Como en El pastor mentiroso, la fábula atribuida a Esopo, cuya versión en cuento conocemos como Pedro y el lobo, Pedro Sánchez lleva meses pretendiendo sacar ventaja electoral de un particular ¡que viene el lobo de la ultraderecha! Dejó pasar, de una manera tan irresponsable como altiva, la oportunidad de formar un gobierno de coalición progresista y hoy, tras la repetición de las elecciones, nos encontramos con una situación peor que en abril. Con el lobo fortalecido por la estrategia de Moncloa y unas cifras más complicadas para alcanzar un gobierno progresista. El problema es que, a diferencia de lo narrado en la fábula, en la realidad las consecuencias no las paga quien manipula y se sirve de la mentira, sino que las pagamos todos en forma de una menor probabilidad de formación de un gobierno progresista y una mayor probabilidad de nuevo bloqueo o de gran coalición neoliberal. Resumen de la jugada de Sánchez: menos diputados progresistas y ascenso de la ultraderecha.

En Cantabria también tenemos nuestra particular versión política del cuento, tómese en varias acepciones. Incluso contamos también con un Pedro, Casares en este caso, como representante autonómico del Sánchez estatal, que ha visto desvanecerse la victoria del mes de abril, pasando de dos diputados y tres senadores a un diputado y un senador. Y pueden dar las gracias desde el PSOE cántabro por haber sufrido únicamente un retroceso de dos puntos, 15.000 votos menos, en un contexto en el que su partido y Sánchez han sido los mayores responsables de la ausencia de gobierno progresista, de la repetición electoral y de un año y medio de gobierno en el que han ido olvidando las promesas realizadas en la moción de censura para devenir en una versión edulcorada de Rajoy. Todo ello ha llevado a una desmovilización del voto progresista y a los resultados de este 10N. Es hora de que tomen nota y eviten repetir errores.

Lo más preocupante en Cantabria es el giro hacia la derecha y ultraderecha. La victoria del PP en Cantabria, subiendo cuatro puntos y obteniendo dos diputados y tres senadores, donde solo habían conseguido un representante en cada cámara en abril, supone un nuevo refuerzo para las políticas neoliberales que ya se han mostrado fallidas y han generado un enorme sufrimiento y atraso en nuestra tierra. Pero lo preocupante se torna en alarmante cuando a la victoria del PP se suma la entrada de un diputado de ultraderecha que no consiguió escaño en las elecciones de abril. Es obvio que el hundimiento de Ciudadanos, con una pérdida de más de diez puntos y del escaño obtenido en los pasados comicios, ha alimentado a PP y Vox. Pero no es menos obvio que la sustitución de un diputado del PSOE y otro de Ciudadanos por uno del PP y otro de Vox es una pésima noticia para nuestra tierra. Hoy Cantabria se ve más en blanco y negro y se ancla más en el pasado. El progreso social y la tolerancia sufren un duro golpe.

Por su parte, el PRC, el partido al que más rentable le salen las eternas promesas incumplidas, también se ha aprovechado del hundimiento de Ciudadanos, así como de la caída de apoyo a PSOE y Unidas Podemos. Renuevan el escaño de Mazón en Madrid con seis puntos y medio más que en abril, la mayor subida de todos los partidos de Cantabria. Han sido capaces de rentabilizar electoralmente las demandas firmadas por el ejecutivo de Sánchez. Que no por haber sido antes firmadas, e incumplidas, por gobiernos del PP y PSOE, les han rentado menos en las urnas. No obstante, su diputado sería mucho más útil para Cantabria si en lugar de un AVE, que no beneficia a nadie más que al propio PRC y a las constructoras, consiguieran realmente, y no solo sobre un papel, el tren de altas prestaciones a Madrid y Bilbao, la mejora de la red de cercanías, el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, el pago efectivo de la deuda por Valdecilla, la cofinanciación en temas de dependencia o la mejora del sistema de financiación autonómica, que es donde realmente nos jugamos la calidad futura de los servicios e inversiones públicas de Cantabria. Y no digamos si desde el PRC se acordasen de exigir los 250 millones que aprobó el Congreso de los Diputados para inversión en la reindustrialización sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo. No deja de ser llamativo que desde el PRC hayan ignorado, ya sea por desconocimiento o porque no lo consideran relevante, estos 250 millones para inversión productiva. ¿Cuánta creación de empleo están dejando pasar por su negligente actuación en esta cuestión?

Finalmente, Unidas Podemos ha repetido el piñazo de las pasadas elecciones. Incluso intensificado, al reducir en un punto y medio los apoyos recibidos, dejándose casi 9.000 votos en medio año y mostrando una preocupante incapacidad para recabar los apoyos que permitan recuperar el escaño obtenido en 2015 y 2016. Este resultado, que no se explica solo por la tendencia estatal ni por la presencia del PRC, debe llevar a una profunda reflexión sobre la deriva de un proyecto político que ha olvidado de dónde venía y ha tenido demasiado protagonismo de grupos de interés con excesiva fijación en la espalda de los compañeros. Se ha confirmado que un candidato, como del Piñal, que ha estado en el centro de este tipo de dinámica, no puede llevar a una mejora de los resultados ni genera confianza en el votante progresista.

Se vuelve imperiosa la necesidad de reiniciar y reconstruir el proyecto progresista en Cantabria, para reconducir el descontento con la situación socioeconómica y política y evitar la deriva de nuestra tierra hacia posiciones de derecha y ultraderecha. Para ello, como condición ineludible, se debe generar confianza en la sociedad y dejar de lado, de una vez por todas, tanto las dinámicas de camarillas como la patrimonialización del proyecto. Ni puede ser propiedad de una persona ni debe basarse en exclusiva en la preeminencia de un partido. Pocas cosas hay menos progresistas que hacer política por interés exclusivamente personal o de una red clientelar. Construir un proyecto o plataforma progresista con ambición de un profundo cambio social, vocación de mayoría y de ganar, abierto a la sociedad civil, sin control férreo de uno o varios partidos es posible. Con más razón en una tierra en la que, según el CIS, el 41% de la población se define progresista, socialista, socialdemócrata, feminista o ecologista. Hay espacio.

El Banco de España informaba a finales del pasado mes de septiembre sobre el estado de la deuda pública autonómica a mediados de 2018. En el caso concreto de Cantabria la información revelaba que se había llegado al récord histórico de la comunidad autónoma en volumen de deuda pública, alcanzando los 3.131,9 millones de euros. Usualmente ante las noticias de la deuda pública, tanto en Cantabria como en España, el estado de ánimo en su recepción abarca desde el extremo de quienes se tapan ojos, oídos y boca pretendiendo ignorar (y que ignoremos) dicha información, hasta quienes creen ver la señal del inicio de las diez plagas bíblicas. Y ni una cosa ni la otra.

Tapándote los ojos no evitarás que, estando sobre una vía, el tren que viene de frente pase por encima de ti. Tampoco el anuncio diario del apocalipsis hace de este un hecho cierto en el presente o el futuro. Ni todo volumen de deuda pública es sostenible ni tampoco cualquier tipo de endeudamiento es necesariamente negativo. Es necesario entender la dinámica del endeudamiento y sus características tanto estructurales como coyunturales para poder actuar desde la política fiscal de la forma más certera y útil posible.

Poniendo cifras a la evolución nominal de la deuda pública en Cantabria, como se observa en la figura 1, hasta el inicio de la Gran Recesión el volumen se podría considerar bajo con una tendencia leve de crecimiento. Es a partir del año 2010 cuando el endeudamiento público se acelera, especialmente hasta el año 2013 incluido este.

En esos años el incremento interanual de la deuda pública superaba normalmente el 30%, llegando a un aumento máximo del 82,2% al inicio de 2011. Desde 2013 hasta la actualidad se ha mantenido la tendencia al crecimiento, aunque moderando su incremento interanual. Desde 2016 este nunca ha superado el 10% y se ha ido reduciendo hasta el 2,8% en el segundo trimestre de 2018, último dato publicado por el Banco de España.  

No obstante, la evolución del endeudamiento nominal no es del todo satisfactoria para explicar la relevancia de la deuda pública. Conviene también analizar el endeudamiento en base a la capacidad de pago. En la figura 2 se muestra una aproximación simple a dicho enfoque, analizando la evolución del ratio de deuda pública en relación al PIB de Cantabria.

En general se pueden corroborar las tres fases previamente identificadas en la evolución de la deuda pública cántabra: 1) bajo endeudamiento hasta la Gran Recesión; 2) crecimiento acelerado de la deuda pública entre 2010 y 2013; 3) crecimiento, con moderación en su ritmo, desde entonces. Sin embargo, también se observan matices relevantes al considerarlo en términos de ratio sobre el PIB.

En primer lugar, el crecimiento nominal de la deuda pública antes de la Gran Recesión no se corresponde con un crecimiento de su peso sobre el PIB, estable en torno al 3 o 4%. Lo que significa que el PIB creció a un nivel similar o superior que el endeudamiento público neto, siendo relativamente liviana la carga de la deuda pública.

En segundo lugar, este enfoque permite dar una idea relativa del incremento del endeudamiento en los peores años de la Gran Recesión. Desde inicios de 2010 hasta finales de 2013, el ratio de deuda pública sobre el PIB se multiplicó casi por 4, pasando del 5 al 18,5%. Este fue el periodo esencial de generación del endeudamiento del Gobierno de Cantabria. Y es cierto que una parte del mismo era prácticamente inevitable debido al efecto de la crisis, con la caída general de la actividad económica, así como, de manera relacionada, el incremento de las necesidades del gasto público (que no se cubrió al completo), el aumento del coste de financiación y la reducción de los ingresos tributarios.

