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David Reinero

Nigrán (Pontevedra), 1979. Periodista de pirámide invertida y datos más que de anécdotas y declaraciones. Forma parte de la redacción de Praza Pública desde 2016 tras hacer de todo en El País, Xornal de Galicia y Atlántico Diario. Especializado en la fiscalización de las administraciones públicas en general y en particular de sus políticas de ordenación del territorio e infraestructuras, en esa área viene investigando todo lo que rodea al accidente del tren Alvia en Santiago, del que publicó el libro Angrois, o AVE en anacos (Praza Pública, 2014), Premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo de la Diputación de Ourense.

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El PP gallego presume de producción legislativa pese a que 3 de las 5 leyes aprobadas este año ya fueron prometidas para 2017

El pasado enero el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, admitió que “la Xunta no fue capaz de cumplir” con sus propias previsiones sobre las nuevas leyes que su Gobierno prometió enviar en los últimos años al Parlamento de Galicia para su debate y aprobación. Por el contrario, el pasado lunes el portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, quiso poner en valor la producción legislativa de la Cámara gallega destacando las cinco leyes que ya se han aprobado en ella en lo que va de año. Tres de esas cinco leyes ya habían sido prometidas por el Gobierno gallego para 2017 y su aprobación no ha llegado hasta dos años más tarde.

El portavoz parlamentario del PP centró su habitual rueda de prensa semanal en destacar que “el Parlamento de Galicia es de los que tiene más intensidad de trabajo y la oposición más capacidad de control”. Y enumeró las cinco leyes aprobadas en lo que va de año: de ordenación farmacéutica, de administración digital, de patrimonio natural, de rehabilitación y de suplemento de crédito para actuaciones prioritarias. De ellas, las tres primeras fueron prometidas por el Gobierno gallego ya para 2017 mientras que la cuarta fue aprobada a comienzos de este año tras ser anunciada para 2018 y la quinta no fue incluida en las previsiones legislativas de la Xunta, cuyo presidente suele elogiar la previsibilidad de su propio gobierno. El retraso en la aprobación de esas normas, en línea con lo dicho por Puy -aunque su intervención no parecía ser crítica con el Gobierno gallego,, no es responsabilidad del Parlamento sino de la Xunta, que se demoró en el envío de sus proyectos de ley a la Cámara para que esta los convirtiese después en leyes.

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La Xunta, condenada por confundir una metástasis con depresión: "No hay que ser médico para apreciar la proximidad de la muerte"

"No es fácil comprender que una persona con un cáncer de mama, diagnosticado en el año 1990, que manifestó dos recidivas, en los años 1995 y 2007, y que en el 2012 comenzó a padecer molestias digestivas con una alarmante disminución de peso y graves dificultades para ingerir alimentos, no levante la sospecha de una metástasis en el aparato digestivo". Así se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) en una sentencia en la que acaba de condenar al Servicio Gallego de Salud (Sergas) por atribuir a "una depresión", "ansiedad" o "una hernia de hiato" el cáncer terminal de una paciente que acabó siendo diagnosticada en un médico privado con "una simple ecografía".

La sentencia, con fecha del pasado 17 de julio, relata cómo la mujer con esos antecedentes de cáncer de mama reactivado en dos ocasiones acudió periódicamente a las revisiones que le pautaron en el servicio de oncología sin que se le volviese a realizar un control de marcadores tumorales de manera que "cuando comenzó a presentar sintomatología digestiva y manifiesta pérdida de peso con grave dificultad de comer", en 2012, "llevaba ya más de cinco años sin el referido control". En la revisión oncológica de ese año se le informó de que "todo iba bien y que, tras algunas pruebas hepáticas, su malestar digestivo podía traer causa de una depresión o de una hernia de hiato", situación esta "que ni siquiera se trató de averiguar".

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La delegada de Feijóo en Vigo se pone la camiseta del Celta para confrontar con el alcalde, Abel Caballero, a cuenta de Balaídos

Tras el hundimiento electoral del PP en Vigo el pasado 26-M ante el socialista Abel Caballero, los populares presentaron el nombramiento como nueva delegada de la Xunta en la ciudad de la exalcaldesa Corina Porro como una muestra de su cambio de estrategia ante un regidor que partido y Gobierno gallego califican de populista. La confrontación que ha caracterizado la última década de relaciones entre Xunta y Ayuntamiento iba a quedar a un lado, decían tanto el PP como Porro. Sin embargo, en sus casi diarias comparecencias ante los medios Porro viene mostrándose igualmente crítica con todo tipo de actuaciones del alcalde y este martes, a cuenta de las discrepancias que mantienen Xunta y Ayuntamiento sobre su apoyo al Real Club Celta, la delegada optó por dar su rueda de prensa enfundada en una camiseta del equipo.

