El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de WikiLeaks.

Hay una reunión que obsesiona a todos los periodistas y de la que es muy difícil informar. Es el sitio donde reside el Poder Ejecutivo: donde se toman las principales decisiones del país. Y es muy raro que se conozcan los detalles de lo que ocurre allí porque todos los asistentes tienen prohibido hablar de ello. Menos aún contárselo a los periodistas, que tenemos justo la obligación contraria: la de publicar información.

Me refiero al Consejo de Ministros. A esa reunión semanal del Gobierno que normalmente se celebra cada martes. Es tan importante y delicado lo que allí se trata que todos los ministros, cuando son nombrados y toman posesión del cargo ante el rey, tienen que jurar o prometer “mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”.

El martes, se celebró el último Consejo de Ministros del primer gobierno de coalición de esta etapa democrática. Y no fue uno más. Probablemente los detalles de esa reunión que hoy voy a desvelar no están propiamente protegidos por la ley como “deliberaciones” porque fue otra cosa lo que ese día pasó: una despedida. Tal vez por eso, en esta ocasión, sí he logrado reunir varias fuentes que me han contado qué es lo que ocurrió en ese último Consejo de Ministros. Una historia llena de detalles que sirven para explicar algunas claves de este primer Gobierno de coalición.

Tras terminar con el orden de ese día, ese martes 14 de noviembre, el presidente Pedro Sánchez tomó la palabra. Dio las gracias a todo el equipo por el trabajo de estos años, recalcó que ese sería el último Consejo de Ministros de este gobierno y después invitó a todos los ministros y ministras a despedirse. A compartir una última reflexión con los demás.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando habló Joan Subirats, el ministro de Universidades.

“Tal día como hoy, hace cincuenta años, yo estaba en la cárcel, y ahora estoy en el Consejo de Ministros”, recordó Subirats. Que fue detenido el 28 de octubre de 1973, cuando la policía entró en la Iglesia de Santa María Mediadora de Barcelona, donde estaba reunida la Asamblea de Catalunya, un organismo clandestino antifranquista. Ese día, los grises se llevaron a 113 personas, también a un joven Subirats, que entonces militaba en Bandera Roja y representaba a los Comités de Curso de la Universidad de Barcelona. Tras pasar por la comisaría de Via Laietana, acabó en la cárcel, en La Modelo, donde estuvo encerrado hasta diciembre. 

“Curiosamente ahora estamos volviendo a recordar ese tiempo que parecía completamente superado”, dijo también Subirats, en referencia a las manifestaciones ultras de estos últimos días en las que se han vuelto a escuchar gritos y expresiones franquistas.

Hablaron prácticamente todos los ministros y ministras, en términos emotivos y cariñosos con el resto. Conscientes del momento histórico. “Había una cierta emoción en el ambiente”, explica uno de ellos: “A mí me pareció una buena idea por parte del presidente el propiciar que esto se diera, era nuestra última reunión oficial”.

Solo hubo dos personas que no participaron de esta despedida colectiva: las ministras Irene Montero y Ione Belarra. Hace meses que están enfrentadas con todos los demás y apenas se comunican con el resto: ni con el PSOE ni tampoco con los demás ministros de su coalición. “Se suelen quedar juntas fumando tabaco de liar en la puerta, entran las últimas y nunca se quedan después, cuando tras el consejo es habitual que varios compartamos un pincho de tortilla o un café y charlemos de manera más informal”, explica un miembro del Gobierno. “En esta despedida, fueron las únicas que no dijeron ni una palabra, lo cuál es terrible y triste porque fue precisamente Podemos quien logró este primer Gobierno de coalición”, asegura otra fuente allí presente. 

Hubo incluso una especie de reconciliación entre Luis Planas y Alberto Garzón. El ministro de Agricultura y el de Consumo se dieron un abrazo, a pesar de las muchas disputas que han tenido en esta legislatura, por asuntos como el consumo de carne o las macrogranjas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en su despedida, agradeció a todos su trabajo y también recalcó que habían logrado funcionar como un único equipo. Subrayó que, en muchos debates internos de esta legislatura, los ministros y ministras no se han posicionado por bloques políticos, sino que ha sido habitual que hubiera debates cruzados: ministros nombrados por el PSOE aliados con ministros de Unidas Podemos en una misma posición, frente a otro bloque, que no necesariamente se definía por las siglas de los partidos.

Pero el momento más tenso de la despedida empezó con una broma que inició Alberto Garzón y que no le hizo ninguna gracia a Nadia Calviño.

“Yo hasta que llegué al Gobierno, pensaba que el Comité Central del Partido Comunista de España era la reunión más dura que te podías encontrar en política”, explicó Garzón. “En este tiempo como ministro he descubierto que no. Que lo más duro que hay en política es la CDGAE”. Lo que provocó las risas de buena parte del Consejo de Ministros, incluyendo a Pedro Sánchez. De casi todos menos de la vicepresidenta primera y ministra de Economía

Para pillar este chiste hace falta alguna explicación previa.

La CDGAE es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Una reunión semanal importantísima, relativamente desconocida, que es donde se debaten todas las medidas que tienen repercusiones económicas. Ahora se celebra los lunes; antes era cada viernes. Es donde se cierran los detalles de muchísimas de las decisiones que después aprueba el Consejo de Ministros. Todo lo que afecta a los fondos públicos pasa por allí, y es en ese foro donde de verdad se hablan las cosas, algunas veces a cara de perro. Allí se produjo, por ejemplo, un histórico y duro debate de tres horas sobre cuánto dinero público se podía gastar para compensar los efectos de la pandemia: cuánto se iba a gastar en los ERTES y demás ayudas.

En la CDGAE nunca participa Pedro Sánchez. Esta comisión la preside Nadia Calviño. También asiste su secretario de Estado en el Ministerio de Economía, Gonzalo García y el secretario general de Asuntos Económicos de La Moncloa, Manuel de la Rocha. Y tienen silla fija todos los ministros relacionados directa o indirectamente con la economía, que son bastantes: Teresa Ribera, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Héctor Gómez, Luis Planas, Pilar Alegría, José Luis Escrivá, Raquel Sánchez, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Alberto Garzón. José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, también tiene puesto fijo pero no siempre va. 

La ministra que más ha sufrido con estas reuniones en esta legislatura fue Reyes Maroto, la anterior titular de Industria y Turismo. “En alguna ocasión salió llorando de la CDGAE, por la dureza de las críticas”, explica una de las personas allí presentes. “Nadia Calviño era implacable con ella”.

Esta comisión no es un invento de Pedro Sánchez. Existe desde 1957 y siempre fue la más dura de todas las que se celebran en La Moncloa. “Se discute más en la CDGAE que en los Consejos de Ministros”, explica uno de ellos. Porque es allí donde los distintos ministerios pelean con los que gestionan la caja –los responsables de Economía y Hacienda– para lograr presupuesto para sus proyectos. Además de los ministros con plaza fija, prácticamente todos pasan alguna vez por la CDGAE, siempre que tienen que aprobar cualquier asunto que suponga gasto público.

Tras la intervención de Garzón, y esa CDGAE donde al menos no hay asesinatos –como en el Comité Central del PCE que noveló Manuel Vázquez Montalbán en uno de sus libros del detective Pepe Carvalho–, varios ministros más se sumaron a esa idea. Entre ellos, Miquel Iceta, por su época al frente de Función Pública. O el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que también bromeó con la dureza de esta comisión económica. “A mí nadie me había advertido de lo que era ir a una CDGAE”, aseguró.

La última en intervenir fue Nadia Calviño. Que “se picó con lo de la CDGAE”– asegura uno de los allí presentes –“a pesar de que ninguno de los que habló del tema se refirió a ella”. “Se lo tomó como algo personal, cuando no era una crítica ni una broma hacia ella”, recalca otra fuente. 

Con un tono que rompió el ambiente emotivo y distendido de esa despedida, Nadia Calviño defendió su papel. “Todos los gobiernos son de coalición, entre el presidente y el ministro o la ministra de Economía”, dijo Calviño, reivindicando que si este Gobierno había funcionado es porque esa coalición –entre ella y Pedro Sánchez– había sido muy eficaz. 

“Los políticos ignoramos el nivel de debate de los funcionarios y eso nos pasa por no saber de gestión”, continuó Calviño, mirando directamente a Garzón mientras decía estas palabras.

 “Yo aún no me he ido, y me quedan muchas CDGAE todavía”, aseguró también Nadia Calviño. Afirmando, en presencia de Sánchez, que seguirá en el nuevo Gobierno. Aunque, si es nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones –un importante puesto al que es candidata y que se decidirá antes de fin de año–, eso provocará una nueva crisis de Gobierno en apenas un mes. 

Tras las palabras de Calviño, volvió a intervenir Pedro Sánchez, que recuperó el tono distendido del resto de los ministros, dio otra vez las gracias a todos y cerró la reunión.

Ahora Sánchez está terminando de perfilar su nuevo Gobierno, donde muy pocos saben, aún hoy, si la semana que viene volverán a sentarse en el Consejo de Ministros. O si esa reunión, tan emotiva como tensa, será la última.

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana y que tus reuniones familiares, o con tus amigos, sean más tranquilas que una CDGAE, que una Asamblea de Catalunya en 1973 o que un Comité Central del PCE.

Un abrazo,

Ignacio Escolar

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves el plan especial urbanístico que limita la apertura de nuevos locales de juego y apuestas. El Ayuntamiento fija una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier centro educativo y de 450 metros respecto a otros equipamientos como bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio, centros del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) o bien centros de salud. Acompañada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha asegurado que el nuevo plan del consistorio “hará que en la práctica no se pueda abrir” nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad.

El nuevo plan de usos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y que estará en información pública durante los próximos dos meses, fija las condiciones a cumplir por parte de cualquier persona interesada en abrir un nuevo local de juegos de azar en Barcelona. En este último año, de hecho, se ha reducido en dos el número de bingos presentes en la ciudad. Actualmente hay en Barcelona 51 establecimientos de este tipo, 35 salones de juego, 15 bingos y un casino. Según Colau, esta cantidad es ya es excesiva.

Tras recordar que Barcelona no puede regular las apuestas en línea pero sí usar las competencias urbanísticas, la alcaldesa de Barcelona ha destacado que se trata de hacer una regulación estricta orientada a “proteger la presencia de estos establecimientos en equipamientos donde haya población vulnerable o sensible a estas actividad como escuelas, institutos, centros cívicos, culturales o centro de mayores ”.

Esto se ha concretado en que el Ayuntamiento fija ahora una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier centro educativo, es decir, guarderías, jardines de infancia, centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, programas de formación o cualificación y universidades. También incluye una distancia de 450 metros respecto a otros equipamientos como bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio, centros del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) o bien centros de salud como hospitales, centros de atención primaria, de urgencias, de atención y seguimiento a las drogodependencias, de salud mental para jóvenes y adultos, centros de día o hospitales de día.

Colau ha dejado claro que no están en contra del juego como tal, sino que se centran en apuestas con dinero y de un tipo de actividad con “una publicidad muy ofensiva y que a lo largo de los años se ha visto que producía un riesgo de adicciones muy grave en la población más vulnerable, con un crecimiento de miles de jóvenes afectados por estas adicciones y con una grave problemática de salud ”. Insistió en que no está prohibida la actividad en general pero esta queda “muy limitada” para asegurar que no se hace cerca de un equipamiento donde haya un colectivo vulnerable.

Colau también ha situado la medida aprobada haciendo referencia a datos de la encuesta EDADES que elabora el Ministerio de Sanidad y que se ha presentado esta misma semana, que indican que en el último año el 6,7% de la población entre 15 y 64 años jugó dinero en línea y un 63,6% de lo hizo de manera presencial, lo que supone un incremento respecto al 3,5% y el 59,5% de dos años antes. Además, el 15,8% de las personas que juegan en línea y el 3,5% de las que lo hacen de manera presencial se considera que han llegado a desarrollar un posible juego problemático o trastorno del juego, lo cual representa 670.000 personas en total a nivel estatal. Según datos centrados específicamente en jóvenes de entre 14 y 18 años, recoge que el 14,6% de la población de esta franja de edad ha jugado dinero de manera online y que un 37,2% lo ha hecho de manera presencial en el último año.

Por su parte, el ministro Garzón ha manifestado que el plan de usos es “un mensaje muy poderoso, potente y necesario” para que los trastornos que se pueden generar debido a las apuestas y este tipo de juego “son psicológicos, económicos, sociales y afectan sobre todo a las familias más necesitadas ”. El ministro, que se ha reunido este jueves con Colau, ha anunciado que harán más iniciativas en este ámbito con “una consulta pública con propuestas para el establecimiento un real decreto de juego seguro”.

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro '919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente', un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas... Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria...

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

CSM: Jamás presumimos. No era nuestro objetivo la deuda, sino mejorar las condiciones de vida y bienestar de la gente de nuestra ciudad, pero lo paradójico es que conseguimos ambas cosas.

EG: Nosotros nunca presumimos, pero ocurrió una cosa muy curiosa y era que era muy goloso para cualquier medio de comunicación titular que el Ayuntamiento estaba reduciendo la deuda al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid la estaba aumentando porque eran dos formaciones política enfrentadas y de cara a generar un titular atractivo acababa eclipsando todo lo que queríamos contar, que era que no era lo importante.

Una parte de las críticas sostenía que lo que estaba detrás de la reducción de la deuda era la falta de ejecución presupuestaria. En el libro desmontan esa parte aunque también hacen autocrítica.

CSM: Una parte de esa dificultad para ejecutar fueron las resistencias de los propios engranajes de la administración local madrileña. Pero luego hubo otra muy importante: sufrimos continuos ataques por parte de Delegación de Gobierno y del Ministerio de Hacienda, que dificultaron la propia ejecución del presupuesto. Llegamos a tener paralizada la ejecución de las obras que estábamos realizando y como nosotros decíamos, ¿a quién le molesta que pongamos elementos de protección cardiovascular en los mercados de Madrid? Pero los datos de ejecución son muy claros: fueron 800 millones de euros más en el mandato, respecto al anterior gobierno del PP, sin tener en cuenta la deuda. Se podría haber ido mucho más allá: podríamos haber conseguido que en vez de que las cuentas bancarias del Ayuntamiento el último día tuvieran 1.900 millones sin gastar, hubiera sido mejor que estuvieran las calles más limpias, más arregladas... Pero el obstáculo fue legal y de voluntad política.

EG: Aunque ese fue el motivo fundamental, que nos pusieron palos en la rueda, hay que tener en cuenta que quisimos darle un cambio bestial al Ayuntamiento, que es al fin cabo una herramienta gigantesca en la cual hacer cualquier tipo de cambio cuesta muchísimo. Nosotros utilizamos el símil del trasatlántico que va a toda velocidad y cambiarlo de dirección no es tan fácil. Y aunque conseguimos ejecutar muchísimo más en términos absolutos, con respecto a lo que queríamos lograr y por eso presupuestábamos tanto, no lo pudimos hacer, en parte por esas inercias.

Uno de los detonantes de su cese como concejal y su salida de la Concejalía de Economía y Hacienda fue la guerra con Montoro y la regla de gasto. Pero hubo más motivos que fueron más internos.