Sin embargo, también se deben señalar los errores en la política fiscal como otro de los factores que explican tanto el incremento de la deuda como el agravamiento de la crisis económica. Errores cometidos por el anterior Gobierno PRC-PSOE y, especialmente por la gravedad de la política de recortes indiscriminados, por el Gobierno del PP. Errores que no tuvieron consecuencias meramente estructurales, sino que han dejado una indeleble huella estructural en la economía y la sociedad de Cantabria. Errores de un enfoque de política económica neoliberal tremendamente perjudicial.

En tercer lugar, en el análisis de los datos de la deuda pública como porcentaje del PIB se observa que desde el año 2016 se ha estabilizado en torno al 22 o 23%. Parece que se han acompasado los ritmos de crecimiento del endeudamiento y de la producción, permitiendo en un futuro próximo, siempre que no se produzcan más errores en la gestión de la política fiscal o shocks exógenos negativos, afrontar un nuevo escenario de reducción del volumen relativo de deuda pública sin que se produzcan efectos negativos sobre la economía de Cantabria. Sin embargo, conviene también no olvidar que el margen de maniobra todavía es bastante limitado debido a que el volumen de endeudamiento es considerablemente superior al existente hace una década (23,5% actualmente, 3,1% hace una década). Y esto en absoluto es neutral o trivial.

La situación en el aspecto de la deuda pública y la política fiscal, como en todo en la vida, es la que es. Ni se puede cambiar el pasado ni se puede ignorar la situación presente. Pero sí que se puede aprender de lo ocurrido para actuar a partir de este momento. En base a lo aprendido es necesario adoptar una posición más responsable ante la política fiscal en Cantabria. Es posible adoptar una senda que, a la vez que permita una reducción relativa del volumen de deuda pública, refuerce el Estado de Bienestar y contribuya al cambio en la estructura productiva cántabra. Se trata, sencillamente, de acompasar la amortización de la deuda pública existente con la priorización de inversiones económica y socialmente (no políticamente, y menos en año electoral) necesarias.

Sirvan como ejemplo, la necesidad de multiplicar la inversión en I+D+i o incrementar la inversión en educación, dependencia o sanidad. En estos ejemplos, la inversión y el gasto público, si se realizan de manera acertada, pueden llevar a fortalecer la economía cántabra a medio y largo plazo, permitiendo no solo un desarrollo socioeconómico deseable sino, además, incrementando la facilitad del pago del endeudamiento previo.

Si esto se complementase con una obtención de recursos tributarios más progresiva en términos de renta y riqueza se incrementaría la probabilidad de una entrada de la economía cántabra en una espiral virtuosa. En las próximas semanas se negociarán los presupuestos generales de Cantabria. Buen momento para dejar de hacer lo de siempre, que se ha mostrado como modelo fallido, y comenzar un cambio en este sentido.

Cuando parecía que los tiempos de reproches y dardos envenenados entre unas facciones y otras de Podemos Cantabria habían terminado, o habían disminuido en su intensidad, la dimisión del hasta ahora diputado morado José Ramón Blanco tras las denuncias de acoso de tres compañeras ha dejado claro que se trataba de un espejismo.

A mes y medio para elegir cabeza de lista para las elecciones autonómicas de 2019, el sector afín a la secretaria general, Rosana Alonso, y el de la diputada crítica con la dirección, Verónica Ordóñez, reavivan la llama del enfrentamiento que ya tuvieron en abril durante las primarias del partido.

Y es que todo apunta a que en el proceso que concluirá a finales de noviembre con candidato o candidata a la Presidencia de Cantabria se jugará el partido de vuelta de aquellas primarias en las que Alonso, respaldada por Blanco, se impuso por 41 votos a la otra candidata, que inicialmente partía como favorita. 

Pero hasta llegar a ese punto, las crisis en el seno de la formación se han ido sucediendo a lo largo de los tres años desde que se asentó en Cantabria. La primera de ellas fue bien pronto, en las elecciones internas de 2015, las cuales acabaron en los tribunales ante la expulsión del proceso del exsecretario de Podemos en Santander y abogado Juanma Brun.

Su rival, Blanco, lideró la candidatura y logró un buen resultado al obtener tres diputados en el Parlamento. Sin embargo, el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), el órgano de dirección política, le retiró la confianza poco tiempo después, en la primavera de 2016, lo que provocó su abandono como secretario general.

No obstante, la dimisión de su sucesor, el exsecretario general Julio Revuelta en junio de 2017 -que se había impuesto con claridad en las primarias un año antes- junto con la de parte importante del Consejo Ciudadano Autonómico desencadenó el estallido definitivo de una guerra fraticida. 

Dirección en funciones

Fueron diez meses hasta las primarias con una dirección en funciones, a cargo del entonces coordinador autonómico, Alberto Gavín, que no contentaba a los círculos de mayor peso en la comunidad, y que contaba casi con el único apoyo del conocido como 'sector castreño'. Reproches y acusaciones cruzadas entre peticiones reiteradas de primarias por parte de los críticos marcaron este periodo, a lo que había que sumar el enfrentamiento abierto entre los tres diputados del grupo parlamentario, más palpable entre Blanco y Ordóñez. 

A pesar de que en abril se esperaban unas primarias que siguieran esa línea convulsa, se celebraron en una relativa calma que ha perdurado hasta ahora. Pero según los nuevos acontecimientos, los tiempos de agitación política en el partido morado vuelven a emerger a las puertas de un proceso que marcará la trascendente cita electoral de 2019, y con el hándicap de las ilusiones y el empuje de un Podemos ambicioso recién aterrizado en la escena política en 2015 desvanecidos. 

La estrategia Europa 2020 fue adoptada hace ocho años por los países de la Unión Europea con el objetivo general de alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible que permitiera obtener mejoras en el empleo. La iniciativa fue aprobada en el peor momento de la reciente crisis económica y financiera, pero no solo como una mera respuesta coyuntural a la misma, sino como una estrategia para la transformación estructural de las economías europeas pensando en el largo plazo y en un contexto mundial de creciente globalización e intensificación tecnológica.

Para ello se establecieron objetivos específicos cuantificables en materias como el empleo, la tecnología, el medio ambiente, la educación y la distribución de la renta. En concreto, alcanzar en el año 2020 los siguientes umbrales de referencia: el 75% de empleo para la población entre 20 y 64 años, el 3% del PIB destinado a I+D+i, un 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que las existentes en 1990, un aumento del 20% de la eficiencia energética, llegar al 20% de energía procedente de fuentes renovables, bajar del 10% en el abandono escolar, que al menos el 40% de la población entre 30 y 34 años tenga estudios superiores y que se reduzca en 20 millones el número de personas en situación de pobreza o exclusión social en la Unión Europea.

Se puede discutir si la cuantificación de los objetivos específicos es suficientemente ambiciosa para el objetivo general, si este se enfoca adecuadamente o si esos objetivos específicos son los mejores indicadores del desarrollo socioeconómico en un país. Seguramente también fuera deseable incluir objetivos específicos relacionados, por ejemplo, con la igualdad de género, la lucha contra la precariedad laboral, una visión de la distribución de la renta más completa o el reto demográfico al que se enfrentan los países de la Unión Europea, entre algunas de las cuestiones relevantes que pueden venir rápidamente a la cabeza. Y, sin duda, todas estas dimensiones y otras de relevancia análoga deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo socioeconómico a largo plazo. No obstante, también resultará difícil negar que los ocho objetivos de la estrategia Europa 2020 son, todos ellos, altamente relevantes no solo en el ámbito económico, sino también en lo relacionado con el bienestar individual y social. Encontrándose todos ellos muy ligados a la potencial mejora social y económica en el largo plazo.

Pasando de la estrategia declarada a los hechos, cabe preguntarse si se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos específicos de Europa 2020. Es cierto que todavía quedan dos años y unos meses para completar el año 2020, momento a partir del que se podrá evaluar definitivamente el grado de cumplimiento de los objetivos específicos. No obstante, ha pasado el tiempo suficiente para analizar si en España avanzamos en la dirección adecuada para su cumplimiento. En el siguiente gráfico podemos observar el grado de cumplimiento, respecto a los objetivos originales acordados en 2010 (posteriormente se configuraron objetivos asimétricos por miembro), para España en el último año con datos disponibles, 2017 o 2016 según la variable, así como para la media de la Unión Europea.

Cumplimiento de los objetivos específicos de la estrategia Europa 2020 (en %)

En general, en España hay un menor avance hacia el cumplimiento de los objetivos que en la Unión Europea. Aunque quizás el aspecto que más destaca en el análisis es la desviación, tanto para España como para la Unión Europea, en el objetivo de reducción de pobreza o exclusión social. En ambos casos, aunque con mucha mayor intensidad en el español, ha aumentado la población en dicha situación en lugar de reducirse. Hecho significativamente indicativo tanto del impacto especialmente duro de la crisis sobre las rentas más bajas como del fracaso o la falta de políticas públicas que corrijan dicha situación.

En el empleo, mientras que la Unión Europea parece cerca de alcanzar el objetivo de la estrategia, en España todavía nos encontramos notablemente lejos. En I+D+i en España, hasta el momento, no se llega ni a la mitad del objetivo planteado. En las cuestiones medioambientales hay resultados asimétricos según el objetivo. En términos de eficiencia energética, tanto España como en la media europea se ha alcanzado prácticamente el objetivo en su reducción. En energías renovables se está algo más lejos, pero el ritmo de avance invita a pensar que se puede lograr. Sin embargo, en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la media europea ha alcanzado el objetivo, en España apenas se ha superado la mitad del mismo. En lo relativo a la educación, una de cal y una de arena. Mientras que en España se ha cumplido con el objetivo para el nivel de educación superior, en términos de abandono escolar el país se encuentra muy lejos del objetivo fijado. Por su parte, la media europea parece en condiciones de alcanzar ambos objetivos educativos.

