El Tribunal Supremo ha dejado a un paso del banquillo al senador Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, acusado de denunciar en falso a un empresario en 2009, cuando el parlamentario presidía el Cabildo insular de Lanzarote. La decisión llega después de que la Fiscalía recurriera el archivo del caso, que ahora está a la espera de que las partes presenten sus escritos de acusación.

La causa contra el senador de Coalición Canaria llegó al Tribunal Supremo en febrero de 2024. Está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según dijo entonces la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.

Ese día, en comisaría, apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el hoy senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.

Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. En un primer momento, el Supremo optó por archivar el caso pero la Sala de lo Penal instó su reapertura y el último movimiento del instructor ha sido dictar auto de procedimiento abreviado contra él y proponer que sea juzgado después de que prosperaran los recursos de la Fiscalía y la acusación particular.

En su auto de reapertura, el Supremo explicó que las pruebas apuntan a que el hoy senador actuó motivado por “intereses partidistas” al denunciar en falso al empresario hace ahora más de 15 años. El juez instructor entiende que ya no quedan más diligencias por poner en marcha y que el próximo paso, si así lo consideran las acusaciones que han impulsado el proceso, es el juicio: la Fiscalía llegó a pedir en su momento año y medio de cárcel para él.

El proceso judicial contra Sanginés arrancó, una vez archivada la causa contra el empresario que había sido denunciado en falso, por la hija del afectado, hoy fallecido.

El levantamiento del secreto que pesaba hasta hace unos meses sobre el llamado caso Minutas, más popularmente conocido como caso San Ginés, no hace más que complicar las cosas a los dos principales encartados, el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) y su abogado y amigo Ignacio Calatayud. Ahora se ha sabido que un acceso y manipulación ilícitos (hackeo, en el argot informático) a la cuenta de Google de este último investigado impidió a la Guardia Civil acceder a todos sus archivos, principalmente a sus cuentas de correo. Ese bloqueo, cuyo origen es desconocido pero que ha de situarse necesariamente en la órbita de Calatayud, provocó que el juez que investiga la causa, el titular de Instrucción 2 de Arrecife, cursara una petición de cooperación internacional penal urgente a Dublín, sede de Google, solicitado la intervención de los tribunales irlandeses para instar a la multinacional tecnológica a colaborar con la investigación.

Inicialmente, Ignacio Calatayud se prestó voluntariamente a colaborar con los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil durante el registro que efectuaron en su domicilio el pasado 28 de marzo. El investigado accedió a facilitarles todas sus contraseñas para acceder a su cuenta de Google atendiendo de ese modo a la autorización judicial para proceder al “acceso, visionado, inspección y descarga de las cuentas de correo electrónico, servicio de almacenamientos de datos virtuales y cuentas de redes sociales existentes (...) así como a los servicios de almacenamiento online, tales como cuentas de Icloud, Dropbox y Google Drive”.

La Guardia Civil accedió a todas las cuentas del investigado y, a partir de ellas, procedió a descargar con su consentimiento y en su presencia toda información personal que pudiera estar alojada en los servidores de Google, según consta en la investigación. Se trataba de ejecutar lo que se conoce como un takeout, una preparación de datos para su exportación a un archivo descargable. El proceso se suele dilatar unas 24 horas y permite al usuario mantener sus datos en sus cuentas sin que esa copia les afecte. A su término, Google envía un correo electrónico con un enlace que permite descargar toda la información almacenada en ese único fichero. El correo debió haber llegado a una cuenta habilitada por la Guardia Civil, que a su vez también incluyó un número de teléfono móvil oficial para la verificación a la que obliga la tecnológica.

Pero, para sorpresa del ECO, pasadas unas horas de esa operación los agentes detectaron que ya no podían acceder a la cuenta de Google Drive de Ignacio Calatayud porque alguien había vuelto a cambiar la clave impidiendo así la descarga del fichero Takeout y permitiendo de este modo a su titular cambiar el contenido almacenado en la nube de Google.

De ahí que los investigadores solicitaran del juez de inmediato una comisión rogatoria  a Google Ireland Ltd, que se tradujo en una solicitud de cooperación internacional penal urgente al Department of Justice and Law Reform del Gobierno de Irlanda, sede de la multinacional tecnológica.

En su solicitud de auxilio internacional el juez hizo constar las circunstancias y el alcance de la investigación que se lleva en su juzgado respecto al que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote entre los años 2009 a 2019. En esa instrucción se investigan los pagos efectuados mediante una contratación irregular al abogado Ignacio Calatayud desde el Consejo Insular de Aguas y la empresa pública Inalsa, así como la presunta apropiación indebida de las costas judiciales y un posible cohecho. La autoridad judicial comunicó a sus colegas irlandeses que se investigan “delitos vinculados con la corrupción” que en este momento se pueden identificar con “el delito de prevaricación, el delito de cohecho, el delito de malversación, el delito de fraude a la Administración, el delito de falsificación documental cometido por funcionario público, el delito de blanqueo, el delito de deslealtad profesional cometido por abogado o procurador, el delito relativo a grupo u organización criminal, sin perjuicio de una más exacta y ulterior calificación”.

Al levantarse el secreto de las actuaciones y descubrir Calatayud que el hackeo había sido descubierto y que las autoridades judiciales ya procedían a intervenir vía Google todo el contenido de sus archivos informáticos, presentó un escrito al juzgado ofreciéndose a colaborar “al objeto de evitar diligencias innecesarias” y añadiendo que se podría haber caído por parte de los investigadores en “un error en la valoración de lo acaecido” al residenciarse en él con toda probabilidad la única responsabilidad posible del cambio de contraseñas una vez iniciado el proceso de descarga de los archivos que él mismo había facilitado .

Calatayud explica en su escrito que contactó con la Guardia Civil porque había tenido conocimiento de que el Takeout ya se había generado, solicitando entonces a los agentes que le restituyeran su cuenta para poder acceder a su correo. Siempre según esa versión, fueron los propios investigadores los que el 29 de marzo le restablecieron la cuenta.

