El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones tras conocer, a través de una queja, que la Comunidad de Madrid va a trasladar en las próximas semanas a la mitad de las familias realojadas hace un año por el Ayuntamiento después de que se derribaran el poblado chabolista de El Gallinero, situado a 12 kilómetros de la Puerta del Sol.

En una resolución a la que ha tenido acceso eldiario.es, la institución recomienda al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que paralice, al menos hasta el final del curso escolar, el traslado de una de las familias a una vivienda adjudicada a 40 kilómetros de su lugar de residencia actual y en un municipio sin instituto con el fin de “ponderar el interés superior de los menores en la decisión de realojo”. Este hogar cuenta con dos menores de edad estudiando en el instituto y Pozuelo del Rey no tiene centro de Secundaria para ellos.

El Gobierno regional ha empezado a adjudicar viviendas sociales a estas familias sin tener en cuenta la zona donde ya viven y donde han iniciado el proceso de integración social. La Comunidad de Madrid tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, firmado seis días antes de que se derribara el poblado, que le da las competencias sobre el 50% de los realojos. Así que de las 14 viviendas, siete serán vaciadas para trasladar a sus inquilinos a otro lugar y pasarán a pagar el alquiler a la Agencia de la Vivienda Social.

El Defensor del Pueblo quiere saber “cómo se ha llevado a cabo la distribución del realojo de las familias entre ambas administraciones”, “si esta decisión se ha notificado a los interesados” y el “número de unidades familiares afectadas y criterios de adjudicación de viviendas concretas a las mismas”.

La institución también ha pedido a los gobiernos municipal y regional una copia de los contratos de arrendamiento firmados. “Con estas decisiones la administración ha puesto en marcha un proceso de desintegración de las familias. 19 niños y niñas tendrán que cambiar otra vez de colegio a mitad de curso”, denuncian los voluntarios que acompañan a estas familias desde su desalojo de El Gallinero.

La administración asignó temporalmente 14 viviendas en septiembre de 2018. Todas las familias fueron repartidas en diversos barrios de la ciudad de Madrid. Los voluntarios apoyaron el realojo disperso precisamente para favorecer la integración con diferentes barrios: Puente de Vallecas, San Blas, Latina, Villaverde... Un año después, los vecinos de El Gallinero afrontan obligatoriamente un nuevo traslado. Fuentes municipales confirman a eldiario.es que no se pueden negar a él porque de lo contrario quedarán excluidos durante 10 años de las listas de vivienda pública de Madrid, según la normativa

Volver a hacer las maletas un año después del realojo. 12 familias con 22 niños y niñas cuyas chabolas fueron derribadas el 26 de septiembre de 2018 del poblado de El Gallinero, un núcleo de pobreza extrema a 12 km de la Puerta del Sol de Madrid, deben abandonar de nuevo su casa. Tiene que irse Diagrama, con sus tres hijos de seis, cuatro y un año; y su sobrino Philip, que ha empezado a estudiar Electricidad en el instituto. También Lorena (nombre ficticio), de 17 años, que consiguió traspasar el techo de los estudios obligatorios. Cursa Bachillerato y quiere ser abogada. 

Un año después del derribo de un poblado chabolista que llegó a albergar hasta a 600 personas, la Comunidad de Madrid ha empezado a adjudicar viviendas sociales a estas familias –hasta ahora se encontraban en pisos de emergencia, según el Consistorio– sin tener en cuenta la zona donde ya viven y donde han iniciado el proceso de integración social. El Gobierno regional tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, firmado seis días antes de que se derribara el poblado, que  le da las competencias sobre el 50% de los realojos. 

A una de las familias, la de Lorena, la envían de la capital a Pozuelo del Rey, un pueblo de 1.000 habitantes a 40 kilómetros de Madrid que no tiene instituto. “Sería como volver a repetir algo que ya he vivido y no quiero”, asegura. Hace un año el Ayuntamiento de Madrid derribó la chabola en la que vivía con la promesa de un realojo estable. Dice que en su casa no se habla de otra cosa y que le cuesta estudiar así. A su lado está sentado su padre, asustado con la posibilidad de que no aceptar la casa en Pozuelo del Rey signifique quedarse en la calle. 

A otra familia también se le ha informado ya del cambio de vivienda aunque no ha sido posible notificarlo oficialmente por encontrarse fuera de España durante unas semanas, confirman fuentes del Gobierno regional, que aseguran que el resto se asignarán “en las próximas semanas”. 

Según recoge el convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, la administración regional debe hacerse cargo de la mitad de los realojos -siete- pero hasta ahora el 100% los estaba asumiendo provisionalmente el Gobierno municipal. Una parte de ellos a través de un convenio con la ONG Accem, que puso a disposición del Consistorio cinco pisos tutelados con un educador que acompaña a las familias sin recursos.

Es el caso de Diagrama y sus hijos. Los niños pululan por el salón de una casa de Vallecas. Moisés, de seis años, escucha las conversaciones de los adultos e interviene de cuando en cuando. “¡Yo tampoco quiero irme!”, interrumpe. Dice que en el colegio tiene “muchos amigos” y alguna “novia”.

“Aquí estamos bien con los vecinos. No sabemos cómo va a reaccionar el nuevo vecindario si nos mandan a otro lado. Si fuera por mí me quedaría aquí toda la vida”, afirma Diagrama, de 26 años. Su marido ha encontrado trabajo limpiando en un concesionario. Su sobrino Philip, de 15 años, encontró algo aún más valioso: el gusto por estudiar y aprender un oficio en un Aula de Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid. 

Dos de las siete viviendas que las familias tienen que dejar no son provisionales sino que tenían un contrato prorrogable hasta 2024 con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, según los voluntarios de El Gallinero. eldiario.es ha accedido a uno de esos contratos tipo. Fuentes municipales desmienten que sea el caso de las familias que van a volver a ser realojadas. 

Cambio de colegio, otra vez

“Con estas decisiones la administración ha puesto en marcha un proceso de desintegración de las familias. 19 niños y niñas tendrán que cambiar otra vez de colegio a mitad de curso”, denuncia Blanca Gómez, voluntaria de la Parroquia San Carlos Borromeo, que acompaña a las familias en el proceso.

La administración asignó temporalmente 14 viviendas en septiembre de 2018. Todas las familias fueron repartidas en diversos barrios de la ciudad de Madrid. Los voluntarios apoyaron el realojo disperso precisamente para favorecer la integración con diferentes barrios: Puente de Vallecas, San Blas, Latina, Villaverde... Un año después, los vecinos de El Gallinero afrontan obligatoriamente un nuevo traslado. Fuentes municipales confirman a eldiario.es que no se pueden negar a él porque de lo contrario quedarán excluidos durante 10 años de las listas de vivienda pública de Madrid, según la normativa. 

Las familias y los voluntarios que las acompañan temen que un cambio de localidad rompa con los “buenos resultados” de integración que estaban logrando en sus barrios. “Se está rompiendo la transmisión generacional de la exclusión. Hay una chica en los estudios no obligatorios, varios chavales en Secundaria, otro estudiando cocina, otro electricidad... Habían conseguido acceder a unas condiciones de vida que iban a ser capaces de romper con eso, y ahora tienen que trasladarse lejos”, denuncia Gómez, que avanza que la familia con la notificación de traslado va a recurrir la asignación administrativamente. Los voluntarios también han puesto la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo. 

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid defienden que arrancar los lazos al lugar de residencia un año después del realojo con un cambio de localidad “en ningún momento va a restar posibilidad alguna” a la integración de las familias y garantizan “un seguimiento pormenorizado”. Los 19 menores escolarizados ya tuvieron que cambiar de colegio con el curso iniciado porque el realojo se produjo a finales de septiembre. Y ahora, un año después, de nuevo. 

“Si los menores deben coger una ruta escolar para acceder a sus centros educativos no es en ningún caso una desventaja sino algo regular y normal que hacen miles de estudiantes en la región”, precisan las mismas fuentes, que abundan en que las decisiones se toman “con independencia de donde estudien los niños”. “No siempre las grandes ciudades son más acogedoras que los entornos pequeños”, remachan.

Uno de los directivos de la Agencia de la Vivienda Social, Eusebio González, acusa a los voluntarios de “interferir” en el proceso. “Son familias que han estado viviendo en chabolas y que tienen la oportunidad de vivir en una vivienda muy digna”, afirmó en declaraciones a la Cadena Ser. “Eran chabolas, pero eran sus casas”, responden los voluntarios, que también denuncian que la administración les pidió ayuda para mediar con los vecinos de El Gallinero pero después no les han vuelto a contactar.  

El convenio firmado en 2018 por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, mostrado como un ejemplo de entendimiento entre administraciones –entonces– de diferente color político–, incluye una partida de 1,8 millones de euros para que la Agencia de la Vivienda Social adquiera pisos de protección para estas familias. Fuentes del Gobierno regional explican que han invertido unos 180.000 euros en cada una de las ocho casas compradas y justifican que se han incorporado a la cartera de vivienda pública siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales. Según estas mismas fuentes, no todas están fuera de la capital: un 40% se situarían en la ciudad de Madrid. 

Condiciones más duras

Los voluntarios aseguran, sin embargo, que “los recursos asignados para este proceso de realojo son más que suficientes para evitar traslados fuera de la ciudad de Madrid y lograr soluciones respetuosas con los derechos de estos niños”. “Con el presupuesto que tienen en teoría deberían tener recursos para mantenerlos en lugares que no truncaran su proceso. ¿Qué se ha hecho con ese dinero?”, se pregunta Gómez. La voluntaria de San Carlos Borromeo denuncia también que no le permitieron entrar a la reunión que la Agencia mantuvo con la familia que ya tiene destino ni tampoco su abogado. “Solo pudo entrar un intérprete”, asegura. 