En resumen para España, el avance hacia los objetivos de la estrategia Europa 2020 ha sido nítidamente inferior al de la media europea, claramente insuficiente para cumplir los objetivos planteados en 2010 y, lo más preocupante, el país tiene graves deficiencias en cuestiones vitales para nuestro futuro como son la reducción del abandono escolar, la inversión en I+D+i, la reducción de gases de efecto invernadero, la creación de empleo y, especialmente, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La solución a los problemas derivados, directa e indirectamente, del incumplimiento de la estrategia Europa 2020 en España junto a la ampliación de la perspectiva más allá de dicha estrategia, lo que sería deseable, solo puede venir de un giro de 180 grados en la política económica del país. Reincidir en el error de una política económica que se ha mostrado fallida, sea por la vía dura como aplicó el Gobierno de Rajoy o por la vía edulcorada seguida por el Ejecutivo de Zapatero, resultaría fatal para las aspiraciones de mejora real en la vida de la gente.

Hacen falta recursos adicionales y una nueva orientación de política económica si se pretende converger con los países más desarrollados económica y socialmente de nuestro entorno europeo. No cambiar dicha orientación de política económica nos llevará a perder nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico y perder calidad de vida. Y ya hemos perdido demasiado en este sentido.

La España del 38% o la España de Montoro. Un país que un día comenzó a separarse de Europa y empezó a navegar en solitario por el Atlántico. Como en 'La balsa de piedra' de Saramago, pero en esta ocasión sin la compañía de Portugal. Mientras nuestros vecinos portugueses han comenzado a poner en práctica una política fiscal que les acerque a la Unión Europea, en España el vetusto ministro de Hacienda ha decidido que el camino marcado en la novela de Saramago es el que desea y ha trazado hace tiempo un rumbo que nos aleja progresivamente de franceses o alemanes y nos acerca nuevamente a un estilo fiscal subdesarrollado.  

Volvemos a desandar, sin haber llegado siquiera a completarlo, el camino de la convergencia con nuestros vecinos europeos. Avanzamos, como país, en dirección contraria a lo que se supone que debiéramos. Ahora mismo la convergencia fiscal avanza más hacia lo latinoamericano que hacia lo europeo. Volvemos a mirar hacia el subdesarrollo fiscal, hacia el modelo castizo que ansía Montoro, un ministro mucho más cercano a las prácticas fiscales del siglo XIX que a las del siglo XXI.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 vuelven a mostrar que la idea de Montoro de lo que debe ser España es la de un país atrasado, con una élite que disfrute de un gran bienestar económico y una mayoría de población que deba trabajar más en actividades de bajo valor, gane menos por su trabajo, pague proporcionalmente muchos más impuestos de lo que venía pagando y, por supuesto, no reciba los mismos servicios públicos de calidad ni universales ligados al Estado de Bienestar. Es decir, una sociedad que viva en el siglo XXI, porque al ministro no le queda otra más que aceptar el paso del tiempo, pero que lo haga con unas condiciones distributivas como las del siglo XIX, revirtiendo los avances conseguidos con el Estado de Bienestar y las políticas redistributivas progresivas.

Por suerte Montoro no tiene la capacidad directa de imponer un país de ese estilo. Lo cual no es óbice para que en su programa de reforma silenciosa imponga paso a paso su modelo fiscal castizo, su vuelta al pasado. Y no lo hace con un plan secreto, lo hace públicamente y con orgullo. Al menos se ha de reconocer al ministro su claridad al declarar hace menos de un mes que “en España estamos ocho puntos por debajo de la carga fiscal media: un 38% frente al 46% de promedio europeo. La izquierda quiere equiparación con Europa pero yo no, porque esa es también nuestra ventaja competitiva para industrias como el turismo”.

No lo oculta, para Montoro un país con una política fiscal y unas condiciones económicas atrasadas son una ventaja. Lo que no dice es para quien resulta una ventaja. Claramente lo es para las grandes empresas y los grandes capitales que se han beneficiado, por una parte, de las reformas tributarias regresivas que han trasladado su carga fiscal hacia el resto de la población y, por otra parte, pueden hacer negocio con los servicios públicos recortados o directamente privatizados por la política fiscal inducida por el ministro.

A su vez, está claro que dicho estilo de política fiscal afectará negativamente a la vida de la mayoría de la población. En primer lugar, porque sobre está recaerá, probablemente a través de impuestos regresivos como el IVA, el pago de las cargas fiscales de las que se libran los pocos beneficiados por el estilo fiscal castizo de Montoro. En segundo lugar, también será la mayor parte de la población la perjudicada por una provisión menor y de peor calidad de servicios públicos.

Hay que tener presente que no nos dicen la verdad cuando afirman que no hay dinero para mantener el poder adquisitivo de las pensiones o mejorar las que son más bajas, incrementar la calidad de la educación, reducir las listas de espera en sanidad, asegurar el acceso a la vivienda, invertir en I+D+i y modernizar nuestra estructura productiva, luchar contra la precariedad laboral o para evitar que tengan que emigrar los jóvenes de nuestro país por falta de oportunidades.

Si otros países europeos cercanos tienen todo esto y más es porque no se conformaron con repetir en los siglos XX y XXI las condiciones con las que se vivió en el siglo XIX, porque no se conformaron con ser países del 38%. Por eso en la Unión Europea los servicios públicos se financian con un 45-46% del PIB y no con el 38% como se hace en España. Incluso en casos como los de Francia, Suecia, Finlandia o Dinamarca llegan a superar el 50%. Un diferencial con España que puede explicar por sí solo las distancia en la calidad de vida y las perspectivas de futuro con estos países.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 suponen un nuevo paso más en la construcción del país del 38%. Un tipo de país castizo y subdesarrollado frente al que se puede y se debe plantear y poner en marcha una alternativa. El modelo lo tenemos en otros países europeos próximos. Ni siquiera sería necesario inventar nada nuevo, sino que sería suficiente, para avanzar notablemente, con adaptar lo que ha funcionado en estos. Pero mientras no se haga nada en este sentido sabemos que Montoro seguirá avanzando en la construcción fiscal de su modelo de país. Y la mayoría de los que lo vivamos lo sufriremos significativamente.

El exsecretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, ha anunciado este jueves a través de su cuenta de Twitter que emprenderá acciones legales por lo que considera una “campaña de acoso” contra su persona en un canal de Telegram que utilizan de forma anónima miembros del partido morado en la comunidad autónoma.

En este canal, que tiene una cuarentena de seguidores y en el que se pueden verter mensajes sin necesidad de identificarse, se acusa a Revuelta de “aupar al cortijo” a la diputada nacional Rosana Alonso, recientemente elegida secretaria general de la formación, a cambio de “un puestuco” en MARE en el que va a ganar “600 euros por cada reunión” a la que asista. Igualmente, se le reprocha haberse comportado como una “auténtica rata” por callar la “corrupción” del diputado Alberto Bolado, quien está enfrentado a la dirección nacional por negarse a donar parte de su sueldo, como marca el reglamento interno.

El exidirigente de Podemos niega tajantemente cualquier acuerdo “ni con Rosana ni con nadie”. “Nadie me ha ofrecido nada en MARE, y es que aunque me lo ofrecieran no lo iba a aceptar porque profesionalmente estoy centrado en la Universidad”, asevera Revuelta, que es profesor de Economía en la Universidad de Cantabria.

En declaraciones a este diario, explica que este canal lleva echando “mierda” en cuestiones relacionadas con Podemos Cantabria “más de un año” y añade que su actividad se intensificó a raíz de la convocatoria de primarias. Aunque hace casi un año cuando dimitió como líder del partido también se lanzaron mensajes sobre su persona, entiende que en aquel momento estaban vinculados a la acción política y, sin embargo, en este último mes son acusaciones que dañan su imagen personal.

En este sentido, asegura estar “cansado” y apunta que le da “rabia” porque le afecta profesionalmente y porque, además, “no hay ni un poquito donde puedas decir que es una interpretación con una base real, no”. “Les podría haber dado por decir cualquier otra burrada y les dará si no se pone fin”, apostilla.

Por ello, está recogiendo la información para llevar un dossier a un abogado especialista en estas cuestiones vinculadas a las redes sociales y presentar, si es oportuno, una querella por injurias o calumnias. Así, incide en que si lo lleva a los tribunales es porque está “cansado de la cobardía” y subraya que no tiene ninguna pretensión económica, sino que se identifique a la persona o personas que se dedican a verter estos comentarios que son “literatura de ficción”. Al respecto, afirma que “tiene sospechas pero certezas ninguna” de quién o quiénes pueden estar detrás.

Revuelta, que fue acusado por el exconsejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, de un delito de intromisión al honor del que salió absuelto, no es el único sobre el que se centran las críticas. También son dianas habituales la propia Rosana Alonso, a la que recriminan que pase “más de media semana fuera de Cantabria” siendo secretaria general del partido o que no sepa lanzar un discurso sin leer; el diputado Alberto Bolado por su conflicto con la donación del sueldo o Daniel Ahumada, al que también acusan de colaborar con la campaña de Alonso a cambio de un puesto retribuido.

En términos históricos es muy complejo señalar cuál puede haber sido la mayor pérdida del patrimonio común para nuestra tierruca. Sin embargo, acotando el horizonte temporal desde que Cantabria se constituyó en comunidad autónoma hasta nuestros días, quizás se pueda señalar lo ocurrido con Caja Cantabria como la mayor pérdida de nuestro patrimonio común.

Todo lo acontecido durante las dos últimas décadas en torno a Caja Cantabria ha llevado a la pérdida de una herramienta de primer orden para el desarrollo de Cantabria. En un breve repaso de lo que hemos perdido por las decisiones políticas y de gestión empresarial tomadas sobre la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (de denominación comercial y popular Caja Cantabria) especialmente en los últimos años de su existencia, podemos identificar efectos negativos a varios niveles: para los hogares, las empresas y el sector público.

