El Tribunal Supremo ha decidido condenar a 18 años y medio de prisión a Rodrigo Lanza por asesinar a Víctor Laínez en un bar de Zaragoza en diciembre de 2017. Los jueces mantienen que Lanza, ya condenado hace más de una década por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, asesinó a Laínez tras discutir con él pero rebaja ligeramente su condena al eliminar la agravante de haber actuado por motivos ideológicos. El hecho de que la víctima llevara o hubiera llevado en el pasado unos tirantes con la bandera de España, según se alegó durante la causa, motivó que, en un primer momento, el caso fuese bautizado como 'crimen de los tirantes'.

Los jueces del Supremo no niegan que Lanza tuviera un “comportamiento discriminatorio” hacia la víctima, al llamarle “facha” y “fascista”, pero destaca que la discusión posterior en la que se produjo el asesinato es de contenido desconocido. Aplicar esta agravante por discriminación al asesinato, explica el Supremo, sería actuar en contra del reo.

Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez en el bar Tocadiscos de Zaragoza en diciembre de 2017. Los dos coincidieron en el local y un amigo de Lanza le dijo que la víctima “era de extrema derecha o neonazi y que en ocasiones llevaba tirantes con los colores de la bandera española”. En una primera discusión Lanza le acusó de ser “facha y fascista” y le reprochó haberle llamado “sudaca”, afirmando también que “este es un barrio antifascista y no queremos nazis en el barrio”. Al rato, víctima y asesino mantuvieron un nuevo encuentro fuera del bar y fue entonces cuando Rodrigo Lanza le dio un puñetazo en la cabeza y por la espalda para seguir pateándole la cabeza cuando estaba en el suelo inerte. El acusado se marchó de allí y Víctor Laínez murió días después en el Hospital Clínico de Zaragoza.

El caso ha dado varias vueltas por los tribunales antes de ser sentenciado en firme por el Tribunal Supremo. Rodrigo Lanza se sentó en el banquillo ante un jurado popular que le consideró culpable de homicidio pero la Justicia ordenó repetir el proceso con un jurado nuevo. En esa segunda ocasión fue condenado a dos décadas de prisión pero por un delito de asesinato con la atenuante de embriaguez por ir borracho y la agravante de discriminación ideológica.

El Tribunal Supremo ha confirmado la mayor parte de su condena pero rebaja a 18 años y medio su condena al entender que no hay pruebas suficientes para entender que el crimen tuvo una motivación ideológica. La segunda discusión entre ambos, inmediatamente anterior a la paliza mortal, es de contenido desconocido y por tanto no se puede imponer una condena basada en unas palabras que no han sido esclarecida.

Los insultos previos de Lanza, reconoce el Supremo, tuvieron una “carga ideológica clara” y que muestran “la prepotencia de quien insulta y veja por la ideología del otro”. Pero la discusión que precedió a los golpes es desconocida: “No se sabe de qué hablaron y de qué discutieron en el exterior, solo que fue posterior a los insultos con un contenido no precisado”, dice el Supremo al entender que ese cruce de palabras desconocido “pudo ser el acto determinante de la posterior reacción agresiva que produjo el resultado de muerte”.

Los jueces sí confirman que Rodrigo Lanza debe indemnizar a la familia de la víctima en los mismos términos que establecieron los tribunales aragoneses: un total de 200.000 euros para la madre, los dos hijos y los tres hermanos de la Víctor Laínez.

Segunda condena de Rodrigo Lanza

Esta sentencia es la segunda que dicta el Tribunal Supremo para condenar en firme a Rodrigo Lanza. En 2009 los jueces de la sala de lo penal aumentaron hasta los cinco años de prisión su condena por agredir a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en febrero de 2006. Según declararon probado en firme los magistrados, Lanza formaba parte de una fiesta en una casa ocupada de la capital catalana y arrojó una piedra a la cabeza de uno de los agentes. El agredido, según la Justicia, quedó en “estado vegetativo persistente”.

Lanza cumplió condena y su nombre volvió a los titulares cuando en 2014 el documental 'Ciutat morta' cuestionó la actuación policial en la investigación del caso y denunciaba el suicidio de Patricia Heras en 2011, una de las personas que cumplían condena junto con Lanza por los altercados de 2006 en Barcelona. En ese documental Rodrigo Lanza también denunciaba un montaje policial contra él y el resto de acusados.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Rodrigo Lanza, condenado por la muerte de Víctor Laínez, en el denominado 'crimen de los tirantes', y confirma, en todos sus extremos, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 22 de septiembre de 2020.

En dicha sentencia la Audiencia de Zaragoza condenó a Lanza a 20 años de prisión por un delito de asesinato consumado con alevosía, con la agravante de obrar por motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez. Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2017, en el bar Tocadiscos, en la capital aragonesa. Lanza se dirigió a Laínez y le llamó “fascista” y le dijo que “no querían nazis en el barrio”. El ahora condenado comentó a sus amigos que Laínez le había llamado “sudaca” y que debía volver a su país por ser extranjero.

Lanza, en el exterior del establecimiento propinó varios golpes a Víctor Laínez y una patada en la cabeza. La víctima falleció cuatro días después de los hechos. Vox ha ejercido la acusación popular, a través del abogado David Arranz.