En un comunicado hecho público este viernes, el grupo de voluntarios de El Gallinero denuncia también que “las condiciones económicas y administrativas que ahora se les ofrecen resultan discriminatorias” respecto al resto de realojados por el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, no pueden pagar de forma fraccionada la fianza y tendrán que desembolsar unos 200 euros de una vez, además de su mensualidad reducida (entre 50 y 100 euros). También se pide que todos los miembros mayores de 14 años tengan NIE. Diagrama no cuenta con ese documento. “Les van a mover pero algunos no van a poder firmar el contrato de alquiler. No entendemos”, dice la voluntaria. 

Los voluntarios han pedido por escrito a los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida que “respeten los derechos de los menores y que no interfieran en los procesos de estos niños, que están claramente avanzados”. Pero nada hace pensar que se vaya a dar un paso atrás. El Ayuntamiento de Madrid asegura que la gestión de estas viviendas corresponde a la Comunidad de Madrid; y la Comunidad de Madrid indica que responden a las directrices del Gobierno municipal. Mientras, sigue adelante el realojo de los realojados: cambio de casa, de barrio, de amistades, de colegio, de trabajo. Un nuevo periplo vital a expensas de las decisiones de los gobiernos que sume a las familias, otra vez, en un mar de interrogantes.

El sol cae un día más sobre las decenas de chabolas desperdigadas por El Gallinero. Varias mujeres cuidan de sus pequeños sentadas ante el atardecer. Sara cocina un delicioso pastel de hojaldre con la ayuda de su hija, mientras, unos metros más allá, una niña muestra su boca a sus amigas con cierta preocupación: se le acaba de caer un diente de leche y no logra encontrarlo. María espera inquieta la visita de Blanca a las puertas de una de las decenas de chabolas que se convertirán en añicos en septiembre.

La mujer corre al interior de su casa para mostrar a la abogada voluntaria de la parroquia San Carlos Borromeo una serie de documentos, entre los que se encuentra la autorización para derribar el hogar en el que ha vivido en condiciones de extrema pobreza durante los últimos diez años. “¿Cómo no voy a querer irme de aquí? Tengo muchas ganas”, dice María, quien aún guarda desconfianza ante las palabras de las autoridades, tras años de promesas incumplidas.

Su hijo recuerda sentado en un destartalado sofá rosado el anuncio de la alcaldesa de Madrid. “En septiembre no habrá Gallinero”, reveló este lunes Manuela Carmena junto al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en una visita oficial al poblado chabolista. El Consistorio y el Gobierno regional comunicaron el realojo de 111 vecinos en diferentes recursos dispersos por la ciudad.

“No es la primera vez que escuchan que van a mejorar las cosas. Ahora están muy desconfiados, por eso nos piden que estemos pendientes”, explica la abogada voluntaria. “Están nerviosos, con un punto de desconfianza, algunos con muchas ganas y otros con unas ganas moderadas. Tienen miedo de firmar si no lo vemos antes con ellos”, añade Blanca, quien presta asistencia jurídica a las familias de El Gallinero desde hace siete años. Un paseo por el poblado es suficiente para percibir ese combo de ilusión e incertidumbre.

Sus habitantes conocían el proceso desde hace meses, pero escuchar el comunicado oficial a través de los medios de comunicación disminuye su inquietud: “Llevan prometiendo una solución durante tres años. Nosotros ya no nos fiábamos. Ahora, después de haberlo dicho a todas las televisiones, nos lo creemos un poco más”, reflexiona el joven de 21 años, que prefiere no detallar su nombre real.

Luis ya sabe el lugar donde empezará una nueva etapa, alejado de las duras condiciones de vida de El Gallinero. En los próximos meses, se mudará junto a su madre, su padre, su hermano y su cuñada a uno de los pisos financiados por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

El realojo no será uniforme ya que se plantean procesos distintos según las circunstancias de cada familia. La de Luis se encuentra entre aquellas que, según las administraciones, han pasado por los “procesos de integración y habilidades sociales” y tienen capacidad para afrontar el pago de los consumos de los pisos. Las viviendas en régimen de alquiler para los vecinos a realojar serán aportadas en un 50% por cada Administración.

“Estoy contento porque llevo mucho tiempo esperando salir de aquí”, señala el joven gitano, cuya familia levantó su primera casa en El Gallinero cuando tan solo tenía 10 años. La alegría, añade, no acaba del todo con la nostalgia de pensar en la desaparición del poblado. “También me da pena irme, llevo años viviendo con la gente y me he acostumbrado, pero quiero que llegue ya, porque vivir en una casa es mejor que vivir aquí”, añade señalando su alrededor. Los techos de chapa, que aumentan el ya asfixiante calor del verano madrileño, la escasez de agua o la insalubridad de vivir en infraviviendas motivan que la mayoría de vecinos espera con ansias el día en el que puedan irse de aquí.

“Me siento raro si me voy de aquí”

Luis recuerda sus primeros meses en el poblado chabolista, cuando sus padres dejaron Rumanía “por razones económicas” en busca de un lugar donde salir adelante. “La primera vez que llegué me daba mal rollo, pero luego he creado muchos recuerdos con mis amigos. Me siento raro si me voy aquí, si pienso en que no voy a poder volver, pero todo el mundo se acostumbra a todo”, añade el vecino.

Otras once familias no cuentan con la capacidad de financiar los gastos de consumo al no disponer de suficientes ingresos. Para estos casos, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han decidido derivarlas a viviendas compartidas gestionadas por la ONG Accem. Estas son las familias que, según la voluntaria de San Carlos Borromeo, sienten más ansiedad ante el proceso de reaolojo. “Tienen menos independencia. Sus gastos están cubiertos pero contarán con una supervisión muy estricta, por lo que el proyecto se aproxima más a la institucionalización que al realojo. Es una manera de intervenir infantilizadora, estamos insistiendo en que hay que tratarlos con autonomía”, cuestiona la voluntaria.

El proceso de realojo se encuentra en una “fase previa” en la que las organizaciones encargadas de llevarlo a cabo trabajan “de forma individualizada con las familias” para “identificar sus necesidades” en relación a las viviendas a las que serán enviadas, detalla Daniel Ahlquist, coordinador de proyectos en zonas desfavorecidas de Cruz Roja Madrid.

“Comparten miedos lógicos de un proceso de cambio como este: cómo es la casa, dónde está, si van a tener que cambiar a sus hijos de colegio o buscar otro médico... Las dudas propias de cualquier persona que cambia de hogar, pero con la diferencia de que ellos no la eligen, se la dan”, explican desde Cruz Roja. A ello se añade las características propias de vida de la comunidad asentada en El Gallinero, indica. “Están preocupadas por cómo va a afectar el traslado a sus costumbres. Por ejemplo, preguntan si su piso será alto o bajo, pues siempre han vivido al ras del suelo y saben que el cambio puede modificar su forma de vida”, añade Ahlquist.

Sobre los niños pesan los mayores miedos

Desde hace siete años, Blanca apoya como abogada voluntaria a la población de El Gallinero. A su llegada, todos los vecinos la saludan, bromean con ella, le cuentan sus preocupaciones. La confianza es notable. “Yo me voy a Usera. ¿Eso está más cerca de aquí que Carabanchel?”, le pregunta Lara, una adolescente de 15 años, sentada en el exterior de la destartalada chabola en la que ha vivido casi toda su vida.

Todos sus recuerdos se asientan en este poblado. Más allá de las difíciles condiciones de vida, este ha sido su hogar. “Yo no me quiero ir. Aquí están mis amigos, hemos crecido juntos, podemos estar así, en la calle, cuando queramos, lejos de la ciudad”, cuenta la joven, sentada frente a su madre, su padre y su hermana menor. “¿En Usera hay ferias?”, pregunta la más pequeña de la familia.

La voluntaria responde a sus preguntas y les recuerda que mantendrán el contacto allá donde vayan a ser realojados. Los niños y adolescentes se muestran más reacios a su inminente traslado a una vivienda y la consecuente desaparición del lugar donde se han criado. “Muchos niños, como es lógico, son más reticentes. Nos dicen que aquí está su historia, que tienen a sus amigos al alcance de su mano, entran y salen cuando quieren, tienen animales... En este momento, solo se acuerdan de las ventajas”, explica la voluntaria de San Carlos Borromeo.

Mientras Blanca habla con las familias, varios niños juegan descalzos sobre la arena. David monta en bicicleta; Marta busca a sus pollitos y cuida de su pequeño huerto; Beckam cuenta que construyó “una ciudad” creada con botellas en un charco formado junto a su casa.

La de El Gallinero es una comunidad “muy definida”, recuerda Ahlquist, asentada en un pequeño poblado donde “la vida se hace en la calle” y los niños “juegan fuera de casa con libertad”. Su realojo en una casa supone irremediablemente un cambio, reconoce. “Saben que va a dejar de vivir así. También tendrán que empezar en otro colegio, cuando las familias, los profesores y los niños habían conseguido ya un muy buen ambiente. Ahora, temen ser rechazados. Todo estas circunstancias desembocan en un mayor recelo de los niños a su nuevo destino”, desarrolla el miembro de Cruz Roja.

El poblado chabolista, situado a 12 kilómetros de Sol, acumula 19 años de historia. Sus habitantes, de origen gitano-rumano, han sobrevivido bajo un Índice de Pobreza Humana (IPH) situado en el 93%, muy alejado del 10% de la capital. Sus niños se han visto obligados a acudir a la escuela durante años cubriendo sus piernas con bolsas de plástico, para tratar de proteger sus pantalones de los charcos de barro en los que se transformaban los caminos durante los días de lluvias. Las letrinas donde poder hacer sus necesidades y el asfaltado de la zona no llegaron a El Gallinero hasta hace unos meses, a pesar de que el Ayuntamiento de Manuela Carmena se comprometió a materializar estas medidas en 2016. Hasta entonces, sus vecinos hacían sus necesidades al aire libre también durante las bajas temperaturas del invierno.

