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David Reinero

Nigrán (Pontevedra), 1979. Periodista de pirámide invertida y datos más que de anécdotas y declaraciones. Forma parte de la redacción de Praza Pública desde 2016 tras hacer de todo en El País, Xornal de Galicia y Atlántico Diario. Especializado en la fiscalización de las administraciones públicas en general y en particular de sus políticas de ordenación del territorio e infraestructuras, en esa área viene investigando todo lo que rodea al accidente del tren Alvia en Santiago, del que publicó el libro Angrois, o AVE en anacos (Praza Pública, 2014), Premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo de la Diputación de Ourense.

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Diez años del fondo público-privado para financiar las actividades de la Ciudad de la Cultura: quedan 9 de los 23 millones

El 29 de diciembre de 2008 la Xunta, entonces gobernada por PSdeG y BNG, y una quincena de empresas privadas constituían la Fundación Gaiás con un capital de 23 millones de euros, la mitad públicos y la mitad privados, destinada a financiar las actividades de la Cidade da Cultura y que tomaba su nombre del monte Gaiás, a las afueras de Santiago, en el que se levantó el complejo. Era la manera que encontraba el bipartito de atraer fondos privado, a manera de patrocinios, con los que llenar de contenido un recinto cuya construcción material estaba consumiendo docenas de millones de las arcas públicas. Una década después, a 31 de diciembre del pasado año, aquel fondo queda reducido a 9,2 millones, según refleja la auditoría de las cuentas de la Cidade da Cultura que acaba de ser aprobada.

La construcción de la Cidade da Cultura lleva consumidos unos 300 millones de euros de las arcas autonómicas desde que fue ideada por Manuel Fraga hace ahora 20 años, y la Xunta prevé que los trabajos pendientes de ejecutar requieran de otros 27 millones hasta 2021. Es dinero público que se está invirtiendo a través de la también pública Fundación Cidade da Cultura. Pero con las obras de los dos primeros edificios de los seis que iba a tener el complejo ya notablemente avanzadas, la Xunta ideó la paralela Fundación Gaiás, participada por ella misma y por una quincena de empresas privadas que aportaron a medias un total de 23 millones de euros para ir pagando las actividades culturales del complejo.

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El PP gallego denuncia al PSOE por poner "vota PSdeG" en su sede y la Junta Electoral lo archiva por "extemporáneo"

La Xunta Electoral acaba de archivar una denuncia en la que el PP reclamaba a ese organismo sancionar al PSdeG-PSOE porque el día 4 de julio, en una rueda de prensa de su secretario general en su sede, a las espaldas de Gonzalo Caballero se podía leer un cartel con el texto Vota PSdeG-PSOE. La Xunta Electoral rechaza la denuncia argumentando que, una vez superadas las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, en ese momento no había ningún proceso electoral en marcha en el que el cartel pudiera interferir.

El PP criticaba en su denuncia que ya había pasado más de un mes de las elecciones municipales, tiempo que consideraba suficiente para que los socialistas retiraran ese cartel del interior de su sede. Sin embargo, la junta Electoral rechaza su petición indicando que ese cartel no podía tener ya incidencia en el electorado al no haber ya elecciones de por medio.

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El Supremo anula la legalización acelerada que intentó Rajoy de una planta de gas en la ría de Ferrol

En marzo y abril de 2016 el Tribunal Supremo se pronunció por dos veces contra dos autorizaciones administrativas del Gobierno central con las que en 2003 y 2004 había facilitado la construcción de la planta de gas que Reganosa, con el apoyo de la Xunta de Manuel Fraga, instaló en Mugardos, en el interior de la ría de Ferrol y a pocos metros de viviendas. Pocas semanas después, en mayo de aquel mismo 2016, el Gobierno central en funciones presidido por Mariano Rajoy intentaba acelerar la legalización de la planta, que está en funcionamiento desde 2007, eximiéndola de tener que someterse a una evaluación ambiental completa para volver a obtener aquellas autorizaciones que acababan de ser anuladas. Una decisión que ahora también vuelve a tumbar el Supremo en la que supone la quinta sentencia del alto tribunal contraria a esa instalación.

En esta nueva sentencia del Supremo, con fecha de este miércoles, el alto tribunal recuerda sus dos resoluciones previas de 2016 anulando sucesivamente la autorización administrativa previa y el proyecto de ejecución de la planta de Reganosa, e incluso destaca la "litigiosidad" que viene suponiendo la implantación de esa instalación en Mugardos. Para acelerar la legalización de la planta que ya venía funcionando desde nueve años atrás el Gobierno de Rajoy decidió entonces eximirla de una evaluación ambiental completa argumentando la urgencia debida a una situación extraordinaria. Sin embargo, el Supremo dice que son precisamente sus sentencias previas las que impiden que el Gobierno central pudiese argumentar una situación "de imposible previsión" para justificar saltarse el trámite ambiental.

