“Lo habíamos dicho, que íbamos a plantear un plan de alivio fiscal vivo, dinámico y adaptable a cada uno de los tiempos. Y comenzamos, en primer lugar, con una bonificación del 99% del impuesto de donaciones y sucesiones, como ya habíamos anunciado”. Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), expuso una de las medidas tomadas este 17 de julio en el primer Consejo del nuevo Ejecutivo, que implica eliminar los impuestos a las grandes herencias.

Se trata de un impuesto que recuperó el anterior Ejecutivo, que desde 2021 y hasta este año solo ha bonificado al 99,9% de la tasa a las donaciones y sucesiones que no superaran los 300.000 euros. Por ejemplo, una herencia de 1 millón de euros quedaba casi exenta de pagar el impuesto los 300.000 euros que le impondría la normativa. De manera progresiva, se seguía bonificando cada 50.000 euros, pero restando un 10%, es decir, si la tasa a pagar al recibir una herencia es de 350.000 euros, se deducía el 90% y así sucesivamente hasta los 1,2 millones de euros. Si un usuario debía pagar 3 millones de euros de impuestos por una donación o una herencia, tenía que abonarlo en su totalidad, sin bonificaciones.

Con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno se vuelve a la misma política que se aplicó desde 2016 a 2020, cuando también presidía el Ejecutivo Fernando Clavijo. En aquel entonces, se defendió la rebaja fiscal sosteniendo que se quería paliar el número de herencias a las que se renunciaban en las islas. Sin embargo, tras dos años en vigor, los datos del Consejo General del Notariado desmontaron el argumento al mostrar que el número de renuncias de herencias de los isleños aumentaron.

La repercusión de destinar recursos públicos para que las grandes herencias no paguen el impuesto supone, en un año, unos 40 millones de euros menos, según fuentes del Ejecutivo anterior, que ha comparado las cifras de 2020, último año en vigor del impuesto de sucesiones y donaciones y 2021, cuando se aplicó la bonificación por tramos. Cómo recuperar esa pérdida es algo que no desveló Domínguez durante su comparecencia, que adelantó la aplicación de otra medida de rebaja fiscal prometida: “La reducción del impuesto al combustible en las Islas Verdes”. Una acción que demandan y refrendan los otros dos socios de gobierno: Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.

Con esta acción el nuevo Ejecutivo regional quiere que en La Palma, La Gomera y El Hierro no se pague ninguna tasa de carburantes ante el alto coste que supone. Esta medida fue rechazada en la pasada legislatura tras una propuesta de CC en julio de 2021. La Consejería de Hacienda que dirigía Román Rodríguez (Nueva Canarias,) que ahora está en manos de Domínguez, concluyó -tras encargar un informe a expertos- que eliminar los impuestos a los combustibles no contribuía a aliviar el bolsillo de los consumidores. En concreto, detectaba que el principal problema en este ámbito era la escasa competencia empresarial existente y, al quitar el impuesto, según el documento, propiciaba mayores beneficios a los operadores.

Sobre la bajada de del 7 al 5% del IGIC, que cierra el trío de propuestas de rebajas fiscales recogidas en el programa firmado entre CC y PP, el vicepresidente del Ejecutivo prometió que se aplicará el próximo año con el presupuesto autonómico. Sin embargo, Domínguez reconoció que durante la reunión del Consejo descubrió que para 2024 “el Gobierno central va a congelar las reglas de gasto”, lo que implica que no se podrá llevar a cabo endeudamiento ni usar los remanentes de tesorería“. ”Esa información no la teníamos“, dijo, y ”coarta mucho“.

En este sentido, Domínguez recordó la aplicación de la regla de gasto estará condicionada por quien gane tras las elecciones generales del 23 de julio y, de forma paralela, de lo que decida la Unión Europea, ya que podría permitir mayor flexibilidad de gasto en función a las cuentas que se le presenten. “Indistintamente de esta situación, el Gobierno de Canarias quiere devolver a todos los canarios su esfuerzo, un esfuerzo muy grande durante todo este tiempo, porque hemos visto como se ha recaudado más que nunca y vamos a intentar encajar esas cuentas más allá de las decisiones que se tomen en el ámbito nacional y el europeo”.

El verano de 2022 ha confirmado algo que ya sabíamos de forma intuitiva: cuando aprieta el calor, las ciudades se convierten en hornos, mientras que en el campo, a unos pocos kilómetros, la temperatura es algo más baja. ¿Por qué hace más calor en una gran ciudad que en el campo? La respuesta es un fenómeno denominado isla de calor urbana. La suma de varios elementos en la estructura y los materiales en una ciudad hace que el calor no se escape.

Las islas de calor urbanas se caracterizan por una temperatura mayor por la noche que las zonas rurales circundantes, algo que se puede medir sobre todo en invierno. La temperatura media anual en una ciudad de más de un millón de habitantes está entre 1 y 3°C más alta que su entorno, y por la noche, la diferencia con la periferia puede llegar a los 12 °C.

La causa principal de las islas de calor son las estructuras como edificios, calles y carreteras, que presentan una mayor superficie a los rayos del sol, y por ejemplo, en el caso del asfalto y los tejados, son oscuros, por tanto, absorben más calor del sol. Pero además, estas estructuras también son densas y liberan calor más lentamente, lo que hace que el calor se mantenga por la noche. A esto se suma el calor generado por el tráfico, los edificios y la industria.

Por ejemplo, Lagos, la capital de Nigeria, con 21 millones de personas, es una de las mayores megaciudades del mundo y una de las más densamente pobladas. El cambio climático amenaza la vida en la ciudad con olas de calor y problemas en el suministro de agua. Pero además, la propia ciudad de Lagos está contribuyendo al calentamiento global porque es una de las mayores islas de calor urbanas del planeta. 

En los paisajes naturales ocurre al revés, ya que los bosques hacen que el suelo absorba menos calor, y las masas de agua como lagos y ríos liberan calor rápidamente y contribuyen a refrescar el aire por la noche. Esto nos da la pista de qué hacer para evitar que nuestras ciudades se conviertan en hornos.

Así te asa tu ciudad  

En una isla de calor urbana hay varios factores que contribuyen a calentar el aire y elevar la temperatura media:

Las consecuencias de las islas de calor son muy graves para el planeta, pero también para la salud y el bolsillo de las personas. Una temperatura 3ºC por encima de lo normal obliga a un consumo mucho mayor de energía para refrigerar casas y edificios públicos con aire acondicionado, y un aumento de la contaminación. Las altas temperaturas producen malestar general, agotamiento, pérdidas de horas de trabajo e incluso muertes por golpes de calor.  

Pero además, el calor de la ciudad también afecta al entorno natural cercano. Las aguas recalentadas de las ciudades vierten en los ríos, aumentando su temperatura y destruyendo sus ecosistemas.

Qué debería estar haciendo tu ayuntamiento

La planificación urbana es una herramienta fundamental para evitar el efecto de isla de calor. Poco pueden hacer los ciudadanos, más allá de aprovechar subvenciones y mejorar los edificios de su comunidad. La responsabilidad, y la mayor capacidad de actuación, la tienen los gobiernos municipales.  

¿Quién paga todas estas inversiones? La respuesta lógica es que deben pagar quienes más calientan y contaminan. Los impuestos verdes que gravan las emisiones de CO2 pueden reinvertirse en hacer las ciudades menos contaminantes y más frescas. Si tu ayuntamiento no está haciendo nada de esto, quizá sea el momento de demandar que lo haga.

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Los trámites para implantar una obligación de servicio público en la línea marítima entre La Gomera, La Palma y El Hierro “no constan”, afirmó el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana, quien dijo que el anterior Ejecutivo regional “no hizo los deberes”.

El viceconsejero ofreció esta explicación ante la comisión parlamentaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en la que el diputado del grupo Popular Juan Manuel García, que se interesó por la tramitación de este asunto, se mostró “sorprendido” por el anuncio de que no se haya iniciado ningún tipo de expediente.

El parlamentario popular recordó que el 13 de febrero de 2019 se celebró una reunión en la sede del Cabildo de El Hierro entre su presidenta, Belén Allende, y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, en ese entonces, en la que éste presentó un informe que avalaba la creación de la citada OSP y se indicó que previsiblemente se pondría en marcha en mayo o junio.

