Este jueves se cumplen 11 años de la muerte de 14 migrantes que trataban de entrar en Ceuta desde Marruecos a través de la playa del Tarajal. Uno de los supervivientes de aquella tentativa que se encontró con las balas de goma y botes de humo de la Guardia Civil, Brice O., ha elegido el anivesario para presentar una denuncia contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU. La reclamación alega que el Estado es responsable por no haber llevado a cabo una investigación efectiva y por no haber prevenido actos de tortura y maltrato.

El caso de Brice guarda similitudes con el de Ludovic N., que acudió al mismo organismo de Naciones Unidas hace ahora un año tras estrellarse contra la justicia española, que archivó definitivamente el caso sin permitirle presentar un recurso. A Brice tampoco se le llamó a declarar ni tuvo oportunidad de presentar su testimonio en calidad de víctima y testigo, con el añadido de que su trance particular ni siquiera formó parte de la causa archivada.

Este superviviente, de origen camerunés, entonces poco más que un muchacho y que hoy pasa de 30 años, recibió el impacto de una bala de goma en el ojo y no logró llegar a tierra firme del lado español. Tampoco recibió tratamiento y acabó perdiendo la visión. Cinco años después del suceso, en 2019, fue reconocido como refugiado y acogido por Canadá, donde reside actualmente.

Para la demanda, Brice O. ha contado con el asesoramiento del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y la ONG Iridia, que ha registrado en vídeo el relato del superviviente. “Es importante entender en qué estado nos encontrábamos cuando fuimos atrapados en el mar, entre disparos de la Guardia Civil y golpes de las fuerzas auxiliares marroquíes. Yo y los demás, la mayoría, estábamos muy débiles mental y físicamente, de llevar años con una vida dura de extrema pobreza y también de malos tratos”, indica el testimonio.

“Claramente hubo más muertos”

Brice O. relata el dolor por el impacto, la sensación de ahogo y abrasión por efecto del gas y el posterior traslado al hospital, donde no le trataron el ojo. Antes, en la playa, pudo reconocer los cuerpos de tres amigos cercanos junto a quienes había llegado a Marruecos. “Claramente hubo más muertos de los que se habla, los de España y los de Marruecos. Están los que nunca fueron identificados, los amigos que estaban con nosotros al principio de ese mismo día y que nunca volvimos a ver. También están las mujeres y los niños que estaban en el grupo al principio y que después no se vieron por ninguna parte, ni en la playa ni los hospitales”, cuenta.

La justicia ordinaria archivó definitivamente la investigación por las muertes, pendiente ahora de un posible amparo del Tribunal Constitucional, que en 2023 admitió a trámite un recurso de las ONG Coordinadora de Barrios, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El razonamiento de la presente denuncia ante el organismo de la ONU se fundamenta en la ausencia de una investigación efectiva por parte de España y en no haber prevenido actos de tortura y maltrato. Concretamente, la ECCHR censura “la parcialidad de los agentes de la Guardia Civil contra las victimas negras, la falta de independencia de los órganos de instrucción, la obstrucción a la participación de las víctimas y la omisión en practicar diligencias mínimas de investigación”. “El hecho de que nadie haya sido castigado o juzgado todavía es injusto […] Es así de simple”, concluye Brice O.

Tenía 15 años cuando Ludovic N. trató de llegar a Ceuta en el fatídico intento de entrada respondido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma en 2014. Rodeado de  gritos y disparos de material antidisturbios, llegó a la playa ceutí agarrándose con una mano al espigón fronterizo, fatigado por el gas lacrimógeno difícil de esquivar y dolorido por los golpes que dice haber recibido antes de su devolución en caliente. Había visto y sufrido los hechos que durante años fueron investigados por los tribunales pero, aunque fue uno de los testigos incluidos por la acusación popular en el caso Tarajal, nunca fue escuchado.

10 años después de la muerte de sus 14 compañeros, tras chocarse con numerosas trabas que le impidieron prestar testimonio, este joven camerunés ha decidido ir más allá y denunciar a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). La queja, tramitada como una “comunicación individual”, de Ludovic N. ante el organismo internacional señala los supuestos malos tratos sufridos, su expulsión en caliente a Marruecos, así como una presunta falta de investigación “pronta e imparcial de su caso”.

“Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos”, denuncia Ludovic N en un vídeo grabado por ECCHR. “Me parece muy lamentable que el procedimiento no tuvieran en cuenta las perspectivas de las personas que vivimos esta situación y que los que eran los actores principales no puedan compartir su perspectiva”, añade el joven, quien ahora vive en Alemania. 

La queja de Ludovic N. apunta a que, en una instrucción de ocho años, “le ha sido denegado su derecho, como víctima, a ser escuchado, lo cual es un claro síntoma de la falta de voluntad de las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación efectiva” de los hechos. En su escrito, el denunciante -a través de la ECCHR- apunta a la supuesta “parcialidad” del procedimiento judicial a la hora de atender los argumentos de los agentes de la Guardia Civil en contra de la de “los migrantes negros”, así como “la obstrucción a la participación de las víctimas y la omisión de la práctica de diligencias mínimas de investigación”. La organización critica la falta de una serie de pruebas que a su juicio “eran cruciales para aclarar la naturaleza y el carácter del uso de material antidisturbios, la identidad de los fallecidos y la evidencia de lesiones”.

Carsten Gericke, letrado del denunciante, busca obtener del Comité de las Naciones Unidas  más presión para reabrir la causa del Tarajal, que nunca llegó a juicio. “La ONU debe insistir en que España reabra su investigación sobre los sucesos del Tarajal y que se ponga fin a la impunidad”. 

Odisea judicial

En 2022, el Supremo confirmó el carpetazo de la causa que investigaba la muerte de 14 personas en las aguas fronterizas de Ceuta en febrero de 2014. El Tribunal, al rechazar los recursos de casación, ratificó el cierre concluido por la Audiencia Provincial de Cádiz tras un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la instancia superior que llegó a imputar a 16 guardias civiles y ordenar la apertura de juicio oral. Hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Audiencia descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

Ludovic N. fue uno de los tres testigos aportados por la acusación popular a la causa. En enero de 2018, la entonces al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso sin haber solicitado la declaración de ninguno de los supervivientes. El camerunés que ahora denuncia los hechos ante la ONU había  sido localizados en Alemania junto a otro chico por la asociación la organización Observatori DESC y ambos estaban dispuestos a declarar desde el país donde vivían a través de videoconferencia en sede judicial -algo habitual-, pero el juzgado ceuta descartó su comparecencia apelando a la “situación irregular” de los testigos en Europa.  

No obstante, la Audiencia Provincial de Cádiz reabrió el caso en 2018 y cuestionó su cierre sin antes haber escuchado a los supervivientes, “Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”, cuestionaron los jueces entonces. En 2019, por primera vez el juzgado escuchó a L. A y H. K, en Berlín y Madrid respectivamente. Pero Ludovic, aunque estaba citado, nunca pudo contar lo que vio y vivió el día de los hechos. Por un “fallo técnico” no se pudo realizar la declaración y, explican desde  ECCHR, “sin dar más explicaciones nunca se aceptó que volvieran a citarle a prestar su declaración a pesar de las peticiones de las ONG personadas en la causa”. 

“Para mí es doloroso volver a hablar y revivir aquella situación e intentar describirla. Y que esto no se tome en consideración me parece muy desastroso. La perspectiva de los que mataron, de los que golpearon, de los que lanzaron gases lacrimógenos sí cuenta. Y, al mismo tiempo, la perspectiva de los que sufrieron eso no se valora”, lamenta el denunciante. Desde Camerún, los progenitores de seis de las víctimas de Tarajal solicitaron en varias ocasiones personarse en la causa como acusación particular, pero se encontraron con diversas trabas que lo impidieron hasta el final del procedimiento. 

“A pesar de su condición de víctima y testigo, a Ludovic N. no se le notificó esta decisión de las autoridades españolas, que sistemáticamente pusieron trabas a su participación en los procedimientos judiciales españoles y le denegaron sus derechos como víctima que deberían haber estado a su disposición en virtud de la legislación española. A Ludovic N. se le impidió interponer recurso alguno dentro de los plazos pertinentes, incluyendo el recurso de amparo ante Tribunal Constitucional. Frente a la imposibilidad de impugnar el archivo definitivo de la instrucción judicial ante instancias españolas, Ludovic N. recurre ahora al Comité contra la Tortura de la ONU”, cuestionan desde ECCHR.

Más allá del caso de Ludovic N., en 2022 otra parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, CEAR y APDHE) y algunas de las familias de las víctimas presentaron dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos, que fueron admitidos a trámite.

Unas 400 personas han participado este sábado en Ceuta en la X Marcha por la Dignidad, que ha vuelto a recorrer a pie toda la ciudad autónoma hasta la frontera del Tarajal para denunciar las “políticas migratorias racistas que cada año se cobran la vida de miles de personas en las fronteras” de la Unión Europea.

Lo han hecho reivindicando “memoria y justicia” en vísperas del noveno aniversario de la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano el 6 de febrero de 2014, cuando la Guardia Civil hizo uso de material antidisturbios para repeler a un grupo de alrededor de 300 personas que intentaban acceder a nado a territorio español.

Nueve años después de la tragedia, la investigación judicial abierta, que estuvo a punto de sentar en el banquillo a 16 guardias civiles por homicidio imprudente (se libraron al aplicar la ‘doctrina Botín’), fue cerrada definitivamente por el Tribunal Supremo en junio del año pasado. 