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La lenta lucha contra el acoso laboral en la Xunta: seis meses para investigarlo sin medidas cautelares que separen a los implicados

Hace años que la legislación laboral y penal viene reforzándose contra el acoso laboral y empresas y administraciones de todo tipo vienen implantando medidas de control interno para evitar o depurar los posibles casos que se den en ellas. Sin embargo, reiteradas denuncias evidencian que la actuación de la Xunta ante esos posibles casos es lenta o inexistente, abocando a los afectados a un largo proceso de reclamaciones administrativas y judiciales. El propio protocolo de lucha contra el acoso en la Administración autonómica impulsado por el Gobierno gallego en 2016 ha ampliado de un mes a seis meses el plazo que pueden durar las investigaciones de esos posibles casos, período para el que no se contemplan medidas cautelares que mejoren la situación de las posibles víctimas. El protocolo, por otra parte, no se aplica a todos los empleados que dependen de la Administración gallega.

La Xunta justifica que el cambio del protocolo fue solicitado y aprobado por unanimidad de los cuatro sindicatos (CIG, CCOO, UGT y CSIF) y que "obedece a disponer de tiempo necesario para hacer investigaciones completas y en condiciones, ya que el plazo era muy escaso".

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Oposición y sindicatos critican el "uso partidista de las instituciones" por Feijóo para reconstruir el PP en Vigo ante Abel Caballero

El nombramiento como delegada de la Xunta en Vigo de Corina Porro, la persona que más cargos públicos distintos ha ocupado en los últimos años en esa ciudad, entre ellos el de alcaldesa, fue presentado este lunes por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su toma de posesión como un ejemplo de "estabilidad". Porro llega a este nuevo puesto público, que compaginará con intentar reactivar el PP de Vigo frente al socialista Abel Caballero, entre críticas de los partidos de la oposición y de los sindicatos. De los primeros por lo que consideran un uso partidista de las instituciones por parte de los populares y de los segundos por el descabezamiento del Consello Económico y Social (CES) de Galicia, que presidía desde 2011. Su salida de ese órgano, anunciada hace más de un mes pero concretada ahora, se produce con un "catering de despedida" de 616 euros.

Hace mes y medio Feijóo encargó a Porro la presidencia de la gestora del PP de Vigo después de la dimisión de la anterior presidenta y candidata, Elena Muñoz, tras su derrota en las municipales, en las que apenas consiguió el 13% de los votos frente al 67% de Caballero. Porro era desde 2011 presidenta del CES, el principal órgano de diálogo y deliberación de los agentes sociales con la Xunta, puesto público que deja al asumir, como le trasladaron varios miembros del mismo, que no podía ser compaginado con la dirección de un partido político. Sin embargo, la salida de Porro del CES no se concretó hasta la pasada semana, cuando el jueves Feijóo la nombró delegada de la Xunta en Vigo. Ese mismo día el CES incorporaba a la web de contratación un contrato menor con el concepto "servicio de catering despedida presidenta del CES", por importe de 616 euros.

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La primera playa sin humo sigue teniendo (algunos) fumadores: así se extendió su modelo de educación pese a la falta de sanciones

“Un cambio tan importante no se podía hacer con prohibiciones porque generaría rechazo”. Así recuerda el conselleiro de Sanidad de la Xunta, el popular Jesús Vázquez Almuiña, la iniciativa que impulsó en 2012, cuando era alcalde de Baiona, municipio turístico de las Rías Baixas, de crear allí las dos primeras playas sin humo de Galicia, modelo de arenal saludable y ecológico que copió de Nueva York y que extendió por toda la comunidad al ser llamado por Feijóo en 2015 a su Gobierno. Hoy en Galicia hay ya 141 playas sin humo en 64 ayuntamientos y la Xunta está asesorando a otras comunidades que replican en el resto de España un modelo que apela a la educación y a la concienciación pero que genera visiones contrapuestas sobre si sería más útil impulsar ordenanzas municipales que permitan multar a los fumadores.

Tras el impulso en 2005 por parte del Gobierno de Zapatero de nuevas restricciones legales al consumo de tabaco en edificios públicos, en 2006 la localidad de L’Escala, en Girona, ya había reservado en una de sus playas un espacio para no fumadores. Era un momento en el que las prohibiciones legales aún no habían llegado a los espacios abiertos sino sólo al interior de los edificios. Ese paso siguiente se dio con la nueva ley antitabaco de 2010, que entró en vigor en 2011, cuando también se extendió la prohibición a los espacios al aire libre de centros educativos, sanitarios o parques infantiles.

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Corina Porro, la ex de todo en Vigo que vuelve a tener despacho oficial para intentar salvar al PP ante Abel Caballero

Nadie en Vigo en los últimos años ha pasado por más puestos públicos que Corina Porro (Ferrol, 1953), exalcaldesa, expresidenta del puerto, exconselleira, exdirectora general de la Xunta, exvicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, exsenadora, exdiputada autonómica, expresidenta de la Zona Franca y expresidenta del Consello Económico e Social de Galicia. Ese último puesto, en el que la puso Feijóo en 2011 después de que el socialista Abel Caballero le ganase por segunda vez la alcaldía de la ciudad, lo ha ocupado hasta esta semana. Ahora tendrá otro puesto público, en un nuevo episodio de recolocación en cadena de cargos populares por la Xunta tras unos malos resultados electorales.