Pero la versión de Calatayud no concuerda con la de la Guardia Civil, que sostiene ante el juez que jamás facilitó ninguna contraseña, mecanismo o indicación al investigado para llevar a cabo la recuperación de la cuenta, “desconociendo cómo se ha llevado a cabo el cambio de credenciales y el acceso a la misma”, dice su escrito de respuesta.

Tal y como explica en su informe la Guardia Civil, tras solicitar el takeout a Google, se procedió a asegurar la cuenta mediante un cambio de contraseñas. Además, en la configuración de la cuenta se modificaron los datos que permitirían su recuperación mediante la introducción de una nueva dirección de correo electrónico y un número de teléfono “controlado por la fuerza actuante” donde recibir las claves para la reactivación de la cuenta. 

A pesar de esas acciones del ECO, alguien consiguió acceder a la cuenta de Ignacio Calatayud para cambiar la contraseña de acceso así como los datos de recuperación (el correo y número de teléfono móvil que se utilizan para enviar mensajes restableciendo la contraseña). En el sumario, que ahora se está conociendo, no consta ninguna línea de investigación o personas sospechosas que pudieran haber hecho este trabajo. Pero dadas las extraordinarias medidas de seguridad con las que operan estas compañías tecnológicas, sólo el concurso de un experto en pirateo informático (hacker) puede alcanzar los resultados obtenidos en este caso.

Cobo Plana no renunció

El avance de la investigación del caso San Ginés sigue estrechando el círculo alrededor del expresidente del Cabildo de Lanzarote. El testimonio prestado el viernes 14 ante el juzgado por Juan José Cobo Plana, actualmente magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Las Palmas y entonces en excedencia para dedicarse al ejercicio de la abogacía, ha desmantelado una de las coartadas expuestas tanto por San Ginés como por el otro encartado, Ignacio Calatayud. Cobo Plana negó taxativamente haber renunciado a la dirección legal del concurso de acreedores de la empresa pública Inalsa, perteneciente al Cabildo de Lanzarote. Lo explicó bien claro: ni desde el punto de vista del atractivo jurídico ni desde el punto de vista del atractivo económico, había motivos para renunciar a un contrato así.

Cobo Plana explicó serenamente que a él lo llamó Ignacio Calatayud para comunicarle que, habiendo sido derrocada por moción de censura la socialista Manuela Armas, que fue la que lo nombró, y accediendo a la presidencia Pedro San Ginés, este había tomado la decisión de relevarle por su amigo Calatayud por “una cuestión de confianza”.

Pedro San Ginés ha mantenido hasta la fecha que la sustitución de Cobo Plana por Ignacio Calatayud había respondido a razones de “urgencia” dada su renuncia a la dirección letrada de Inalsa en ese concurso de acreedores. En realidad, el entonces presidente del Cabildo lo sustituyó por su amigo Ignacio Calatayud, que no solo se embolsó los 200.000 euros de minuta pactados para todo el proceso concursal, incluida la preparación del concurso y todas sus fases e incidentes concursales, sino que además se quedó con las costas judiciales que correspondían a la empresa y todas las minutas de la fase común, hasta un total de 1,4 millones de euros.

Cobo Plana, que pasa por ser uno de los profesionales más reputados en el campo del derecho concursal, ilustró a los presentes recordando que, en contra de lo sostenido por San Ginés y el interventor judicial también imputado, Pedro Martín, que los incidentes concursales forman parte de la conocida como fase común del procedimiento concursal por lo cual no pueden ser facturados de manera independiente en ningún caso. Igualmente, y a requerimiento de la jueza instructora y la fiscal, Cobo Plana aclaró que las costas procesales son siempre propiedad del cliente (Inalsa y el Consorcio del Agua de Lanzarote) y que en el caso de la empresa pública, en situación de concurso de acreedores, resulta obligado que su importe se utilice para pagar las deudas con los acreedores, no pudiendo la administración concursal de Inalsa, ni la propia empresa, acordar que las costas se las quedara Ignacio Calatayud si éste ganara los incidentes lo que confirmaría la colaboración del administrador concursal Pedro Toledo en la defraudación.

La venia, en el ordenador de Juana Fernández

La declaración de Cobo Plana en el marco de estas actuaciones en torno a Pedro San Ginés vino en gran medida condicionada por un hallazgo en los equipos informáticos de Juana Fernández de las Heras, esposa de Ignacio Calatayud, otra de las personas investigadas. En esos ordenadores apareció un documento titulado “venia de Cobo Plana”, elaborado nueve días después de que Pedro San Ginés alcanzara la presidencia del Cabildo de Lanzarote mediante una moción de censura. 

San Ginés siempre ha sostenido que el relevo de Cobo Plana por Calatayud respondió a un acuerdo del consejo de administración de Inalsa de 18 de enero de 2010 en el que, según una “certificación del acta de esa sesión”, se habría dado a conocer la supuesta renuncia de Cobo Plana como abogado de la entidad en el concurso de acreedores para así justificar el nombramiento de Ignacio Calatayud por motivos de urgencia, sin seguir expediente de contratación, ni exigir, siquiera, la presentación de un presupuesto previo al amigo de San Ginés. Los investigadores no han podido localizar ni el acta de esa supuesta sesión del consejo de Inalsa, ni tampoco la convocatoria de la misma, a pesar del exhaustivo examen de los archivos de la empresa pública de aguas y de las múltiples indagaciones efectuadas al efecto. Tan solo existía un “certificado” del acta de la sesión, firmado por el propio Pedro San Ginés y el secretario del consejo de administración, fallecido durante la instrucción.

Tampoco se ha encontrado en los registros de Inalsa ni en la documentación judicial del proceso concursal ningún documento de Cobo Plana comunicando su renuncia como abogado de la empresa pública de aguas en el concurso de acreedores para el que fue contratado por dicha entidad.