El viceconsejero Gustavo Santana argumentó que hay que pasar del debate a la acción porque el citado “impulso” no se ha visto plasmado ante la Dirección General de Transporte con un expediente que diese cobertura legal a la declaración de la OSP.

“En el servicio de Transporte Marítimo no consta que esos trámites se hayan llevado a cabo, y son el paso previo para incluirlos en el decreto de régimen de transporte regular con necesidades básicas”, señaló Gustavo Santana, quien reiteró que la línea El Hierro-La Palma-La Gomera no figuran como comunicaciones marítimas incluidas en esta posibilidad.

Este es el paso en el que se encuentra el nuevo Gobierno de Canarias, que ha sacado además una autorización provisional para la OSP El Hierro-Los Cristianos hasta el 30 de junio de 2020 con fondos propios porque hasta agosto de este año tampoco se había iniciado el procedimiento correspondiente, dijo Santana.

Subrayó que “los deberes no estaban hechos” y los trámites “de esta magnitud” llevan tiempo, aunque en su opinión es factible la posibilidad de una OSP en las citadas islas porque cabe en el reglamento de transporte de la UE de 1992.

El diputado popular Juan Manuel García expuso al respecto que la isla de El Hierro no está en condiciones de igualdad con el resto de canarios en materia de transportes y señaló que la línea marítima con La Palma y La Gomera “es una vieja reclamación” en la que está “claro” que la ruta no es rentable pero que podría hacerse con un ferry que finalizase el trayecto en Tenerife.

Manuel Martínez, del grupo Socialista, señaló que esta línea es de vital importancia y subrayó que la única manera de crear región es tener conexiones marítimas y áreas en el archipiélago, por lo que pidió al viceconsejero que realice las medidas necesarias con la mayor urgencia posible para permitir el desarrollo de las islas más alejadas.

Por el grupo Nacionalista Canario el diputado Narvay Quintero sostuvo que esta línea es primordial por los lazos históricos entre las tres islas citadas y opinó que la UE “no ve con malos ojos” que se declare una OSP en el transporte marítimo, que incluso ayudaría al comercio agrícola directamente entre estos puertos y por lo tanto, ayudaría a abaratar la cesta de la compra.

Luis Campos, de Nueva Canarias, también se mostró sorprendido por la falta de estudios al respecto, lo que atribuyó a la poca solvencia o al desconocimiento del anterior equipo de la Consejería, y dijo que su grupo la OSP es necesaria para alejar “la visión metropolitana” de que el transporte hacia las citadas islas debe pasar por Tenerife.

Por el grupo Sí Podemos Manuel Marrero recordó que la OSP suple carencias en conectividad donde los transportes no son rentables y por lo tanto, la operación debe ser suplida por las administraciones públicas, y encomendó a la Consejería que finalice los estudios necesarios “cuanto antes” porque es un asunto urgente.

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, precisó que los puertos en las citadas islas con “las puertas de entrada a nuestras casas” y pese a ello, las conexiones en El Hierro son escasas, al tiempo que mencionó que a él le lleva más tiempo viajar de Valle Gran Rey (La Gomera) a Santa Cruz de Tenerife a un turista alemán llegar a Canarias.

La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, coincidió en que hay que pasar a la acción con las propuestas que aprueba el Parlamento autonómico porque “de nada sirve” aprobar una iniciativa si luego no se lleva a la práctica y, añadió, en relación con este asunto “es obvio que hay un déficit de conectividad”. 

La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González solicitará este miércoles en el pleno que el Gobierno realice un estudio sobre los motivos del aumento del coste del combustible en las islas verdes.

En un comunicado, la portavoz del grupo nacionalista progresista resalta que el proyecto de ley de los presupuestos para 2020 contempla, “por primera vez tras dos legislaturas”, ayudas al transporte de los carburantes para La Palma, La Gomera y El Hierro, dotada de un millón y medio de euros.

La portavoz del grupo nacionalista progresista considera que esta partida puede dotarse adecuadamente en función de las conclusiones de un estudio y, en base a ellas, adoptar las medidas necesarias para paliar “el sobrecoste” del mismo, como “la posibilidad de adecuar a la realidad la partida presupuestaria”.

Además, González considera que “el sobrecoste no sólo es consecuencia del transporte”, puesto que “pueden existir otros motivos añadidos, como el incremento del beneficio empresarial donde el número de empresas de venta de los carburantes es pequeño”.

La iniciativa de la parlamentaria de NC se concreta en una enmienda de sustitución a la proposición no de ley de CC para bonificar el 99,9% de la cuota tributaria del impuesto especial canario sobre los combustibles derivados del petróleo en las tres islas occidentales.

González estima que los argumentos justificativos dados por CC para suprimir este tributo local “no se sostienen”. La portavoz nacionalista explicó que los presupuestos canarios para el próximo año incluyen una partida de 1,5 millones de euros para ayudas al transporte de los carburantes en las mencionadas islas para hacer “efectivo y real” el principio de solidaridad y el reconocimiento de la doble insularidad, como hecho diferencial recogido en el Estatuto de Autonomía.

A juicio de la portavoz de NC, “hay un segundo argumento que invalida” la medida del grupo de la oposición“:  suprimir el citado tributo afecta a la regla de gasto de la ley estatal de estabilidad presupuestaría, además de restar unos 20 millones de euros de ingresos. ”La norma impide gastar esa misma cantidad que se deja de recaudar“.

El Parlamento de Canarias ha cerrado este miércoles la IX Legislatura con la aprobación, con los votos a favor de CC, PP y ASG, de la modificación de la 'ley de islas verdes', que amplía el uso turístico en suelo rústico, si bien finalmente impide la construcción de complejos de hasta 200 habitaciones de nueva planta.

La diputada del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha comentado que la modificación de la ley de islas verdes “nació con fórceps” y se ha convertido “en el Usain Bolt” de las proposiciones de ley, “con solo una hora y media de debate en ponencia”, frente a las más de 100 de la ley de servicios sociales.

Ha tildado de “embrollo” el debate y aprobación de esta ley, criticando que puedan “surgir de la nada” casas y hoteles rurales en suelos rústicos y de protección agraria, como proponen CC, PP y ASG, y se ha preguntado “quien velará” porque el uso finalmente no sea turístico sino residencial.

Alemán ha criticado “las prisas” y la necesidad para modificar la ley, y advertido de que podría ser rechaza por el Constitucional.

Por Podemos, Manuel Marrero ha apuntado que no entiende “las urgencias” por modificar la ley, que además “es una nueva ley”, al tiempo que ha acusado al “pacto de la concretera” de convertir las islas verdes “en islas grises”.

Ha dicho que “casi no hay trabas” a la construcción en el suelo rústico cuando se debería potenciar la agricultura y la ganadería, acompañado del desarrollo de servicios para que la gente “viva ahí en condiciones de dignidad”.

En su opinión, la ley “obedece a intereses especulativos” y trata de reproducir el modelo de construcción turístico en la costa en las zonas de medianías. “Si hay vicios de inconstitucionalidad, la llevaremos a los tribunales”, ha avisado.

“PRUEBEN A VIVIR UN MES”, AFIRMA JESÚS RAMOS (ASG)

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha criticado la cuarta modificación de la ley en esta Legislatura y el “rodillo” de CC-PP-ASG, si bien ha valorado que se haya evitado la construcción de alojamientos de hasta 200 camas de nueva planta.

Ha comentado que “se pierde credibilidad y seguridad jurídica” con esta ley, que es “un atajo”, lamentando que se haya optado por el modelo de proposición de ley, “que coarta” el debate necesario de todos los implicados, por ejemplo, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha pedido a los diputados que “prueben a vivir un mes” en las islas verdes para comprobar las deficiencias que presentan, pues “no hay desarrollismo”, ya que pierden población cada año que pasa.

“No puedo entender un voto en contra de los diputados que viven en El Hierro, La Gomera y La Palma. No me cabe en la cabeza”, ha apuntado, reinvidicando también que la nueva ley “tiene límites” y solo abre la puerta a un desarrollo económico sostenible.

Lorena Hernández, del Grupo Popular, ha admitido que la tramitación de la ley se ha hecho “a trompicones” y con poco tiempo, peor ve necesaria la nueva ley porque no ha habido ni un solo proyecto de inversión en cuatro años.