Los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJA, en la resolución hecha pública este viernes consideran, entre otras cuestiones, que la defensa ejercida por el letrado Endika Zulueta no ha acreditado la falta de imparcialidad de la magistrada presidenta del jurado puesto que los hechos a los que se refiere la defensa “carecen de consistencia y relevancia suficiente”, aclaran que “no es suficiente con mencionar las actuaciones judiciales que se rechazan, sino que resulta necesario acreditar la parcialidad que se imputa al juez en virtud de datos objetivos que alcancen una consistencia tal que permita afirmar que la parcialidad denunciada se halla objetiva y legítimamente justificada”.

Respecto de los doce motivos de apelación alegados por la defensa y rechazados por el tribunal, han argumentado los magistrados, entre otras muchas razones, que el jurado entendió que, aunque el acusado no tuviera intención de causar la muerte de Víctor Laínez, por la contundencia de los golpes dados era probable que esta se produjera, asumiendo el acusado dicha probabilidad por lo que debe responder de ello.

En relación con la alevosía expresan que “el jurado no tuvo dudas acerca de que el acusado al realizar la agresión, buscó o se aprovechó de las condiciones que impedían defenderse a la víctima”, y con relación a la agravante de motivos ideológicos determinan que la sentencia de la Audiencia Provincial recoge “hechos objetivos que sustentan la agravante de motivos ideológicos, que los miembros del Jurado han considerado probados por unanimidad”, al igual que ocurre con la atenuante de alcoholemia (FD IV).

La Sala ha rechaza además la alegación de parcialidad en las instrucciones dadas al jurado y la petición de que se devuelva la causa a la Audiencia para la celebración de un nuevo tribunal del jurado y afirma que la defensa introduce en su recurso “diversas críticas y valoraciones, en muchos casos puramente subjetivas, a la actuación de la magistrada-presidente en el momento de dar las instrucciones a los jurados”.

Añaden que “cuando la magistrada procedió a dar las instrucciones y explicaciones a las que se refiere, el letrado de la defensa no realizó ninguna protesta, ni pidió ningún tipo de aclaración o adición a las instrucciones que se estaban proporcionando, lo que pone de manifiesto su conformidad, tal como se observa en la grabación”.

Por último, respecto a la impugnación de las declaraciones de cinco testigos manifiesta la Sala que “se trata de testigos ocultos en el momento de prestar declaración, no testigos anónimos o desconocidos para las partes, puesto que su identidad era perfectamente conocida desde la fase de instrucción y figuraba en las actas del juicio oral.

Tampoco se trata de testigos protegidos respecto de los que se hayan adoptado las medidas necesarias para preservar su identidad, tal como prevé la Ley“ y que los motivos que justificaron esta decisión se recogen en el auto de aclaración dictado por la magistrada-presidente en fecha 22 de octubre de 2020. A estos añaden los magistrados de la Sala que la defensa, al igual que las restantes partes, no tuvieron ninguna dificultad o limitación para interrogarles, por lo que no se produjo ”ninguna merma del principio de contradicción o del derecho de defensa“.

Contra la sentencia ahora dictada cabe posibilidad recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España, que se tendría que presentar en el plazo de cinco días.

El jurado que ha juzgado a Rodrigo Lanza en la Audiencia Provincial de Zaragoza ha declarado al acusado culpable de un delito de lesiones con imprudencia y resultado de muerte, que costó la vida al zaragozano Víctor Lainez en diciembre de 2017.

Se trata del denominado 'crimen de los tirantes' porque el fallecido llevaba esa prenda con los colores de la bandera de España cuando sucedieron los hechos, que tuvieron lugar durante la madrugada del 8 de diciembre de 2017, en el bar 'Tocadiscos' de Zaragoza. Unos tirantes que el acusado, ahora condenado culpable de homicidio imprudente, asegura no haber visto durante el enfrentamiento.

El juicio comenzó el pasado 4 de noviembre con las intervenciones de la fiscal, los abogados de la acusación y la defensa, así como el acusado, quien respondió únicamente a las preguntas de su abogado. La vista se prolongó hasta este martes, día 12, compareciendo 16 peritos y 34 testigos. El jurado ha estado formado por nueve personas y ha deliberado a lo largo de este miércoles y jueves.

El Ministerio Fiscal, la acusación particular, ejercida por la familia de Laínez, y la acusación popular, que representa Vox, han solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, abogado de la defensa, Endika Zulueta, había solicitado la absolución.

Según el relato de la fiscal, durante la madrugada del 8 de diciembre de 2018, Lanza entró en el bar 'El tocadiscos' de la capital aragonesa, acompañado de tres personas y, en un momento dado, uno de ellos reconoció a Víctor Laínez “como persona conocida de ideología de ultraderecha”, lo que tensó, puso nervioso y molestó a Lanza, de ideología “completamente contraria”.

Lanza decidió aproximarse y le reprochó su ideología a Laínez, llamándole “facha, fascista” y afirmando que no querían “gente de esas características en esa zona”, tras lo que parece que Laínez le contestó que era “sudaca” y que se volviera a su país, según el relato de la Fiscalía. Lanza es originario de Chile.

Cuando Lanza y sus tres acompañantes salían del establecimiento, hubo de nuevo un “cruce de palabras” en las puertas del bar, tras lo que Laínez entró y se sentó y Lanza salió a la calle. No obstante, en un momento determinado Lanza volvió a entrar y le atacó, golpeándole por detrás de la oreja derecha, según la fiscal.

Objeto contundente

En su exposición, el Ministerio Fiscal resaltó que los forenses estiman que Lanza utilizó un objeto contundente por la intensidad del traumatismo, pero el objeto no fue encontrado. La fiscal dejó claro que Laínez no tuvo “capacidad de defensa alguna”, de ahí que lo consideró un ataque con alevosía.

