Hassan (nombre ficticio para proteger su situación administrativa) lleva más de 14 meses encerrado en Busmantsi, un centro de detención para personas migrantes a las afueras de Sofía, la capital búlgara. Este joven de origen sirio, de 22 años, se encontraba en su casa en Sofía cuando, en agosto de 2024, la policía se presentó allí y se lo llevó. Desde entonces, lo mantienen encerrado, ignorando su estatus de refugiado —reconocido en junio de 2023, cuando llegó al país—, con el argumento de que supone “un peligro para la seguridad nacional”.

Bulgaria es puerta de entrada terrestre a la Europa continental y la primera etapa de lo que se conoce como la Ruta de los Balcanes. Según estipulan la Convención de Ginebra y los Acuerdos de Dublín, toda persona que llegue a este país tiene el derecho a pedir asilo, y esta solicitud debe tramitarse. Una condición que vino acompañada de 69,6 millones de euros fondos de la UE para su ejecución, que se unieron a los 141 millones que la Comisión Europea le concedió en 2023 para sistemas de vigilancia electrónica en su frontera.

La lluvia de dinero comunitario ha dado a la UE los frutos que esperaba: en 2023 se evitaron más de 169.600 intentos de entrada irregular desde Turquía (lo que representó más del 99% del total nacional de entradas irregulares), y en 2024 fueron 52.534 las “entradas prevenidas”, según un informe de la Asylum Information Database (AIDA), dependiente de la UE. Desde 2025, Bulgaria también forma parte plenamente del espacio Schengen, lo que ha supuesto la eliminación de pasos fronterizos con Grecia y Rumanía, los dos países de la UE con los que linda, y el refuerzo del resto de fronteras.

La “prevención”, uno de los eufemismos favoritos de la Unión para justificar la violencia fronteriza, tiene efectos letales. Solo en el segundo semestre de 2024, un teléfono de ayuda habilitada por varias organizaciones humanitarias presentes en el país recibió más de 96 llamadas de emergencia como resultado de las prácticas de la policía de frontera. Resultaron afectadas 589 personas, de las cuales nueve acabaron muriendo (incluidos cinco menores).

Según el Comité Helsinki de Bulgaria, una ONG de defensa de los derechos humanos, tan solo en 2023 se registraron un total de 9.897 devoluciones en caliente —también conocidas como push-backs— que afectaron a 174.588 personas, como consecuencia directa de estos acuerdos. Otras ONG y activistas denuncian todo tipo de abusos sistemáticos: robo de pertenencias, uso de perros, amenazas con armas de fuego o desnudez forzada, entre otras prácticas.

El método búlgaro: ni entrar ni salir

Además de las devoluciones en caliente, Bulgaria aplica lo que serían retenciones en caliente o pull-backs. Consisten en impedir que las personas abandonen el país de tránsito; cuando una persona consigue llegar a la frontera rumana, serbia o macedonia, es devuelta al territorio búlgaro con el fin de alejarla lo máximo posible de los territorios húngaro y croata. Un ejercicio que viola la libertad de circulación consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Esta práctica comenzó a registrarse tras la firma de un memorando entre Austria, Serbia y Hungría mediante el cual se acordaba “alejar” a las personas de la frontera serbo-húngara, y se ha hecho mucho más común desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en Schengen. El más férreo control de sus fronteras, el incremento de la violencia y el uso de nuevas prácticas han venido acompañados de detenciones arbitrarias a personas ya dentro de Bulgaria.

Así le pasó a Hassan, quien llevaba ya más de un año residiendo en Sofía. La legislación búlgara (LARB) y la Ley de Asilo y Refugiados (LAR) diferencian entre la detención de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo, y prescriben plazos para garantizar su alojamiento por separado. La LAR estipula que, cuando se presenta una solicitud de asilo, el extranjero detenido debe ser trasladado a un centro de acogida abierto en un plazo de seis días, pero esto no se cumple en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en el país se están dando tres situaciones: detenciones arbitrarias de personas ya residentes en el país, como fue el caso de Hassan; solicitantes de asilo que consiguen cruzar la frontera y a los que se les suele dictar una orden de expulsión y se les pone en detención mientras esperan la deportación —este es el caso de Abdulrahman, un activista saudí que lleva detenido en Busmantsi más de cuatro años—; y la deportación a Bulgaria desde otros países de la UE por el procedimiento conocido como “de Dublín” (por la ciudad donde se rubricaron los Acuerdos): cuando la solicitud de asilo de una persona es negada, esta es devuelta al país por donde entró. Fue el caso de Ahmed, un afgano deportado desde Alemania en junio quien sigue detenido en Busmantsi.

En Bulgaria hay un total de seis centros para migrantes, de los cuales cuatro son de recepción o tránsito y dos son detención: Busmantsi y Lyubimets.

Busmantsi, según cuentan los que allí se encuentran y confirman informes de instituciones oficiales y ONG, es la representación de un infierno que sería imposible creer que está en suelo europeo si no fuese porque es así. Human Rights Watch denunciaba ya en 2014 que las 486 personas allí detenidas entonces estaban hacinadas en dormitorios de hasta 30 personas. Se destacaba la falta de calefacción —en Bulgaria en invierno se pueden alcanzar hasta 15 grados bajo cero—, camas en mal estado, ventanas rotas, escaso espacio para sentarse, poca comida y violencia policial: palizas, puntapiés y aislamiento en celdas de castigo. 

Retorno voluntario o detención

Existen algunos canales de comunicación entre los activistas y los internos. Las visitas solo están disponibles dos veces por semana y bajo un estricto control policial. Sin embargo, algunas personas allí retenidas pueden acceder, a veces, a teléfonos —sin cámara—. Abdulrahman tiene acceso a uno de estos y es quien se encarga de dar a conocer la mayoría de los casos que llegan: “Tenemos a una joven detenida en Busmantsi (recientemente trasladada a Lyubimets), su estado psicológico es muy malo, fue devuelta desde Alemania en virtud del Reglamento de Dublín, su madre, su hermana y su hermano pequeño siguen en Alemania”, se lee en el último mensaje que manda.

A través del teléfono de Abulrahman es posible acceder a Hassan. “Todos los días me llevan a una sala para interrogarme —a excepción de los fines de semana— y allí me intentan hacer firmar el retorno voluntario”, cuenta el joven sirio.

Victor Lilov, representante legal en casos de este tipo en Bulgaria, confirma que últimamente “existe una presión sistemática por parte de las agencias para el ‘retorno voluntario’”. También lo denuncia No Name Kitchen, organización de origen serbio de asistencia a personas en frontera y presente en Bulgaria. Una encuesta que realizó entre 21 personas reveló que 15 de ellas (el 71%) habían sufrido este tipo de presiones durante sus procedimientos de asilo, lo que “revela un patrón sistemático de coacción utilizado por las autoridades búlgaras para obligar a los solicitantes de asilo a firmar acuerdos de ‘retorno voluntario’”.

Hassan cuenta que a él empezaron a coaccionarlo hace unos tres meses y desde entonces esta presión no ha cesado. La condición que ofrecen los funcionarios búlgaros es simple: o firmas el retorno voluntario o te quedas encerrado 18 meses. “Es una práctica sistemática, y la gente suele rendirse y acaba firmando”, asegura el sirio, “pero yo me niego a firmar y por eso ahora están poniendo una presión extra sobre mí”.

La caída de Asad abre la espita

La primera vez que se registró esta coerción de manera masiva fue el pasado diciembre, coincidiendo con la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y con la entrada de Bulgaria en Schengen. Desde entonces, se ha convertido en un ejercicio sistemático en todos y cada uno de los centros de Bulgaria. “Para los sirios, los abusos han sido especialmente flagrantes. Desde la caída de Asad, muchos han sido coaccionados para firmar los llamados documentos de ‘retorno voluntario’ bajo amenazas e intimidaciones, lo que constituye un claro abuso de poder disfrazado de elección”, declara Ric Fernández, coordinador de No Name Kitchen.

“Pagué un abogado que me dijo que no podía hacer nada y que, seguramente, sería enviado a Turquía”, continúa Hassan, que explica que su hermano, que vive en Sofía, contactó con un centro de asistencia jurídica y le consiguió otra abogada. Tras revisar su caso, la experta le aseguró que no tenían nada contra él. “Me dijo que estaban intentando asustarme para que firmase”, indica.

Hassan lleva ya 14 meses encerrado con el argumento de que es “una amenaza para la seguridad nacional”, a pesar de tener concedido el estatus de refugiado. “Cuando pregunté por qué, me dijeron que era información confidencial”. Debería ser puesto en libertad en menos de cuatro meses, pero admite no tener esperanzas. “Siempre dicen que te liberan a los 18 meses, pero no hay una base legal para ello, por lo que no lo creo”, señala.

Hassan se refiere a otros compañeros que, como él, llevan encerrados meses al negarse a firmar el papel. Abdulrahman lleva más de cuatro años. Nidal, palestino, ingresó en abril de 2024. En ambos casos, la justicia búlgara les ha dado la razón y ha exigido su liberación hace meses. Pero siguen encerrados. “Nos lo dicen claro: vas a estar encerrado hasta que firmes. No tienes opción, al final vas a ser deportado”, cuenta sin esperanza Hassan.

Los países de la Unión Europea (UE) han acordado este sábado, por unanimidad, el ingreso gradual de Rumanía y Bulgaria en el espacio de libre circulación Schengen después de que Austria, el último país de los Veintisiete que se oponía a la medida, levantara su veto.

La decisión implica que, a partir de marzo, se eliminarán los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas con esos dos países, que ingresaron en la UE en 2007, con el compromiso además de Austria, Bulgaria y Rumanía de acordar más tarde la fecha del fin de los controles terrestres, según ha informado la presidencia española de turno del Consejo de la UE.

“Enhorabuena a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria por la extensión de Schengen para los pasajeros de transporte marítimo y aéreo”, ha declarado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de su perfil en X.