En términos generales, el crédito en Cantabria ha caído desde 2008 un 36,7%. El hecho de que la economía cántabra tenga actualmente acceso solo a dos terceras partes del crédito existente hace una década no se explica únicamente por la crisis, pues esta afectó a toda la economía española y en Cantabria la caída relativa ha sido mayor. En el caso cántabro, buena parte del diferencial negativo con el marco de comparación estatal se encuentra en la pérdida de Caja Cantabria como entidad financiera propia tras su integración en Liberbank.

Pero la pérdida para la economía de Cantabria no solo es una cuestión que afecte al crédito en términos generales. También se han producido importantes efectos asimétricos en el acceso al crédito. En el caso de los hogares, hoy en día en muchos casos es muy complicado acceder a la financiación de una vivienda. Lo que en la práctica resulta en una exclusión al acceso a un bien básico para el que hace unos años no hubieran tenido problemas. Por otra parte, los cierres de oficinas de la antigua Caja Cantabria, la sustitución de empleo por máquinas y negocio por internet o la adopción plenamente de prácticas de negocio bancario han supuesto el incremento del riesgo de exclusión en el uso de los servicios financieros de las personas de más edad o de personas que viven en entornos rurales. Por no hablar de la comercialización de productos que no se corresponden con el perfil de las personas a las que se ofrecen. En esta última cuestión seguro que muchos pensarán en las participaciones preferentes, y no es para menos, pero el caso llega mucho más allá. Por casualidad, esta misma semana al ir a utilizar un cajero pude ayudar a una persona mayor que no sabía utilizar una tarjeta que le habían vendido y que, en su frustración, me comentó que ni siquiera la quería pero que ahora pagaba por ella y no la sabía utilizar. Este caso, para nada trivial, nos habla del día a día de la asimetría de información en el sector financiero, de la exclusión financiera en la práctica y de cómo hay quien gana y quien pierde con ella. Y aquí una herramienta como fue Caja Cantabria durante buena parte de su historia (hasta que empezó a funcionar progresivamente como un banco… llegando, posteriormente, a ser parte de uno), hubiera podido desarrollar una línea de funcionamiento con mayor peso de los criterios sociales que del criterio de maximización del beneficio.

Los efectos se extienden también a la financiación empresarial, donde muchas pequeñas y medianas empresas tienen un acceso muy limitado al crédito, o no tienen acceso al mismo. Esto ha afectado negativamente al empleo que se ha podido crear en Cantabria, así como a la falta de financiación para la necesaria modernización de nuestra estructura productiva. Añadamos la pérdida directa de cientos de empleos dentro de la propia entidad financiera. Que, quizás por tener una mayor fragmentación de sus centros de producción no haya sido tan visible pero que si quisiéramos hacernos una idea podríamos visualizarlo como el efecto del cierre de una gran factoría.

También el propio Gobierno de Cantabria hubiera podido financiar parte de su endeudamiento a unos tipos de interés mucho más reducidos en caso de haber dispuesto de una herramienta que primase el desarrollo socioeconómico común sobre la maximización del beneficio. Pero esa herramienta se perdió cuando Caja Cantabria abandonó su naturaleza histórica (antes incluso de dejar de ser legalmente una caja). Sin dicha pérdida los cántabros podríamos haber evitado pagar parte de los intereses que el Gobierno de Cantabria ha abonado (en los últimos cinco años algo más de 300 millones) de haber contado con una financiación más asequible con Caja Cantabria como herramienta financiera. La misma lógica que para el ejecutivo autonómico podríamos aplicar para los ayuntamientos.

Y estos son solo algunos de los efectos sin entrar en otras cuestiones relevantes como, por ejemplo, la capacidad perdida de la potente obra social que realizaba la entidad o la pérdida de capital de más de 300 millones de euros entre lo que suponía la antigua Caja Cantabria y la participación de la fundación actual en Liberbank. La pérdida económica para Cantabria por esas decisiones tomadas en torno a Caja Cantabria ha sido uno de los mayores lastres con los que nuestra tierra ha podido afrontar la crisis que la azota desde 2008. Y no pensemos que fue una pérdida producida en un único momento o por la crisis.

Se comenzó a comprometer el valor de Caja Cantabria como herramienta común de desarrollo para nuestra sociedad y nuestra economía desde que se sustituyó progresivamente un modelo que fue exitoso (tanto como para batir al mismo Banco Santander en varios segmentos del negocio financiero en Cantabria), sostenible durante más de un siglo y contribuyó al desarrollo cántabro por una caja que cada vez funcionaba más como un banco. Posteriormente, sucesivas vueltas de tuerca en esa dirección, tanto por decisiones regulatorias, políticas y de gestión en la entidad, no hicieron sino agravar el problema. Por lo que no fue la crisis ni fue algo inevitable lo que ha ocurrido con Caja Cantabria. Más bien fue algo que se alimentó voluntariamente, cuando se tomaron sucesivas decisiones que acabaron poniendo en riesgo un patrimonio público común cántabro.

Dada la pérdida común de esa herramienta de desarrollo y el vacío que ha dejado en la economía de Cantabria, hay que preguntarse qué pasó. Es necesario investigar cómo y por qué se tomaron las decisiones para este resultado, estudiar con profundidad y rigurosidad las consecuencias de tales decisiones y, si se diera el caso, exigir responsabilidades. Es difícil de entender por qué a nivel estatal o en otras comunidades autónomas se está investigando en los parlamentos qué ocurrió con situaciones relativamente similares y aquí no. Es, también, difícil entender que una pérdida común que superaría los cientos de millones de euros se haya producido en medio de un silencio ensordecedor, en lo social y en lo mediático. Lo ocurrido con Caja Cantabria merece una investigación que arroje luz sobre la cuestión. Por el daño económico y social causado, por la pérdida de una herramienta para el desarrollo que ahora echamos en falta y, también, porque un mejor conocimiento sobre lo ocurrido puede permitirnos aprender para no repetir errores en las pocas herramientas comunes de desarrollo que nos quedan.

Lakoff ha hecho mucho por recordarnos que las palabras ni son inocentes ni son neutrales. Con el ejemplo sobre el efecto al que induce la expresión “no pienses en el elefante” sobre quien la lee o escucha (¿en tu cabeza ahora hay una imagen de un elefante?), su relación con el lenguaje político y su análisis, busca encontrar salidas de marcos en los que las posiciones conservadoras neoliberales han encadenado sucesivas victorias desde la década de los 80. Cuando, utilizando como punto de inflexión la situación socioeconómica, política y cultural existente tras las crisis del petróleo de la década anterior, el paradigma neoliberal forjó una hegemonía duradera hasta la actualidad.

Sin embargo, quizás convenga pensar en un elefante, uno en particular. En el gráfico o curva del elefante de Milanovic, una de las representaciones gráficas más famosas de los últimos años en la economía. Los trabajos de Piketty, Stiglitz, Deaton, Galbraith o el propio Milanovic, junto a la reciente crisis económica y financiera y a las tensiones derivadas del impulso globalizador en las tres últimas décadas, han llevado a situar las cuestiones distributivas y redistributivas en el centro del debate académico y político. 

Milanovic en Global Inequality: a new approach for the age of globalization, su último libro, analiza detalladamente la desigualdad global, entre países y dentro de los países. Sin duda acertó en la decisión de utilizar esta representación gráfica sobre el crecimiento de la renta (eje vertical) por niveles de renta (eje horizontal, cuanto más a la izquierda menos renta, cuanto más a la derecha más renta) durante las últimas décadas.

Simplificando la representación con una figura como la de debajo, podemos observar, en un principio, cuatro zonas diferenciadas: I. Las rentas más bajas en el mundo (20% menor), incluyen a la mayor parte de la población de los países menos desarrollados, que, además de ser rentas extremadamente bajas, han crecido poco en las últimas décadas; II. Las rentas medias mundiales (del 20 al 75%), principalmente economías emergentes no completamente desarrolladas, que durante este periodo han tenido un crecimiento notable, creando un germen de clases medias en países donde previamente dominaba la polarización en la distribución de la renta; III. Las rentas medias-altas y altas del mundo (del 75% al 99%), incluyen la mayoría de la población de los países desarrollados (España entre ellos) que ha visto como desde los años 80 su crecimiento real ha sido muy bajo; IV. Las rentas más altas en el mundo (1% más rico), estrato que ha ido caracterizándose porque recibe remuneración de un capital transnacionalizado, con gran crecimiento.

El gráfico del elefante refleja de alguna manera el reparto del crecimiento de la renta mundial entre los diferentes grupos de renta existentes. Pese a que el interés, tanto del gráfico como del tema en cuestión, da para mucho más (tanto como para un libro… que ya ha escrito Milanovic, de indispensable lectura), por cuestión de espacio y por focalizar en lo que más directamente afecta al lector potencial de estas líneas, acotaré el análisis en la zona señalada como III y en las dos flechas azules que salen de la misma, una hacia la zona II y otra hacia la IV.

En esa zona III, donde nos encontramos, por ejemplo, la mayoría de quienes vivimos en España, el crecimiento relativo de la renta real desde los años 80 ha sido significativamente bajo si se compara con el crecimiento medio de la renta mundial. Esta evolución, que ha afectado principalmente a la población asalariada y a los pequeños empresarios en Europa y Norteamérica, no puede separarse, por una parte, de lo que ha ocurrido en el sistema global y, por otra parte, de las dinámicas económicas y políticas nacionales. Se han producido dos grandes desplazamientos de la apropiación potencial de rentas desde la población del grupo III hacia parte de la población de los países en vías de desarrollo (nos sonará, por ejemplo, el proceso de deslocalización, también el de desindustrialización) y hacia el 1% más rico del mundo (tengamos presente, por ejemplo, el incremento de la desigualdad en España). Estos son los flujos de transferencia señalados por las flechas azules, uno transfiere apropiación de renta de unos trabajadores y pequeños empresarios de países desarrollados hacia otros de países en vías de desarrollo, mientras que el otro la transfiere de los trabajadores y pequeños empresarios de los países desarrollados hacia los grandes propietarios de capital a escala transnacional.