Después de este golpe, Laínez se quedó “inconsciente e inmóvil” en el suelo, pero Lanza no cesó y le propinó “patadas”, se agachó y le dio “puñetazos en el rostro”, hasta que le dijeron que parara, momento en el que se levantó, se fue y desapareció del lugar.

Víctor Laínez falleció cuatro días después de sufrir la agresión y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.

El abogado de la familia de Laínez, Juan Carlos Macarrón, ha argumentado durante el juicio que el origen de la agresión “fue ideológico” y que se ha intentado “confundir con una pelea”, pero “nadie retenía” a Lanza y sus acompañantes cuando salían. Macarrón hizo suyo el relato de la fiscal.

“Me salió con un cuchillo. Me quería matar”

Por su parte, el abogado de la defensa, Endika Zulueta, había pedido la absolución porque la versión de las acusaciones “chirría”, al tiempo que consideró que “no hay razones políticas” en lo ocurrido.

“Mi cliente iba a seguir la fiesta con sus amigos” cuando “Laínez va detrás de él”, dijo. “Venía por la espalda, y cuando [Lanza] se dio la vuelta lo vio con una navaja”, ante lo que se defendió, anotó en la exposición previa. El cuchillo nunca apareció.

En su declaración en el juicio, Lanza dijo que “en ningún momento” vio los tirantes con la bandera de España que llevaba la víctima, a la que golpeó “de frente” porque le salió “con un cuchillo”, por lo que solo actuó para defenderse.

“No recuerdo nada”, “le di unos puños, no recuerdo cómo”, “tenía miedo de que se levantara con el cuchillo”, explicó Lanza ante el juez. También reconoció que escuchó un “para, para”.

“No se me hubiera ocurrido que pudiera sufrir lesiones graves, fue un shock”, explicó, al describir su reacción cuando la Policía le hizo saber que Laínez había muerto. ¿Y por qué se fue de la escena? “Me salió con un cuchillo. Me quería matar. Yo lo que no quería era volver a encontrármelo”, argumentó.

La muerte del motero Víctor Laínez a manos, presuntamente, del activista antisistema Rodrigo lanza en la puerta de un bar de Zaragoza fue un ataque alevoso, mortal y con ensañamiento y por motivos ideológicos. Esa es la conclusión a la que ha llegado tras diez meses de instrucción la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital aragonesa, Mercedes Terrer, que ha cerrado la causa y ha ordenado que el caso sea enjuiciado por un jurado popular de nueve ciudadanos, según adelantan hoy Heraldo y El Periódico de Aragón.

La paliza mortal, que levantó una intensa polémica en los medios y en las redes en diciembre del año pasado, fue conocido como ‘el crimen de los tirantes’ por apuntar las primeras informaciones a que la causa de la discusión que desató el crimen era el hecho de que la víctima llevara una de esas prendas con la bandera de España cuando coincidió con el acusado en el bar Tocadiscos, en la calle Antonio Agustín, la noche del 7 al 8 de diciembre.

Sin embargo, no hay tirantes con banderas entre las piezas de convicción del caso, ya fuera porque se hubieran perdido tras la atención hospitalaria a la víctima o por otros motivos. No obstante, la magistrada concluye que la muerte de Laínez fue un crimen por motivos ideológicos y sostiene que éste sí los llevaba esa noche.

“Se aprecian indicios de que el presunto autor de los hechos actuó movido por motivos ideológicos”, indica la juez.

“Tras perpetrar el ataque se limitó a marcharse del bar”

Según el auto, Lanza se acercó a Laínez, que estaba tomando una consumición en un extremo de la barra, después de que alguien comentara que tenía ideas de extrema derecha, que formaba parte de un grupo de moteros de esa tendencia ideológica o que había sido legionario. Le llamó “facha” y “fascista” y, según comentó a sus acompañantes, éste le dijo “sudaca” y le mandó callar.

Poco después, al salir del bar, Lanza y Laínez, del que la juez descarta que llevara ningún arma blanca como una navaja o cuchillo, mantuvieron una breve discusión, señala el auto, que añade que cuando la víctima volvió a entrar en el local el acusado se fue hacia él y le golpeó en la cabeza por la espalda para, cuando cayó desplomado, colocarse encima y comenzar a darle puñetazos en la cara y, mientras se desangraba por la boca y las orejas, arrearle un puntapié en la cara.

Lanza, que lleva diez meses en prisión preventiva, siempre ha sostenido que se limitó a darle un empujón a Laínez para defenderse cuando este le amenazaba esgrimiendo una navaja y que se marchó de allí, sin más. Sin embargo, la magistrada descarta que la víctima mostrara una “actitud violenta o agresiva” con el acusado.

“Tras perpetrar el ataque”, añade la resolución, Lanza “se limitó a marcharse rápido del bar, cogiendo sus cosas al salir, y solo fue identificado días después”.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona se ha mostrado este viernes contrario al premio otorgado a 'Ciutat Morta' después de la muerte de Víctor Laínez, de la que se acusa a Rodrigo Lanza, uno de los protagonistas de ese documental. La iniciativa propuesta por el PP se ha aprobado con los votos de PDeCAT, Ciudadanos y PSC, y pese a la oposición de Barcelona en Comú, ERC y la CUP. 

Además de expresar el rechazo al galardón –se trata del Premio Ciutat de Barcelona, otorgado por un jurado independiente en 2014–, la moción aprobada por el pleno condena la muerte de Laínez en Zaragoza y pide al consistorio que adopte una “versión alternativa” a la de 'Ciutat Morta', que cuestionaba la condena a Lanza por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana en 2006. 