Michel ha apuntado que se trata de “un paso esperado hace tiempo por los ciudadanos rumanos y búlgaros para disfrutar de una libertad de movimiento más fácil, con la perspectiva del transporte terrestre por llegar”.

Fuentes del Ministerio del Interior de España han calificado el acuerdo -que culmina doce años de negociaciones- de “histórico” y han asegurado que era una de las prioridades de la presidencia de turno española del Consejo de la UE que concluye mañana.

Además, han afirmado que el progresivo levantamiento de los controles en las fronteras interiores de Bulgaria y Rumanía “fortalecerá y ampliará” el espacio de libre circulación europea y facilitará los desplazamientos de millones de personas, con “un impacto social y económico muy positivo en toda la región”.

Austria ha confirmado hoy la retirada de su veto al acuerdo, que ya fue anunciado el miércoles por Rumanía y, el jueves, por Bulgaria.

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, había asegurado el miércoles que el pacto también incluiría viajes marítimos, lo que beneficiaría el puerto de Constanza en el Mar Negro, y se mostró confiado que en 2024 se negociaría la adhesión completa.

A pesar de que Comisión Europea y Parlamento Europeo llevan años asegurando que Bulgaria y Rumanía, miembros de la UE desde 2007, están preparados para entrar en Schengen, Austria había bloqueado hasta ahora su ingreso.

El Tratado de Schengen establece el levantamiento de los controles en las fronteras entre sus Estados miembros, que actualmente abarcan 4,3 millones de kilómetros cuadrados y 423 millones de ciudadanos de 27 países europeos (23 miembros de la UE y 4 no comunitarios). 

La Justicia investiga un posible fraude en la Policía Nacional durante la evaluación del aeropuerto de Lanzarote como frontera Schengen. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha abierto diligencias a raíz de una denuncia que señala que la Policía habría inflado el número de funcionarios operativos en el Aeropuerto César Manrique solo para pasar la evaluación de la Comisión Europea.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, se ejecutó un “plan premeditado” con el único fin de hacer creer “que se habían solucionado las deficiencias” por las que en 2022 el aeródromo suspendió como frontera Schengen. Este presunto fraude podría poner en riesgo la entrada directa de los turistas extranjeros mayoritarios en la isla: los británicos.

El 11 de julio de 2023, evaluadores europeos se trasladaron al aeropuerto de Lanzarote para examinar si se ajustaba al Código de Fronteras Schengen. Este decálogo establece las normas que se deben aplicar a las personas que cruzan las fronteras exteriores de este espacio, del que forman parte 27 países europeos.

Un año antes, este aeropuerto había suspendido la evaluación. La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea trasladó en noviembre a España una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias que se habían detectado. En el caso de Lanzarote, el documento ordenó aumentar de forma urgente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas en el aeropuerto. 

La UE también insistió en la realización de inspecciones fronterizas sistemáticas de los pasajeros de salida y en la adaptación de la infraestructura del aeropuerto para garantizar la separación física entre el flujo de pasajeros de vuelos nacionales y el de otros vuelos en la zona de salidas. 

La denuncia presentada el pasado 2 de agosto asegura que estas medidas no se llevaron a efecto “en ningún momento”. “No solo no se cumplen, sino que desde la Jefatura de la Comisaría de Arrecife parece que se organiza un plan de engaño o fraude a los evaluadores de tal manera que les sea muy difícil detectar que el aeropuerto no cumple el Acervo Schengen para ser frontera europea”, subraya el documento. 

Fuentes próximas a la Policía Nacional indican que, por turnos, hay unos seis o siete agentes en el aeropuerto, pero según los informes de otros comisarios debe haber por turno al menos 25 funcionarios para poder hacer los controles minuciosos a extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Este periódico ha intentado por diferentes vías obtener las versiones de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska han remitido al Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional. Desde el cuerpo de seguridad responden que no pueden responder al tratarse de un “tema de tribunales''.

Por otro lado, y según ha podido saber esta redacción, el agente de la Policía Nacional que ha presentado la denuncia ha sido trasladado de su puesto de trabajo habitual. Después de 15 años trabajando en el control de fronteras fue reubicado dos semanas después de denunciar. Ahora se encargará del traslado y la custodia de los detenidos en los Juzgados de Arrecife. 

Un “plan de engaño”

Este “plan de engaño” se orquestó, siempre según la denuncia, desde la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife. Esta, unos días antes de la evaluación, añadió a los siete trabajadores habituales del aeropuerto a diez funcionarios solicitados a la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) y a siete policías más de la propia Comisaría. “Después de la evaluación se retiran esos funcionarios y se ordena nuevamente no sellar los pasaportes, o sea, que el control de la frontera no se ejecute según la normativa europea”. 

En los días previos a la evaluación, los funcionarios supuestamente recibieron un informe de presentación que se entregaría a los evaluadores. El objetivo era que, en caso de ser preguntados, ajustaran sus declaraciones a ese documento. “En ese informe se incluyeron como plantilla fija a los 17 funcionarios procedentes de la BRIC que se añadieron para la evaluación, siendo esto totalmente falso”. 

Cierre del puesto fronterizo

La Unión Europea contempla las posibles consecuencias de incumplir con los deberes de una frontera Schengen. El Código de fronteras Schengen establece que, “en caso de que se detecten deficiencias graves” en la realización de controles en las fronteras exteriores en un informe de evaluación, la Comisión Europea puede ejecutar diferentes actuaciones. 

Por un lado, puede recomendar que el Estado miembro adopte medidas específicas como el despliegue de equipos europeos de Guardia de Fronteras o la presentación de planes estratégicos. Como último recurso y en función de la gravedad de la situación, también se puede ordenar el cierre de un puesto fronterizo. Así se desprende del artículo 29 del Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El fin del Aeropuerto César Manrique como puesto fronterizo podría traer consigo importantes consecuencias para la isla. Los pasajeros de Reino Unido no podrían viajar de forma directa a Lanzarote, sino que tendrían que hacer escala previa en otro aeropuerto. 

La mayoría de turistas que recibe Lanzarote son ingleses. Solo entre enero y julio de este año se desplazaron a la isla 131.972 visitantes desde Reino Unido. Las cifras del Centro de Datos insular reflejan que las llegadas han aumentado un 9% con respecto al año anterior. 

Derechos fundamentales

En el mismo documento en el que la Unión Europea recomendaba a España aplicar medidas urgentes en el aeropuerto de Lanzarote, la Secretaría también hizo referencia a la situación de las personas migrantes en la isla.

En su punto número 27, el documento urge el cierre del Centro de Asistencia Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote y la puesta en funcionamiento de una nueva instalación “ya construida” para garantizar unas condiciones de acogida temporal adecuadas en el CATE, incluido un espacio personal “suficiente para los internos”. Además, también se exige a España que proporcione los servicios de apoyo y equipos adecuados que permitan ofrecer “actividades básicas de ocio” a los internos. 

“El acuerdo, si lo alcanzamos, no comprometerá nuestra soberanía o no lo cerraremos”, aseguró Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una amplia declaración difundida en la noche del lunes y en la que reiteró la voluntad de negociación del Tratado con la Unión Europea, aunque reconoció que se trataría de un acuerdo “legalmente complejo”.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, formuló una larga declaración en la que analizó la situación actual de Gibraltar, en la que no faltó la autocrítica sobre política interna, pero también explicaciones sobre las controversias domésticas suscitadas a lo largo de los últimos meses: “Hacer frente al reto de la Covid ha traído consigo literalmente miles de horas y cientos de reuniones. Lo mismo ocurre con el Brexit. Este año esperamos dejar ambas cuestiones atrás. Ustedes, los ciudadanos, saben que ni el Brexit ni la Covid son meras excusas políticas convenientes”, aseguró.

“Son realidades políticas hirientes que no hemos provocado nosotros –aseguró–. Pero son realidades políticas que hemos tenido que afrontar, en detrimento, obviamente, de otros ámbitos políticos. Son las realidades ineludibles de la situación en la que nos encontramos desde el 24 de junio de 2016. Y es fundamental que acertemos en nuestra futura relación con la UE. Por eso este proceso nos está absorbiendo tanto tiempo”.

Flecos pendientes

Picardo insistió en ser categórico sobre las negociaciones del Tratado, cuyas negociaciones se reanudarán este mismo mes, en un marco de cierta última tensión por las posiciones de dureza expresada por la ministra británica de Exteriores y del Brexit, Liz Truss, en torno a otros aspectos de las asignaturas pendientes que siguen lastrando las relaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña: “Somos y siempre seremos británicos y por ello dejamos la UE con el Reino Unido –repitió–. Pero también estamos en el límite de Europa y formamos parte del continente europeo. Nuestra realidad comercial actual, nuestro sector turístico y también nuestra oferta jurisdiccional se basa en una frontera fluida con la UE. Pero siempre ofreciendo un mercado británico, una experiencia británica y una jurisdicción exclusivamente británica”, subrayó en referencia a las diferencias existentes sobre la aplicación de la legislación comunitaria en un Gibraltar ligada a la Unión Europea con una frontera Schengen.

El asunto de los trabajadores eventuales

Hay otro asunto en liza que tiene que ver con los trabajadores eventuales en los servicios de salud, dependencia y educación de Gibraltar. El lunes, el sindicato mayoritario Unite The Union había convocado una manifestación para reclamar paridad de salarios entre los residentes en el Peñón –no solo gibraltareños y británicos, sino también españoles y de otros territorios—y los trabajadores transfronterizos. Entre sus reivindicaciones, figuraba acabar con la figura de los contratos a 0 horas y la precariedad laboral. El sindicato decidió suspender la movilización por la alta incidencia de la Covid-19 en una comunidad ya dominada por la variante Ómicron, pero Picardo, en su discurso, recordó que el presupuesto destinado a luchar contra la pandemia impedirá presumiblemente cumplir en su totalidad dicho compromiso: “También reconozco el llamamiento de los líderes de diversos sindicatos para dialogar con el Gobierno en las cuestiones del sector público. Espero con interés ese diálogo. Se trata de un diálogo que debe ser atemperado por la realidad objetiva. La realidad objetiva del déficit en nuestras finanzas públicas. Nuestra estimación es que a finales de 2021 el gasto del fondo Covid haya alcanzado unos 300 millones de libras”, aseguró Picardo, quien ofreció un balance positivo de su gestión en cuanto a contrataciones en dichos sectores públicos, a lo largo de sus diez años de mandato.

