El viraje ultraconservador en una escuela concertada de Terrassa, en la provincia de Barcelona, mantiene en vilo desde hace más de un año a decenas de familias. Son al menos unos 290 padres y madres de la concertada Mare de Déu del Carme las que han denunciado que la nueva dirección pedagógica y administrativa ha llevado a cabo “un golpe de estado ideológico”, que ha provocado que en las clases afloren discursos católicos extremistas e incluso el revisionismo histórico franquista. 

La queja la hicieron pública antes de final del pasado curso mediante un manifiesto de la plataforma Recuperem el Karmel, según adelantó El País, pero también ante la Inspección educativa, que mantiene abierto un expediente al centro. El Departament de Educación ha constituido además una comisión de conciliación con el colegio para abordar el conflicto.

Desde que están los nuevos responsables en la escuela, se trata de la segunda vez que les abren un procedimiento de este tipo –según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es–, un mecanismo poco habitual y pensado para cuando hay indicios de incumplimiento de la normativa de conciertos. 

Entre los distintos motivos de queja por parte de las familias destacan los comentarios que aseguran haber presenciado los alumnos, sobre todo por parte de profesores contratados por la nueva dirección. “En vuestro libro de texto no mencionarán que Franco hizo cosas buenas por España”, “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, “hay un infierno lleno de demonios, que tiene las puertas grandes y se abren cuando un niño se porta mal” –a alumnos de Infantil–, “Freddy Mercury se merecía morir de sida por ser gay”... Estas son algunas de las frases referidas por las familias.

Un directivo de los 'kikos' y más contenido religioso

El conflicto se desató después de que los dueños del colegio, los Carmelitas, pusieran el centro en manos de un representante de la titularidad, Nuno Pitta, que pertenece al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocido como los kikos. Además, ficharon como coordinador pedagógico a Lluís Seguí, con vínculos con Comunión y Liberación, y que cuenta con un pasado con quejas parecidas en otros centros, como el Liceu Politècnic de Rubí, donde docentes denunciaron en 2016 adoctrinamiento religioso. 

Estas familias, que describen la escuela Mare de Déu del Carme como tradicionalmente catalanista y con una visión abierta de la religiosidad, se pusieron también en alerta al conocer el ideario que Seguí propugna en entrevistas. “La dirección tiene que ser capaz de desarrollar hasta el último resorte el ideal cristiano de educación, que significa desde la importancia de las matemáticas en Primaria hasta cómo se plantea una excursión, o por qué una actividad extraescolar sí o no”, declaraba Seguí en enero en el canal de Youtube religioso A tiempo y a destiempo. 

Seguí critica que las escuelas cristianas en España han dejado la religión en segundo plano. “Han puesto a buenos gestores que les han garantizado la jubilación, que el colegio no cierre, pero en ese colegio no está Dios ni se le espera”, lamenta en esa entrevista. 

Esa penetración del discurso religioso conservador es el que aseguran estas familias que se ha producido en su colegio. “Esto se extrapola de forma sutil a las asignaturas, y donde antes una comprensión lectora en Lengua iba de cualquier tema, ahora el párrafo a analizar es de la Biblia”, señala una madre, que asegura que los cambios más evidentes se han dado en Secundaria. “Como los adolescentes están formando su personalidad, es cuando creen que pueden moldearlos mejor”, se queja. 

Denuncian incumplimiento de la carta de compromiso

Asimismo, aseguran que también el curso anterior aumentaron repentinamente las horas de misa en horario lectivo, con “genuflexiones” incluidas, algo impensable años anteriores. Y por ese motivo van más allá en su queja y aseguran que la escuela ha incumplido la carta de compromiso que firman los padres y madres cuando matriculan a sus hijos en el centro. En ese documento, las familias aceptan que la enseñanza de la religión católica se hace “desde un planteamiento fundamentado y crítico de la cuestión religiosa”, y sin imponer “asistencia a ningún acto religioso”. También dice la carta que se imparten las clases en catalán, algo que según estos padres y madres también se ha vulnerado con algunos de los docentes fichados. 

Sin embargo, desde la escuela niegan la mayor, y aseguran que estos padres y madres mienten y que están difamando el centro. Sin ir más lejos, han demandado a tres de las personas que han participado en esta campaña al considerar que han vulnerado el derecho al honor del centro mediante injurias. Ahora les piden 37.000 euros en concepto de indemnización. “Una escuela que demanda a las familias está rompiendo con el diálogo y pierde su sentido más profundo”, lamenta uno de los progenitores denunciados. 

Una portavoz del colegio asegura que los comentarios revisionistas históricos u homófobos atribuidos a sus docentes están, o bien sacados de contexto, o son directamente falsos. “Tenemos un departamento de compliance que investiga todo aquello que se sale de la gestión de la escuela y hemos constatado que esto no es cierto”, insiste sobre las frases recogidas por los alumnos. 

Esta representante del Mare de Déu del Carme niega que haya cambio ideológico alguno en el centro, aunque uno de sus responsables pertenezca a los kikos. “Hay más de 90 profesores, con distintos idearios, y esto no significa que el de la escuela vaya a cambiar”, insiste. “Somos cristianos, religiosos y carmelitas. Esto no ha cambiado en 80 años”. 

La escuela esgrime además un comunicado del personal docente y administrativo que niega imposiciones ideológicas y critica a las familias denunciantes. Pero estas últimas recelan de que ese documento cuente con el apoyo todo el profesorado, entre el que hay –dicen– miedo a represalias. Y ponen como ejemplo el despido en abril del que había sido durante años director de la escuela, que ha denunciado por despido improcedente. Ese cese, según la portavoz de la escuela, se debía, igual que la llegada de los nuevos responsables, a la necesidad de enderezar el rumbo de un centro que aseguran que estaba en declive académico. 

De Terrassa al Parlament

Con todo, el conflicto ha escalado a la Administración e incluso al Parlament de Catalunya. A raíz de conocerse este caso, la Cámara catalana aprobó una moción para introducir protocolos de detección e intervención “en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas”, así como la retirada inmediata del concierto en estos casos y si se difunden discursos “contrarios a los valores democráticos y constitucionales”. Propuesto por Comuns, el texto se aprobó con votos de PSC, Junts, ERC y la CUP. 

El Departamento de Educación, por su parte, tiene sobre la mesa al menos dos carpetas sobre este caso. Por un lado, el expediente abierto por Inspección, que sigue en marcha y por el que este inicio de curso se requirió más documentación al centro. Del otro, se ha constituido en octubre una comisión de conciliación formada por Educación, el titular del centro, y un representante del Consejo Escolar (en el que no están las familias críticas) para tratar de encauzar la situación. 

Fuentes conocedoras confirman que en 2024 la Administración abrió otra comisión de conciliación a la escuela, aunque por cuestiones relacionadas con unas escolarizaciones de alumnos. Estos procedimientos, nada habituales, se abren cuando hay indicios de hechos susceptibles de retirar un concierto y se quiere corregir la situación.

El colegio privado concertado Scientia Bilbao San Pedro Ikastetxea ha cerrado sus puertas dejando en un limbo a alumnos y profesores. Lo ha hecho después de que el Departamento de Educación del Gobierno vasco haya retirado concierto educativo del colegio debido a “irregularidades cometidas de manera continuada”. “El Departamento de Educación ha detectado reiteradas irregularidades en cuanto al cumplimiento del marco de la concertación que obligan a activar el procedimiento de resolución de concierto educativo del centro”, informan desde el Gobierno vasco.