CSM: Todos los planteamientos que se van desgranando en los diferentes capítulos tienen que ver con un proceso de auditoría de la deuda y de las políticas públicas que afloró irregularidades e ilegalidades de enorme tamaño en la ciudad. Un proceso en este caso, además, especialmente desarrollado y coordinado por Edu, que consiguió aflorar miles de millones de euros en irregularidades muy importantes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que eso tocaba a los poderes fácticos, a gente muy importante en la ciudad, gente que levanta el teléfono y se le cuadra todo el mundo. Humildemente, nosotros no.

¿Quiere decir que se cuadraba parte del gobierno de Ahora Madrid y la oposición también fue interna?

CSM: Sí, es evidente.

EG: Lo contamos en el libro, pero el objetivo no es hacer sangre ni buscar revanchismo, sino tratar de contar lo mejor que vivimos en esa experiencia, para que sirva luego. Yayo Herrero lo cuenta muy bien en el prólogo, que este libro tiene un espíritu de crítica constructiva para que si tenemos una nueva oportunidad, poder aprender de los errores y mejorar. Pero en absoluto se trata de buscar o de contar los trapos sucios porque no tiene ningún tipo de sentido, porque no es el objetivo y los trapos sucios todo el mundo los tiene.

CSM: Hay quien puede llegar a pensar que lo único que hacíamos durante las larguísimas jornadas, día tras día, era pelearnos con Montoro. Y nada más lejos de la realidad. Pusimos en marcha políticas de contratación pública que han sido pioneras en todo el Estado, que incluyen cláusulas sociales, medioambientales y de comercio justo en la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid, que han mejorado la vida a mucha gente.

Les quería preguntar por la auditoría de la deuda. ¿Qué pasó con esa promesa electoral?

EG: Ese ejemplo es muy representativo, porque nos encontramos palos en las ruedas por parte de nuestro propio gobierno, porque consideraban que no era prioritario contar los desmanes y las irregularidades del Partido Popular, sino que había que centrarse en el futuro. Y creo que lo demuestra que es justo cuando nosotros fuimos expulsados del área, la auditoría de la deuda y la política pública se paralizó y no salió adelante nada.

CSM: Quienes pensaban que lo hacíamos por revancha se equivocaba completamente. Lo que ocurre es que era un flujo de dinero que se estaba yendo, no precisamente por el sumidero, sino que estaba alimentando a esos poderes económicos y fácticos que controlan el Ayuntamiento. 

Madrid Calle 30, por ejemplo, cuesta más a las arcas públicas porque su gestión no es pública, como ha publicado eldiario.es y también cuentan ustedes en el libro.como ha publicado eldiario.es

CSM: Cómo funciona una empresa mixta como Madrid Calle 30 es una de las situaciones más dolorosas porque supone un expolio público de un tamaño enorme y ese tipo de situaciones hay que revertirlas. Lo que pasa es que revertirlas supone enfrentarse a personas muy poderosas. En este caso la audacia a la que apelábamos al principio para nuestros compañeros en el Gobierno central, que estamos absolutamente seguros de que van a hacer un papel muy adecuado y muy bueno para el beneficio de la mayoría social, requiere también que se taponen determinadas vías por las cuales se está yendo el dinero público. Cuando se está pidiendo estabilidad presupuestaria y con buen criterio Edu criticaba ese elemento, es especialmente significativo que no se pretenda o que no se quiera reducir los flujos ineficientes de dinero público.

Hablaban de las presiones por la regla de gasto, pero también impulsaron comisiones de investigación que motivaron mucha contestación.

CSM: Los trabajos de cada una de las comisiones de investigación, de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, la de M-30 y todos los trabajos de la Subdirección General de la Auditoría y del equipo, tuvieron obstáculos continuos: externos e internos. Así es. Y cada uno responde a una dinámica que puede no ser exactamente la misma. Lo que nosotros teníamos claro es que el dinero de todos es sagrado y no se puede permitir que se malgaste. Si algo demostró nuestra área de gobierno fue precisamente que ese tipo de cosas no las consentíamos. Hasta en detalles como que se redujeron en prácticamente la mitad el número de altos cargos de nuestra área. Es verdad que otras contrataron más, pero desde luego en Economía y Hacienda demostramos que había otra forma de hacer las cosas...

EG: Y de asesores, personal eventual, estaba yo solo al principio. Cuando el PP había tenido trece.

Han hablado de la oposición interna en el gobierno y la del PP en las instituciones. Pero en el libro tratan en un capítulo las complicaciones con algunos funcionarios por el poder político que llegaban a ejercer. ¿Se encontraron con la oposición de algunos técnicos después de dos décadas de gobiernos del PP?

EG: Cuando uno piensa en el equipo técnico de una administración pública cree que solo hacen algún tipo de labor sistemática, fácil y cotidiana. Pero depende de qué tipo de cargo tengan, porque los puestos más elevados acaban teniendo un margen de responsabilidad política y discrecional muy importante. Los concejales no lo pueden hacer todo, tampoco sus asesores, y al fin y al cabo son los que tienen los conocimientos y la formación. De alguna forma se depende de ellos y cuando están motivados con el proyecto todo va muy bien, pero a veces no lo están. Un ejemplo es que a los técnicos a los que pedimos determinados informes sobre alguna irregularidad pasada, eran los mismos que en aquel momento estaban formando parte del gobierno. Ahí había una serie de contradicciones, de las cuales nosotros nunca podíamos saber todos los detalles, pero sí sospechábamos que no estaban muy ilusionados con nuestro proyecto y que de alguna u otra forma ralentizaban los procesos o los dificultaban. 

CSM: Pero también hay un montón de personas maravillosas en el alto funcionariado que no solamente se creyeron el proyecto político, como decía Edu, sino que además se dejaron mucha vida también junto con el equipo.

Llegan a plantear al final del capítulo que muchos técnicos crecen dentro de la administración porque llegan incluso a ser “cómplices d actuaciones irregulares de dudosa legalidad”. ¿Para que haya un político corrupto, se necesita un funcionario corrupto?

CSM: En muchos casos sí, no necesariamente, pero en muchos casos sí. Es una herramienta imprescindible para quienes quieren saltarse la ley y la norma.

EG: Nos contaron algunos funcionarios que durante la época del Partido Popular habían sido presionados para que firmaran determinado documento que no querían firmar y que cuando no pasaban por el aro eran defenestrados. Es decir, los llevaron al puesto más aburrido, el que menos condición laboral y que peores condiciones laborales tenía. Evidentemente necesitan la complicidad de algunos funcionarios y para otras.

En el libro también tratan las remunicipalizaciones. En el caso de Funeraria, pasó a tener beneficios de más de 4 millones de euros el primer año bajo la gestión pública. Pero el nuevo gobierno de coalición ahora quiere volver al modelo de gestión privada.

CSM: Eso es corrupción legal. Lo que quieren hacer es corrupción legal. Cuando privatizaron anteriormente funeraria se demostró que había sido, además de ser corrupción legal, también corrupción ilegal, porque Luis María Huete fue condenado por esa actuación favorecedora para que los privados se enriquecieran seguramente a cambio de algo. Lo que ocurrió es que había prescrito el delito, pero eso no quita que fuera delito. La corrupción legal es hacer que el servicio público que debe ser prestado de manera directa y que ha demostrado por nuestra gestión, que es exitoso, se ha convertido en un nicho de negocio y de obtención de rentabilidad para en este caso una empresa privada.

EG: Es corrupción legal porque lo que es de todos se lo dan a unos cuantos, es así de sencillo. Algunos lo podrían llamar incluso robar. Pero en el libro hacemos hincapié en que no es sólo una cuestión tan básica como que hay por medio unos intereses privados, sino que además la propia legislación española favorece que la gestión sea directa por parte de las administraciones públicas. Explicamos que hay bonificaciones por impuesto de sociedades y también incluso bonificaciones por IVA. O sea que la propia legislación favorece que la gestión directa sea más barata y, por lo tanto, también más eficiente.

Una de las cosas que denunciaron ante la Fiscalía fue el contrato del Open de tenis. El PP le llevó a los tribunales por aquello y ahora están a un paso de ir a al banquillo de los acusados. ¿Actuaron mal?

CSM: No solo el PP, también Villarejo, que no es un detalle menor. El PP y Villarejo de la mano, actuando como lo que son, como dos cloacas, en este caso, persiguiendo a quienes persiguen su corrupción. Nada nuevo bajo el sol. Ni he sido el primero, ni la compañera Celia Mayer tampoco, ni seremos los últimos. No hemos hecho nada y no creemos que vayamos a estar ni siquiera sentados en el banquillo en ningún momento. El planteamiento que hizo la asociación auspiciada por Villarejo fue que si desde IU retirábamos de la acusación popular en la Operación Tándem que le mantiene en prisión por delitos gravísimos, este caso hubiera desaparecido. Pero nosotros no cedemos ante las presiones.

Hablan en el libro también de los retos que quedaron pendientes: la renta social municipal, el apoyo al pequeño comercio... ¿Cuál creen que era el más urgente o cuál es el que les hubiera gustado poner en marcha antes de su salida?

EG: La renta social municipal. En Madrid hay gente que no tiene ningún tipo de ingreso y se ve obligado a recurrir a la mendicidad, cuando con una renta social que no supone muchísimos recursos tendríamos muchos problemas que solucionados, o al menos, mitigados. Y era sencillo de hacer porque la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid se gestiona desde el Ayuntamiento de Madrid. Entonces es tan sencillo como coger a la gente que está en lista de espera y cuantificar por cada uno de ellos el coste y era algo absolutamente factible. El problema podía ser más jurídico porque la competencia de una corporación local para este tipo de cuestiones no está clara.

CSM: Por lo que supone una quinceava parte del superávit de Madrid, se hubiera puesto el suplemento de la renta social municipal hasta un nivel absolutamente digno, hasta llegar a los 600 ó 700 euros. Avanzamos mucho en eso.

Hacían al principio de la entrevista un diagnóstico de por qué la izquierda perdió el Ayuntamiento de Madrid. ¿Se han arrepentido de haber dividido el voto con el proyecto Madrid en Pie?

CSM: Nosotros no nos fuimos de Ahora Madrid. Quien se fue en este caso, desgraciadamente, fue Manuela Carmena, que abandonó un proyecto colectivo que se había demostrado ser exitoso. No consideramos que hiciéramos nada más que lo que era nuestra obligación, que era intentar responder a ese espíritu de Ahora Madrid que además considero que sigue vivo.

EG: Ahora quien ha dividido el voto a nivel estatal ha sido Más País, y lo hicieron antes en la comunidad, por ejemplo.

Estoy ante dos economistas, ¿hay que preocuparse por una nueva crisis?

EG: Yo diría rotundamente sí, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a manifestarse. Tampoco creo que tenga que ver necesariamente con los signos de desaceleración económica que estamos viendo. Es verdad que hay desaceleración, pero puede ser simplemente resultado de un ciclo económico que se agota, no necesariamente que vaya a surgir una crisis, aunque sí creo que de verdad va a haber una. Pero, insisto, espoleada por la tensión y desequilibrio en los mercados financieros, más que porque cada vez se contrata menos gente o que hay índices de confianza empresarial más reducida.

CSM: Cuando hay dos economistas en la sala suele haber dos opiniones. No es fácil diferir de mi compañero, pero un matiz desde mi posición: no hay una nueva crisis porque no hemos salido de la anterior. Hay un 26% de la población de este país que tiene la misma renta ahora en términos reales que la que tenía en 2007. Lo que significa más de una década perdida desde el punto de vista de los derechos. Además de eso se producen las circunstancias que indicaba Eduardo: estamos ante una inestabilidad enorme y una economía con elevadas dosis de dopaje. Las propias políticas monetarias están sosteniendo una situación que de no existir hubieran dejado más claro la situación de crisis en el momento actual. Por lo tanto, claro que es inevitable que el capitalismo vuelva a pegarse otro batacazo. Lo que nosotros decimos es que gestionar las crisis no da igual quien lo haga.

Eduardo Garzón, economista, político de Izquierda Unida (IU) y también hermano del coordinador nacional de este mismo partido, Alberto, analiza en esta entrevista, realizada en la isla de Tenerife el jueves de esta semana, el mapa político que dejan las elecciones generales del 28A y la división de la izquierda en España, entre otras cuestiones.

También detalla las enseñanzas de su paso por el Ayuntamiento de Madrid, una administración pública que ha demostrado que la gestión pública y la aplicación de políticas con los enfoques de los partidos de izquierdas no llevan a la hecatombe, por mucho que así se lo quieran hacer ver a la ciudadanía los partidos de derechas.

¿Cómo usted calificaría los resultados obtenidos por Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril?

Los resultados son suficientes para poder conseguir un proyecto político de izquierdas en general. Pero a nosotros nos hubiera gustado tener más votos y más representación en el Congreso para lograr más fuerza y así poder realizar nuestras políticas.

¿Apoyará la confluencia un Gobierno de Pedro Sánchez en solitario, renunciando así a la opción preferida por Pablo Iglesias: un Ejecutivo bicolor?

Yo no sé qué hará el Partido Socialista. No me fío. Ya hemos visto en más de una ocasión que realiza algunos giros inesperados hacia la derecha, pero espero que recapacite y que, tras este nuevo equipo, sean capaces de, ya sea con nosotros en el Gobierno o con nosotros fuera, realizar un proyecto verdaderamente de izquierdas. Esto es, muy diferente del que habíamos tenido con el Partido Popular y en la línea de lo que estábamos consiguiendo en los últimos años. Eso sí, creo que nosotros tendríamos mucha más utilidad estando dentro del Gobierno, aunque solo fuera de forma simbólica, porque es la mejor forma de controlar al Partido Socialista, que, como digo, a veces no realiza políticas directamente de izquierdas. Si no queda más remedio, tampoco veo una fórmula desastrosa estar apoyando al nuevo Gobierno en minoría.

Desde Unidas Podemos proponen blindar por ley la revalorización de las pensiones, vinculándola a la evolución del IPC para que así el poder adquisitivo de los mayores esté mejor compensado. ¿Cree que será posible en esta legislatura?

Creo que sí. Ese es un factor que tan solo Vox y el PP han puesto en duda. Incluso Ciudadanos está a favor de revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y, como digo, ya es poca la gente que piensa que habría que hacerlo de otra forma, por ejemplo, utilizando indicadores como el PIB o la productividad. Así que yo pienso que sí, que ese elemento va a estar garantizado.

Ahora bien, ello no quiere decir que el sistema público de pensiones no siga bajo amenaza. Ya se sabe que dentro de los proyectos políticos del Partido Popular, Ciudadanos y la derecha en general sí hay determinados elementos que ponen en riesgo la sostenibilidad de aquél, porque estas formaciones políticas están abogando por lo privado.

Por cierto, hemos visto que el PSOE, en muchos de los movimientos que han realizado, da prioridad a las pensiones privadas frente a las públicas. Eso lo vimos en el Parlamento Europeo, donde el Partido Socialista voto a favor de dar prioridad a las pensiones privadas frente a las públicas. En cualquier caso, nuestro proyecto es claro: defensa firme y a ultranza del sistema público de pensiones, porque consideramos que es el más justo y el más eficiente, no solo en términos económicos sino también sociales.

¿Qué tal fue su breve paso como asesor por el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena como alcaldesa?