El Ayuntamiento está embarcado en la reforma por partes del estadio municipal de Balaídos después de rechazar la petición de la sociedad anónima deportiva de que se lo entregase con una concesión a cambio de que fuese el club el que realizase las obras. Tras la negativa del gobierno local, el Celta inició los trámites para la construcción de una ciudad deportiva con un estadio propio y centro comercial en un monte comunal del vecino ayuntamiento de Mos limítrofe con Vigo, un proyecto al que el propio presidente Feijóo mostró su apoyo. La ciudad deportiva ya ha comenzado su construcción a pesar de que aún no cuenta con autorización completa de la Xunta, varios de cuyos departamentos aprecian en ella impactos negativos, pero ya viene sirviendo para que Caballero presente la situación como un nuevo ataque del Gobierno gallego a Vigo.

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La Justicia autoriza vacunar a dos niños en contra de la negativa de la madre

La Audiencia de Pontevedra ha autorizado a un padre a vacunar a sus dos hijos en contra de la negativa de la madre a hacerlo. El tribunal considera que esa es la decisión que garantiza el “interés superior del hijo” ante las posturas encontradas de los progenitores y el argumento de la madre de que la vacunación en España es voluntaria.

En un auto del pasado 22 de julio avanzado este martes por Faro de Vigo y al que ha tenido acceso este diario la Audiencia de Pontevedra ratifica una sentencia previa de un juzgado de primera instancia de Vigo que en noviembre del pasado año, con el aval de la Fiscalía, ya había dado la razón al padre frente a la madre, separados desde hace años. Ahora el tribunal ratifica en segunda instancia la decisión de autorizar al padre a vacunar a los hijos porque “los beneficios de las vacunas son innegables”.

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Fomento investiga un incidente de un helicóptero de salvamento alquilado por la Xunta tras venderlo en 2012 por "obsoleto"

El pasado 26 de julio, durante un vuelo nocturno de entrenamiento en la ría de Vigo, uno de los dos helicópteros de salvamento marítimo de la Xunta, el Pesca 1, con base en esa ciudad, descendió "inadvertidamente por parte de la tripulación" a "tan sólo 50 ft sobre el mar" (unos 15 metros). "Obligados a realizar una maniobra brusca" para volver a ascender, la tripulación y la aeronave resultaron ilesas, pero el "incidente" está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) del Ministerio de Fomento. El helicóptero es uno de los dos aparatos que la Xunta tenía en propiedad y vendió en 2012 argumentando que iban a quedar "obsoletos", pero que desde entonces viene alquilando a la empresa que los compró y que presta el servicio autonómico de salvamento.

Según la información preliminar hecha pública por la comisión de investigación, "el viernes 26 de julio de 2019 la aeronave Sikorsky S76 C+, matrícula EC-JES [el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de la Xunta con base en Vigo], sufrió un incidente al descender inadvertidamente por parte de la tripulación, hasta una altitud de 50 ft [15 metros] sobre el nivel del mar, durante la realización de un vuelo de entrenamiento y verificación sobre la ría de Vigo".

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La Xunta es condenada a pagar a un paciente un medicamento que le funcionó mejor que el financiado por el sistema público

“Con el medicamento alternativo, en este concreto caso, no se protege la salud del paciente, elemento primordial con fundamento en el artículo 43.1 de nuestra Constitución, que impone a los poder públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Así se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) en una sentencia en la que ratifica que la Xunta debe pagar a un paciente los 1.560 euros que le costó un tratamiento con un medicamento cuya financiación dejó de estar cubierta por el Sistema Nacional de Salud pero que en su caso siguió siéndole prescrito por su médico del Servicio Gallego de Salud (Sergas) por tener un mayor efecto sobre su dolencia que el fármaco alternativo con cobertura pública.

El Sergas ya fue condenado en primera instancia por este caso en octubre del año pasado, pero recurrió empeñado en no pagarle al paciente los 1.560 euros que éste ya había gastado en el fármaco y ahora el TSJG, en una sentencia con fecha del pasado 5 de julio a la que ha tenido acceso este diario, ratifica que sí debe reembolsarle ese gasto.