El Constitucional todavía está estudiando si admite o no a trámite los recursos de amparo presentados por varias organizaciones no gubernamentales y en nombre de las familias de los fallecidos (a las que ni siquiera se ha permitido viajar a España) por vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la tutela judicial efectiva y la integridad moral, según ha indicado en declaraciones a elDiario.es la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

“Las muertes del Tarajal no son un hecho aislado: desde hace más de 15 años estamos viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos y concretamente en la sur española”, ha advertido el manifiesto que se ha leído junto al espigón marítimo fronterizo en el que se produjo la tragedia de 2014, donde se ha guardado un minuto de silencio y se han colocado velas en recuerdo de Roger, Yves, Samba, Larios, Daouda, Luc, Youssouf, Armand, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blasie y otro varón no identificado.

“Solo vamos a conocer la realidad de la frontera sur si hacemos memoria porque el criminal mata y después quita importancia a lo ocurrido, la muerte hermenéutica”, ha advertido la letrada en el panel que ha compartido por la mañana con los activistas Sani Ladan, Youssef M. Ouled y Soda Niasse sobre los deberes de memoria y hospitalidad y el racismo institucional y social.

Fernández ha repasado las “tragedias” más sonadas para los derechos de los migrantes acontecidas durante los últimos 20 años, desde la muerte de cinco varones de origen subsahariano en la valla de Ceuta en septiembre de 2005 hasta los al menos 23 fallecidos en la de Melilla en junio de 2022 pasando por las resoluciones judiciales que han respaldado las ‘devoluciones exprés’.

“Lo que sucede en las fronteras no se puede disociar del racismo de Estado”, ha enlazado Ladan la intervención de Fernández con la de Ouled, que ha alertado de que la utilización de sistemas de inteligencia artificial para controlar las fronteras solamente conduce a convertirlas en “más mortales”. 

Racismo “estructural y sistémico”

“Tendemos a decir que en España no hay racismo, que no es como el de Estados Unidos, que no es para tanto, pero es posible otra forma de gestionar las migraciones, como hemos visto con Ucrania”, ha comparado el periodista marroquí. “El imaginario colectivo ha asumido que la migración es una amenaza para Europa y esa es otra tragedia más para los Derechos Humanos, somos poco conscientes de nuestro racismo por su carácter estructural y sistémico”, ha alertado Fernández.

Niasse ha enfatizado la necesidad de que un país como España donde supuestamente prima “el derecho a la vida y la hospitalidad” se garantice “que primen sobre cualquier ley” y toda persona pueda llegar aquí “por vías legales, ordenadas, regulares y seguras para no dejar de ser migrante, sino temporalmente huésped y seguidamente ciudadana”.

“Más sufrimiento que vida”

Los manifestantes, en su mayoría personas procedentes de la península y residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, también han recordado a última hora de la tarde sobre la arena del Tarajal a Moussa, el joven guineano de 20 años que el pasado 26 de enero se quitó la vida colgándose de un árbol a las puertas de ese equipamiento, al que le había sido vetada la entrada. 

Sus compañeros han lamentado que se fue con “más sufrimiento que vida” y han reclamado al Ministerio de Inclusión que no vuelva a expulsar a “ningún” acogido y que ofrezca programas “de recuperación y apoyo” tras las “situaciones dramáticas y violentas” que padecen en sus rutas migratorias.

Salvo las de futbolistas como Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Dembelé, Umtiti, Ansu Fati, Aubameyang, Pablo Ganet o Boateng. En esos casos sí, importan y mucho. Porque de ellos dependen los éxitos de Real Madrid, FC Barcelona, Real Murcia y FC Cartagena. Toda la prensa de Europa, de España, de Murcia y de Cartagena, informarán diariamente de cada paso que dan.

Es maravilloso que el talento futbolístico africano esté dando al fútbol europeo una nueva dimensión que acerca la Champions League a las cifras de negocio de la NBA. Pero no estaría mal un poquito de equilibrio, de proporción en el trato y en el contrato de quienes juegan a la pelota y de quienes recogen melones o se suben al andamio.

Ayer conocí a Ibrahima. Lleva apenas unos meses en Murcia, habla poco español. Suficiente para decirme que está trabajando de albañil y está contento, a pesar de la dureza que supone una jornada laboral con las temperaturas de esta Región en verano. Cuando lo abordé, estaba apartado, mirando la manifestación desde fuera. De fondo sonaban cientos de personas coreando, frente a la Delegación del Gobierno de Murcia: “¡Ningún ser humano es ilegal!”. La mirada fija y perdida de Ibrahima captó mi atención. Probablemente pasaban en ese momento por su mente las imágenes de lo que él y su familia han sufrido para que él pueda vivir hoy en el paraíso europeo.

Murcia ha recordado a los fallecidos el pasado 24 de junio en la frontera hispano-marroquí, ha pedido justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Cartagena lo hará el 1 de julio en una concentración convocada por Círculo de Silencio, y de nuevo Murcia el domingo 3 de julio en otra convocada por la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (faAM), a las 7 de la tarde, también frente a la Delegación.

Las imágenes de lo ocurrido en Nador-Melilla el 24 de junio no se nos van de la cabeza. Por eso acudiremos a cuantas manifestaciones hagan falta. Necesitamos expresar en las calles la rabia que nos produce semejante ignominia, dejar clara nuestra oposición a este orden mundial que mata.

Me vienen a la memoria mis primeras imágenes de África. Eran los años 70 y 80, en Dolores de Pacheco. En verano, después de la siesta, mis padres me mandaban con José Antonio Molina Sánchez (su Museo, ¿para cuándo?) y Amparo Molina Niñirola. Unas veces la reunión era en su casa de la Avenida Marqués de Rozalejo, en la pinada de su jardín, otras en el cineclub del pueblo, junto a la iglesia.

Allí nos reuníamos unos cuantos niños y niñas a escuchar las historias que este matrimonio murciano había vivido durante sus viajes por Angola y Mozambique en los años 60 (obligatorio para cualquier persona de esta Región disfrutar la obra del pintor murciano sobre África).

Fascinación y amor. Eso transmitían las fotos, pinturas y relatos de José Antonio y Amparo. Me parece increíble estar escribiendo esto y estar escuchando sus palabras. Escasean voces así de nítidas, sensibles, y plenas de vida.

Todo esto se me ha venido a la cabeza esta mañana desayunando, después de comprobar que en las cafeterías de la Región hoy nadie tendrá noticia por la prensa escrita de que ayer (por este miércoles) hubo cientos de personas que clamaron justicia en Murcia por las vidas negras segadas en la valla. Cientos de personas que guardaron silencio, que rezaron, que gritaron de impotencia, porque les importan las vidas, de cualquier color.

Hoy no importan los sentimientos ni las manifestaciones humanas, salvo a unos cientos. No importan las vidas negras si no es para sacarles el máximo provecho.

Esa es la Europa que tenemos, no seamos hipócritas, por favor. Una Europa racista de los pies a la cabeza. Lo mantendré hasta que seamos capaces de dar una vida digna a las personas, a todas.

Aún así, soy optimisma, voy de la mano de Molina Sánchez y Amparo, como cuando niño.

Nos vemos en la próxima concentración.

“Todo estaría perdido, si el mismo cuerpo (...) ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu

Yo tuve una casa desde cuyas ventanas divisaba la frontera de El Tarajal y la ensenada de Ceuta y, sobre ellas, la puesta de sol descendiendo en una amorosa curva hacia la zona de Tetuán. Yo no soy la baronesa Blixen, pero también tuve una casa en África, cuando las fronteras no tenían alambradas y hasta se podía pasar a pie por García Aldave si te descuidabas, en las zonas en las que la demarcación había desaparecido. Eran unos tiempos difíciles de resoñar ahora que gritan cosas sobre muros inexpugnables. Nada hay más inexpugnable que la estulticia y la inhumanidad.

Quizá por eso no me haya pasado desapercibida esa noticia semisepultada esta semana, entre los temas que parecen serios, en la que se nos decía que, de nuevo, la magistrada instructora de Ceuta ha decidido sobreseer y archivar las actuaciones contra los 16 guardias civiles procesados por la actuación que produjo la muerte de 15 seres humanos en 2014. Cuando yo miraba hacia el sur desde mi azotea, no había cadáveres flotando en el agua. Pero no iba a contarles mi vida, sino todo lo sangrante que se esconde tras la decisión de una magistrada, María de la Luz Lozano, de archivar la causa contra los 16 guardias civiles, a los que ella misma había procesado un mes antes, a pesar de que considera, ella misma lo escribe, que “estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de delitos de denegación de auxilio”.

Que debe ser duro irte a dormir archivando algo que tú misma dices que es indiciariamente delictivo y que le ha costado la vida a personas inocentes. No sé yo si la conciencia se puede adormecer por efecto de una llamada doctrina que no es sino una legislación hecha “por puñetas” para restringir, ni más ni menos, que una institución de rango constitucional como es la acusación popular. En su día, solo se pensó estar legislando “ad hoc” para salvar al hombre más poderoso de España, Emilio Botin, pero la “creatividad” siempre se dispara y se ha revelado como un potente Mr Proper para limpiar y ocultar todo aquello que al poder no gusta.