Bueno, pues fue breve porque solo fueron dos años. La verdad es que fueron muy útiles en el sentido de que dio tiempo de hacer un montón de cosas. Creo que nosotros pudimos desarrollar un proyecto y demostrar que políticas económicas de izquierdas se pueden hacer sin llegar a ningún tipo de hecatombe, lo que siempre augura la derecha.

Fuimos capaces de reducir el paro en Madrid a un ritmo mucho más elevado que en otras regiones; fuimos capaces de incrementar la inversión social y en infraestructura a unos niveles desorbitados, y al mismo tiempo que hacíamos todo eso, reducíamos la deuda pública y manteníamos un superávit con más de mil millones de euros. Eso es una prueba de que con políticas de izquierdas se puede beneficiar a la mayoría social, hacer que los más acaudalados paguen más impuestos -lo que deben pagar acorde al artículo 31 de la Constitución Española- y, al mismo tiempo, tener las cuentas saneadas.

¿Cómo valora lo ocurrido en esa administración pública y en la comunidad autónoma de Madrid con Podemos? La desvinculación de Carmena, en el primer caso, y el proyecto alternativo de Íñigo Errejón, en el segundo.

Lo considero un absoluto error. Si de verdad se consideran de izquierdas y quieren realizar políticas en esa dirección, que en el caso de Manuela Carmena eso está por ver -ya hemos visto que en el propio Gobierno local de Madrid ha realizado políticas que no son en absoluto de izquierdas, como el paradigmático ejemplo de la operación Chamartín, que es, al fin y al cabo, un proyecto para incrementar la especulación y que así se lucren los de siempre: las grandes constructoras, aunque no haya ningún tipo de interés público en esa especulación-, remarían todos en el mismo barco y no se escindirían y crearían sus propios partidos políticos, que, por cierto, son completamente personalistas, ya que no tienen estructura de organización.

Lo considero un error porque nosotros, en Izquierda Unida, hemos luchado mucho por la confluencia y, aunque en algunos sitios no se ha podido conseguir, de forma general sí lo pudimos hacer. Creo que ese es el mejor camino para hacer políticas de izquierdas y mejorar la vida de la gente.

Al inicio de su libro Desmontando los mitos económicos de la derecha, usted dice que el pensamiento económico que domina se ha olvidado del componente social en esta materia, de que la economía -al contrario de lo que se suele pensar- Desmontando los mitos económicos de la derechano es una ciencia fría y exacta, como la física, sino que está enormemente ligada a la sociedad y a la naturaleza. ¿Cree que consiguió aplicar esa perspectiva social durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid?

Bueno, en dos años da tiempo para muy pocas cosas, pero al menos lo intentamos. Desde luego que, cuando uno hace más hincapié en que lo importante es incrementar la inversión social, que se traduce en ayuda a las familias, a mayores y a la infancia, en construcciones de escuelas públicas, en servicios de calidad, en cualquier tipo de ayuda al empleo, en prestaciones a familias que lo necesitan y a colectivos vulnerables..., uno va poniendo el acento en lo social y así demuestra que desde la economía se puede abordar ese tipo de problemáticas.

El Ayuntamiento de Madrid fue reconocido por tener superávit y reducir la deuda pública. Hubo muchos titulares que elogiaban esto. Pero de lo que verdaderamente estamos orgullos es de haber dedicado ese dinero público a la mejora del bienestar de la gente. Y eso se logra sobre todo a través de la inversión social.

¿Es posible la traslación de ese modelo local de gestión de lo público a otras administraciones?

Se puede hacer, evidentemente, pero no es extrapolable del todo. Madrid tiene una ventaja con la que no cuenta ninguna otra administración pública. Esta es que, al ser capital del Estado, centraliza mucha actividad económica, lo cual genera muchos más ingresos tributarios con los que poder aplicar políticas públicas. Pero, dejando de lado ese matiz -que es importante-, las políticas que aplicamos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid son completamente trasladables a otras administraciones públicas. Y cito algunas de las más importantes: auditoría de la deuda y de las políticas públicas, para que la ciudadanía fiscalice a los gobernantes; lograr que el sistema fiscal sea el más justo posible, es decir, que pague más el que más dinero tenga, y lograr mucha más inversión social y que haya más generación de empleo a través, por ejemplo, de la recuperación de los servicios que habían sido privatizados, de las cláusulas sociales que nosotros implantamos o incluso por medio de la creación directa de puestos de trabajo. Todas esas políticas se pueden aplicar. Otra cosa es cómo acaben luego cristalizando porque cada ámbito y coyuntura, evidentemente, son diferentes.

Estos días, Unidas Podemos presentó su candidatura al Parlamento Europeo. ¿Hacia dónde cree que debe caminar Europa en los próximos años y que se juega España y el Viejo Continente?

Es una excelente pregunta porque, ahora mismo, la evolución de Europa no es precisamente positiva en el sentido social de la palabra. Porque viene a ahondar en el proyecto neoliberal. Acabo de mencionar que se aprobó una moción en el Parlamento Europeo que promovía dar prioridad a los planes privados de pensiones. Eso significa que aquel que pueda permitirse un ahorro para la jubilación, perfecto. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro?; ¿se quedan sin jubilación?; ¿van a tener una mucho menor?

Esto es un problema y, desgraciadamente, Europa tiende hacia esa faceta neoliberal. Nuestro proyecto es claramente opuesto. Nosotros debemos revertir todas esas políticas neoliberales, que vienen regidas por criterios fiscales que no tienen ningún sentido, como son controlar o respetar determinados niveles de déficit público en lugar de orientar tus políticas económicas hacia el pleno empleo, hacia el bienestar de la gente, hacia las condiciones laborales dignas… Para eso debe servir la economía, no para respetar y tener como un fetiche o un tótem el déficit público y la deuda pública, que son simplemente indicadores económicos que apenas dicen nada de la vida de la gente. Así que nosotros queremos tomar ese camino y ello debe pasar, necesariamente, por un cambio drástico.

También al comienzo de su libro habla de lo que usted llama “el vaciamiento de la economía”, es decir, la pérdida de principios morales y éticos -propios de una ciencia social como es la economía- que supuso la instauración del sistema capitalista. Al leer eso, no pude evitar acordarme de las palabras que el filósofo esloveno Slavoj Zizek pronunció acerca de la responsabilidad social de las empresas en una charla que dio el pasado mes de marzo aquí, en Tenerife. Cito textualmente: “”Recuerdo entrar a un Starbucks en Estados Unidos y ver un cartel de responsabilidad social que decía: 'Sí, nuestro café es más caro, pero un tanto por ciento del precio de tu café va destinado a reforestar bosques en Guatemala". ¿Qué opina acerca de la responsabilidad social de las grandes empresas? ¿Cree que realmente se han dado cuenta de lo necesario que es la perspectiva social en la economía y actúan en consecuencia?

Muchas empresas sin duda utilizan ese tipo de elementos de responsabilidad social corporativa para tener mejor imagen y lograr más clientes porque piensan que están contribuyendo a una labor social y demás. Es verdad que hay otras empresas que sí lo están haciendo. Y eso, sin duda, incrementa los costes de producción y, por ende, el precio de los productos.

Para que nuestra economía sea realmente sostenible en términos sociales y ecológicos tiene que haber una intervención directa y clara del sector público, es decir, no esperar a que las empresas actúen por su propia iniciativa para ver si se deciden a realizar labores, sociales o medioambientales, sino que debe estar controlado y regulado por la intervención pública. Si, por ejemplo, hemos considerado entre todos que destrozar bosques a través de la obtención de aceite de palma es un perjuicio ecológico y social muy drástico, entonces debe estar regulado para que no pueda ocurrir.

Y lo mismo con los productos que importamos que han sido fabricados incluso por niños semiesclavos en condiciones que vulneran los derechos humanos. Para evitarlo, el sector público tiene que intervenir y controlar que esa producción no se lleve a cabo en tales términos. No hay que esperar a que sea la empresa la que decida por su propia cuenta dejar de hacerlo.

Hace unos días, el periódico El País publicaba un reportaje -basado en datos del INE- acerca de la desigualdad persistente entre comunidades ricas y comunidades pobres.El País

Sí, lo vi.

Si se mira el mapa adjunto a esa pieza informativa, donde se representa el PIB per cápita por comunidades, se ve que los colores siguen un patrón en el que las comunidades del norte cuentan con un mayor PIB per cápita y, por ende, con una mayor calidad de vida general que las comunidades del sur. ¿A qué cree que se debe esa desigualdad entre regiones españolas? ¿Es estructural? ¿Cómo se combate?

Eso responde a muchísimos factores. Uno de ellos es que la industrialización tuvo lugar en Europa y las regiones que más cerca estaban del epicentro de la industrialización eran las del norte, sobre todo Euskadi, Navarra y Cataluña, que fueron las que primero se beneficiaron de ese impacto. También hay cuestiones geográficas y orográficas. Es difícil tener una economía muy desarrollada en las islas, como ocurre en Canarias, cuando el transporte es mucho más difícil, las telecomunicaciones también… Luego hay factores políticos en los que los propios gobernantes de antaño e incluso los de ahora beneficiaron a determinadas regiones en detrimento de otras. Eso también ha producido el desarrollo en unos sitios y el subdesarrollo en otros. Por último, también tenemos cuestiones más institucionales. Por ejemplo, Euskadi tiene su propio régimen foral, igual que Navarra, lo que permite que tengan mayor margen de maniobra y menor solidaridad, por cierto, con el resto de regiones. Estamos hablando de una desigualdad absolutamente estructural, pero a largo plazo y con voluntad política se puede ir reduciendo.

Acaba de mencionar la condición insular de Canarias como uno de los factores que dificultan el desarrollo de la economía. Precisamente en ese reportaje de El País, el archipiélago -que es una región que vive fundamentalmente del turismo- se sitúa entre las comunidades más pobres. ¿Hasta qué punto es aconsejable que una región dependa casi exclusivamente de un único sector?El País,

Casi siempre es mejor diversificar, pero no hacerlo tampoco tiene por qué suponer un trauma. Y me explico: no pasa nada por que Canarias se dedique al turismo. El problema es que se dedique al turismo de bajo valor añadido -el turismo de sol y playa-, el que solo necesita camareros y recepcionistas de hotel que no requieren ningún tipo de formación y, por lo tanto, los salarios son bajos.

Si en cambio hubiera una política que reorientara el turismo hacia un alto valor añadido con sesiones históricas, rutas gastronómicas y actividades donde se muestre toda esa riqueza cultural y paisajística que tiene Canarias, estaríamos hablando de que se necesitarían personas mucho más formadas, con idiomas y conocimientos más avanzados y específicos que requerirían condiciones laborales más elevadas. Ahí la cosa cambiaría.

De todas formas, tampoco debemos atormentarnos por dedicarnos a un solo sector. Si en otras partes del país hay regiones mucho más productivas, podemos canalizar ese excedente de producción hacia las zonas en las que menos productividad hay. Por decirlo de forma llana: redistribución territorial de la riqueza para que en todo el Estado haya un nivel de vida equiparable.

Regresemos a la política… ¿Por qué la izquierda española ha vuelto a dar muestras de división, y un ejemplo muy claro es lo ocurrido en Madrid? ¿Cómo se explica tanta fragmentación y qué impacto real puede tener en los resultados electorales?

Aquí las causas son variadas. Creo que una característica a destacar es que la izquierda es muy rica y plural: se fija en muchos factores y no solo en cuatro como hace la derecha. Esto genera muchísimas fricciones en la izquierda. También otro rasgo es que hay ambiciones políticas de determinadas personas que quieren tener su propio partido político, su propio espacio de control y no son solidarias. No ceden su espacio, como hemos hecho nosotros, en Izquierda Unida, que hemos empezado a colaborar con Podemos allí donde hemos podido y no nos ha temblado la mano a la hora de tener un poco menos de visibilidad pensando en el bienestar social.

Por lo tanto, las causas son muy diversas y, obviamente, pueden tener un impacto negativo en el ámbito político porque la ley electoral penaliza las divisiones. Separados no vamos a tener tanta fuerza para lograr aplicar nuestras medidas y es una mala noticia que proyectos políticos tan parecidos estemos divididos.

Hoy en día se sigue viendo cómo un político imputado o investigado por un caso de corrupción, como Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, no se da por aludido y se presenta a la reelección como diputado autonómico para intentar seguir en ese mismo puesto, con aplausos unánimes de su partido, Coalición Canaria. ¿Qué debe pensar o tener en cuenta el electorado y cómo tiene que actuar la política para erradicar esos comportamientos?

En IU siempre hemos propuesto medidas que pretenden afianzar nuestra democracia. Esto pasa por otorgar a la ciudadanía un control mucho más directo sobre sus representantes políticos y que pueda haber incluso revocatorios, para que, si la gente no está contenta con la persona a la que ha votado, no tenga que esperar cuatro años para poder revocarla. Se trata de que haya mucho más control ciudadano sobre los partidos políticos… Y en cuestiones de corrupción, aunque esto es más delicado -porque las imputaciones pueden ocurrir sin apenas haber habido sospechas ni pruebas-, que también den un paso a un lado si eso supone mayor credibilidad política para el proyecto.

¿Cómo ve la situación actual de IU y qué futuro cree que tiene por delante esta organización política, quizá un poco deslucida últimamente?

¿Un poco…?

¿Deslucida?

Bueno, a eso me refería antes. Quizás las siglas y símbolos de Izquierda Unida no se vean tanto como antes -que eso habría que verlo, porque siempre hemos estado excluidos de los grandes medios de comunicación y hemos seguido dando la batalla-, pero lo hemos hecho a favor de un proyecto político para nuestro país, pensando en la mayoría social. Hemos creído que juntarnos todos y todas, aunque tengamos sensibilidades relativamente diferentes, es la mejor forma de conseguir nuestros objetivos políticos, y no nos deben doler que nuestras siglas no aparezcan tanto como antes.

En cualquier caso, insisto, si nosotros no hubiésemos colaborado con Podemos para ir juntos a las elecciones generales tendríamos todavía menos visibilidad de la que tenemos hoy en día. Porque tendríamos menos diputados, menos financiación, menos espacio para las campañas electorales… Por eso creo que la confluencia sí fue positiva, incluso en términos de visibilidad.

¿Cómo ha visto la estrategia de la derecha en las generales del 28 de abril?

La derecha ya hemos visto que ha cometido una barbaridad: la de escorarse todavía más a la derecha y mantener un proyecto económico, social y político muy de derechas. La verdad es que me alegro de que la ciudadanía haya votado en masa para penalizar ese tipo de comportamientos y además haya demostrado que nuestra sociedad no consiente esas transgresiones a la democracia y a los derechos fundamentales de algunos colectivos como las mujeres, los inmigrantes...

¿Y qué papel le corresponde a la izquierda de Podemos e IU en la nueva legislatura?

La de siempre: intentar convencer a la gente de que nuestro proyecto político es el que de verdad piensa en la clase trabajadora, en la mayoría social y en los derechos humanos y cívicos, que están hoy en día, desgraciadamente, amenazados por la derecha.

Todo ha comenzado con un mensaje de Twitter de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre los datos de paro de la ciudad de Madrid: “Cuando la prioridad son los madrileños, las políticas dan resultado. Y los datos demuestran que para el Gobierno regional, lo más importante es la creación de empleo”.