El primer teniente de alcalde del consistorio, Gerardo Pisarello, ha argumentado que el caso 4F, ocurrido en 2006, y la muerte de Laínez son “dos hechos que no tienen conexión entre si”, y ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Lanza, que se encuentra pendiente de un juicio y en prisión preventiva. Asimismo, ha querido lamentar “como no podría ser de otro modo” la muerte violenta de Laínez y “el sufrimiento entre las personas que le apreciaban”. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza considera a Lanza presunto autor de un delito de asesinato por provocar la muerte de Laínez tras su confesión de haberlo agredido y con una autopsia que revela que “fue atacado por la espalda y sin posibilidad de defenderse”.

La familia y amigos de Lanza, sin embargo, difundieron la versión del joven según la cual se defendió con sus manos de un ataque con arma blanca de Laínez.

Lanza fue condenado en 2008 a cuatro años y medio de cárcel por el caso 4F, considerado como el autor de una pedrada que dejó tetrapléjico a un agente. El documental 'Ciutat Morta' presentó diez años después un relato que apuntaba las lagunas de la sentencia judicial, que daba crédito a la versión policial. 

Desde Metromuster, la productora autora de 'Ciutat Morta', emitieron recientemente un comunicado en el que muestran su apoyo al acusado. Sobre la vigencia de su trabajo, recuerdan que uno de los hechos que se relatan, las torturas perpetradas por dos agentes al joven Yuri Jardine, fueron acreditadas por el Tribunal Supremo, que les condenó a dos años de cárcel por su actuación. 

Esos dos mismos agentes fueron testigos clave en la acusación del 4F y acusados de torturas por parte de los detenidos, aunque sin recorrido. Su relato contribuyó a apuntalar la versión de la agresión al guardia urbano con una pedrada lanzada desde la calle, algo que se constató en la sentencia, aunque el entorno de Lanza recordó que el propio Ayuntamiento reconoció al principio que la agresión procedía de un lanzamiento de una maceta desde un edificio. 

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza ha emitido un comunicado en el que condena el ataque, “mediante coacciones y tono amenazante”, que está sufriendo su compañera Ana Sebastián

Anuncian que pondrán en conocimiento judicial “dichas acciones deleznables e irrespetuosas que suponen un ataque al libre ejercicio de nuestra profesión y a la presunción de inocencia”

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ) ha emitido un comunicado en el que condena el ataque, “mediante coacciones y tono amenazante, que está recibiendo a través de las redes sociales nuestra compañera Ana Sebastián, como consecuencia de la defensa asumida de Rodrigo Lanza”.

Todas las personas, dice el texto, “tienen derecho a un proceso penal justo y con todas las garantías, art. 24.2 de la Constitución Española, lo que implica una defensa profesional como la que está ejercitando nuestra compañera”.

En el comunicado aseguran que la letrada “está desempeñando su profesión de abogada defensora y es intolerable que por este hecho esté siendo señalada públicamente”. Por esta razón, anuncian, van a poner “en conocimiento judicial dichas acciones deleznables e irrespetuosas que suponen tanto un ataque al libre ejercicio de nuestra profesión como a la presunción de inocencia que toda persona tiene”.

De nuevo, terminan, “estamos ante un ataque a quienes defienden los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos, por ello, mostramos todo el apoyo de la asociación a nuestra compañera y ejerceremos todas las acciones legales que sean necesarias para averiguar la autoría de las publicaciones”.

La madre de Rodrigo Lanza, el detenido por, presuntamente, matar a un hombre en Zaragoza el viernes 8  de diciembre, ha emitido un nuevo comunicado. En él se queja del tratamiento dado por los medios al caso de su hijo y asegura que la prensa “no solo ha condenado con saña a Rodrigo antes de leer las versiones de los testigos y la suya, sobre todo, y antes aún de tener del atestado, sino que nos ha condenado a un ataque de nazis que nos obliga a vivir escondidos”.

Lanza se encuentra en prisión provisional sin fianza, desde que así lo decidiera, el pasado jueves 14 de diciembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún. La jueza, en su atestado –dice la carta hecha pública en las redes sociales por la familia– “se basa en lo escrito en los medios y en absoluto toma en cuenta la declaración de los testigos que por ahora se han presentado”. El boom mediático, apuntan, “no hubiese existido si no fuese Rodrigo, ni hubiese sido tan grande si hubiésemos estado en otro contexto político”.

Cuenta la progenitora que visitó a su hijo en prisión el pasado sábado. Está en aislamiento, indica, “aislamiento en preventiva, sin juicio legal porque el juicio mediático fue inmediato y a raíz de la ‘alarma social’ lo han puesto en primer grado. ¿Qué significa esto? Que estará en una celda donde apenas entra la cama. Una celda vacía. Solo. Podrá salir durante dos horas a un patio cuadrado, pequeño como una habitación pequeña, donde no alcanza a ver el cielo. Y solo”.

En el texto señala que “el Protocolo de Estambul establece que el aislamiento penitenciario puede suponer un método de tortura y organismos internacionales plantean el aislamiento solo como sanción y por un máximo de 14 días, porque puede generar trastornos psicológicos irreversibles. A Rodrigo lo quieren mantener allí un mínimo de seis meses”.

