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David Reinero

Nigrán (Pontevedra), 1979. Periodista de pirámide invertida y datos más que de anécdotas y declaraciones. Forma parte de la redacción de Praza Pública desde 2016 tras hacer de todo en El País, Xornal de Galicia y Atlántico Diario. Especializado en la fiscalización de las administraciones públicas en general y en particular de sus políticas de ordenación del territorio e infraestructuras, en esa área viene investigando todo lo que rodea al accidente del tren Alvia en Santiago, del que publicó el libro Angrois, o AVE en anacos (Praza Pública, 2014), Premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo de la Diputación de Ourense.

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Un tribunal constata que la Zona Franca de Vigo no controló una subcontrata, pero no ve delito

La Zona Franca de Vigo no controló que la constructora Copcisa, adjudicataria de una obra de mejora energética de la fábrica viguesa de Peugeot-Citroën por 1,2 millones de euros, no subcontratase más del 60% de esos trabajos, requisito que había establecido en sus propios pliegos de condiciones. Así lo dice la Audiencia Provincial de Pontevedra, que no obstante no ve delito en la actuación del Consorcio público vigués, denunciada por una pequeña empresa de la ciudad subcontratada por Copcisa, Acende Enerxía, que entró en concurso de acreedores tras discrepancias con la constructora por el pago de esos trabajos.

Hace casi un año Acende Enerxía se querelló contra cargos de Zona Franca (incluida su entonces delegada del Estado, la popular Teresa Pedrosa), Copcisa y Peugeot Citroën Automóviles España (PCAE) por estafa, falsedad documental, prevaricación y delito contra la seguridad de los trabajadores. Copcisa no pagaba a Acende Enerxía lo que esta le reclamaba tras subcontratar con ella la totalidad de los trabajos que le había adjudicado Zona Franca a pesar de que el pliego de condiciones se lo había limitado al 60%. El pequeño empresario argumentaba que había habido un “plan preconcebido” con la complicidad de Zona Franca y PCAE (beneficiaria final de las obras en las naves del consorcio que ocupa su fábrica), con Copcisa para que las tres obtuviesen un “enriquecimiento injusto” tras varias modificaciones del proyecto inicial que según decía era irrealizable por el importe contratado.

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El tren sigue siendo la estrella de los programas electorales en materia de infraestructuras para Galicia

Las promesas no pierden el tren. 146 años después de que circulase por primera vez por Galicia, entre Santiago y Vilagarcía, el ferrocarril sigue siendo la estrella de las propuestas electorales en materia de infraestructuras para la comunidad. Con unos u otros planteamientos, los programas electorales de las principales formaciones con opciones de obtener diputados por las cuatro provincias gallegas vuelven a hacer al tren protagonista en materia de movilidad, en la que ya se abre hueco el vehículo eléctrico. La principal diferencia entre unas y otras parece ser, en muchos casos, la de que cuanto más cerca está una formación de gobernar directamente, como el PSOE o el PP, más genéricas y cautas son sus promesas, mientras que cuanto menor capacidad de presión pueda tener un partido en el gobierno de otros, más concretas y numerosas se hacen sus promesas, pero sin indicar cómo se financiarían.

Analizados los programas electorales de PSOE, PP, En Marea, En Común (y a nivel estatal Unidas Podemos, ya que los documentos son distintos), BNG y Ciudadanos, todos coinciden en garantizar o exigir el final en plazo del AVE entre Galicia y la Meseta, que ya está en su recta final. Y la mayoría concretan además su compromiso con el ferrocarril de cercanías, pero con disparidades. PP, PSOE y Ciudadanos apuestan por los Cercanías de manera genérica, sin decir nada concreto sobre Galicia, algo que sí hacen En Marea y En Común, mientras que Unidas Podemos promete “atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios y más de 20.000 habitantes en 2030”. El BNG, tras años reclamándolo de manera expresa, como hizo el pasado lunes en un acto en la estación de Ferrol, en el que lamentó que se llegue antes a A Coruña en bicicleta que en tren, no dice nada en su programa respecto al ferrocarril de cercanías sino que se remite a una genérica “mejora de la red ferroviaria interior en el conjunto del país”.