Estas palabras --acompañadas de un gráfico manipulado (los ejes están cortados para dar una mayor impresión de desproporción) elaborado por el PP-- han provocado la reacción del economista y militante de Izquierda Unida Eduardo Garzón, que ha tildado las afirmaciones de Cifuentes de manipuladoras. “Vuestra manipulación da asco. El paro registrado se reduce más lentamente en la capital porque a ella llega más gente a buscar empleo (más oportunidades). Lo importante es mirar el ritmo del empleo: la capital va mucho mejor que la Comunidad, se use la fuente de datos que se use”, ha dicho al mismo tiempo que incorporaba a su respuesta otro gráfico procedente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Pero la bronca no se ha quedado ahí. Al hilo “tuitero” se han sumado la hiperactiva cuenta oficial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y el concejal de Ahora Madrid y responsable Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez-Mato. Desde el PP han defendido a la presidenta de la regionl lanzando un “y tú más” a Garzón: “Habló el economista cesado por Carmena por no dar la talla en el Ayuntamiento”. 

Sánchez-Mato ha aprovechado la intervención de la cuenta oficial de los populares para apoyar lo argumentado por Garzón con una cita de José Luis Sampedro: “Hay dos tipos de economistas, aquellos que trabajan para hacer más ricos a los ricos y aquellos otros que trabajan para hacer menos pobres a los pobres”. Estas palabras, según ha señalado en su tuit, “sitúan a Eduardo Garzón en lugar opuesto al PP”.

Cifuentes ha respondido a las palabras del concejal de Ahora Madrid afirmando que por “su culpa” Garzón está en la calle. Mensaje que ha llevado a intervenir de nuevo al economista: “Cristina, véngame de Carlos fichándome para tu equipo y ya verás como en cuestión de meses la Comunidad logra multiplicar la inversión social y mejorar sus cuentas, tal y como ha hecho el Ayuntamiento. Así me haces menos pobre (y de paso a la gente de Madrid)”, ha concluido. 

Eduardo Garzón ha vivido de cerca la disputa por la intervención del Gobierno central en las cuentas de Madrid. Como asesor del hasta ahora concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, el economista explica en Twitter cómo ha sido el proceso que ha terminado con la aprobación de un Plan Económico y Fiscal gracias a los votos del PP y sin el apoyo de seis ediles de Ahora Madrid, y con la destitución de Sánchez Mato por parte de la alcaldesa, Manuela Carmena.

“Montoro realizó una interpretación ilegal de la Regla de Gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla. Quería un castigo ejemplar”, afirma Garzón: “Cambió las reglas a mitad del partido únicamente para maltratar al gobierno de Ahora Madrid. Los técnicos del ayuntamiento (que no son de izquierdas) alucinaron con este evidente maltrato. Por eso denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.  Montoro exigió la realización de un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones €. Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo”.

“Sin embargo”, prosigue el economista ,“inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. La alternativa que proponía Carlos Sánchez Mato era no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. No obstante, y sin que pudiésemos entenderlo, la alcaldesa ordenó que el plan económico se llevase cuanto antes al Pleno. Desde Izquierda Unida pedimos que, debido a la gravedad del asunto, esa decisión fuese consultada a Ahora Madrid. Pero fuimos ignorados”.

“Que no nos despisten con las inversiones que se acaban de desbloquear”, sostiene Garzón: “Si no se tramitan en los 8 días hábiles que quedan (lo más seguro), las perderemos. Y son 120 millones; incluso aunque las recuperáramos no compensaríamos el recorte de 533 millones. Y otra cosa importante, ¿por qué cesar a un concejal de economía que lo hacía de forma magnífica solo por no estar de acuerdo con unos recortes innecesarios y sobre los que nadie de Ahora Madrid se ha posicionado? No se entiende. Ha sido un grave error”.

Y concluye: “Celebrar que Montoro se haya retirado es absurdo. ¡Se ha retirado porque el Pleno ha aprobado sus brutales recortes! Montoro se va porque se ha salido con la suya: ha conseguido que haya recortes y que el mejor concejal de economía del país ya no esté. Y no olvidemos que todos los recortes no se pueden compensar con inversiones financieramente sostenibles, porque probablemente hasta marzo no habrá marco legal para aprobarlas, porque no sirven para obras de construcción nueva (como escuelas infantiles), y por otras limitaciones”.

El asesor del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Garzón, ha aprovechado un extracto de uno de los boletines del Banco Central Europeo para tender una trampa en Twitter a quienes suelen criticar sus ideas políticas y económicas. Garzón ha logrado que cayera el diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

El tuit de Garzón es el siguiente:

Las respuestas en forma de crítica han llegado de forma inmediata. A todas, Garzón les ha replicado con el lugar del que ha sacado la frase en cuestión.

Una de las respuestas más destacadas ha sido la de Toni Cantó.

La cita que ha utilizado Eduardo Garzón sale de uno de los boletines del BCE. En concreto, de un artículo firmado por dos de los economistas del organismo europeo: Marek Jarocińsk y Bartosz Maćkowiak.

El BCE advierte, eso sí, de que las opiniones “son de los autores” y de que “no necesariamente” representan las del propio organismo.

El tuit de Eduardo Garzón recuerda al de su hermano, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien en agosto de 2012 citó, sin explicitarlo, el artículo 128.1 de la Constitución Española. Un tuit que ha generado reacciones muchos años después.

Eduardo Garzón, economista y asesor en esta materia en el Ayuntamiento de la capital de España, con Manuela Carmona, de Ahora Madrid, como alcaldesa, dio una conferencia hace unos días en la ciudad de La Laguna, donde esbozó los logros económico-financieros alcanzados en la citada Corporación local. Aprovechando esa visita a Tenerife, este medio de comunicación charló con el también hermano de Alberto Garzón, este coordinador federal de Izquierda Unida.

¿Qué balance hace del mandato de Manuela Carmena, de Ahora Madrid, en el Ayuntamiento de la capital? ¿En qué situación económico-financiera se encontraba el Ayuntamiento cuando ustedes llegaron y cómo se halla ahora?

Para poder hacer un balance completo hay que esperar a que acabe el mandato porque hay muchísimas cosas que no ha habido tiempo para hacerlas. Si tuviésemos que hablar de un balance parcial, es muy evidente que las cosas han cambiado mucho en el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Popular llevaba gobernando varios decenios. El cambio es constatable en cuestiones de inversión social, de inversión en infraestructura o de cómo ahora se utilizan los recursos para favorecer a la mayoría social. También en cómo no se utiliza el dinero para hacer obras faraónicas con proyectos que siempre acaban beneficiando a una minoría. Creo que ese cambio se ha dado ya, incluso en dos años, y se va a acentuar en el tiempo que queda. El Ayuntamiento se encontraba con una de las deudas más elevadas de todas las ciudades europeas.

¿De cuánto era la deuda?

La deuda era de más de 7.000 millones de euros en la época de Gallardón, y ahora la tenemos en casi 3.500 millones. Esta ha sido una de las políticas prioritarias, la de reducción de la deuda y la de no contraer nuevo endeudamiento. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que lo primordial es incrementar los recursos para inversiones en atención social o de las familias, para infancia, para políticas de viviendas... Nosotros hemos incrementado ahí el presupuesto: en escuelas infantiles, polideportivos, reparación de colegios...

¿Qué ha cambiado esencialmente y qué ha permitido dar el giro a la situación que existía tras la salida del PP del Gobierno municipal?

Lo que llegó al Ayuntamiento es una plataforma que se llama Ahora Madrid, en la que se integra Podemos, pero también partidos como Equo o Izquierda Unida. Es muy importante el cambio que se ha dado, sobre todo con el tratamiento de los recursos públicos y a la hora de comunicárselos a la gente. Es decir, hay muchísima mayor transparencia a la hora de explicar a los ciudadanos cómo se gestionan los recursos públicos, de qué forma. Incluso todos los canales de participación ciudadana se han incrementado de una forma increíble. Es cierto que esto era fácil hacerlo porque antes no había prácticamente nada. La gente se siente más partícipe de las decisiones políticas. No al 100% porque es evidente que no pueden estar en el propio gobierno tomando las decisiones, pero, por ejemplo, 60 millones del presupuesto nosotros los pusimos a disposición de la gente para que pudieran decidir a qué los iban a dedicar: si querían construir carriles bici, si creían que había que hacer reparaciones de parques y jardines. Todo esto ha funcionado muy bien y creo que eso al final la gente lo acaba valorando. No es un mecanismo de participación en el que tú votas cada cuatro años, sino que de vez en cuando te hace preguntas el propio consistorio y a su vez las propias personas pueden proponer cosas que luego sean votadas. Por ejemplo, el billete único de transporte... En este caso, la gente dice que sería ideal que hubiese un billete único para moverse en distintos medios por la ciudad. El trato que se da y la forma de comunicar también son importantes. Nosotros, en el área de Economía, hacemos una media de cinco o seis notas de prensa a la semana. Nos cuentan los propios funcionarios que, cuando gobernaba el PP, igual se publicaba una nota de prensa al mes.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se ha encontrado en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y la mayor alegría de la que se ha disfrutado?

Hablamos de muchas dificultades, pero creo que las más importantes se pueden resumir en dos. Ambas tienen que ver con conocidas leyes de Montoro. Por un lado, una te impide contratar a personal público de forma convencional, con una tasa de reposición, y también hay una limitación a la hora de incrementar el capítulo 1, que es el de gastos de personal. Entonces, el Ayuntamiento quiere hacer muchas cosas, pero se ve incapacitado porque no puede contratar a gente para hacerlas. El otro problema consiste en que también hay una limitación de carácter financiero derivada de una ley de Montoro, y es que no te puedes gastar todo el dinero que tienes [la regla de gasto]. El Ayuntamiento de Madrid hoy tiene dinero que le va sobrando cuando realiza sus gastos, y la ley impide que ese dinero, que está en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, se pueda utilizar para hacer inversiones o desarrollar políticas para mejorar la ciudad. Esto para nosotros no tiene ningún sentido, e incluso lo hemos recurrido ante los tribunales. Ese tipo de políticas son importantes a la hora de valorar la acción de gobierno de Ahora Madrid, porque se querían hacer muchísimas más cosas de las que permite la legislación, que hoy dificulta el margen de maniobra de los ayuntamientos. Luego hay muchísimas alegrías. Un factor importante ha sido darle la vuelta al presupuesto. Nosotros hemos sido capaces de tener un presupuesto que no esté orientado a las obras faraónicas, de las que se beneficiaban las constructoras, inmobiliarias, bancos... Hay muy poco dinero para macroproyectos y mucho para inversión social y estructuras de pequeña escala. También hemos conseguido que los impuestos sean progresivos al máximo, los más justos, para que quienes más tienen paguen más. Nosotros lo hemos conseguido, por ejemplo, con el IBI, que, aunque es un impuesto limitado y no se puede hacer todo lo que te gustaría hacer, hemos conseguido aumentarlo para las grandes superficies, con mayor capacidad adquisitiva, como son los casos de El Corte Inglés o el Palace. Al mismo tiempo, lo hemos podido reducir en unos 22 barrios, los que más han sufrido la crisis económica.

¿Cómo se percibe desde Madrid al partido Podemos en Canarias? ¿Estamos muy lejos, muy aislados?

Yo prácticamente no conozco la dinámica del partido en Canarias. Como mucho, conozco la del Ayuntamiento de Madrid y algo a escala nacional, pero en Canarias no te puedo decir.

Su libro se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha. ¿Cuál es el principal mito de la derecha en España? ¿Y el de la izquierda?Desmontando los mitos económicos de la derecha

El mayor mito, el que mayor daño ha causado a la mayoría social en nuestro país, es el hecho de pensar que lo público es una especie de parásito que retrae recursos del sector privado para luego utilizarlos en sanidad, pensiones... Ese mito dice que el dinero se crea en la empresas y luego aparece el Estado como una especie de parásito del sector público a retraer recursos. En realidad, no tiene por qué ser así; de hecho, ni siquiera es así. Pongo siempre el mismo ejemplo. Todos los euros que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta bancaria, provienen de una institución pública, en este caso del Banco Central Europeo, que tiene la capacidad de crear dinero, no solo físico sino incluso electrónico. En vez de facilitar que los estados puedan aportar ese dinero creado por el Banco Central para realizar políticas públicas, pensiones y sanidad (por lo tanto, aquí el sector privado no pincha ni corta nada), esa opción se ha limitado y se ha dado mucha más importancia a una vía alternativa, que es la de que ahora el Banco Central, que es el del dinero, se lo da a los bancos privados y ellos ponen el dinero en circulación a través de créditos. Entonces, claro, el negocio es el de los bancos privados, y esta es la única diferencia y por lo que este sistema está pensado así. Pero la gente tiene una percepción errónea de la realidad. En la izquierda hay muchas opiniones en torno a la renta básica universal que la consideran la panacea y capaz de resolver casi todos los problemas. Dicen: si damos una renta de seiscientos cincuenta euros a todo el mundo, ya combatimos la pobreza y la desigualdad, y mejoramos muchísimo los problemas económicos y sociales de nuestro país. Esto es una simplificación muy burda de lo que puede suponer una renta básica universal. Creo que tiene muchos riesgos que hay que tener en cuenta, y hay mucha gente en la izquierda que piensa que es una medida estrella que resolvería muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día. Creo que es un mito.

¿Qué tipo de riesgos puede tener?

Por ejemplo, si pensamos que le estás dando seiscientos cincuenta euros a todo el mundo, a veces se considera, y con razón, que aumenta el poder del negociador frente al empleador. Porque dicen que, si yo ya tengo seiscientos cincuenta euros, te voy a decir a ti, empleador, que ya no hace falta que me estés explotando porque tengo una alternativa. Pero puede ocurrir precisamente lo contrario: que el empresario, como tú ya estás cobrando seiscientos cincuenta euros y él te está pagando mil, pueda decir que, si el Estado te está pagando seiscientos cincuenta euros, ya no hace falta que yo te pague mil euros. Entonces el empleador te puede decir que yo te pago quinientos y, aun así, estás ganando más de lo que ganabas antes. Puede convertirse en una subvención a ese tipo de empresarios y el empresario acabaría pagando menos de los ingresos que está recibiendo el trabajador. Eso es un riesgo importante de la renta básica.

¿Cuánto ha robado la corrupción política a la ciudadanía? ¿Tiene una estimación para la comunidad autónoma de Madrid?