¿Y con todo esto qué? Pues esto es, ni más ni menos, que el sustrato común para las principales transformaciones económicas, sociales y políticas que vivimos en nuestro día a día en España y en Europa. ¿Te preocupan las pensiones? ¿Crees que tu trabajo se ha precarizado? ¿Qué trabajo? ¿Tras estudiar la carrera, el máster e idiomas no se han cumplido las expectativas que te animaron a tener? ¿Y la tecnología? ¿Consideras la vivienda un lujo y antes no lo era? ¿Qué explica el Brexit, la presidencia de Trump u otros cambios políticos que se han dado y se seguirán dando en Europa? Será difícil encontrar respuestas satisfactorias si, además de las características propias de cada una de estas cuestiones, no tenemos en cuenta el condicionante que ha supuesto el marco hegemónico neoliberal desde los años 80 y las crecientes tensiones que ha ido acumulando.

Las reformas introducidas a través de las políticas económicas nacionales e internacionales de inspiración neoliberal, han acelerado el proceso de traslado de la renta y la riqueza a escala global (o proceso de shifting wealth). Este proceso ha transferido estructuralmente renta a escala global, absoluta y relativamente, erosionando la posición relativa en términos de renta de las clases populares en países como España. De ahí que Stiglitz, en la revisión de su libro El malestar en la globalización haya incluido a dichas clases populares entre las dañadas por este proceso globalizador de enfoque neoliberal, señalando la necesidad de reformarlo profundamente.

¿Es posible dar un nuevo rumbo a la globalización? Claro que la hegemonía económica neoliberal tiene alternativa. Siempre es posible el cambio, aunque las posibilidades no sean siempre iguales. Otra cosa es cuándo o como se dé. En la reciente historia económica, sin ir más allá de los siglos XIX y XX, ya encontramos ejemplos de ello. La fase liberal parecía estable pero medio siglo después de su colapso encontramos el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa y la conocida como fase dorada de la economía mundial (1945-1973), con una reducción histórica de la desigualdad en los países desarrollados. Sin embargo, también existen riesgos y nuevamente la historia reciente nos lo recuerda con lo ocurrido entre 1914 y 1945. Por ello, no se trata meramente de poner sobre la mesa alternativas al neoliberalismo, sabemos que existen. La clave práctica, como lo fue entre 1945 y 1973, es construir esa alternativa, teniendo en cuenta las características específicas de nuestro tiempo y las probabilidades de cambio futuro, dentro de una narrativa inclusiva, aglutinadora, que permita desarrollar mecanismos que corrijan los desequilibrios actuales de forma coherente con las demandas económicas y sociales centrales siendo capaz de ganar apoyo hasta el punto crítico en que esa alternativa potencial sustituya a la hegemonía neoliberal.

La dirección interina de Podemos en Cantabria ha salido al paso de las críticas vertidas por algunos dirigentes del partido, entre ellos el diputado José Ramón Blanco, que a raíz de la última estampida de un miembro del Consejo Ciudadano han denunciado la deriva autodestructiva de la formación y han hecho un llamamiento a la apertura.

Tras conocerse la marcha de Jesús Viadero de este órgano político, que ya han abandonado 12 de sus 34 miembros, Blanco, el exsecretario general Julio Revuelta y otros cargos dimitidos, como la exresponsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Ruth Ruiz Toñano, cuestionaron públicamente al coordinador del Consejo Ciudadano, Alberto Gavín, y acusaron a la actual dirección en funciones de estar “cargándose” el proyecto político de Podemos.

En un comunicado colgado en su página de Facebook -y no remitido a los medios-, la formación morada ha achacado estas acusaciones al inicio de la precampaña de las primarias, las cuales se han pospuesto hasta la “primavera de 2018”, e insta a “dejar los personalismos” y a “remar todos juntos y trabajar por mejorar Cantabria”.

Así, en la nota de prensa, que no va firmada por ningún cargo, se lamenta los “continuos ataques” de los últimos días que “dañan la imagen del partido de cara al exterior” y se defiende la legitimidad del Consejo Ciudadano Autonómico, que “no es una gestora por mucho que insistan falsamente y con dolo ciertas personas”.

De igual modo, el partido rechaza las descalificaciones de “vagos y maleantes” dirigidas “a un grupo de personas voluntarias que forman un Consejo Ciudadano que permanece en silencio para no dañar la imagen del partido que continuamente está siendo machacada”.

Sobre el retraso en la convocatoria de las primarias, defiende que “se ha seguido escrupulosamente el procedimiento y el plan del anterior secretario general” y subraya que “ya tienen fecha, poniendo de esta forma un punto y final al presente mandato”.

“Con este comunicado queremos intentar calmar las agitadas aguas de nuestra organización. No vamos a permitir que continuos ataques internos dividan este proyecto. Aunque algunos prefieran centrar sus esfuerzos en comenzar ya una campaña de cara a las venideras primarias, ahora no es el momento. Ahora es el momento de dejar personalismos, remar todos juntos y trabajar por mejorar Cantabria y el día a día nuestro pueblo”, concluye.

El escrito que actualmente se puede ver en la página de Facebook del partido ha sido modificado, ya que en la primera versión se criticaba expresamente a Blanco y al también diputado Alberto Bolado, igualmente enfrentado con la actual dirección. De hecho, Bolado ni siquiera acudió al acto de presentación del proyecto político Arronti Cantabria en el que participó Pablo Iglesias alegando que tenía una cita concertada con un colectivo vecinal de Camargo.

La fuerte división interna que parece haberse instalado en Podemos se ha cobrado una nueva víctima: Jesús Viadero ha dimitido como miembro del Consejo Ciudadano. Con su renuncia, ya son doce el número de bajas que ha sufrido el principal órgano político del partido, nueve de ellas en los últimos meses. Así, de los 34 integrantes que comenzaron su andadura en el Consejo Ciudadano, solo quedan 22, es decir, se ha abandonado más de un 33%. 

A petición de este diario, Viadero ha renunciado a hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas al partido morado han confirmado que su marcha se debe a la convulsa situación interna y al enfrentamiento entre sus mandos.

Desde hace cinco meses, Podemos carece de secretario general en Cantabria. Julio Revuelta, profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, apenas duró un año en el cargo pese a ganar las primarias con un amplio respaldo de las bases.

Revuelta comunicó su renuncia el pasado mes de junio en un escueto comunicado alegando haber cumplido con los objetivos que se había establecido al presentarse al cargo: estabilizar el partido y hacer del mismo una herramienta política capaz de ganar las elecciones de 2019.

Sin embargo, su inesperada salida está motivada por las desavenencias con el denominado 'sector castreño', que encabezan la diputada Verónica Ordóñez y el coordinador del Consejo Ciudadano, Alberto Gavín.

De hecho, tras conocerse la dimisión de Viadero, Revuelta se ha mostrado muy crítico con la dirección interina del partido, que recientemente ha acordado posponer las primarias hasta primavera de 2018. “Mientras sigan atrincherados quienes generan esas dinámicas seguirá el goteo de dimisiones y vaciarán Podemos Cantabria hasta quedar casi solos y sin capacidad de acción política externa”, ha lamentado en su cuenta de Twitter.

A través de las redes sociales, el exlíder de Podemos ha cuestionado que este sector haya apostado por el “repliegue” pensando en el corto plazo en lugar de la apertura. “La consencuencia -sostiene Revuelta- es la derrota a largo plazo”.

En la misma línea se ha manifestado el diputado José Ramón Blanco, quien ha acusado a Gavín de estar “cargándose” el partido. “¿Es que alguien en su sano juicio cree que es posible que un Consejo en chasis, sin un secretario general elegido por la bases, va a representar la fuerza que articule el cambio en Cantabria...? Un poco de seriedad por favor, que está en juego Cantabria”, ha expresado.

Ruth Ruiz Toraño, exresponsable de Relaciones con la Sociedad Civil y una de las consejeras que dimitió el pasado mes de junio, también ha mostrado su pesar por la situación de Podemos: “Lamento cada pérdida que se pudo evitar con sólo pensar y trabajar en colectivo, no son buenas noticias, estamos jodidamente ciegos. No vinimos para esto”.

La crisis interna en Podemos terminó por estallar definitivamente en el encuentro de círculos convocado el pasado mes de julio por el sector crítico de la formación tras la renuncia de Revuelta. En él, intervinieron por primera vez varios de los consejeros que dimitieron a la par que el secretario general y denunciaron la existencia de “muchos vagos, trepas y oportunistas” en la formación.

Podemos ha comunicado este martes la decisión de Julio Revuelta de dimitir como secretario general de la formación morada, cargo al que accedió hace tan solo un año tras vencer con rotundidad a Jimena González en las primarias que el partido celebró en mayo del año pasado.

En un comunicado remitido en la noche de este martes, Podemos asegura que Revuelta se marcha al considerar que ha cumplido con los objetivos que se había establecido al presentarse al cargo: “estabilizar el partido y hacer del mismo una herramienta política capaz de ganar las elecciones de 2019”.

La salida de Revuelta, que no se había planteado en ningún momento ni había trascendido, coincide con la marcha de otros cinco miembros del Consejo Ciudadano, órgano que mantuvo su última reunión este pasado viernes.

Aunque han expresado que su baja ha sido voluntaria -según recogía este martes El Diario Montañés- por considerar que su ciclo se había acabado, según ha podido saber eldiario.es existen “discrepancias” dentro del partido y en el propio seno del grupo parlamentario ante el control y las formas de trabajo que está imponiendo el denominado 'sector castreño', encabezado por la diputada Verónica Ordóñez.

Con la marcha de Revuelta se abre un nuevo frente interno en Podemos, que pese a su juventud como partido político ha atravesado ya por tres crisis. La primera, con las elecciones internas en 2015, las cuales acabaron en los tribunales ante la expulsión del proceso del exsecretario de Podemos en Santander y abogado Juanma Brun.