Lo de la magistrada Lozano debe ser duro de roer por las noches. Podía haberle echado valor y haberlos enviado a la Audiencia para ser juzgados y que hubiera sido el tribunal el que se encargara de perpetrar la infamia, pero esa cobardía no deja de ser una postura provocada por la insólita e inaudita posición de la Fiscalía, ejecutora de la política criminal de Pedro Sánchez, y de la Abogacía del Estado que tiene por cliente a ese mismo Gobierno. Que es muy duro ser progresista y aceptar que arropar y exculpar a unos guardias civiles esté por encima de la depuración de responsabilidades por la muerte de 15 seres humanos, algunos de los cuales lo fueron porque desde una patrullera no se les socorrió, y no quiero ni escribir de qué color tenían la piel porque entiendo que a ninguna de estas instancias, ni a ningún ser decente, debería importarle.

Esta impunidad que se está esparciendo sobre las muertes de El Tarajal, sobre los cadáveres que flotaban en esa frontera sobre la que la propia magistrada ha escrito que no hace decaer los derechos humanos, procede en primer lugar de la inacción de la Fiscalía y de la dejación de su obligada defensa de la legalidad pero, y muy importante, de la “legislación” emanada de un órgano que no está llamado a legislar sino a aplicar la ley, cual es el Tribunal Supremo. La doctrina Botín, que nunca ha sido ni siquiera visada por el Tribunal Constitucional, no es sino la ley de la máxima puñeta pergeñada y diseñada para exculpar a un banquero, recortando el alcance de una institución constitucional cual es la acusación popular, sin ninguna participación del Poder Legislativo. Lo que consigue la ley de las puñetas con la misma –siempre aplicada pro reo de cuello blanco y próximo al poder, repasen los casos– es que los protegidos por ella no sean ni siquiera juzgados. No se trata de si son culpables o inocentes, tanto Botín como los guardias civiles, sino simplemente de que no sean ni siquiera sometidos al arbitrio de un tribunal.

La doctrina Botín no es sino uno de los ejemplos que existen de la amplitud con la que el Tribunal Supremo ha ido adoptando decisiones que suponen, en realidad, modificaciones o disposiciones que por su alcance o crean ley o la modifican y que deberían haber sido adoptadas por el Parlamento, dado que al Poder Judicial solo le es dado aplicar las leyes juzgando y ejecutar sus sentencias. En los últimos tiempos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha entrado en una verdadera vereda legislativa que está supliendo, superando o alterando los designios que el legislador, la voz del pueblo, ha tenido para las cosas. Los acuerdos de pleno NO jurisdiccional han creado unas normas que alteran leyes o las crean y, por cierto, ¿qué narices es una reunión de magistrados no jurisdiccional? ¿Para alterar las leyes? ¿Por qué han podido variar los casos en los que un delito es juzgado por el tribunal del jurado más allá de lo que la Ley del Jurado aprobado por las Cortes recoge? ¿Por qué se alteró la LOPJ para ampararlos en esta y tantas modificaciones?

Esta legislación de las puñetas, que no les corresponde; esta creación de derecho que no es propia de un diseño como el español, lo cierto es que casi siempre obra y apunta en la misma dirección, que no es sino la de beneficiar al poderoso. No hay muchos ejemplos de la creatividad jurídica pro reo que no beneficien a los de siempre. ¿Han oído hablar de la atenuante analógica de cuasiprescripción? O sea que no está prescrito pero le falta poquito así que... ¿ustedes creen que se le ha aplicado a los robagallinas?

Todos los poderes tienden a expandirse, como los gases nobles, y a invadir los espacios de los otros. Pero no hay expansión más peligrosa que la del Tercer Poder, dado que está construido para ser el único que no tiene controles ajenos a él mismo, excepto los gestos y las denuncias de los pobres escribidores a los que, como ustedes saben, nadie nos hace ni caso.

Yo, como les he dicho, tenía una casa desde la que veía El Tarajal y ahora una en la Villa y Corte desde la que veo las injusticias y los excesos. Era tan ingenua que nunca pensé que tendría que llorar la pérdida de la decencia de las instituciones desde ninguna de ellas.

Por tercera vez y un mes después de procesar a 16 guardias civiles, el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha archivado este miércoles la causa del Tarajal “exclusivamente por aplicación de la 'Doctrina Botín”. A pesar de detectar “la presencia de indicios de delito” en la actuación de los agentes, la jueza se ha aferrado al recurso de la Fiscalía y la falta de personación de acusación particular (las familias de las víctimas) para tirar de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo hace doce años.

Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se han convertido en claves de este nuevo giro del procedimiento que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada irregular a la ciudad autónoma disuadido por la Guardia Civil con material antidisturbios.

Sin ser de obligado cumplimiento, la doctrina Botín, establecida en 2007 por el Tribunal Supremo, sostiene que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a un investigado si no acusa también la Fiscalía o la víctima del delito. Y, en este caso, los familiares de los fallecidos, aunque lo han intentado, no han logrado personarse.

Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado.

En octubre de 2014, la abogada de la familia, Patricia Fernández Vicens, registró en el juzgado ceutí una primera solicitud de personación de las familias de seis de las víctimas, residentes en Camerún, acompañada de los poderes notariales originales y fotocopias de los certificados de nacimiento de sus hijos, fallecidos el 6 de febrero en la frontera del Tarajal.

Para formalizar este trámite, los padres de los fallecidos organizados en la asociación Familiares Víctimas del Tarajal acudieron a dependencias consulares de España en Camerún para realizar los poderes notariales que permitiesen ser representados en la causa por la letrada de la organización Coordinadora de Barrios. La primera magistrada encargada del caso, María del Carmen Serván, inadmitió la solicitud, bajo la exigencia de contar con los certificados de nacimiento originales, en vez de fotocopias.

Tiempo después, la abogada de los familiares de las víctimas cumplió con la exigencia de la magistrada. Los progenitores de los fallecidos enviaron a España los certificados de nacimiento originales que acreditaban su vínculo paterno filial con Larios Fotio, Armand Ferdinad Souop Tagne, Aboubakar Oumaru Maiga, Daouda Mahama, Bikai Luc Firmin, Ousmane Hassan, seis de los fallecidos en el intento de entrada. El 17 de febrero de 2015 se entregaron al juzgado los documentos enviados desde Douala, junto a una traducción jurada, según queda registrado en el sumario de la causa.

Las familias de las víctimas volvieron solicitar personarse como acusación particular el 25 de febrero de 2015, pero no recibieron respuesta, asegura Fernández Vicens. En octubre de ese mismo año, llegó el primer archivo de la causa, anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz. En enero de 2018, el juzgado ceutí decretó un segundo carpetazo, una decisión increpada de nuevo por la instancia superior.

El 24 de septiembre de este año, el juzgado, con una nueva magistrada al frente, dio un giro a los autos concluidos por sus antecesoras. María de la Luz Lozano Gago procesó a 16 agentes, dio por finalizado el proceso de instrucción y enfiló el caso a la apertura de juicio oral con dos tareas pendientes: la personación de las familias como acusación particular y la identificación de cuatro de los cinco cuerpos hallados en España los días posteriores a la tragedia. Entonces, el pasado 1 de octubre, una vez más, los padres y madres de los fallecidos solicitaron de nuevo su participación en el proceso. Querían acusar a los 16 agentes investigados, ante el temor de que acabó por cumplirse: que la Fiscalía no lo hiciese y la magistrada decidiese aplicar la doctrina Botín.

Dos días antes de firmar el auto que daría carpetazo al caso, Lozano Gago respondió a la solicitud de la abogada de las familias de las víctimas. De nuevo, inadmitida. La jueza se aferra a la anterior negativa emitida por el juzgado, que en su momento solicitó los certificados originales. Sin embargo, insisten desde la acusación popular, estos documentos fueron entregados en 2015. Fernández Vicens asegura a eldiario.es que, además de recurrir el archivo de la causa, solicitará de nuevo la personación de las familias, en cuya ausencia basa la jueza el cierre del caso.

Los obstáculos a identificar los cuerpos de sus hijos

Pero algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas se han encontrado otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas. Cinco años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones.

Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización.

Los cuerpos de tras de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias se han topado con constantes obstáculos en su intento someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.

La última tentativa se produjo el pasado 28 de agosto. A través de la ONG Coordinadora de Barrios, las madres de Larios Fotio y de Ousmane Hassane pidieron al juzgado que solicitase de oficio al Consulado General de España en Yaounde (Camerún) la realización de las pruebas de ADN para poder ser cotejadas con las muestras de los cuerpos sin identificar localizados en Ceuta, registradas en la base datos FENIX. La magistrada Lozano Gago también inadmitió la diligencia de investigación pericial. Para la jueza, la identificación de los cuerpos “tan solo” podía “conducir a una dilación indebida del procedimiento”, y matiza que “nada impide” que puedan solicitar su práctica en la fase de juicio oral.

Desde el mismo 6 de febrero de 2014 empezaron las complicaciones en relación a la identificación de los cuerpos. Aquella mañana la Guardia Civil halló al menos tres cuerpos en aguas fronterizas entre España y Marruecos. “En la esquina del espigón hay dos cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos”, anunció un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a través de las comunicaciones radiofónicas. Pocos segundos después, la voz de un superior, el mando del operativo, lanzó la orden contraria: “Eso está en Marruecos. Lo hacen ellos”.

Los agentes españoles se encontraban a tan solo unos metros de ellos, pero la Guardia Civil abandonó los dos cuerpos en el mar. El de Larios, el de Oussman, el de Samba. O ninguno de ellos.