A escala estatal hay estudios de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que estiman que la corrupción tiene un coste de 48.000 millones de euros al año, sobre todo en términos de contratación y de irregularidades que se cometen en ese ámbito. En el Ayuntamiento estamos realizando una auditoría de la deuda de las políticas públicas para ver qué parte de toda la deuda que hay (y el coste que ha supuesto en todos esos años de gobierno del Partido Popular) ha sido originada a través de mecanismos totalmente irregulares, que no responden a los criterios y a las necesidades de la mayoría social. Esto tiene que ver en muy buena medida con la corrupción, en algunos casos, legal, porque hay unos casos de corrupción ilegal que es la que, cuando nosotros la detectamos, la llevamos a los tribunales. Esto ha tenido muy buena acogida porque se ha imputado a la antigua delegada del área de Economía y Hacienda, que hoy en día está muy vinculada al Gobierno de Cifuentes en la comunidad de Madrid. La idea es que nosotros podamos tener luego una panorámica de cómo se ha utilizado el dinero y lo que al fin y al cabo se puede hacer para mejorar esa situación. Luego hay una corrupción legal, que puede ser, por ejemplo, que el Ayuntamiento haga un contrato blindado hasta el 2040 para que una empresa privada gestiones una vía, por ejemplo la M-30, que la gestiona una empresa privada. Esto no está recogido en la ley, es decir, en ningún lugar del planeta hay una empresa gestionando una calle en la que la gente no pague por circular en ella. Simplemente, la empresa está recibiendo dinero del Ayuntamiento y no hay ningún motivo para que esa vía sea gestionada de forma directa por una empresa privada. De hecho, la Cámara de Cuentas de Madrid reveló hace poco un informe en el que se pone de manifiesto eso mismo, que no tiene sentido que la gestión de una calle se haga por empresarios particulares, pero, sin embargo, se hace. Yo digo que es legal porque, cuando tú has firmado un contrato, como el Ayuntamiento lo ha hecho, no puedes decir nada porque el tribunal te va a replicar que, pues mira, eres tonto. Has firmado algo que te perjudica, pero no hay una ilegalidad, salvo que te has puesto de acuerdo con una empresa privada para hacer un negocio que te viene mal.

¿Cómo se termina con esa lacra?

Hay dos líneas de ataque fundamentales. Una sería incrementar todo lo que tiene que ver con la fiscalización, el control y la supervisión de las políticas públicas, para que no haya ninguna utilización de los recursos públicos en beneficio de empresarios particulares y de amiguitos de turno. Eso tiene que ver con la prevención. Y luego, por otro lado, también tiene que haber mecanismos de sanción. Que cuando una persona cometa un acto de corrupción no se quede ahí, que no sea barato hacerlo sino que haya una penalización importante. Nosotros hemos creado una oficina anticorrupción para evitar ese tipo de cosas. La auditoría va también en el camino de ver en qué se ha utilizado mal el dinero y ver qué cosas se pueden mejorar. También estamos reclamando al Congreso de los Diputados, que son los únicos que pueden legislar en este tipo de cuestiones, que incremente y dé una vuelta de tuerca a las penalizaciones y sanciones ante todo tipo de corrupción. Vemos que es insuficiente.

¿Por qué en España aún no ha gobernado la izquierda más de izquierda? ¿Qué diferencias existen entre los llamados ayuntamientos del cambio y los demás?

Esto responde a muchísimos factores, pero creo que tiene mucho que ver con que venimos de una dictadura que no fue derrotada, sino que se rindió y se transformó en una democracia sin que hubiera un cambio brusco, como ocurrió con otros países como Italia o Alemania, donde la ruptura con la dictadura anterior fue muy evidente y entonces la democracia tuvo que surgir prácticamente de cero. La transición en nuestro país no fue tal, sino que simplemente fue una sesión de poderes de la élite franquista a la élite democrática, pero hemos visto que se han perpetuado prácticas muy feas, y lo vemos casi todos los días. Nuestro país es uno de los países con más corrupción de todo el planeta y parece que eso está totalmente asentado. Responde precisamente a ese tipo de cuestiones, que tienen que ver con esa hegemonía cultural en la que otros vivían en nuestro país. Después de cuarenta años de dictadura, eso está diciendo que la izquierda es mala, que el comunismo es malo, que lo mejor es ser católico y cristiano. Esto ha condicionado mucho la mentalidad de la gente que vivía bien en nuestro país. Sin embargo, si vamos a los datos, vemos que la mayoría de personas que votan a partidos nuevos como Podemos o Ciudadanos tienen menos de cincuenta años y ocurre lo contrario con el Partido Popular y el PSOE. Entonces te das cuenta de que la mentalidad de la gente está cambiando, pero, eso sí, poco a poco. Es evidente que a una persona que ha estado toda su vida recibiendo unos principios y con una mentalidad propia del bipartidismo hoy en día le cuesta mucho cambiar. En cambio, las nuevas generaciones sí son más susceptibles de recibir otro tipo de ideas. La primera diferencia es la utilización de los recursos públicos, porque se hacía una utilización de los recursos públicos orientada a macroproyectos. En Madrid era muy evidente porque Gallardón quería conseguir los Juegos Olímpicos y ponía toda la maquinaría del Ayuntamiento a conseguir eso, cuando en realidad los Juegos Olímpicos uno puede decir ¡qué guay que se hagan aquí!, pero en realidad beneficia sobre todo a constructoras y a empresas muy particulares. La mayoría social, que está hoy en día muy necesitada, apenas recibe ningún tipo de beneficio. En los ayuntamientos del cambio, esa percepción ha dado un giro. Han dicho vamos a utilizar los recursos públicos de todos los ciudadanos para intentar atender todas las necesidades de la gente de abajo, que eso es una necesidad más imperiosa que tener los Juegos Olímpicos. Y luego hay otro elemento que creo que es importante: el trato a la ciudadanía. No es una dictadura cada cuatro años, sino que se permite que la gente vote, participe y tenga una opinión al respecto, y no como ocurría antes, que era, una vez ya has votado, hasta dentro de cuatro años, que yo soy el dictador.

¿Qué le han parecido las primarias en el Partido Socialista? ¿Cambiará algo la relación entre Podemos y PSOE ahora que Sánchez vuelve a dirigir este partido?

Un ejercicio totalmente legítimo que yo creo que todos los partidos deben tener. Abrirse y ser más democrático también es a nivel interno. Luego los resultados merecen una valoración que no me corresponde a mí hacerla. Evidentemente, de alguna forma yo espero que cambie el PSOE porque el que ha habido hasta ahora no ha sido el más beneficiosa para la ciudadanía, pero, en cualquier caso, tampoco haría un brindis al sol. Al fin y al cabo Pedro Sánchez es una persona que votó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que es hoy en día el que asfixia a los ayuntamientos, asfixia a las administraciones públicas... Es la reforma que nos está obligando a recortar en sanidad y educación. No es una persona que puedas considerar que sea muy de izquierdas, para hacer un proyecto revolucionario.

Volviendo a Canarias, ¿qué piensa del apoyo de los nacionalistas isleños al Gobierno del Partido Popular, de Nueva Canarias y de Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos Generales para 2017?

Me parece un absoluto error. Tampoco es una sorpresa, en el sentido de que no es la primera vez que ocurre. Digo que es un error porque estos presupuestos consolidan la austeridad. No hay más que ver los datos. A sanidad de dedican 9.600 millones de euros menos que hace cuatro años, y a la educación 7.600 millones... Estos presupuestos no son los que se merece un país como España, que nos dijeron que se hacían recortes como una excepción en el año 2010 durante el Gobierno de Zapatero. Ahora vemos que eso se ha consolidado, y ahora la economía está creciendo, pero parece que los beneficios no se reparten de forma igualitaria: los beneficios empresariales suben mucho y, en cambio, los salarios están estancados e incluso en algunos sectores se reducen. Que haya partidos políticos que apoyen ese tipo de presupuestos tan austeros y tan salvajes, nos parece un auténtico error.

¿Cuáles son los ejes del proyecto económico nacional de Podemos? ¿Los conoce y los comparte?

Hay muchísimos, y no sabría decirte ahora mismo cuáles son, pero tienen que ver con el fin de la corrupción, con el fin de las políticas de austeridad, con una mayor democracia interna de los partidos. También con los mecanismos de participación para que la gente pueda tomar decisiones. Es una vuelta de tuerca de todo lo que estamos viendo: los resultados de las políticas neoliberales que nos han intentado imponer y nos han conseguido imponer desde la Unión Europea.

¿Hay futuro en este país? ¿Se podrá resolver el problema del paro? ¿Cuál es su planteamiento en este capítulo?

Claro que hay futuro. Otra cosa es que sea feo o sea bonito. Esto va a depender de la correlación de fuerzas, no solo de qué gobernantes estén en el poder, sino de cómo esté la ciudadanía organizada. Necesitamos que la gente salga a defender sus derechos a la calle, que haga manifestaciones, que se movilice, que le haga ver al gobierno de turno que hay una serie de problemas que no están resueltos y hay que darles solución. Dependerá de cómo esto acabe resultando para tener un futuro más feliz o menos. Nosotros creemos que, si la gente sale a la calle a defender sus derechos, a influir y a presionar al Gobierno para que mejore su futuro, este tendrá que acabar cediendo. Por supuesto que sí. Yo siempre lo digo de forma muy clara. El desempleo es una cuestión política. Hay paro porque hay una voluntad de que haya paro. Cuando digo esto la gente se sorprende, pero es que si tú eres empresario a ti te viene bien que haya muchísimo paro porque todos los trabajadores que hoy en día están trabajando tienen miedo a perder su puesto de trabajo, que hay cuatro millones de personas llamando a la puerta. Entonces, tú, como trabajador, dices bájame el salario si hace falta pero no me despidas que hay mucha gente que me quiere sustituir. Eso tira a la baja todos los salarios porque a los empresarios les viene bien ese ambiente y acaban cediendo. Combatir el desempleo puede ser tan sencillo como que el Estado, como representante público de la sociedad, garantice un puesto de trabajo a toda aquella persona que pueda trabajar. Esta política se conoce como trabajo garantizado, está totalmente estudiada y se ve cómo se puede llegar al pleno empleo en cuestión incluso de meses, porque hay muchísimas necesidades que cubrir hoy en día, como puede ser la atención a niños y niñas o a adultos, personas discapacitadas, enfermos, cuidadores del medio ambiente, de la fauna y la flora o de espacios urbanos. Al mismo tiempo hay muchísima gente que quiere trabajar.

¿Qué piensa del modelo económico de las islas: hasta hace nada turismo y construcción y, tras la crisis del ladrillo, cada vez más dependencia del turismo, que va de maravilla, para algunos? Lo mismo no se puede decir del empleo, de los suelos percibidos, de los contratos laborales que se firman... ¿Cómo lo ve usted?

Es desgraciadamente el resultado de una comunidad autónoma que tiene un papel subordinado frente al modelo productivo y a las decisiones políticas que ocurren en la Península. No es solo característico de Canarias. Hay muchísimas regiones en España que le ocurren exactamente lo mismo y ello responde a una falta de planificación estratégica, y de decir vamos a priorizar en esto otro. Por ejemplo, en Canarias se podría impulsar un modelo productivo que tenga que ver con las energías renovables. Canarias tiene muchísimo potencial en ese sector. Aquí, sin embargo, se ha hecho lo fácil, potenciando el sector de la hostelería, que además es de bajo valor añadido porque se podría tener un turismo de alto valor añadido teniendo en cuenta toda la riqueza geográfica que tiene Canarias. Se puede tener a personas muy cualificadas explicando cómo se originó el Teide y cuáles son los espacios recónditos que hay en todas las islas. Todo eso tendría la necesidad de tener un empleo remunerado y de alta calidad; sin embargo, se prioriza el turismo de  sol y playa, que requiere mucho menos calidad en el empleo.

¿Qué medidas económico-financieras han adoptado en Madrid que pueden extrapolarse al resto de municipios o comunidades autónomas, por ejemplo a Canarias?

Darle la vuelta a los presupuestos. Se puede hacer que de verdad no estén orientados a realizar actividades que beneficien a una minoría, sino poner todos los recursos públicos para beneficiar a la mayoría. Y si hoy el principal problema es el paro, pues lo que habría que hacer es dedicar todos los recursos a crear empleo, y hay muchísimos campos en los que se puede crear empleo. En Canarias no solo se puede hacer, sino que además sería deseable que se hiciera, sobre todo teniendo en cuenta los altos índices de desempleo de la comunidad.

La comisión de economía y empleo de la Asamblea Ciudadana Lagunera, vinculada al grupo municipal de Unidos Se Puede, ha organizado este viernes una charla con el economista Eduardo Garzón. La cita, que lleva por título Gestión económica de un ayuntamiento del cambio: el ejemplo de Madrid, se enmarca dentro de los Encuentros de economía municipalista que prepara esa organización política desde el mes de abril y por los que han pasado diversos economistas.

Este viernes, a las 19.00 y en la sala de audiovisuales del IES La Laboral, será el turno de Eduardo Garzón, asesor económico del área de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y uno de las voces más reconocidas contra las políticas económicas y fiscales que ha puesto en marcha España y la Unión Europea (UE).

Garzón, desde la entrada de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado a ser su asesor en las áreas de Economía y Hacienda, donde ha conseguido, entre otros logros, reducir la deuda de la capital en 600 millones en 2016 (el 14%) ejecutando el 93% del presupuesto de ese ejercicio. La charla se centrará en las políticas económicas que se han puesto en marcha en Madrid y que han propiciado una mejora en la salud financiera local respecto al anterior mandato, presidido por Ana Botella, del PP.

Este economista ha publicado recientemente el libro Desmontando los mitos económicos de la derecha, donde trata de explicar de forma sencilla, para personas sin grandes conocimientos en economía, por qué las políticas económicas conservadoras no son las mejores.

Eduardo Garzón es economista y asesor de economía del Ayuntamiento de Madrid. Su nombre está estrechamente ligado al de su hermano, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Presenta ahora su libro Desmontando los mitos económicos de la derecha (Ediciones Península), en el que busca acabar con la idea de que otra política económica no es posible. Muy crítico con los indicadores económicos y sus interpretaciones, defiende otras fórmulas para medir el bienestar y un cambio en el concepto de empleo.

En el libro defiende que economía y política son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿frases tan repetidas como la de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades tienen un sentido económico o solo político?

Cuando uno mira las cosas desde otro punto de vista es más fácil responder a esa clase de preguntas. Si en lugar de mirar a indicadores con los que nos atormentan cada día, como el PIB o la tasa paro, uno se aleja, se da cuenta de que vivimos en pleno siglo XXI y que la capacidad económica y productiva, el avance tecnológico, el conocimiento o los recursos se han incrementado muchísimo y que disponemos de mucho más que antes para poder crear riqueza y bienestar para todo el mundo.

Si coges ese planteamiento, no tiene ningún sentido que las generaciones de ahora tengan que vivir peor que sus padres. Aquí es donde está el gato encerrado: a pesar de que tenemos cada vez mejor capacidad tecnológica, productiva y económica, la riqueza no se distribuye como debería y eso responde a un sistema económico muy particular que tiene un nombre, capitalismo.

Entonces, ¿diría que es partidario de un capitalismo pero reformado y más social o se definiría, como hace su hermano Alberto Garzón, comunista?

No se puede hacer una distinción clara entre capitalismo y no capitalismo. El capitalismo es como los perros, es una especie animal pero cuando uno mira un chihuahua sabe que no tiene nada que ver con un pastor alemán. En cada país, a pesar de que todos se rigen por un sistema que en esencia es el mismo, este se materializa de una forma diferente. En algunos hay mucho más de capitalismo que en otros. La pregunta sería cuánto de capitalismo tendríamos que tener. En mi opinión tendríamos que tener menos pero eso no significa que tengamos que romper con toda la lógica del sistema capitalista, que haya que ir a un sistema radical y muy diferente.