En un amplio discurso de Año Nuevo,  Picardo realizó un exhaustivo análisis de la situación actual por la que atraviesa Gibraltar. Según sus cálculos, “esta cifra equivale a casi medio año de nuestros ingresos que tienen que destinarse únicamente a la pandemia”.

Esa cuestión laboral no forma parte intrínseca de la mesa de negociaciones con la Unión Europea, pero la equiparación de derechos entre los trabajadores sí figura en la agenda. Sin embargo, no parece ser que sea la cuestión que más inquiete a las partes: “El acuerdo, si lo alcanzamos, no comprometerá nuestra soberanía, o no lo cerraremos. Será un acuerdo sobre la circulación y el movimiento fluido de bienes y personas. Y un acuerdo que puede ser la base de un nuevo y mejor nivel de prosperidad para todas las familias de Gibraltar. Porque el concepto de ”prosperidad compartida“ pasa por la prueba de fuego de una prosperidad mantenida y mejorada para nuestras empresas y nuestra gente como condición sine qua non”.

Los gibraltareños buscan un acuerdo que permita preservar los estándares de la vida cotidiana sin comprometer con ello el estatus político y diplomático del Peñón. En ese contexto, el Acuerdo de Nochevieja suscrito entre España y Gran Bretaña sigue siendo la hoja de ruta. Existen, no obstante, escollos internos que han impedido que las negociaciones tardíamente iniciadas el pasado año pudieran llegar a buen puerto antes de Navidad. Londres y Madrid parecen de acuerdo en lo esencial. Gibraltar, también. Pero hay problemas en el horizonte. De entrada, la negociación corresponde a la Unión Europea y forman parte de los flecos dejados por el Brexit en el que el mayor escollo estriba en la situación de la frontera entre Irlanda y el Ulster, pero no es la única asignatura pendiente. El halcón David Frost ha sido sustituido en la mesa de negociaciones por la titular del Foreign Office, Liz Truss, quien se muestra predispuesta al acuerdo sobre Gibraltar pero mantiene la línea dura en el resto. Por otro lado, las conversaciones sobre el Peñón vienen encallando en temas sustanciales como la emisión de visados de entrada a la Unión Europea a través de Gibraltar o la jurisdicción de los tribunales y de la legislación comunitaria sobre dicho territorio, lo que comprometería de facto aunque no fuese de iure la soberanía actual, al menos desde el punto de vista gibraltareño y británico.

Líneas rojas

Picardo prefiere bajar el balón al césped: “Nuestro objetivo –dijo– es conseguir un Gibraltar cada vez más próspero. Que comercie e interactúe con sus vecinos. Y disfrutar de unos niveles de vida, educación y sanidad históricamente elevados para nuestra población en un Gibraltar indiscutiblemente británico. Eso es lo que pretendemos conseguir. Pero no nos equivoquemos: será un acuerdo legalmente complejo. Será igualmente complejo desde el punto de vista político y se basará en la realidad de las relaciones multilaterales de las que depende nuestra política”.

“Nuestro actual modelo de negocio y nuestra interacción con Europa dependen de una frontera fluida y fácil de atravesar desde el punto de vista administrativo. De una manera que ofrezca más oportunidades a nuestros hijos, y no menos, tanto en Gran Bretaña como en Europa. De una manera que refleje la realidad de nuestras circunstancias geográficas, económicas y políticas. Y, desde luego, no de una manera que sea rehén de los mitos de color rosa de la nostalgia. Por el contrario, debemos reflejar la realidad de la vida en la tercera década del siglo XXI”.

El tono de Picardo aventuraba, como ya ha señalado en otras ocasiones, la posibilidad de cambios, a partir de la firma del Tratado, pero sin rebasar sus célebres líneas rojas: “Porque nuestra identidad moderna ya se ha afianzado en la determinación clave de que nadie tiene derecho a decidir nuestro futuro, salvo los gibraltareños. Nada va a cambiar eso. Por eso he sido tan claro en las declaraciones públicas como en las negociaciones privadas en todo momento. Mi Gobierno ve el futuro de Gibraltar de una manera y solo de una manera. Como británico, británico, británico. Y bajo el Gobierno que dirijo, estamos más cerca de Gran Bretaña de lo que hemos estado durante generaciones. Así que no crean ni por un momento que vayamos a hacer algo que lo cambie”.

“De hecho, fue hace casi exactamente un año cuando recibimos el mayor dividendo en nuestra relación con Gran Bretaña: la primera de muchas entregas de la preciosa vacuna de Pfizer a través de la Royal Air Force. Por ahora, el mero hecho de que las negociaciones entre el Reino Unido y la UE continúen es ya una señal muy positiva de las perspectivas de que alcancemos un acuerdo. Estamos trabajando con nuestros colegas británicos para alcanzar un acuerdo que respete nuestras líneas rojas sobre nuestra soberanía, jurisdicción y control exclusivamente británicos”.

Los Gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para que la Ertzaintza, como Policía integral de Euskadi, pueda complementar sus investigaciones con la posibilidad de realizar vigilancias en Francia al mismo nivel que lo pueden hacer la Policía Nacional o la Guardia Civil en el marco de los acuerdos de Schengen, una práctica muy común en la lucha contra ETA. Hasta la fecha, solamente estaba autorizado que agentes autonómicos pudieran cruzar la muga en casos de persecuciones 'en caliente' de delitos flagrantes. El pacto se ratificará este viernes en Madrid en el marco de la Junta de Seguridad que reúne a los equipos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, el máximo órgano bilateral de coordinación en materia policial que no se reunía desde hace cuatro años, desde junio de 2017, con el PP en La Moncloa.

Según las pinceladas del acuerdo desgranadas por Erkoreka en el Parlamento Vasco, se trataría de desarrollar el artículo 40 del tratado por el que el Reino de España se adhirió en 1994 al acuerdo de Schengen. En él se estipula que estas actuaciones han de enmarcarse en delitos que “puedan dar lugar a extradición” y que tendrían que contar con “autorización” del país al que se cruce, en este caso de Francia. Los policías transfonterizos -se sobreentiende que no han de operar uniformados- pueden llevar armas de fuego pero no detener a sospechosos, interrogarlos o allanar domicilios u otras dependencias no abiertas al público.

Cuando se puso en marcha Schengen, los países afectados por estos intercambios eran Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, así como Italia desde 1991. En dos supuestos, Bélgica y Alemania, se menciona expresamente el trabajo de cuerpos no estatales, el espejo en el que se mira la Ertzaintza para dar este paso. En el caso belga, se autoriza el paso de agencias “municipales”; en el alemán, se habilita a las fuerzas de los estados federados o 'land'.

Según Erkoreka, este acuerdo amplía las capacidades concedidas a la Ertzaintza en 2017, en la anterior Junta de Seguridad. El ministro Juan Ignacio Zoido y la consejera Estefanía Beltrán de Heredia firmaron un memorándum que dotaba de más funciones a la Policía autonómica. Desde entonces, en amparo del artículo 41 de Schengen, los ertzainas pueden cruzar a Francia en caso de persecuciones 'en caliente'. En estos casos sí se puede retener al sospechoso. Aunque las actuaciones tienen que ser debidamente comunicadas -en Hendaya existe un centro de coordinación llamado CCPA que sienta a la Ertzaintza con la Policía Nacional y la Gendarmería francesas y con la Policía Nacional y Guardia Civil españolas-, resultan útiles ya que hay puntos de paso abiertos, principalmente en la zona de Irún.

En 2017 también se autorizó el acceso de la Ertzaintza a bases de datos policiales internacionales sin pasar por agentes de enlace del Ministerio del Interior. Son Europol, Siena y Sirene. Aquel era un contexto de elevada amenaza yihadista en España y, de hecho, a los pocos meses se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils. También se determinó que la Ertzaintza participará con voz y voto y no como invitada en las reuniones de la mesa de coordinación contra el terrorismo en España, el denominado CITCO. Cuatro años después, fuentes del Departamento de Seguridad remarcan que esos accesos han permitido acceder a datos de criminales buscados en otros países que estaban en Euskadi o localizar vehículos sospechosos. No obstante, explican también que no todos los accesos han sido habilitados por problemas de desarrollos tecnológicos entre bases de datos que “no se comunican”.

En el orden del día de la Junta de Seguridad no hay previsión de analizar la situación de la plantilla de la Ertzaintza, cuya dotación desde hace años es de 8.000 efectivos, aunque en muy pocos momentos hayan sido alcanzados por las jubilaciones y problemas durante algunos momentos de la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa con recursos contra el número de plazas de las OPE policiales de la academia de Arkaute. Por su parte, las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen competencias en Euskadi en desarrollo del Estatuto de Autonomía de 1979. Entre otras, son el control de fronteras e inmigración, vigilancia de puertos y aeropuertos, control de explosivos, expedición de DNI y Pasaportes. Además, actúan con delitos de ámbito suprautonómico, como el crimen organizado o el terrorismo.

La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado a lo largo de los últimos 14 meses la insuficiencia de los mecanismos europeos y mundiales para una gobernanza capaz de garantizar una seguridad sanitaria común, más allá de las fronteras nacionales, y la incapacidad para responder con eficacia y de modo coordinado a un fenómeno pandémico como el que hemos tenido que enfrentar. También preocupante ha sido la cortedad de miras y de dispositivos eficaces para lograr un acceso suficiente, oportuno, asequible y equitativo a las vacunas desarrolladas contra la COVID-19 que, hasta el momento, son el medio más importante con el que contamos para prevenir la enfermedad severa, el sufrimiento y la muerte a consecuencia de la infección por SARS-CoV-2.