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Una nueva huelga del transporte de basura vuelve a poner en evidencia uno de los mayores contratos de la Xunta de Feijóo

El contrato con el que la Xunta, tras más de un año de accidentada tramitación, entregó en 2015 y por una década a la constructora ourensana Copasa en sociedad con la pública Renfe por 131 millones de euros el transporte de los residuos urbanos de la mayor parte de Galicia hasta la principal planta de tratamiento de la comunidad, la de Sogama en Cerceda, sigue provocando conflictos. La adjudicación, la segunda mayor del segundo mandato de Feijóo al frente de la Xunta, pretendía reducir el transporte por carretera con camiones y aumentar el ferroviario, pero los conductores de los camiones que aún siguen prestando buena parte del servicio, subrogados de la anterior adjudicataria, vienen denunciando desde entonces las condiciones laborales y, tras una primera huelga en 2016, acaban de retomar los paros. Al tiempo, la empresa a través de la que prestan mayoritariamente ese servicio, Transportes Pacholo, subcontratada por Copasa y Renfe, acaba de anunciar su intención de renunciar al trabajo, según avanza Europa Press.

La huelga comenzó el pasado lunes, tras días de protestas previas de los trabajadores, entre otras ante el mitin celebrado por Feijóo y Pablo Casado el domingo en Santiago. Aunque de momento la huelga no está sintiéndose en las calles, la propia Xunta admite en la orden con la que ha establecido sus servicios mínimos que el paro afecta a un servicio esencial ya que "en Galicia actualmente no existe otra instalación que pueda asumir tal cantidad de toneladas diarias de basura, por lo que la acumulación de residuos sin tratamiento durante varios días no podría ser reparada de forma idónea por el complejo medioambiental de Sogama, aunque trabajara a pleno rendimiento, una vez finalizada la huelga". Con esa argumentación, la Xunta fijó unos servicios mínimos del 61%, que este viernes y sábado, tras los festivos de Semana Santa, llegarán al 73%.

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El maquinista del accidente de O Porriño concentra la responsabilidad del siniestro mientras Fomento aplaza el sistema que pudo evitarlo

“El maquinista del tren no cumplió la orden que le transmitía la señal”. Esa es una de las conclusiones a la que llega la investigación técnica oficial del accidente de tren ocurrido en septiembre de 2016 en O Porriño (Pontevedra) en el que murieron cuatro personas, entre ellas el maquinista, después de que un convoy entre Vigo y Oporto descarrilase a 110 kilómetros por hora tras ser desviado por Adif, por obras, a una vía por la que sólo podía circular a 30.

El fallecimiento del conductor impide conocer todos los detalles del siniestro, por lo que los analistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento llegan a esa conclusión tras analizar y descartar otros posibles fallos técnicos, y a pesar de que entre sus recomendaciones para el futuro piden diversas mejoras a Adif, Renfe y Comboios de Portugal, estas dos últimas corresponsables del servicio internacional. El informe admite que otros accidentes previos similares en toda España, uno de ellos en ese mismo punto de O Porriño, habían motivado la mejora del sistema de control de la velocidad de los trenes en toda la red, pero la fecha límite para la aplicación de esa medida viene siendo retrasada sucesivamente por el Ministerio de Fomento.

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Ciudadanos reivindica a Manuel Fraga junto a su polémico busto en su villa natal

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Lugo, José Manuel Blanco, convocó este martes a los medios de comunicación en la alameda de Vilalba, la villa natal de Manuel Fraga, para hacer público su reconocimiento al fallecido expresidente de la Xunta junto al busto con el que fue homenajeado cuando dejó de ser ministro de Franco. Allí Blanco aseguró que Fraga “no habría consentido la corrupción del PP” ni estaría de acuerdo con la deriva política de Casado al frente del partido.