Críticas a la “poca transparencia” del proceso

El Gallinero toca a su fin. Los vecinos están sumidos en la alegría de abandonar las infraviviendas en las que tratan de sobrevivir, pero también en el miedo ante la adaptación a una nueva vida de la que desconocen los detalles. Los voluntarios que llevan años apoyando a los vecinos cuestionan el proceso de realojo, que tomó fuerza el pasado noviembre. “Nos parece que ha faltado información por escrito, poca transparencia, lo que afecta a las garantías de las familias. Nos gustaría que hubiese sido un proceso más participativo”, denuncia Blanca.

Los voluntarios de San Carlos Borromeo rechazaron asistir a la visita oficial de Carmena y Garrido al Gallinero de este lunes, pues consideraban que el anuncio debería haberse realizado cuando el poblado ya estuviese vacío para, detallan, “proteger la intimidad de los vecinos”. Mientras este martes algunos habitantes contaban orgullosos sus conversaciones con la alcaldesa, otros confesaban no haber querido acercarse a la zona donde se formalizó el desmatelamiento de su hogar. “No quería verles, ¿para qué?”, sostiene una señora sentada a las puertas de su casa.

“Es lo que hemos defendido siempre. No es como queríamos que fuese, el modo es mejorable. ¿Esto es un final feliz? Es el final más feliz que podemos conseguir, podía haber sido mejor, pero por eso no deja de ser feliz”, concluye la voluntaria, parafraseando el guión de una conocida película.

Los colores naranjas y rosados del atardecer rodean El Gallinero poco antes de que Blanca se despida de los vecinos. María se toca el pecho con muecas de dolor. Durante la última intervención policial en el poblado, relata, fue golpeada por varios agentes policiales. Cuenta con un parte de lesiones. “Mi hijo fue detenido por atentado a la autoridad, cuando no había hecho nada”, asegura la mujer, que no ha llegado a acostumbrarse a las “constantes” operaciones policiales en su barriada. “Por eso también me quiero ir. Para que acaben estos sustos”, sostiene antes de regresar al interior de la casa que pronto dejará de ser casa.

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Nota: Todos los nombres de los vecinos de El Gallinero son ficticios para mantener su anonimato, tal y como han solicitado a eldiario.es.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este lunes que “en septiembre no habrá Gallinero” con el realojo de las 111 personas que quedan en el poblado en recursos dispersos por toda la ciudad tras el acuerdo, a financiar al 50%, entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha tachado de “impresentable” la continuidad del poblado y de las condiciones de vida en él y ha puesto el acento en la necesidad de que las administraciones se unan y “apuesten por las personas que lo están pasando mal”.

Desde la iglesia del Gallinero, que ha hecho de improvisado centro de prensa, Carmena y Garrido han dado cuenta del acuerdo, del que faltan cerrar algunos flecos para poder firmarlo. El realojo no será uniforme ya que se plantean procesos distintos según las circunstancias de cada familia. Una decena de ellas ya están preparadas para entrar a vivir en estas viviendas de alquiler. Según han especificado las administraciones, son las que han pasado por los “procesos de integración y habilidades sociales” y tienen capacidad para afrontar el pago de los consumos de los pisos. Las viviendas en régimen de alquiler para los vecinos a realojar serán aportadas en un 50% por cada Administración. 

Otras once familias no cuentan con esa capacidad al no disponer de suficientes ingresos. En su caso irán a viviendas compartidas gestionadas por la ONG ACCEM, donde se les hará un seguimiento por Comunidad, Ayuntamiento, Cruz Roja... 

El proceso de desmantelamiento estará culminado a finales de agosto o primeros de septiembre, según han anunciado. La idea es que los menores inicien el próximo curso escolarizados en su nuevo colegio, han indicado fuentes municipales. “Vuestros hijos y nietos pueden hacer algo muy grande pero para eso hay que apostar por la ciudadanía, la convivencia y la educación”, ha dicho Carmena.

Casi 20 años

Se cumplen 19 años del Gallinero cuando se anuncia su desmantelamiento. El proceso que culminará a finales de verano cogió fuerza desde noviembre, cuando eran 164 las personas censadas. Finalmente son 111 --la aplastante mayoría, menores-- los que serán realojados. El resto ha decidido encontrarse con familiares en otros puntos de Europa.

Samuel es mediador y vive en el Gallinero desde hace once años. A sus 21 desea que ningún otro “viva lo mismo” que ha pasado él. Teme que “el racismo esté por todas partes” pero le dice a aquellos que puedan alzar la voz por el realojo en la ciudad que no olviden que no son “animales”. “Somos seres humanos”, les ha lanzado. “Queremos una ciudad abierta”, ha apostillado la alcaldesa.

Alina, madre de cuatro hijos, es vecina del Gallinero desde 2009. Ella quiere ser mediadora para ayudar “a hacer frente a los cambios de forma positiva”. “Quiero ayudar a las personas que pasen por el mismo proceso porque la mediación será la llave del éxito para construir una ciudad diversa”, ha declarado. Una vez que las chabolas haya sido desmanteladas, el terreno, de titularidad privada, “será devuelto a sus propietarios”, han señalado las administraciones.

Críticas de un grupo de voluntarios

Un grupo de voluntarios que trabajan el El Gallinero, entre los que figuran activistas de la ONG Coordinadora de Barrios, ha mostrado este lunes su desacuerdo con que el anuncio público se haya producido antes del desmantelamiento del poblado por sus consecuencias para “el adecuado desarrollo” del realojo.

“Consideramos que la publicidad previa del desmantelamiento supone un importante obstáculo para la adecuada integración de los vecinos en sus nuevas ubicaciones, a las que no se trasladarán hasta pasado un tiempo, durante el cual, nos tememos que puedan ser presionados o perseguidos por los distintos medios de comunicación”, han criticado en un comunicado, en el que han calificado el anuncio de “despropósito”.

“Esta cuestión nos parece intolerable para unas personas que se enfrentan a un importantísimo cambio de vida y que deben hacer esta transición con respeto a su intimidad personal y familiar”, han apostillado, tras recalcar han tenido varias conversaciones y han remitido una carta a los responsables del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en las que habían solicitado un anuncio “a posteriori, respetuoso con la intimidad” de los vecinos.

El balance del año llega al poblado de El Gallinero con una frase contundente de los vecinos: “Todo sigue igual”. Doce meses después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara su “plan de choque” para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del asentamiento chabolista, aún no se ha cumplido. No hay rastro de las prometidas letrinas, más allá de una estructura de madera aún sin acabar de construir. Tampoco de los viales que facilitarían el acceso de la ruta escolar y que evitarían que los niños llegasen embarrados al colegio los días de lluvia.

Apenas 12 kilómetros les separan de la madrileña Puerta del Sol, aunque su realidad quede alejada de la del resto de la ciudad por un Índice de Pobreza Humana (IPH) que en El Gallinero alcanza el 93%, en comparación con el 10,7% de la capital. Allí, las 40 familias de etnia gitana provenientes de Rumanía aún recogen el agua con bidones de las únicas dos fuentes que hay para todos.

En total, unas 230 personas –casi la mitad, niños– tienen que hacer sus necesidades a la intemperie aunque el termómetro roce los cero grados, aunque vuelva a ser invierno y el diciembre pasado les prometieran que aquel sería el último en estas condiciones.

El Ayuntamiento asegura haber logrado realizar en este tiempo algunas intervenciones para dignificar las condiciones de vida de los vecinos, como la desratización del terreno, “una limpieza integral”, la reparación de los puntos de agua o la colocación de contenedores. Las letrinas y el asfaltado, pese a ser las dos peticiones principales de los vecinos y los voluntarios desde hace años, aún quedan fuera de la lista.

La noche del día de Navidad llegó al Gallinero como una sobremesa amarga. Un joven matrimonio tuvo que digerir en cuestión de minutos la escena de su techo en llamas cuando un cortocircuito hizo saltar una chispa y el fuego arrasó con todas sus pertenencias. Ya de día, a sus pies, los trozos calcinados de madera prefabricada aún contrastan con los restos de nieve en el descampado y les recuerdan que se puede perder todo aun cuando apenas se tiene nada.

Construir otra chabola al lado de los escombros de la suya era inviable. “El Ayuntamiento ha puesto muchas restricciones y los vecinos han entendido que no pueden construir nada más, así que están cumpliendo con su parte del trato”, dice Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo e interlocutor de los voluntarios del asentamiento y las autoridades. Se refiere al inicio de las conversaciones con el equipo de Carmena sobre el futuro del asentamiento hace un año. A cambio, los vecinos vieron frenadas las demoliciones constantes de chabolas –que sí ocurrían con Ana Botella– y recibieron la promesa del “plan de choque” que aún esperan.

Un año tarde por “falta de permisos”

El Consistorio de Carmena justifica el retraso en la llegada de las letrinas y el asfaltado –inicialmente anunciaron que las obras comenzarían en enero de 2016– alegando que los terrenos no son propiedad del Ayuntamiento. “Todo lo que implicase hacer modificaciones urbanísticas requería la autorización de los propietarios, y hemos tenido que negociar mucho con la Junta de Compensación para conseguir los permisos”, explican desde el área de Equidad y Derechos Sociales a eldiario.es.

Pero tampoco han bastado los permisos, denuncian los voluntarios. La instalación de las letrinas empezó hace unas semanas y quedó paralizada nada más arrancar. “De momento sólo están las estructuras de las 15 letrinas a medio montar. Nos dijeron que nos las terminarían de construir, por falta de presupuesto, en el primer trimestre de 2017”, explica Baeza.