Su rival, José Ramón Blanco, lideró la candidatura y logró un buen resultado al obtener tres diputados en el Parlamento. Sin embargo, el Consejo Ciudadano le retiró la confianza poco tiempo después, en la primavera de 2016.

El juicio entre el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y el secretario general de Podemos, Julio Revuelta, ha quedado visto para sentencia. Ambos dirigentes se han visto las caras este viernes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Santander por unas declaraciones en las que Revuelta acusaba a Blanco de “gestión irregular” de fondos públicos, lo que derivó en una demanda por un supuesto delito de “intromisión ilegítima al honor” presentada por el máximo responsable de Sodercan.

La principal novedad del juicio se encontraba en conocer el posicionamiento de la Fiscalía, que en la exposición de conclusiones ha defendido el derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución y que, según ha dicho, conlleva “opiniones subjetivas”. Así, ha pedido que se archive la denuncia y se absuelva al dirigente de la formación morada.

En la demanda, presentada el pasado 26 de septiembre, Blanco acusaba a Revuelta de identificarle con “conductas delictivas” y de menoscabar su “honestidad” y “honradez”. Por ello, no pedía indemnización económica -un euro simbólico-, pero sí que se retractara públicamente.

El detonante fueron unas declaraciones realizadas en La Ventana de la Cadena Ser en las que el secretario general de Podemos había “vinculado” a Blanco con el robo de dinero público y lo acusaba de haber derrochado fondos de Sodercan en beneficio propio. 

Las manifestaciones del líder de Podemos estaban basadas en las “irregularidades” detectadas en una auditoría de la empresa pública y en el fracaso empresarial de GFB, la fábrica de fibroyeso ubicada en Orejo en la que participó Sodercan y que fue a quiebra tras una inversión pública cercana a los 40 millones de euros.  

Sobre estas dos cuestiones ha girado la vista, que se ha prologando durante casi una hora y media y que ha sido pública pese a la solicitud cursada en sentido contrario por el abogado de Blanco. También fue rechazada su petición para que se añadiera como prueba documental la convocatoria hecha por Podemos, que a través de la redes sociales instó a sus simpatizantes a manifestarse este viernes frente a las Salesas. Unas 20 personas han secundado la protesta y han mostrado su apoyo a Revuelta, a quien han vitoreado a la entrada y salida de los juzgados. 

“No hay ilícito penal”

En su defensa, Blanco ha insistido en que el informe de intervención sobre la gestión de Sodercan enumera 45 “recomendaciones” que en su mayoría ya habían sido puestas en marcha y, por el contrario, ha subrayado que no recoge ningún tipo de “ilícito penal”.

En cuanto a GFB, ha asegurado que él no intervino hasta que fue nombrado consejero delegado en 2008 y ha afirmado que los administradores concursales reconocieron su labor poniendo “en orden” la comprometida situación económica de la fábrica. Igualmente, ha explicado que sobre el caso, que acabó en los juzgados, existen dos autos: uno en el que la Audiencia habla de “derroche” y que en ningún caso se refiere a su persona sino a “otros actores”, y otro en el que se le imputaba un único delito de “fraude de subvenciones en grado de tentativa” que fue archivado. 

En esta línea, el abogado del consejero delegado de Sodercan ha sostenido que Revuelta no se ha leído la sentencia sobre GFB y le ha acusado de faltar a la verdad, así como de “descontextualizar” la auditoría y “adaptarla a su relato” con fines políticos y atacar la “línea de flotación”. 

Blanco ha apuntado que durante 36 años ha trabajado en administraciones públicas en puestos de responsabilidad “por mi condición de técnico” -no milita en ningún partido, ha precisado- y en todos ha gestionado con “lealtad” y “jamás” ha tenido “ningún problema”. Así, ha achacado el “linchamiento” de Podemos -en palabras de su abogado- “no por sus actos sino por el puesto que ocupo” y ha dicho sentirse “víctima”.   

“Demanda temeraria”

Por su parte, Revuelta, cuyo testimonio ha sido mucho más escueto, ha señalado que en la demanda se le atribuyen expresiones que él no ha pronunciado y ha recalcado que en ningún caso ha imputado a Blanco ningún delito, sino “responsabilidades políticas”.

Asimismo, ha sostenido que a lo largo de las 266 páginas de la auditoría que hace referencia a cuatro años de Sodercan se ponen de manifiesto “cuestiones graves” y ha contextualizado sus críticas en la “dinámica política”, recordando que el Parlamento de Cantabria, con los votos de PP, Ciudadanos y su partido, ha reclamado el cese de Blanco hasta en tres ocasiones.

Para su abogada, el responsable de Sodercan ha pretendido “acallar” con una “demanda temeraria” la libertad de expresión e impedir que se traslade a los ciudadanos el debate parlamentario. Por ello, ha pedido que Revuelta sea absuelto y Blanco condenado a pagar las costas. 

A la conclusión del juicio, el secretario general de Podemos, respaldado por la resolución de la Fiscalía, ha asegurado ante los medios de comunicación estar “tranquilo” y “orgulloso”, al mismo tiempo que ha incidido en que el informe sobre Sodercan es “muy grave” y ha exigido a Miguel Ángel Revilla que “deje de hablar de las irregularidades de los demás y ponga orden en el Gobierno de Cantabria”.

“La política tiene que estar en los bares, en las casas o en las universidades y eso no tiene que generar rupturas”. Así de contundente arranca la conversación con Verónica Ordóñez, portavoz parlamentaria de Podemos Cantabria, que hace balance de lo conseguido por la formación morada en este casi año y medio que ha transcurrido de legislatura con un punto de autocrítica: “Es imposible sentirse satisfecho y orgulloso con la situación actual de Cantabria”, reconoce.

Esta politóloga de formación, experta en procesos de democracia participativa, reivindica el papel de los movimientos sociales y de las plataformas ciudadanas y considera que la sociedad debe mantenerse movilizada para no caer en el desánimo. “Podemos ha venido para quedarse y puede cambiar la dinámica política en España. Tenemos un reto histórico por delante”, subraya la diputada castreña, que defiende que su partido ha conseguido superar la crisis interna que les llevó al borde de la ruptura “con profesionalidad, trabajo y responsabilidad”.

¿Qué es lo más importante que ha conseguido Podemos desde que llegó al Parlamento de Cantabria?

Me siento especialmente orgullosa de la Ley de Realojo y Retorno. Ha sido el gran hito para nosotros, no solo por lo que se ha conseguido, que es una garantía fundamental que necesitaban de manera urgente vecinos y vecinas de Santander, pero que en este momento en el que muchos ayuntamientos están empezando a desarrollar sus planeamientos urbanísticos será clave para todos los cántabros. Más allá del hito que supone la modificación de la Ley del Suelo, es muy importante la manera en que se ha desarrollado el proceso. El hecho de que hayan venido los propios vecinos a la ponencia y se les haya escuchado de viva voz ha sido una forma de cambiar la dinámica política y el trabajo en esta comunidad autónoma.

¿Por qué considera tan importante el proceso en sí?

No nos podemos olvidar que en Cantabria no legisla el poder legislativo, lo hace el poder ejecutivo. Que la ley haya surgido del propio Parlamento, con aportaciones directas de los propios afectados, y que además dé una respuesta inmediata a un problema que tenían planteado, es muy importante para nosotros.

¿No supone una contracción que esta norma se haya pactado con el Partido Popular, al que acusan de haber generado los problemas que intenta paliar esta modificación legislativa?

Nosotros desde el primer momento dijimos que a quien nos debíamos era a los ciudadanos y ciudadanas, que estábamos dispuestos a trabajar con cualquiera siempre y cuando el objetivo final, el resultado del trabajo, fuera el que los vecinos necesitasen. En este sentido, no ha sido un trabajo fácil y lo hemos dicho muchas veces, pero ha habido una gran predisposición por parte de los otros grupos para trabajar con nosotros. Hemos argumentado jurídicamente cada una de las enmiendas que planteábamos, las hemos discutido hasta la última coma, y creo que ha salido un texto que da una respuesta y una garantía de derechos fundamental.

¿Le ha cambiado mucho la perspectiva en estos meses como diputada?

Sí. Comparto plenamente lo que viene explicando Pablo Iglesias. Es cierto que cuando nosotros entramos en la dinámica institucional, metemos tantas horas de trabajo en las instituciones que ese pie que teníamos en la calle se pierde un poco. Se hace mucho más importante tener una relación directa y tener a la sociedad movilizada. Desde que Podemos existe, se había producido un bajón de los movimientos y de las reclamaciones en la calle. Creo que es deber nuestro decirles que no, que nosotros estamos aquí pero que ellos tienen que seguir haciendo su trabajo, porque sin su trabajo, el nuestro no tiene sentido.

¿Es cierto entonces que el trabajo institucional aleja a los representantes políticos de los ciudadanos?

Los aleja porque, por ejemplo, mi rutina de trabajo durante este último año y medio ha sido de una media de 12 o 14 horas diarias, fines de semana incluidos. Para mí es un esfuerzo seguir pasando por el círculo, aunque intento hacerlo una o dos veces por semana, pero es cierto que no tienes tiempo para estar en todas partes. Nosotros nos tomamos el trabajo en serio. Cualquier persona que venga al Parlamento verá que los diputados de Podemos siempre o casi siempre estamos aquí, y cuando no estamos aquí es porque estamos en alguna actividad relacionada con nuestro trabajo. Sin embargo, hay muchos diputados que no vienen al Parlamento, y no vienen porque son alcaldes o alcaldesas, o concejales o concejales, y priorizan sus trabajos municipales. Es decir, que no trabajan para la Cámara para la que han sido elegidos como representantes.

¿Y cómo cree que se puede invertir esa dinámica?