Amenazas

En los últimos días, explican, “hemos recibido infinidad de amenazas hacia Rodrigo y hacia mí en nuestras páginas de Facebook, Twitter, etc”. Dice la madre del detenido que ahora no puede salir a la calle “por el miedo a ser reconocida y atacada”, ya que en redes ha salido publicada su dirección y fotos familiares.

“Tememos por nuestras vidas”, asevera, “porque yo sé que a Rodrigo lo atacaron con una navaja y sé que estas personas que nos amenazan son peligrosas. No dejo de pensar que mi hijo podría estar muerto, pero se defendió y está vivo”.

Para finalizar, da las gracias a “tantas personas” que les han mostrado su apoyo y afirma que “la verdad, tarde o temprano, cae por su propio peso y estoy segura de que esto sucederá”.

En mi época, cuando la movida madrileña, la política había quedado anestesiada en las calles y lo que se llevaba entonces era pertenecer a tribus urbanas; pandillas con  poses y pintas  importadas del extranjero.

De esta manera tan frívola, las calles se llenaban de Jevis, Punkarras, Mods y Rockers. Estos últimos grupos -Mods y Rockers- protagonizaban peleas al estilo de Quadrophenia, la peli de los Mods con banda sonora de The Who. Todo esto que cuento era de lo más normal hasta que, una noche, mataron a un rocker de nombre Demetrio a las puertas del Rock-Ola, el templo de la movida madrileña. Aquel asesinato fue también la sentencia de muerte de la llamada movida. Se apagó la mecha.

Cuentan que, en los días previos al golpe de estado franquista que desencadenó la Guerra Civil, los de uno y otro lado bromeaban tirándose terrones de azúcar en los cafés donde hacían tertulia. La mutación que cambiaría la broma en guerra estaba ya servida y todo esto viene a cuento por el asesinato de Victor Laínez —un asunto despreciable que aprovecho para condenar— ocurrido la otra noche en Zaragoza tras una disputa que, según los medios, comenzó por unos tirantes rojigualdas que lucía el asesinado.

Al igual que me sucedió cuando supe del crimen de Demetrio en el Rock-Ola por ser rocker, ahora sospecho  que algo se nos está ocultando en esta ocasión pues el juicio emitido por los medios ha condicionado a la opinión pública con el fin de criminalizar a los movimientos de izquierdas y en especial a la organización política Podemos.

Hasta ahora, lo único cierto en todo es que hay un asesinado y según el auto de prisión  “fue por la espalda, sin posibilidad alguna de defensa y utilizando al efecto un objeto lo suficientemente contundente como para provocarle una fractura ósea”. Pero esto queda muy largo para ponerlo en titulares y es mejor acortar distancias poniendo que el sospechoso de asesinato es antifascista y pertenece a movimientos de izquierda. Con esto, lo que omiten los medios es que el verdadero delito no es ser de izquierdas, ni antifascista, sino ser un criminal.

Dicho por lo crudo, el asesinato de Victor Laínez ha fortalecido a los medios del Canal Único de Información que cargan contra Podemos y contra Ada Colau. Todo indica que estaban deseando que algo tan abominable ocurriese. Qué triste. 

Víctor Laínez, fallecido la semana pasada en Zaragoza a causa de las heridas recibidas en un reyerta el viernes 8 de diciembre, había dejado de ser muchas cosas sin haber sido otras: motero y ‘boina verde’ de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), entre las primeras, y, entre las segundas, legionario y militante de Falange, cuerpo y partido político con los que simpatizaba, con cuyos miembros mantenía relación y en cuyos actos, desfiles con camisa azul incluidos, había participado años atrás, según explican fuentes de su entorno y dan fe las redes sociales.

También era un habitual de la zona de las calles Heroísmo y Asalto, en la que  vivía, y en la que, junto a la puerta de un bar situado apenas a cien metros de la puerta de su casa y a no más del local en el que trabajaba su presunto asesino, Rodrigo Lanza, sufrió la madrugada del viernes una agresión mortal, en la que le destrozaron la cabeza y le desfiguraron la cara a golpes y patadas.

“Ni ha sido legionario ni ha sido paramilitar ni nada de nada”, explica uno de sus amigos, que se refiere a él como “buena gente, un español de bien” que en su juventud, durante el servicio militar, se alistó en las COE, las fuerzas especiales españolas, popularmente conocidos como ‘boinas verdes’.

Entre los círculos que frecuentaba había uno formado por exlegionarios y, aunque ideológicamente se inclinaba mucho más a la derecha que a la izquierda, también se relacionaba con gente de entidades ajenas a la política y, en todo caso, ubicadas en órbitas más cercanas a lo que hace décadas se conocía como ‘contracultura’ que a otra cosa. “Se relacionaba con gente de todo el espectro político”, señala una de las personas que lo trataron.

Motero y simpatizante de Falange

No obstante, Falange se ha referido a Laínez estos días como un “simpatizante” que “fue brutalmente agredido por lucir la bandera de España”, mientras su jefe nacional, Norberto Pico, lanzaba un mensaje en sus redes sociales para “solidarizarme con Víctor diciendo que yo también soy facha”.

Desde otros ámbitos, por el contrario, rechazan que se tratara de alguien que alardeara de sus posiciones políticas. “Era un veterano apreciado porque tenía palabra y honor, ideas claras, y nadie le comía el tarro ni tampoco él se lo comía a nadie”, explica un motero que lo trató cuando formaba parte del motoclub Los Templarios (antes estuvo en otro), entre cuyos miembros era conocido como ‘el demonio’.