Tras las vacaciones de Navidad el Departamento de Educación ha ofrecido a las familias la posibilidad de matricular a sus hijas e hijos en otros centros “de manera inmediata”. “El Departamento se ha reunido con representantes de las familias para trasladarles un mensaje de tranquilidad e informarles de que pondrá en marcha, con carácter inmediato, un protocolo de información y asistencia. Asimismo, se ha puesto en contacto con las familias para ofrecer una solución adaptada a cada caso, de manera ágil y sencilla. Las familias verán garantizado el derecho a una educación de calidad para sus hijas e hijos”, aseguran.

En total los 218 alumnos han sido distribuidos en centros concertados y públicos cercanos al Scientia Bilbao, ubicado en Campo Volantín. Sin embargo, el futuro de los profesores es incierto. Los docentes llevan meses denunciando impagos por parte del centro y confiesan que estos problemas surgieron cuando la empresa Scientia School asumió la gestión del centro, antes de ello, el colegio estaba gestionado por las Misioneras del Sagrado Corazón. Finalmente, la situación ha hecho que el centro cierre sus puertas.

No se trata de la primera polémica de la empresa Scientia School con colegios de Euskadi. Este julio el colegio Scientia Karmelo de Donostia también cerró sus puertas despidiendo a los 40 profesores que trabajaban ahí. Desde el sindicato ELA denuncian que detrás del cierre del centro “se encuentran los intereses urbanísticos e inmobiliarios” de la empresa Scientia School, ya que “la idea es vender el edificio que alberga el colegio Karmelo y obtener grandes beneficios con dicha venta”.

El plan de la empresa en el caso del colegio Karmelo es vender el edificio al Departamento de Educación, que adquirirá el 70% del centro. Desde ELA sostienen “gracias a esta operación de compraventa, el fondo Scientia School recibirá 12.8 millones de euros por el 70% del edificio, frente a los cinco millones de euros que la empresa Scientia School adquirió hace 5 años”.

“Todo el edificio se ha valorado en 17 millones de euros, de forma que en un futuro cercano el Departamento de Educación se haría con la totalidad del mismo. Mientras tanto, Scientia School tiene alquilado el 30% del edificio, y de ahí seguirá recibiendo beneficios económicos. Por lo tanto, gracias a estas operaciones, Scientia obtendrá un beneficio de varios millones de euros”, informan desde el sindicato.

Scientia School cuenta con centros, además de hasta este año en Donostia y Bilbao, en Pontevedra, Getafe, Fuenlabrada y Denia. El pasado septiembre, los trabajadores del centro de Pontevedra denunciaron impagos y barajaron la posibilidad de llevar al centro a los tribunales, como informa el Faro de Vigo. El mismo periódico publicó también el pasado febrero que el grupo Scientia School cedió toda la empresa en preconcurso de acreedores. El preconcurso de acreedores es un procedimiento regulado en la Ley Concursal española que permite a una empresa o persona natural que se encuentra en situación de insolvencia (o prevé estarlo) negociar con sus acreedores y la posibilidad de alcanzar un plan de reestructuración. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Scientia Bilbao, que al cierre de esta edición no ha respondido las cuestiones planteadas.

Una cascada de denuncias de abusos sexuales durante décadas ha sacudido a uno de los colegios más reputados de Barcelona. Es el concertado Jesuïtes Casp, conocido además por su aura progresista dentro de la Compañía de Jesús, y que tuvo entre sus filas a numerosos sacerdotes que hoy están acusados de pederastia. En especial Francesc Peris, un consiliario –una suerte de tutor espiritual– que usaba esa posición para encerrar a alumnos en su despacho y hacerles tocamientos. 

Las víctimas de abusos afloraron en Barcelona a raíz de una investigación de El País en Bolivia, país al que fueron destinados Peris y otros jesuitas señalados hoy por casos de pederastia. Desde entonces se han contabilizado más de una docena de docentes y religiosos del colegio barcelonés acusados de abusos entre los años 1950 y principios de los 2000. Tal cantidad de casos ha provocado además el enfado y la decepción de cientos de exalumnos, hasta el punto de que más de 200 enviaron una carta al colegio y al Departamento de Educación de la Generalitat criticando su tibieza y falta de transparencia frente a las denuncias.

La Compañía de Jesús, que ya abrió una investigación interna en 2018 por casos de abusos en toda España, ha salido al paso de las quejas para anunciar este miércoles que iniciará una nueva revisión de las informaciones publicadas que llevará a cabo el despacho de abogados Roca Junyent. También elaborarán una informe para la Síndica de Greuges –la Defensora del Pueblo catalán–, que ya ha anunciado que iniciará pesquisas por su cuenta. Actualmente, además, hay tres denuncias a los Mossos d'Esquadra. 

Los abusos de Peris en su despacho

“Lo taparon todo. Muchos sabían lo que ocurría y miraron hacia otro lado”, asegura hoy Laura, alumna de este colegio concertado. Entre los años 94 y 97, Peris la encerraba en su despacho bajo el pretexto de las tutorías y de hacerle de consejero vital –sus padres estaban separados– y la hacía quitarse la camiseta para meditar. Entonces le hacía cerrar los ojos y le acariciaba cuello y espalda. “No quiero imaginar lo que hacía aprovechando que tenía los ojos cerrados”, incide esta mujer. Tal era su “incomodidad” que un día acabó por contárselo a su madre, que se reunió con un profesor para quejarse de ello. Sin embargo, no hubo consecuencias para Peris.

Los testimonios sobre los abusos de este sacerdote, al que todo el mundo llamaba Cesc y que incluso recibió el apodo de Sex Penis, se suceden durante décadas. Su salida a la luz pública sorprendió a poca gente. “Todo el mundo sabía que hacía cosas raras y había comentarios y rumores”, explica Clara –nombre ficticio–. Ella lo padeció en 2003, poco antes de marcharse de la escuela al terminar la ESO. La hacía sentarse en su regazo, en su despacho, y le pedía que se tocaran frente con frente. “Recuerdo estar muy cerca de él, mucho más de lo que querría, y ya no consigo rememorar nada más ni cómo salí de allí”, relata. “Lo tapé, casi como si lo hubiese olvidado, y cuando vi las primeras noticias me puse a llorar”, describe esta joven.

Durante sus décadas en Jesuïtes de Casp, Peris era conocido por ser un sacerdote popular, enrollado y que se apuntaba siempre a todas las actividades extraescolares, como las colonias de verano y las excursiones. Allí también aprovechaba para abusar de niños. Así lo relata Enric Soler, que recuerda cómo a finales de los 70 les hacía bañarse a todos desnudos –él también– en la piscina de una casa de Viladrau (Barcelona) y entonces aprovechaba para restregarse con los menores.

Casi 30 años después, en 2005, en otra excursión, fue cuando realizó tocamientos a una adolescente y acabó apartado debido a las quejas de ella. “La versión de la escuela fue que había habido un malentendido”, afirma un estudiante de esa época.

Igual que las demás víctimas, cuando Soler vio la cara de Peris en el periódico rompió a llorar. “Como hacía años que no me pasaba”, dice. También él sufrió sus tutorías a puerta cerrada. “Te podía citar cualquier día. Me ponía la mano por dentro de la camisa, me acariciaba el pecho y los pezones, y siempre sentado en su regazo”, relata este hombre. En su caso, no llegó a contarlo nunca en casa, puesto que era considerado un mal estudiante, que padeció castigos y menosprecio por parte de otros docentes, y llegó a la conclusión de que nadie le creería. 

Los casos de Laura y Enric obran ya en manos de la policía catalana. Pero hay una tercera denuncia que ha podido consultar elDiario.es. Es la de Albert Falcón, que constata haber sufrido abusos sexuales entre los 13 y los 15 años. Los tocamientos en la espalda, por debajo de la camisa, eran también habituales. Pero añade que un día Peris fue más allá. “Me dijo que me veía más guapo y más fuerte”, comienza su relato. Y dice: “A continuación empezó a tocarme una pierna y fue subiendo hasta los genitales”. Tras aquel suceso, Albert comenzó a evitar a Peris y este cambió de actitud hacia él, hasta el punto de citar a sus padres y decirles que el joven debía repetir curso o marcharse del centro.

