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David Reinero

Nigrán (Pontevedra), 1979. Periodista de pirámide invertida y datos más que de anécdotas y declaraciones. Forma parte de la redacción de Praza Pública desde 2016 tras hacer de todo en El País, Xornal de Galicia y Atlántico Diario. Especializado en la fiscalización de las administraciones públicas en general y en particular de sus políticas de ordenación del territorio e infraestructuras, en esa área viene investigando todo lo que rodea al accidente del tren Alvia en Santiago, del que publicó el libro Angrois, o AVE en anacos (Praza Pública, 2014), Premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo de la Diputación de Ourense.

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La sanidad gallega compra medicamentos superfluos para poder acceder a otros que sí necesita

Solo 20 laboratorios farmacéuticos concentran el 80% de las compras de medicamentos hospitalarios que hace la Xunta. Esa concentración de la oferta lleva a que el Gobierno gallego tenga que tragar con las condiciones de esas empresas hasta el punto de adquirir medicinas que no le interesan como condición para obtener otras que sí necesita o rebajar su precio. Así lo acaba de certificar el Consello de Contas, el ente independiente fiscalizador de las cuentas públicas autonómicas.

Junto con los habituales informes anuales sobre los presupuestos de la Xunta, el Contas ha presentado este año otros informes sectoriales, como uno que desvela  cómo la Xunta ahorró en personal de residencias de mayores u otro centrado en analizar el gasto del Sergas en farmacia hospitalaria. En él se indica que el Gobierno gallego compra ese tipo de medicamentos a unos 350 proveedores, pero de ellos solo 20 concentran el 80% del volumen total de compras.

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Víctimas del Alvia reclaman por las calles de Santiago y en la curva de Angrois “verdad y justicia por los que dejaron su vida”

“ En memoria de los que dejaron sus vidas en las vías y para que no vuelva a ocurrir, exigimos verdad y justicia”. Esa fue la reclamación que este martes, en el quinto aniversario, portaron por la mañana por las calles de Santiago y expresaron por la tarde en la curva de Angrois, a la misa hora del siniestro, víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 que costó 80 vidas y 144 personas heridas.

Como en años anteriores, una manifestación de víctimas y simpatizantes de su causa salió a las once de la mañana de la estación de tren de Santiago a la que nunca llegó aquel Alvia. Su paso por las calles del centro de Compostela fue recibido con momentos de silencio respetuoso y algún aplauso espontáneo de la ciudadanía y turistas que contemplaban la marcha. A su llegada a la plaza del Obradoiro, frente a la catedral de Santiago, los afectados leyeron un  manifiesto en el que criticaron que “durante cinco años, la maquinaria del Estado trabajó para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes” y destacaron que ahora “llegó la hora de que los responsables que ocupaban cargos decisivos den la cara y asuman su responsabilidad, ya que ninguno dimitió ni fue cesado”.

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“Las víctimas del Alvia y nosotros tenemos diferencias, no hay ningún pacto contra Adif y Renfe”

Manuel Prieto es el abogado de Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013, hace este martes cinco años, descarriló en la curva de Angrois, en la línea de AVE Ourense-Santiago, tras recibir una llamada del interventor del convoy y despistarse. No había activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su  previsible error humano y sobre las vías quedaron 80 personas muertas y otras 144 heridas. Prieto, abogado del Sindicato de Maquinistas, analiza una causa que actualmente mantiene imputados, además de a su defendido, a los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe,  Andrés Cortabitarte (hoy en otro puesto inferior) y Antonio Lanchares (en el mismo puesto), así como a un subordinado del primero y tres técnicos de la también empresa pública Ineco, de los que el juez sospecha que no analizaron como debían el riesgo existente en la curva de Angrois.

Cinco años después del accidente su instrucción judicial aún no ha finalizado. ¿Es normal?

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La Xunta prorroga por decimoséptima vez la privatización de sus barcos de Guardacostas

El Gobierno gallego externalizó su gestión en 2006 argumentando que carecía de personal propio para operarlos, pero nada hizo en estos años para revertir una situación que admite que le costará otros 84 millones hasta 2031

El Gobierno gallego ha prorrogado por decimoséptima vez el contrato con el que en 2006 privatizó a la empresa Remolcanosa la gestión de sus cuatro mayores barcos del servicio gallego de Guardacostas. Entonces la Xunta argumentó que no disponía de funcionarios capacitados para operar esos buques, que son propiedad autonómica, pero nada hizo en más de una década para formar a personal propio o dotarse de él y recuperar así la gestión pública de un contrato que le cuesta unos 6 millones de euros al año.