Aquel día España se desentendió de esos dos cadáveres, pero Marruecos nunca los recogió. Los cuerpos sin vida deambularon durante días por las aguas fronterizas, hasta que se acercaron demasiado. Durante los días posteriores, fueron apareciendo en la orilla ceutí. Ya presentaban un importante grado de descomposición, por lo que su identificación a través de fotografías pasó a ser imposible. Todos fueron enterrados poco más de 24 horas después de su localización.

La Fiscalía de Ceuta ha interpuesto este viernes un recurso de reforma y otro subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra el procesamiento de 16 guardias civiles por la muerte de 14 personas en la frontera de Ceuta el 6 de febrero de 2014. 

Según han informado fuentes judiciales a eldiario.es, el escrito del Ministerio Público apela a argumentos tanto de forma como de fondo para solicitar la anulación y la revocación del auto y, por consiguiente, el sobreseimiento de toda la causa.

En primer término, la Fiscalía considera que la resolución de la magistrada instructora adolece de “falta de concreción de los hechos imputados”. Por si tal razonamiento no fuese estimado, abunda en que de las diligencias practicadas durante los últimos cinco años no se aprecian indicios suficientes para atribuir a los agentes de la Benemérita esos presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía mantiene, con este posicionamiento, la línea que ha sostenido desde la apertura del caso. En los dos archivos del caso revocados por la Audiencia el Ministerio Público se adhirió al criterio de los instructores para ordenar el sobreseimiento.

La Abogacía del Estado, que defiende a diez de los guardias, también ha solicitado el archivo de la causa debido a que, a su juicio, “no consta en la causa motivación suficiente que permita imputar, al menos provisionalmente, los hechos concretos que revistan indiciariamente naturaleza delictiva y que se atribuya a los investigados”. Ello supone, desde su punto de vista, “una clara vulneración del derecho de defensa, en particular, del derecho básico y esencial que toda persona a quien se le atribuya un hecho punible merece: el derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan y de la consecuente imputación dirigida contra ellos”.

En su auto de preparación de juicio oral contra los guardias procesados, la jueza instructora archivó las diligencias por presuntos delitos de lesiones y prevaricación y mantuvo el resto al entender que los agentes pudieron “contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento” y que “podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”. También destacó que “no cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de tales derechos”.

La Abogacía del Estado, el equipo jurídico que representa los intereses del Gobierno, ha recurrido el procesamiento de 16 agentes de la Guardia Civil en el caso de las muertes de Ceuta. Sus argumentos se resumen en una de las frases incluidas en el recurso de apelación presentado ante el juzgado ceutí: la acusación “resulta insostenible”, según el escrito, “si los fallecimientos no se produjeron en España, si ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar, si los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones”.

Las imágenes oficiales que recogen lo ocurrido el 6 de febrero de 2014, sin embargo, contradicen o añaden matices importantes a algunas de estas afirmaciones sobre las que el Gobierno sostiene la defensa de los agentes procesados:

La Abogacía del Estado sostiene que las pelotas de goma y botes de humo arrojados por la Guardia Civil para evitar la entrada de los migrantes “en ningún caso alcanzaron ni sobrepasaron la zona marroquí”. La letrada, Zaida Isabel Fernández Toro, reitera que “la actividad de contención” de la entrada irregular “se desplegó exclusivamente en la línea fronteriza y no en el lado” de Marruecos.

Los vídeos oficiales muestran, sin embargo, varios disparos de botes de humo y balas de goma lanzados por los agentes desde el espigón del Tarajal hacia las aguas de Marruecos, donde se encontraba el mayor número de migrantes.

A las 7:38 de la mañana, las cámaras térmicas de la frontera captan el primer lanzamiento de un bote de humo hacia el lado marroquí. Según informes de la Guardia Civil, los inmigrantes se encontraban “unos sobre otros”, “formando un embudo”. Su situación era de riesgo. El proyectil cae muy cerca del lugar donde estaban acumulados, dentro del agua, como puede observarse en el siguiente vídeo.

Cerca de las 7.50 horas, los agentes españoles lanzaron un segundo bote de humo a la zona marroquí. Las imágenes demuestran que este cae sobre algunas personas subsaharianas que, envueltas por el humo, siguen nadando en aguas marroquíes, muy próximas a las rocas.

Además de botes de humo, los agentes también dispararon pelotas de goma hacia el otro lado de la frontera, según queda reflejado en las grabaciones. En algunas ocasiones, las bolas caen muy cerca de los migrantes que nadaban cerca de la esquina superior derecha del espigón del Tarajal.

Las imágenes también muestran la actuación de un agente de la Guardia Civil que se posiciona en la esquina más cercana a Marruecos y comienza a disparar pelotas de goma hacia el grupo de inmigrantes, situado todavía en aguas marroquíes. La cámara térmica ubicada en el Monte Hacho capta al menos cinco lanzamientos consecutivos muy cerca de estas personas. La mala calidad de las imágenes impide comprobar si alguna de las bolas impacta contra los inmigrantes. El miembro del Instituto Armado llega a inclinarse con la bocacha hacia los subsaharianos antes de disparar.

Posteriormente, el capitán jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad Ciudadana de Ceuta, responsable del grupo de antidisturbios durante el operativo del 6 febrero de 2014, reconoció ante la Policía Judicial haber disparado pelotas de goma para dar ejemplo al resto de agentes.

Según su declaración, el miembro del Instituto Armado “pidió un fusil a un agente y varias pelotas, efectuando disparos al agua a distancia prudencial de los nadadores”, con la intención de que los agentes lo “imitaran”. El capitán aseguró que “fue un acto reflejo, para que vieran que su jefe se implicaba como ellos en intentar evitar el paso de la frontera”.

En sede judicial, el guardia civil negó que disparase hacia aguas marroquíes y defendió que ninguna pelota impactó sobre los inmigrantes.

“Los inmigrantes que accedieron a la playa ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios, bien auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud, y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata”, defiende el escrito de la Abogacía del Estado. El documento también destaca que “fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones”. Las imágenes oficiales se contradicen esta afirmación.

Aquella mañana de febrero, las 23 personas que lograron acceder al lado español de la frontera fueron devueltas en caliente a Marruecos por la Guardia Civil. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia reflejan que, como reconocieron desde Interior posteriormente, ninguno de los expulsados fue sometido a una mínima revisión médica. Las autoridades españolas justificaron entonces que “ninguno lo necesitaba”.

Al menos una de las personas entregadas de forma inmediata a Marruecos estaba totalmente exhausta en el momento de la devolución, como puede observarse en los vídeos oficiales. El joven subsahariano es acompañado por un guardia civil a la valla fronteriza. Aunque prácticamente no puede mantenerse en pie, un agente abre la puerta de la alambrada y le empuja hacia el lado marroquí.

En las imágenes de Interior también aparece uno de los agentes trasladando a empujones a uno de los recién llegados a Ceuta a nado. El guardia lleva del cuello a esta persona y le amenaza con la porra. Mientras, él intenta caminar con gran dificultad y tropieza varias veces.

Finalmente, llegan a la zona de la playa de El Tarajal donde esperan retenidos el resto de las personas interceptadas. Después de ser empujado por el agente por última vez, el superviviente cae, intenta levantarse y, exhausto, vuelve a derrumbarse en el suelo, como puede observarse en el siguiente vídeo:

Desde la Abogacía sostienen que “se ha acreditado con las pruebas incorporadas a las presentes actuaciones que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar”. Las distintas declaraciones y diligencias apuntan a que las muertes se produjeron probablemente en aguas marroquíes, aunque no hay ninguna prueba que lo acredite.

Todo ocurrió en apenas unos metros de aguas fronterizas: la guardia civil disparaba desde el lado español mientras los migrantes nadaban en el lado marroquí.

Durante la misma mañana del 6 de febrero de 2014, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizó dos cadáveres en aguas marroquíes (muy próximos a la línea fronteriza). “En la esquina del espigón hay dos cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos”, decía por radio un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, en conversaciones difundias por el Ministerio de Interior. Pocos segundos después, la voz de un superior, el mando del operativo, lanzó la orden contraria: “Eso está en Marruecos. Lo hacen ellos”.

Supuestamente, las fuerzas marroquíes eran las encargadas de recogerlos, pero nunca lo hicieron.

Uno de esos dos cuerpos aparece en una imagen publicada por El Faro de Ceuta e incluida en el sumario judicial. El cadáver estaba sumergido junto a la esquina del espigón del lado marroquí, en esa misma zona donde habían estado apelotonados.

Unas horas después del incidente, en la costa del lado marroquí aparecieron nueve cuerpos. En España se localizaron cinco cadáveres durante los días posteriores. Entonces, el Gobierno del PP insistió en que todas las víctimas del 6 de febrero fallecieron en aguas marroquíes y el hallazgo de cinco cuerpos en Ceuta se debía al “cambio de corriente”.

“El grupo de personas que trataba de entrar en Ceuta no lo hacía de manera pacífica, sino que lo hacía aprovechando la noche, en avalancha y de manera violenta, utilizando palos y lanzando piedras, desbordando el dispositivo marroquí, causando lesiones a varios agentes así como daños materiales en la garita”, espeta la Abogacía del Estado.

El grupo de cerca de 200 personas se adentraron de madrugada y a la carrera en la zona fronteriza entre Marruecos y España. Las imágenes muestran una masa de personas desbordando el dispositivo de los agentes marroquíes, aunque no se identifica en ese momento de las imágenes la “violencia” citada en el escrito. De hecho, los inmigrantes no consiguen entrar en España por la frontera terrestre y se desvían hacia el espigón dentro del mar, donde 14 de ellos se ahogaron.