La idea es reducir los espacios que hoy viven regidos por la lógica capitalista –si me sale rentable empiezo una actividad económica y contrato a gente– eliminarla de los sectores estratégicos y más importantes para la actividad económica. La tendencia es desgraciadamente la contraria: el neoliberalismo, que supone ampliar todos esos espacios, reducir salarios para aumentar los beneficios del capital, reducir los espacios públicos de la sanidad, la educación y las pensiones para que el negocio privado pueda hincarle el diente.

Se muestra muy crítico con los indicadores, entre ellos el PIB, ¿cuál es la alternativa?

Ese indicador viene siendo criticado desde hace muchísimo tiempo, incluso por premios Nobel. Nunca ha sido un indicador válido para reflejar el bienestar de las comunidades porque solo mide lo que está expresado en términos monetarios. Si hay una persona que está cuidando a su hijo en una escuela infantil, sí está dentro del PIB, pero si lo hace en su casa sin remuneración, ya no cuenta. No tiene sentido que en función de si se paga o no un actividad sea considerado como algo que explica nuestro bienestar. Y al mismo tiempo el PIB integra actividades que son pagadas y que son nocivas, como la compraventa de armamento, la quema de un bosque o una guerra.

Hay muchas otras propuestas, como el Indicador de Desarrollo Humano de la ONU, que intenta combinar el PIB con otros indicadores que tengan en cuenta el reparto de la riqueza, las condiciones de vida o la felicidad.

¿Debe cambiar la definición de paro y empleo en un mundo del trabajo que ha cambiado mucho en los últimos años?

En el libro lo resumo con una frase: que no haya empleo no significa que no haya trabajo. Hoy día hay mucha gente que está realizando un trabajo útil para nuestras sociedades y como no se ha remunerado, como los cuidados, no se considera empleo. Lo que hay que hacer es que todo aquel trabajo, todo esfuerzo físico o intelectual que redunda en beneficio de nuestros prójimos, tiene que ser considerado empleo. ¿Cómo? Remunerándolo, dignificándolo y repartiéndolo de forma solidaria entre hombres y mujeres. Desde mi punto de vista eso debe hacerse mediante el trabajo garantizado: todas esas actividades trasladándolo en la medida de lo posible al ámbito público, a un empleo remunerado y más cualificado y profesionalizado. 

¿Sería el Estado el que se haga cargo de esos empleos?

Exactamente, pero eso no quiere decir que sea una panda de burócratas en Madrid la que decida lo que se va a hacer, por ejemplo, en Almería. Se trata de que se articule a través de mecanismos de participación democráticos, que la propia gente diga cuáles son las necesidades de su ciudad, y a partir de ahí se diseñen los puestos de trabajo que sean necesarios.

¿Es la renta básica una fórmula contra la precariedad o para afrontar el nuevo mundo del trabajo que se está creando?

La renta básica fue ideada por personas de derechas, era una forma de calmar a la gente cabreada por sus trabajos o por la precariedad, para darles lo suficiente para que sobrevivan y quizá algo más, y no poner en cuestión los desequilibrios de poder y de renta y riqueza que existan. Con esa perspectiva no estoy de acuerdo, tampoco nadie desde el ámbito de la izquierda. Lo que se propone desde un sector de la izquierda es diferente, es una renta para empoderar a la gente frente a los empresarios.

¿Y cómo conseguir una cosa y no la otra, cómo empoderar sin que el efecto sea que los empresarios bajen salarios?

Es muy difícil, por eso soy muy crítico con la renta básica. Creo que la renta básica no debería ser, al menos no toda, en dinero sino en especie. Por ejemplo, la sanidad y la educación ya es renta básica en especie. Tendríamos que hacer lo mismo con la alimentación, el transporte, el alojamiento y podríamos pensar también en la energía o, por qué no, las telecomunicaciones. En lugar de dar dinero y que se busquen las habichuelas en un mercado contaminado por desequilibrios de poder, controlarlo y regularlo a través de decisiones democráticas, transportes, participativas y atendiendo a criterios sociales, ecológicos, de género...  A partir de ahí toda la persona que quiera trabajar, que lo haga, que no tiene por qué ser ocho horas al día, puede ser cuatro, tenemos los recursos para hacerlo.

Critica el alarmismo sobre las pensiones, pero ¿no cree que con un déficit de 18.000 millones de euros en la Seguridad Social hay ciertas razones para la preocupación?

No, no hay ningún tipo de preocupación desde un punto de vista técnico. Desde el actual sistema, si no se cambia nada, obviamente sí. Pero ya recientemente el Gobierno ha dicho que pasarán un crédito desde el monedero de los ingresos generales al de las pensiones. Eso es un real decreto que se hace en un segundo. ¿Por qué no lo dijeron en un primer momento? Porque había interés en decir que el sistema público es insostenible. El déficit es algo que no nos debería preocupar. Tener déficit público es normal y no es malo per se. De casi 200 países del mundo, 175 tuvieron déficit público en 2015.

Pero que la Seguridad Social tenga ese déficit quiere decir que algo pasa en el sistema.

Pero son dos monederos, el de la Seguridad Social y el de los ingresos generales, que también está en déficit, más de hecho, ¿por qué entonces nos preocupamos por el de la Seguridad Social? Juntas los monederos, pasas dinero de uno a otro y ya está solucionado el problema, no se trata de que las pensiones sean insostenibles. 

Pero si hace falta sacar dinero de otro monedero es porque el de las pensiones no tiene recursos suficientes, ¿no ve necesario entonces hacer ahí algún cambio?

Si respetamos las reglas del juego y decimos que las pensiones se tienen que pagar solo con cotizaciones sociales entonces algo hay que hacer. O puedes optar por pasar dinero de un sitio a otro, como hace el Gobierno. Pero si se quiere reformar eso para que no sea una anomalía constante se puede hacer. No creo que haya que tener dos monederos separados, el de las cotizaciones y el de los ingresos generales. Que haya una caja única que financie todo. 

El economista Eduardo Garzón volvió a Toledo para explicar su propuesta del trabajo garantizado, esta vez, desde la importancia que la misma tendría desde el punto de vista municipal. Acompañado por la asesora jurídica de Ganemos-Izquierda Unida en la Diputación de Toledo y el responsable de convergencia de IUCLM, Ángel Carrasco, Garzón trazó las principales líneas de su propuesta con el plus de contar con una experiencia local y más cercana, los Ayuntamientos.

“Lo que queremos es que la gente se una y comparta esta iniciativa, porque no queremos que se imponga, queremos que la gente sea la que impulse la idea del trabajo garantizado y que también trabaje en su ejecución”, explicaba el economista a eldiarioclm.es. Por eso, la propuesta es clara: “queremos que la gente comprenda que la ejecución del pleno empleo es una cuestión totalmente política, de voluntad, no técnica”, asegura. Garzón afirma que los recursos están ahí y que no se trata de un “problema matemático” que no se pueda resolver.

El profesional señala que en un país como España, con “tanto desempleo”, sólo haría falta que el Gobierno central iniciase acciones para llegar de verdad al pleno empleo. Para ello, bastaría con hacer caso a las necesidades sociales, ecológicas, culturales y medio ambientales que no se encuentran satisfechas. Aquí entra la importancia del plano local, pues es la “mejor forma” de atender a las necesidades que la misma población va detectando.

“Es este el ámbito en el que los vecinos están más cerca de los problemas, son los que los palpan día a día y saben donde hay necesidad de cubrir más mano de obra para atender a servicios de cuidados a niños o adultos dependientes o enfermos, o necesidades para cuidar el equilibrio medioambiental”, afirma Garzón. Por eso, deben ser los Ayuntamientos los que deben entrar a identificar los puestos de trabajo que hacen falta.

Necesidades cubiertas sin lucro

Eduardo Garzón hace hincapié en un punto que es necesario en la propuesta del trabajo garantizado y es que no puede haber intención de lucro, debido a que la financiación vendría a través de fondos públicos. “La idea es que se cubran las necesidades, sí, pero sin lucro de por medio”. Además, reconoce que llegar a la financiación de la propuesta es un proceso complejo, pero “no utópico”, ya que depende, simplemente, de la organización.

“Podemos articularnos para que se pueda atender a todas estas necesidades, sin requerir de una exigencia abismal de recursos. Es tan simple como que tenemos personas que quieren y pueden trabajar y a la vez queda mucho por hacer”, asegura. La propuesta es “holística”, ya que el fin es que lo que se lleve a cabo recaiga finalmente en beneficio de toda la sociedad, a través de un fondo de ámbito estatal, una “caja común” de todo el país.

Ángel Carrasco, concejal en la localidad de Torrijos, recalca también la necesidad de que la financiación sea estatal, ya que para un Ayuntamiento como el toledano en el que trabaja sería, sino, “imposible”. En su pueblo hay actualmente 1.600 personas en paro, lo que implica un 25%. Es más alto que la media nacional y de Toledo. “Deben ser las asambleas vecinales abiertas las que deben decidir en qué gastar el dinero, que podría llegar a actividades que ya existen y no están remuneradas”, asegura.

Finalmente, el tiempo que se necesitaría para implantar el trabajo garantizado no sería tanto. “Técnicamente se podría lograr en apenas unos meses”, afirma Garzón. Así lo demuestra una experiencia en Argentina que se llevó a cabo en 2002, tras la crisis del Corralito, cuando se puso en marcha un proyecto de trabajo garantizado a tiempo parcial que logró crear 2 millones de puestos de trabajo en 5 meses, con puestos de trabajo cuidando de las personas y del espacio público.

“No es un problema laborioso. Evidentemente necesitamos leyes y, en definitiva, todo un proceso, pero es una cuestión sobre todo política. Sabemos que la fuerza dominante política y gobernantes aquí no está dispuesta a llevar esto a cabo porque creen que el puesto de trabajo debe venir de la empresa privada para, además, crear beneficios”, afirma Garzón. Y concluye: “pero nuestro planteamiento es que si no se ha creado el puesto es que las empresas no lo necesitan y, por tanto, debe intervenir el sector público.

Solo doce ayuntamientos de un total de 350 destacan por su elevado presupuesto en inversión social. Ninguno de ellos está gobernado por el PP

De entre todos ellos sobresalen el Ayuntamiento de Baza, con un presupuesto de 165 euros por habitante, y el de Madrid, que ocupa el segundo lugar con una inversión de 144,36 euros por habitante

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado recientemente los resultados de un análisis detallado de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social'. Para ello ha utilizado datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los ha cotejado con los propios datos que ofrece cada una de las corporaciones locales.

Los resultados son los siguientes: sólo 12 ayuntamientos de los 350 analizados destacan por su elevado presupuesto en inversión social, estableciendo como requisitos para destacar que el gasto por habitante fuese superior a los 100€ en el año 2015, que esa cantidad no se hubiese reducido en los presupuestos de 2016, y que representase más del 10% del presupuesto total. Entre estos 12 ayuntamientos no hay ninguno que esté gobernado por el Partido Popular, hay dos gobernados por los llamados “gobiernos del cambio”, 8 del PSOE, 1 de CDC y otro de CIU. De entre todos ellos, sobresale el Ayuntamiento de Baza que mantiene un presupuesto superior a los 165 euros por habitante (la media de todos los ayuntamientos analizados es de 78,91 euros) y también el Ayuntamiento de Madrid al presentar un incremento de la inversión social del 43,2% entre 2015 y 2016 (mientras que ningún otro lo hace a un ritmo superior al 16%) lo que acaba situándole en segundo lugar con una inversión de 144,36 euros por habitante.

En el extremo inferior del ranking se han situado aquellos ayuntamientos que invirtieron menos de 36,09 euros por habitante (60% de la mediana de presupuestos de todos los ayuntamientos analizados) en el año 2015, alcanzando esta vez el número de 37 corporaciones. Entre estos 37 ayuntamientos el Partido Popular gobernaba y elaboró los presupuestos de 28 de ellos (el 76%), el PSOE lo hizo en 3 de ellos, CIU en 2, BNG en otros dos, el PA en uno y Los Verdes en otro. Los ayuntamientos que más sobresalieron por su reducida inversión social fueron Leganés (14,91 euros por habitante), Los Barrios (16,99) y Galapagar (19,08).

¿Cuáles son las verdaderas cesiones de Syriza? ¿Se puede hablar de rendición de Tsipras frente a Bruselas? El economista de ATTAC Eduardo Garzón analiza en La Cafetera de radiocable.com la negociación griega.

Es difícil saber en que estado se encuentran las conversaciones entre Bruselas y Grecia, porque como recuerda Eduardo Garzón, la mirada de los medios de comunicación españoles está muy tamizada por las claves internas.

“Como en toda negocación, Tsipras tiene que ceder”, dice Garzón, que cree que “en este caso lo hará en el IVA”, entre otras cosas. El economista recuerda, además, que es Alemania quien “impide la reestructuración de la deuda”

El programa sometió además a debate en la red el tratamiento que dan a la actualidad las portadas de los periódicos del día. Pulsa play para escucharlo.

Eduardo Garzón llegó a la economía de la mano del 15M y de su hermano Alberto. La movida de aquellas jornadas en la Puerta del Sol despertó sus inquietudes sociales y abandonó la arquitectura. Considera que ser el hermanísimo del candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno “ni es un lastre ni una ventaja”. Tiene muy claras las virtudes de IU sobre Podemos, una organización sin experiencia y sin cuadros formados, y tampoco oculta su formación económica de corte marxista. La cita tuvo lugar a última hora de la mañana en el Congreso de los Diputados, en el despacho de Alberto Garzón ahora más vacío que nunca, porque cuando no anda liado con los problemas internos de IU está haciendo campaña.

Pedimos una entrevista con el Varufakis de IU, pensando en que el nuevo líder, Alberto Garzón, es economista y nos dicen que le entrevistemos a usted. Eduardo Garzón, 27 años, más desconocido, hermano de Alberto.

Desconocía lo de “el Varufakis de IU”. Pero sinceramente, sé de economía, soy economista, licenciado en administración de empresas. He hecho un máster de economía y estoy doctorado.

Dado lo que se parecen su hermano y usted, aunque no sean gemelos se podría pensar que los Garzón son a IU lo que los gemelos Nadal al PP.

Depende de cómo se mire, pero me suena a una comparación un tanto rara.

Es permanente la referencia a que el programa económico de IU es como el de Syriza. Viendo lo que se resiste la UE a Tsipras, ¿merece la pena aguantar?

No tiene que ver con el programa electoral, sino con el diseño institucional de la UE, que impide realizar determinadas reformas que no considera útiles para reducir el déficit público. Acometen cambios estructurales de los que tanto nos hablaron y que hemos visto que no han funcionado ni para mejorar las condiciones de la economía ni de la población. Tienen un sesgo neoliberal y ortodoxo de la economía, mientras que el programa de Syriza y de IU bebe de una perspectiva más heterodoxa, más cercana al postkeynesianismo. Entendemos que el déficit público se puede aminorar realizando otro tipo de actividades, como relanzar la economía a través de mayor gasto público.

Más que postkeynesianismo, ese es el Keynes de hace tres cuartos de siglo.

No exactamente. El keynesianismo estimula la demanda agregada, pero desde unos canales ortodoxos. Impulsa el gasto público para que se pongan los mecanismos para que las empresas contraten más trabajadores, compren más materias primas y creen riquezas. Pero el postkeynesianismo lo que trata, en cambio, es de una demanda agregada con objetivo: dirigir los recursos hacia lo que de verdad puede impulsar la actividad económica.