Ha dicho que en las islas verdes “no hay futuro” debido a la falta de políticas económicas reales, defendiendo que se acometa un desarrollo turístico que “salvaguarde” el paisaje y la esencia del territorio.

“A VER SI HAY UNA SALIDA”, DESTACA CASTRO

En su opinión, la nueva ley está avalada por el Consejo Consultivo y el Tribunal Constitucional, y espera que funcione y “no se demonice” antes de su puesta en marcha. “Conozcan a nuestras islas y salgan de la falacia de los grandes hoteles en suelo rústico”, ha espetado a los diputados de la oposición.

Antonio Castro, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que esta ley pretende corregir “desagravios y abandonos” con las islas verdes, y se debe a la “incapacidad” de muchas administraciones para aplicar la ley de 2002.

Ha dicho que el principal objetivo es cultivar suelo rústico abandonado y “poner orden”, incidiendo en que “hay que estar allí” para ver cómo se abandonan los terrenos. “Hoy es un día grande para estas islas”, ha apuntado.

Castro ha valorado que la ley es de aplicación directa y da la potestad a cabildos y ayuntamientos, remarcando el “gran trabajo” realizado en la ponencia parlamentaria. “Esta ley no es el final, sino a ver si hay una salida para estas islas”, ha agregado.

El Gobierno de Canarias ha apostado por impulsar una ruta marítima que una las llamadas islas verdes --La Palma, La Gomera y El Hierro--, según ha informado el Ejecutivo regional.

En este sentido, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, y el consultor de Transporte, Germán Blanco, presentaron este miércoles hoy un informe que justifica la necesidad de implantar una línea marítima de Obligación de Servicio Público (OSP) que una las tres islas.

“Las llamadas islas verdes, que conforman el vértice occidental del Archipiélago canario, requieren que se refuerce su conectividad poniendo en marcha una ruta marítima de OPS entre ellas en pro del desarrollo de Canarias”, dijo Rodríguez

Además, entendió que no se puede permitir que se condicione las opciones de movilidad de los canarios que residen en estas islas occidentales, ni el potencial desarrollo de la economía insular. “Se debe garantizar el equilibrio territorial y para ello --continuó-- proponemos un nuevo esquema de conectividad”.

DESARROLLO ARMÓNICO DE TODA LA REGIÓN

Comentó de igual modo que el objetivo es conseguir un desarrollo armónico de toda la región y agregó que “la consolidación de una estrategia de movilidad regional defendida por el Eje Transinsular de Infraestructuras y Transportes hace necesario actuar sobre algunos territorios, como las islas verdes”.

La línea marítima propuesta enlazaría los puertos de Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y La Estaca, facilitando la conexión directa entre ellos, que actualmente están atendidos a través de escalas intermedias.

Además, el horario propuesto establece una salida diaria a primera hora de la mañana desde El Hierro con destino a La Palma, para a continuación retornar a El Hierro, partiendo seguidamente hacia La Gomera para regresar de nuevo a El Hierro a media tarde.

ALLENDE MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Por su parte, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, mostró su satisfacción por el avance que supone contar con el estudio de viabilidad de una nueva ruta marítima de OSP que unirá al triángulo de las llamadas 'Islas Verdes'.

“Cristalizamos hoy una promesa. Creemos la oferta, que El Hierro se encargará de generar la demanda. Esta ha sido nuestra insistencia, con el único objetivo de lograr que todos los canarios partan con las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Hoy estamos hablando de tener dos OSP marítimas que nos van a comunicar no solo con Tenerife, con la que hemos duplicado las cifras de pasajeros desde 2011, sino con las islas de La Palma y La Gomera, creando lo que hemos venido a llamar el triángulo de las islas verdes”, aseveró.

El informe hace referencia a otras regiones, como Escocia y Azores, en los que se ha instaurado líneas marítimas en similares circunstancias con contrato de servicio público, involucrándose la administración entendiendo que es su obligación garantizar unos adecuados estándares de movilidad a los ciudadanos de zonas periféricas, que tiene derecho a alcanzar un desarrollo económico-social digno y equiparable al que disfrutan el resto de sus conciudadanos.

De esta manera, el estudio reconoce que las propias condiciones de las islas afectadas hacen imposible la consolidación de la nueva línea que se demanda si no es bajo el amparo del sector público mediante la declaración de Obligación de Servicio Público.

Finalmente, el Ejecutivo canario ha explicado que ahora remitirá el informe a la Dirección General de la Marina Mercante dependiente del Ministerio de Fomento.

El Consejo Consultivo no da su visto bueno a varios puntos de la nueva Ley de Islas Verdes que promueve con prisas Coalición Canaria. Este órgano resume en un dictamen fechado este 16 de enero que, aunque “la norma resulta conforme a los parámetros constitucionales”, sí que hay que respetar la categoría de suelo rústico. 

La posición del Consultivo, adelantada este lunes por Canarias 7, refleja su desacuerdo con varios artículos de esta proposición de ley. El dictamen hace hincapié en uno de los más controvertidos, el referente a los establecimientos de alquiler turísitico. Recuerda que las viviendas vacacionales deben estar sujetas a la normativa que las regule y que debe cumplir con las condiciones establecidas para cada categoría o clase de suelo.

Tal y como está redactada la norma que se pretende impulsar, en el artículo 6, se resalta que “podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la clasificación o calificación del suelo”. Es decir, en suelo rústico podría darse esta actividad. El borrador de esta norma establece así mismo como “uso ordinario de suelo rústico” los alojamientos de hasta 200 camas, que además son considerados como hoteles de mediana dimensión. 

En este sentido, el Consultivo insiste en que “los usos impropios del suelo rústico están condicionados siempre a la utilización racional de los recursos naturales”. Por ello, señala que la norma se debe completar “en coherencia con la legislación básica estatal, para no infringir el bloque de constitucionalidad”.

Así mismo, sobre el cambio en el número de camas añade que “es preciso que el uso turístico de que se trate sea un uso complementario que guarde la debida proporcionalidad con el uso agrario, para no desvirtuar la categoría del suelo”.

El documento subraya que el texto de esta proposición de ley dificulta la comprensión de la norma, por lo que “se compromete la efectividad del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE”. De forma constante recalca que se debe tener en consideración la legislación en materia ambiental. El Consultivo aprecia además que la solicitud del dictamen ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, algo que estima que no está justificado.

Esta proposición de ley, de la que la oposición excepto PP y ASG se han mostrado muy críticas pretende derogar la ley de islas verdes de 2016, que fue el precedente de la que se aprobaría al año siguiente, la Ley del Suelo. Se trata de dos normas proclamadas a bombo y platillo por el Gobierno de Canarias con las que sí ha mostrado predisposición de agilizar desde el principio.

La tramitación de urgencia de esta PPL entró en el último pleno del Parlamento de 2018 con prisas y a pesar de que a poco más de cuatro meses de las elecciones, la Cámara Regional continúa con 13 proyectos de ley en tramitación y 17 proposiciones de ley.

Coalición Canaria pretende que una nueva ley autonómica liberalice más el suelo en La Palma, La Gomera y El Hierro. La conocida como Ley de Islas Verdes actual quedaría derogada y se sustituiría por una nueva norma que permita, entre otras actividades, el alquiler vacacional en todas las zonas, independientemente de la calificación del suelo. Se trata de una norma que despierta dudas jurídicas y que abre la puerta al desarrollismo en estas islas al acortar los límites.

El Parlamento de Canarias ha acordado este jueves en el último pleno del año que se tramite esta norma, apoyada también por ASG y PP y que ha despertado duras críticas por parte de Podemos, Nueva Canarias y PSOE. Antonio Castro (CC) justificó su necesidad en que todas las islas se han desarrollado en los últimos años excepto La Palma, La Gomera y El Hierro y en que el principal motor económico de las islas, el turismo, avanza a dos velocidades, por lo que considera que es necesario generar expectativas de crecimiento en estas islas.

Hace dos años que se aprobó la conocida como Ley de Islas Verdes en Canarias, antes de la polémica Ley del Suelo, y ya es la tercera modificación que se realiza. Además, la Justicia declaró inconstitucional una disposición adicional de esta Ley, que consideraba de interés insular once proyectos anulados por el Tribunal Supremo en 2015. Con la norma, estas tres islas apenas han experimentado cambios, pero según ha recordado la oposición, esto no es motivo suficiente para tratar de poner solución desde el Parlamento, que no debería suprimir los límites establecidos para las actividades que se realizan en suelo rústico ya que, según Román Rodríguez, existen dudas de que esta Cámara sea competente para ello. El diputado de Podemos, Manuel Marrero, además, ha reprochado que esta ley se tramite por la vía de urgencia, lo que restringe la capacidad de los diputados de participar en plenitud en el procedimiento legislativo y que además la ciudadanía no pueda hacer aportaciones.