La abogada del Estado menciona “lesiones a varios a agentes” y “daños materiales en la garita” fronteriza para justificar la respuesta de la Guardia Civil con material antidisturbios.

Sin embargo, el lanzamiento de piedras hacia la frontera española por parte de un grupo de inmigrantes no sucede ni antes ni durante del intento de entrada a España. Como se aprecia en los vídeos oficiales, al altercado ocurre casi una hora después de los ahogamientos, cuando los inmigrantes ya han sido devueltos y saben que varios de sus compañeros han muerto.

A las 8:26h, un inmigrante logra zafarse de la línea de gendarmes marroquíes, corre hacia la valla y tira una piedra en dirección a la zona española, momento en el que es retenido por los militares marroquíes para que vuelva con el grupo. En su camino, el hombre se tira al suelo y patalea. Más tarde, otros siguen sus pasos y arrojan piedras a la zona española.

En febrero de 2014, el Gobierno del Partido Popular ya manipuló los tiempos de las imágenes oficiales para justificar el uso de material antidisturbios como respuesta a la violencia de los migrantes, cuando el orden de los hechos es el contrario.

Había transcurrido un año y medio tras las muertes de Ceuta cuando el juzgado de instrucción decretó el archivo provisional de la causa. La jueza encargada entonces del caso exculpó a los 16 guardias civiles investigados y señaló la responsabilidad de los migrantes en su propio fallecimiento. Las víctimas “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español” e hicieron “caso omiso de las actuaciones disuasorias” de los agentes, decía María del Carmen Serván. “Los inmigrantes -destacaba- no eran personas en peligro en el mar”.

Cuatro años después, el mismo juzgado, con una nueva magistrada al frente, ha procesado a los 16 miembros del Instituto Armado, apoyándose en la normativa internacional en materia de derechos humanos.

El tribunal ha pasado de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son “una zona de excepción” y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos “no precisaban ayuda”, a concluir que “los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron” sin justificación.

Durante la mañana del 6 de febrero de 2014, 14 personas murieron en un intento de entrada a Ceuta a nado disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo hacia el agua, en la zona donde se encontraban cientos de migrantes. El giro de la posición del juzgado ceutí ha sido celebrado por la acusación popular, mientras que desde la defensa de los guardias civiles han tachado el nuevo auto de “contradictorio” con lo estipulado a lo largo de cinco años de procedimiento.

“Con esta nueva juez, el cambio de criterio es evidente”, sostiene Gonzalo Boye, letrado del Observatorio de Drets Humans (DESC), una de las organizaciones personadas en la causa como acusación popular. Las ONG celebran el procesamiento de los 16 guardias civiles en el último auto, que enfila el procedimiento hacia la apertura de juicio oral a la espera de recibir el posicionamiento de las acusaciones.

“Las víctimas merecen justicia, nada puede aliviar perder a un hijo. Para las familias, -el auto- puede ser una luz en medio de un proceso tan largo, objeto de dos archivos que todas las acusaciones logramos levantar”, apunta Paloma Favieres, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Todo esto es muy importante en una batalla que a veces dimos por perdida”, confiesa.

Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, considera que se trata de un “paso imprescindible para enjuiciar los hechos y buscar responsabilidad” de las 14 muertes ocurridas el 6 de febrero de 2014. No obstante, la jurista cuestiona la llegada del final de la instrucción sin haber completado todas las diligencias solicitadas. Entre ellas se encuentra la identificación de los cuerpos de las víctimas enterradas en el cementerio de Ceuta a través del cotejo del ADN con sus familiares, una actuación descartada por el juzgado el pasado 16 de septiembre. Del mismo modo, tampoco se ha concluido la toma de declaración de uno de los tres supervivientes llamados por la jueza.

Desde la defensa de los guardias civiles procesados también han resaltado el giro de la investigación, pero con el objetivo de cuestionar su resultado. “Lamentamos que tras dos archivos anteriores, donde se evidenciaba la inexistencia de responsabilidad penal, ahora, la Señora Instructora de la causa, con la misma carga de pruebas, vea indicios de delito en la actuación de los guardias civiles”, ha sostenido Jesús Martín Vázquez, letrado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que está prestando asistencia jurídica a los agentes investigados.

“Nos sentimos profundamente desamparados y desprotegidos por parte de los diferentes gobiernos en situaciones como la que nos ocupa, cuando no hacemos otra cosa que cumplir con lo que se nos encomienda, que como en este caso es impermeabilizar la frontera española”, ha afirmado desde la asociación.

Cinco años de instrucción y dos archivos

El largo procedimiento judicial, que acumula más de cinco años y escasos avances, ha estado interrumpido por dos archivos provisionales, seguidos de sus correspondientes órdenes de reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictadas tras varios recursos de apelación presentados por las ONG de la acusación popular.

En octubre de 2015, después de solicitar una serie de informes policiales y llamar a declarar a 16 guardias civiles como investigados, la magistrada María del Carmen Serván concluyó el primer sobreseimiento provisional de la causa. Este auto sostenía que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio” y aseguró que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”.

“Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”, zanjaba la jueza. En enero de 2017, la Audiencia Provincial de Cádiz rechazó el sobreseimiento. Según argumentó, el juzgado ceutí no realizó todas las pesquisas necesarias antes de dictar su carpetazo.

“Ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias”, espetaron los jueces de la Audiencia Provincial, que también cuestionaron las “prisas innecesarias” en la realización de los informes forenses de los cinco cuerpos hallados en España, que fueron enterrados en poco más de las 24 horas posteriores a su localización.

El caso regresó al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Un año después, en enero de 2018, una nueva magistrada al frente de la investigación, Macarena García Recio, decretó el segundo archivo del caso.

La tardía declaración de los supervivientes

“De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa [...] por lo que procede decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones”, afirmó la jueza. En su escrito, García Recio descartó la viabilidad de llamar a declarar a dos supervivientes de la tragedia, propuestos por la acusación popular, por residir de forma irregular en Alemania. “Ni siquiera tendrían fuerza suficiente para ello, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”, justificó.

Una vez más, la decisión del juzgado ceutí fue reprendida por la Audiencia Provincial, que exigió de nuevo la reapertura del caso. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, consideraron los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón en agosto de 2018.

“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, recriminaron los jueces, quienes instaron al juzgado ceutí a desarrollar la toma de declaración a través de videoconferencia, como suele hacerse en estos casos. La causa es reenviada al juzgado de Ceuta.

El caso llegó a las manos de una nueva magistrada, María de la Luz Lozano Gago, la tercera en más de cinco años de instrucción. Tras las consecutivas directrices de la Audiencia Provinical de escuchar a los supervivientes de la tragedia, el juzgado ceutí accedió a llamar a declarar a tres testigos. Dos de ellos, un residente en Madrid y otra en Berlín, testificaron por videoconferencia. El tercero, un joven que era menor de edad cuando intentó sortear el espigón del Tarajal aquel 6 de febrero de 2014, no pudo completar su declaración debido a un fallo técnico en su videollamada, relatan fuentes jurídicas.

La magistrada titular del juzgado de instrucción no vio necesario repetir la testifical y descartó ordenar la identificación de los cuerpos enterrados en un cementerio de Ceuta, como solicitó la organización Coordinadora de Barrios. Este martes, Lozano Gago ha firmado el auto de preparación de juicio oral, en el que concluye la existencia de indicios de homicidio imprudente y omisión de auxilio entre los 16 guardias civiles investigados.

La jueza encargada de la instrucción del caso de las muertes de Ceuta ha concluido la investigación con un final que rompe con dos intentos de sobreseimiento por parte del mismo tribunal. La magistrada ha decidido procesar a 16 guardias civiles por el fallecimiento de 14 migrantes en febrero de 2014 en un intento de entrada a la ciudad autónoma disuadido con material antidisturbios por los agentes fronterizos, como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado eldiario.es.

A lo largo de su auto, al que ha accedido eldiario.es, María de la Luz Lozano Gago recuerda que “si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal”, ello “no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos”.

En esta línea, la magistrada ceutí concluye la existencia de indicios de delito de homicidio imprudente y omisión de auxilio entre los 16 agentes investigados. Durante la mañana del 6 de febrero de 2014, miembros del Instituto Armado dispararon pelotas de goma y botes de humo hacia la zona donde se encontraban cientos de migrantes intentando rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal. 14 personas murieron. Según el juzgado, los guardias civiles “podían haberles auxiliado y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión”.

Tras una instrucción de cinco años que acumula dos intentos de archivo, la jueza de Ceuta ha emitido un auto de pase a procedimiento abreviado, por lo que entiende finalizada la investigación y podría dirigir el caso a juicio oral, a la espera de recibir la posición de la acusación popular y la Fiscalía en el plazo de 10 días.

“Dado que las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden españolas, los hechos denunciados están sin duda bajo la jurisdicción de España”, ha razonado la magistrada, quien reitera en varias ocasiones el deber de las fuerzas de seguridad del Estado de respetar los derechos humanos en su tarea de proteger las fronteras.

“Siendo, por tanto, incontrovertible el deber de la Guardia Civil de proteger la frontera, tampoco puede soslayarse que ese deber debe cumplirse dentro del marco normativo y jurisprudencial del ordenamiento jurídico de la Unión Europea”, argumenta Lozano Gago. “No cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de tales derechos”, enfatiza la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta.