Por favor, desgrane esa demanda agregada y el objetivo de esos recursos.

Por ejemplo, Rania Antonopoulos, la nueva secretaria de Estado de Empleo y Solidaridad Social griega, está trabajando en una propuesta de Trabajo Garantizado, que consiste en que el Estado crea directamente los puestos de trabajo. Esto es muy diferente a los típicos canales del keynesianismo, que lo único que hace es estimular el gasto público.

Esos estímulos son los que harían crecer la actividad.

Sí, pero habría que esperar a que hicieran efecto. Con el trabajo garantizado lo que haces es dar dinero directamente a la creación de empleo, que no es lo mismo que darlo a las empresas y ver cómo lo van a utilizar como pretende el Plan Juncker. Prepara una serie de recursos públicos para que las empresas pongan en marcha determinadas actividades, construcciones de infraestructuras urbanas y tecnológicas y así que también les salga rentable a las empresas. En cambio, con una creación directa de empleo, lo haces más eficiente, porque lo inoculas allí donde lo necesitas, a la gente con menos recursos o con ninguno. Tiene una repercusión muy diferente a regar la economía con dinero.

Pese a los problemas y tensiones que ha encontrado el Gobierno de Syriza con Bruselas, ¿ustedes siguen empeñados en hacer esa política económica?

Por supuesto. Lo que ha hecho Syriza es resistir a lo que tratan de imponerte desde arriba y ya es mucho. Tienen un programa económico con sentido, factible, político y en beneficio de la mayoría de la población. Pero la UE es una camisa de fuerza, junto con sus poderes fácticos. Unos tienen interés económico en que se vaya devolviendo la deuda y otros tienen interés ideológico. Syriza ha ganado terreno, porque no tenía nada. El Gobierno anterior habría claudicado en la primera o segunda reunión, como Rajoy o Zapatero, que lo único que hicieron fue obedecer. Plantar cara y decir que se pueden hacer las cosas de otra forma y negociar, ya es mucho. Pusieron el límite muy alto para luego tener algo.

Por ejemplo, el Quantitative Easing (QE) de la UE hace dos años era impensable. Lo mismo que el plan Juncker, que nosotros criticamos muchísimo, porque no va a solucionar ningún problema de paro ni de la economía, pero eso era impensable hace dos, tres años. La élite de la UE y los gobernantes están cambiando.

Pero la razón es porque tras las elecciones, Juncker gobierna con los socialdemócratas, no por Syriza.

Está obligado por las circunstancias. Ven que con la austeridad no han conseguido absolutamente nada, salvo empeorar las cosas. Y han visto que tienen que hacer políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales, que es lo poco que es el plan Juncker. También se han alargado los objetivos de déficit porque era absurdo a la vista de los resultados.

Hoy es una utopía. Pero si ganaran unas elecciones y para que quede escrito, ¿qué harían con la deuda española?

Grecia no es España. La deuda es un problema muy importante, pero no es el más importante. Lo importante de la deuda pública es el pago de intereses. En un contexto como el actual, en el que el Banco Central Europeo (BCE) ha intervenido para reducir los tipos de interés, ese problema ya no es tan acuciante como en 2012, cuando estaba la prima de riesgo disparada. Pese a ello, la deuda pública tiene unos niveles casi del 100% del PIB y además aunque se haya reducido el tipo de interés del bono público, la carga fiscal es importante: unos 30.000 millones de euros que se tienen que destinar únicamente a los intereses de la deuda, que lo reciben sobre todo entidades financieras, nacionales y extranjeras…

¿Mantendrían ese pago o lo renegociarían?

Se intentaría renegociar. Pero no se trata de decidirlo unilateralmente. Estamos a favor de realizar un acuerdo europeo sobre la deuda. Que todos los estados que tienen problemas importantes para realizar política fiscal, precisamente porque dedican muchos recursos a devolver la deuda, puedan negociar las condiciones. No estamos hablando de quita ni de salida del euro, estamos hablando de que el deudor tenga mejores condiciones para devolver y margen para relanzar la actividad económica. No podemos olvidar que la deuda pública está expresada en términos del PIB, si aumentamos el PIB, la deuda pública se reduce directamente.

¿Cuál es su prioridad económica?

Combatir el paro, con una propuesta de trabajo garantizado consistente en crear un millón de puestos de trabajo en condiciones dignas, de carácter indefinido, para cubrir necesidades económicas, sociales y ecológicas que suavicen bastante el problema del desempleo y, además, impulse la actividad económica porque esa gente que está trabajando tendrá la capacidad de aumentar las ventas de las empresas.

De ese millón de trabajos, ¿cuántos serían parciales?

En función de la necesidad de la gente. En la estimación de coste hemos supuesto que un 20% pudiera solicitar tiempo parcial, por sus circunstancias personales. Eso se vería una vez que se llevara a cabo la medida. La gente tendría la posibilidad de decir si necesita un trabajo a tiempo parcial o completo. Estamos hablando de que no solo es un millón de puestos de trabajo en el sector público, sino que además eso estimula la actividad económica y hace que en el sector privado se reaviven los contratos y haya más puestos de trabajo generados.

¿Por qué piensan que los empresarios van a contratar más? ¿Les reducirían la fiscalidad?

Porque con estas políticas inoculas dinero a la gente que lo necesita, empiezan a tener ingresos y se reactiva la economía. Al tiempo que creas empleo público, estás aumentando la demanda y la capacidad adquisitiva de la población, que vaya a comprar a las empresas, y eso es expectativa empresarial. Si eso lo unimos a la política monetaria expansiva del BCE y la caída del precio del petróleo, estaríamos viendo cómo impulsaríamos desde varios aspectos la economía. Los empresarios contratan cuando les sale rentable contratar, si ven que hay una perspectiva de futuro con aumento de ventas, pues empezarán a contratar.

¿Qué piensan del contrato único, que ha vuelto a poner de moda Ciudadanos?

Cuando te enfrentas a un problema complejo como el del paro, simplificar no te sirve para resolver los problemas. Estamos hablando que hay un problema que responde a determinados elementos y que cada contrato y cada situación es diferente. Con un contrato único, ¿cómo resuelves la estacionalidad tan elevada en la economía española? Los contratos temporales tienen también su lógica, por las características de la actividad empresarial, como las ventas navideñas o el turismo de sol y playa. Aquí tiene que haber un incentivo al contratar a gente en empleo temporal que luego no va a tener su sustento en esa demanda, porque se acabará estacionalmente. Reducirnos y atarnos las manos a tener sólo una solución para tantos problemas tan diversos no tiene mucho sentido.

¿Qué van a hacer para reducir acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres?

Tenemos una solución incluida dentro del trabajo garantizado que consiste en remunerar, visibilizar y repartir de forma solidaria y colectiva mucho trabajo que hoy día se realiza por mujeres, fundamentalmente en el ámbito doméstico. Cuidado de los niños, cuidado de los adultos dependientes. La mejor forma de combatir esa desigualdad salarial con las mujeres es ir a la raíz del problema. Debido a circunstancias históricas, culturales, al sistema patriarcal que lo que hace es que la mujer quede relegada al hogar. Lo que se trata de hacer con un trabajo garantizado es ese trabajo que hoy día se realiza en el ámbito privado, repartirlo de forma solidaria y colectiva, pasando del ámbito privado al ámbito público. Que esos cuidados se realicen en centros de cuidados a niños, en centro de cuidados de adulto. Con lo cual lo que estás haciendo es visibilizar, remunerar y dignificar un trabajo en última instancia, orientado a mejorar las condiciones de las mujeres que son quienes fundamentalmente se dedican a ese tipo de actividades y que por eso no pueden ir al mercado laboral a tener un contrato a tiempo completo. Durante la crisis en muchas mujeres han aumentado estas necesidades.

¿Qué harían con la reforma laboral de Rajoy?

Abolirla directamente.

¿No salvarían nada?

Habría que estudiar qué elementos se podrían salvar, porque es cierto que la dinámica laboral va cambiando y por lo tanto no es igual de útil la reforma laboral que había por ejemplo antes del PSOE, antes de la reforma que hizo Zapatero...

No recuperarían tampoco la de Zapatero…

No, claro que no. También fuimos muy críticos con Zapatero. Es que aquí hay que entender que las reformas laborales que implementaron fueron solo para intervenir en la oferta de trabajo. Dicen: “Vaya, la demanda ha caído porque la gente está muy endeudada, no tiene suficiente capacidad adquisitiva”, y encima les estamos recortando sueldo, salario e incluso prestaciones de desempleo, cotizaciones sociales, pensiones, educación pública, sanidad. Y se sorprenden: “Vaya, hay muy poco dinero para que ahora vayan a comprar y las empresas tienen problemas porque no tienen suficientes ventas”.

El BCE realiza una encuesta regular en la cual se ve que el principal problema de las empresas españolas es la insuficiencia de ventas. El problema no es decirle a la empresa: “Está claro que tienes un problema y entonces te lo vamos a solucionar, pero abaratando el despido, flexibilizando la contratación”. La solución viene por la demanda. De ahí, entre otras cosas, la política de empleo de trabajo garantizado, para crear empleo directo. El sector privado solo creará puestos de trabajo cuando le sea rentable. Lo tiene que hacer el sector público.

El problema del paro hay que atajarlo por la demanda, no tanto por la oferta. Por ejemplo, hoy día los autónomos y las pequeñas y medianas empresas tienen muchísimos problemas para salir adelante y para contratar trabajadores. Se da el caso de que hay autónomos que no ingresan absolutamente nada pero pagan de 300 a 500 euros para aguantar.

No quieren perder la cotización.

Claro, tienen derechos adquiridos y no quieren perderlos si dejan de pagar. Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que haya un vínculo entre lo que cada agente económico tiene que tributar por impuesto y lo que recauda. Que pague más el que más tiene. Lo que es intolerable es que haya un autónomo que tenga que estar pagando sin ingresar nada. Eso es lo contrario de la progresividad y de la justicia fiscal.

¿Mantendrían el techo de déficit en la Constitución, que incluyeron PP y PSOE?

Le daríamos la vuelta. Está redactado de forma que no se va a destinar ni un euro a prestaciones sociales, a gasto público hasta que no se pague la deuda. Darle la vuelta es no destinar ni un euro a devolver y a pagar los intereses de la deuda hasta que no estén garantizadas unas condiciones dignas para toda la población. Eso es totalmente democrático y estamos hablando de que hay que elegir entre hacer a unas instituciones financieras más ricas o menos ricas o hacer que la gente tenga cubiertas sus necesidades sanitarias, educativas e incluso de renta. Suficientes para vivir dignamente.

Con respecto a la fiscalidad, ¿el IRPF tendría otros tramos y qué cambiarían de IVA? Por ejemplo.

Con el IRPF está clarísimo lo que hay que hacer: aumentar los tramos, es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho la última reforma fiscal de Montoro. Hay que hacer que la gente pague en función de lo que ingresa. Si reducimos los tramos, se parecería al contrato único al simplificar. En el IRPF no solo hay que aumentar los tramos, sino los tipos efectivos de las capas más altas, porque se lo pueden permitir. En situación de crisis ¿qué que los ricos contribuyan a que todos los ciudadanos vivan mejor? No solo eso, sino que hay que equiparar la renta del capital y del trabajo: no es permisible que una persona que obtenido ingresos solo por dividendos, especulando por ejemplo en la bolsa, proporcionalmente pague menos impuestos que una persona que esté trabajando ocho horas casi todos los días, ¿no? En IRPF también hay que luchar con el fraude fiscal, que hoy día se comete sobre todo por las rentas del capital. Hay grandes fortunas y artistas, deportistas que registran su residencia en un paraíso fiscal y de esta forma acaban tributando muchísimos menos impuestos.

¿Y con el IVA qué harían? Incluya el de la cultura.

Con el IVA no hay más que ver la trayectoria de demandas en el Congreso que lleva Izquierda Unida. Toda subida del IVA es totalmente perjudicial para la equidad económica de la población española.

Pero es un impuesto indirecto. ¿Cómo se hace proporcional?

No se trata solo de hacerlo. Con los tipos reducidos ya hay un carácter de cierta proporcionalidad. Se pueden conseguir bastantes cosas. La Unión Europea hace poco ha pedido que se aumentara el IVA de los productos sanitarios; eso nos parece una barbaridad, es totalmente contraproducente.

¿Y el IVA cultural? Porque el teatro, el cine, los libros, la cultura será un derecho también.

El cultural representa una dimensión muy importante del ser humano. ¿Qué queremos? No solo sobrevivir como seres vivos. Queremos formarnos en sociedad, aprender, culturizarnos y al fin y al cabo.

Pero ¿bajarían el IVA a la cultura o no?

Por ejemplo, había antiguamente un impuesto que era para los productos de lujo, era un IVA pero solo para los artículos de lujo. Una persona que compra un yate es alguien que tiene una capacidad adquisitiva impresionante y que tiene que contribuir de forma solidaria, tal y como recoge la Constitución, a los gastos del Estado que van en beneficio de toda la población. Porque los gastos del Estado tienen que ser lo más universales posible, es decir, para todo el mundo igual, pero desde el ámbito fiscal, ahí sí que hay que discriminar entre las capas más altas, la élite económica, las grandes fortunas y las grandes empresas para que paguen de forma solidaria. Y aquí estamos viendo que la inspección tributaria adolece de muchos recursos y de muchos medios.

Proponemos la creación de una policía fiscal vinculada a la Agencia Tributaria de forma que se mejoren los recursos y los medios de la Agencia Tributaria y puedan perseguir a los grandes defraudadores. Según las estimaciones de los técnicos de Hacienda, en torno al 70% del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y por las grandes fortunas, y en cambio tan solo uno de cada diez efectivos de la agencia tributaria va a investigar ese tipo de delitos. Hay que perseguir este fraude fiscal recaudando. Primero recaudemos a niveles parecidos a los de la media europea y a partir de ahí, si no hay suficiente dinero, entonces ya pensaremos qué hacer.

¿Dónde está el poder de la democracia y del voto de los ciudadanos sobre el sistema financiero? Ellos imponen sus normas y van por delante de las que los gobiernos, tímidamente, tratan de poner a los mercados.

Estamos trabajando en una propuesta detallada. Izquierda Unida siempre ha reivindicado un sistema de banca pública que permita garantizar el derecho al crédito y al mismo tiempo utilizar el mecanismo de los préstamos para incentivar la economía. No solo para darle dinero a los que más lo necesitan, sino para utilizar eso y darle crédito a las empresas, sobre todo pequeña y mediana que no tienen derecho al mismo. No se consigue la nacionalización de la banca al día siguiente, pero sí se encamina hacia ella: que a medio y largo plazo efectivamente toda la banca sea pública, ese es nuestro objetivo. Queremos revertir la privatización de Bankia, ya que se ha nacionalizado, pero no solo de propiedad. No nos interesa que los bancos cambien de propiedad privada a pública, lo que nos interesa es que su gestión sea pública. Que vaya en beneficio de todos o de la mayoría, no sólo de unos pocos.