“Nadie espera que le arrebaten a alguien de esta manera cobarde, por la espalda, solo espero que los culpables paguen su pena de la peor forma posible”, lamenta el perfil de Facebook del grupo motero.

Retirado por un problema de salud

Láinez, nacido en Terrassa (Barcelona) pero afincado desde hace décadas en Zaragoza, se había ganado la vida instalando aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración, oficio del que, años después de haber contraído el dengue durante un viaje por Costa Rica, se retiró de forma prematura por una dolencia respiratoria.

Divorciado y con dos hijos, cobraba una pensión de incapacidad y tenía su casa en la calle del Turco, una callejuela cercana a las calles Heroísmo y Asalto, al parque Bruil y a la plaza de San Miguel, una de las zonas de tapeo y bares que más ajetreo ofrecen, y más gente madura concentran, en las noches del fin de semana zaragozano.

La última noche de ‘Juepincho’

Esas calles, de nombres belicosos que remiten a los sangrientos combates de los paisanos con las tropas napoleónicas durante los Sitios del siglo XIX junto a la Puerta del Duque, son una de las zonas en las que, hace tres años, arrancó el ‘Juepincho’ con el que los hosteleros llenan de gente cada jueves el casco viejo zaragozano a base de tapas y consumiciones baratas, y en el que el día 7, víspera de fiesta, Víctor Laínez había participado con un grupo de amigos.

La cosa se alargó y la ronda pasó por el bar Tocadiscos, en la calle Antonio Agustín, donde coincidió con Rodrigo Lanza. Allí, pasadas las dos de la madrugada, comenzó una discusión que, según sostienen varios testigos y recoge la jueza en el auto de prisión, se inició cuando este le recriminó a Laínez “el simple hecho de portar, en el legítimo uso de su libertad personal, unos tirantes con los colores de la bandera española”.

El detenido, que ingresó este jueves en prisión provisional sin fianza, admite que le agredió, aunque asegura que lo hizo para repeler un ataque de la víctima con una navaja “cuya existencia cierta no consta en autos”.

Láinez, con la cabeza maltrecha y la cara desfigurada por la descarga de golpes y patadas que recibió, moriría cinco días después en el hospital.

“No queda excluida la posibilidad de fuga, frustración u obstrucción a la acción de la Justicia” y resulta “preciso evitar cualquier tipo de manipulación directa o indirecta sobre las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos”.

Esos son los dos motivos, junto con el de no descartar “vistos sus antecedentes” que “pudiera protagonizar nuevamente conductas violentas frente a personas que le desagradan, bien por su ideología, bien por los signos externos que la representan”, por los que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún, ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional de Rodrigo Lanza, el detenido por la muerte de Víctor Laínez la madrugada del pasado viernes en la puerta de un bar de Zaragoza.

La jueza ha avalado las peticiones de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el abogado Juan Carlos Macarrón, que pidieron una orden de prisión provisional para Lanza tras un interrogatorio en el que este se negó a responder a sus preguntas, y ha rechazado la solicitud de la defensa, que solicitó su puesta en libertad con medidas cautelares.

En la decisión de la jueza, que considera a Lanza presunto autor de un delito de asesinato con una posible agravante de la motivación ideológica, han resultado clave tres datos: la confesión de haber agredido a Laínez hecha por el detenido, el hecho de que cinco testigos y el dueño del bar lo señalen como el agresor (“no existe duda de la identidad del autor de los hechos”, señala) y el informe preliminar de la autopsia, que pone en tela de juicio la versión de imputado.

Ataque por la espalda y patadas en el suelo

El joven sostiene que “se limitó a evitar una posible agresión con arma blanca” por parte de Laínez, versión que, además de no constar en la investigación la “existencia cierta” de la navaja, entra en “clara contradicción con los informes médicos”.

¿Y qué dicen los informes? El del forense indica que Laínez “sufrió agresiones de gran intensidad traumática, tanto en la parte posterior como anterior de la cabeza, sin que se aprecien signos externos de reacción o defensa en su cuerpo”.

Es decir, que la víctima no llegó a defenderse de su agresor. Y tanto la autopsia preliminar como los dictámenes del Hospital Clínico de Zaragoza apuntan que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la parte derecha de la cabeza, entre los huesos parietal y temporal, que le causó una “hemorragia y afectación del tejido cerebral”. Un golpe de ese tipo señala, indiciariamente, a un agresor zurdo si se comete de frente y diestro si se perpetra por la espalda.

Según la magistrada, ocurrió esto último. Láinez fue atacado “por la espalda, sin posibilidad alguna de defensa y utilizando al efecto un objeto lo suficientemente contundente como para provocarle una fractura ósea” en la cabeza. Tras caer la víctima al suelo, añade, el agresor “le propinó fuertes golpes en la cabeza, quizá patadas, que le provocaron la rotura de los huesos propios de la nariz y zonas adyacentes”.

Los tirantes, la vida y la muerte y el Código Penal

La jueza no descarta que los tirantes con la bandera de España que esa noche llevaba la víctima, según varios testigos, estuvieran en el origen de la agresión, aunque reconduce la eventual comisión de un delito de odio que esa circunstancia podría suponer a la tipificación que el Código Penal asigna a una conducta de ese tipo: una agravante del punto cuatro del artículo 22. Es decir, que la investigación de la muerte de Víctor Laínez va de vida y muerte, no de política.

“Existen indicios”, señala, de que Lanza “podría haber dado muerte” a la víctima por motivos “relativos a la ideología de la víctima tras haberle recriminado o llamado la atención por el simple hecho de portar, en el legítimo uso de su libertad personal, unos tirantes con los colores de la bandera española”, según sostienen varios testigos y niega el imputado.