Hace un mes, tras la nueva derrota electoral del PP en Vigo ante Abel Caballero (13% frente a 67% de los votos) y la dimisión de la candidata y presidenta local del partido, Elena Muñoz, Feijóo encargó a Porro la presidencia de la gestora que asumió el control de la formación en Vigo hasta un futuro congreso. Porro aseguró que no volvería a la política local, pero este jueves Feijóo, que enumeró parte de sus cargos anteriores y elogió su larga trayectoria, le dio también un nuevo cargo oficial, el de delegada de la Xunta en Vigo, con sueldo público y coche oficial desde el que intentar al tiempo sacar a flote al PP vigués. El despacho lo tendrá a pocos metros de los otros tres que ocupó en la ciudad, el del puerto, el de la vicepresidencia de la Diputación y el de la alcaldía que durante su mandato trasladó a esa misma zona privilegiada con un polémico coste.

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La Ciudad de la Cultura recibe 20 años después de idearla Fraga tanta asistencia a eventos privados como a exposiciones públicas

La Ciudad de la Cultura de Galicia recibió en 2018 casi tantos asistentes a eventos celebrados en ella por instituciones y entidades privadas, más de 71.000, como visitantes tuvieron sus exposiciones públicas, cerca de 73.000. Así se refleja en la memoria de actividades sobre el año pasado que la Fundación Cidade da Cultura, dependiente de la Xunta, acaba de hacer pública tras aprobar también hace unos días su patronato las cuentas del pasado ejercicio. En 2018 el gasto de mantenimiento ordinario del complejo se estabilizó en 7 millones de euros al año, sin tener en cuenta las actividades culturales o las obra aún pendientes, cuantificadas en 27 millones hasta 2021 a sumar a los 300 millones ya invertidos hasta la actualidad desde que lo ideó Manuel Fraga hace ahora 20 años.

Según la memoria anual de la Cidade da Cultura, el pasado año el recinto del monte Gaiás recibió unos 830.000 visitantes, cifra en la que se incluyen los desplazamientos diarios del personal que allí trabaja en diversos departamentos de la Xunta o espacios alquilados a empresas privadas. De esa cifra, 171.653 personas fueron asistentes a alguna de las 156 actividades culturales organizadas por la Fundación Cidade da Cultura, de las que la mayoría acudieron a exposiciones, 72.969 visitantes, repartiéndose el resto en otros eventos como conciertos, visitas guiadas o actividades para niños. Un año antes, en 2017, con el mismo número de actividades, 156, los asistentes habían quedado en 120.418 personas.

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La Xunta renuncia a parte de una polémica carretera prometida por Feijóo tras el Prestige y ampliará carriles de la vía actual

“Autovía urbana” es la denominación que acaba de dar la Xunta a la ampliación de uno a dos carriles por sentido, con una rotonda en la mitad del recorrido, de un tramo de apenas 2 kilómetros de la carretera autonómica PO-552 que une Tui y A Guarda, al sur de la provincia de Pontevedra, junto al tramo final del río Miño que hace de frontera con Portugal. Esa obra supone la renuncia a parte del polémico corredor del Baixo Miño, una nueva infraestructura paralela a la carretera actual prometida por la Xunta tras el hundimiento del Prestige en el marco de su Plan Galicia cuando Feijóo era conselleiro de Política Territorial en el último gobierno de Manuel Fraga. Los retrasos, obstáculos y cambios de proyectos sufridos en este tiempo por la nueva carretera prevista para la comarca del Baixo Miño son similares a los experimentados por otras dos infraestructuras autonómicas que se comenzaron a gestar por la misma época, las autovías de la Costa da Morte y O Morrazo, abiertas años después de lo previsto.

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Feijóo presenta como “nuevo aumento salarial” al funcionariado de la Xunta la subida pactada por Montoro con los sindicatos hace un año

A mediados de marzo el complejo administrativo central de la Xunta de Galicia en Santiago, en el barrio de San Caetano, quedó liberado de los andamios que lo cubrieron durante meses para acometer obras de reforma exterior, aislamiento, pintado y sustitución de tejados. Más de tres meses después, este miércoles el propio presidente Feijóo inauguró esas actuaciones con un acto ante personal público que trabaja en el complejo al que “avanzó” un “nuevo aumento salarial” en su nómina de este mes de julio. Sin embargo, el incremento no es atribuible a la Xunta sino al Gobierno central y es producto de un acuerdo firmado hace más de un año por el anterior ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los sindicatos.

Según publicitó este miércoles el Gobierno gallego, el “nuevo aumento salarial” permitirá que “los empleados públicos de la Xunta” perciban “una media de 885 euros anuales más que en 2018 (una subida del 2,5%), y una media de 3.825 euros anuales más que en 2015, cuando se inició la senda de la recuperación económica”. El origen de esas cifras, por el contrario, nada tiene que ver con la actuación del Gobierno gallego.

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