Nosotros tenemos que aprender a salir, tenemos que volver a la calle. Lo legislativo es fundamental, pero estar con la gente, escucharles directamente, que te traigan continuamente sus propuestas es imprescindible. Y hay otra cosa: los políticos podemos estar mejor o peor preparados, que hay mucha gente dentro del ejercicio de la política que no está preparada, pero no somos dioses, ni tenemos la razón absoluta, ni somos perfectos, ni vivimos todas las realidades. En ese sentido, si queremos desarrollar leyes, si queremos desarrollar políticas por el interés de todos, es imprescindible que la gente que tiene problemas y necesidades te los cuente. Y que no lo haga en una carta o en un mail, que venga y sientas esa empatía con la persona que está sufriendo y necesita tu ayuda. No nos podemos olvidar que los movimientos sociales o las plataformas ciudadanas tienen verdaderos expertos en diferentes materias que llevan años trabajando. Ese trabajo hay que ponerlo en valor, hay que reivindicarlo y asumirlo como propio.

Y desde una perspectiva más personal, ¿el trabajo diario le ha hecho más realista o sigue viendo los mismos problemas que antes?

No, en todo caso me ha hecho más visceral. Me pone de más mala leche, porque te das cuenta de que los procedimientos son excesivamente burocráticos y muchas veces a propósito. Deberíamos trabajar en simplificar los trámites y reducir los plazos. Hay que agilizar la administración pública, porque los ciudadanos no pueden esperar años porque los tiempos sean los que son. Claro que te enfada, no te acostumbras a ello. Eres más consciente de lo necesario que es tener una mayoría más amplia para cambiar las cosas.

¿Podemos está preparado para ser algo más que oposición?

Por supuesto. Durante este año y medio hemos trabajado mucho con las personas en esta comunidad autónoma que saben de los problemas de los cántabros. Trabajamos con ellos y por ellos. Eso enriquece mucho más nuestro trabajo, porque no solamente es el trabajo de Podemos, sino que es toda la sinergia y la actividad de los movimientos sociales la que se ve reflejada. Si trabajamos con la gente, si escuchamos a la calle, podemos aportar muchas cosas. Bien distinto es si solo quieres escuchar a una parte, si solo respondes a unos determinados intereses.

Hablando de esos intereses, hubo diputados que reconocieron presiones cuando estaban estudiando la modificación de la Ley del Suelo. ¿Le constan?

Por nuestra parte, no ha habido de ningún tipo, ni del Gobierno ni de agentes externos a la vida política. Yo creo que eso entronca con la forma en la que trabajamos nosotros. Saben que solo nos debemos a lo que la ciudadanía nos pide.

Los votos de Podemos en el Parlamento han sido decisivos en muchas ocasiones a lo largo de esta legislatura. ¿Se ha conseguido lo suficiente como para estar satisfechos?

Mientras Cantabria mantenga a un 40% de su población con ingresos inferiores al salario mínimo, o no tenga ningún ingreso, mientras el 25% de los ciudadanos de esta comunidad autónoma esté en riesgo de pobreza o exclusión social, no podremos estar satisfechos. Es imposible sentirse satisfecho y orgulloso con la situación actual de Cantabria. Es verdad que, en cierto modo, reivindicamos que siendo tres diputados hemos conseguido bastantes cosas. Nunca las suficientes, claro. Seguiremos en este camino.

¿Están dispuestos a perder esa capacidad de influencia en favor de otros grupos manteniendo la exigencia de la destitución de Salvador Blanco al frente de Sodercan para sentarse a negociar los próximos presupuestos?

Esa no es una renuncia que tengamos que hacer nosotros, sino la renuncia que debería hacer un Gobierno que tiene información sobre la mala gestión de esta persona. No ha sido Podemos, no hemos creado nosotros esa literatura, sino que son organismos oficiales, son jueces, son interventores… Es documentación oficial y la irresponsabilidad es del Gobierno en todo caso. Es un Gobierno que no quiere ser progresista, que no quiere trabajar para la mayoría, que sigue protegiendo a determinadas personas por otro tipo de intereses. No estoy de acuerdo en que quieran encerrarnos en ese marco.

¿Qué deberían incluir las cuentas públicas de 2017 para que cuenten con el visto bueno de Podemos?

Nosotros ya hemos dicho lo que vamos a pedirle a este presupuesto: le vamos a pedir un plan industrial que no sean cuatro palabras al viento y que venga dotado económicamente. No queremos papeles mojados. Por otro lado, nosotros tenemos un acuerdo con el señor Revilla que lo hizo presidente. En la evaluación que hicimos de este pacto nos faltaba la reducción de los copagos y nos faltaba el aumento de la renta social básica. Eso está sin hacer y le vamos a exigir en este nuevo presupuesto que se incluyan esos dos puntos del acuerdo que no ha cumplido. Además de todo eso, vamos a trabajar por una mejora en el empleo, teniendo una especial mirada en las mujeres y en la población juvenil. Y todo esto debe estar enmarcado en una gestión pública responsable. Si nosotros pedimos a los ciudadanos que hagan un esfuerzo a través de sus impuestos para sostener unas políticas determinadas, no podemos consentir que ni un solo céntimo se malgaste. No tendría sentido. El dinero que las familias tenemos en nuestras casas, que tanto sudor nos cuesta, ¿lo dejaríamos en manos de una persona sobre la que hay pruebas tan claras de mala gestión como las que hay sobre Salvador Blanco? Yo creo que no, y nosotros no vamos a faltar a nuestra palabra con la gente.

¿Qué le parece esa querella interpuesta contra su compañero Julio Revuelta, el secretario general de su partido?

Obviamente es una demanda política. Han intentado amedrentarnos políticamente. Nosotros no hemos dicho nada que no se sostenga en base documental. Esa decisión suya de tomar represalias contra nuestro secretario general es un intento clarísimo de intentar achicarnos y de que dejemos de investigar. Saben dónde estamos llegando, saben que poco a poco vamos recabando más documentación y estamos cerrando el círculo de lo que ha pasado en Cantabria. No nos van a achicar. Nosotros dijimos que veníamos aquí a abrir puertas y ventanas y no vamos a renunciar a uno de los principios fundamentales por lo que llegamos a esta casa.

¿Esa fiscalización está en marcha en más direcciones al margen de Sodercan?

Hay que reconocer que somos un partido pequeño, que somos solo tres diputados, con una estructura muy nueva, y hasta ahora nos estamos centrando en Sodercan porque hay muchísima información. Hemos pedido y nos han llegado muchas auditorías de las que se han hecho desde 2007 hasta ahora y, según vayamos teniendo capacidad para asumir otros frentes de investigación, lo seguiremos haciendo. Ya hemos propuesto la comisión de investigación de Nestor Martin. A partir de enero, impulsaremos también la que se refiere a las obras de Valdecilla. Nuestro compromiso es seguir por esa línea. Lo que nos da un poco de rabia es que no sea el propio Gobierno de Cantabria el más interesado en investigar todo este tipo de cuestiones. Nosotros presentamos en septiembre de 2015 una Ley de Transparencia que pusimos al servicio del Ejecutivo, con el que nos ofrecimos a hablar. Creemos que es imprescindible, pero un año y dos meses después seguimos esperando a que el Gobierno devuelva ese texto al Parlamento. Fue la primera ley que nosotros trajimos y consideramos que es fundamental para hacer ese ejercicio de fiscalización.

¿Ve al Gobierno capaz de sacar adelante los presupuestos?

Es una cuestión de voluntad. Es un Gobierno que se ha denominado progresista, que dice que está con la gente. En sus manos está que se apruebe o no se apruebe. Revilla habla día sí y día también de lo importante que es trabajar con honradez, trabajar de manera clara, atender las necesidades de los ciudadanos. Simplemente tiene que cumplir con sus palabras en el presupuesto y, por nuestra parte, tendrá todas las posibilidades. También es cierto que llevamos mucho tiempo pidiendo sentarnos a hablar de este presupuesto y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Tenemos esperanzas, pero tenemos pocas certezas.

¿Se ha roto la luna de miel de Podemos con el Partido Regionalista de Cantabria una vez que se han celebrado las distintas citas electorales en España?

La relación no es mala en sí, pero nosotros no comulgamos con ruedas de molino. Solo le reclamamos al Gobierno que sean lo que dicen que son y que cumplan lo que prometen.

¿Se arrepienten de que ese pacto de investidura con el PRC dejara fuera al PSOE, que gestiona las carteras en las que más énfasis hace Podemos?

Desde un primer momento, para el PSOE hemos sido unos enemigos, no hemos sido alguien con quien colaborar. Hay que recordar que nuestro acuerdo con Miguel Ángel Revilla no fue un pacto de Gobierno, fue un acuerdo de investidura. Nosotros no avalamos el programa de Gobierno del PRC, sino que Miguel Ángel Revilla iba a ser mejor presidente que Ignacio Diego. Y en eso nos reivindicamos. Ignacio Diego hubiera sido nefasto para Cantabria. El Partido Socialista ha estado siempre cerrado a negociar con Podemos. Igual que ha ocurrido a nivel nacional, siempre han estado más cerca de Ciudadanos. Ha sido el PRC el que ha tensionado hacia las políticas que demandábamos y de ahí nuestra mejor relación. El PSOE sigue metido en una lógica que no es la actual. Sigue pensando en sus propios intereses. Para ellos es más importante que las cosas tengan su foto a que las cosas salgan. Con el PRC podemos llegar a un acuerdo o no, pero siempre nos han escuchado. Con el PSOE es imposible llegar a una interlocución de ese tipo porque están cerrados en banda. Se creen que lo que pedimos lo hacemos por motivos partidistas y no por mejorar esta comunidad autónoma.

La dinámica electoral del último año y medio ha afectado directamente a esas relaciones. ¿Ahora se puede rebajar el tono?