Las ONG que conforman la acusación popular habían solicitado el procesamiento de los agentes por homicidio imprudente, omisión de auxilio, lesiones y prevaricación (en relación a la devolución en caliente de 23 personas). Sin embargo, la magistrada descarta los dos últimos delitos una vez finalizada la instrucción.

Sí identifica indicios de homicidio imprudente y omisión de auxilio. “Es claro que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados”, describe la magistrada. Sin embargo, el juzgado concluye que los guardias civiles no socorrieron a los migrantes en peligro: “Podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”.

El auto sostiene que “la ayuda que precisaban las personas que nadaban el día de los hechos hacia España era frente a un mal, el riesgo de pérdida de sus vidas, inminente”. Además de la posible falta de auxilio, miembros del Instituto Armado lanzaron material antidisturbios hacia el agua mientras los migrantes nadaban a duras penas. “En esta línea, el juzgado ha investigado si la actuación de la Guardia Civil en defensa de las fronteras ha sido o no proporcional, si el empleo de la fuerza utilizada por la misma es o no conforme a la legalidad”, continúa.

Después de que el juzgado haya escuchado el testimonio de dos supervivientes de l a tragedia del Tarajal, la titular ha defendido que “concurren indicios asimismo de posible homicidio imprudente cometido por parte de los agentes investigados”.

La magistrada encargada del caso aprovecha su auto para defender una mejora de las condiciones de trabajo de los agentes fronterizos, exigiendo la elaboración de un protocolo de actuación. “Los derechos humanos de los Guardias Civiles que protegen la frontera Sur de Europa han de ser protegidos, dotándoseles de los protocolos de actuación y recursos materiales, técnicos y humanos que permitan realizar su función con seguridad y con adecuación a la normativa internacional de Derechos humanos de las personas inmigrante”, sostiene. “Derechos humanos de todos, de las personas inmigrantes, y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de este gran país que es España”, destaca la jueza.

En agosto del año pasado, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó al juzgado ceutí la reapertura del caso que investiga las muertes de Ceuta. Los magistrados consideraron que la magistrada de la ciudad autónoma no había agotado la investigación antes de decretar su sobreseimiento pues, entre otras pruebas solicitadas por la acusación popular, no había sido escuchado el testimonio de ninguno de los supervivientes de la tragedia.

Se trataba de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exigía la apertura de la causa del Tarajal al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, afirmaron los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón.

En 2015, el mismo juzgado encargado de la instrucción, aunque con otra magistrada al frente, exculpó a los 16 guardias civiles investigados y cargó contra los inmigrantes la responsabilidad de su muerte: “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”, rezó el auto de la entonces magistrada titular. Entre los guardias civiles investigados se encontraban un capitán, un teniente y un sargento.

Tras dos intentos de sobreseimiento, el juzgado ceutí ha procesado a los 16 agentes después de haber escuchado el testimonio de dos supervivientes de la tragedia, que desde aquella mañana del 6 de febrero de 2014 denunciaron el lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua en el que trataban de nadar hacia la ciudad española. No obstante, es posible que la Fiscalía opte por no acusar a los guardias civiles implicados, dado que en anteriores ocasiones se ha mostrado a favor del archivo de la causa.

Dos supervivientes de las muertes del Tarajal han declarado por primera vez ante el juzgado que investiga el fallecimiento de 14 personas en aguas fronterizas de Ceuta en febrero de 2014. Después de cinco años sin haber llamado a declarar a los testigos presenciales, los testimonios de dos de ellos han sido escuchados por el juzgado de instrucción número 6  de la ciudad autónoma, como había exigido en dos ocasiones la Audiencia Provincial de Cádiz. Ambos apuntan al lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil como causa de las muertes, según fuentes jurídicas. 

L.A, una mujer de origen camerunés residente en Alemania que formó parte del grupo de personas que intentó llegar a la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, prestó su declaración desde Berlín el pasado 25 de marzo a través de videoconferencia. Fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguran a eldiario.es que, en base a su testimonio, ella observó a agentes de la guardia civil disparar pelotas de goma tanto desde el espigón fronterizo como desde la garita. 

Según su relato, apuntan las mismas fuentes, a L. A. le afectó directamente el gas lanzado por los agentes de la Guardia Civil hacia el agua dado que indica que “empezaron a quemarle los ojos y sufrió un desmayo en el agua”. Finalmente, un compañero la trasladó a la playa donde, según ha explicado, no había asistencia sanitaria sino que únicamente se “ayudaron entre ellos”. Posteriormente, vio varios cuerpos sin vida de sus compañeros tumbados en la playa. 

Por su parte, este lunes ha llegado el turno de la declaración de H. K., otro de los supervivientes de las muertes del Tarajal, un testigo propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Su declaración tuvo lugar en Madrid, donde reside de forma regular.

Fuentes jurídicas relatan a eldiario.es que, en este caso, H. K. ha relatado haber sido una de las primeras personas en introducirse en el agua en su intento de rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal, cuando reparó en que los agentes de la Guardia Civil estaban lanzando botes de humo. El joven ha asegurado en sede judicial que comenzó a nadar mar adentro para esquivar el material antidisturbios, hacia una pequeña embarcación que “parecía de la guardia civil” con la intención de que lo rescatasen. 

Sin embargo, según su testimonio, el testigo observó que los agentes “estaban golpeando con palos” a quienes nadaban, por lo que regresó al lado marroquí de la playa, apuntan fuentes jurídicas. 

La acusación popular permanece pendiente de la celebración declaración de un tercer testigo, presentado por Observatori DESC, residente en Hamburgo. 

La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el pasado 31 de agosto la reapertura del caso que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. Se trataba de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exigía al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso.

El juzgado consideraba que, una vez más, el tribunal ceutí encargado de la instrucción “no había agotado la investigación” y había decretado el archivo del caso sin llevar a cabo las pruebas solicitadas, entre ellas, escuchar a los testigos y supervivientes de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014.

“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, concluían los magistrados.

El auto se refería a las diligencias solicitadas por la acusación popular después de haber ordenado la primera reapertura de la causa en enero de 2017.  Entre ellas, se encontraba la petición de contactar con varios testigos de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 en la frontera del Tarajal. La voz de una de ellas, L. A. ya ha sonado en sede judicial. 

En el quinto aniversario de las muertes del Tarajal, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno avanzar en la “recuperación de la memoria de las víctimas de los procesos migratorios”. En este sentido, propone la aplicación de una batería de medidas, como la creación de un observatorio destinado a identificar a las personas fallecidas en las fronteras y localizar a sus familiares.

Con el recuerdo de las muerte de 14 personas en la frontera de Ceuta el 6 de febrero de 2014, entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil, el grupo parlamentario, la agrupación ha pedido de nuevo la concesión de visados de carácter humanitario a algunos de los familiares de los fallecidos aquella mañana, constituidos en la Asociación de Víctimas de Tarajal, para avanzar en la identificación de los fallecidos que aún continúan en una tumba sin nombre en la ciudad autónoma. El Gobierno de Mariano Rajoy les denegó en dos ocasiones el permiso de entrada a España.

“El Estado español debe adoptar todas las medidas posibles con el fin de poder identificar los cuerpos que se hallan enterrados en Ceuta”, reza la PNL registrada este miércoles en el Conrgeso de los Diputados. Esta actuación, continúa, “permitiría la personación de sus familiares en el procedimiento judicial y la restitución, al menos en parte, del daño sufrido por estas familias”.

Más allá del caso Tarajal, Unidos Podemos-En Comú-En Marea destaca que no se trata “de una cuestión exclusiva de las víctimas del 6 de febrero de 2014” sino que defiende abordarlo desde un enfoque más amplio para avanzar en “la memoria de las víctimas de los procesos migratorios”.

Con vistas a esta finalidad, realizar investigaciones “exhaustivas, veraces, e independientes” sobre las circunstancias en las que se producen las muertes en las fronteras, “garantizando la identificación de los cuerpos y estableciendo un registro de personas fallecidas, identidad y lugar en el que se encuentran enterradas en caso de no ser repatriadas”.

Para trabajar en esta tarea, el grupo apuesta por la creación de un “Observatorio para la memoria y reparación de las víctimas de los procesos migratorios” encargado de “la investigación de las muertes y la identificación de las personas fallecidas [...] así como la localización y comunicación efectiva a sus familias” así como su “acompañamiento psicosocial en el caso de ser necesario.

La PNL que Unidos Podemos pretende debatir en el Congreso también solicita al Gobierno “la facilitación de visados humanitarios” a las personas fallecidas en su intento de entrara a España de forma clandestina para “posibilitar la personación como acusación popular en caso de que así lo deseen”.

En esta línea, la proposición insta al Ejecutivo a “apoyar la labor” de las organizaciones que se hacen cargo de la identificación de personas fallecidas en las fronteras y del contacto con familiares. Algunas de las ONG encargadas de esta labor de forma independiente son Caminando Fronteras, Andalucía Acoge, Prodein, o Coordinadora de Barrios.

Por último, la agrupación parlamentaria defiende establecer el día 6 de febrero como el “Día de las víctimas de las fronteras”, como ya pidieron el año pasado ante el Parlamento Europeo más de 100 entidades sociales europeas.