Sin embargo, hace un año la condena por el caso Gürtel convirtió a quien fue número 3 de Fraga al frente del PP gallego, Pablo Crespo, en el primer diputado de la historia de la autonomía gallega encarcelado por corrupción. El propio Crespo declaró en su momento que en aquella época, con Fraga al frente, era habitual el pago de sobresueldos con dinero negro.

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La condena a la Xunta por el fallecimiento de un agente forestal eleva a una treintena las muertes por incendios en Galicia en tres décadas

La Xunta acaba de ser condenada por la muerte en 2015 de un agente forestal que sufrió un infarto cuando acudía en solitario a un incendio. El fallecido había sufrido ya un infarto previo y había solicitado en varias ocasiones, amparado por informes médicos que así lo recomendaban, su traslado a otras ocupaciones que no requiriesen estrés físico o psíquico, pero la Xunta lo había rechazado y ahora tendrá que indemnizar a la viuda del fallecido. “No se puede considerar”, dice la sentencia, que la Xunta “actuara de forma diligente en la protección de la salud de un trabajador que, finalmente, falleció de la cardiopatía que padecía con motivo de sus funciones” sometido “a situaciones de estrés y esfuerzo físico y exposición a gases y fuentes de altas temperaturas”.

Esa muerte que ahora un juzgado de lo Social de Lugo relaciona de manera directa con un incendio forestal, y que no es la primera por la que es condenada la Xunta, que ya lo fue por el fallecimiento de dos brigadistas en Fornelos de Montes (Pontevedra) en 2010, eleva al menos a una treintena las muertes vinculadas con los fuegos en las tres últimas décadas en Galicia. Así se extrae de un recuento elaborado por la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) tras la ola de incendios de octubre de 2017 que podría estar incompleto pero que es revelador del alcance del problema.

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Las prisas de la Xunta por comprar letreros de "hospital público" por medio millón de euros la obligan a reiniciar el contrato

A mediados del pasado mes de marzo la Xunta decidió sacar a concurso la compra de letreros con la leyenda "hospital público" para diez centros del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por algo más de medio millón de euros. Suponía la extensión a toda Galicia de la adquisición de rótulos similares que ya había realizado en 2017 para cuatro hospitales del área de A Coruña por 150.000 euros. Sin embargo, las prisas con las que intentaba tramitar el nuevo contrato acaban de obligarla a reiniciar el procedimiento, criticado por la oposición como un ejemplo de la propaganda con la que el Gobierno de Feijóo intenta hacer frente a las diversas crisis que está viviendo la sanidad pública gallega.

Cuando a mediados de marzo lanzó el concurso público, la Xunta dio 15 días para que las empresas interesadas en suministrarle e instalar los carteles le presentasen sus ofertas. Sin embargo, la ley obliga a que ese tipo de contrato, sujeto a la denominada regulación armonizada, tenga un plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas de al menos 35 días. Así que la Xunta se vio obligada la semana pasada a reiniciar el procedimiento, anular la anterior licitación, volver a publicar esta semana nuevos anuncios de licitación, y dar un nuevo plazo, ahora hasta el 10 de mayo.

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Casado desembarca en el rural gallego prometiendo un Ministerio de la Familia con el que apoyar a Red Madre como Feijóo

“Cuando sea presidente del Gobierno crearemos el Ministerio de la Familia”. Esa fue la gran promesa con la que desembarcó este domingo en el rural gallego Pablo Casado acompañado de Feijóo, al que elogió sus políticas de apoyo al grupo antiabortista Red Madre, “iniciativa pionera de la Xunta que me comprometo a impulsar”. El presidente gallego, por su parte, se esforzó en destacar en presencia de Casado su propio esfuerzo personal y el del PPdeG en esta campaña electoral, como en todas las precedentes, y lo presentó como “el candidato del PP de Galicia”.