Baeza relata que viven en una frustración continua. Hoy busca la manera de explicar a más de 100 niños, cuyas viviendas están en una explanada sin nada más que escombros, que no pueden jugar con las estructuras de madera nuevas porque, “algún día, no sabemos cuándo”, serán letrinas para todos.

Si el equipo de Carmena cumple con su última predicción, será pronto. Insiste en que las medidas no quieren consolidar el asentamiento del poblado –el mismo argumento esgrimido por el Consistorio de Ana Botella para negarse a la mejora de las condiciones de El Gallinero–, y esperan “que el acondicionamiento del terreno comience en unos tres días y que las letrinas se instalen a lo largo de esta semana”, aseguran a eldiario.es.

Los voluntarios y vecinos desconfían de estas afirmaciones. “Sobre las letrinas no nos han dicho nada más e igual siguen así hasta marzo. Sobre los viales, sí me informan de que en enero empezarán a asfaltar, por lo que veo que algo sí que han acelerado el proceso”, asegura el párroco. Habla con una mezcla de ilusión e incredulidad con la que, dice, han aprendido a vivir.

“Desmantelar el poblado en nueve meses”

La repentina aceleración de los planes del Ayuntamiento ha llegado apenas un mes después de la protesta que protagonizaron vecinos, voluntarios y colectivos sociales ante su sede en el Palacio de Cibeles el 17 de noviembre.

El “tirón de orejas” consiguió dos respuestas: la de la alcaldesa Manuela Carmena, que prometió que hablaría con el presidente de la Junta de Compensación –conjunto de propietarios de los terrenos– para acelerar los trámites, y la de Marta Higueras, delegada del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que anunció sus planes para lograr el desalojo total de El Gallinero en un plazo de nueve meses.

La frase cayó como una losa sobre los vecinos y los voluntarios, a quienes el Ayuntamiento sigue sin haberles explicado cómo van a proceder al desalojo. “A mí me consta que este Ayuntamiento sí quiere lograr una empatía que el anterior Gobierno ni planteaba, pero lanzar una información como esa sin concretar lo más mínimo genera muchísimo miedo”, opina Miguel Ángel Vázquez, voluntario habitual y excandidato del partido Por un Mundo + Justo.

El equipo de Higueras ha concretado a este medio que el plan de evacuación de El Gallinero irá acompañado de “una intervención social intensiva”, que analice el caso de cada familia individualmente y atienda sus necesidades con alternativas habitacionales. “Estamos preparados para que todos los vecinos se muden a viviendas de las que ya disponemos para ellos. Queremos convencerles de que abandonen las chabolas y se trasladen a los pisos”, aseguran.

“Tienen miedo porque nadie se lo explica”

Quienes ven la realidad diaria del poblado chabolista –niños haciendo pis entre basura, familias hacinadas en chabolas de 15 metros cuadrados, o el barro hasta las rodillas cuando llueve– creen que lograr el fin de El Gallinero pasa por mejorar la comunicación y la inclusión de los vecinos en todo el proceso. “Es una cuestión de empezar a tratarles como personas y no como objetos de caridad. Pensar lo mejor con ellos y no lo mejor para ellos”, apunta Vázquez

Denuncian que nadie les ha explicado nada. Se enteraron del plan de desalojo en nueve meses por la prensa y tampoco han oído hablar de las alternativas habitacionales que el Ayuntamiento pretende proporcionarles. “Entre tanta incertidumbre es normal que los vecinos estén asustados. La última vez que tuvimos noticias del Ayuntamiento fue en septiembre. Nos dijeron que nos citarían en dos meses pero nunca ocurrió, así que reclamamos la citación. Aún no nos han respondido”, dice Baeza.

Miguel Ángel coincide. Cuenta que en la mente de las madres de El Gallinero, con las que charla en sus habituales visitas de los viernes, la frase “desalojo en nueve meses” retumba a diario. En los 11 años de historia de El Gallinero el poblado ha visto crecer a sus hijos, muchos de los cuales ya han nacido en España. “Temen que les puedan deportar o que se queden sin un techo. Se ponen en lo peor porque las soluciones que les venían dando –desde el Ayuntamiento de Botella– habían sido muy malas. Están acostumbrados a que se les criminalice y se les ha tratado muy mal. Si nadie les explica que el rumbo es diferente, seguirán pensando igual”, añade el voluntario.

Hace una semana, ese 26 de diciembre en el que El Gallinero amanecía con la noticia del incendio que acabó con la chabola de una de las parejas del asentamiento, un grupo de vecinos se ofreció para compartir con ellos su pequeño espacio, mientras les ayudaban a trasladar un somier y un colchón que los voluntarios les habían conseguido. Fue así como hicieron de aquel trozo de espuma y muelles su nuevo hogar. Porque entre la gente de El Gallinero, recuerdan, aún no hay letrinas, ni asfalto, ni casas, pero sí hay hogares.

Como cada día desde hace una semana, sus mochilas estaban preparadas y sus despertadores seguían programados a las siete de la mañana. Los voluntarios llevan tiempo trabajando con ellos, insistiendo en la importancia de continuar sus estudios y por fin forman parte de la primera generación de El Gallinero que va a cursar los estudios secundarios. Pero cuatro de estos niños llevan una semana levantándose en vano porque su ruta escolar aún no ha pasado por el poblado chabolista de Madrid.

Los cuatro menores, de entre 12 y trece años, iban a comenzar la educación secundaria en el colegio privado-concertado Liceo Versalles. El resto de niños y niñas escolarizados de El Gallinero sí han tenido acceso al transporte escolar.

La Comunidad de Madrid, de la que depende la escolarización de estos menores y su acceso al colegio a través de la ruta, confirma la información, adelantada por la Cadena Ser, pero responsabiliza al centro escolar del fallo de coordinación. “El colegio en el que están matriculados no avisó de la necesidad de transporte para estos niños, por eso no ha pasado la ruta”, han explicado a eldiario.es fuentes de la Consejería de Educación.

Desde la ONG Coordinadora de Barrios, presente en El Gallinero, muestran extrañeza ante este argumento. “Desde el colegio nos dijeron que llevan todos estos días esperando a que lleguen los niños y ya les han proporcionado los uniformes”, apunta Patricia Fernández, abogada de la organización. Asegura haber enviado una queja a la Consejería de Educación hace dos días de la que, apuntan, no han recibido respuesta.

“En el caso de que realmente la Consejería desconociese que debía recoger a estos niños supondría una descoordinación también muy preocupante. La Comunidad de Madrid tiene a personas de Cruz Roja, financiados por la Comunidad, precisamente para encargarse de la escolarización de estos niños. También hay cuatro técnicos de la Agencia Social de Vivienda. Varios sueldos, para que luego pase esto”, destaca.

Este martes, la Consejería de Educación informó de que subsanaría el error de forma inmediata, por lo que aseguraron que este miércoles la ruta de secundaria pasaría a las 7:30 horas por El Gallinero. Y, de nuevo, un madrugón en vano. “Los niños se han vuelto a levantar una mañana más. Hemos enviado a una voluntaria para asegurarse de que acudían a la parada y también han ido el equipo encargado de entregar los desayunos, pero por ahí no ha pasado su autobús”, señala Fernández.

“Es un mensaje contradictorio para estos niños. Trabajamos mucho e insistimos en la importancia de que continúen sus estudios y, luego, ven que los que deben encargarse, no cuidan su escolarización. Menoscaban todo el esfuerzo realizado durante años. Se trata de parte de la primera generación del Gallinero que podría terminar la educación secundaria”, lamentan desde Coordinadora de Barrios.

El Ayuntamiento de Madrid lo retrasó tres semanas, pero al final ha metido las excavadoras para derribar casas vacías en El Gallinero delante de los niños que habitan el poblado chabolista. Muchos menores se han despertado esta mañana con el ruido del operativo, al que ha acudido la Policía, pese a que fue retrasado el pasado día 15 de junio para intentar, sobre todo, que los niños no estuvieran presentes. Muchos pequeños pasaron diez días en un campamento, hasta el 30 de junio, pero el Consistorio dirigido por Manuela Carmena asegura que “la Junta de Compensación –conjunto de propietarios entre los que está el Ayuntamiento– no pudo proporcionar la máquina necesaria hasta hoy”.

Este miércoles, los operarios han derribado “nueve casas y dos cocinas”, todas ellas deshabitadas, explica Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo e interlocutor de los voluntarios del asentamiento y las autoridades. Fuentes del Consistorio indican que estaba previsto el derrumbe de “13 viviendas”. Baeza explica que la máquina excavadora no pudo acceder a dos de ellas.

El Gallinero es un asentamiento de la capital, a 12 kilómetros de la céntrica Puerta del Sol, donde viven en la actualidad “unas 40 familias, unas 230 personas en total”, apuntan los voluntarios. Todas ellas, de etnia gitana provenientes de Rumanía. Sus índices de pobreza están a años luz de la media de la ciudad: un devastador 93% de pobreza, según el índice de Pobreza Humana (IPH), respecto al 10,7% medio de los madrileños.

El Ayuntamiento dio marcha atrás a la actuación de desmantelamiento hace tres semanas, después de las denuncias de los voluntarios y ONG que trabajan en el poblado porque no habían sido avisados y debido a la presencia de los menores en esa fecha. Las personas que colaboran en El Gallinero pedían que, si los derribos debían ejecutarse, el equipo municipal evitase que los niños fueran testigos de la escena.

El momento sugerido por los voluntarios fue en las fechas del campamento al que acuden muchos menores, “del 21 al 30 de junio”, explica Jorge Fernández, que estuvo de vacaciones con los pequeños. En el Ayuntamiento reconoce que se retrasaron los derribos para atender la solicitud de la ONG Coordinadora de Barrios, “se preparó para el día 30, que continuaba el campamento, pero la Junta de Compensación no consiguió la máquina”.