Uno de los puntos más llamativos de la nueva ley es que prohíbe que los instrumentos de ordenación puedan imponer limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico. Esto, incluiría los planes insulares, territoriales, turísticos, municipales, así como planes y normas de Espacios Naturales Protegidos y planes rectores. Precisamente, se trata de uno de los apartados que criticó el presidente de Nueva Canarias en el pleno ya que, con ello, sostiene que CC solo pretende “seguir desregulando”, un punto en el que coincide Podemos. 

Otro de los artículos que genera controversia de esta proposición de ley es el número 19, donde se establece que tienen consideración de “uso ordinario del suelo rústico” las actividades y construcciones turísticas calificadas como ordinarios en la ley del suelo y en los artículos 15 y 16 de esta norma. En ellos se hace referencia a establecimientos alojativos de 40 plazas, en el caso de los pequeños, y hasta 200 en el caso de los medianos. Establecimientos que solo requieren de licencia municipal y comunicación previa al inicio de la actividad. 

La nueva norma pretende apoyarse en la Directiva de Servicios europea, por lo que expertos consultados consideran que, con ello, es posible saltarse la normativa ambiental y la regulación sobre el régimen de propiedad del suelo rural. Esta situación abre así la puerta a la liberalización de la actividad turística, generando efectos en el territorio. 

La diputada del PSOE Nayra Alemán estima que no se puede decir por tanto que el Gobierno de Canarias está luchando contra el cambio climático al mismo tiempo que presenta esta norma y reprochó que, por ejemplo, aún no se haya sacado adelante la oficina de información jurídica necesaria para la aplicación de la Ley del Suelo.

En el pleno de este jueves Manuel Marrero además lamentó que precisamente sea esta ley junto a la del suelo aquellas en las que CC pone más empeño en sacar, olvidándose de otras como la Ley de Servicios Sociales. “Primero las obras, convertir las islas en un inmenso solar para la especulación y, en última instancia, los intereses generales de la mayoría social”, destacó el diputado de la formación morada. 

El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Pedro Afonso, ha explicado que la modificación de la Ley 6/2002, la conocida Ley de las Islas Verdes, “nos hará más competitivos porque es clave para el futuro inmediato de La Palma”.

El responsable autonómico destaca que con esta normativa se persigue activar la economía de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro a través de un modelo turístico adaptado a su territorio, de modo que puedan avanzar y se consiga frenar la emigración de sus habitantes, generando empleo a través del turismo, con el doble objetivo de preservar el medio rural y activar la economía.

El director general afirma que con el objetivo de que se conozca bien la modificación de esta ley que se inscribe en la nueva Ley del Suelo, la Consejería de Política Territorial que dirige Nieves Lady Barreto ha organizado un curso formativo que dará comienzo este jueves 5 de octubre en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, a las 16.00 horas.

Así todos aquellos profesionales liberales, técnicos de las administraciones locales, empresarios y trabajadores del sector turístico podrán asistir a este curso que dirigirá e impartirá el doctor en Derecho y abogado en excedencia del Estado Martín Orozco junto a los arquitectos Ángel Caro y Justo Fernández.

“Es fundamental que la sociedad conozca que a través de este marco legal estas islas puedan avanzar y generar empleo”, apunta el responsable autonómico.

Asimismo, recuerda que la modificación de la anterior norma ahora Ley 2/2016 “tiene los mismos principios, pero con una flexibilización y actualización de los instrumentos técnicos acorde con los principios de la nueva Ley del Suelo”.

En esa línea, estas jornadas formativas pretenden profundizar en este “subsistema normativo” dentro del sistema de ordenación territorial canario, incidiendo en las principales novedades que conlleva respecto a la regulación precedente y analizando su compatibilidad con la legislación básica interna y comunitaria europea en materia territorial y ambiental, con el objetivo final de que su aplicación sea un éxito.

Posteriormente, el 16 de noviembre, se trasladarán a La Gomera, donde se celebrará la misma jornada en el Salón de Plenos del Cabildo Insular, de 11.00 a 15.00 horas. Y llegarán a El Hierro el 17 de noviembre, concretamente, al Centro Cultural El Mocanal, donde 10.00 a 14.00 horas volverán a impartir este curso formativo.

Si hace un año los entonces socios del Pacto de Gobierno (CC y PSOE) colaron la no nata Ley del Suelo en la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) en tres enmiendas que daban todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se consideraba que los proyectos son de trascendencia insular, este jueves los nuevos sostenedores del Ejecutivo que preside el nacionalista Fernando Clavijo (PP y ASG) se han sumado a las modificaciones nacionalistas y socialistas por las que el texto legal de las islas verdes queda perfectamente acoplado a la Ley del Suelo que previsiblemente se apruebe en el mes de junio.

Así, y cerrando el círculo, la “ley especial con aplicación preferente”, como ha denominado a la Ley de las Islas Verdes el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ya tiene “reguladas” en la futura Ley del Suelo “cuestiones no contempladas” en su propio texto legislativo y que en septiembre no pudieron ser incluidas como modificaciones in voce.

De nada han servido las protestas de Podemos y Nueva Canarias (NC), pues incluso la formación morada requirió que el Consejo Consultivo emitiera un informe sobre estas enmiendas a las disposiciones finales del proyecto de Ley del Suelo que modifican sustancialmente no solo la referida a las Islas Verdes, sino también a las legislaciones de Patrimonio Histórico, Renovación y Modernización Turística y Puertos de Canarias sin que pasen por un período de exposición pública.

“Lo importante es que en La Palma, La Gomera y El Hierro sea posible la compatibilidad de los valores paisajísticos excepcionales con el uso turístico limitado en el entorno rural. Es urgente dar solución a la pérdida de población y al insuficiente desarrollo económico, a pesar de que estamos dentro de la política agraria comunitaria”, justificó Ruano al término de la ponencia.

Parque agrario

El consenso en la penúltima reunión de la ponencia lo protagonizó un acuerdo para prever que las directrices del suelo agrario “introduzcan la figura del Parque Agrario, pero como norma reglamentaria a criterio del Gobierno dentro de la regulación que haga sobre las dIrectrices”.

Según Ruano, esta nueva figura, distinta al Parque Rural, podría crear en aquellos sitios en los que sea posible la recuperación de los valores etnográficos y paisajísticos de ecosistemas agrarios actualmente abandonados.

A falta de una reunión para que se culmine el informe de la ponencia que deberá ser dictaminado en la Comisión, la polémica Ley del Suelo mantiene el disenso con el que se inició su tramitación parlamentaria.

Pese a las mejoras que todos los grupos insisten que se han introducido en el texto, también el bloque de la oposición al mismo (PSOE, Podemos y NC) afirman que las mismas son insuficientes.

Por tanto, la ley estrella del presidente Clavijo saldrá adelante como un Frankestein legal, toda vez que algunos de sus 408 artículos y 50 disposiciones saldrán adelante con 33 votos, algunos con 48 y pocos con el refrendo de los 60 diputados de la Cámara regional, todo lo contrario a los amplios consensos que cosecharon en su momento la Ley de Espacios Naturales de 1994, la de Ordenación del Territorio de 1999 y la Ley de Directrices de 2003, que quedarán derogadas.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra los artículos 3 y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 1/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, más conocida como Ley de las Islas Verdes.

Según informa el Ejecutivo regional, la propuesta de personación en este proceso se realiza para formular alegaciones en defensa de la constitucionalidad de los citados artículos y disposiciones adicionales.

En este sentido, el Gobierno añadió que lo que se pretende con esta Ley es conseguir un desarrollo sostenible en los términos ya culturalmente asumidos, un desarrollo económico y social duradero, compatible con la conservación de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que requiere disponer racionalmente de todas las potencialidades y propiciar una situación socioeconómica territorialmente equilibrada, tal y como señala en su exposición de motivos la Ley 2/2016.