Albert asegura que entendió aquello como una amenaza. Y en su denuncia a los Mossos constata que durante años le ha afectado psicológicamente y ha condicionado sus relaciones personales. 

Anuncian una nueva investigación

La Compañía de Jesús fue pionera en 2018 al abrir una investigación interna —con un buzón disponible para víctimas— que, tres años después, derivó en un informe en el que se recogían hasta 81 casos de víctimas y 96 religiosos acusados, de los cuales 48 ya habían fallecido en ese momento. Sin embargo, la institución no había informado de cuántos y cuáles de los religiosos señalados en las últimas semanas constaban ya en esa investigación, porque nunca dan nombres de los acusados. 

En una rueda de prensa este miércoles, no obstante, sí han admitido que Peris estaba en esa lista. Lo ha reconocido Enric Puiggròs, delegado de la Compañía de Jesús en Catalunya y presidente del patronato de la Fundación Jesuïtes Educació, que anunció no solo la contratación de Roca Junyent —para una suerte de auditoría interna—, sino también la de una asociación de mediadores para ayudarles a atender a las víctimas que se dirigen a la institución. “No nos da miedo ponernos en manos de instituciones externas”, aseguró Puiggròs, que especificó que la tarea del bufete de abogados será analizar las informaciones publicadas, señalar las “lagunas” en la gestión de los Jesuitas y “aclarar las responsabilidades” que les corresponden. 

El delegado catalán de la compañía condenó y lamentó en público los abusos conocidos estos días. Y reconoció las limitaciones de la investigación iniciada en 2018: “El hecho de que no todas las víctimas acudieran a nosotros nos demuestra que los pasos dados eran necesarios, pero no suficientes”.

Su comparecencia llegaba después de que más de 200 exalumnos mandaran una carta en la que les acusaban de no facilitar las investigaciones y de no aclarar, por ejemplo, los traslados de centros de algunos presuntos pederastas. Incluso la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Casp, vinculada el centro, lamentó que dieran “pocas explicaciones”. 

Francesc Roma y el poder sobre la comunidad

Para entender el revuelo generado en torno a la escuela, y cómo los chats de antiguos estudiantes hierven desde hace semanas, hay que comprender la idiosincrasia de este colegio jesuita, que escolariza a más de 1.000 niños y niñas entre Infantil y Bachillerato y que, sin ser considerada una escuela de élite de la zona alta de Barcelona, sí es una de las más prestigiosas del Eixample. En sus aulas recaló sin ir más lejos Iñaki Urdangarin en los años 80. 

Jesuïtes de Casp siempre estuvo considerado como uno de los centros progresistas de la institución, que ya de por sí solía recibir esta etiqueta. “Los sacerdotes siempre tenían ese discurso de hacer el bien, de ayudar a los demás, de hacer proyectos de cooperación…”, relata un exalumno de los 90 y 2000. “La sensación es de decepción con la escuela”, dice. 

Este antiguo estudiante describe la escuela como un entorno a menudo “endogámico” y en el que sacerdotes y directivos tenían en cuenta el peso de determinadas familias. De hecho, algunos religiosos tenían poder, dice, porque sabían ganarse el favor de esos padres y madres. Y un nombre que sobresale en esas cualidades y que también ha sido señalado como abusador es el de Francesc Roma. Su vínculo con la comunidad escolar era tal que visitaba habitualmente los hogares de los alumnos y también ha casado a numerosos exestudiantes o bautizado a sus hijos. 

Roma, según destapó El Periódico, ha sido objeto de acusaciones por parte de dos exalumnos. Pero la institución ya era conocedora desde 2021 de conductas “inapropiadas” de este jesuita, que es además hermano de otro religioso de la compañía, Lluís Roma, que ha sido acusado de lo mismo en Bolivia. Según los Jesuitas, desde entonces se le decretó una “limitación de movimientos” que incluyen un “ejercicio pastoral mínimo”. Pero hasta hace tres semanas, cuando salieron estas informaciones, seguía oficiando misa en la iglesia del Sagrado Corazón dentro de las mismas instalaciones.

Tanto en el caso de Roma como el de Peris, el responsable de la institución ha insistido este miércoles que están apartados de cualquier “actividad custódica de menores” y de la vida pública. Pero no ha aclarado si reconocen o no los hechos, alegando que tienen las indagaciones en marcha.

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Quién es quién en la educación privada y concertada y cuáles son sus intereses económicos e ideológicos, un modelo en el que actualmente estudia alrededor del 28% del alumnado valenciano -el 72% restante, acude a centros públicos-. Esta es una de las preguntas que pretende responder el periodista Moisés Pérez (Muro d'Alcoi, 1993) en el libro 'El negoci de les aules. L'ensenyament privat i concertat al País Valencià', publicado por la Institució Alfons el Magnànim en el contexto de la beca Josep Torrent de periodismo de investigación 2020 concedida por la Unió de Periodistes Valencians.

El libro, fruto de una investigación de cerca de dos años, tiene entre sus objetivos abrir un “debate necesario” sobre este tema, para lo que es imprescindible que haya “transparencia”, tal y como reconoce el autor: “Debemos conocer quiénes son los actores que participan, y saber cuáles son sus intereses económicos e ideológicos y, por tanto, políticos para poner luz en una cuestión con muchas sombras”.

Precisamente, esta fue una de las motivaciones que le llevó a investigar y escribir acerca de este asunto: “Cuando empecé escribir sobre educación en elDiario.es, y después en El Temps, no veía que se identificara a los actores y cuáles son sus motivaciones, por lo que trato de indagar para desgranar quién es quién, para radiografiar la situación”. “Y la verdad, encontrar información no ha sido nada fácil; desentrañar los lazos que unen a determinadas organizaciones o conocer las cuentas de otras, porque, por ejemplo, las órdenes religiosas no tienen la obligación de publicar sus finanzas”. Precisamente, gran parte de estos centros están relacionados con la Iglesia y sus diferentes congregaciones, “lo que habría que ver es si las entidades religiosas deben tener penetración en el sistema educativo valenciano o cuál debe ser ese nivel de penetración”.

Esta amplia investigación le ha servido a Pérez para confirmar algunos prejuicios, “como las conexiones ideológicas y los intereses religiosos, que hacen que el dinero de determinados conciertos acabe en la propia orden o congregación que lo gestiona”, y para que caigan algunas ideas preconcebidas que tenía el autor: “La escuela concertada no es un universo monolítico y, en ocasiones, sí que aporta diversidad ideológica; he podido comprobar que existe una mayor riqueza de la que imaginaba”.

No obstante, insiste en que es necesario abrir un debate sobre el papel que debe tener la enseñanza concertada en el modelo educativo valenciano, “es lícito tener ese debate desde el rigor y la transparencia”. Al respecto, el periodista de El Temps discrepa del mantra, muy extendido por la derecha, de la libertad de elección de centro de los padres: “No es cierto que los padres elijan los centros a los que van sus hijos, son los centros los que seleccionan a los alumnos por medio de los criterios de admisión que aplican”. No obstante, va más allá al considerar que debe ser el sistema y no solo los padres el que transmita los valores de la sociedad a los alumnos: “Debemos tener claro, como sociedad, qué valores queremos transmitirles a nuestros hijos como sociedad”.