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Ocultaciones de Adif y Renfe, lentitud judicial e intereses políticos demoran las respuestas sobre el caso Alvia cinco años después

El juez que investiga el accidente del tren Alvia en el que el 24 de julio de 2013, hace este martes cinco años, murieron 80 personas y 144 resultaron heridas a las puertas de Santiago sospecha,  al igual que la Audiencia Provincial de A Coruña que supervisa sus decisiones, que Adif y Renfe pudieron no cumplir con la normativa ferroviaria al evaluar los riesgos que existían en la curva de Angrois. Allí, en la línea de AVE Ourense-Santiago, el maquinista, Francisco José Garzón, se despistó tras recibir una llamada del interventor del convoy y no frenó a tiempo sin que hubiese activo ningún sistema que evitase o paliase su previsible error humano . Junto a él están también imputadas en la actualidad por esa falta de seguridad otras seis personas: los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe,  Andrés Cortabitarte (hoy en un puesto inferior) y Antonio Lanchares (en el mismo puesto), que ocuparon ese cargo con gobiernos socialistas y populares, así como un subordinado del primero y tres técnicos de la también empresa pública Ineco.

Hace un mes un informe de la Agencia Ferroviaria Europea reforzó las sospechas judiciales de que Adif y Renfe no habían evaluado como debían los riesgos de esa curva. Un informe que el juzgado tardó un año en obtener, lo que volvió a poner en evidencia la lentitud del sistema judicial. Esa y otras demoras, junto con ocultaciones de documentos e intereses políticos que bloquearon hasta este verano la investigación política del siniestro en el Congreso de los Diputados (PSOE y PP temen su efecto sobre los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, en el cargo cuando se diseñó e inauguró la línea ferroviaria, y cuando ocurrió el accidente y parte de su investigación, respectivamente) dificultan que, cinco años después, las víctimas tengan aún respuestas a todas sus dudas.

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Un juzgado abre diligencias por delito ambiental por daños reiterados a ríos de las obras del AVE gallego

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Verín (Ourense) ha decidido la apertura de diligencias previas por la posible existencia de delito contra el medio ambiente en los reiterados vertidos y daños al río Támega y sus afluentes provocados durante años por las obras de construcción del AVE entre Galicia y la Meseta. La investigación judicial se abre tras una denuncia del sindicato CIG que incluyó entre los datos aportados al juzgado los desvelados hace unas semanas por Praza.gal sobre las sanciones de reducido importe impuestas por las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Duero (esta última competente sobre el Támega) a las constructoras del AVE por daños reiterados durante años a los ríos que atraviesa la línea de alta velocidad.

El  12 de junio Praza.gal desveló que desde 2011 la Confederación del Miño-Sil ha impuesto un total de 24 sanciones por todo tipo de daños a ríos a las constructoras del AVE. Las multas suman un total de 48.000 euros, a un promedio de 2.000 euros por sanción, apenas el 0,001% de unos trabajos que se aproximan a los 2.000 millones de euros. Tras esa publicación, este diario logró que la Confederación del Duero desvelase también sus datos, publicados cuatro días después, el 16 de junio, y similares: 18 multas desde 2011 que suman 30.000 euros, a 1.650 euros por multa. En total, las dos confederaciones impusieron desde 2011 42 multas por un total de 78.000 euros, a menos de 2.000 euros por sanción.

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La Xunta repartió 4 millones en ayudas a ayuntamientos en sólo 12 minutos y la oposición sospecha que fueron a los del PP

El viernes 4 de mayo la Xunta anunció en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de una línea de ayudas de 4,3 millones de euros para obras de mejora de infraestructuras y equipamientos municipales. El criterio de reparto era que las recibirían los primeros que las solicitasen a partir del día siguiente. Unos días más tarde el propio Gobierno gallego indicó que a las doce de la noche y doce minutos, esto es, a las 0:12 horas del sábado 5 de mayo, ya se habían agotado las ayudas disponibles. En Marea y PSdeG sospechan que la convocatoria fue preparada por la Xunta para que los fondos acabasen en ayuntamientos del PP.

La convocatoria de ayudas, realizada por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y firmada por la propia conselleira, Beatriz Mato, en el DOG del viernes 4 de mayo, establecía que “las solicitudes de subvención serán atendidas respetando su orden de entrada y sin comparación con otras solicitudes, hasta el agotamiento del crédito disponible”. Allí también se indicaba que las solicitudes sólo podían presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta con un plazo que comenzaría a contar “a partir del día siguiente al de la publicación” de esa misma convocatoria, esto es, de las cero horas del sábado día 5 de julio.