Le recuerdo que el Gobierno de Aznar puso a Miguel Blesa al frente de Bankia y todos los partidos tenían consejeros en las cajas. Nombrar a los presidentes y ejecutivos de una gran entidad por parte de los políticos no parece una solución práctica o ventajosa para el ciudadano.

Hablo de gestión de la actividad económica, gestión de la actividad crediticia, de la gestión de los depósitos. Esto es algo que ocurre en otros países, en otros estados y ocurría además antiguamente en nuestro país: que el dinero que la gente deposita en los bancos vaya en beneficio público. Estamos hablando de evitar precisamente ese casino financiero en el que juegan los bancos. ¿Qué se puede hacer para controlar los bancos? No poner reglas absurdas, de simplemente decir “tenéis que tener una provisión de capital si tenéis no sé cuántos activos en vuestro balance”.

No se trata sólo de eso, se trata de reducir y arrebatarles ese poder tan impresionante que tienen los bancos privados. No podemos olvidar que hacen negocio con el dinero de los españoles y al mismo tiempo también creando dinero de la nada, porque los bancos privados comerciales tienen ese poder. Esa herramienta económica debe ser de todos los ciudadanos, por eso debe ser pública y no sólo de una minoría que lo utilice en beneficio propio. Los multimillonarios siguieron aumentando sus fortunas. En 2014 incluso un 24% y encima generan inestabilidad en el sistema financiero. En vez de dedicar tanto dinero a cosas que necesita la ciudadanía se dedican, por ejemplo a especular en la bolsa, en activos financieros derivados, e incluso a manipular los precios del petróleo. Pero no dan crédito a un autónomo o a una pequeña empresa porque no les es rentable de forma inmediata.

¿Qué dirían a esos trece millones de personas en el umbral de la pobreza y a los que se han quedado ya en el camino? ¿Implantarían una renta básica?

La renta básica no es nuestra propuesta. Es el trabajo garantizado. No puede haber una persona que esté en el paro y desee trabajar y no tenga derecho a tener un puesto de trabajo: hay que garantizar ese derecho de la Constitución española. Con lo cual, nosotros estimamos que en cuatro o cinco años conseguiríamos que un trabajo garantizado llegara a toda la población. Hablamos de una propuesta de teoría económica que se estudia desde los años sesenta. El trabajo garantizado en una economía capitalista como la actual, o mixta, en la cual hay una parte del Estado y una parte de sector privado, se puede generar empleo y es mejor que lo haga el sector público para aquellas personas que han quedado fuera.

Después de escucharle a usted y a otros economistas de Podemos, ¿qué sentido tiene que estén separados Izquierda Unida y Podemos?

El sentido es político, obviamente. En el imaginario de mucha gente, IU es una formación del régimen, antigua, en la que hay corrupción y consideran que es un instrumento no válido para llegar al poder. Estoy hablando de los de Podemos, una marca nueva que no tiene una mochila detrás.

¿No será qué su hermano y usted se equivocaron tras el 15M, entrando en IU en vez de con los profesores de la Complutense?

No por lo que iba a decir cuando me ha interrumpido. Por supuesto que Izquierda Unida tiene desventajas para llegar a la mayoría social, pero es que Podemos también tiene una desventaja muy importante que es la ventaja de Izquierda Unida, somos una organización con historia, con experiencia de gestión y de Gobierno en muchísimos municipios. Eso no lo tiene Podemos, que si tiene, por el contrario, un problema muy importante. Su proyección electoral es tan grande que hay mucha gente que se ha sumado al carro a toda prisa. No tienen cuadros políticos, no tienen organización, están construyendo todo desde cero. Eso no se construye ni en un año, ni en dos ni en tres, ni en diez, se tarda mucho. Más haciéndolo bien. Es la marca de moda a la que se suma mucha gente, tanto de izquierdas como de derechas, gente que no tiene conciencia política.

Explícanos brevemente la propuesta de Empleo Garantizado.

Es una medida económica, teorizada desde los años 60’. Consiste en garantizar el empleo a toda persona que no haya podido conseguirlo de manera tradicional en el sector público o privado. Se garantiza así un derecho recogido en la mayoría de las constituciones, el del trabajo. La economía capitalista, tal como está configurada, siempre crea bolsas de desempleo bastante importantes. El Estado financiaría la actividad, pero sería gestionado a nivel local: a través de los municipios, o en coordinación con organizaciones no gubernamentales, entre otros. Va orientado a satisfacer necesidades que no estén cubiertas, vinculando a quienes no trabajan aunque quieran hacerlo con estas carencias en la sociedad.

¿Es compatible con la propuesta de la Renta Básica Universal?

No son necesariamente incompatibles, pero en la situación actual de emergencia social, con una recesión económica grave y profunda de cambio de paradigma económico en el que no se alcanzará la bonanza como lo de los años anteriores a 2007, tenemos la obligación de elegir. No tenemos capacidad de financiación para elegir las dos medidas a la vez. Hay también un debate, que señala que si se otorga una iniciativa como la Renta Básica, muchos preferirían no trabajar. En última instancia, no son incompatibles. Yo prefiero elegir una medida que es más eficiente en cuanto a la utilización de los recursos, con el Trabajo Garantizado se da el dinero a quien lo necesita. No le das 300€ a una persona que ya está trabajando, que no necesita, sino que necesita que los servicios mejoren.

El Gobierno de Grecia ya tiene previstas políticas que van este sentido. ¿Es un avance para que Europa tome en cuenta la propuesta?

Es muy interesante. Precisamente Jacques Delors, un importante ministro francés e impulsor de la Unión Europea, que contempló actividades del sector público que iban encaminadas a mejorar la cobertura social, que iban en beneficio de la ecología y la cultura, entre otras. Ya hay un precedente de un proyecto que se inició, pero que no se materializó, por las distintas dinámicas del proyecto europeo. Hoy, sólo en lo técnico, se trataría de recuperar esta idea y fortalecerlo con lo que nos ofrecen los muchos teóricos del trabajo garantizado, que trabajan en muchos países como Australia, India o Argentina, donde el programa “Jefe y Jefa” dio cobertura a dos millones de desempleados. La Viceministra de Trabajo griega tiene una propuesta que empezó a elaborarla en 2010, y hoy están intentando ver como son capaces de implementarlo, pero vemos que el Banco Central Europeo le cierra una puerta más a Syriza.

¿Crees que el Gobierno español sería capaz de asumir una propuesta así?

El problema no es técnico, evidentemente. Se puede demostrar que el coste no es desorbitado, se gasta más en rescatar a las entidades financieras. Aquí sólo hablamos de la cuestión política, si hay voluntad a la hora de implantarlo. Un Gobierno como el actual, o de características similares, como el PP o el PSOE, pues no van a implantarlo con toda seguridad. ¿Por qué? Porque el trabajo garantizado supone también fortalecer lo público y su proyecto político es restar espacio y poderes al sector público. Vemos que se recortada cada vez más y se deja menos espacio a la actividad pública, y una propuesta de Trabajo Garantizado va en contra de los intereses políticos y económicos. Si recortas en sanidad, deterioras la sanidad pública y hay mucha gente que irá a la privada, con lo que se da negocio a esos empresarios. Es un proyecto que no le conviene al Gobierno actual, pero si se piensa en las necesidades reales de la población, entonces sí sería posible esta alternativa.

¿Cuáles son a tu juicio los principales problemas del mercado laboral actual?

El principal problema es la estructura productiva española. En una economía capitalista en la cual el trabajo se genera sólo si es rentable para el empresario, entonces hay sectores económicos potenciados, que son los de la elite empresarial española. Es diferente la de Alemania, por ejemplo: si en España no hay suficientes empresas que den puestos de trabajo a ingenieros, entonces el que acaba la carrera universitaria tendrá que irse a otro país a buscar un puesto de trabajo. No quiere decir que sobren ingenieros, no hay un espacio para los que hay. En países como Alemania, aunque tienen muchos, importan cerebros de ingenieros para potenciar habilidades con capacidades específicas, sobre todo en el ámbito de servicios.

El presidente de la Patronal en Castilla-La Mancha aseguró que la única medida para generar empleos era recortar sueldos. ¿Qué opinas al respecto?

Eso es una barbaridad. En términos económicos, no sólo sociales. Esa persona debería conocer los verdaderos problemas de las empresas en España. El Banco Central Europeo refleja en sus encuestas que el principal problema de las empresas es que no encuentran clientes, y luego que no consiguen financiación. Por lo tanto, no pueden financiar sus materias primas, hacer frente a algunos pagos, etcétera. El tercer problema es el de los costes de producción. Algunas empresas tienen que pagar más de la cuenta a los trabajadores, pero es una parte muy pequeña del peso empresarial. El 99% de las empresas españolas lo venden a nivel nacional: si bajas los sueldos, rebajas la capacidad adquisitiva de los clientes para que vayan a tus empresas. Sólo se beneficiarían aquellas empresas que venden en el extranjero, pero es sólo un 1,3% de las empresas españolas. Los comercios de barrio, relacionados con la actividad cotidiana, depende de la capacidad adquisitiva de la población, ellos son los verdaderos perjudicados.

¿Por qué los empresarios deciden atacar a los trabajadores con este tipo de medidas?

Se trata de dos factores: el ideológico. El empresario se opone al trabajador a la hora de enfrentar el conflicto distributivo de la renta, cuanto menos reciba el empleado, más recibe el empresario. Pero también hay un segundo factor que es el académico. Se enseña en las Universidades un enfoque muy particular de la teoría económica, el de la economía convencional y neoclásica que consiste que el salario es sólo un coste de producción para las empresas. Si se reduce este coste, se puede reducir el precio del producto o aumentar el margen de beneficio. Pero esto olvida todos los demás factores.

¿Qué soluciones propones para problemas como el desempleo juvenil, o el que afecta a mayores de 45 años?

Se debe mejorar la estructura productiva. Si la gente no encuentra trabajo no es porque sean vagos o ineptos, sino porque no se les concede un puesto de trabajo. Hay que volver a atender la industria, las políticas de innovación para que las empresas se desarrollen y produzcan productos de más calidad, todo se ha ido rebajando con la crisis. Esto es lo que afecta al sector privado. En el sector público, un cambio le permite romper la lógica de la rentabilidad y contratar personas aunque no sea rentable en términos económicos, pero si sociales, culturales o ecológicos. Hay muchos puestos de trabajos que crear en el sector público. Es otra forma de crear trabajo para la gente, lo que también se puede acompañar con medidas como el Trabajo Garantizado o también la posibilidad de reducir la jornada laboral. Desde Izquierda Unida se estima que el 60% de los puestos de empleos son susceptibles de ver su jornada laboral reducida.

"El Trabajo Garantizado consiste en la creación directa de puestos de trabajo público orientados a realizar actividades que satisfagan necesidades económicas, sociales y ecológicas", explica el autor

"El Instituto Levy está trabajando en una propuesta para Irlanda, y la fundación de Izquierda Unida Europa de los Ciudadanos está haciendo lo propio para el caso español", afirma

La recién nombrada viceministra de Trabajo y Seguridad Social del ejecutivo griego, Rania Antonopoulos, tiene preparada una propuesta detallada de creación directa de empleos públicos, o lo que es lo mismo, una propuesta de Trabajo Garantizado para Grecia.

La viceministra Antonopoulos es directora del programa de Igualdad de género y de economía del Instituto Levy de Estados Unidos, y está especializada en los vínculos micro y macro entre el género y la economía, en competitividad internacional, globalización, políticas de Trabajo Garantizado y sus efectos macroeconómicos y laborales, protección social y reducción de pobreza, así como en las implicaciones del trabajo pagado y no pagado en los indicadores de pobreza. Ha sido una firme defensora del Trabajo Garantizado desde hace mucho tiempo y recientemente ha estado liderando un equipo junto con otros investigadores del Instituto Levy cuyo objetivo ha sido el de desarrollar un programa de Trabajo Garantizado para todas las regiones de Grecia. Un programa que ya está listo y que puede descargarse aquí.

No se trata del único equipo de especialistas que está trabajando en propuestas de Trabajo Garantizado para determinadas economías: el economista estadounidense Randall Wray y otros investigadores del Instituto Levy está trabajando en una propuesta para Irlanda, y el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón está está haciendo lo propio para el caso español para el caso español con un equipo vinculado a la Fundación Europa por los Ciudadanos.

El Trabajo Garantizado consiste en la creación directa de puestos de trabajo público orientados a realizar actividades que satisfagan necesidades económicas, sociales y ecológicas. Algunas de estas tareas son: servicios de cuidados a niños y adultos dependientes, asistencia educativa, sanitaria y psicológica, servicios de seguridad comunitaria, restauración medioambiental, construcción de infraestructuras de pequeña escala, rehabilitación de edificios e infraestructura urbana, cuidado de la fauna y de la flora, siembra ecológica, etc. El enfoque de esta medida es totalmente opuesto al convencional: en vez de invertir o dar facilidades a los empresarios para que cuando les sea rentable contraten a nuevos trabajadores, la idea es contratar directamente a los desempleados y otorgarles actividades necesarias para la comunidad. De esta forma la utilización de recursos es mucho más eficiente y no se acaban concentrando en las empresas beneficiarias de las políticas convencionales de inversión pública.

El plan de la viceministra de trabajo contempla dos escenarios. En el primero se contrataría directamente a 550.000 desempleados (actualmente hay 1.245.340 desempleados) con contratos indefinidos a tiempo completo y un salario mensual de 781 euros (el salario mínimo era de 586 y el gobierno de Syriza lo acaba de aumentar a 751). Debido a los efectos multiplicadores del gasto público (los nuevos empleados de los programas de Trabajo Garantizado utilizarán su salario para comprar y ello aumentará las ventas y beneficios de las empresas así como la recaudación tributaria) se estima que la cantidad total de empleos creados en un año contando los del sector privado sea de 756.679. El desembolso inicial alcanzaría los 9.100 millones de euros, pero como la recaudación estimada sería de 5.100 millones, el coste neto no superaría los 4.000 millones. El coste neto anual por empleo creado sería de 5,286 euros.

En el segundo escenario se contempla la contratación directa de 250.000 personas, en cuyo caso la creación total de puestos de trabajo alcanzaría la magnitud de 339.030, con un coste neto de 1.800 millones de euros.

Con respecto a la financiación se propone la creación inmediata de un Fondo Nacional de Empleo que extraiga los fondos de diversas formas. Entre ellas destacan: 1.000 millones del Banco Europeo de Inversiones mediante una facilidad de crédito para reconstrucción y desarrollo, 500 millones del Fondo de Empleo Griego, 600 millones del Marco de Reserva Estratégica Nacional, 1.000 millones de la lucha contra el fraude fiscal, y la renegociación de la deuda pública (la propuesta en concreto es una moratoria de al menos 3 años que daría de margen unos 20.000 millones de euros que serían pagados posteriormente gracias a los beneficios económicos derivados en parte al crecimiento económico logrado con los programas de Trabajo Garantizado).

Está por ver si el equipo de la viceministra logra convencer al resto del ministerio y también si el nuevo gobierno griego consigue renegociar los términos con la troika de forma que le conceda cierto margen fiscal para implementar esta política de Trabajo Garantizado. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que la viabilidad técnica ha sido demostrada y que la economista feminista Antonopoulos luchará sin descanso para que la propuesta del Instituto Levy se aplique en Grecia.