La educación como campo de batalla

“La educación siempre ha sido un campo de batalla”, sentencia Moisés Pérez, quien recuerda que la Iglesia ha copado tradicionalmente la enseñanza privada y concertada en España, y la ha utilizado para defender desde las aulas una línea ideológica conservadora y, obviamente, un pensamiento religioso. Además, los gobiernos autonómicos del Partido Popular apostaron desde mediados de la década de los noventa del pasado siglo por darle un impulso a la concertada y la privada con una apuesta “decidida, abierta y sin complejos. Incluso lo verbalizó el exconseller de Educación popular Fernando Villalonga, quien afirmó que los poderes públicos debían llegar donde no llegaba la iniciativa privada, lo que situaba a la educación pública como subsidiaria de la privada y la concertada, cuando originariamente se ideó como una solución temporal hasta que la pública llegara a determinados lugares”.

Con la llegada del Pacto del Botánico a la Generalitat, primero de la mano de PSPV y Compromis y, ya en la actual legislatura, con la incorporación de Unides Podem al Gobierno autonómico, se intentó derivar esa apuesta educativa hacia la escuela pública de la mano del conseller Vicent Marzà: “Impulsó políticas racionales que pretendían evitar trampas y la desigualdad, sin embargo los tribunales lo impidieron con determinadas decisiones que ataron de pies y manos a la Administración blindando los conciertos”. No obstante, Pérez pone en valor que el Botànic ha “prestigiado” la educación pública, “aunque sigan existiendo deficiencias y necesidades”. “La escuela pública ha crecido y los centros concertados han dejado de ser los más demandados por las familias”, insiste, y añade que cada partido debería explicar de forma clara cuál es su modelo educativo.

Perversiones en el debate

Moisés Pérez también llama la atención sobre determinadas “perversiones” que se producen en este debate, como la relación entre enseñanza privada y concertada y libertad, o con una supuesta mayor calidad educativa: “Existe esa leyenda, pero lo cierto es que hay buena y mala educación en la escuela pública y en la privada y concertada”. Lo que sí que es cierto, apunta el autor, es que hay una mayor homogeneización social en la escuela privada y concertada, donde se concentran las clases altas y apenas hay alumnos procedentes de familias con rentas bajas. “Los copagos 'voluntarios' impiden que estos estudiantes puedan acceder a este tipo de centros, que utilizan mecanismos segregadores y discriminadores”, indica, así como que hay una mayor presencia de estudiantes inmigrantes en la escuela pública.

La Iglesia española suspende en Religión. También en la escuela. Por tercer año consecutivo, y en una dinámica que le ha llevado a bajar del 78,4% del curso 2002/01 al 57% actual, el número de los alumnos que escoge la asignatura de Religión católica en la enseñanza no universitaria ha vuelto a marcar un mínimo histórico.

Y los obispos, lejos de hacer autocrítica, achacan al impacto de la conocida como ley Celaá (recientemente avalada en su totalidad por el Tribunal Constitucional) de un descenso que ya lleva a que la opción de Religión no sea mayoritaria en la escuela pública: menos de la mitad de los estudiantes, el 45%, elige recibir esta materia, que por los Acuerdos Iglesia-Estado, es de obligada oferta por parte del Estado. Una administración que se encarga de los sueldos de los profesores de Religión (más de 200 millones de euros, como desveló elDiario.es), pero no tiene control sobre las contrataciones, que realiza (y despide) el obispo correspondiente. Además, los contenidos de la asignatura son aprobados por la Conferencia Episcopal y no por la autoridad educativa.

La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, ha ofrecido unos datos que, reconocen, son “significativos”. En total, unos 3,1 millones de alumnos optan por la Religión. Un 57% del total, lo que supone un descenso de 2,8 puntos porcentuales respecto a la menor cifra de la que se tienen registros, que se produjo durante el curso pasado. El descenso es especialmente significativo en la escuela pública, donde el descenso ha sido de 2,5 puntos; en los centros privados la caída es de 3,5 puntos, mientras que en los centros concertados apenas es de 0,5 puntos.

Entre las razones que podrían explicar este descenso, explica la CEE, se encuentra “la implantación de la Lomloe en Educación Infantil y en los cursos impares de Educación Primaria, de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato”. “Los retrasos en la aprobación de las nuevas enseñanzas por algunas Administraciones educativas provocaron incertidumbre y desinformación al inicio del curso académico”, señalan los obispos, que achacan a la ley Celaá haber “debilitado su presencia en el sistema educativo”, al “recortar los efectos de su evaluación y al suprimir la materia curricular que hasta este curso se ofrecía como alternativa al alumnado que no elegía Religión”. 

“Desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura seguimos reclamando un tratamiento digno y equiparable a las demás materias para la asignatura de Religión, así como para su profesorado”, destaca la nota que, pese a todo, constata que “se trata de cifras relevantes que hay que considerar en el marco de una sociedad cada vez más plural cultural y religiosamente”. Las cifras son especialmente preocupantes en Bachillerato. En los centros públicos, el número de los que optan por la Religión en esta etapa apenas alcanza un exiguo 31,79%.

Toda la información en www.religiondigital.org

Tras conocer el plan del Gobierno vasco para repartir el alumnado “vulnerable” en distintos centros -que incluye un cuestionario en el que las familias deben responder preguntas como si tienen novelas de Miguel de Cervantes o si pagan Netflix en casa-, desde el sindicato Steilas -mayoritario en la red pública- han mostrado su descontento. Según han denunciado, “no resuelve el problema de segregación”. “No creemos que repartir el alumnado vulnerable en centros sea la solución para eliminar la segregación, ya que lo que va a dar es más financiación a los centros privados concertados y va a hacer que, entre todos, a un alumno que hasta ahora ha ido a la pública le paguemos un centro con pista de tenis”, ha lamentado la portavoz del sindicato Nagore Iturrioz durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao.

Para Steilas la solución para que Euskadi deje de ser la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnado matriculado en la red privada, que actualmente es el 50% del total, pasa por una “publificación progresiva” de los centros privados y concertados, algo a lo que, según ha denunciado Iturrioz, el Departamento de Educación del Gobierno vasco se ha negado. “No queremos que los alumnos más vulnerables lleguen a centros religiosos o elitistas, sino que se financie mejor la escuela pública para que puedan estar ahí”, ha explicado, para luego añadir que con el 'baby boom' y la subida de natalidad de hace décadas los colegios concertados y privados comenzaron a asumir alumnado que la pública no podía por falta de espacio y plazas. “Ahora, con la caída de la natalidad, la situación ha cambiado y la pública puede asumir perfectamente a más alumnos en lugar de que estos vayan a la privada, a la que le beneficia tener alumnos vulnerables si así cobra más ayudas”, ha reconocido.

“No tener televisión de pago puede ser por elección política”

Sobre el cuestionario con el que el Departamento de Educación planea saber si la familia de un alumno es vulnerable o no, desde Steilas han indicado que “es discutible su capacidad para evaluar la vulnerabilidad”, ya que “no tener televisión de pago y tener menos baños o coches no siempre es una señal de vulnerabilidad, también puede ser fruto de una elección política”, han señalado.

Otra de las cuestiones sobre la futura Ley de Educación que han criticado es el hecho de que la regulación de la distribución del alumnado vulnerable conlleva una reorganización que consiste en ampliar las áreas de influencia. Es decir, que amplia el rango en el que debe haber un colegio público. “Esto tendrá consecuencias negativas, por ejemplo que el alumnado tenga que coger autobuses para ir a sus centros, que se amplíe el área de oferta de los centros concertados o que algunos municipios no necesiten tener oferta pública ya que existe en el área de influencia”, han recalcado. Sobre esta cuestión han numerado los municipios que en estos momentos no cuentan con colegios públicos, debido a que ya hay uno en el pueblo de al lado: Loiu, Ibarra, Anoeta, Lazkao, Usurbil e Irura.