Ha quedado de manifiesto, como nunca, que la arquitectura y las políticas de la Unión Europea en materia sanitaria dejan mucho que desear y son a todas luces inadecuadas, especialmente cuando se trata de cuestiones de salud pública transfronterizas. Y esta insuficiencia es tanto responsabilidad de la Comisión Europea como de los Estados miembros que, hasta ahora, han preferido limitar las competencias europeas en materia sanitaria y preservar una engañosa soberanía nacional en este terreno, con el pretexto de defender la singularidad de los sistemas sanitarios nacionales.

A todas luces esto limita las posibilidades europeas para hacer efectivo el derecho a la salud y garantizar una cobertura universal con portabilidad transfronteriza. En pleno siglo XXI, en materia sanitaria, la Unión Europea se comporta con una lógica Westfaliana, sigue atrapada en el engañoso principio de la “soberanía nacional”, y se ha quedado corta en la construcción de un verdadero “espacio sanitario europeo”.

Pero si todo esto es un problema que debería ser prontamente superado en materia de atención sanitaria, en el ámbito de la salud pública constituye una verdadera desgracia que reclama una respuesta urgente. Cuando un riesgo sanitario como una epidemia alcanza proporciones regionales y mundiales, es decir, se convierte en una pandemia, y el problema no puede ser resuelto únicamente con acciones en el interior de las fronteras nacionales, las actuaciones sanitarias tienen que ser transfronterizas y supranacionales.

Estamos muy lejos de alcanzar lo que deberíamos haber construido a lo largo de las últimas décadas: bienes públicos europeos (y mundiales) en materia de salud pública. Dispositivos y mecanismos de gobernanza que permitan trascender los limites egoístas de una lógica basada en el principio del Estado-nación, cuando nos enfrentamos a amenazas que trascienden fronteras, soberanías nacionales e intereses particulares de países concretos.

A pesar de los esfuerzos realizados (en especial en la centralización de las compras de vacunas por Europa), no contamos ni con los instrumentos ni con los mecanismos de gobernanza, europea y mundial, que viabilicen una acción colectiva supranacional que constituya un ejercicio de autoridad sanitaria, más allá de los ámbitos puramente nacionales. Y la pandemia ha dejado muy claro que sin ellos somos ineficaces, que el virus nos vence con mayor facilidad y que si surge una nueva pandemia, esta nos seguirá pillando mal preparados y sin la adecuada capacidad de respuesta.

La seguridad sanitaria mundial, y para el caso la europea, es el proceso que lleva a obtener el resultado de lograr mantener los riesgos sanitarios bajo control, asegurando “el orden sanitario”. Implica una capacidad europea y mundial de detectar disrupciones (alertas) y de corregirlas activa y rápidamente (respuestas), para lo cual es imprescindible contar con acuerdos colaborativos vinculantes, tanto mundiales como regionales, que posibiliten la inmediata acción colectiva más allá del ámbito nacional. Por tanto, se requiere más y mejor OMS, así como un papel más determinante de la Unión Europea en el seno de esta.

La tarea debe ser consolidar un bien público mundial, y para el ámbito comunitario de los 27, un bien público europeo, que trascienda las soberanías nacionales y que sea aceptado claramente por los Estados que conforman la OMS por un lado y la Unión Europea por otra parte. Estos bienes públicos deben tener una naturaleza intergubernamental y multilateral, tienen que permitir que se reúna, se comparta y se analice la información relevante, sin filtros ni secretos guiados por un enfoque miope de “seguridad nacional” y, sobre todo, deben permitir llevar a cabo acciones rápidas y decisivas supranacionales para atajar el problema más allá del ámbito nacional.

El alcance del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) vigente y las atribuciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y de la Comisión Europea en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, no son suficientes para cumplir con esos requisitos fundamentales, ya que los Estados que son parte de esta convención internacional, o del Tratado de la Unión Europea, no han cedido soberanías nacionales y ello imposibilita una acción colectiva supranacional.

En el RSI se define como riesgo de salud pública la probabilidad de que un evento afecte a la salud poblacional, se disemine internacionalmente y entrañe un peligro serio y directo, pero no se establece una forma de actuación colectiva que esté por encima de las actuaciones nacionales. Lo mismo ocurre en el Tratado de la Unión. Por tanto, el problema no está en el instrumento en sí mismo, sea este el RSI o un nuevo Tratado Internacional de Preparación y Respuesta ante Pandemias, como el que han planteado varios líderes mundiales y el propio director general de la OMS. Si no se ceden soberanías sanitarias nacionales, ningún instrumento tendrá la efectividad que se requiere.

En el ámbito de la Unión Europea se necesita un enfoque coordinado y convergente que, al no haberse producido de manera efectiva, ha generado dificultades para poder frenar las distintas olas de COVID-19 en los Estados miembros. La manifiesta descoordinación de las medidas restrictivas y de las acciones sanitarias de los Estados miembros y el errático control de fronteras del espacio Schengen han producido un trasiego incongruente de personas, han desconcertado a la ciudadanía y no han logrado interrumpir oportuna y eficazmente la transmisión del virus.

Los países han ido en direcciones diferentes y han carecido de un enfoque compartido, basado en una lógica epidemiológica común. Se ha notado la ausencia de una Autoridad Sanitaria Europea con capacidad de liderar, proponer y regular todos estos aspectos de forma efectiva. Algo que, junto con otras reformas que han sido propuestas, debería establecerse en la Conferencia Sanitaria que la propia Comisión Europea ha anunciado para este otoño.

Hasta entonces, la Comisión debería asumir el liderazgo que le corresponde y arribar a un marco de actuación común para orientar los esfuerzos de los Estados miembros. La creciente transmisión del virus ha determinado un peligroso aumento de la incidencia de COVID-19 en muchos de los países de la Unión en las últimas semanas y si no se actúa de este modo tendremos retrocesos que pueden requerir volver al confinamiento pleno y a la reducción de la movilidad, incluyendo el cierre de fronteras en el interior del Espacio Schengen.

Por su parte, el certificado digital sanitario tal como ha sido planteado hasta ahora solo generará falsas seguridades y no garantizará la seguridad sanitaria que debe acompañar al restablecimiento de los viajes internacionales. Parece buscarse más una reanudación apresurada de los flujos turísticos que atender a las necesidades de salud pública. Y presenta, además, el enorme riesgo de introducir procesos discriminatorios en otros aspectos de la vida social no ligados al tránsito internacional de personas. Numerosos analistas y parlamentarios europeos han apuntado el riesgo de que viole derechos fundamentales cuando no toda la población ha tenido todavía acceso a la vacuna.

La trascendencia sanitaria de las decisiones de la Comisión y sus eventuales consecuencias en materia de derechos requieren un papel más relevante del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales para asegurar mecanismos de control y garantías suficientes. Sobre todo, porque aún hay mucho por hacer en materia de coordinación de las medidas asociadas al cierre y apertura de fronteras, cuarentenas, realización de pruebas diagnósticas para viajar, consejos y restricciones de viaje y movimientos de personas dentro de la Unión Europea y fuera de ella. Por el momento, la situación en este campo es desordenada y muy poco eficaz, y más valdría ocuparse de mejorarla.

El asunto de las vacunas merece una especial referencia, ya que se trata del instrumento fundamental para controlar la pandemia en el mediano plazo. Sin embargo, solamente funcionará si se impulsa como un bien público tanto en el ámbito europeo como en el concierto mundial. Por desgracia, ni la actuación de la OMS, el GAVI y el Banco Mundial en el ámbito mundial ni las medidas tomadas por la Unión Europea en su espacio de competencia han estado a la altura de lo requerido.

Desde el comienzo, hubiera hecho falta una acción más decisiva que apostara por consolidar las acciones para el desarrollo de vacunas de una manera colaborativa y por centralizar las funciones regulatorias para la aprobación de las vacunas y su revisión en términos de seguridad y eficacia. En cambio, se optó por permitir la proliferación de esfuerzos competitivos teñidos de un absurdo nacionalismo vacunal. Tampoco ha sido posible armonizar las decisiones en cuanto al uso de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, el ente regulatorio supuestamente establecido para actuar de manera concordante en todos los países de la Unión, y esto pone en entredicho la eficacia de las actuaciones sanitarias de alcance europeo.

A fin de cuentas, la Unión Europea ha “acomodado” pactos comerciales con las compañías farmacéuticas productoras de las vacunas, muchos de cuyos procesos de investigación y desarrollo financió generosamente, en lugar de inducir una producción más acelerada con procesos de terciarización en los que podrían haber participado entidades farmacéuticas que, o bien tuvieran capacidad de producción de vacunas, o bien pudieran reacondicionar sus instalaciones para esta finalidad.

Tanto la Unión Europea como la OMS deberían haber convocado al sector farmacéutico para desarrollar un “plan de choque”, con una lógica de economía de guerra, que llevase a una producción intensificada del número de dosis de vacunas necesarias, con el pleno respaldo e inversión de los gobiernos de sus Estados miembros. Esto es algo para lo que aún habría margen de acción, ya que las necesidades presentes y futuras, tanto para la Unión Europea como a nivel mundial, son y serán considerables, lo que se beneficiará de una adecuada capacidad instalada a modo de “previsión estratégica”.

En resumen, se ha echado en falta un liderazgo público europeo para inducir una producción incrementada de dosis vacunales capaz de atender a las necesidades europeas y mundiales, y no solo responder pasivamente a acuerdos comerciales ingenuos e insuficientes con las compañías productoras que detentan las patentes y que han incumplido los acuerdos. Tampoco lo ha habido para recordar que, si esto no fuera suficiente, nada debería impedir poner en marcha el “compulsory licensing”, un mecanismo aprobado hace casi dos décadas en la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, que permite flexibilizar las patentes cuando hay una prioridad internacional de salud pública, como en su momento fueron los tratamientos de antirretrovirales para luchar contra el SIDA.