Así, en este orden, y a partir del criterio general de que las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad de inducción del crecimiento económico y demográfico, se plantea la necesidad de buscar otros modelos turísticos alternativos que permitan el aprovechamiento de estas potencialidades y, entre ellas, el paisaje y el medio rural propio de estas islas o comarcas, incidiendo en el mercado turístico con otros productos, distintos a los ya tradicionales.

La propuesta va dirigida a que el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales.

En esta línea, el Ejecutivo insistió en que se inserta la propuesta de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, relativa a previsiones para La Palma, La Gomera y El Hierro que permitan “instaurar un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico” en estas islas, “mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario”.

No obstante, matizó que esta nueva concepción no supone construir un ordenamiento ajeno respecto del común o general en la materia, de tal modo que sus especialidades deben insertarse en los criterios básicos de la legislación del territorio recogidos en el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y ello tiene como consecuencia la conservación de sus principios esenciales.

Las especialidades que la Ley establece se dirigen pues, a posibilitar la utilización del suelo rústico con fines turísticos como elemento dinamizador económico y social.

Para ello, la Ley recoge que es posible exceptuar algunas reglas de la legislación general y específica otras varias con el fin de dar coherencia plena a esa finalidad, de tal modo que en atención a ello es la propia Ley la que, además de exceptuar el cumplimiento de determinados trámites, da cobertura expresa a la exigencia de situarse el proyecto alojativo necesariamente en suelo rústico.

Por los mismos motivos, los requisitos que se imponen en los diferentes tipos de proyectos alojativos, encaminados siempre a aquella finalidad dinamizadora procuran, en todo caso, la conservación del medio ambiente tal como está establecido en el ordenamiento general y buscan, en todo momento, la calidad en las actuaciones, imponiendo unas características mínimas tanto en las dimensiones espaciales como en la categoría de los alojamientos proyectados.

Estos modelos deberán establecer unos ritmos de crecimiento que permitan una adecuación pacífica de las estructuras económicas y productivas locales, capaz de hacerlas partícipes y protagonistas del proceso que se genere y muy especialmente de la adecuación profesional de la población a las nuevas necesidades.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó Podemos por entender que el Parlamento de Canarias vulneró los derechos a la participación política de sus diputados en la tramitación de la Ley Turística de Islas Verdes.

Los parlamentarios de Podemos entienden que se vulneró su derecho a la participación política como cargos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución: “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal”.

El recurso, presentado el pasado mes de septiembre, defiende que el Parlamento de Canarias, primero por medio de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y luego a través de la Mesa de la Cámara, excluyó a los diputados de este grupo.

La Comisión y la Mesa no calificaron las enmiendas parciales presentadas por Podemos al proyecto de ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Podemos sostiene que el Tribunal Constitucional ha afirmado en varias sentencias “que las mesas de los parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario”.

La admisión a trámite del recurso por parte de pleno del Constitucional no supone ninguna toma de postura sobre el fondo del asunto, sino meramente que será estudiado por el tribunal.

De momento el TC ha dado traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La reforma de la Ley de las denominadas islas verdes, impulsada por el Cabildo de La Palma, que modifica los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, es “un instrumento que facilita que podamos tomar determinaciones en el ámbito de la ordenación del territorio en nuestra isla y sacar adelante algunos proyectos, sin perder obviamente nuestra identidad ni nuestros valores culturales y medioambientales”, ha manifestado a La Palma Ahora el presidente de la Corporación insular, el socialista Anselmo Pestana. “Contrariamente a lo que se ha dicho, todos los procedimientos garantizan la evaluación ambiental, que va a seguir estando en manos del Gobierno de Canarias”, ha subrayado.

Pestana ha resaltado que “lo que pretendemos con esta Ley es que una isla como La Palma, que en los últimos 15 años ha incrementado su oferta turística en 120 o 130 plazas, pueda crecer”. “Estamos viviendo un buen momento turístico en la Isla, y después de esos 15 años en los que prácticamente no ha habido crecimiento, necesitamos dar un salto, diversificar nuestra economía aprovechando las oportunidades que nos da el momento histórico que estamos viviendo”, dice. “Algunas instalaciones hoteleras de La Palma están a tope, han generado muchísimo empleo en estos dos últimos años y eso está ayudando a la economía de la Isla; queremos seguir en esa senda sin perder nuestra identidad ni nuestros valores culturales y medioambientales, todo lo contrario de lo que se está diciendo”, ha resaltado. 

Pestana recuerda que las tres islas denominadas verdes “estando fuera de la moratoria turística, en la práctica, han tenido moratoria porque son las menos que han crecido en esa materia, a pesar de que a las otras se les impuso la moratoria, pero han contado con vías de escape como hoteles de cinco estrellas que han hecho crecer la oferta turística”. 

Considera “un error esa postura tan en contra de la Ley que han mantenido algunos, y tiene mucho que decir que todos los diputados de La Palma, La Gomera y El Hierro hayan aprobado la Ley, políticamente es un dato bastante relevante, porque todos votaron a favor; debemos confiar en el buen criterio que han tenido esos diputados”, ha recalcado. 

Ahora, explica Pestana, “está en manos del Cabildo hacer las cosas bien y con seriedad, e intentar sacar adelante algunos proyectos”. “Cuando se habla de crecimiento hotelero, hay que tener en cuenta que se planifica a largo plazo, y eso no quiere decir que al día siguiente de aprobarse la Ley esté construidos un número determinado de hoteles, sino que se prevé la posibilidad, conforme los mercados y los inversores lo permitan, de posibilitar ese crecimiento”. “Ese crecimiento no se va a hacer de golpe, porque los planeamientos se aprueban para tiempos que rondan los 20 años, y llevamos 15 sin el crecimiento que hubiésemos deseado y que nos hubiese permitido estar hoy en La Palma en otras condiciones económicas”, ha afirmado.

La polémica Ley de las Islas Verdes comenzó su vida parlamentaria el 19 de octubre de 2015, cuando el texto remitido por el Cabildo de La Palma fue publicado en el Boletín Oficial de la Cámara regional, aunque mediáticamente no salió a la opinión pública hasta el 20 de julio de 2016, cuando Canarias Ahora desveló que con una estratagema parlamentaria socialistas y nacionalistas aprovecharon su tramitación para colar los artículos más polémicos de la Ley del Suelo (del 124 al 132) antes de conocer el pronunciamiento del Consejo Consultivo sobre el mismo.

Según varios diputados socialistas consultados, ni una sola de esas modificaciones conjuntas presentadas el 15 de julio fue debatida en las reuniones internas del Grupo preparatorias de los plenos y en las que se aprueban las estrategias a seguir, afirmando que el portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera, “actuó por su cuenta y riesgo en este tema”.

Sin embargo, no sólo Lavandera conocía el sentido y contenido de las modificaciones, pues el ponente de la Ley, el palmero Manuel Marcos Pérez, las negoció con el nacionalista Antonio Castro.

Bien es cierto que por aquellas fechas la dirección regional no tenía una posición oficial sobre los aspectos más polémicos de la Ley del Suelo, y que Lavandera y Pérez pueden esgrimir que nunca vulneraron el parecer de la Ejecutiva. Pero no menos cierto es que en ningún momento plantearon el asunto ni en el Grupo Parlamentario ni en los órganos de dirección del partido.

Cronología

La Ley de las Islas Verdes se tomó en consideración en la sesión plenarias del 8 y 9 de marzo, el 4 de abril entró en el Parlamento el dictamen del Consejo Consultivo y el 15 de julio se presentaron las polémicas enmiendas, firmadas por Lavandera.

Durante ese tiempo, el Grupo se reunió el 24 de mayo, el 7 de junio y el 19 de julio y en ningún momento de esas citas los diputados discutieron o debatieron el contenido de unas enmiendas de las que no tuvieron conocimiento.

Y tampoco lo hicieron el 12 de septiembre, el día previo a la aprobación de la Ley, cuando ya se sabía la postura oficial de la Ejecutiva del PSOE desde el 8 de agosto, una posición refrendada el 3 de septiembre en contra de los proyectos insulares estratégicos y apostando por qué la evaluación ambiental la siga haciendo la Cotmac.

Por el contrario, tres de esas enmiendas (de las 13 que presentaron los grupos del Pacto) daban todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de “trascendencia insular”.