El sindicato ha elaborado una tabla con algunos de los municipios que cuentan con más alumnos matriculados en 2021 en colegios concertados que públicos. Los más significativos son Andoain y Zamudio, que contaban con un 15% del alumnado inscrito en la pública y un 85% en la concertada, Bermeo, con un 26% frente a un 74% y Durango, con un 28% frente a un 72%. Según han recalcado, la realidad de cada municipio y de cada provincia es distinta, puesto que mientras en Gipuzkoa priman las Ikastolas, en Bizkaia las matrículas en colegios religiosos son mayores.

“El Departamento hace pasar por el aro a los colegios religiosos”

Preguntada por qué piensa sobre el hecho de que los colegios del Opus Dei tengan que admitir a alumnado de ambos sexos, Iturrioz ha criticado que el “Departamento les hace pasar por el aro para que puedan seguir financiándolos, pero que no resuelve el problema. Una vez fuera de clase la ideología es la misma y es contraria al feminismo”, ha indicado.

“La escuela pública es sobre la que se sustentan las bases de un pueblo: la que garantiza la cohesión social, la herramienta imprescindible para la transmisión del euskera y de nuestra cultura para todo el alumnado, la que garantiza los conocimientos básicos (...) Aunque el Departamento de Educación no cuide el futuro de los centros que son de su competencia directa, nosotras tenemos claro que nuestra apuesta es sin duda la enseñanza pública”, han asegurado, para finalizar diciendo que “es la única que puede asegurar que es vasca, inclusiva, feminista, laica gratuita, de calidad, intercultural y compensadora de las desigualdades de partida del alumnado”.

Unos 150 coches han protestado este domingo en manifestación por las calles de Cartagena contra la nueva ley educativa convocados por la Plataforma Mas Plurales con el apoyo del PP y Vox, que suscriben las críticas en lo que toca a la educación privada concertada y especial y a la elección de centro.

En el recorrido entre la plaza Baden Powell y la de España, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos de la Región de Murcia, Alberto González-Costea, ha afirmado a Efe que otro de los aspectos de la ley a los que se les está prestando menos atención es que “permite el fracaso escolar, aprobar sin límite de suspensos”.

“Estoy seguro de que muchísimos padres de la educación pública no quieren que pase por ahí la de un futuro, de una generación, de un país, y de que fomentará que nadie se esfuerce y entre los alumnos, una desidia y una dejadez que no creo que sean positivas para nadie”, ha asegurado.

Sin embargo, la ley señala que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria.

Ha opinado que hoy los padres eligen voluntariamente para sus hijos centros de educación especial que esta ley “va a hacer que en unos años desaparezcan, lo que es muy grave” y les preocupa.

La LOMLOE establece que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para la atención del alumnado con discapacidad y que las administraciones públicas prestarán apoyo a los de educación especial para el que la requiere muy especializada.

No obstante, la principal crítica de los manifestantes se centra en que “ataca principalmente a los concertados y a los religiosos y no beneficia a ninguna familia ni a quienes vayan a tener hijos” una ley contra la que expresan su “total rechazo” que está “hecha a destiempo, en plena pandemia y sin ningún consenso con la sociedad ni la comunidad educativa para un ataque gravísimo a la educación”.

“Con esta ley, es el Estado el que decide el centro al que deben ir nuestros hijos, lo que vulnera el derecho constitucional a la libre elección de cada familia. Ya dijo en enero la ministra de Educación, Isabel Celáa, que no podemos pensar de ninguna modo que los hijos no son de los padres, lo que demuestra que el Estado quiere apropiarse de ellos”, según sus palabras.

La ley Celaá elimina la demanda social para la oferta concertada y establece que las administraciones regularán la admisión de alumnos en públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.

En esa regulación se dispondrán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y en todo caso se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La polémica generada en torno a la escuela concertada es recurrente y, además del mantra de la “libertad educativa” que suelen esgrimir sus defensores, tiene otra motivación detrás: las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto.

En concreto fueron 6.179 millones de euros en 2017, último año del que el Ministerio de Educación ofrece datos detallados. Esta cantidad supone un 17,7% del gasto educativo del conjunto de las administraciones ese mismo año (34.746 millones de euros para las etapas no universitarias). Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado.

La escuela concertada ha capeado la crisis mejor que la pública. Mientras la red de titularidad estatal ha visto cómo en diez años (entre 2007 y 2017) su presupuesto ha subido un 1,4%, la concertada ganó en el mismo periodo un 25% de financiación. En este periodo, los colegios privados concertados han pasado de gestionar el 10,5% del presupuesto total de educación al 17,7%. Y todo con la misma relación de alumnos entre una y otra: 67,2% para la pública, 25,5% para la concertada de manera prácticamente invariable en esta década (el resto son colegios privados).

Además, los centros privados sostenidos con fondos públicos acogen a dos millones de alumnos de los ocho en total que hay en el sistema en etapas no universitarias. Así, uno de cada cuatro estudiantes está matriculado en un centro concertado (29% si se excluye la FP y el Bachillerato). Su distribución por el Estado es muy desigual: está por encima de la media en Euskadi, Madrid, Navarra o Baleares; por debajo en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. El patrón es evidente: comunidad rica, más concertada. Comunidad pobre, menos. En Europa, solo Bélgica tiene más escuela concertada que España.

La Iglesia Católica, principal patronal del sector, es muy consciente de esta situación y no quiere perder su parte del pastel. En este momento, Escuelas Católicas, la red que agrupa a los centros de la Iglesia, representa al 60% de la escuela concertada con 1,2 millones de alumnos en 5.939 entidades pedagógicas. Recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos.

Pero no se acaba ahí la influencia de las congregaciones religiosas en la educación. Aparte de los 1,2 millones de alumnos que Escuelas Católicas gestiona, según su web, hay otros 268.000 alumnos en centros concertados religiosos, según el INE. En total, los religiosos concertados acogen a 1.468.671 alumnos del total de los 2.090.770 que tiene la escuela concertada. El 70,2% de los estudiantes de la escuela concertada lo hace en un centro de ideario religioso.

Fuera de esta agrupación hay también colegios particulares, la llamada “nueva concertada”, de ideario ultraconservador y con la que Escuelas Católicas marca distancias. Fueron estos centros los que utilizó el exconsejero madrileño Francisco Granados para realizar mordidas de un millón de euros durante su adjudicación y construcción. Han sido estos centros los beneficiarios en muchas ocasiones de cesiones gratuitas de suelo público, por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

De costes y segregación

Sí, los números dicen que la escuela concertada es más barata que la pública (exactamente la mitad), como aseguran sus defensores. No, los datos no cuentan toda la historia, según matizan los detractores.

Como primer matiz habría que introducir que no es que la escuela concertada cueste menos, es que el Estado paga por ella menos de lo que cuesta. Esto lo dicen los propios titulares de los centros y los sindicatos del sector, que llevan años exigiendo que se aumente el módulo (la cantidad que paga la administración por el concierto) por ser los colegios deficitarios, aseguran.

El precio del módulo se fija en los presupuestos generales del Estado y está básicamente estable desde que se aprobaron los conciertos, en 1985. El último mínimo marcado por el Gobierno fija en 39.350 el módulo anual para una clase de Infantil o Primaria, 47.748 para una de Secundaria obligatoria y 76.785 para una de Bachillerato, según el Real Decreto-ley 24/2018. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene la libertad de subirlo y muchas lo han hecho para actualizar los salarios de los docentes.