Sí ha aparecido en uno de los ordenadores intervenidos un documento confeccionado por Ignacio Calatayud el 26 de octubre de 2009 en el que se manifestaba que Cobo Plana concedía a Ignacio Calatayud la “venia”, es decir, su conformidad para que le sustituyera en el procedimiento.

Un auto del polémico juez Salvador Alba, actualmente condenado a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, ha descafeinado el juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, por haber incautado una depuradora para ponerla en manos del Canal de Isabel II para su explotación. Alba libró al abogado Ignacio Calatayud de cualquier tipo de responsabilidad a pesar de haber sido considerado por el juez instructor el cerebro de la operación.

El juicio ya tiene fecha de comienzo, el 16 de marzo de 2020 en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, según adelantó este miércoles La Voz de Lanzarote, y ha seguido adelante gracias a la presencia de Podemos como acusación popular al retirarse el Ministerio Fiscal precisamente por el auto del que fue ponente juez Alba y sus dos compañeros de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas que firmaron la resolución junto a él. Sin la imputación a Calatayud, el Ministerio Público cree que la causa se derrumba.

La operación consistió en incautar a favor de Canal Gestión, filial del Canal de Isabel II y responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, una depuradora propiedad de Club Lanzarote, una promotora turística de matriz mallorquina en el municipio de Yaiza. La decisión la tomó San Ginés en su calidad de presidente del Consorcio Insular de Aguas, en el que participa el Cabildo y todos los municipios de Lanzarote, el órgano que otorgó la concesión en 2013 a Canal Gestión.

Según las conclusiones del juez instructor, Jerónimo Alonso, el ideólogo de la operación fue el abogado Ignacio Calatayud en su calidad de asesor jurídico tanto del Consorcio Insular del Agua como del presidente del Cabildo y de Canal Gestión. Según consta en la investigación judicial, este abogado cobraba por tales asesoramientos altas sumas de dinero, unas veces en forma de igualas mensuales, y las demás, en forma de pagos aislados.

Entre otros notables asesoramientos, a Calatayud se le atribuye ser el autor de la idea por la que el Consorcio Insular de Aguas cambiara la modalidad del concurso público al de negociado sin publicidad para adjudicar el servicio integral del agua a Canal Gestión, al que también terminó asesorando. El expresidente del Cabildo de Lanzarote ha reconocido que este letrado es su amigo.

Ignacio Calatayud es yerno de Felipe Fernández Camero, otro habitual de las hemerotecas lanzaroteñas por haber aparecido reiteradamente en escándalos como el caso Unión y el caso Yate, siempre como asesor jurídico relacionado con las operaciones urbanísticas sospechosas que dieron origen a ambos escándalos de corrupción.

El juicio de la depuradora de Montaña Roja, cuya fecha ya ha sido fijada, dilucidará las posibles responsabilidades penales de los tres acusados, concretamente por el delito de prevaricación. Los aspectos contencioso-administrativos quedaron resueltos en su día a partir del recurso que interpuso la empresa perjudicada por la incautación, Club Lanzarote, S.A., que ganó al Consorcio del Agua en los tribunales de justicia. A partir de ahí y para ahorrarse que la empresa de matriz mallorquina continuara con una acción penal, el expresidente del Cabildo no solo le devolvió mediante convenio la depuradora ilegalmente intervenida, sino que además, cedió ante otras muchas exigencias como que, a cambio de un canon, fuera esa compañía la que gestionara el agua del plan parcial Montaña Roja, la urbanización residencial y turística para la que precisamente había sido construida esa depuradora objeto de estos procedimientos judiciales. Club Lanzarote se retiró acto seguido como acusación particular de la causa contra Pedro San Ginés.

Canal Gestión es una filial de la madrileña Canal de Isabel II y se ocupa en Lanzarote y La Graciosa del ciclo integral del agua, desde la generación mediante desalinización, hasta su distribución y reutilización. En el año 2013 sustituyó en tales menesteres a la empresa pública Inalsa, en cuya suspensión de pagos vía concurso de acreedores también intervino el abogado Ignacio Calatayud por imposición directa del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés.

Según consta en la documentación tramitada en el juzgado, por esas gestiones cobró al menos 86.000 euros por contratación directa de su amigo el entonces presidente del Cabildo y presidente de la empresa liquidada.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha criticado la postura del Cabildo de Gran Canaria con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) -que se ha mostrado en contra del reparto decidido por el Gobierno regional- y ha asegurado que la isla redonda hubiera perdido dinero con la propuesta “insularista” y “grotesca” de Nueva Canarias para el reparto de estos fondos.

“Gran Canaria habría recibido, de distribuirse como fondos REF y si el Gobierno se hubiese reservado el 42%, apenas 34 millones de euros. Es aritmética pura. Sin embargo, se ha aprobado para este año 47 millones de euros”, dijo este viernes tras la firma de los convenios del FDCAN en Las Palmas de Gran Canaria.

Además, explicó que en la deriva “insularista” y “grotesca” de NC, llegaron a llevar una propuesta que tuvo el respaldo del resto de la oposición en el Parlamento de Canarias e incluso del que era socio de CC en el Gobierno regional, el PSOE, para reservar la mayor parte de los fondos para el Ejecutivo, de tal manera, dijo, que a Gran Canaria sólo le hubieran correspondido apenas 13 millones.

“Ha tenido que ser el Gobierno de Canarias, ya con CC en solitario, quien restituyese lo que NC le hubiese hurtado de haber prosperado esa propuesta y, para colmo, resulta que somos el resto de cabildos y ayuntamientos los que somos acusados de insularismo”, concluyó.

Finalmente, San Ginés hizo especial hincapié en que lo importante es que con el FDCAN “empieza una década de esperanza y de futuro para las siete islas”.

Fuerteventura afirma que si seis cabildos apoyan “claramente” el reparto, la minoría debe “acatar la ley”

Por su parte el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha afirmado que si seis de los siete cabildos apoyan “claramente” el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), la minoría, en relación al Cabildo de Gran Canaria, debe “acatar la ley”.