Fernández critica esa falta de previsión: “Que un Ayuntamiento como Madrid no pueda conseguir una máquina de este tipo en este tiempo...”. El Consistorio justifica la carencia del material a que, como el terreno es privado (de una Junta de Compensación con varios propietarios), no puede utilizar “los recursos públicos para emergencias que están disponibles solo para el espacio público”. Hacerlo en este terreno sería ilegal, indican.

Menores ante las excavadoras

El resultado ha sido ejecutar la operación, con los niños presentes, este miércoles. Ha asistido al poblado el concejal madrileño de Seguridad, Javier Barbero, “que ha hablado con los habitantes y no ha habido conflictividad, que eso es una diferencia con la anterior administración, la posibilidad de diálogo”, admite Javier Baeza.

En el pasado, con Ana Botella al frente del gobierno de la capital, los niños amanecieron varias veces con derribos que afectaban a sus propias casas y a las de sus vecinos. Ahora, las viviendas demolidas no están habitadas, pero “el problema no es que destruyan su casa, que también, es que lo que ven los niños. No pueden volver a presenciar esa violencia institucional”, critica Fernández.

Miguel Ángel Vázquez, voluntario y secretario general del partido Por Un Mundo Más Justo también ha estado presente esta mañana en El Gallinero y condena la repercusión de la escena en los menores: “Estaban inquietos. Un niño no tiene por qué saber que solo van a tirar las casas vacías. No sabe qué va a ocurrir, solo que se despierta viendo otra vez una excavadora y a la Policía en su barrio”, lamenta.

Con el equipo del PP al mando, en algunas ocasiones un derribo de viviendas desocupadas se saldó con alguna otra casa afectada. “Arrasaban con más, por eso hemos ido hoy a El Gallinero a vigilar que solo se derribaban las vacías”, reconoce Jorge Fernández.

Sin el prometido grifo y los retretes

En enero de este año, el equipo de Manuela Carmena comunicó su intención de lanzar su “plan de choque” con medidas urgentes para mejorar la habitabilidad en este foco de pobreza. Entre las actuaciones figura una de las principales exigencias de los voluntarios: la intalación de retretes y más acceso a puntos de agua potable. Tras un año al frente del Ayuntamiento, no han aplicado estas mejoras. “Es frustrante. Que la primera actuación en un año, tras una limpieza, sean estos derribos y que no hayan puesto ni un grifo de agua”, critica Miguel Ángel Vázquez.

Las mismas fuentes del Ayuntamiento vuelven a destacar las dificultades de avanzar en el proyecto debido a la propiedad del terreno, y también apuntan que el plan municipal no quiere “consolidar” más aún El Gallinero: “El plan de choque no pasa por consolidarlo, sino por una actuación más compleja, con los agentes sociales. Hay una parte de proveer las necesidades mínimas, pero son medidas paliativas”.

Aun así, en el Ayuntamiento creen que, tras los derribos, “algunas actuaciones básicas, como llevar agua corriente y los urinarios, se podrán instalar en el próximo mes”. Los voluntarios y la población desconfían porque ya han escucharon esa promesa a principio de año.

La falta de saneamiento en El Gallinero ha sido objeto de la preocupación de la ONU, a través de la Relatoría especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, con la que contactaron desde Coordinadora de Barrios durante el gobierno del PP. Además, según informó El País, el requerimiento de información de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el asentamiento se ha ampliado desde siete relatorías en total al Gobierno español. El Ayuntamiento, según ha indicado a este medio, está facilitando la información requerida por la administración central.

Después de no aparecer por allí desde el final de la alcaldía de Ana Botella, las excavadoras y los antidisturbios iban a regresar al poblado chabolista de El Gallinero este jueves. Sin diálogo previo con vecinos y voluntarios del asentamiento, el Ayuntamiento de Madrid programó el derribo de aproximadamente 20 viviendas que, según aseguran, están deshabitadas. Las críticas de ONG presentes en la zona, que denunciaban la falta de diálogo y pedían evitar la presencia de los niños durante el despliegue policial, ha empujado al Consistorio a suspender in extremis el operativo y atender las recomendaciones de las entidades sociales.

Los vecinos no habían sido advertidos, pero este jueves iban a amanecer con un gran despliegue policial que les recordaría a épocas pasadas. El Consistorio aseguraba que todas las chabolas que serían derribadas estaban deshabitadas pero, después de años de derribos durante el mandato de Ana Botella, la ONG Coordinadora de Barrios temía que los niños presenciasen una escena que tantas veces les causó pavor.

La ONG recomendaba al menos la suspensión de los derribos hasta las vacaciones escolares, cuando buena parte de los menores acudirían a un campamento de verano pero, al no ser consultados, el operativo se programó sin sus recomendaciones. Tras repetidas llamadas durante toda la mañana, el Consistorio no ha confirmado la información a eldiario.es hasta que la noticia era otra: la demolición iba a producirse pero finalmente se paralizaba atendiendo a las denuncias de Coordinadora de Barrios.

“Estaba previsto el derribo de varias chabolas pero, en vista a la comunicación de Coordinadora de Barrios, vemos procedente esperar y suspender este derribo. Somos sensibles a que, como recomiendan, un poco más adelante sería mejor. Meter unas excavadoras es un tema con el que hay que tener con cuidado. Somos sensibles y vamos a aceptarlo”, han explicado fuentes municipales.

Tras la decisión de cancelar el operativo con menos de 24 horas de antelación, el Consistorio ha reconocido fallos de comunicación entre los departamentos municipales implicados en el derribo y las entidades sociales presentes en El Gallinero. “Intentaremos mejorar los canales de información porque nos interesa colaborar con ellos de forma estrecha”, han afirmado.

Los voluntarios de la zona también temían que la identificación de las casas “vacías” no se hubiese hecho de la forma adecuada, ya que no habían contado con ellos durante el proceso. “No sabemos en qué información se basan para determinar que las viviendas seleccionadas están deshabitadas, y tememos que hayan cometido algún error. Hay una familia que ha tenido que viajar a Rumanía por el fallecimiento de un familiar. Como no sabemos qué casas serán demolidas, tememos que consideren que la han abandonado cuando no es así”, afirmó Jorge Fernández, voluntario de El Gallinero.

“Nosotros trabajamos en El Gallinero, tenemos mediación con los diferentes actores y colectivos que trabajan en él. Las chabolas están vacías. Y tienen convencimiento de que lo están”, responden fuentes municipales. “No se va a derrumbar ninguna chabola habitada”.

El Gallinero sigue sin las letrinas prometidas

La llegada del gobierno municipal de Ahora Madrid al palacio de Cibeles, con Manuela Carmena a la cabeza, alentó las esperanzas de los voluntarios con un cambio evidente en la actitud del Ayuntamiento. En enero de este año, el equipo de la alcaldesa comunicó su intención de lanzar su “plan de choque” con medidas urgentes para mejorar la habitabilidad en este foco de pobreza. Por el momento, se han iniciado varias actuaciones de mediación cultural y de formación con los residentes del poblado, según fuentes del Área de Equidad.

Las actuaciones también incluían, entre otros asuntos, la mejora en la salubridad en un poblado donde sus habitantes no tienen otra opción que hacer sus necesidades al aire libre a 12 kilómetros de la Puerta del Sol. En octubre, la oficina del relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento de la ONU calificó de “preocupante” la falta de acceso al agua en el asentamiento y anunció su intención de abrir una investigación al respecto.

Según asegura Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios, a día de hoy “no ha llegado ni un grifo ni una letrina, ni contenedores”. La letrada asegura que el Ayuntamiento únicamente ha llevado bolsas de basura y realizó una limpieza “bastante deficiente” de la zona. En la actualidad solo existe un grifo para las 40 familias residentes.

“En la época de lluvias los niños iban de barro hasta las ingles. Hemos mandado escritos, hemos mandado fotos, pero nada”, añade el voluntario Jorge Fernández. Ante las críticas en el retraso de la aplicación del plan con respecto a las condiciones de salubridad, el Consistorio defiende que “los retos y los objetivos al respecto se mantienen, no hay un cambio en el tratamiento sino una serie de trámites que tenemos que solucionar. Estamos en ello”.

En Madrid hay niños, alrededor de un centenar, que no tienen acceso a un retrete. Que cuando tienen sed, solo disponen de un grifo de agua potable para 300 personas. Viven en El Gallinero, el poblado chabolista cuyos índices de pobreza están a años luz de la media de la capital: un devastador 93% de pobreza, según el índice de Pobreza Humana (IPH), respecto al 10,7% medio de los madrileños. Manuela Carmena iniciará su “plan de choque” en el asentamiento este enero, seis meses después de tomar posesión como alcaldesa de Madrid, ante la impaciencia de los voluntarios que trabajan en el poblado.

Para el gobierno de Ana Botella, mejorar las condiciones de vida en el poblado de chabolas de El Gallinero, donde habitan en la actualidad alrededor de 300 personas de etnia rumana gitana, significaba “cronificar la pobreza”. Con ese argumento, los voluntarios que trabajan en el asentamiento vieron truncadas una y otra vez sus propuestas para mejorar de manera urgente las necesidades básicas en el asentamiento (hasta lograr una solución permanente que acabe con el poblado): la instalación de retretes, duchas, más puntos de agua y la limpieza de los montones de basuras que se acumulan sin control.

Una investigación de Save the Children, junto a la Universidad Pontificia Comillas, alertó de la vulneración diaria de los derechos de los menores de El Gallinero. Según el estudio, la probabilidad de que los niños que habitan el poblado no lleguen a los 60 años es del 98%. “En España, la media es del 7,8%”, recordaba la ONG.

