones contrapuestas ofrecidas este miércoles en el Congreso por los responsables de la investigación oficial, en la necesidad de hacer una nueva como exige la UE

En su auto, la Audiencia considera conveniente que Rebón Sartal figure en la causa con la figura de investigado como garantía para su propia defensa. El tribunal considera necesario “esclarecer su eventual intervención en las actuaciones relativas a la puesta en funcionamiento de la línea sin la realización debida -en la hipótesis de la investigación- de los análisis de riesgo que pudieran haber detectado la situación de riesgo existente en la curva”.

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El investigador del accidente del Alvia culpa a la exministra Pastor de no reabrir el análisis como pidió la UE y luego rectifica

“No, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado”. Esa fue, según el máximo responsable de la investigación oficial del accidente de Angrois, que culpó sólo al maquinista, la respuesta que recibió de la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, cuando le comunicó su opinión favorable a reabrir ese análisis después de que así lo pidiese hace más de dos años la Unión Europea. Así lo aseguró este miércoles en la comisión de investigación del siniestro en el Congreso de los Diputados Vicente Rallo Guinot, presidente entonces de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Horas más tarde, pidió comparecer nuevamente y negó que hubiera dicho lo que había dicho. También este miércoles su sucesor, Fernando Montes Ponce de León, volvió a rechazar reabrir la investigación como sigue pidiendo la Comisión Europea.

En junio de 2014, once meses después del accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, la CIAF hizo pública su investigación, en la que consideró como única causa del siniestro el despiste que sufrió su maquinista, que no frenó a tiempo sin que hubiese activo ningún sistema que evitase su previsible error humano. Por esa carencia de sistemas de seguridad fueron imputados en los últimos meses en la causa judicial seis técnicos de Adif, Renfe e Ineco además del maquinista. Pero antes de eso,  la Agencia Ferroviaria Europea hizo público a comienzos de julio de 2016 un duro informe, demorado varios meses por el Gobierno español, en el que criticó la investigación de la CIAF por considerar que se había centrado sólo en analizar el error humano del maquinista pero no las causas subyacentes que llevaron a él, además de considerar que el nombramiento entonces de los investigadores por el Ministerio de Fomento hacía que el análisis no fuese independiente.

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Un juez impide que la Xunta retire la renta de inclusión social a una mujer por vivir en el mismo edificio que una hermana

Vivir en el mismo edificio que una hermana no puede ser motivo para que la Xunta retire su Renta de Inclusión Social (Risga) a una persona beneficiaria de esa ayuda. Eso es lo que acaba de sentenciar el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, que en una sentencia con fecha del pasado 7 de septiembre anula la decisión del Gobierno gallego de condicionar la prestación de 473,93 euros que percibía una mujer con una hija menor a que consiguiese una “vivienda independiente”, algo que el juzgado considera que ya se estaba produciendo.

Tras el caso está la interpretación de la Xunta de lo que considera “unidad de convivencia” a efectos de calcular si ese conjunto de personas bajo el mismo techo cuenta con ingresos de más como para acceder a la Risga. Esto viene dando lugar a paradojas como la que evidenció hace unos meses  otra sentencia que también anuló el intento del Gobierno gallego de retirar la Risga a una perceptora por compartir piso con otra beneficiaria de la misma ayuda con la que no tenía ningún vínculo familiar. Como en el nuevo caso, la condición que ponía la Xunta era la de que una de ellas cambiase de domicilio para así garantizar que no había "unidad de convivencia", lo que fue anulado por la justicia en una sentencia que consideró “inverosímil que dos personas que perciben sendas prestaciones para eludir su exclusión social, tuvieran que excluirse mutuamente para no incurrir en exagerada inclusión”. La Xunta tuvo que acabar indemnizando a la afectada.

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