“Este convenio es el resultado de muchos meses de consenso y de trabajo concienzudo por el que todas las islas salen ganando”, dijo para añadir que con otros criterios de reparto alternativos, incluso las islas más pobladas hubieran recibido menos financiación.

Morales expuso que el Cabildo majorero tiene que celebrar “que este sea el gobierno de toda Canarias y que se traduzca en cosas tan concretas como este Fdcan, que aspira a introducir elementos de inversión pública, I+D y empleo para hacer nuestro modelo más sostenible y competitivo”.

Cuestionado sobre si Gran Canaria estaba teniendo una postura “insolidaria”, señaló que cuando seis cabildos apoyan claramente una propuesta, la minoría tiene que “acatar la ley”.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, expuso durante la primera sesión del Debate del Estado de la Isla “los hitos de gestión, enmarcados en las cinco metas de la Estrategia Lanzarote 2020, alcanzados por los grupos de gobierno que ha dirigido desde que accedió a la Presidencia de la Institución a finales de 2009, así como las líneas maestras llevadas a cabo por el Gobierno insular en el presente año”.

San Ginés destacó los 153,2 millones destinados por la Corporación a los alrededor de 400 proyectos incluidos en los cuatro Planes de Inversión Insulares programados desde 2013, “habiéndose ejecutado el 80 por ciento de las inversiones previstas en los tres primeros, en gran parte a través de los Planes de Cooperación Municipal de los que se han beneficiado los siete municipios de la Isla”.

Asimismo señaló los “positivos efectos colaterales” que en su opinión “ha supuesto la cesión de la gestión del ciclo integral del agua, lo que ha permitido afrontar desde 2013 el cambio del modelo energético por parte del Consorcio del Agua, además de realizar una inversión a través de Canal Gestión de 51,4 millones de euros en infraestructuras, que siguen siendo públicas, y a los que habrá que añadir otros 6 millones de euros en el presente año”.

Entre ellas resaltó la próxima puesta en marcha del Parque Eólico de Autoconsumo de la Central de Desalación Díaz Rijo de Punta de los Vientos, “que reportará el 20 por ciento de la energía que necesita dicha central y que contribuirá a cumplir el objetivo de la Estrategia Lanzarote 2020 de lograr, antes de esa fecha, que el 20 por ciento del consumo energético que se produzca en Lanzarote proceda de energías limpias”.

Por otra parte, calificó como “el mayor hito de gestión de esta legislatura” la remodelación con una inversión de 21 millones de euros del Complejo Ambiental de Zonzamas, “que se ha convertido en el más avanzado de Canarias y en uno de los mejores de Europa, y que ha supuesto el inicio de una nueva era en la gestión insular de los residuos, con las tasas más baratas de toda Canarias, entre otras cosas porque será cien por cien autosuficiente a través de energías limpias”.

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- El Cabildo de Lanzarote aprobó tarde, en julio, el presupuesto de este año. ¿Qué grado de ejecución de las inversiones se va a cumplir?

- En 2016, efectivamente, se va a ejecutar solo una parte de lo que se ha planteado, pero eso no supone la pérdida o inejecución de inversiones. De los tres planes insulares de inversión presentados en los últimos años, con casi 370 obras y unos 111 millones de euros, se ha ejecutado o está en ejecución un 80 por ciento. Si a eso le sumamos los 32 proyectos de 2016, unos 42 millones más, en cuatro años serán unos 400 proyectos y algo más de 150 millones, casi todo con fondos propios.

- ¿Entiende las críticas lanzadas por la patronal de la Isla por el nivel de ejecución de los proyectos?

- Se entiende una parte de la crítica. Hay retraso en ciertas inversiones, pero lo que no comparto es que se diga es una mera declaración de intenciones para sacarse una foto con los alcaldes, porque no es cierto y se falta al respeto a todo el trabajo que hay detrás. Casi todas las obras que se están haciendo en la Isla son con fondos del Cabildo. Necesitamos fortalecer la sala de máquinas de la institución: contratación, hacienda, promoción económica y la oficina técnica. Hemos puesto un millón de euros para contratar proyectos, pero no es suficiente.

- Hace unos meses, el presidente Fernando Clavijo presentó en Lanzarote las líneas maestras del Plan de Desarrollo a financiar con los fondos del IGTE. ¿Van a llegar finalmente?

- Si se materializa ese fondo de desarrollo supondrá un salto impensable que nos permitirá abordar cuestiones a las que no podríamos haber hecho frente, como el saneamiento de todos los núcleos costeros de la Isla, poderosas inversiones en renovables, en recogida de aguas pluviales, en zonas comerciales abiertas, que el Cabildo pueda destinar recursos para barrios, potentes planes de empleo y de embellecimiento, que es la gran asignatura pendiente porque no podemos ser autocomplacientes: están muy mal muchas carreteras, muchas zonas de interior y todavía quedan muchos vertederos. En 2016 solo podremos presentar facturas de proyectos ya ejecutados, pero para los próximos años se presentará un listado de proyectos, fruto de un proceso muy participado con ayuntamientos, patronales y grupos políticos, que suman unos 300 millones para 11 años. Al menos, aspiramos a recibir 20 millones al año.

- ¿Y el Palacio de Congresos, que se ha reivindicado desde la Isla cada vez que se acerca la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma?

- El presidente (Fernando Clavijo) ya sabe que no tendrá respaldo presupuestario si esa prioridad para Lanzarote no está. En 2017 debe haber una pequeña partida para empezar. Es una de las condiciones que hemos puesto, porque es uno de los proyectos sobre los que hay unanimidad entre todas las fuerzas políticas. Ahora bien, en el corto plazo tenemos que resolver cuestiones urbanísticas para que sea una realidad. En su momento se inició la modificación del planeamiento de la parcela destinada al Palacio de Congresos y el Gobierno la paralizó porque iba a ser inminente la aprobación del Plan General de Arrecife. Le he preguntado al concejal de Urbanismo si tiene expectativas de que el Plan se apruebe en seis o siete meses, porque si no hay que reactivar la modificación puntual. En una situación parecida está el Vivero musical.