La llegada del gobierno municipal de Ahora Madrid al palacio de Cibeles, con Manuela Carmena a la cabeza, alentó las esperanzas de los voluntarios con un cambio evidente en la actitud del Ayuntamiento. Desde junio, los derribos de chabolas han cesado, afirma Jorge Fernández, miembro de la Parroquia San Carlos Borromeo que trabaja día a día en El Gallinero. Ahora, el equipo de la alcaldesa ha comunicado su intención de lanzar su “plan de choque” con medidas urgentes para mejorar la habitabilidad en este foco de pobreza, a 12 kilómetros de la céntrica plaza de Sol. Las primeras actuaciones llegarán “a finales de enero”, afirma Marta Higueras, concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Letrinas y una mayor limpieza

Las medidas urgentes que pondrá en marcha el Consistorio, como adelantó El Mundo, consisten en “letrinas y duchas, aumentar los puntos de acceso a agua potable y un pequeño asfaltado del poblado para que pueda acceder el autobús escolar”, explica la concejala. Además, los servicios municipales realizarán una limpieza intensiva y la desratización del poblado.

Para algunos voluntarios, las letrinas y otras actuaciones urgentes se han demorado demasiado. “No sé si la Administración es tan lenta y no permite hacer cosas urgentes”, afirma Jorge Fernández. “No es de recibo, que ya hace seis meses que fueron elegidos...”, afirma con evidente molestia. En su opinión, las promesas deberían haberse anticipado al frío. Este lunes, la temperatura mínima en Madrid ha sido de unos 3 grados. “Es penoso que las criaturas estén en estas situaciones”.

Desde el Ayuntamiento, Marta Higueras apunta que los terrenos sobre los que se levanta el poblado no son municipales, por lo que toda actuación requiere “el permiso de los propietarios, con los que nos hemos reunido”, lo que demora la intervención. Los niños haciendo sus necesidades encogidos por el frío, al aire libre, tienen los días contados, según el compromiso del Ayuntamiento.

Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo y otra de las personas activas en el poblado, es más conciliador. “A mí me parece que esto es como todo, si lo comparamos con la situación de junio para atrás, estamos mucho mejor”, responde. En octubre, la ONU respondió a una queja de los voluntarios (de la etapa del Ejecutivo de Botella) sobre la inexistencia de saneamiento en El Gallinero. La Relatoría de Naciones Unidas encargada de velar por el derecho humano al agua indicó su interés de investigar esta vulneración de derechos humanos.

Las medidas a largo plazo

Marta Higueras afirma que, pese a la urgencia del plan de choque para “dignificar las condiciones de vida” de los habitantes del Gallinero, “el problema no se soluciona sólo con estas medidas”. El Ayuntamiento trabaja en un plan “a medio y largo plazo que tenga en cuenta la situación de cada familia, de manera individualizada”. El objetivo: dejar atrás la pobreza en la que se ven envueltos los pobladores de El Gallinero.

De momento, en el Consistorio no descartan la autoconstrucción controlada de viviendas con mejores condiciones sobre suelo municipal “cercano a donde está ahora el poblado”, afirma Higueras que subraya que “la idea no es trasladar el poblado, pero no descartamos esta opción para las familias que no quieran vivir en altura”.

Jorge Fernández, que presentó hace cuatro años junto a otros voluntarios un plan de autoconstrucción como “solución” para El Gallinero, opina ahora que no es la mejor salida. “Muchas familias, sobre el 40%, estarían preparadas para vivir en una vivienda” de manera normalizada, con asistencia social.

Fernández sugiere el modelo de integración que implantaron hace años varias regiones de Estados Unidos (y ahora está poniendo en práctica la Comisión Europea) para personas sin hogar: Housing First. Este plan consiste en garantizar una vivienda a estas personas, que reciben asistencia social de manera periódica para controlar los avances y la integración en el nuevo vecindario. En España, el modelo ha sido aplicado este año por Rais Fundación.

Más de un centenar de niños en Madrid tiene que orinar y hacer sus necesidades al aire libre, rodeados de basura y barro. Estos días, aguantan el frío que ya se deja notar en la capital a primera hora de la mañana. No tienen acceso a ningún retrete, ni a duchas, y solo viven a 12 kilómetros de la céntrica Puerta del Sol. Residen en el poblado chabolista de El Gallinero, que ha llamado la atención de la oficina del relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller, desde donde han afirmado su intención de “investigar con urgencia” la “situación preocupante por los derechos humanos de las personas afectadas”.

Los voluntarios de la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid llevan una década denunciando un panorama que carece “de una dignificación mínima”, dice su párraco, Javier Baeza. Solo hay un punto de agua en todo el poblado, donde llenan sus garrafas las 300 personas de etnia rumana gitana que lo habitan (más de la mitad niños), y el saneamiento es nulo, ya que carecen de duchas y de retretes.

El pasado enero, una niña de unos tres años hacía pis en uno de los costados de su casa autofabricada, con apenas unos grados en positivo, como contó eldiario.es en una visita al poblado. La escena se repite día a día. “La falta de letrinas es que es... Se conculcan los derechos más íntimos de las personas. Que tengan que hacer sus necesidades en la mitad de la basura, que las chicas con la menstruación se tengan que cambiar así..”, critica Jorge Fernández, un voluntario de la Parroquia de San Carlos Borromeo que ayuda a diario en el asentamiento.

Desde la parroquia exigen el acceso a letrinas y a duchas, como medida de urgencia mientras se consigue erradicar el poblado chabolista. El gobierno de Ana Botella consideraba que su implantación “cronificaba la pobreza” así que, tras años de gobierno del Partido Popular, en los que no hubo avances en este sentido, recurrieron a una instancia internacional. En marzo escribieron una carta a la Relatoría de la ONU encargada de velar por el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2010. Ahora, han obtenido respuesta.

Este 6 de octubre, un asesor del relator de la ONU ha respondido a los voluntarios. “La situación que usted presentó en su carta, de fecha 9 de marzo de 2015, acerca de las personas de nacionalidad rumana y etnia ROM asentadas en El Gallinero, representa efectivamente una situación preocupante por los derechos humanos de las personas afectadas”, apunta en la respuesta escrita a la que ha tenido acceso eldiario.es. “Queremos investigar esta situación con urgencia”, indica.

Se trata de un primer paso, al que deben responder los voluntarios para confirmar si la vulneración de derechos humanos “aún sigue igual o si han cambiado algunas condiciones”. Jorge Fernández lamenta que “todo sigue igual”. Javier Baeza también afirma que el nuevo Gobierno municipal –ahora en manos de Manuela Carmena– ha generado un cambio en la “predisposición de diálogo”, con encuentros informales y el cese de los derribos en el asentamiento, pero esperaban más celeridad en estas cuestiones “de emergencia”. “La limpieza, las letrinas y los puntos de agua no se han ejecutado” en los cuatro meses de mandato de Ahora Madrid, continúa el párroco.

Sin letrinas y se acerca el frío

Stan, un padre de familia que vive con sus ocho hijos y su mujer en una chabola, cuenta que “todo sigue igual” en El Gallinero. Sus niños siguen orinando al aire libre. “Pasamos mucho frío, los niños me dicen 'papá, tengo frío' y no puedo hacer nada. Tampoco tenemos agua y la policía nos corta la luz a menudo [a la que se conectan de manera irregular] y a veces estamos varios días sin luz”, dice. Stan trabajó durante “siete años” y aún cobra algo de paro lo que le permite mantener a su familia mientras busca otro empleo.

Desde el Ayuntamiento de Madrid indican a eldiario.es que “en los próximos días” habrá una reunión entre varias Concejalías para trabajar “en un plan de choque en el Gallinero, para pasar de la marginalización a la ciudadanía”. No adelantan si se debatirá el acceso al agua y al saneamiento, pero apuntan que “se trabajará con el plan de los voluntarios que están cada día allí”, que sí contempla estos recursos.

En diciembre de 2014 un informe de Save The Children y la Universidad Pontificia Comillas denunció la vulneración de derechos humanos que sufrían a diario los niños que residen con sus familias en el poblado chabolista. Sus habitantes padecen índices de pobreza y exclusión a años luz de la media española. El índice de Pobreza Humana (IPH), propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, arroja allí un devastador 93% de pobreza, frente al 10,7% de la capital.

“La inexistencia de espacios físicos para poder hacer sus necesidades plantea, además de problemas de salubridad, un riesgo adicional para las mujeres y niños de sufrir acoso y abusos sexuales especialmente durante la noche o al tener que utilizar lugares apartados”, recogía la investigación.

En ese momento, con Ana Botella como alcaldesa de la capital, los responsables del estudio afirmaron que “la falta de respuesta pública constituye una vulneración del derecho de acceso al agua y saneamiento para los habitantes de El Gallinero”. “Hay que hacer algo diferente porque la intervención no está funcionando”, apuntaban desde la ONG. Los cambios no han llegado por el momento en este ámbito.

“Esta mañana había unos seis grados en Madrid y habría unos cuatro en el Gallinero. Un chico de los que van en la ruta escolar se echó agua en el único grifo que hay, sin secarse con la toalla ni nada, solo con el aire. En la ruta, pasado un rato, seguía teniendo las manos frías”, explicaba este miércoles Jorge.

De momento, han cesado derribos para el alivio de las familias. Su paralización es una de las medidas que incluye el 'plan de choque' del Ayuntamiento,  además de “un plan de urgencia de desratización”, afirman fuentes municipales. Stan suspira cuando le preguntamos sobre la llegada de cambios, de una ducha, de un retrete, rutinarios para la mayoría de los hogares de la capital. “Ojalá lo quiera Dios”. El Gallinero clama, como lo hace desde hace años, para que sus pequeños dejen de orinar entre desperdicios. Y recuerdan: se acerca el invierno.