La aplicación de este mecanismo, junto al impulso de medidas para disponer de mayor capacidad de fabricación, haría posible producir a menores costes y con mayor agilidad las dosis necesarias de vacunas para todo el mundo.

Pero hasta ahora la lógica imperante ha sido la de la producción comercial y no la de generar un bien público cuya producción y distribución fuesen adecuadamente orquestadas a través de un mecanismo de cogobernanza por parte de los Estados. El resultado salta a la vista: aún no se cuenta con el suficiente número de dosis para enfrentar las necesidades de vacunación, las vacunas no son asequibles para todos los países, no están distribuidas equitativamente ni ha primado una lógica de protección gradual de las poblaciones más vulnerables del mundo, independientemente de su pertenencia a un país u otro.

No basta con el mecanismo COVAX para apoyar a los países pobres para que puedan comprar vacunas. Tampoco con una compra consolidada europea que no ha garantizado el abasto suficiente de vacunas para poder vacunar al ritmo que se necesitaría en los países de la Unión. Son mecanismos vicariantes que no corrigen el problema estructural de base pues siguen partiendo de la consideración de las vacunas como un bien privativo y no un bien público. Y al hacerlo así, indirectamente tienden a prolongar la duración de la pandemia y a ofrecer al virus más oportunidades para mutar y, en su caso, para escapar a la acción protectora de las actuales vacunas. Con las complicaciones de largo plazo que ello puede conllevar. Se requieren esfuerzos orientados a conseguir el acceso universal necesario para vencer eficazmente la pandemia de la manera más rápida posible.

Urge adoptar en el seno de la Unión Europea una acción concertada que en el corto plazo se traduzca en una serie de medidas para frenar los recientes repuntes de COVID-19 y en el mediano plazo en acciones efectivas para superar la insuficiencia en la producción de vacunas y los inexcusables retrasos en el avance de la vacunación. Este debe ser un esfuerzo concertado para reducir el caos mundial y fomentar la coordinación.

El leitmotiv de este esfuerzo debería ser un enfoque conjunto para frenar los repuntes, un abordaje coordinado y solidario en el control de la pandemia y en la mitigación de sus efectos económicos y sociales y una acción colaborativa en la producción y distribución de vacunas, ya que no se trata exclusivamente de un asunto individual de cada país. “Ningún hombre es una isla”, decía el poeta inglés John Donne. En este caso ningún país es una isla y todos los Estados miembros de la Unión Europea y de la OMS están en un barco común. Hay que impulsar una acción rápida, colaborativa y concertada de la que España debería ser abanderada en la Unión Europea, la OMS y otros foros internacionales.

Crecí en una España supuestamente una, grande y libre, en la que el grito de Gibraltar español pretendía unificar a la idiosincrasia patria. Incluso las editoriales del Movimiento publicaban textos de autores del exilio siempre y cuando se alinearan con la reivindicación de la soberanía del Peñón a matacaballo. Algo así, al menos en su espíritu, como cuando la dictadura argentina llegó a utilizar a montoneros presos para operaciones militares de Las Malvinas.

Ahora, cuando Gibraltar no quiere ser del Reino Unido ni de España, sino de Schengen, la población en general se encoge de hombros porque presumiblemente ignora que de esa hipótesis depende la vida cotidiana de unas 50.000 personas, incluyendo a más de 15.000 trabajadores transfronterizos. El hecho de que puedas tardar tres horas o tres minutos en cruzar la Verja para acceder a tu casa o a tu trabajo no es una cuestión menor y esa es una de las bazas que se juega en esta extraña partida de póker diplomático que el Reino Unido y la Unión Europea llevan jugando desde que se inició el largo y tortuoso camino del Brexit.

Para buena parte de la opinión pública española y británica, el Peñón de Gibraltar se ha convertido en un peñazo que sólo parece interesar a la diplomacia de ambos países, a los militares en la reserva o a quienes les toca maniobras a la sombra de la Roca. Incluso los líderes de Vox, a caballo en el spot electoral de las elecciones andaluzas de hace dos años, parece que han dejado de cabalgar a diario hasta la Verja para entretenerse en subir en las encuestas con sus argumentarios de barra de bar.

Lo peor que puede ocurrirle a Gibraltar es que a los españoles deje de interesarle; y a la mayoría de nosotros ya no nos importa en demasía, después de trescientos años, que Gibraltar pertenezca a España, al Reino Unido o a la Uefa. O que una parte del valle de Arán sea de Francia. Hemos perdido, sin duda, ardor guerrero, que diría Antonio Muñoz Molina, y nos hemos dejado en cambio seducir por los productos baratos que habitan sus comercios o por los simpáticos monos que tan caro resulta visitar en sus cumbres calizas. Nos parece gracioso, eso sí, su relativo acento andaluz, considerándose los llanitos legítimamente británicos: como aquí seguimos confundiendo a los árabes con los musulmanes y a los británicos con los ingleses, tenemos con ello un chiste seguro para las cenas de cuñados. 

Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, puso sobre la mesa hace meses la posibilidad de que su comunidad se incorporase al espacio Schengen, otro misterioso arcano para buena parte de la idiosincrasia española, que siempre confunde el acuerdo para la supresión de fronteras en territorio europeo con el apellido de algún futbolista a punto de ser fichado por el Barça en el mercado de invierno.

Con el espacio Schengen, España ganaría, de entrada, dejar de dar por saco a unos miles de compatriotas a los que nuestro país ha sido incapaz de ofrecer trabajo y dignidad en nuestro suelo

Si esta jugada diplomática tuviera buen fin sería probablemente el cambio más importante en el estatus del Peñón desde el Tratado de Utrecht de 1713. Con la práctica supresión de la Verja que implicaría dicho acuerdo, no recobraríamos la soberanía desde luego, pero sus usuarios recobrarían la tranquilidad de que, por un largo periodo de tiempo, no iba a sentirse eternamente secuestrada su vida diaria por los sacrosantos intereses de Estado. Esto es, que podrían ir y venir a currar o a comprar chocolatinas y bebedizos raros sin el temor a que alguien decida cerrar la frontera o restringirla, obligarles a colas eternas y ese tipo de zarandajas que tanto gusta al poder cuando se pone a ejercer el poder.

De ahí, presumiblemente, que a cierto sector del Ministerio español de Asuntos Exteriores y del Foreign Office británico le haya cogido con el paso cambiado esta nueva estrategia planteada por el Gobierno de Gibraltar y asumida en parte por la ministra Arancha González Laya, cuyo pragmatismo felizmente se veía venir frente a las pomporrutas imperiales de algunos de nuestros más eminentes salvapatrias que siguen preguntándose qué ganaría España con todo ello. La respuesta está clara, salvo para quienes viven en lugares lejanos a los problemas que deben afrontar como responsables públicos: España ganaría, sencillamente, de entrada, dejar de dar por saco a unos miles de compatriotas a los que nuestro país ha sido incapaz de ofrecer trabajo y dignidad en nuestro suelo y, para ello, tienen que emigran a diario hacia una colonia, mientras a este lado de la Verja acechan el paro, la desesperanza y las andanzas nocturnas de las narcolanchas.

Tampoco al britanismo al uso le importa un ápice Gibraltar y su peñazo: ellos están en lo que están, mandando barcos de guerra al mar del norte para combatir a los peligrosos pescadores franceses, o resolviendo la frontera de Irlanda del Norte, quizá porque en ello le fuera el acuerdo de paz con el IRA.

Quedan muchos flecos por resolver en una negociación a cuatro bandas que implica a Londres y a Bruselas, pero también a Madrid y a Gibraltar. Los que se la cogen con papel de fumar y ponen astillas en las ruedas de la negociación entienden que la hipótesis del Peñón en Schengen no sólo es compleja –que lo es--, sino imposible. Quizá, sencillamente, porque ellos perderían buena parte de su razón de ser porque cada vez que aquí se ha intentado alguna solución para hacerle la vida más fácil a la gente mientras sus gobiernos resuelven los contenciosos, ha aparecido el empollón de la clase diciendo que tal o cual alternativa vulnera el epígrafe doce bis de cualquier acuerdo o desacuerdo, de cualquier resolución de Naciones Unidas o de los altos tribunales mundiales. Así lo mismo se cerró el Instituto Cervantes en Gibraltar porque venía a reconocer implícitamente que Gibraltar era el extranjero, como sostenía el inconmensurable José Manuel García Margallo.

Que esta frontera terrestre pierda definitivamente sentido y se diluya en la historia, no sería una victoria inglesa, española o gibraltareña, sino del sentido común.

Quienes se limitan a preguntar qué ganaría España con ello vienen a ser los mismos --o sus descendientes, porque aquí hay mucha genética--, que se preguntaban hace justo cuarenta años por qué había que abrir una frontera sin recibir nada a cambio, como si a este país no le fuera suficiente que sus nacionales pudieran escaparse de sus demonios cuando les fuera necesario.

Claro que es complicado que Gibraltar se incorpore al Acuerdo de Schengen, al que nunca perteneció el Reino Unido y al que no pertenecerá ya nunca después del Brexit. Claro que quedan asuntos que pulir respecto a fiscalidad del Peñón o la aceptación de este nuevo socio por parte de los veintiséis países que conforman dicho Tratado de libre paso. Botella medio llena, botella medio vacía. Que sea el Frontex quien ejerza el control de la Verja en lugar de los cuerpos y fuerzas de Seguridad españoles no significa que España renuncie a nada, sino que, en la práctica, sería el Reino Unido quien estaría renunciando de hecho a ejercer dicho papel en el istmo que usurpó en su día y sobre el que levantó la Verja hace justo un siglo. Que esta frontera terrestre pierda definitivamente sentido y se diluya en la historia, no sería una victoria inglesa, española o gibraltareña, sino del sentido común. Una virtud laica que, creo yo, tendría que ser mucho más valorada en estos tiempos desaprensivos. El Peñón de Gibraltar dejará de ser un peñazo cuando, a su sombra y como diría Mario Benedetti, la gente viva feliz aunque no tenga permiso.