Una conducta de ese tipo entraría de lleno en el 22.4, que recoge como agravante de cualquier delito el hecho de que este sea cometido “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

El auto, por último, matiza que sí constituiría “genéricamente” un delito de odio del artículo 510 el hecho de tener conductas violentas con personas por su ideología o por los signos de ella que pudiera mostrar. Sin embargo, resulta obvio que quitarle la vida a una persona constituye un delito contra la vida, que es lo que castigan los tipos penales del homicidio y el asesinato, más que contra la Constitución o contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que esta garantiza, que es lo que intenta salvaguardar el 510.

Familiares y amigos de Rodrigo Lanza han emitido un comunicado en el que afirman que las informaciones publicadas en los últimos días en medios y redes “para nada se ajustan a los hechos”. Lanza fue detenido el pasado lunes, y este jueves la juez de Guardia de Zaragoza ha decretado para él prisión provisional sin fianza, por, presuntamente, matar a Víctor Laínez.

En el texto hecho público a través de las redes sociales, señalan que Lanza entró, el pasado viernes 8 por la noche, en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa con un chico y dos chicas. En el interior, explican, “estaba Víctor Laínez sentado en la barra, y se quedó fijamente mirando a Rodrigo”. Después de que Lanza se sentara, “Laínez le hizo un gesto para que se acercase”. El detenido fue hacia él y, siempre según el comunicado de la familia, la otra persona le preguntó de dónde era, contestando Lanza que de Chile. Tras esto, Laínez le espetó “sudaca de mierda, vuelve a tu país”.

Rodrigo Lanza volvió con sus acompañantes y, al terminar las consumiciones, abandonaron el local “ante la actitud amenazante de Víctor Laínez”. También, apuntan, “tuvieron miedo porque les pareció que Laínez estaba avisando desde su teléfono móvil, a otras personas, de la presencia de los chicos en el bar”.

Cuando Lanza, su amigo y las dos chicas abandonaban el establecimiento, “uno de los acompañantes de Rodrigo le advirtió de que Víctor se dirigía hacia él con una navaja. Rodrigo se giró y vio a Laínez con una navaja en alto. Le dio una patada para evitar la puñalada, pero no se detuvo, Rodrigo decidió darle con el puño. Los chicos abandonaron el bar inmediatamente ante el miedo de que acudieran amigos de Víctor Láinez”.

El comunicado afirma que Laínez levaba una chaqueta negra cerrada, por lo que Rodrigo “en ningún momento pudo ver si llevaba o no tirantes con la bandera de España. Rodrigo se defendió con sus manos de un ataque con arma blanca”.

La familia y los amigos quieren expresar  su “consternación por las diversas versiones que han sido vertidas por los medios de comunicación, sin un atestado acabado, ni la versión de los testigos, ni la de los investigados, y sin que un juez haya tomado declaración a ninguno de ellos. Vulnerando así directivas europeas que protegen la intimidad y la presunción de inocencia de los investigados”. A causa de estas “informaciones no contrastadas”, dicen, “familiares, amigos y entorno, hemos recibido innumerables presiones y amenazas”.

Al comienzo del comunicado, indican también que, “en primer lugar”, quieren expresar su “respeto por el dolor de la familia del fallecido”.

Condena al tratamiento mediático

Madres Contra la Represión también ha emitido un comunicado en el que manifiestan su “más rotunda condena al tratamiento mediático que está recibiendo Rodrigo Lanza”. Este, dicen, permanece detenido desde el pasado lunes, “actualmente no existen cargos judiciales contra su persona, únicamente existe un atestado policial al que ni su abogada ha tenido acceso”.

Partiendo de esta situación, señalan, “varios medios de comunicación han difundido su culpabilidad en un delito que no ha cometido, y por el que el propio Rodrigo ni siquiera todavía ha podido declarar, utilizando el montaje policial que sufrió el 4 de febrero de 2006 en la ciudad de Barcelona, caso que está siendo dirimido en Estrasburgo. Además, se ha producido la difusión de sus datos personales, vulnerando una vez más su derecho a la intimidad y a no ser calumniado”.

“Atacan a un hombre por llevar tirantes con la bandera española y lo dejan en muerte cerebral”. Así rezaba uno de los primeros titulares, aparecido en 'El Heraldo de Aragón' este martes, sobre un caso que en pocas horas ha evolucionado con el fallecimiento del hombre y la detención de un sospechoso de 33 años, como presunto autor de una agresión con una barra de hierro o un sillín de bicicleta. Pero las noticias sobre el suceso estaban lejos de acabar. El acusado del homicidio era Rodrigo Lanza.

No era la primera vez que Lanza, de 33 años y nacido en Chile con nacionalidad italiana, aparece en las noticias. Tampoco será la primera vez que su nombre aparezca en un sumario. El detenido este martes en Zaragoza fue condenado en 2008 a 4 años y medio de cárcel por el ataque a un guardia urbano en el desalojo de una fiesta ocupa de Barcelona en 2006, que dejó al agente en coma. El suceso se conocería popularmente como 'caso 4F', y por él fueron condenadas nueve personas –de las cuales tres acabaron en prisión– mientras que una tercera se suicidó en un permiso penitenciario sin acabar el proceso judicial.