Este déficit que sufren los colegios lo compensan cobrando aportaciones voluntarias o cuotas. Estas son ilegales en el sistema público (y la red concertada, aunque de titularidad privada, se acoge a las normas de la pública), pero aún así está comúnmente aceptado que existen y se cobran, aunque no en el 100% de los colegios. Las cuotas pueden oscilar entre los 25 euros al mes y los 850 del que cobra el colegio Saint Paul's School de Barcelona (un caso extremo). La cantidad habitual suele estar entre los 60 y los 100 euros mensuales.

Y estas cuotas son imprescindibles para el funcionamiento de los colegios, según sus responsables, por lo que las cifras ya se van haciendo más parejas con la pública. Una clase estándar de Primaria puede tener unos 25 alumnos. A razón de cien euros al mes cada uno por 10 meses de año escolar, a la cuota podrían sumarse otros 25.000 euros anuales.

Las cuotas también ejercen de facto de elemento disuasorio para las familias con menos recursos, funcionando así como un sistema de selección indirecto. La escuela pública (y a estos efectos la concertada lo es) no puede elegir quién se matricula en ella. Los detractores de la concertada le acusan a menudo de hacerlo.

Los datos les dan la razón. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie de Valencia explica cómo mientras la escuela pública acoge a una mayoría de alumnado de entornos socioeconómicos desfavorables (un 33% de estudiantes pertenece a clases humildes, mientras un 7% es de clases acomodadas), la privada concertada tiene mayoría de jóvenes con recursos (un 65% de alumnado favorecido frente a un 7% de clases favorecidas).

Esta composición de alumnado también influye en el coste de la enseñanza. Los alumnos más desfavorecidos necesitan más recursos: desdobles, profesores de apoyo, adaptaciones, etc. Y eso tiene un coste que la escuela concertada se ahorra en general, y que cargan los presupuestos del sistema público.

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, acudió este jueves a inaugurar el 15º congreso de la organización Escuelas Católicas, principal patronal de la enseñanza concertada de corte religioso. Llevaba diez minutos la ministra leyendo sus papeles sin haber dicho nada especialmente remarcable, cuando soltó, ante la estupefacción general: “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución”.

La frase ha ido directa a la línea de flotación del argumentario de la escuela concertada, que defiende que la Carta Magna “recoge el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos”. El murmullo que recorrió la sala obligó a Celaá a elevar la voz para continuar y matizar su expresión anterior.

“No quiere decir que no haya libertad –intentó tranquilizar a la audiencia, compuesta por directivos y profesores de la escuela concertada católica– sino que no está dentro del artículo 27”, explicó ya sin leer sus apuntes y poniendo una cara de incredulidad que expresaba algo parecido a “esto es muy obvio”. Y por si no quedaba claro, añadió: “Esos hechos (elegir centro) formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres-madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27”. Las caras de asombro y reprobación se multiplicaron en la sala.

“Ha sido una sorpresa”

A Escuelas Católicas no le ha hecho ninguna gracia el discurso de la ministra. “Ha sido una sorpresa, no esperábamos estas declaraciones en un acto como este, delante de 2.000 congresistas”, admite Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. “La visión que tiene el PSOE sobre la libertad de enseñanza, limitada exclusivamente a la libertad de cátedra o de creación de centro, no es acorde al artículo 27 de la Constitución ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, sostienen. Esta patronal, que pertenece a la Iglesia Católica en España, tiene casi 6.000 colegios y educa a 1,2 millones de alumnos por toda España.

El artículo 27 de la Constitución establece en su punto tres que “los poderes públicos garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La ministra, sin embargo, ha defendido que “del concepto de libertad de enseñanza deber ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir”, en alusión a este supuesto derecho constitucional. Pero también ha defendido que “la regulación que hemos venido haciendo del principio de libertad de enseñanza durante estas décadas ha sido equilibrada y consensuada, y de ello da muestra la larga vigencia del régimen de conciertos, tras algunas vacilaciones que en su momento manifestaron algunas fuerzas políticas”, en lo que parecía una alusión a Podemos, que en sus inicios hizo gala de un rechazo absoluto por la escuela concertada que se ha ido diluyendo por el camino. Su actual programa solo recoge en el punto 235 la supresión de los conciertos y subvenciones a las escuelas que segreguen por sexo.

Estas últimas son las menos y pertenecen a lo que se vienen denominando “la nueva concertada”, apenas hay centros así en Escuelas Católicas. Sin embargo, la escuela concertada en general sí que segrega al alumnado, sea de manera consciente o no. Lo dice alguien tan poco sospechoso como el BBVA, que en el estudio Diferencias Educativas Regionales 2000-2016 explicaba con cifras que los centros públicos asumen “casi en exclusiva” la formación de los alumnos que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables, mientras los privados acogen a prácticamente todos los estudiantes con recursos, con todas las distorsiones que eso implica.

Preocupación por un “giro en la política educativa”

Parte de la sorpresa de Escuelas Católicas viene precisamente por esta aparente contradicción entre las políticas históricas del PSOE y el discurso de la ministra de este jueves. “La libertad de elección viene en leyes socialistas como la LODE y la LOE. Ha causado sorpresa y preocupación por si puede haber un giro en la política educativa del PSOE en un momento tan delicado políticamente como el actual, restringiendo este derecho de los padres y dejando en manos de la administración lo que sería la determinación de plazas escolares o la financiación de centros públicos o no públicos”, valora Centeno.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido en la misma línea que espera que las palabras de la ministra sobre “la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”.

La principal patronal de la escuela concertada ya ve nubarrones en el horizonte en forma de la reforma de la LOMCE, cuyo proyecto —que el Gobierno llegó a aprobar en el Consejo de Ministros el mismo día que disolvía el Congreso— ya recoge suprimir la “demanda social” de la programación de construcción de centros públicos y privados concertados.

“Sumamos preocupación. El proyecto de LOMLOE (el destinado a sustituir la LOMCE) era bastante negativo para la libertad de enseñanza y estas declaraciones ahondan en la preocupación. Es pronto y no hay que generar alarma social, pero hay que mirar con lupa los acuerdos que se puedan estar gestando por parte del PSOE para forma parte del Gobierno con Podemos y otros grupos, como ERC, que han considerado siempre la concertada como una anomalía histórica que tiene que desaparecer”, reflexiona el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

A este respecto, la ministra ha explicado que espera “retomar en breve” los debates sobre la reforma educativa, que además de eliminar este concepto de la “demanda social” le resta a la asignatura de Religión el peso que le había otorgado la LOMCE, entre otras medidas.

El colegio concertado Beata Francinaina Cirer, de Mallorca, se niega a ofertar la asignatura alternativa a Religión a sus alumnos que la ley obliga a ofrecer. El centro aduce que “hay una redacción ambigua, mal redactada en la LOMCE” y que “habría que acudir a los principios constitucionales y el derecho del centro a configurar su oferta educativa”, según ha explicado a este diario Marc González, asesor jurídico del colegio. El centro pertenece a la red de Escuelas Católicas, la mayor patronal de colegios concertados religiosos del país, donde se educan más de un millón de menores.

La Conselleria d'Educació de las Islas Baleares sostiene sin embargo que no hay controversia alguna con la obligatoriedad de ofrecer la asignatura alternativa a Religión (Valores Sociales y Cívicos) y que “se desprende con claridad de la normativa vigente” que así debe ser, según ha reflejado en un informe sobre la cuestión. El Gobierno regional advierte al centro de que lo sancionará si no cambia su actitud en aplicación del artículo 62 de la LODE.

La polémica ha surgido a raíz de la voluntad de un padre de cambiar a su hija de Religión a Valores Sociales y Cívicos. El centro se ha negado aduciendo que no hay acuerdo entre los padres, y el progenitor lo ha denunciado ante la Conselleria, que está revisando el caso y ya ha emitido al menos un informe sobre la cuestión. El centro es de titularidad privada pero sostenido con fondos públicos, lo que le obliga a cumplir la ley en los mismos términos que si fuera público.