Había otra estratagema en el Pacto (también ignorada por los diputados socialistas), pero esa no salió adelante, y era la de aprobar por trámite de urgencia y sin debate en ponencia y comisión esa Ley el 20 de julio, durante la última sesión plenaria del período de sesiones antes del paréntesis estival.

El Pacto no lo logró porque tanto el portavoz y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, como la de Podemos en la tramitación de esta Ley, Asunción Delgado, se dieron cuenta de la misma maniobra publicada por Canarias Ahora, porque las enmiendas 9, 10 y 13 del Pacto “desvirtúan completamente” el sentido del texto impulsado por el Cabildo palmero que preside el socialista Anselmo Pestana.

Desvirtuar el sentido de la ley

Además, y como denunció Rodríguez, las modificaciones de CC y PSOE “desvirtúan el sentido de la Ley sin que exista un informe del Consejo Consultivo sobre las reformas que proponen, ya que el que este organismo remitió se refiere al objeto inicial, que es la modificación exclusivamente de los artículos 4 y 8”, por lo que exigió sin éxito que no se siguiera tramitando la norma hasta pedir un nuevo dictamen en base al texto enmendado por el Pacto y apoyado por los grupos Popular y Mixto.

La razón de ser de esta petición estaba justificada por el propio Pacto en una de las polémicas enmiendas, la primera de todas ellas, en la que incluso cambiaban el título de la Ley al admitir que “la modificación realizada es de mayor amplitud” y no quedaba constreñida a los artículos 4 y 8.

Por su parte, Podemos denunció que hubo un “abuso de poder” por parte de CC y PSOE al no admitir las enmiendas de la fuerza morada por tener el carácter de modificaciones “a la totalidad encubiertas” cuando el propio pacto había hecho lo propio con su primera modificación.

Planificación singular

De todo esto se enteraron la práctica totalidad de los diputados socialistas el mismo día 20 de julio, cuando lo publicó Canarias Ahora, incluido el hecho de que con las modificaciones introdujeron los llamados “instrumentos de planificación singular turística” para dar respuesta “agil y directamente legitimada” a la implantación turística de los equipamientos “de trascendencia insular o supralocal” con el fin de “adoptar medidas urgentes” dirigidas a la ejecución de lo planificado en materia turísticas “desde hace más de una década”.

De esta manera, se permite que los cabildos puedan clasificar directamente como apto cualquier suelo rústico, sin importar el planeamiento insular, si se decide que el proyecto presentado es de interés insular.

Además, la disposición transitoria creada por el Pacto (enmienda 12) permite que todos los proyectos turísticos de La Palma anulados por sentencia del Tribunal Supremo puedan ser declarados de interés insular y, por tanto, construidos sin trabas.

Ristra de hoteles y campos de golf

Según el texto que los diputados socialistas desconocían, (salvo Lavandera y el ponente, el palmero Manuel Marcos Pérez) “se declararán de interés insular” todas aquellos proyectos “publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de 10 de mayo de 2007”, es decir, actuaciones en La Cangrejera, Balcones de Mazo, Finca Amado, Los Dragos, Martín Luis, La Tahona, Vista Alegre,Las Hoyas, Puerto de Tazacorte, Tazacorte y Las Manchas. Asimismo, se da vía libre a “actuaciones estratégicas singulares” en Los Llanos, Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda y, en el apartado de “núcleos mixtos”, en Tazacorte, Puerto de Tazacorte, Mazo, San Antonio, Los Cancajos, Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Puntagorda.

En palabras del líder de NC, “declara de interés insular una ristra de 33 hoteles y 5 campos de golf que acabarán en los tribunales, pues fueron suspendidos por el Tribunal Supremo porque son contrarios a la legalidad”. El portavoz de CC, Antonio Castro, no niega ese aspecto, pero lo rebaja a que “no son tantos”, además de reconocer que “la filosofía” de la Ley del Suelo está incluída en la de las Islas Verdes.

Todos estos condicionantes llevaron el pasado martes a la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Corujo, y a los diputados Gustavo Matos y Gabriel Corujo (que discrepan públicamente con el resto de sus compañeros sobre el contenido de la Ley del Suelo) a ausentarse de la votación en la que el Parlamento aprobó finalmente la Ley Turística de las Islas verdes en los términos acordados por el Pacto, lo que puede conllevarles una sanción por parte del Grupo Socialista.

Asimismo, tras la aprobación y desvelarse cómo han evolucionado los hechos desde el 19 de octubre de 2015 al 13 de septiembre de este año, varios dirigentes del PSOE ha pedido una reunión de la Ejecutiva para analizar el proceder de Lavandera en todo el periplo parlamentario de esta polémica legislación.

Banderolas verdes, enseñas tricolores con siete estrellas verdes, eslóganes repetidos hasta la saciedad y un grupo de no más de 100 personas, entre ciudadanos anónimos y caras conocidas de la política en el lado de la izquierda, unos más jóvenes y otras entrados en años.

Ese era el paisaje dominante en la manifestación de este martes por la tarde en Santa Cruz, en la concentración de protesta que convocó desde las 18.00 en adelante la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, acto que se saldó en lo numérico con la presencia de no más de 100 manifestantes, todos ellos situados, por imperativo de las fuerzas de seguridad, en la confluencia entre las calles Castillo y Teobaldo Power, donde se ubica el Parlamento de Canarias.

A menos de 40 metros del acceso principal a la Cámara regional y solo algunos minutos antes de que llegara la mala noticia, no por inesperada, de la aprobación de la Ley Turística de las Islas Verdes, los convocados protestaban con mensajes lanzados al aire e impresos en tres grandes pancartas: “Canarias no es un solar”, “Canarias no se vende, sino que se defiende”…

En la concentración hubo caras conocidas, como la del consejero insular de Podemos Roberto Gil y la del catedrático en la Universidad de La Laguna Federico Aguilera. También acudieron algunos de los portavoces habituales de la mencionada plataforma, como son los casos de Ramón Afonso y Julián Ayala. Ayala se refirió a la ley luego aprobada como la norma “para destruir las islas verdes” en la provincia tinerfeña, que es, para partidos como Nueva Canarias, la avanzadilla perfecta de la otra que está por llegar: la Ley del Suelo.

Ramón Afonso, que actuó como portavoz del colectivo Canarias por un Territorio Sostenible, dejó claro que en la protesta había participación de toda la izquierda canaria, con Podemos-Sí Se Puede, Izquierda Unida, PSOE y Nueva Canarias, aunque la mayor densidad era sin duda de la primera de estas fuerzas.

Cuando se conoció la noticia inevitable de la aprobación de la Ley Turística de las Islas Verdes (se contaba con mayoría a favor en la Cámara), dominó el silencio de manera instantánea, aunque acto seguido la rabia pasó a conquistar el ambiente y los eslóganes elevaron el ruido popular en el centro urbano.

La noticia de que todo ya estaba hecho allí al lado, en la pomposamente llamada casa de la democracia, corrió como la pólvora y, por si alguien aún lo dudaba, dos diputados del grupo de Podemos, con Francisco Déniz a la cabeza, tuvieron la gentileza de dársela a conocer al grupo.

A partir de ese momento, tocaba mirar el camino a casa y pensar en que, como avanzó Ramón Afonso, la lucha ahora continuará a través de distintas sendas: la ya iniciada por Podemos ante el Constitucional, una cuestión de procedimiento o de forma; la del Tribunal Supremo, cuando la ley de hoy se publique en el BOC, y la de Bruselas y Estrasburgo, que son vías que este portavoz calificó de políticas. Esta estrategia, con bastante más detalle, se expondrá en rueda de prensa este viernes en un hotel de Santa Cruz.

No pudo ser ni se esperaba el milagro. Lo de esta tarde solo fue un acto de culto, una concentración testimonial quizá para coger fuerzas y seguir pensando en que las demandas de la plataforma en algún momento tendrán las respuestas que ellos más desean. Está por ver si así será, porque ya hoy se lo han vuelto a poner muy difícil. Con la Ley del Suelo tampoco cabe esperar algo diferente. Pero, como recoge el dicho, “mientras hay vida, hay esperanza…” Seguro que es lo que andan pensando camino a casa.

Como establecía el guión, solo Podemos y Nueva Canarias se han opuesto a la aprobación en el Parlamento de la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) de 2002 por entender que abren la puerta al “desarrollismo” al posibilitar que se reclasifique suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos urbanísticos son de “trascendencia insular”.