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La planta de gas de la ría de Ferrol intenta legalizarse de nuevo tras anular el Supremo el permiso acelerado por Rajoy en 2016

Un mes después de que el Tribunal Supremo sentenciase por quinta vez contra la planta de gas de Reganosa emplazada en el interior de la ría de Ferrol, anulando en esta ocasión el intento de legalización acelerada intentado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016, la empresa solicita nuevamente su legalización, ahora a través de una vía más lenta. Si hace tres años el Gobierno central la eximía ilegalmente de tener que someterse a una evaluación completa de su impacto ambiental, ahora la empresa pide expresamente el inicio del trámite necesario para una evaluación ambiental "ordinaria".

La petición de legalización de la empresa ha sido hecha pública este martes por el Gobierno central en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en ella se indica que Reganosa solicita "autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución e inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria de una terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL), en Mugardos, provincia de A Coruña", donde la planta ya está funcionando desde 2007. La publicación en el BOE dá comienzo al período de un mes durante el cual estarán expuestos al público para recibir alegaciones los documentos necesarios para que el Gobierno inicie la tramitación de los permisos que solicita la empresa después de que los anteriores hayan sido anulados sucesivamente en los últimos años por el Supremo.

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El Tribunal Superior de Galicia anula otro intento de la Xunta de restringir el acceso a puestos de responsabilidad

El pasado 3 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) anuló, como avanzó este diario, el intento de la Xunta de nombrar a dedo directores de oficinas de empleo equiparándolas a centros de acogida. Pero ese mismo día el mismo tribunal, la misma sala de lo contencioso administrativo y la misma sección, la primera, compuesta por los mismos jueces, emitía otra sentencia, a la que ahora ha tenido también acceso este medio, con la que anuló otro intento del Gobierno gallego de restringir el acceso a puestos de responsabilidad, en este caso a cuatro jefaturas de sección de la Consellería de Medio Ambiente.

El 11 de mayo de 2017 el Gobierno gallego, en su reunión semanal, aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consellería de Medio Ambiente, un listado en el que restringía las titulaciones con las que se podía acceder a varios empleos públicos. Dos años después, y tras un recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado que cuatro de aquellos puestos, jefaturas de sección en los cuatro casos, estuviesen vetados a sus colegiados.

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La Xunta mantiene descabezado varios meses su Consejo Económico y Social tras la prisa del PP por reforzarse en Vigo con su presidenta

Tras el nuevo hundimiento electoral del PP en Vigo ante el socialista Abel Caballero en las elecciones municipales del 26 de mayo, en las que obtuvo apenas el 14% de los votos, apenas diez días después Feijóo designaba como presidenta de la gestora local del partido a la exalcaldesa Corina Porro, que desde 2011 era presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de Galicia. Más de dos meses después de conocerse su marcha, y tras cesar oficialmente Porro en el CES el 12 de julio, el órgano de diálogo de los agentes sociales con la Xunta sigue sin presidente o presidenta. Y así seguirá varias semanas más, ya que las vacaciones del Gobierno gallego y del Parlamento impedirán cumplir con los trámites precisos para el nombramiento de un nuevo titular.

Porro fue designada por Feijóo presidenta de la gestora del PP de Vigo a comienzos de junio, pero aún tardaría más de un mes en hacerse oficial su salida del CES para volver a la política partidaria. Sería el viernes 12 de julio, con la publicación de su cese en el Diario Oficial de Galicia (DOG) tras despedirse del CES con un "catering" de 616 euros y tres días antes de tomar posesión también como delegada de la Xunta en Vigo, cargo que los populares vienen empleando como contrapoder frente a Abel Caballero.

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La Xunta responde con silencio administrativo el 4,5% de las peticiones ciudadanas de transparencia

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia gallega, derivada de la estatal, el Gobierno gallego hizo este lunes un balance cuantitativo de las visitas recibidas en la página web en la que divulga la información que está obligado a hacer pública. La Xunta también ofreció cifras de la otra vertiente de la ley de transparencia, la posibilidad de la ciudadanía de pedir expresamente una información que la administración no divulgue por iniciativa propia. En ese ámbito, el Gobierno gallego admite en sus estadísticas que elude responder, dejando pasar el tiempo hasta que se produzca el denominado silencio administrativo, el 4,5% de las peticiones que le llegan.

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