- ¿Qué plazos se marca el Cabildo para aprobar el Plan Insular de Ordenación (PIO)?

- Se ha prorrogado 20 meses el contrato con el redactor, José María Ezquiaga, y en ese tiempo se supone que debiera estar terminado su trabajo, tras incorporar contenidos sectoriales que antes no eran obligatorios y contar con la participación de las nuevas fuerzas políticas. Creo que el PIO está altísimamente consensuado y actualizado. Ezquiaga destaca en su análisis que había muchas diferencias escénicas, pero que realmente había consenso sobre lo que la Isla quería, y que el crecimiento en camas no es el objetivo.

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La Bocaina, un brazo de mar de apenas 13 kilómetros, marca la distancia entre Lanzarote y Fuerteventura. Una autopista marítima por la que cada año se mueven entre las dos islas más de un millón de pasajeros, con un incremento en el último año de casi el 27%. Entre Lanzarote y Fuerteventura suman 250.000 habitantes, reciben unos cinco millones de visitantes y su industria turística genera 4.800 millones de euros al año (unos 400 millones más que Gran Canaria). Durante años alejadas en el ámbito político, los cabildos de ambas islas han retomado los contactos en los últimos meses en un intento de resucitar el denominado eje oriental, un contrapeso al tradicional reparto de poder entre Gran Canaria y Tenerife.

“El eje oriental tiene una variable política, que es sin duda ser más fuertes, pesar más, porque por separado representamos bastante menos”, destaca el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. “Lanzarote y Fuerteventura son dos islas que tienen muchos problemas en común y, por tanto, muchas de las soluciones debieran ser adoptadas igualmente de forma conjunta”, añade el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. “El relanzamiento del eje oriental lo que persigue es aunar esfuerzos para atender a cuestiones vitales para ambas islas relacionadas con energías renovables, aguas, el sector primario, la industria, el turismo o los residuos”, explica San Ginés.

Morales pone un “ejemplo concreto” de cómo el trabajo conjunto da sus frutos: las plataformas ganaderas de Fuerteventura y Lanzarote, con el respaldo institucional, han influido para que el Gobierno de Canarias envíe a la Unión Europa una propuesta para reducir el apoyo a la importación de productos que “compiten” con los productores locales, “como es el caso de la leche en polvo o los quesos”. Esas ayudas que se rebajan de la importación pasarían a engrosar las que benefician a la producción en el sector primario de las islas. El último censo ganadero del Gobierno canario apunta a que entre ambas islas suman 146.000 cabezas de ganado caprino, en el que Fuerteventura es un referente.

También en el sector primario se ha puesto en marcha un protocolo para que los productos vitivinícolas de Fuerteventura se analicen en el laboratorio insular de Lanzarote, “especializado en ese sector como no puede ser de otra manera”, subraya Marcial Morales, y los productos de Lanzarote se pueden analizar en la isla vecina.

Uno de los retos compartidos de Lanzarote y Fuerteventura, dos Reservas de la Biosfera de la Unesco, es avanzar en las energías renovables, escasamente desarrolladas en la actualidad. En el corto plazo, señala Morales, están “trabajando conjuntamente” en la elaboración de bases para concursos de adquisición de vehículos eléctricos y colocación de puntos de recarga.

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Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se reunieron este miércoles por segunda vez en lo que va de mandato para avanzar en la consolidación del denominado ‘eje oriental’. Los  presidentes de ambos cabildos, Pedro San Ginés y Marcial Morales, coincidieron en reivindicar al Gobierno de Canarias que compense en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma la ‘doble insularidad’.

“El coste de la vida en las islas periféricas es entorno al 17% más caro para cualquier familia”, aseguró Morales, quien resaltó que “para que seamos iguales de verdad” en el Archipiélago, “debe haber una compensación”.

San Ginés señaló que Lanzarote y Fuerteventura trasladarán al Gobierno que preside Fernando Clavijo que dote en las cuentas regionales de 2017 una “ficha financiera específica” para poner cifras al ‘fondo de solidaridad’ con las islas no capitalinas que el Parlamento de Canarias ha respaldado.

En la misma línea, ambos cabildos han reivindicado ya al Gobierno regional que los sectores del vino, del caprino y del ovino, que son los “hermanos pobres” en el reparto del Posei, los fondos europeos a la producción en el sector primario, suban al menos “un peldaño” ya para el próximo ejercicio.

Morales aseguró que se han obtenido “compromisos” del Gobierno para que se modifique el Régimen especial de abastecimiento con la finalidad de favorecer a los citados sectores, que es donde son “fuertes” Lanzarote y Fuerteventura, y que las subvenciones a la importación “no compitan” y perjudiquen a los que se produce en las Islas.

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El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote presentó el pasado viernes una denuncia en la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Lanzarote poniendo en su conocimiento que “el presidente de la institución, Pedro San Ginés, autorizó el pago de cuatro millones euros en facturas a pesar de las advertencias de ilegalidad que efectuó en todo momento la intervención del Cabildo”.

Las facturas corresponden a pagos efectuados en los últimos cuatro años a empresas farmacéuticas, agencias de viajes, empresas de transporte, de seguridad o de servicios audiovisuales. Los importes por año son los siguientes: 2015, 1.074.000 euros. 2014, 1.200.000 euros. 2013, 758.000 euros. Y 2012, 1.050.000 euros. En total, más de cuatro millones de euros.

En el escrito presentado a la Fiscalía se ha hecho constar que “los motivos para la denuncia han sido tanto los defectos de tramitación advertidos por el servicio de Intervención del Cabildo, consistentes en no haberse tramitado los correspondientes expedientes de contratación con arreglo a la Ley de Contratos de Servicios Públicos, como el considerable número de facturas en las que la Presidencia ha resuelto levantar los reparos, así como la importante cuantía de las mismas”. Podemos considera que estos hechos pudieran incardinarse en el capítulo XIX del código penal, Delitos contra la Administración Pública.