Está en su mano. Nosotros, cuando nos sentamos a negociar, exponemos nuestros argumentos y estamos dispuestos a llegar a llegar a acuerdos. Cuando el Partido Socialista esté dispuesto a debatir sobre políticas, nos tendrán cerca. Cualquier aportación que hemos hecho la han entendido siempre como una afrenta, como una crítica. No son capaces de ver que son críticas constructivas y que aquí estamos para trabajar por el bien común.

¿Qué méritos reconoce al bipartito?

Hay varias medidas, sobre todo en el ámbito sanitario y educativo, que comparto y aplaudo. Por un lado, la decisión de reconocer el derecho universal a la sanidad, que ahora mismo está denunciado por el Gobierno de España, pero que se sigue peleando desde la Consejería, para nosotros es buen hito, así como pagar el Sovaldi a todos los pacientes de hepatis C o la revisión que se está haciendo del contrato público-privado de Valdecilla. Obviamente, hay muchas carencias. Sanidad ha estado infradotada, pero hay unos esfuerzos y una voluntad para hacer bien las cosas. En Educación también, como el hecho de bajar las ratios, la recuperación de los profesores de las aulas de 2 años… Está habiendo esfuerzos que no los estamos viendo en la Consejería de Economía o que no los estamos viendo en la macroconsejería de la vicepresidenta. No podemos estar contentos con un consejero como Juan José Sota, que niega documentos que existen, que no responde a preguntas de grupos parlamentarios en el hemiciclo, no podemos estar contentos de haber hecho un convenio de basuras con Guipúzcoa por dinero… Hay cuestiones que no tienen sentido y tampoco deberían tenerlo para el PSOE.

¿Cuáles son los mayores puntos negros de este Ejecutivo?

En esta comunidad ha habido una tradición muy extendida de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. En ese sentido, el Puerto de Laredo es un drama, igual que la privatización del parking de Amestoy en Castro Urdiales. Tampoco estamos de acuerdo con el PSIR de Las Excavadas, que no tiene ningún sentido. Hay cuestiones que no se sostienen y que vienen de actuaciones del pasado que ahora les están estallando encima. Son malas prácticas que tienen habitualmente, como en Sodercan, con fragmentación de contratos, que se dan a amigos o a empresas concretas. Son procedimientos que nos han traído a la situación en la que estamos. Vamos a dejarnos de megalomanías y vamos a centrarnos en los problemas reales de la gente, que necesita proyectos a medio y corto plazo que nos puedan sacar del momento en el que estamos.

En cuanto a la situación de su partido, después de la elección de Julio Revuelta como máximo responsable, ¿se han pacificado las cosas?

Es que con Julio no podía ser de otra forma… No solo lo tengo en la estima que se merece, porque es una gran persona y un gran profesional, sino que tiene todas las capacidades necesarias para que un secretario general dirija un partido. Eso se ha notado en la reducción de las tensiones internas del partido. Julio es una persona que escucha, es una persona que dirige, pero sin mandar, sin ordenar, sin imponer. Es la persona que necesitaba esta organización para cohesionarse. Otro de los procesos importantes que hemos tenido ha sido el salir hacia afuera, el volver a los círculos, el volver a escuchar a todos, el mantener encuentros con las organizaciones… Durante un tiempo estuvimos metidos en dinámicas internas, en primarias, y eso a todos los partidos nos genera fracturas. Yo no creo que en Podemos haya habido más discusión interna que en otros partidos, solo que nosotros los gestionamos de forma diferente. Explicamos todo lo que pasa, pero además ha habido ciertos medios de comunicación que han estado especialmente interesados en nuestros problemas internos obviando lo que tienen el resto de partidos en la comunidad autónoma. Lo cierto es que desde la elección de Julio se ha abierto una nueva etapa que se nota también en el trabajo parlamentario. Está funcionando todo de forma más fluida, con propuestas más trabajadas, con un Consejo Ciudadano y unos círculos que están colaborando mucho con nosotros.

El enfrentamiento entre los tres diputados de Podemos fue público y notorio y alcanzó cotas muy altas de discusión. ¿Cómo han superado eso?

Ha habido un trabajo muy intenso por parte de los tres diputados para entender que esto es una responsabilidad inmensa. Lo teníamos claro hasta en los momentos más álgidos de enfrentamiento que esto no se podía caer, porque una cuestión es la discusión interna en el partido y otra la vida parlamentaria. Que el grupo parlamentario fallara era fallar a todos los miles y miles de votantes que habían confiado en nosotros. Ha habido momentos complicados, pero hemos sido responsables en nuestra labor parlamentaria, hasta el punto de que la relación actualmente es sana y cordial. Hemos conseguido superar el bache de lo político con profesionalidad, trabajo y responsabilidad.

¿Esas diferencias que han quedado aparcadas pueden volver a ser latentes en el momento en el que haya que hablar de nuevo de estrategia y de organización interna?

Todos en Podemos compartimos los programas electorales y todos queremos llegar al mismo sitio, pero como en cualquier organización política, siempre hay debate sobre la forma que es mejor hacerlo, el mejor camino para llegar. Son procesos que debemos aprender a afrontar con normalidad. Lo político no puede trascender a lo personal. Hace falta mucha pedagogía. La política tiene que estar en los bares, en las casas, en las universidades, y eso no tiene que generar rupturas.

Mencionaba el papel de los medios de comunicación como altavoz de los conflictos internos de Podemos, una idea que ha mantenido habitualmente Pablo Iglesias y que se convirtió en el argumento principal de defensa en el reciente caso de Ramón Espinar. ¿No falta autocrítica en Podemos, que ve al enemigo siempre fuera de casa?

Yo creo que ser transparentes y hacer política de forma distinta es un proceso duro y no se consigue de hoy para mañana. Por el camino, los comentarios que se hacen duelen y afectan. Recibimos ataques personales muy duros. Son procesos dolorosos para personas que no nos habíamos dedicado nunca a la política y que no éramos personajes públicos. Nos afectan a nosotros y afectan a nuestras familias. Yo prohibí a mi pobre madre mirar los medios de comunicación cuando había problemas, porque todo eso transciende. A mí me duele muchísimo que la noticia sea que Ramón Espinar no pudo pagar un piso en lugar de que Ansón diga que el CNI tiene un dossier contra Pablo Iglesias para utilizarlo cuando llegue el momento. Tenemos que aprender a mirar el peso de las noticias. Siempre que hay un problema muy gordo, y eso es una dinámica general en los medios de comunicación estatales, utilizan a Podemos para tapar circunstancias mucho más graves que afectan a la vida de las personas. Hablamos de Ramón Espinar, pero nos olvidamos de que el hijo de Ana Botella y José María Aznar vendió pisos sociales a fondos buitre. Vamos a medir las dos situaciones y vamos a comprobar una determinada intencionalidad. Escuchábamos a Pedro Sánchez decir cómo se le había presionado desde el Grupo Prisa para no negociar con Podemos. Eso entra dentro de la lógica que estoy comentando.

Vistos sus argumentos, entiendo que es más partidaria de la posición de Pablo Iglesias que de Íñigo Errejón en la forma de convertir a Podemos en un partido ganador…

Te puede sonar a que intento escaquearme, pero no es mi intención. Te garantizo que, con la carga de trabajo que tengo en Cantabria, no estoy siguiendo los procesos nacionales. Mi objetivo, y por lo que yo me presenté, es para mejorar la situación de esta comunidad autónoma. Cuando tuvimos ese debate en Cantabria, yo me posicioné claramente. Ahora no soy capaz de entrar en esa lógica. Yo creo que tenemos que estar más cerca de la gente, trabajando dentro de los movimientos sociales, pero porque yo soy técnico de participación ciudadana de formación, y yo no creo en una política que no esté con las personas. Cuando llegue el momento, trataré de aportar mi punto de vista desde una responsabilidad de militante, no como diputada o miembro del Consejo Ciudadanos de Cantabria. Creo que es una obligación de las personas participar en la vida política. Soy de las que creo que Podemos ha venido para quedarse y puede cambiar la dinámica política en España. Tenemos un reto histórico por delante que va a afectar al resto del mundo.

Desde el pasado viernes, y hasta las 23:59 horas de este domingo, está abierto el plazo para que los inscritos de Podemos en Cantabria voten en el nuevo proceso de primarias para elegir un nuevo secretario general y al Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada en la comunidad autónoma.

El proceso abierto a los 5.190 inscritos requiere de una participación de al menos el 10% de los mismos. Una vez más, la votación se hace de modo telemático a través de la página web, si bien se han habilitado en las sedes de los diputados en Torrelavega y Castro Urdiales puestos con asistencia para facilitar a todos los inscritos la votación telemática. Las sedes estarán abiertas de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

El próximo martes, 17 de mayo, se conocerá quién sustituirá a José Ramón Blanco al frente de la formación; si es el doctor en Economía y profesor de la Universidad de Cantabria, Julio Revuelta, o bien la ingeniera naval y secretaria del concejal de Ganemos en Camargo, Jimena González. Igualmente, el mismo martes, se conocerán los integrantes del nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, para el cual se ha presentado la candidatura 'Contigo Cantabria', así como otros candidatos independientes, y de la Comisión de Garantías de la formación.

Candidatos

Jimena González explicó recientemente que su principal objetivo es “recuperar lo que es Podemos, un partido horizontal, donde todos participan y todos tienen opinión”, en la línea de “un cargo, una persona”. Algo que, a su juicio, “se ha desvirtuado” en Cantabria, donde los cargos “han quedado en manos de cuatro” y no se han repartido, como en el caso de Alberto Bolado que, según la candidata, ostenta cinco, mientras en el Consejo Ciudadano “todos tienen un mínimo de dos”.

Por su parte, Revuelta indicó en una entrevista concedida a este diario que su intención es integrar en la misma todas las estructuras del partido: círculos, consejeros municipales, autonómicos y también a la única diputada cántabra en el Congreso de los Diputados, Rosana Alonso.