Esta posibilidad, que según la formación morada y el grupo que lidera Román Rodríguez es una realidad al incorporarse los artículos 124 a 132 de la futura Ley del Suelo, posibilita “construir una ristra de 33 hoteles y varios campos de golf que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo porque son contrarios a la legalidad”. Precisamente, los diputados socialistas Dolores Corujo (presidenta del grupo parlamentario), Gustavo Matos y Gabriel Corujo (cuya oposición a la Ley del Suelo es pública) se ausentaron en el momento de la votación para no sancionar este polémico texto.

Una Ley que nace, según Román Rodríguez, “con una debilidad jurídica manifiesta”, pues Podemos bloqueó la posibilidad de votar una enmienda in voce que buscaba subsanar el error de que no exista un “informe medioambiental ampliado” a la hora de aprobar un proyecto considerado de interés insular, lo que vulnera la legalidad vigente.

“Esta Ley es una sobredosis de la Ley del Suelo, es una contrarreforma legislativa para volver al pasado, al desarrollismo y desprotección del territorio que convierte a toda La Palma en potencialmente urbanizable”, aseguró desde el estrado el líder de NC.

“Quieren repetir los modelos de Las Américas en Tenerife, Playa del Inglés en Gran Canaria y el sur de Fuerteventura, porque quieren vender los bienes mas preciados de El Hierro, La Gomera y La Palma a los fondos de inversión”,afirmó por su parte la diputada Asunción Delgado para justificar su oposición a la legislación.

Bienvenidos al 'Salvaje Oeste'

Y es que para Podemos, “los cabildos podrán aprobar cualquier construcción en cualquier suelo.¡Bienvendos al Salvaje Oeste, señorías!”

Tanto Rodríguez como Delgado también denunciaron la fraudulenta tramitación de las enmiendas presentadas a la Ley (Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por no haber sido admitidas sus modificaciones a debate) y haber ejercido un “abuso de poder”. Por ello, NC defendió un voto particular (que fue rechazado) para que se aprobara la proposición de ley original, “presentada en el Parlamento por el Cabildo de La Palma y desvirtuada totalmente con posterioridad con las enmiendas de CC y PSOE que apoyaron el PP y el Mixto”.

Los argumentos de NC y Podemos no fueron suscritos por el resto de los grupos parlamentarios por entender que las islas verdes necesitan de una legislación que posibilite el desarrollo de un modelo turístico alternativo que impulse la economía de las islas occidentales.

Así, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, aseguró que “a partir de ahora La Gomera, El Hierro y La Palma tendrán más posibilidades para crear empleo y riqueza”, criticando que “15 diputados que no son de esas islas se oponen a la Ley, y esa no es una buena foto”. pues en los 14 años de vigencia de la Ley de ordenación turística sólo ha posibilitado la creación de 120 plazas alojativas en las islas occidentales.

“Queremos acabar con la emigración de nuestra gente, que se va de La Palma, La Gomera y El Hierro” , concluyó el portavoz del Grupo Mixto.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Jorge, dijo que “aunque hay personas que no quieren que las cosas cambien” en las islas verdes, la nueva Ley “acabará con la melancolía y el desencanto instalada en las sociedades” de estos territorios.

“Esta Ley es un primer paso para acabar con el intervencionismo, una herramienta para dotar a esas islas de herramientas para mejorar su situación abandonando la subvención. Mientras otros quieren seguir maniatándoles su futuro,nosotros queremos islas abiertas al mundo y viables”, insistió el portavoz de los conservadores.

“No habrá apocalipsis”

El socialista Manuel Marcos Pérez afirmó que “tras las intervenciones de Podemos y NC parece que esta tarde nace el apocalipsis, y eso no va a suceder”, acusando a Rodríguez y Delgado de “estigmatizar” a las islas occidentales “promoviendo una injustificada alarma medioambiental”.

Así, recordó que en La Gomera, La Palma y El Hierro hay 6.200 camas, mientras que “sólo en Lanzarote hay más de 24.000”, lo que demuestra que “el desarrollo turístico no ha llegado a estas islas debido a las travas de toda índole que se han puesto a la inversión”.

En parecidos términos, el nacionalista Antonio Castro , que negó que la Ley “venga a arrasar con nuestro paisaje”, toda vez que es la norma que permitirá “un desarrollo compatible con la naturaleza desde el cumplimiento escrupuloso de la normativa básica estatal y a la legislación europea”; aspectos con los que no esán de acuerdo NC y Podemos, que van a recurrir la norma ante la Unión Europea.

Según el  texto aprobado, “se declararán de interés insular” todas aquellos proyectos “publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de 10 de mayo de 2007”, es decir, actuaciones en La Cangrejera, Balcones de Mazo, Finca Amado, Los Dragos, Martín Luis, La Tahona, Vista Alegre,Las Hoyas, Puerto de Tazacorte, Tazacorte y Las Manchas. Asimismo, se da vía libre a “actuaciones estratégicas singulares” en Los Llanos, Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda y, en el apartado de “núcleos mixtos”, en Tazacorte, Puerto de Tazacorte, Mazo, San Antonio, Los Cancajos, Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Puntagorda.

Nueva Canarias (NC) defenderá en el primer pleno del nuevo curso parlamentario de la próxima semana el voto particular al dictamen de la proposición de ley turística para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

La formación recuerda que esta Ley autoriza 33 hoteles, seis anulados por el Tribunal Supremo; cinco campos, todos también anulados por el mismo tribunal; además de incluir tres puertos deportivos y una decena de artículos de la futura ley del suelo, cuya tramitación parlamentaria aún no ha comenzado.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, defenderá la proposición de ley original, impulsada por el Cabildo de La Palma, “adulterada con posteridad, y en su totalidad,” a través de las enmiendas de CC y PSOE con dudas sobre su encaje en la legislación básica y su adecuación a la Constitución.

Según explica NC, el voto particular deja constancia de los motivos, desde el punto de vista de los contenidos y del procedimiento seguido, por los que rechaza el dictamen aprobado a finales del pasado mes de julio por la comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a la Proposición de Ley del Cabildo de La Palma para la Modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Rodríguez ratificará el apoyo de NC a la toma en consideración del texto inicial, como solicitó al plenario el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana.

Sin embargo, el partido rechaza las enmiendas de los grupos del Ejecutivo “porque no tienen nada que ver” con la propuesta del Cabildo, según el portavoz.

En el voto particular, se detallan todos los pasos seguidos por NC, en base al Reglamento de la Cámara y a la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, para “tratar de informar sobre la legalidad” de las enmiendas que alteran la citada proposición de ley. Procedimientos dirigidos a los órganos de gobierno de la comisión y del Parlamento, que “han sido rechazados o ignorados,” recalcó.

Hace referencia a la solicitud a la Mesa de la Cámara para acceder al informe del letrado sobre la adecuación de las enmiendas a la “debida homogeneidad y conexión” con la iniciativa legislativa en trámite.

También recoge otra petición a la mesa de la comisión para que propusiera a la Mesa de la Cámara que el Consultivo realizara un dictamen excepcional sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia. Así como dos demandas más dirigidas también al órgano de gobierno y, la más importante, directamente a la Presidencia del Legislativo, como dispone el artículo 14 de la ley del Consultivo, para que esta última recabara el dictamen del Consultivo denegado por la mesa de la comisión.

Román Rodríguez, a través de la defensa del voto particular, hará constar las “preocupantes” consecuencias de dos de las nuevas determinaciones incluidas. Una, la disposición adicional primera del dictamen que introduce, con pequeñas modificaciones, la figura de los proyectos de interés insular del polémico proyecto de ley del suelo, cuya tramitación parlamentaria aún no ha comenzado, y sobre el que existen dudas sobre su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Para Nueva Canarias, “lo más grave,” es la disposición adicional segunda, con la que se declara por ley como “de interés insular, a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística,” un conjunto nominado de actuaciones territoriales. Se trata de los cinco campos de golf y 33 hoteles, 21 de ellos en suelo rústico, y tres puertos deportivos.

El portavoz parlamentario insiste en que la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2015, anula los cinco campos de golf y seis de los 33 hoteles, declarados ahora de interés insular.