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“A ver en qué charco me meto ahora”. Así inició su respuesta este miércoles el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al ser cuestionado por la decisión del Ayuntamiento de Arrecife de rechazar la construcción de un acuario planteado por inversores alemanes en el Islote de Fermina.

La postura de San Ginés choca con la del grupo de gobierno capitalino, del que forma parte su partido, Coalición Canaria, que el lunes comunicó a los promotores del acuario que el Consistorio no renunciará a la concesión sobre el islote, donde pretende ejecutar un centro de deportes náuticos.

Para el presidente del Cabildo, “es un error haber cerrado las puertas al proyecto” del acuario “que en su día respaldamos”. “Así de claro lo digo”, apostilló San Ginés, quien matizó que sus palabras eran “una opinión personal” pero “no una perreta”.

San Ginés insistió en que, al contrario que los responsables municipales, no ha cambiado de parecer. “El Gran Acuario de Canarias”, como se denomina el proyecto, “era un proyecto muy interesante para la ciudad de Arrecife”, destacó el presidente, quien subrayó que se contemplaba el “disfrute del espacio público para la ciudadanía”.

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El ex Director de la Oficina del Plan Insular de ordenación (PIO), Leopoldo Díaz, ha vuelto a ganar otro pleito contra una decisión del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En este caso, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas le ha dado la razón anulando una resolución de San Ginés, de octubre de 2010, por la que decidió apartarle de la emisión de informes de compatibilidad del PIO a proyectos hoteleros porque una empresa con sede en Panamá, Urena Mountain, le había recusado alegando que tenía relación con la Fundación César Manrique.

Urena Mountain, representada por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, consiguió una licencia del Ayuntamiento de Yaiza hace 16 años para construir un hotel aunque finalmente no lo construyó. La licencia fue recurrida por el Cabildo y la FCM y la Justicia dio la razón a esta última, anulándola.

En la fase de ejecución de sentencia la empresa debía realizar los mismos trámites para comprobar si se le podía conceder la licencia. El informe de Leopoldo Díaz fue negativo y Urena Mountain pidió a San Ginés que apartara al técnico porque había formado parte del Patronato de la FCM, un cargo que abandonó en el año 2000.

San Ginés apartó a Díaz y a otro técnico, Esteban Armas, no sólo de ese expediente sino de todos los informes de compatibilidad, alegando “prudencia y seguridad jurídica”, pero lo hizo sin informe jurídico alguno que avalara su resolución. El Juzgado considera ahora que estos dos motivos no están previstos por la ley como causas de abstención o de recusación.

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La defensa de Leopoldo Díaz, director de la Oficina del Plan Insular de Ordenación, solicitó que el pleito por su destitución, decretada por el presidente Pedro San Ginés en junio del año pasado, fuera tramitado por un procedimiento abreviado exprés. El Cabildo se podía haber opuesto a que se tramitara de esta forma pero la aceptó.

La demanda se presentó ante el Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria en el mes de septiembre. El procedimiento exprés consiste en que se solicita que se dicte sentencia sin que se celebre vista y sin que se reciban pruebas. Tan sólo se presenta el escrito de demanda y el escrito de contestación a esa demanda, por parte del Cabildo.

El Cabildo de Lanzarote contrató al abogado Juan Carlos Álvarez para este procedimiento. Si el abogado se hubiera opuesto a que se tramitara este tipo de procedimiento exprés, se hubiera tramitado de forma ordinaria, pero no lo hizo, y por eso el procedimiento se ha fallado en un periodo de cuatro meses, ya que la sentencia se dictó el 7 de enero.

La defensa del Cabildo tenía un plazo de veinte días para contestar a la demanda, pero se debía haber opuesto al procedimiento exprés en los diez primeros días. Por otra parte, para este pleito el Cabido no contrató a un procurador, que no es obligatorio pero garantiza que las notificaciones se reciban en un plazo menor.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, aseguró este miércoles que la destitución de Leopoldo Díaz como jefe de la Oficina del Plan Insular es “irrevocable” y anunció que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo contencioso que anuló el decreto de cese, formalizado el pasado mes de junio.

San Ginés indicó que no podía hacer “valoraciones en profundidad” porque el Cabildo de Lanzarote no había recibido la sentencia. No obstante, recalcó que “si es recurrible obviamente” la recurrirá.

“Si perdiésemos el recurso y también es cierto que el problema ha sido la falta de motivación” del cese, “trataremos de motivarlo mejor”, añadió San Ginés.

“Lo que es irrevocable”, dijo, “es la voluntad de que el funcionario en cuestión cese en la jefatura que ostentaba, no así en el puesto de trabajo al que tiene derecho como funcionario”, sin responsabilidades en el área de Política Territorial.

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El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha anunciado que próximamente convocará una reunión con todas las partes afectadas “por el hecho de que las carencias del Puerto de Arrecife durante el temporal del sur que ha sufrido la isla durante los últimos días haya abocado a varios cruceros a ser desviados al Puerto de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria con la consiguiente pérdida económica y deterioro de imagen para Lanzarote”.

En ese sentido, San Ginés ha reiterado que el pasado mes de septiembre, volvió a interesarse en su calidad de miembro y vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por los plazos de ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Los Mármoles, trasladando al presidente de este organismo, Luis Ibarra, la “preocupación existente” por el aparente retraso en el comienzo de las obras de ampliación del dique.

Ibarra confirmó que “se mantienen los plazos de ejecución previsto para estas obras”, adjudicadas en abril del presente año a la UTE Acciona–Lanzagrava con un plazo de ejecución de 30 meses. Las obras de ampliación del Puerto de Los Mármoles supondrán una inversión en torno a los 19,2 millones de euros, y “mejorará las condiciones que los movimientos de las mareas provocan en la lámina de agua interior en condiciones adversas, evitando el cierre del puerto durante los días de temporal, lo que obliga al desvío de las embarcaciones a otros puertos, con el consiguiente efecto negativo sobre la economía insular”.