A sólo diez kilómetros del centro de Compostela, pero en un lugar marcadamente rural como es la parroquia de Nemenzo, lo que se había organizado hace tiempo como una comida del PP local fue adaptado a mitin con unos mil asistentes. Allí, a pesar de que esa periferia rural de Santiago no está viviendo la sangría del interior gallego o de otros lugares de España, Casado anunció como gran promesa del díal a creación de un Ministerio de la Familia con el que luchar “contra el invierno demográfico”. Casado enumeró diversas actuaciones de apoyo a la conciliación y destacó que “por eso estamos de acuerdo con medidas de la Xunta como el cheque bienvenida” -en referencia a la Tarjeta Bienvenida que ofrece 100 euros al mes durante el primero año de un niño- “y con esa apuesta por apoyar a Red Madre”, que calificó como “iniciativa pionera de la Xunta que me comprometo a impulsar”.

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Feijóo culpa a BNG y Bildu del parón de transferencias que propone Casado y de la aparición de Vox

“En un momento en el que Bildu toma decisiones que afectan a todos los españoles, en ese momento no parece muy oportuno seguir con transferencias”. Así justificó este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el parón de transferencias de competencias a las comunidades autónomas e incluso su recentralización que propone Pablo Casado. Lo hizo sólo una semana después de volver a reclamar la transferencia a Galicia de su principal autopista, la AP-9, pero argumentando ahora que esa “no es una transferencia de una competencia sino de una infraestructura” y defendiéndola “en una nación indisoluble que es España”.

En la sesión de control del Parlamento de Galicia de este miércoles Feijóo fue preguntado por la portavoz del BNG, Ana Pontón, por sus bandazos a la hora de, como presidente gallego, reclamar al Estado más competencias como la de la AP-9 o la posibilidad de reinvertir el superavit de la Xunta y, al mismo tiempo, como miembro del PP avalar las propuestas de su líder de paralizar las transferencias. La respuesta de Feijóo fue a hacer responsable al BNG tanto de esa paralización como de la aparición de Vox.

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El PP recupera para el Senado a un exalcalde al que la Xunta creó un puesto a medida en una oficina de empleo

El PP ha recuperado para la primera línea política, con un puesto en la candidatura al Senado por Pontevedra que los populares suelen ganar, a Salvador González Solla, que fue alcalde de Ponteareas desde 2004, tras una moción de censura, hasta 2015. Previamente había sido gerente de una de las 34 fundaciones comarcales que la Xunta de Manuel Fraga había creado por toda Galicia y que Feijóo suprimió despidiendo a sus trabajadores temporales pero creando para sus exdirectivos, al menos seis de ellos cargos del PP, como González Solla, puestos a medida en oficinas de empleo. Ahora el popular entra en la candidatura al Senado por Pontevedra, de la que sale el hasta ahora senador y exregidor de Lalín Xosé Crespo, que vuelve a aspirar a la alcaldía de ese municipio.

Cuando Feijóo llegó a la Xunta y decidió suprimir las 34 fundaciones comarcales que había creado Fraga en los años noventa, sus trabajadores temporales fueron despedidos y los indefinidos fueron trasladados a otros chiringuitos autonómicos, incluidos la mayoría de los exgerentes de esas entidades. Pero estos últimos, entre los que había al menos media docena de cargos del PP, no se quedaron en la administración paralela sino que fueron integrados como personal laboral fijo en la propia administración general, en puestos creados para ellos en oficinas de empleo de toda Galicia. Unos puestos que la Xunta creó en abril de 2014 pero que, en plena crisis y con las cifras de desempleo disparadas, mantuvo vacíos durante cerca de dos años, incluso vetando que otros trabajadores pudiesen ocuparlos de manera temporal a pesar de reconocer que era necesario cubrirlos. En el caso de González Solla, la decisión de la Xunta de cubrir al fin esos puestos de nueva creación con los exgerentes comarcales llegó pocos meses después de su salida de la alcaldía de Ponteareas.

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