La característica común del casi medio millar de personas que viven en El Gallinero es que son familias de origen gitano rumano. Una verdadera ‘mala pata’ para convivir en cualquier sociedad europea cuando por el hecho de serlo sufren del estigma previo que les asocia de manera injusta a actos marginales y delictivos. Algo que puede terminar siendo verdad no porque sea algo innato de la etnia gitana sino como una consecuencia más del rechazo y discriminación frontal que sufren. Situaciones indeseables a las que llaman a erradicar diferentes organismos europeos a través de programas y actuaciones específicas sin todo el éxito que debería.

La situación en El Gallinero es de una pobreza tan extrema que si usáramos el Índice de Pobreza Humana de Naciones Unidas se asemejaría a las condiciones de vida del país más pobre de la tierra, a Níger.

Sobre cómo perciben y sienten esta situación de extrema exclusión los 300 niños y niñas que viven allí, y de cómo esto afecta a sus derechos, es lo que cuenta el estudio que Save the Children, junto con el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad de Comillas, presentamos el pasado mes de noviembre. La principal conclusión es que se están vulnerando los derechos de los menores de edad que allí viven y que esto debe cesar. Para ello es necesario que las autoridades públicas implicadas (principalmente el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) corrijan al menos las siguientes situaciones:

1. Ha de facilitarse un acceso a la electricidad que no entrañe un peligro para los niños ni sus familias. Las condiciones actuales de cableados precarios que recorren todo el poblado ya han dado lugar a que algún menor se haya electrocutado.

2. Deben adaptarse los accesos a la zona para acabar con el aislamiento en el que viven las familias que condiciona seriamente sus desplazamientos para acudir al colegio de sus hijos, pedir ayudas sociales, tramitar documentación o tener que ir al médico.

3. Existe un único punto de agua en todo el poblado y el saneamiento es prácticamente inexistente. Ambos aspectos dan lugar a graves riesgos para la salud, siendo los más pequeños los más vulnerables. La transmisión de enfermedades es un hecho evitable si no fuera porque la basura se acumula incesantemente, hay que defecar al aire libre, no hay acceso al agua y los animales andan sueltos y abandonados además de las ratas, las cucarachas y los insectos.

4. El empadronamiento de todas las personas de El Gallinero es un requisito básico para poder acceder a ayudas de los servicios sociales, ayudas por hijo a cargo o a la renta mínima de inserción. Debe facilitarse dicha gestión municipal sobre todo teniendo en cuenta que estas ayudas serían destinadas a libros, material escolar, vestidos, alimentación, actividades de sus hijos e hijas con otros niños de su edad, lo que favorecería su integración.

5. Han de existir programas específicos de educación infantil para los menores de 0 a 3 años. Además del apoyo que supondría para las familias en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, liberaría los hermanos mayores de la tarea de estar con los más pequeños y/o daría más posibilidad a los adultos de tener una actividad laboral más estable.

6. Los niños y niñas de El Gallinero quieren ir a clase y quieren aprender. Es necesario subsanar las deficiencias que se dan en las rutas escolares para que sean suficientes y que en ningún caso, se condicionen al comportamiento de los chavales. Además, es imprescindible acondicionar espacios para que los chicos y chicas reciban el apoyo escolar que sus padres y madres no les pueden dar al carecer de los conocimientos necesarios para ello.

7. El acceso a la salud no puede ser reactivo, sino que además, y sobretodo, debe ser preventivo. Es necesario que se desarrollen programas de salud que apoyen a las familias y a los adolescentes a conocer aspectos de alimentación, higiene, salud sexual y reproductiva; que haya un programa integral de la salud para este colectivo partiendo de sus necesidades y características.

8. Deben frenarse las situaciones de violencia dentro del poblado, en muchas de las cuáles son testigos los niños y niñas que expresan su miedo e impacto. Para ello es necesario contar con los propios habitantes de El Gallinero y utilizar los espacios de participación y encuentro que ya tienen, así como mejorar la colaboración y coordinación entre los voluntarios y organizaciones que ya están trabajando en el terreno.

9. El juego y el esparcimiento de los niños y niñas es uno de los derechos de la infancia más olvidado y más necesario. El Gallinero es un lugar lleno de peligros donde no existen columpios ni explanadas donde puedan jugar sin el riesgo de ser atropellados por los vehículos que pasan por la carretera que lleva a la Cañada Real o sin sufrir algún tipo de accidente.

10. Y por último, es imprescindible detener los desalojos forzosos y derribos de las casas que siguen produciéndose sin respetar la normativa internacional al respecto. La vivienda es el núcleo central de estabilidad para cualquier ser humano, más aún si estamos hablando de niños y niñas cuyo interés superior debe primar en cualquier actuación. La angustia y ansiedad que expresan por estos sucesos debería hacer pensar en las consecuencias emocionales de estos procedimientos que tienen en niños que están en pleno proceso de maduración y desarrollo.

La privacidad del terreno no es motivo suficiente como para no emprender todas estas actuaciones. Los Principios Rectores sobre la Extrema pobreza y los Derechos Humanos dicen:

“Las autoridades públicas deben otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios de las zonas habitadas por personas que viven en la pobreza con inclusión de caminos transitables todo el año , agua potable, evacuación de deshechos y aguas servidas e instalaciones de saneamiento, servicios de atención de la salud, educación y electricidad (…) No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua y el saneamiento por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra en que esta se encuentra”

El próximo día 10 de febrero, el Instituto Universitario de la Familia ha convocado una jornada abierta para dar a conocer el informe que publicamos. A esa jornada acudirán buena parte de los agentes implicados en esta realidad. Es un muy buen momento para llegar a acuerdos mínimos que permita, ocho años después de empezar este asentamiento, dotar a este colectivo de condiciones básicas para vivir con dignidad de manera estable. Todo reto es una oportunidad, y muchas veces hasta una buena práctica que trasladar a otros lugares pero si además hablamos de niños y niñas, es una inversión imprescindible para construir una sociedad mejor.

Los chavales de 'El Gallinero', cerca de 300 niños y niñas, se refieren a Javier Baeza como 'Javi'. La confianza de los habitantes del poblado chabolista con el sacerdote y varios voluntarios ha costado trabajo, admite Jorge, que como él pasa sus días enfangado en las improvisadas calles de este foco de pobreza a escasa distancia del centro de Madrid. Según un informe de Save The Children presentado el pasado diciembre, el Índice de Pobreza Humana (IPH) arroja allí un devastador 93% de pobreza, frente al 10,7% de la capital.

En el Madrid de la alcaldesa Ana Botella, la Iglesia (para bien o para mal) sigue teniendo su influencia. Y la visita del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha dejado algo de esperanza en el poblado. El sucesor de Antonio María Rouco Varela parece enarbolar un cambio de postura de la jerarquía eclesiástica frente a la parroquia de San Carlos Borromeo, de Entrevías. Sus sacerdotes, entre los que se encuentra Javier Baeza, han pasado de temer por el cierre de su iglesia a sumar a Osoro a una de las causas sociales que los enfrenta con el Ayuntamiento de Madrid.

A finales de noviembre, la visita sorpresa del sucesor de Rouco Varela –que continúa arreglando su lujoso ático– permitió que el equipo de voluntarios pudiera explicar a Osoro in situ los planes de desarrollo del asentamiento, así como las dificultades para sus 400 habitantes por la ausencia de agua corriente y de red eléctrica. Y el tour, en mitad de un tremendo aguacero, parece haber dado algún fruto. Desde el Ayuntamiento de Madrid se reconoce la necesidad de restablecer algún tipo de interlocución con las asociaciones. Fuentes cercanas al Arzobispado apuntan a alguna gestión llevada a cabo por el arzobispo con la alcaldesa.

Las barreras que los voluntarios franquean con las familias, de población rumana gitana, llevan horas y horas de colaboración, pero los resultados animan a seguir. “No es cierto que sean personas que no se dejen ayudar”, responde Jorge, que recuerda que la integración del pueblo gitano en España, después de décadas de intervención, todavía mantiene muchas tareas pendientes. “No podemos pretender que este problema se solucione rápido”, añade.

“Pero hay avances impensables hace unos años: que los niños asistan al colegio como lo hacen hoy, que regresen con un cuaderno con deberes apuntados y vuelvan al día siguiente a la escuela con ellos hechos”, dice Jorge.

Mismo objetivo, distintas políticas

Los cambios no son ni mucho menos fortuitos. En 20 minutos de conversación con el voluntario a las puertas de la escuela de apoyo –un habitáculo de metal con una decena de pupitres–, el hombre no puede terminar dos frases seguidas. “¡Jorgitooo!”, llega una chica corriendo. Hoy cumple 19 años y, tras un abrazo, pregunta por su prometido regalo. Si no, es Manuel, que intenta entrar antes de tiempo a la clase de refuerzo. O un hombre mudo que pretende explicarle algún problema con un recibo de compra en la mano. “¿Qué te decía?, retoma el voluntario. ”Ah sí, que hace falta tiempo“.

Por eso, cuando hace algo más de una semana el Ayuntamiento de Madrid ordenó ejecutar el derribo de cuatro chabolas (solo dos ocupadas) la distancia entre los voluntarios y el consistorio volvió a agrandarse. El equipo de la alcaldesa Ana Botella considera que “toda actuación que permita que continúe el asentamiento lo que que hace es perpetuar el problema y la pobreza”, según explica Carlos M. Martínez Serrano, coordinador de General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Martínez destaca la explotación de los varones de las familias, “a los que no les interesa salir de El Gallinero”, apunta. “Hay noticias publicadas sobre las mafias que se dedican al robo del cobre”.

Las medidas municipales pasan por no mejorar las condiciones de vida del poblado y solicitar el derribo de las chabolas. Como alternativa, el Ayuntamiento puso en marcha un programa de intervención en el que ofrece a las familias el paso por unos campamentos (denominados APOI) “en los que deben aprender una serie de normas de convivencia”. Después de esta fase, “pasan a unos pisos tutelados hasta llegar a las condiciones de una integración plena”, explica Carlos M. Martínez. Después de ocho años, solo tres familias se han acogido al programa.