El acuerdo judicial

Manuel (nombre supuesto del padre) se separó de la madre de su hija. Ambos alcanzaron un acuerdo judicial que establece cómo se llevará a cabo la escolarización de la pequeña. El texto recoge el orden de preferencia de centros en el que será matriculada la menor y, en su punto tres, señala que el padre tiene derecho a solicitar que su hija no curse Religión y reciba la asignatura alternativa.

Siguiendo el acuerdo, la pequeña fue matriculada en el primer centro de preferencia de ambos progenitores: el Beata Francinaina Cirer, en Inca, un centro concertado de ideario religioso. Manuel explica que, durante el paso de la pequeña por Infantil ya recibió clases de Religión, pero entre que es una etapa no obligatoria y la ley no prevé nada en este caso y que desde el centro le aseguraron que en ese momento educativo la asignatura no es confesional, decidió dejarlo estar.

Hasta que llegó a Primaria. “Entonces la jefa de Estudios me explicó que no ofrecían la alternativa por no sé qué razón del convenio. Ese curso lo perdimos, aunque hacia el final del año la niña dejó de tener nota en Religión y la tenía en la alternativa”, cuenta. Nunca dejó la clase de Religión, matiza Manuel, pero le empezaron a poner la nota de la otra materia.

Así se ha llegado a este curso, con la niña en 2º de Primaria y de nuevo en la clase de Religión. “A mi hija, junto a unos niños musulmanes, los sientan detrás en clase, les dan unas fichas y que no molesten”, relata Manuel.

Pero el centro hace caso omiso de sus peticiones, según explica el padre y reconocen desde el colegio. “Me dicen que somos los únicos que pedimos esto y que la alternativa es que matricule a mi hija en otro centro”, se indigna Manuel.

Libertad de proyecto

El colegio Beata Francinaina Cirer se aferra a lo que entienden como su libertad para no ofrecer la alternativa. “Los padres tienen derecho a escoger un centro donde se dé la alternativa a Religión”, explica González, “a lo que no tienen derecho es a cambiar el proyecto educativo de un centro, que obviamente incluye un proyecto confesional que ellos aceptan al matricular a la niña. Igual que no pueden cambiar el proyecto lingüístico y elegir ellos en qué lengua van a darse las clases”.

El colegio sostiene que “la ley tiene una redacción ambigua y hay sentencias, como la 5/1981 del Tribunal Constitucional, que determinan que el titular tiene derecho a configurar su carácter propio. Si no está claro que en un centro católico se imparte la asignatura de Religión no tiene mucho sentido mantenerlos”, concluye González.

La conselleria difiere con contundencia. “Los centros privados concertados están obligados a ofrecer la asignatura de Religión y la de Valores Sociales y Cívicos, siendo esta elección un derecho de los padres o tutores legales”, concluye el informe jurídico sobre la cuestión. “Negarse a ofrecer esta opción supone un incumplimiento por parte del centro escolar del concierto educativo y de la normativa vigente, según se prevé en el artículo 62.1 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación”. La conselleria ha advertido al colegio: “En el supuesto de que no lo haga [ofrecer la alternativa], la Consellería d'Educació i Universitat iniciará el expediente sancionador correspondiente por incumplimiento del concierto”.

En este punto se encuentra el caso ahora, según fuentes de Educació. El Servicio de Inspección de la conselleria ha abierto el expediente y tiene que decidir si hay incumplimiento y, en su caso, si la falta sería leve, grave o muy grave y qué sanción lleva aparejada. La sanción puede ir desde la multa económica hasta la rescisión del concierto. Para este último supuesto hace falta un incumplimiento reiterado del concierto.

“Es un problema de orden familiar”

González, de Escuelas Católicas, afirma que el problema en este caso “es de orden familiar” y que el padre está utilizando a su hija. “Cuando matricularon a la niña en el colegio aceptan el carácter propio del centro. La niña recibió Religión durante tres años y no dijo nada”, ilustra.

“Y en el momento en el que se produce la crisis familiar, el padre pide un cambio. Pero la ley prevé que para que se produzca un cambio deben estar de acuerdo ambos, y la madre no lo está”, afirma.

Un informe de la Conselleria sobre la cuestión confirma este punto: la madre comunicó por escrito al Gobierno balear que no estaba de acuerdo con la decisión y que quería que su hija siguiera matriculada en Religión. Sin embargo, Manuel recuerda que tienen un acuerdo judicial firmado por el que la madre acepta que el padre elija Valores Sociales para su hija, y que cualquier cambio en este sentido pasa por acudir a los juzgados a modificar el acuerdo, que ambos firmaron.

La Conselleria también confirma este extremo. Un informe realizado por el organismo sobre la cuestión da validez al acuerdo jurídico y explica que si la madre ha cambiado de opinión es el juzgado quien debe decidir sobre temas relativos al ejercicio de la patria potestad (los padres tienen custodia compartida con un régimen de visitas del padre acordado).

Los recientes casos de abusos en escuelas vinculadas a órdenes religiosas en Catalunya han hecho reaccionar a la jerarquía eclesiástica de la comunidad. El pasado mes de mayo el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recibió en una visita de carácter privado a Manuel Barbero, el padre que presentó la primera denuncia por abusos sexuales contra el exprofesor de los Maristas, Joaquim Benítez. Este lunes el Obispado de Girona anunció que ha pedido a los curas y catequistas que dependen de su organización territorial que aporten un certificado que confirme que no tienen antecedentes penales por abusos sexuales.

El portavoz del Obispado de Girona, Miquel Calsina, ha explicado a la agencia Europa Press que la medida afectará a unas 800 personas, pero que quedan fuera “otras actividades eclesiásticas” como los monitores o profesores, aunque los recientes casos denunciados de abusos afectan tanto a curas o a hermanos de órdenes eclesiásticas como a docentes y empleados de escuelas religiosas, como el propio Benítez.

Calsina también ha señalado que será el Obispado quien recoja toda esta información y la presentará después de forma conjunta, tal y como se explicita en la ley de personas que trabajan con menores de edad. Asimismo, Calsina ha dejado claro que el Obispado de Girona las canalizará para hacer más ágil el trámite, pero ha recordado que “también se puede hacer individualmente” por parte de las personas que deben presentarlo.

El certificado se ha solicitado a personas que ya están ejerciendo y a aquellas que se espera que se incorporen en breve, y responde a que desde 2015 todas aquellas personas que trabajan con menores están obligadas a demostrar que no tienen antecedentes por abuso sexual.

Familias, profesores y diferentes colectivos educativos han reclamado este domingo “salvar” la escuela concertada y han pedido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, en una multitudinaria concentración en la plaza de la Virgen de Valencia que se ha caracterizado por su ambiente festivo y reivindicativo.

Los asistentes a la concentración, convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en defensa de la libertad de elección de centro escolar, han llenado la plaza de la Virgen durante una hora, donde se han mostrado carteles “por la libertad e igualdad” en la educación.

En uno de ellos se exponía una imagen del conseller de Educación boca abajo, como “represor de la concertada”, y en una pancarta se leía: “President, si gobierna Compromís, no nos sirves”.

En la concentración han participado entidades como Feceval y Concapa, los sindicatos FSIE y USO, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y representantes políticos del PP, como el europarlamentario Esteban González Pons y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, como su portavoz en la Comunitat Valenciana, Fernando Giner.

Según los organizadores, más de 40.000 personas han asistido a la concentración, que ha recibido “20 autobuses de Alicante, seis de Castellón y gente de Murcia”, y que ha estado animada por los pasodobles de una banda de músicos voluntarios de la concertada.