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Lleva nueve meses, desde marzo, presidiendo el Cabildo con grupos de gobierno en minoría y están pendientes de aprobarse asuntos de gran enjundia, como los presupuestos del próximo año, el Plan Especial de La Geria o el Plan Insular. ¿Hasta cuándo se puede estirar este chicle de la minoría?

No me quejo porque es un enorme orgullo y placer estar donde estoy, pero no han sido fáciles estos seis años. Asumí la presidencia en minoría un tiempo hasta que se cerró el pacto. Estuve en minoría bastantes meses por el abandono de dos compañeros de partido y llevo en minoría desde antes de terminar el anterior mandato. A pesar de eso, con enormes dificultades y la crisis, creo que es cuando esta Isla ha avanzado más, a pesar de que es cuando menos recursos se supone que había. Esa minoría no ha supuesto la parálisis que se dice. Es verdad que hay sobrecarga de trabajo y embudos en algunas cuestiones, pero los ocho consejeros que decidimos asumir responsabilidades de gobierno estamos trabajando mucho y en muchos de los casos bien. Los plenos están siendo con mucho ruido pero estamos sacando casi todos los asuntos con mayorías holgadísimas, como si hubiésemos tenido una mayoría absoluta. Tenemos un pacto firmado con el PSOE, no cumplido por ellos, y pronto tendremos algunas pruebas de fuego, como el Plan Especial de La Geria y los presupuestos. El PSOE ha dicho que respalda desde la oposición, desde fuera del gobierno, y ciertamente lo está haciendo. Desde el momento en que eso deje de ser así obviamente habrá que pensar en otras opciones.

Hay un pacto firmado con el PSOE que no se ha materializado y han sido públicos los coqueteos con el PP. ¿Ve viable que esa situación perdure en el tiempo? ¿Se ve terminando así el mandato?

Francamente no, porque no creo que ni el PSOE ni el PP lo pretendan. Sería de género tonto por su parte. Terminaría el mandato así encantado, a pesar del mucho trabajo, porque todo lo capitalizaríamos nosotros con el respaldo del PSOE y del PP, que admito que están teniendo altura de miras en las cuestiones que se han planteado hasta la fecha. La hora de la verdad llega ahora. Pero honestamente, con los pies en la tierra, no me veo acabando así el mandato. Estoy convencido de que después de las elecciones generales, unos u otros se ofrecerán de una manera más clara para gobernar, como además parece lógico, porque lo contrario sería un fraude a su propio electorado. La opción aritmética, cómoda y natural es con el PSOE, pero depende de ellos. No quiero echar más leña al fuego ni meter el dedo en el ojo a nadie, pero saben perfectamente lo que no es posible y si terminan por entenderlo, asumirlo y pasar página e incorporarse al gobierno nos aliviaremos de trabajo y tendremos una mayoría holgada. Si no es así, no creo que el PSOE nos esté apoyando desde la oposición cuatro años. Y como no lo creo, si no lo hace el PSOE, espero que entre el Partido Popular, que tampoco quiero que se sientan segundo plato porque siempre he sido muy franco con el PP y con su presidenta. Las puertas están abiertas si el PSOE falla. Es mi obligación como presidente tratar de tener una mayoría lo más holgada posible, que no tengo.

El Cabildo de Lanzarote ha hecho hincapié en que los 160 millones de euros al año de fondos extra procedentes de la compensación del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE), se repartan con el criterio de la triple paridad. ¿Qué va a ocurrir?

Ha habido reuniones de la Federación canaria de Islas (Fecai) y de la Federación de municipios (Fecam) con el presidente del Gobierno y los consejeros de Economía y Hacienda. Lo que creo que ha cambiado es la música pero en el fondo el objetivo es el mismo que se ha venido exponiendo en los últimos tiempos, que se compense a las islas periféricas en el reparto de esos fondos. Como quiera que el Gobierno de Canarias pretende distribuir el cien por cien y eso beneficia a todas las Islas, creo que todas debiéramos ponernos de acuerdo y al menos seis de ellas [salvo Gran Canaria] lo estamos, en el sentido de que haya un clarísimo índice corrector para las islas periféricas.

¿A cuánto puede aspirar Lanzarote de esos 160 millones, ahora que parece que será el Gobierno el que asigne los fondos a proyectos que se presenten desde las Islas?

Mantengo la aspiración de que lleguen a la Isla unos 20 millones de euros al año. Es verdad que ya no se está explicitando la triple paridad como criterio para el reparto, pero sí se está expresando la voluntad de que se prime a las periféricas, como las prima la triple paridad en la representación en el Parlamento. Vamos a trabajar sobre esos números en un proyecto a 10 años, pensando más en esta legislatura y, especialmente, en no equivocarnos demasiado en 2016, con iniciativas ejecutables, pero proyectos hay.

¿En qué ámbitos se podría invertir?

En el plan que tiene el Gobierno [denominado de desarrollo y cohesión de Canarias] se establecen una serie de criterios: para infraestructuras no hay límite, y para políticas activas de empleo se puede destinar un 10% menos del paro que haya en la Isla. Creo que en embellecimiento del litoral, del interior y de las carreteras es donde Lanzarote tiene su asignatura pendiente. También se están trabajando planes de formación con la Cámara de Comercio. En materia de inversión sería muy largo, pero adelanto que irá mucho a Arrecife si podemos: a pluviales, a barrios, a canalización de barrancos, no sólo en la capital. También a embellecimiento del espacio público en las zonas turísticas. Y después hay muchos proyectos puntuales de enorme envergadura: 80 millones de euros en cuatro años dan para mucho, si finalmente llegan.

El presupuesto del Gobierno de Canarias está en trámite en el Parlamento de Canarias. En el borrador inicial Lanzarote tenía dos millones menos que Fuerteventura. ¿Se mejorará lo suficiente esa foto inicial?