Faltan 5 días y no sabemos quién va a poder venir a Europa. El próximo 1 de julio se levantan las fronteras de la UE para nacionales de terceros países y los 27 aún siguen discutiendo los criterios para dejar pasar o no.

Los embajadores de los 27 ante la UE intentarán de nuevo este viernes llegar a un acuerdo sobre cómo abrir las fronteras exteriores a terceros países después de intensas negociaciones durante los últimos días. Algunas listas que se están manejando como borradores, y que han publicado Politico y The New York Times, dejan fuera a turistas de países como EEUU, Rusia y Brasil.

Los países incluidos en la lista provisional de admitidos más estricta han sido seleccionados en virtud de una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia es la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Según los datos de The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80.

La UE recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para el próximo miércoles 1 de julio.

Después de que el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, hablase este martes de un umbral de 50 contagios por cada 100.000 habitantes a la semana, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha respondido en TVE: “Algunos piensan que 50 es demasiado elevado, que debería ser más cercano a 20, otros piensan que es demasiado modesto, vamos a dejar un poco de tiempo a la discusión”.

Los 27 prevén abrir sus fronteras exteriores en principio el 1 de julio, pero lo harán de forma gradual y primero a aquellos países “donde la situación epidemiológica sea positiva”. En todo caso, tienen que hacerlo de manera coordinada porque una vez que se entra en un país del área Schengen hay libre circulación entre países.

“Evidentemente no concebimos este ejercicio como un ejercicio diplomático sino sanitarios porque lo que tenemos que garantizar a quien entra y a quien está en España es la protección de su salud”, ha afirmado la ministra de Exteriores.

Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,3 millones (120.771 muertes). En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,1 millones (51.271 fallecidos). Y en tercer lugar está Rusia con casi 600.000 casos y 8.349 muertes registradas, según la universidad Johns Hopkins.

González Laya ha afirmado que “hay lugares en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde la epidemia aún no ha llegado a su pico” y por tanto la UE quiere ser “extremadamente cuidadosa con la llegada de ciudadanos de estos países al espacio europeo”.

Una vez que los Estados acuerden la lista definitiva, esta se presentará a principios de la semana que viene. La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicarla, pero según informa The New York Times, si no se cumple, podría llevar a una nueva imposición de restricciones de movimiento entre los países de la UE.

La presidencia de turno de la UE, el Gobierno croata, está manejando, según Politico, dos listas con horquillas diferentes.

La primera incluye 47 países con una tasa de infección inferior a 16 casos por cada 100.000 personas.

La segunda, con un rango de 16-20 por 100.000, suma 54 países. China, Vietnam y Australia están en ambas listas, mientras que Canadá, Turquía y Egipto solo estarían en el grupo más amplio.

Sin embargo, una serie de capitales están presionando para que otros datos también se tengan en cuenta, explica Politico, como las tasas de tests, el número de pacientes en cuidados intensivos o la preparación de los países, por ejemplo, en términos de instalaciones hospitalarias, así como la fiabilidad de los datos.

González Laya, en todo caso, no ha confirmado que vayan a quedar fuera Estados Unidos, Brasil o Rusia: “Lo haremos con criterios epidemiológicos, porque esto es una pandemia no es una discusión diplomática”.

“Hay reglas muy claras para el sistema de información Schengen. Y esperamos que todos los miembros observen su letra y espíritu”. Así ha respondido la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, a la filtración por parte de Josep Borrell, ministro en funciones de Exteriores y jefe de la diplomacia europea electo. Un toque de atención inusual en una sala de prensa en la que los portavoces comunitarios se desenvuelven con extraordinaria diplomacia en lo que respecta a los gobiernos y gobernantes de los Estados miembros.

“El tuit fue puesto como ministro en funciones”, ha proseguido Andreeva, quien no ha dicho si la presidenta electa, Ursula von der Leyen, o alguien de su gabinete se ha dirigido a Borrell: “Ahora es cosa de las autoridades españolas hacer seguimiento del caso”.

Tras la reactivación de la euroorden contra Ponsatí por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, las autoridades británicas la tacharon de “desproporcionada” y solicitaron más información sobre el caso a sus interlocutores españoles, a través del sistema SIRENE de cooperación policial europea para el intercambio de información sobre personas dentro del espacio Schengen.

Más tarde, las mismas autoridades británicas afirmaron que fue un “error” la descalificación para referirse a la petición de entrega de Ponsatí, si bien insistieron en que necesitaban más información de las autoridades españolas antes de decidir darle curso o no.

Y es ese segundo documento el que el ministro Borrell hizo público en Twitter, borrado más tarde, en el que decía que Reino Unido había enviado un “documento de rectificación”.

A consecuencia de ello, la eurodiputada Diana Riba (ERC/Greens/EFA), ha escrito una carta al Ejecutivo comunitario en la que le pide que tome cartas en el asunto y en la que sostiene que el comportamiento de Borrell vulnera las normas europeas, en tanto que ninguna autoridad política debería tener acceso –y menos aún publicar– a los datos restringidos del sistema SIRENE destinado a la cooperación policial.

Los controles temporales no deberán exceder un año, en lugar de los dos que se permiten actualmente. Es la principal demanda del Parlamento Europeo, que ha votado este jueves en Bruselas su posición ante las negociaciones sobre el reglamento de Schengen, sujeto a revisión. 

El código que regula la zona Schengen permite ahora a los países miembros efectuar controles en sus fronteras durante un tiempo limitado si detectan una grave amenaza para la seguridad o el orden público.

Forman parte de la zona Schengen todos los Estados miembros de la UE –excepto Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y Reino Unido–, además de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Seis de ellos aplican controles en sus fronteras interiores desde 2015. En el caso de Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, sus autoridades aducen las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis migratoria, mientras que Francia lo vincula al estado de excepción por la amenaza terrorista.

El periodo inicial para los controles en las fronteras interiores será de sólo dos meses, en vez de los seis meses actuales, y los controles no podrán alargarse durante más de un año, frente a los dos permitidos ahora. Los eurodiputados advierten de que los controles temporales afectan a la libre circulación de personas, por lo que sólo introducirse en circunstancias excepcionales y como último recurso.

De acuerdo con el texto del Parlamento Europeo, los países deberán elaborar una detallada evaluación de los riesgos si pretenden extender los controles más allá de los dos meses iniciales. Para mantener los controles más de seis meses, la Comisión deberá dictaminar si la medida respeta la normas antes de someterla a la decisión del Consejo. El pleno también pide que el Parlamento sea informado a lo largo de todo el proceso.

La ponente del texto legislativo, Tanja Fajon (S&D, Eslovenia), señaló: “Schengen es uno de los grandes logros de la UE. Pero está en riesgo debido a controles ilegales que seis países llevan efectuando desde hace más de tres años, a pesar del límite máximo de dos años. Esto demuestra la ambigüedad de las reglas vigentes y cómo las autoridades nacionales las interpretan y aplican de manera incorrecta. Si queremos salvar Schengen, tenemos que poner fin a esto imponiendo normas claras”.

El texto fue respaldado por 319 eurodiputados, 241 votaron en contra y 78 se abstuvieron. Las conversaciones con los ministros de la UE sobre la formulación final de la norma podrán comenzar una vez que el Consejo fije su propia posición.

El Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) decidía este jueves ordenar la extradición del expresident catalán Carles Puigdemont, aunque únicamente por un delito de malversación y no por el de rebelión, como le solicitó en su euroorden el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La decisión provocaba una airada reacción en el PP, que cargaba contra los tribunales alemanes por no compartir la visión del Alto Tribunal español. El eurodiputado Esteban González Pons y el candidato a la Presidencia de los populares Pablo Casado, llegaban a plantear la supresión del acuerdo Schengen. 

“Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiarán y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras”, aseguraba Pons. “Desde el PP tenemos que hacer respetar a España”, añadía Casado. “El espacio Schengen se ha suprimido en media docena de los países de la Unión Europea. Y se podrá suprimir si no hay garantías de que a España se la respete si un país ajeno viene a enmendar la plana al Supremo”, concluía.

El de Schengen es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países). El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 –España se sumó en 1991– y en vigor desde 1995, establece un espacio común –denominado espacio Schengen– que comprende una gran parte del continente europeo. Los países participantes aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores y también en materia de visados y de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal.

El argumento del PP es que la decisión de los tribunales alemanes sobre Puigdemont demuestra que la euroorden “no funciona”, por lo que solo ese caso sería suficiente para derogar un acuerdo que permite la libre circulación de ciudadanos europeos desde hace 23 años. 

En la actualidad forman parte de ese espacio Shecngen Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. 

Un borrador de informe de la Comisión Europea, que se hará público el viernes, urgirá a los miembros de la Unión Europea (UE) a poner fin a los controles en las fronteras interiores antes de que termine el año para evitar el colapso del  “gran logro” que representa la libre circulación de personas.

En el contexto de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, algunos países de la UE han levantado vallas y muros y han establecido controles en las fronteras internas. Desde septiembre de 2015 ocho países de los 26 que integran el espacio de Schengen han restablecido controles fronterizos.

Según el borrador del informe, estos controles amenazan “el buen funcionamiento de la libre circulación de personas prevista en el espacio de Schengen”. Y señala: “Ha llegado la hora de que los Estados miembros actúen unidos para salvaguardar uno de los mayores logros de la Unión Europea”.

Por otro lado, el comisario europeo de ayuda humanitaria anunciará este miércoles una propuesta de ayuda de emergencia de 700 millones de euros para los refugiados bloqueados en la ruta de los Balcanes, a implementar en los próximos tres años.

