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Madrid ahorrará unos 300 millones en impuestos en siete años si remunicipaliza la M30 antes de las elecciones

El Gobierno de Manuela Carmena se compromete a recuperar la gestión pública en este mandato y el PSOE pide que sea "cuanto antes"

Madrid ha pagado en impuestos 528 millones de euros entre 2005 y 2017, que se habría ahorrado si la empresa se hubiera mantenido pública

Con la actual gestión,  Madrid habrá dilapidado 1.100 millones en impuestos, intereses pagados al socio y dividendos hasta 2025

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Alberto Ruiz Gallardon. Foto: Web del Ayuntamiento de Madrid

Alberto Ruiz Gallardon. Foto: Web del Ayuntamiento de Madrid

El Gobierno de Ahora Madrid y el PSOE quieren que la empresa que gestiona la M-30 sea pública antes de las elecciones de 2019. La Cámara de Cuentas de Madrid, el organismo independiente que fiscaliza la gestión de las distintas administraciones públicas en la región, concluyó en enero de 2017 que el modelo de gestión escogido por el Gobierno municipal de Alberto Ruiz Gallardón perjudica a las finanzas de la capital: el órgano auditor recomendaba rescatar la gestión.

El Ayuntamiento de Madrid se ahorraría en torno a 45 millones cada ejercicio en impuestos hasta 2025 si la empresa fuera pública, el año en que por contrato se abre una puerta a la remunicipalización de la empresa. Sumarían 300 millones que Madrid Calle 30 dejaría de pagar durante los próximos siete años en el impuesto de sociedades y el IVA, dos tributos que no tendría que abonar con la gestión pública.

Madrid Calle 30 es ahora una sociedad mixta participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por EMESA, la empresa encargada del mantenimiento de la circunvalación, integrada a su vez por las constructoras Ferrovial y ACS. El modelo económico escogido desde prácticamente su nacimiento con el Gobierno que presidía Alberto Ruiz-Gallardón consistió en garantizar unas cantidades anuales para EMESA, que cobra por dividendos y además ingresa los intereses de un préstamo que la empresa anticipó al comienzo del contrato.

La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento es el propio Consistorio, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Para que las constructoras obtengan los beneficios pactados,  el Ayuntamiento de Madrid debe abonar 140 millones de euros anuales a Calle 30, que elevan a su vez el impuesto de sociedades y el IVA (que deben abonar este tipo de empresas y del que estaría exenta la Administración). Madrid ha pagado por estos tributos 528 millones de euros entre 2005 y 2017 que se habría ahorrado si la empresa hubiera sido pública.

Pero además está el beneficio que se llevan las constructoras. La comisión de investigación de la deuda por la M30 dictaminó que "el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales", porque "garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040". La Cámara de Cuentas también consideró que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que garantizar el pago de unos intereses del 7,05% a las empresas constructoras que forman EMESA: Ferrovial y ACS.

Al contrario que en otras sociedades mercantiles, donde en función de los resultados de la empresa, y su buen o mal hacer, los dividendos ascienden o descienden, en Calle 30 la cifra a repartir en dividendos es fija y garantizada por la propia Administración. Viene determinada por el modelo económico financiero firmado entre Gallardón y las constructoras para asegurar que EMESA tenga durante todo el contrato una rentabilidad de la inversión realizada del 7,053%. Ese beneficio se calcula con los intereses de un préstamo subordinado que realizó a su entrada en la sociedad y el reparto de dividendos por su 20% en la empresa. En total, EMESA obtiene anualmente en torno a 15 millones de euros en beneficios por estos conceptos.