Casi 10 años después de aquella condena, el detenido en Zaragoza sería un expresidiario anónimo si no fuera porque, en el año 2013, Lanza protagonizó el documental 'Ciutat Morta', que ganó el Festival de Málaga y causó una honda conmoción en la opinión pública catalana cuando fue estrenado en TV3. El relato de los hechos que hace el documental producido por Metromuster explica los agujeros en la versión policial que acabó aceptando el juez para condenar a los tres jóvenes.

Desde el entorno de los condenados y del movimiento okupa barcelonés siempre se sostuvo que el objeto que había golpeado al policía en coma la noche del 4 de febrero de 2006 no fue una piedra lanzada desde la calle, sino una maceta lanzada desde un balcón. La versión de la maceta fue la primera que se ofreció de forma oficial desde el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido entonces por Joan Clos, pero después se cambió por la de la piedra, después de que la policía hubiera detenido a varias personas que estaban en la calle.

Varios de los jóvenes, además, denunciaron haber sufrido palizas y vejaciones durante el tiempo de arresto por parte de agentes. En el caso de la acusada que acabó quitándose la vida, Patricia Heras, ella y su entorno siempre aseguraron que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, y que fue detenida cuando se encontraba en el hospital simplemente por tener aspecto de okupa. La película 'Ciutat Morta' presentaba estos hechos, denunciando la existencia de irregularidades policiales y judiciales en el sumario.

Buena parte de los movimientos sociales de Barcelona se volcaron en el llamado caso 4F, hasta el punto que el estreno del documental se vivió en amplios sectores barceloneses como un resarcimiento social a los condenados y a la acusada muerta. El propio Lanza acudió a presentaciones de la película y ofreció charlas explicando su testimonio. Entre otras cosas, el joven aseguraba haberse mudado a Zaragoza para evitar el acoso de la policía municipal barcelonesa.

A falta de la declaración del arrestado y de que se celebre el juicio, a Lanza se le acusa de haber matado a Víctor Laínez de un golpe el pasado viernes, en los exteriores de un bar en el que previamente habrían discutido sobre política. Laínez, perteneciente al grupo de moteros Templarios de la capital aragonesa y, según Falange, afín a esta formación ultraderechista, murió por las heridas cerebrales provocadas por el golpe. Lanza, adscrito a los movimientos okupas y antisistemas, estaba acompañado de un amigo, que ha sido interrogado en calidad de investigado.

El que se abre ahora por la muerte de Laínez será el segundo sumario en el que aparezca el nombre de aquel a quien tantos creyeron condenado injustamente por un delito que no cometió. Será un juez quien vuelva a determinar ahora su responsabilidad en un nuevo posible crimen, pero la vuelta de Lanza al calabozo supone ya un nuevo giro de guión en una historia que, por fuerza, tendrá una segunda parte.

Diversas organizaciones ultras están organizando concentraciones en homenaje a Víctor Laínez, el hombre que murió este martes tras recibir una paliza en Zaragoza el viernes pasado. En la capital aragonesa, Movimiento Aragonés Social ha convocado una concentración, el próximo lunes 18 a las 20:30, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, con el lema “No te olvidamos, justicia y honor, en tu memoria caminaremos contigo”.

En Barcelona, tanto la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios como la organización Somatemps ha convocado sendas concentraciones; unos ante la sede de su hermandad y otros ante la Delegación del Gobierno.

En Madrid, la convocatoria “espontánea”, según Libertad Digital, consistirá en depositar flores en la estatua de Blas de Lezo: “un sencillo gesto para recordar a la víctima, asesinada por su orgullo de ser español”.

Querella de VOX

Por su parte, el partido ultraderechista VOX ha interpuesto este miércoles una querella criminal contra Rodrigo Lanza y otros de los supuestos autores pendientes de identificar por la muerte de Laínez.

VOX ha señalado en una nota de prensa que entiende que además de juzgarse a los acusados por delito de asesinato existe un agravante, como es el delito de odio.

Condena unánime

Las condenas por la muerte de Víctor Laínez se han sucedido hoy en diversos foros políticos. El portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aprovechado su intervención en el Pleno para “condenar con toda repulsa y con verdadera repugnancia el crimen de odio” que se produjo en la capital aragonesa en la madrugada del pasado viernes, cuando Víctor Laínez fue “asesinado por la espalda por exhibir los colores de la bandera de España”.

A continuación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá se ha adherido a la “repulsa” del partido naranja y ha condenado también “todo tipo de insultos” que se puedan producir durante la campaña por las elecciones catalanas del 21 de diciembre contra “candidatos y a personas que democráticamente están haciendo valer sus opiniones y sus ideas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado en su perfil de Twitter: “Como la inmensa mayoría de los españoles, quiero vivir en un país en el que nadie sea agredido ni insultado por llevar una bandera o por pensar de una u otra manera. Tolerancia cero con los radicalismos violentos, vengan de donde vengan”.

Este jueves, a las 12:00, tendrá lugar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. En una declaración institucional, todos los grupos políticos del Consistorio, encabezados por su alcalde, Pedro Santisteve, han condenado la agresión:

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha condenado “radicalmente” el asesinato y ha recordado en rueda de prensa que Zaragoza en Común, el partido en el Gobierno municipal, ya condenó este hecho “mucho antes del fallecimiento de la víctima”.

Además de enviar su pésame a familiares y amigos, ha subrayado que “no hay nada que justifique agresiones de ningún tipo y que Zaragoza es una ciudad de paz y acogedora”. También han informado de que la concejala responsable de la Policía Local, Elena Giner, ha ofrecido toda la colaboración necesaria a la Delegación del Gobierno.