Grecia será la principal beneficiaria de este paquete de ayuda en un momento en que los líderes europeos tratan de ayudar a Atenas a gestionar su propia crisis. Unos 24.000 refugiados necesitan un lugar permanente donde vivir y unas 2.000 personas siguen llegando a diario a las costas griegas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha indicado que la ayuda a Grecia es “una prueba de nuestra europeidad”.

La clave turca

La zona de la UE en que se puede viajar sin pasaporte se extiende de Islandia a Grecia –no incluye el Reino Unido e Irlanda–, y actualmente soporta una presión sin precedentes. Su colapso pondría fin a décadas de esfuerzos por promover la integración europea.

La Comisión Europea quiere que los Estados miembros levanten los controles fronterizos tan pronto como sea posible, en cualquier caso siempre antes de noviembre de este año. Sin embargo, Bruselas también quiere que se incremente el control en las fronteras exteriores de la UE, y volverá a advertir a Grecia de que podría ser expulsada del espacio de Schengen si no logra mejorar el control fronterizo antes de mayo.

El plan de acción ha sido elaborado antes de la cumbre de emergencia Unión Europea-Turquía que se celebrará el 7 de marzo. En el marco de ese encuentro, la UE instará a Ankara a redoblar los esfuerzos por detener el flujo de refugiados. El gobierno turco se comprometió a hacerlo el año pasado, a cambio de una ayuda de 3.000 millones de euros.

Turquía acoge a unos 2,5 millones de refugiados y afirma estar haciendo todo lo que está en su mano para gestionar esta crisis. De hecho, altos cargos del gobierno turco aseguran que los planes de la Unión Europea relativos a la reubicación anual de miles de refugiados que en la actualidad se encuentran en Turquía, a cambio de controles más estrictos en la frontera, no son viables.

Tusk se reunirá con el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, y con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, antes de la cumbre de la UE. También se reunirá con el canciller austríaco, Werner Faymann, y los líderes de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Grecia, en una gira de tres días por seis países a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales.

Como pone de manifiesto este último plan de la UE, Bruselas sigue pensando que una colaboración con Turquía podría propiciar una disminución rápida de las personas que llegan a Grecia. Sin embargo, se trata de una tarea complicada, ya que durante los meses de han llegado a las costas griegas unos 2.000 refugiados cada día, y se espera que esa cifra aumente con la llegada del buen tiempo.

Un número según la riqueza del país

La presión sobre Grecia para que ceda la gestión de sus fronteras a la Unión Europea ha aumentado a medida que también lo ha hecho la cifra de refugiados. Según su plan más reciente, las autoridades de la UE llevarán a cabo una inspección de las fronteras de Grecia a mediados de abril para determinar si los controles son adecuados. En mayo debería decidirse qué papel juega Grecia en el espacio de Schengen.

El ejecutivo de la UE también reitera su intención de revisar la normativa que regula las solicitudes de asilo. Según las normas actuales, conocidas como “el sistema de Dublín”, los solicitantes de asilo deben pedirlo en el país de llegada. Sin embargo la canciller Angela Merkel puso fin a este sistema el año pasado, al abrir las fronteras alemanas a cualquier sirio que quisiera solicitar asilo en el país, con independencia del país de llegada y de los países de paso.

La Comisión presentará a mediados de marzo una lista con distintas posibilidades de reforma de la política de asilo de la UE. La preferida prevé un sistema permanente de reubicación de refugiados en función de la riqueza y tamaño de los distintos países de la UE. Los esfuerzos más recientes para reubicar a los refugiados que se encuentran en una Grecia saturada y en Italia no han sentado un precedente alentador: el plan preveía reubicar a 160.000 refugiados y solo 629 han encontrado un nuevo hogar.

Una fuente de la Unión Europea ha subrayado que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la mejor manera de reformar el sistema de Dublín. “Hay muchas vías posibles y una reforma no implica necesariamente un cambio fundamental de los principios de Dublín”, ha indicado en referencia a la obligación de solicitar asilo en el primer país de llegada.

El martes pasado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados urgió a Europa a priorizar los planes de reubicación al afirmar que “el continente se encuentra inmerso en una crisis humanitaria en gran medida autoinducida”.

Además de apelar a la solidaridad europea, Bruselas espera convencer a los Estados miembros del elevado precio económico que supondría la desaparición del espacio de Schengen. El informe advierte de que el restablecimiento de los controles en las fronteras nacionales perjudicaría a los negocios y disuadiría a los turistas, especialmente los turistas asiáticos con más poder adquisitivo, que solo visitarán “los destinos más populares de la Unión Europea”.

La restauración de los controles en las fronteras interiores supondría un coste inmediato de 18 mil millones de euros anuales; el 0,13% de la producción anual de la zona de Schengen. Sin embargo, los costes serán mucho más elevados, ya que los negocios y el sector turístico también sufrirían pérdidas de miles de millones.

Traducción de Emma Reverter

La Unión Europea se creó con la finalidad de “promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”. La consecución de estos objetivos presupone la unión de los países de Europa. Por consiguiente, pese a los muchos éxitos importantes que ha cosechado la Unión, no puede considerarse que sean un 'derecho adquirido' sino que deben salvaguardarse y desarrollarse con coherencia y constancia.

Prueba de ello es la grave y profunda crisis que atraviesa Europa en la actualidad. Los problemas económicos y presupuestarios han puesto de manifiesto las deficiencias de gobernanza que padece la Unión, el insuficiente nivel de integración y el grave riesgo de fractura incluso en el seno de la sociedad civil.

El riesgo de que la UE se aleje de sus valores y objetivos es hoy en día mucho más patente que nunca. La ausencia de una política social eficaz en el marco de la crisis ha contribuido no solo al estallido del paro, que prácticamente ha echado a perder la próxima generación de jóvenes, sino también al rápido incremento de la pobreza, que afecta incluso a aquellos que tienen empleo. A esto se añade la falta de una estrategia para la acogida de refugiados, ante la cual algunos estados miembros muestran una lamentable falta de solidaridad, mientras al mismo tiempo se pretende poner en tela de juicio el derecho a la libre circulación de personas en el espacio Schengen.

Pese a todo, la Unión Europea no es el problema, sino la solución. ¿Pero cómo podemos proteger el proyecto europeo en esta coyuntura crítica?

Es preciso que fortalezcamos sus fundamentos sociales y acerquemos Europa a sus ciudadanos. El desempleo juvenil hoy en día es francamente alarmante. El empleo debe ser la máxima prioridad. Ante todo es preciso garantizar que los recursos financieros destinados a luchar contra este fenómeno se gestionen a través de normativas eficaces y sean utilizadas sobre el terreno de modo directo y adecuado. Sigue siendo necesario luchar contra el trabajo ilegal y no declarado.

También debemos hacer de la inversión en investigación e innovación nuestra prioridad si queremos que Europa se convierta en un lugar pionero donde el protagonismo recaiga en los jóvenes científicos; ahora bien, al mismo tiempo la Unión y los Estados miembros deben invertir más en educación y formación profesional. Se ha de fomentar la adopción de medidas que promuevan el desarrollo personal, la cultura, la inteligencia y la socialización. Asimismo, debe garantizarse la libre circulación de personas y bienes: hay que dejar claro que Europa está abierta a todo el mundo y que puede proteger sus intereses económicos y sus conquistas sociales.

Así pues, hay soluciones, y son soluciones que Europa puede aportar. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ya ha presentado a la Comisión Europea propuestas detalladas para hacer frente a la crisis económica. Los dictámenes sobre la renta mínima europea, el impuesto sobre las transacciones financieras y la emisión de obligaciones europeas son parte de este conjunto de propuestas.

No cabe ninguna duda de que la Unión Europea debe recabar, procesar e integrar los puntos de vista y las propuestas de la sociedad civil, exactamente tal como propone el CESE: absorbiendo el espíritu de iniciativa y de inversión empresarial, aprovechando la energía y la dedicación de los trabajadores y maximizando el espíritu de solidaridad que mueve a todos los componentes del Comité Económico y Social Europeo.

Por último, como ya puse de relieve en el programa que tuve el honor de presentar con ocasión de la toma de posesión de mi cargo, un proyecto humano no tiene razón de ser si su objetivo final no son las personas. Las heridas no van a cicatrizar con una recesión en lo social, sino con espíritu empresarial, trabajo y solidaridad. No podremos impedir que los nacionalistas extremistas engañen a los ciudadanos vulnerables con promesas de un futuro radiante y amaneceres dorados en días mejores, sino demostrando en la práctica, con determinación e inventiva, que la unión hace la fuerza. De este modo estaremos en condiciones de oponernos a todas las formas de oportunismo político y económico, mejorando las condiciones de vida para todos.

Es nuestro deber levantar, hacer prosperar y proteger Europa, pero no debemos hacerlo en honor de unos sistemas, estructuras o conceptos abstractos: hemos de hacerlo por y para los ciudadanos europeos.

La UE ha advertido a Grecia de una suspensión de su pertenencia al espacio Schengen, de libre movimiento entre los estados miembros, si no controla mejor sus fronteras exteriores y accede a una mayor intervención comunitaria antes de mediados de Diciembre. Grecia es el país por donde entran más refugiados y migrantes, según la agencia europea de control de fronteras Frontex.

La amenaza al gobierno griego, que recoge el diario Financial Times, supondría la primera suspensión de un estado del espacio de libre circulación firmado en 1985. El acuerdo permitió suprimir los controles fronterizos entre los países firmantes y fortalecer la cooperación de la vigilancia de las fronteras exteriores.

Según las fuentes diplomáticas del diario británico, se trata de una medida de presión sobre el gobierno de Alexis Tsipras para que acceda a una mayor participación de una misión fronteriza europea en el mar Egeo, entre otras cuestiones. La UE también quiere presionar a Grecia para que invoque el sistema de ayuda humanitaria comunitaria.