18 aulas menos en centros concertados

La presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, ha explicado a los manifestantes que el próximo curso habrá 18 aulas menos en centros concertados y más de una veintena que no se han concertado a pesar de tener la ratio suficiente.

Ha asegurado que la red pública de centros, la concertada y la privada “pueden y deben convivir”, porque la educación y la libertad de enseñanza es un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.

Según Rodríguez, en la Comunitat Valenciana hay 290.000 alumnos de escuela concertada, y cada uno de ellos “le cuesta la mitad” al Estado, y ahorra más de 6.000 millones anuales al Gobierno.

Ha ofrecido la experiencia de la educación concertada, “pionera en extender la educación a colectivos excluidos, en épocas convulsas”, para un pacto educativo “buscando el único bien de la educación”.

El presidente nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha recordado a la sociedad y especialmente a la Administración que la sociedad es “plural, democrática” y en ella “caben todos los proyectos educativos”.

La presidenta de Concapa, Julia Llopis, ha leído un manifiesto de los padres por la libertad de educación, en el que ha destacado la labor social de la concertada, un tipo de educación, ha dicho, que atiende a “familias necesitadas”, de calidad y a la que asisten alumnos de familias “humildes y trabajadoras”.

Respaldo del PP y Ciudadanos

Isabel Bonig ha afirmado que “no se trata de confrontar un modelo, la pública contra la concertada”, sino que “se trata de respetar el artículo 27 de la Constitución que da derecho a los padres a elegir libremente el tipo de educación” de sus hijos, ha manifestado.

La popular ha indicado que este modelo fue impulsado por el PSOE en 1984 y que “a lo largo de estos años se ha ido mejorando y dando una educación de calidad”. Asimismo, ha destacado que el PP “apoya a la concertada y a la pública; queremos igualdad de oportunidades para todos, estudien en pública o concertada. Hay que gobernar para todos”.

Dar “la espalda” a los padres

“Después de esto viene el tema de inmersión lingüística, cuando los valencianos siempre hemos convivido con las dos lenguas cooficiales y hoy se manifiestan también colegios cien por cien públicos, donde el PP implantó el plurilingüismo que el señor Puig y la señora Oltra han quitado como es el caso de Alzira”, ha indicado en referencia a un colegio que no ha precisado.

Por su parte, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, que también ha asistido, ha asegurado que el Consell “debe velar porque nuestros hijos reciban una educación pública, gratuita y de calidad, pero no de espaldas a los padres, como está haciendo Marzà”.

Si hace unos días la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir de Valencia criticaba el arreglo escolar propuesto por la conselleria de Educación para el próximo curso, ahora ha sido Escuelas Católicas -una entidad en la que también se integran los colegios Diocesanos- quienes han mostrado su malestar con la programación del departamento de Vicent Marzà para el próximo curso. Es más, han convocado una concentración “en defensa de la libertad de enseñanza” para el próximo domingo 22 de mayo en la plaza de la Virgen de Valencia.

Así, la convocatoria, que lleva por lema 'Un concierto por los conciertos, pretende manifestar su protesta por los “recortes” sufridos por los centros de iniciativa social. “Constatamos que la Administración propone cerrar e impide la creación de unidades concertadas, a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes”, explican, y añaden: “Al mismo tiempo, crea más de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, incrementando el gasto, en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias, para conformar, al final, un planteamiento educativo único y público”.

Escuelas Católicas denuncian que no se les conceden los recursos necesarios, “y luego se nos acusa [a la escuela concertada] de elitismo y no atender las necesidades específicas de apoyo educativo, y ello a pesar de los informes favorables de la Inspección de Educación”.

En su opinión, con esta visión “estatista y planificadora de la enseñanza, como en los regímenes dictatoriales”, se pretende un trasvase de alumnado a la enseñanza pública, “vulnerando y desconociendo el derecho de los padres a escoger centros distintos de los creados por los poderes públicos, según se recoge en nuestra Constitución”, unos centros que deben gozar de una financiación “equiparable” a la de los centros públicos para garantizar el “derecho de elección” de los padres.

El colectivo de centros católicos también carga contra el decreto de admisión de alumnos, que “prioriza el criterio de cercanía sobre el proyecto educativo del centro o se discrimina en el criterio de hermanos a los alumnos de Bachillerato y FP de centros concertados y en el paso del alumnado escolarizado en aulas de 2 años, que en los colegios públicos en los que se ha implantado dicho programa experimental, con el consiguiente incremento del gasto público, se les permite acceder automáticamente a las aulas de 3 años, mientras que en nuestros centros a pesar de estar subvencionados con el Bono Infantil, se tienen que sujetar a los criterios de admisión, en clara discriminación con los alumnos de centros públicos”, concluyen.

No ha gustado nada entre los colectivos católicos la decisión de PSOE y Podemos de incluir en su pacto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha del presente año, una congelación de las ayudas para los centros concertados. Desde Escuelas Católicas de la región han lamentado que se haya dado un “paso decisivo” para “penalizar a aquellas familias” que confían en este tipo de centros educativos, mientras que la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha llegado a afirmar que esta decisión “aviva el odio” hacia la educación concertada.

Concretamente, Escuelas Católicas ha criticado que se haya anunciando la congelación de la financiación a la enseñanza concertada “como si esta fuese un mal que hay que atajar”. Interpreta que este anuncio se ha hecho también con “propósito persuasivo”, coincidiendo con el período de admisión de alumnos, y destaca que la concertada “no es el enemigo a batir, ”más si se tiene en cuenta que los conciertos distan mucho de financiar el coste real de la enseñanza“.

“Somos conscientes de que vivimos tiempos de pactos, pero con esta decisión la Administración vulnera los derechos de unos a favor de otros. Por un lado, el de las familias que, libre y responsablemente, han decidido elegir una enseñanza distinta de aquella que ofrece la Administración” y, por otro lado, “a costa de los trabajadores, profesores, personal de administración y servicios y a costa de las titularidades que trabajan y sirven a nuestra sociedad desde hace muchos años, algunas de ellas centenarias”. Además, este colectivo argumenta que los alumnos de la escuela pública no han visto “mermados” sus derechos por la financiación de la enseñanza concertada y se muestra “abierta al diálogo” y pide un pacto educativo “que incluya a todos y no vete a nadie”.

“La manera elegante de estrangular económicamente” a estos centros

Por su parte, CONCAPA ha asegurado que con este acuerdo entre PSOE y Podemos “se pretende avivar en la sociedad el odio hacia la educación concertada por su carácter confesional”. Ha defendido que esta reducción de fondos es “la manera elegante de estrangular económicamente” a los centros educativos sostenidos con estos fondos, que “no solo son más rentables a las administraciones públicas sino que suele ser más demandada por la calidad de sus proyectos educativos y la formación integral de la persona que persiguen”.

“Pretende avivar en la sociedad el odio hacia la educación concertada por su carácter confesional, en la gran mayoría de los casos y enfrentando a las familias y alumnos ante dos modelos distintos educativos que se complementan perfectamente y pueden coexistir y han coexistido hasta el momento sin ningún problema”, han advertido desde esta confederación.

Estas críticas han recibido respuesta por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad alegando que en ningún momento se contempla el cierre de colegios concertados, sino de “invertir la prioridad que se había dado durante los últimos años”, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal y su “ataque furibundo a la escuela pública”. “Esto supone una reducción del peso de la educación concertada respecto al gasto total”, ha argumentado, insistiendo en que no supone “un ataque” a la concertada, sino una “apuesta clara por recuperar la gestión pública de la educación que se ha visto afectada en los últimos años”.