La verdad es que los primeros presupuestos de este Gobierno presidido por Fernando Clavijo fueron una absoluta decepción y así se lo trasladé, con algunos parlamentarios y nuestro secretario general [David de la Hoz] en una reunión ex profeso en sede parlamentaria. Por Clavijo, además, muchos nos jugamos demasiado diría yo, políticamente hablando, en esta Isla, y no hay derecho a que se nos fallase en los mínimos: que en la foto inicial estuviésemos donde nos correspondía. Hubo toda clase de excusas y explicaciones, que desde luego no nos valen, también de promesas de que en 2017 se va a corregir, pero pusimos unos mínimos para respaldar los presupuestos de 2016 y pasan por una enmienda que al menos nos iguale a Fuerteventura en infraestructuras turísticas. Esperamos aumentar dos millones para proyectos de los Centros Turísticos y que el Gobierno saque por emergencia tres millones para saneamiento en la Octava Isla, con lo cual la inversión podría mejorar en cinco millones para 2016.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reiteró en el pleno extraordinario celebrado este sábado a instancia de varios grupos de la oposición los argumentos que ha sostenido sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. El principal es que actuó “asesorado” y que el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, le indicó que “no hacía falta autorización judicial ni informes por escrito” para proceder a la incautación como medida cautelar.

San Ginés expuso en el pleno fragmentos de la declaración de Perdomo en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife para justificar que “existió asesoramiento verbal” antes de la incautación.

También destacó que el “criterio” de que no era precisa autorización judicial para incautar la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de la urbanización lo “sostuvo también la Fiscalía” cuando pidió el archivo de la querella de la empresa Club Lanzarote, que reabrió la Audiencia Provincial.

El presidente admitió la existencia de una “enorme controversia jurídica” acerca de la incautación de la desaladora de Montaña Roja pero consideró que no se había producido “prevaricación”. Durante el pleno también dijo que no había adoptado “ninguna determinación política” tras reabrirse el caso por la vía penal porque “sencillamente” era “inocente”.

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligó al Consejo Insular de Aguas a devolver la planta desaladora a Club Lanzarote, el presidente dijo que no creía que el secretario del Cabildo se hubiera “equivocado” y adelantó que se habían encargado informes a dos catedráticos que vendrían a avalar la medida adoptada.

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Los grupos políticos del Cabildo no votaron en el pleno extraordinario celebrado este sábado sobre la petición de que el presidente, Pedro San Ginés, “se aparte y ceda la presidencia del Consorcio del Agua y del Consejo Insular de Aguas”.

La solicitud de que se deliberase y votase esta petición fue solicitada en la convocatoria del pleno extraordinario sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja, convocado a instancias de Podemos, PP, Somos Lanzarote, Nueva Canarias y Ciudadanos.

En la recta final de la sesión, el grupo de gobierno distribuyó entre los consejeros un informe de la Secretaría del Cabildo en el que se concluía, según destacó San Ginés, que no era “atribución del pleno” de la Corporación insular “remover o cambiar al presidente” de los organismos de los que forma parte como máximo responsable de la institución.

Así, San Ginés insistió en que dejar la presidencia del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas sólo puede darse si renuncia o delega sus funciones en otro consejero, algo que, recalcó, “no se le puede imponer”.

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El Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha organizado para el próximo 17 de septiembre una intensa jornada de declaraciones de testigos en el marco del procedimiento iniciado a raíz de la querella de la promotora de la urbanización Montaña Roja (Playa Blanca) por la incautación de la planta desaladora por el Consejo insular de Aguas.

Así, el juez Jerónimo Alonso ha citado a declarar en calidad de testigo a Francisco Perdomo, secretario del Cabildo y del Consejo, para que aclare “la intervención que tuvo en el expediente sancionador” a Club Lanzarote, la promotora de Montaña Roja.

El Consejo insular de Aguas decidió en septiembre del año pasado la incautación de la planta desaladora, de la depuradora y de las redes de distribución de la urbanización como medida cautelar al considerar que se estaban cometiendo irregularidades: desde desalar agua sin concesión a vender la misma a terceros sin permiso y sin tasas aprobadas.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destacado este martes que no se volverá a pronunciar sobre la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja hasta que se celebre un pleno monográfico, previsiblemente en septiembre.

San Ginés ha tachado de “ilógico y absurdo por imposible” la petición de miembros de la oposición que le han reclamado que dimita o se aparte de sus responsabilidades hasta que se produzca sentencia judicial o el archivo de la causa.

“De archivarse la denuncia de la empresa, cosa que podría ocurrir en meses, sería inviable retomar la responsabilidad de la presidencia una vez se hubiese renunciado a ella”, recordó San Ginés en un comunicado.

El presidente del Cabildo ha criticado lo que considera “demagogia y populismo” de los grupos de la oposición puesto que, insistió, “la mera denuncia de una mercantil que venía ejerciendo una actividad ilegal y supuestamente delictiva, no va a invertir el veredicto de los ciudadanos de hace apenas dos meses”.

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El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha defendido este jueves que se adelante la toma de posesión de Óscar Pérez como consejero en un pleno extraordinario a celebrar este viernes “por la necesaria toma de decisiones” en el Área de Cultura, que asumirá el nuevo consejero, “entre otras, en la organización de la XXVII Feria de Artesanía de Mancha Blanca”.

Pérez sustituye en el grupo de Coalición Canaria a Rafael Bailón, que fue designado director general en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para no esperar al pleno ordinario de septiembre, el presidente ha convocado uno extraordinario para que el nuevo consejero tome posesión.

La próxima sesión ordinaria del pleno está prevista para el 9 de septiembre, “dos días antes de la celebración de la vigésimo séptima edición de la Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca, uno de los eventos tradicionales sobre artesanía más veterano e importante de Lanzarote y uno de los más relevantes de toda Canarias, cuya organización se desarrolla bajo la dirección del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote”.

“Es por ello que se justifica”, destacó el presidente, “la necesaria e urgente incorporación del nuevo consejero a las competencias que le serán delegadas en materia de cultura para la ejecución, organización y toma de decisiones de esta feria, así como en otros proyectos y asuntos de especial sensibilidad e importancia que deben desarrollarse e iniciarse durante el próximo mes de septiembre”.

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