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Feijóo se hace de rogar e insinúa que no revelará a quién apoya mientras el PP gallego evidencia sus fisuras

En su habitual estrategia de presentarse a sí mismo como ganador tras cualquier tipo de lucha política interna o externa, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, lleva toda la campaña por la presidencia estatal del partido evitando que sus palabras lo sitúen en el bando perdedor. Y así lo ha seguido haciendo este jueves, a un día de que comience el congreso en el que los compromisarios elegirán en urna entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado. Por no posicionarse, Feijóo no ha sido capaz de decir este jueves ni si va a hacer público o no antes de la votación a cuál de los dos candidatos apoya, limitándose a insinuar que no lo hará pero sin mostrar ningún disgusto por ser el foco de atención de todo su partido hasta el mismo momento en que se cierren las urnas. “No voy a convocar ningún acto público” ha sido su declaración más clara.

Detrás de esa decisión de Feijóo de no verbalizar su preferencia personal se situaría, según fuentes del partido, la  ola de anuncios realizados en la tarde de este miércoles por numerosos cargos del PP gallego en redes sociales que han vuelto a evidenciar que la supuesta unidad en la formación no es tal, especialmente en Ourense y Lugo. Varios de esos dirigentes hablaron con Feijóo y le comunicaron sus preferencias y, ante la postura críptica de éste último sobre si haría o no pública su elección, optaron por irlo haciendo ellos, provocando a su vez posicionamientos de otros muchos cargos intermedios. La mayoría, entre ellos algunos de los más próximos a Feijóo, como el vicepresidente de la Xunta y del PP pontevedrés, Alfonso Rueda, el último de los más relevantes en hacerlo este mismo jueves, se decantó por Casado, como también hicieron el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, o la viceportavoz en el Parlamento de Galicia, Paula Prado.

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El maquinista que alertó del riesgo de Angrois asegura que avisó a quien debía en Renfe y lamenta que no le hiciesen caso

En diciembre de 2011, un año y siete meses antes del accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos y 144 heridos, y a los pocos días de inaugurarse la línea de AVE Ourense-Santiago, un maquinista jefe de Renfe, José Ramón Iglesias Mazaira, señaló por escrito a un superior el riesgo que existía de un descarrilamiento por exceso de velocidad en la curva de Angrois si un conductor se despistaba y no frenaba a tiempo, ya que allí no había ningún sistema de seguridad de respaldo.  Esa alerta llegó a por lo menos diez técnicos y cargos de Renfe pero la situación siguió igual hasta que el 24 de julio de 2013 el maquinista Francisco José Garzón se despistó y descarriló provocando 80 muertos y 144 heridos. Este martes el autor de aquella alerta, Iglesias Mazaira, compareció en la comisión de investigación política creada en el Congreso de los Diputados y lamentó, a preguntas de En Marea, que Renfe lo acusase de no tramitar de manera adecuada su alerta.

Iglesias Mazaira dijo, a preguntas de los grupos parlamentarios, que, ante la ausencia de referencias en la vía sobre dónde comenzar a frenar o de sistemas de seguridad que lo hiciesen ante un despiste del maquinista, "lo que pedía era que algo en la vía recordara al maquinista que tenía que frenar". Según dijo, lo hizo porque "pensaba en el factor humano", en la posibilidad de un error de un maquinista, más allá de que se cumpliese la normativa, como vienen argumentando Adif y Renfe, que limitaba la información sobre la velocidad que se debía mantener en cada tramo de la línea a lo que se indicaba en el denominado libro horario, la documentación que llevan los maquinistas en la cabina.

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La Xunta solo publica sus acuerdos con empresas si alguien lo pide pese a tener la obligación de divulgarlos todos

Transparencia sólo bajo demanda. Esa es la línea de actuación de la Xunta desde finales del pasado año, fecha desde la que el Gobierno gallego no ha vuelto a hacer público por iniciativa propia, como le exige su propia ley autonómica de Transparencia, ninguno de los cientos de acuerdos que firma cada mes con otras administraciones, empresas o asociaciones. En lo que va de año la web del registro público de convenios, en la que deben aparecer todos esos acuerdos que firma de manera cotidiana, sólo muestra dos, y los dos han sido allí colgados sólo después de que los solicitase Praza.gal a través de sendas peticiones expresas de transparencia.

En 2016, por ejemplo, la Xunta firmó un total de 1.632 convenios con todo tipo de entidades, buena parte de ellos con un coste económico o unos deberes determinados para la Administración gallega. En 2006 el entonces gobierno autonómico bipartito de PSdeG y BNG estableció que a través de una página web cualquier ciudadano pudiera conocer el concepto y el importe de cada acuerdo, pero para acceder a cada texto íntegro había que solicitarlo de manera expresa. En 2016 el PP aprobó una nueva lei de Transparencia autonómica que estableció que ese registro de convenios debe hacer público el texto íntegro de todos los acuerdos y la memoria económica que los justifica. Pero la aplicación de ese precepto está acumulando importantes demoras.

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