La no aceptación de las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario de Podemos Canarias a la ley turística de las llamadas islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) “no se hizo de forma caprichosa” por parte de la Mesa del Parlamento y de la propia Mesa de la comisión, “sino en base al asesoramiento de los letrados de la Cámara”, por lo que “en ningún momento  sus diputados estuvieron en desigualdad frente al resto”.

Así lo asegura el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Ignacio Álvaro Lavandera, al incidir en que “no tendrá mucho recorrido” el posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que está estudiando presentar Podemos por considerar que se vulneró su derecho como diputados a la participación en el proceso legislativo en el debate del texto al no admitir las enmiendas que presentó en su momento.

“Sus modificaciones eran una enmienda a la totalidad totalmente extemporánea, así que lo que tendrían que haber hecho es presentar una a la totalidad en su momento oportuno, ya que estaban en contra de la ley presentada por el Cabildo de La Palma”, afirma el portavoz socialista.

Lavandera afirma que “tienen todo el derecho a presentar el recurso, pero cualquiera que lea sus enmiendas parciales comprenderá que todas se limitaban a pedir que se anulara el texto del Cabildo de La Palma y se quedara la ley inicial, es decir, una enmienda a la totalidad artículo por artículo”.

Por tanto, no cree que el Alto Tribunal inicie un procedimiento de suspensión cautelar de la tramitación que impida que el texto sea aprobado definitivamente por el Parlamento de Canarias en la sesión prevista para los días 13 y 14 de septiembre. “Se aprobará en el tiempo previsto”, insiste.

Modificación sustancial

En cuanto a la otra parte de la polémica, referida a que CC y el PSOE presentaron modificaciones que también podrían considerarse “enmiendas a la totalidad encubiertas”, como aseguran desde la fuerza morada, el portavoz socialista matiza que “nuestra modificación era sustancial respecto a la propuesta inicial, pero no era un rechazo frontal a la misma, como sí hacían las de Podemos”.

“Ellos, simplemente, rechazaban las propuestas del Cabildo de La Palma y nosotros las ampliamos, así que no veo que tenga recorrido el posible recurso y no se retrasará la aprobación de la Ley”, concluye Lavandera.

La Ley, cuyo dictamen de ponencia se aprobó el pasado 25 de julio con los votos en contra de Podemos y NC por entender que en el texto se incorporan con las enmiendas del Pacto y del PP los artículos 124 a 132 de la futura y polémica Ley del Suelo y abre la puerta a la construcción de una treintena de hoteles y varios campos de golf en La Palma.

El Grupo Parlamentario de Podemos Canarias está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que la Mesa de la Cámara vulneró su derecho como diputados a la participación en el proceso legislativo en el debate del texto al no admitir las enmiendas que presentó en su momento.

La finalidad de este recurso es conseguir que el Alto Tribunal inicie un “procedimiento de suspensión cautelar” de la tramitación que impida que el texto sea aprobado definitivamente por el Parlamento de Canarias en la sesión prevista para los días 13 y 14 de septiembre.

Así lo reconoce la diputada de Podemos Asunción Delgado, para quien la Mesa podría haber vulnerado “nuestro derecho como diputados a acceder en condiciones de igualdad” al debate del texto durante el trámite de ponencia y de comisión.

Como se recordará, en su momento la Mesa de la Comisión no admitió las modificaciones presentadas por la fuerza morada alegando que se trataban de “enmiendas a la totalidad encubiertas”, un hecho que posteriormente reforzó la Mesa del Parlamento ante el recurso presentado por Podemos, que criticó que sí se habían admitido enmiendas de CC y PSOE que incluso cambiaron el título inicial de la Ley porque ambos grupos justificaban que sus modificaciones eran “de mayor amplitud” que el texto inicial presentado por el Cabildo de La Palma.

“Dicha decisión no solo merma nuestros derechos como grupo parlamentario y diputados sino que supone un menoscabo al ejercicio democrático del debate”, se afirmaba en el escrito de amparo que Podemos remitió sin éxito a la Mesa de la Cámara.

Además, también se admitió una enmienda de Nueva Canarias (NC) que no tenía nada que ver con el objeto de la ley.

Ahora, la fuerza morada apela al Constitucional, ya que recuerdan que el artículo 23 de la Constitución afirma que “los ciudadanos tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, por medio de representantes elegidos por sufragio universal”, lo que a su juicio ha sido cercenado por el Parlamento de Canarias.

Ataque directo a la Constitución

Una opinión que también comparte el concejal lagunero y profesor de Derecho Constitucional Santiago Pérez, para quien este posible recurso de Podemos “abriría un incidente de suspensión” de la aprobación de la norma “como medida cautelar” y, de prosperar favorablemente, incluso “podrá suponer que el TC fallara retrotraer todo el proceso al momento de la presentación de las enmiendas”.

“Las resoluciones de la Mesa del Parlamento son directamente recurribles ante el TC, y en mi opinión ha existido un ataque directo al artículo 23 de la Constitución porque a los diputados de Podemos no se les ha dejado ejercer en igualdad respecto al resto su derecho a participar”.

De prosperar el recurso en los término planteados por Pérez, conllevaría que se reiniciara de nuevo el debate en ponencia y comisión de una Ley que el Pacto ya quiso aprobar por el trámite de urgencia en el último pleno celebrado en julio.

Sin embargo, los recursos presentados por Podemos y NC (incluida una petición de un nuevo informe al Consejo Consultivo que tampoco prosperó) retrasaron los planes iniciales de CC y el PSOE, por lo que el pasado 25 de julio, la Comisión de Política Territorial del Parlamento aprobó el dictamen de la ponencia sobre la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) incorporando con las enmiendas del Pacto y del PP los artículos 124 a 132 de la futura y polémica Ley del Suelo y abriendo la puerta a la construcción de una treintena de hoteles y varios campos de golf.

Un dictamen que ahora debe ratificar el Parlamento el próximo 13 de septiembre si el TC no dá la razón a Podemos.

Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, ha denunciado este lunes que los diputados autonómicos votarán el próximo pleno del 12 septiembre sobre la ley turística de las islas occidentales, también conocida como la ley de las islas verdes, “sin el asesoramiento y garantías jurídicas pertinentes”.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, cuestionó la negativa de la Mesa del Parlamento a su solicitud para que el Consultivo elabore un dictamen excepcional sobre la adecuación constitucional y estatutaria de las enmiendas de CC y PSOE, que para este partido tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Nueva Canarias recuerda que la Mesa del Parlamento, integrada por CC, PSOE y el PP, junto con su presidenta, Carolina Darias, han rechazado “todas” las peticiones del partido destinadas a “despejar las dudas sobre el encaje legal” de las enmiendas del pacto de gobernabilidad.

En concreto señalan la solicitud a la Mesa de la Cámara para “acceder” al informe del letrado sobre la idoneidad de las enmiendas a la “debida homogeneidad y conexión” con la iniciativa legislativa en trámite. Otra petición a la mesa de la comisión de Política Territorial para que propusiera a la Mesa de la Cámara que el Consultivo realizara un dictamen “excepcional” sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia. Así como dos demandas más dirigidas también al órgano de gobierno y, la más relevante, directamente a la Presidencia del Legislativo, como dispone el artículo 14 de la ley del Consultivo; para que esta última recabara el dictamen del órgano consultivo denegado por la mesa de la comisión.

En opinión del diputado nacionalista, una norma de esta “complejidad y riesgos debe contar con todos” los informes técnicos legales permitidos por el Reglamento y la ley del Consultivo. Román Rodríguez observó que esta negativa crea un “precedente muy grave por el desinterés” de CC, PSOE y el PP por “encauzar” los debates parlamentarios con “garantías de respeto a la legalidad, para evitar la arbitrariedad y la insolvencia en un asunto tan delicado”.

Román Rodríguez hizo hincapié en que su partido defenderá en el Parlamento su voto particular al dictamen de la proposición de ley turística para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

“Dejaremos claro, una vez más, que apoyamos la proposición de ley original promovida por el Cabildo de La Palma pero no el fraude de ley cometido por los grupos del pacto con enmiendas de dudoso encaje en la Constitución y que han desvirtuado y modificado en su totalidad el texto inicial del citado Cabildo”, sostiene Rodríguez.

Así mismo, el diputado nacionalista informó que, además de los 33 hoteles, seis anulados por el Supremo, y cinco campos de golf, también suspendidos por el mismo tribunal, las propuestas de los grupos del pacto han incluido tres puertos deportivos para La Isla Bonita.