En la actual crisis humanitaria de refugiados, Grecia se ha convertido en la principal vía de entrada a Europa para los refugiados y migrantes que no pueden acceder de manera legal al continente. La ruta del Egeo, aunque peligrosa, es menos arriesgada que la del Mediterráneo central hasta Italia. Este año han muerto en el Mediterráneo 3.563 personas, hasta el 1 de diciembre, indica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según los datos de Frontex hasta octubre, de las 581.640 entradas irregulares registradas en Grecia, unas 389.000 eran de ciudadanos sirios, que huyen de una guerra civil que ya supera los cuatro años.

Una de las principales quejas de los países de la ruta de los Balcanes, y que expuso de manera expresa Hungría en esta crisis humanitaria, es que muchas personas no quedan registradas a su paso por Grecia.

Grecia no está rodeada por vía terrestre por ningún país que forme parte del espacio Schengen, por lo que en la práctica no supondría más controles para los refugiados, que en su mayoría salen del país hacia el centro y el norte de Europa. Sin embargo, sí se impodrían controles para los ciudadanos sirios y los inmigrantes regulares que quisieran viajar en avión a otro estado Schengen.

Mientras en las reuniones europeas unos regatean las cifras y otros se jactan de aceptarlas, Ahmed mira la televisión en Marruecos y presiente que todo va a seguir igual. “Dicen que van a cerrar las puertas de Europa. ¿Es cierto?”. Ha visto las nuevas noticias de Austria, de Alemania, pero para ellos las puertas nunca han estado abiertas. Son los olvidados de esta crisis humanitaria, los que España no cita aunque los tenga cerca.

Con el foco centrado en el cierre de la frontera entre Hungría y Serbia, el Gobierno trata de ignorar que tiene una situación similar en su propia puerta, la de Melilla, que gracias al previo control marroquí, mantiene cerrada para los refugiados. Ante esta situación, varias ONG como CEAR y Save The Children han pedido al Ejecutivo la emisión de visados humanitarios a los cientos de refugiados sirios que cada día intentan burlar a la policía alauí para pedir asilo en Europa.

Alemania y Austria han suspendido temporalmente los acuerdos europeos de Schengen, que garantizan la libre circulación de personas, por lo que la entrada en estos países sólo podría hacerse con la documentación reglamentaria. En Melilla, sin embargo, desde 2010 para los inmigrantes y refugiados la ciudad autónoma no es Europa. No pueden partir con libertad hacia la Península pues estos territorios no pertenecen al espacio Schengen. Deben esperar a la emisión de un visado humanitario, que se retrasa o se acelera en virtud de criterios desconocidos hasta el momento, como comprobó el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Los refugiados de los que el Gobierno no habla son los bloqueados a las puertas de Melilla, pero también los que aun logrando traspasarlas, se encuentran atrapados durante meses en una ciudad donde no tienen oportunidades de futuro.

Son las familias divididas, las que están cerca pero separadas por unos metros, por una valla. Familias distanciadas por un sí, que en realidad es un no: España creó una oficina de asilo en su frontera para que los refugiados puedan pedir asilo de forma legal, sin saltar una alambrada, sin comprar un pasaporte falso, sin enriquecer a traficantes. Pero no. Marruecos tiene la llave de su frontera, y la tiene echada.

Son Hassan y su hijo. Están en Melilla, pero con la cabeza en Marruecos. Allí, a 200 metros del puesto fronterizo marroquí están su mujer, Fátima, y su hija, Asha. Cada día se visten con ropas marroquíes para hacerse pasar por residentes de Marruecos con permiso de transeúnte en Melilla. Desde primera hora de la mañana se plantan en el puesto fronterizo de Beni Enzar y comienzan su tarea. Pero no. La Policía alauí se da cuenta de que son esos sirios que intentan colarse día sí y otro también. Decenas de familias se encuentran, como ellos, separadas por culpa al bloqueo realizado por Marruecos y España a los ciudadanos sirios.

Es Ghada, una adolescente de 15 años con cara de avispada pero mirada triste. Está en Melila pero sus hermanos pequeños, de 10 y 8 años, se quedaron en Marruecos con un familiar. Ella logró pasar con su madre y otro de sus hermanos, Mohamed (nombre ficticio), pero ellos se quedaron atrás. “Quiero estar con ellos. Le quiero pedir al Gobierno de España que abra la frontera para los sirios”, dice con una voz dulce. Mohamed resume sus deseos en otra frase: “Quiero vivir en paz, pero con mis hermanos. Quiero estudiar Medicina y volver a Siria cuando acabe la guerra. En Melilla no puedo hacerlo”.

Es Ahmed, un joven sirio de ojos azules y pelo rubio. Sus compañeros de viaje le llaman “el alemán” entre risas en una cafetería marroquí cercana a la frontera que aspira a cruzar algún día. El sonríe y bromea, pero sabe que su apariencia le perjudica. “La policía de Marruecos se ha quedado con mi cara. Es fácil recordarme”, lamenta agobiado desde el otro lado de la frontera. “Hay un hombre por aquí que conoce a los guardias y me dice que si no les doy dinero para que les paguen, yo no entro”, reconoce preocupado. “No tengo dinero, y sin dinero es imposible”.

Este martes han vuelto a agolparse en la frontera para intentar alcanzar Melilla. “Los agentes han tirado el móvil de un amigo al suelo porque estaba haciendo fotos”, explica el joven. Marruecos no quiere que se les vea, y España actúa como si no estuvieran. eldiario.es ha preguntado en repetidas ocasiones al Ministerio del Interior sobre el bloqueo de cientos de refugiados sirios a las puertas de la ciudad española pero no ha recibido respuesta.

Son los menores refugiados solos.

Es Ali (nombre ficticio). Y sus “tres peores días de su vida”. Los que estuvo en Marruecos tratando de cruzar. Él fue afortunado, solo empleó unos días en lo que para otros se ha convertido en una auténtica odisea de meses. Pero lo recuerda con horror. “Todo el rato sientes como si hicieses algo mal. Te miran, te señalan, te hablan mal. Sentía que no me podía fiar de nadie... Reconozco que, aunque a menor escala, ahora también me pasa”, dice el joven que prefiere ocultar su nombre por miedo a represalias contra su familia.

Viajó de Siria a Turquía. De Turquía, a Argelia, donde permaneció durante cerca de dos años junto a su familia. Acabó sus estudios, pero allí no se podía quedar. “Quiero estudiar ingeniería y en Argelia debía pagar cerca de 6.000 euros”, afirma el joven sirio. Viene para crecer.

“Era la primera vez que viajaba solo y estaba asustado”, reconoce Ali con timidez. Cada una de las palabras que formula parecen pensadas y repensadas para evitar hablar de más. Habla con miedo, su desconfianza le acompaña. Ahora está esperando en Melilla los resultados de las pruebas de la edad. Su pasaporte dice que es menor, pero él asegura que no lo es, que ya tiene 18, que hubo un error en su registro en Siria.

Los traslados desde Melilla a la Península de los refugiados menores no acompañados se retrasan hasta su mayoría de edad. Hasta entonces, los servicios sociales de la ciudad autónoma se encargan de su tutela. Ali vive en el centro de menores de La Purísima. “El ambiente no es bueno, no estoy cómodo. Hay muchos niños marroquíes con problemas y delincuencia”, dice este refugiado.

La exclusión social que padecen muchos menores no acompañados marroquíes en Melilla aboca a algunos a las drogas y al alcohol, lo que deriva en las situaciones de conflictividad a las que se refiere el sirio. Lleva dos meses en la ciudad autónoma pero quiere continuar su viaje. No quiere esperar más. “Quiero conocer España, tengo muchas ganas”, cuenta a eldiario.es en su camino al centro. “Pero no me quiero quedar allí”, corre a aclarar. Su destino, el de casi todos: Alemania.

El Gobierno tampoco habla de Samir. Un joven menudo de 18 años recién cumplidos. Lleva 11 largos meses en Melilla, y está cansado. “¿El resto de España es igual que esto?”, pregunta. Yo no quiero ir a España, no. Estoy harto de España“, repite una y otra vez con una sonrisa pilla constante. Preguntar por el lugar que desea alcanzar a veces resulta ridículo. Sí, Alemania.

Desde allí quiere enviar dinero a su familia, que continúa en Siria. Se fue solo porque no quería acabar como las personas que aparece en las fotos que guarda su teléfono móvil. Nos enseña a sus hermanos, vestidos de militares, portando kalashnicovs. “Yo no quiero luchar. Tenía casi 18 años... Me iban a obligar a ir a la guerra. Yo solo quiero vivir en paz”.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy no ve ninguna incompatibilidad entre el refuerzo de las medidas contra el terrorismo y las libertades fundamentales. En una entrevista en la Cadena SER, el jefe del Ejecutivo se ha referido a la voluntad de EEUU y la Unión Europea de reforzar los controles en las fronteras y en los desplazamientos interiores a raíz de los atentados de Francia y ha sañalado que “seguridad y libertad son absolutamente compatibles”.

“Creo que cualquier cosa que ayude a combatir el terrorismo hay que hacerla”, ha señalado Rajoy, que ha subrayado que, en todo caso, esas medidas se adoptarán desde el respeto a los derechos fundamentales. “Creo que la gente quiere libertad y derechos fundamentales, que están en la base de cualquier constitución, pero las personas también quieren seguridad”, ha señalado.

Sobre el debate en torno a la posibilidad de revisar el Tratado de Schengen con el fin de reforzar los controles en las fronteras interiores de la UE, Rajoy ha señalado que “no hay ninguna decisión adoptada”.

Rajoy ha evitado criticar la presencia de líderes de países cuestionados por su respeto a las libertades en la marcha de este domingo en París. “Era una manifestación para mostrar apoyo en la lucha contra el terrorismo, fomentar la cooperación y mostrar que hay unos valores, una unidad y que todos estamos dispuestos a luchar juntos. Eso es lo positivo, lo importante y con lo que hay que quedarse”, ha dicho.