Madrid Calle 30 contrajo un préstamo con las constructoras de 111,5 millones de euros al 5,5% de interés, que era a su vez la manera con la que EMESA cubría el 20% de los recursos propios de la sociedad. El pago de los intereses por el préstamo, el reparto de dividendos y los impuestos (IVA e impuestos de sociedades) hacen que Calle 30 genere un coste anual de 60 millones de euros que no tendría si la sociedad fuera 100% pública. De mantenerse la gestión mixta hasta 2025, el montante en siete años será de 448 millones de euros en concepto de impuestos, intereses de la deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. Desde 2005 cuando la firma pasó a ser mixta, el Ayuntamiento lleva consumidos 653 millones de euros por estos conceptos. Si la gestión se mantiene hasta 2025, serían 1.100 millones de euros.

EMESA, además de los beneficios que obtiene por tener el 20% de la sociedad, tiene en exclusiva el mantenimiento de la circunvalación por el que recibe cada año 27 millones, de los cuales, un tercio son beneficios, como se desprende del dictamen de la comisión de investigación de Madrid Calle 30 del Ayuntamiento de Madrid y de su plan económico.

El delegado de Economía y Hacienda y presidente de Madrid Calle 30, Jorge García Castaño, comprometió en una entrevista en eldiario.es que el Ayuntamiento remunicipalizará la sociedad mixta antes de acabar el mandato. Ahora, el PSOE  mete más presión para lograrlo a cambio de apoyar los presupuestos del Ayuntamiento de 2018, incluyendo una enmienda en las cuentas -aprobadas por Ahora Madrid y los socialistas la pasada semana-. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, aseguró que su grupo municipal espera que se haga "cuanto antes". 

El coste de remunicipalizar en 2019

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que asumir varios costes si decide hacer la empresa pública en 2019. Entre ellos, está el de devolver el préstamo a EMESA de 111,5 millones, un importe que el Consistorio asumirá en cualquier caso si la remunicipalización se hace en 2025 como está previsto por contrato. De hacerse ahora, puedría ahorrarse en siete años el pago del 5,5% de interés de ese préstamo.

Además, el Ayuntamiento tendría que comprar las acciones de Emesa, el 20% de la sociedad, que según calculan fuentes del Gobierno municipal estaría en torno a 100 millones de euros. Un coste que al igual que el anterior, también tendrá que asumir en 2025. La diferencia viene, por tanto, en la indemnización que el Gobierno municipal de Ahora Madrid tendrá que asumir por rescindir el contrato antes de tiempo, confirman fuentes del área de Economía y Hacienda a eldiario.es.

Las negociaciones en este momento entre el Ayuntamiento de Madrid y las constructoras se centran en esa indemnización, pero también en qué pasará con el contrato de mantenimiento de la circunvalación que EMESA tiene en exclusiva y por el que ingresa 27 millones anuales, con un beneficio del 30%. Las constructoras quieren seguir con el mantenimiento de los túneles, aunque desde el Gobierno municipal aseguran que hay que estudiar el encaje legal de ese posible acuerdo para no vulnerar la ley de contratación pública.

1.100 millones hasta 2025

De mantenerse la gestión mixta hasta 2025, Madrid habrá dilapidado 1.100 millones de euros que se habría ahorrado si la empresa Madrid Calle 30 se hubiera mantenido pública como lo fue en origen. El Gobierno de Gallardón escogió este modelo mixto como una manera de maquillar las cuentas municipales, ya que pretendía de esta manera que la deuda que contrajo por las obras no computase para el Ayuntamiento.

Eurostat dijo el mismo año que se creó la sociedad mixta, 2005, que el Gobierno de Gallardón no debía separar de las cuentas municipales la deuda provocada por las obras de la M-30 (2.500 millones de euros en aquel momento), como venía haciendo en sus apuntes contables. El Ejecutivo del PP decidió recurrir la decisión y mantuvo el modelo de gestión mixta con ese propósito. Pero en 2011 la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a Eurostat y el Ayuntamiento tuvo que asumir como propia la deuda.

El encargado entonces de defender esa operación en el Ayuntamiento de Gallardón era el concejal de Economía y Hacienda, Juan Bravo, presidente de Adif hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Bravo no ha querido hacer ninguna valoración a este diario sobre la decisión que tomó entonces desde el Gobierno municipal de Madrid.

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