Cinco años después de las muertes de Ceuta, el juzgado encargado del caso ha iniciado los primeros trámites para llamar a declarar a los testigos localizados en Alemania acerca del fallecimiento de 14 personas en la frontera del Tarajal en febrero de 2014, en un intento de entrada respondido por la Guardia Civil con el lanzamiento de material antidisturbios sobre la zona donde trataban de nadar rumbo a España.

Tras dos intentos de sobreseimiento de la causa, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó en agosto la reapertura del caso al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta por no haber realizado, concluía, “el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”. Se refería a dos supervivientes del caso Tarajal, quienes tiempo después lograron acceder a la Unión Europea y fueron localizados en Alemania por la asociación Observatori DESC.

Una vez reabierta la causa, el magistrado de Ceuta emitió en noviembre una comisión rogatoria a Alemania con el objetivo de que los testigos puedan ser localizados por la justicia germana para prestar declaración sobre lo ocurrido aquel 6 de febrero de 2014.

Así, el tribunal de la ciudad autónoma se vio empujado a aceptar la solicitud de la acusación popular, descartada anteriormente debido a la situación administrativa irregular de los potenciales testigos de la causa. Para la magistrada de Ceuta que declaró el segundo carpetazo del caso, la declaración de los testigos que residen en Alemania “ni siquiera tendrían fuerza suficiente, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”.

La Audiencia Provincial de Cádiz rechazó la justificación del juzgado ceutí dado que, como reclamaban las ONG personadas en la causa (Observatori DESC, Coordinadora de Barrios y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la declaración podía practicarse a través de videoconferencia con el apoyo de la justicia alemana.

No obstante, desde la asociación que solicitó la toma de declaración a ambos supervivientes, Observatori DESC, temen que finalmente no se pueda producir debido a la presentación de “errores” en el trámite de la solicitud enviada por el juzgado ceutí al país europeo. “El juez mandó varias veces la misma petición a Alemania, pero la envió mal, y eso ha generado serios problemas para materializarla”, alerta el letrado Gonzalo Boye. “En primer lugar, lo envió a un fax erróneo y, después, no especificaba cómo debía practicarse, ni si las partes podían estar presentes o no, etc”, apostilla el abogado.

Nuevo testigo, superviviente de las muertes de Ceuta

A la comisión rogatoria se suma la presentación de un nuevo testigo de los hechos por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también personada en la causa. La organización ha propuesto a Hervé, uno de los jóvenes que trataron de atravesar el espigón del Tarajal el 6 de febrero de 2014 y se chocaron con un dispositivo policial que incluía pelotas de goma y botes de humo.

El recuerdo de sus compañeros fallecidos le ha empujado, explicó en declaraciones recogidas el año pasado, a estar dispuesto a contar su versión ante un juez. “Si hago este testimonio es por ellos, no por mí. Es por ellos por quienes he venido aquí. Lo que pido es que se haga justicia. ¿Qué más puedo hacer yo? Ya están muertos”, defendía el joven de origen camerunés, que reside en España de forma regular.

Oposición del abogado de un capitán de la Guardia Civil

La propuesta de este testigo ha despertado la oposición del abogado particular del capitán jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta, uno de los guardias civiles que fueron investigados en la causa. Tras la solicitud de admisión de la declaración de Hervé, el letrado ha pedido al magistrado su denegación al considerarla “innecesaria, tardía y profundamente sospechosa”, según reza el escrito, al que ha accedido eldiario.es.

El testimonio de Hervé, hecho público el año pasado por CEAR y propuesto como prueba testifical por CEAR a finales de enero, sigue la misma línea de los que permitieron desmontar buena parte de las primeras versiones oficiales sobre la actuación de la Guardia Civil. Los agentes españoles utilizaron pelotas de goma y botes de humo hacia el agua para evitar su entrada y, sostienen, esa fue la causa de la muerte de sus compañeros.

Hervé logró llegar a España en patera en abril de 2015. A lo largo de las declaraciones difundidas por CEAR, el camerunés explicaba las razones por las que se ofrece a testificar. Aunque no podía quitársela de la cabeza, indicaba, durante años ha evitado mencionar aquella mañana del 6 de febrero de 2014, pero decidió dar un paso adelante por sus 14 compañeros fallecidos en aguas fronterizas de España. “Quiero hablar de esta historia porque todavía veo los cuerpos ahogados tumbados en la playa”, lamentaba.

Las familias esperan justicia

“Pienso que con la justicia tal vez pueda reparar a los padres. Porque las familias esperan algo, una carta de misericordia, una carta pidiendo perdón”, defiende el joven. Mientras, en Camerún, la mayoría de los familiares de los fallecidos en 2014 en Ceuta continúan pidiendo justicia por la muerte de sus allegados, agrupados en la Asociación de Familiares Víctimas del Tarajal, con el apoyo del proyecto 'Transformar el dolor en justicia' del colectivo Caminando Fronteras.

También solicitan la aprobación de un visado de viaje a España para conocer el lugar donde la vida de sus seres queridos se apagó, e intentar identificar los cuerpos de las víctimas que continúan en un nicho sin nombre en Ceuta. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, les denegó en dos ocasiones el permiso para entrar en el país.

Una vez más, la ONG Caminando Fronteras se encuentra preparando los trámites para solicitar el visado al actual Ministerio de Exteriores, con la esperanza de que el nuevo Ejecutivo apruebe la visita de las familias de las víctimas de Ceuta.

Porque para ellas la justicia es apuntar a los responsables, pero también calmar su angustia viendo con sus propios ojos el lugar de la muerte de sus hijos o la tumba donde reposan sus restos. O, como explicó a eldiario.es el padre de Bikai Luc Firmin (una de las víctimas), recoger un poco de arena de la playa del Tarajal, meterla en una botella, regresar con ella a Camerún y, así, sentirle un poco más cerca.

[Teaser realizado por eldiario.es a partir del documental 'Transformar el dolor en justicia', de Caminando Fronteras].

Cuando Feric se enteró de la noticia, sonrío, miró al cielo y lanzó la frase que le da fuerzas para continuar en una batalla que muchos creen imposible: “No importa cuánto tiempo tome, la justicia triunfará en este asunto”. Su hermano, Larios Fotio, murió hace cuatro años en la playa del Tarajal, rodeado de pelotas de goma y botes de humo lanzados por la Guardia Civil española. La Audiencia Provincial de Cádiz acababa de comunicar a las partes personadas su decisión de ordenar la reapertura de la causa que investiga la muerte de 14 personas en la frontera de Ceuta.

“La noticia me ha llenado de ilusión el corazón”, indica Feric, portavoz de la Asociación de Familias de las Víctimas del Tarajal en una conversación con eldiario.es. Saben que lo tienen difícil pero, tras largos meses de silencio y varapalos judiciales, cada pequeño paso recorrido en su lucha por la justicia lo celebran como una gran victoria.

Es la segunda vez que celebran esta noticia. Es la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz ordena la reapertura del caso a un juzgado ceutí que, según el tribunal, no ha investigado lo suficiente la muerte de su hermano Larios, Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Youssouf, Ousmane, Keita, Jennot, Oumaraou, Blaise y una persona sin identificar.

Han leído cómo el juzgado ceutí concluía que sus familiares “no eran personas en peligro en el mar” sino “inmigrantes que asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”. Han visto cómo el fallecimiento de sus seres queridos no empujó a llamar a ningún testigo a las juezas que durante este tiempo se han encargado de la investigación.

Los varapalos, sin embargo, no disminuyen sus esperanzas de la asociación ante cada posibilidad de lograr justicia. “No, no. No me cansaré hasta que se haga justicia”, responde el hermano de Larios. Después de sonreír, mirar al cielo, y desear justicia, Feric pensó en su madre. Cuando eldiario.es habló con él, todavía no se lo había contado. “Planeo hablar con ella esta noche”, describe el camerunés. “Ya estoy con mi otro hermanito, le he informado y está muy, muy emocionado”.

¿Cómo es posible que su agotamiento y confianza en la justicia no se agote tras cuatro años del inicio de una investigación atascada? “Ellos ni siquiera esperaban que fuéramos a llegar hasta aquí. El Estado y el sistema de control de fronteras racista es un monstruo”, responde Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras, que ha apoyado todo el proceso de empoderamiento de las familias de las víctimas del Tarajal a través del proyecto 'Convertir el dolor en justicia'.

“¿Cuántas muertes se han callado y son responsabilidad del Estado español y de personas que sus ejecutaron órdenes. Ninguna de sus investigaciones ha prosperado tanto como el Tarajal. Cuando comenzó, ni esperaban que llegásemos hasta aquí”, recalca la activista, mientras documenta las muchas vulneraciones de derechos humanos que se están cometiendo en las redadas de Marruecos tras el aumento de los fondos europeos destinados a su control fronterizo.

Las madres de las víctimas, dice Maleno, cuentan con otro poder: que ya no tienen nada que perder.

“El Estado ya no tiene poder sobre una madre a la que le quitaron a su hijo en una playa de Ceuta. Porque ella va pedir justicia. Que el Estado sepa que está formando a gente que no tiene nada que perder porque ya les robaron a sus hijos”, clama la activista antes de sostener un breve silencio, rota de la emoción. “Como los familiares me han dicho al conocer la noticia: 'No vamos a bajar los brazos nunca”.

La voz de Njobo sí transmite cierto cansancio cuando responde al teléfono a eldiario.es. El primo de Samba, otra de las víctimas del Tarajal, muestra su enfado segundos antes de escuchar la noticia de la reapertura de la causa: “Nos tienen abandonados, no sabemos nada”. Una vez enterado, su tono se transforma; su discurso se relaja. “Qué bien. Me alegro muchísimo... Voy a contárselo a la familia de Samba. Al menos alguien valora nuestros problemas, el tremendo daño que nos han hecho”, sostiene el senegalés, que lleva años viviendo en España.