Los voluntarios exponen que, a la vista de los datos, es necesario revisar si las cosas se están haciendo bien. “Nosotros tampoco queremos que esto exista, claro, partimos de la misma base. Pero tiene que haber una alternativa positiva para la familia y eso no está funcionando”, afirma Jorge.

Javier Baeza recuerda que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos exige que las autoridades no dejen a familias en la calle en pleno invierno. Carlos Martínez niega que incumplan ninguna norma en este sentido, “porque estas familias sí tienen alternativa: los campamentos”. La realidad es que las dos familias a las que destruyeron su casa la semana pasada construyeron otra al día siguiente, pero con parte de sus pertenencias atrapadas entre los escombros.

Las quejas a las políticas del Ayuntamiento también llegan hasta la Defensora del Pueblo que, en una respuesta a Javier Baeza del 16 de enero a la que ha tenido acceso eldiario.es, comunica que el consistorio rechaza “las propuestas, sin proporcionar argumentación que desvirtúe los terminos de la queja ni que altere el fundamento de las sugerencias formuladas”. La institución incluirá el caso en su próximo informe anual ante la respuesta insatisfactoria de la administración.

Sin letrinas a cero grados

Al cruzar una de las callejuelas del poblado, con una temperatura de apenas unos grados, una niña de unos tres años hace pis a la intemperie junto a otro niño de edad similar. Manuel y su hermano David, de dos años, se han ofrecido para mostrar su entorno diario y dejan atrás la escena con naturalidad. Cuando Manuel señala una de las casas derrumbadas, ya se han unido un grupo de cuatro niños, que discuten entre escombros si se puede ser seguidor del Rayo Vallecano “además del Real Madrid”.

Los niños van a jugar al fútbol dos días a la semana gracias a un programa de la Fundación Real Madrid en colaboración con el Ayuntamiento, que cede las instalaciones deportivas. Además, desde 2014 el Consistorio ha iniciado otro plan para “el empoderamiento de las mujeres con la Asociación Barró”, destaca Carlos M. Martínez. Estas iniciativas sociales, bienvenidas siempre, suponen una situación de “esquizofrenia” –dice Javier Baeza– cuando a las palabras de la alcaldesa sobre la “integración” del plan del Real Madrid le sigue a los pocos días un Gallinero tomado por la policía para hacer efectivos los cuatro derribos.

Los voluntarios de El Gallinero han visto rechazado el proyecto para llevar letrinas y baños al poblado, así como “otro para madres adolescentes”, afirma Jorge. En su opinión, el argumento de la cronificación de la pobreza no puede amparar una rutina diaria de vulneración de los derechos humanos de 400 personas. “Como es ilegal, ¿les cortamos la luz? ¿Les cortamos también el único punto de agua potable que tienen?”, critica el voluntario. “Si fuera político me daría vergüenza que esto existiera”.

Valica, la niña de El Gallinero que acudió al Parlamento Europeo a defender su derecho a la educación, espera puntual a que llegue su turno para entrar en la clase de refuerzo. Ese día no ha ido al colegio, “porque no teníamos luz por la mañana y como hacía tanto frío no salimos de casa. No sabíamos qué hora era y se fue el autobús”, justifica la menor, de diez años.

Javier Baeza y otros voluntarios dejaron de ir a las reuniones del Ayuntamiento de Madrid porque “se nos faltaba al respeto y se culpabilizaba a las familias”, señala el cura. Los voluntarios coinciden en que lo ideal es la colaboración con las autoridades para favorecer a las familias con los fondos de las entidades públicas y el conocimiento cercano de del trato diario. Pero, para ello, exigen unos mínimos que respeten los derechos de estas personas. “No se trata de quién tiene razón, si el Ayuntamiento o nosotros, sino de dar una salida a estas personas. Pero de una forma digna”, concluye Jorge.

De momento el interés de la jerarquía eclesiástica parece haber acercado al Ayuntamiento a los problemas del poblado. El tiempo dirá si la tradicional cercanía entre la Iglesia y la Administración madrileña se traduce en una vida mejor para los 400 habitantes de El Gallinero. Y en un pequeño triunfo para el trabajo de los voluntarios y de Javier Baeza. Para los niños, Javi.

No tienen agua corriente en sus casas. Van con carritos cargados de bidones hasta un extremo de su asentamiento, donde una única fuente les proporciona el agua para beber, ducharse y cocinar. También carecen de duchas y como retrete sirve cualquier rincón escondido, en la calle. Las viviendas suelen tener unos 15 metros cuadrados donde viven una media de seis personas. No es Etiopía ni Nigeria, “aunque su situación se asemeja más a estos países que a la vida de los niños madrileños”, apunta Ana Sastre, de Save the Children. La ONG ha documentado junto a la Universidad Pontificia Comillas el día a día de los niños en el poblado chabolista de El Gallinero, a 12 kilómetros del centro de la capital.

Las ratas y serpientes quedan rodeadas por un círculo rojo. También la basura. Las casas, por uno verde. El equipo que ha elaborado el informe Los Derechos Humanos también son cosa de niños. La situación de la infancia en “El Gallinero” entregó a los niños estas pinturas para que marcaran los elementos amenazantes, que les parecían peligrosos en dibujos.

El Gallinero es un asentamiento chabolista donde habitan alrededor de 435 personas de etnia gitana y nacionalidad rumana, de los que 298 son niños. Acotado por varias carreteras y la vía del AVE “llama la atención por el aislamiento”, indica Fernando Vidal, director del Instituto de la Familia (IUF) de la Universidad Pontificia Comillas.

Los testimonios de los niños recogidos en los grupos de discusión y en las entrevistas individuales dejan por escrito sus miedos. Una niña señala su oreja. “Por aquí y por aquí”, contó mostrando sus muñecas a los responsables del informe. Son los lugares por donde los ratones “comen por la noche” a los niños pequeños. Otro pequeño no quiere ir por ciertas zonas, llenas de basura y todo tipo de restos. “Nos manchamos las manos de caca cuando nos caemos”, recoge el estudio. Cuando les preguntan qué cambiarían de El Gallinero, un niño resume en que “lo haría... normal”. Con agua en su casa. “Y duchas”, apunta.

El estudio recoge diferentes experiencias, en boca de los menores, para conocer “las percepciones subjetivas de los niños y cómo ven sus oportunidades”, explica Carlos Pitillas, profesor del departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. La conclusión: “Estamos ante el peor de los escenarios”, afirma Ana Sastre. “Casi 300 niños ven vulnerados sus derechos de manera sistemática”, continúa la responsable de Sensibilización de Save the Children, con índices de pobreza y exclusión a años luz de la media española.

El estudio toma el Índice de Pobreza Humana (IPH) propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que deja enormes desigualdades. La probabilidad de que los niños que habitan el poblado no lleguen a los 60 años es del 98%. “En España, la media es del 7,8%”, apunta Ana Sastre. El porcentaje de analfabetos funcionales en la población en edad de trabajar es un 78%, mientras que la media nacional “no supera el 11”. En total, el IPH asciende en El Gallinero al 93%, muy alejado del 10,7% de Madrid.

“La intervención no está funcionando”

El informe valora la intervención del Ayuntamiento de Madrid para acabar con el chabolismo y mejorar la vida de estos niños. Entre los éxitos, la escolarización de los niños, que alcanza altos índices de asistencia. Sin embargo, con motivo del Día de los Derechos Humanos (que se celebra mañana, 10 de diciembre), Save the Children y la Universidad Pontificia Comillas exigen mayores esfuerzos. “Hay que hacer algo diferente porque la intervención no está funcionando”, apunta Ana Sastre.

Las familias de El Gallinero no acceden a muchas de las ayudas públicas a las que tendrían derecho, como la renta mínima de inserción (RMI) o la ayuda por hijo a cargo, simplemente por problemas administrativos. Un problema “transversal” radica en que muchas personas no están empeadronadas y eso las excluye de diversas ayudas. “Solo 13 de las 95 familias de las que tiene registro el Ayuntamiento reciben la RMI”, dice Ana Sastre.

Las medidas específicas tampoco han dado los resultados esperados. Después de 8 años, solo cuatro familias han participado en el programa de realojo del Ayuntamiento, según recoge el informe, y dos de ellas han regresado al asentamiento más tarde. Los desalojos y derribos de las viviendas se producen sin una alternativa habitacional que acepten los afectados por lo que la mayoría vuelve a levantar sus casas en el poblado, entre cascotes y los restos de las viviendas que van cayendo.

El miedo y rechazo a la policía es otra constante en los dibujos de los niños. Un tercio de los menores ha sufrido algún desalojo en el último año y medio. Save the Children exige al Consistorio que detenga los derribos de manera inmediata y elabore un nuevo plan de intervención social que tenga en cuenta a la población y a los voluntarios que se han ganado la confianza de la población de El Gallinero. “Debemos revisar cuál es el procedimiento”

En la presentación de informe, Carlos M. Martínez Serrano, coordinador de General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que acudió como oyente al acto, defendió la política del Gobierno municipal. “Quizá la intervención necesaria es la de esas familias que se resisten a abandonar el poblado”, apuntó. En su opinión, “los planes que sugiere Save The Children ya se están haciendo”. “Hay que desenmascarar el buenismo que hay detrás de El Gallinero”, concluyó.

Los responsables del informe consideran que todos los actores implicados comparten el mismo objetivo: una alternativa real para las familias, que garantice los derechos humanos de los menores. “Nadie dijo que no fuera complejo, pero algo está fallando en nuestra forma de ofrecer una alternativa claramente mejor cuando no lo aceptan”, concluye Fernando Vidal.