Pasa el tiempo, pocos hablan de las sonadas muertes del Tarajal del 2014, pero 14 familias no olvidan a esos 14 hijos, hermanos, primos, padres, arrebatados. “Cuanto más tiempo pasa, más duele. Su madre me sigue llamando para pedir explicaciones, pregunta que cómo es posible que su cuerpo no sea identificado en un país como España. Que si se sabe algo de la investigación. Hoy podré responderle algo”.

Las muertes del Tarajal continuarán siendo investigadas. La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado la reapertura del caso que investiga la muerte de 14 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo, según el auto al que ha accedido eldiario.es.

Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exige la apertura de la causa del Tarajal al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso. Entonces, el tribunal concluyó que la magistrada ceutí no había realizado todas las pesquisas necesarias antes de determinar su carpetazo. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, han afirmado los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón.

La Audiencia Provincial de Cádiz considera que, una vez más, el juzgado de Ceuta encargado de la instrucción “no ha agotado la investigación” y ha decretado el archivo del caso sin llevar a cabo las pruebas solicitadas, entre ellas, escuchar a los testigos y supervivientes de lo ocurrido el pasado 6 de febrero de 2014.

“Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, sólo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania”, concluyen los magistrados.

El auto se refiere a las diligencias solicitadas por la acusación popular después de haber ordenado la primera reapertura de la causa en enero de 2017. Entre ellas, se encontraba la petición de contactar con varios testigos de lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 en la frontera del Tarajal. Se trata de dos supervivientes de la tragedia que, según la asociación Observatori DESC, residen actualmente en Alemania.

La magistrada consultó de oficio a la Guardia Civil “si existían indicios del paso de estas personas por territorio español”, a lo que el Instituto Armado respondió que “no consta” en las fechas cercanas al 6 de febrero de 2014, algo lógico pues incluso los migrantes que llegaron a pisar el territorio ceutí fueron devueltos de forma sistemática.

Para la magistrada de Ceuta que concluyó el segundo sobreseimiento de la causa, el testimonio de los testigos de los hechos que residen en Alemania “ni siquiera tendrían fuerza suficiente, dado que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”. El estatus administrativo de los supervivientes impedía, según la jueza, llevar a cabo dicha diligencia.

Siete meses después, la Audiencia Provincial de Cádiz rechaza la justificación empleada por el juzgado de Ceuta para descartar la comparecencia del testigo localizado en Alemania, superviviente de los hechos. “La argumentación no puede admitirse respecto de una prueba propuesta y aceptada en tiempo hábil-, menos aun cuando se acordó que la misma se practicaría mediante el auxilio judicial internacional y por videoconferencia, modificándose el criterio sin explicación plausible alguna”, sostiene el nuevo auto.

La decisión de la magistrada, añade el tribunal de Cádiz, “atenta claramente contra el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales”.

El 6 de febrero de 2014, un grupo de cerca de 200 personas trató de entrar de forma irregular en Ceuta rodeando a nado uno de los espigones que separan Marruecos de la ciudad autónoma. Durante la tentativa, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo al menos cerca de los migrantes que se acumulaban en las aguas fronterizas, según se desprende de las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior.

16 guardias civiles fueron imputados en la investigación inicial. El juzgado investigaba la posible relación causa y efecto entre el uso de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua y el posterior fallecimiento de los migrantes. La acusación particular había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos. El Juzgado de Ceuta archivó la causa contra los agentes el 15 de octubre de 2015, en el primero de los dos carpetazos que ha sufrido el caso.

En un primer momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy negó toda intervención por parte de los efectivos españoles, asegurando que el operativo policial había corrido a cargo de los agentes marroquíes. Después de una retahíla de versiones oficiales contradictorias, los testimonios de los supervivientes de la tragedia y las imágenes de los hechos empujaron a Interior a reconocer el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia el agua en los momentos en los que estas personas trataban de entrar a Ceuta a nado.

Más de 125 entidades sociales europeas han pedido este martes, coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte de 14 migrantes en en Ceuta, que las instituciones de la UE reconozcan oficialmente el 6 de febrero como “Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras”. La petición ha sido registrada este mediodía en la oficina española del Parlamento Europeo, en Madrid.

Se trata de uno de los actos de homenaje convocados para este 6 de febrero por las ONG Asociación Apoyo, Asociación Sin Papeles, Caminando Fronteras, Red Interlavapies, Coordinadora de Barrios, Red Solidaria de Acogida, Parroquia San Carlos Borromeo y Servicio Jesuita a Migrantes.

Lo hacen, dicen, por las personas fallecidas hace cuatro años en Ceuta y por el resto de personas que han perdido su vida en las fronteras europeas en los últimos años. “Nos unimos a la exigencia de justicia y respeto a todas las personas víctimas de las fronteras”, señalan en un comunicado. Con el reconocimiento de un día oficial dedicado a ellas, las organizaciones buscan “dignificar su memoria poniendo nombre a las víctimas enterradas con números”.

Este es, a su juicio, el “primer paso de los procesos de reparación que concluyan con la habilitación de espacios donde exigir responsabilidades a las autoridades políticas”. Además, con esta declaración, persiguen “abrir espacios para el conocimiento de la verdad sobre las continuas tragedias humanas” y fomentar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares en tribunales europeos y españoles. “Por último, [pretendemos] conseguir compromisos para desarrollar políticas de No-Repetición que causen más víctimas en las fronteras”, prosiguen.

La petición se produce días después de que el pasado 26 de enero fuera archivada de nuevo la causa de las muertes de 14 migrantes en Ceuta entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. Los actos de conmemoración del aniversario se iniciaron en Ceuta el pasado sábado, con la cuarta marcha por la dignidad que concluyó en la playa de Tarajal. Este martes, a las ocho de la tarde, tendrá lugar un memorial por las víctimas en Madrid. También, según han anunciado las ONG, se celebrará próximamente un encuentro con familiares de víctimas de fronteras.

“La lista [de víctimas] aumenta como consecuencia de la externalización y subcontratación, a terceros países, para las acciones de disuasión y control fronterizo dirigidas a las personas que quieren cruzar las fronteras”, denuncian las ONG. “Junto a esta estrategia de frontera, a las familias de las víctimas se les ha negado el acceso a la verdad, la reparación y la justicia, como parte del proceso de despersonalización ante la opinión pública de todas las víctimas de la frontera”, concluyen.

El Gobierno había echado un pulso a los convocantes de la V Marcha al Tarajal y lo ha perdido. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha estimado este viernes el recurso presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en nombre de todos los colectivos que estarán presentes este sábado en la V Marcha a la playa del Tarajal en recuerdo de las 14 personas fallecidas el 6 de febrero de 2014 en aguas fronterizas entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. El tribunal permite que, por primera vez, la manifestación discurra por la carretera y no solo por la acera como en ediciones anteriores.

La Delegación del Gobierno de Ceuta, como cada febrero desde hace cinco años, había dado su conformidad el pasado 25 de enero a la convocatoria pero había propuesto que los desplazamientos de los participantes se realizaran “por el acerado” de la carretera N352, sin invadir la calzada, “dado que se trata de la única vía que conecta la ciudad con Marruecos”. La convocatoria se había remitido el pasado 15 de enero.

En la vista convocada este viernes han asistido la Abogacía del Estado, que mostraba su oposición al recurso de APDH-A, y el Ministerio Fiscal, que apoyaba las pretensiones de los convocantes. En otras ediciones, la denegación de discurrir por la calzada se había notificado sin tiempo para presentar recurso pero en esta ocasión ha habido lugar a presentarlo y ganarlo, explica a este periódico el secretario general de la asociación, Valentín Aguilar, argumentando una “vulneración del derecho de manifestación”. La marcha, según han anunciado los convocantes, saldrá a las 15.30 horas de la Parque de la Argentina y concluirá a las 18:30 horas en la playa del Tarajal, donde se leerá un manifiesto y restauración de una placa en recuerdo de las víctimas, estimándose una participación de unas 2.000 personas.

La sentencia tiene en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido, alcance y límites del derecho de reunión, cuya efectividad en este caso “debe tener plenitud a lo largo de los distintos puntos que discurra la marcha solidaria”. Añade además que “la marcha se realizará un sábado por la tarde, presumiblemente con menor intensidad circulatoria”. “Lo angosto de la acera tampoco facilita el adecuado despliegue del comentado derecho, con despliegue de pancartas, etc.”, resalta la sentencia.

Por todo ello el TSJA entiende que la resolución administrativa de la Delegación del Gobierno de Ceuta “no resulta razonable y proporcionada, efectuando una restricción al derecho fundamental de reunión y manifestación no justificada, por lo que el recurso ha de ser estimado”, concluye el fallo, que además impone las costas a la Administración demandada.

“¿Otra vez? ¿cómo es posible que llevemos tantos años esperando? ¿cómo puede ser que todos hayamos visto las imágenes y escuchado a testigos pero el juzgado no los encuentra?”, se pregunta Njobo, primo de Samba, una de las 14 personas fallecidas el 6 de febrero de 2014 en aguas fronterizas entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. Acaba de enterarse de que, por segunda vez, un juzgado de Ceuta ha archivado la causa.

“¿Qué pasaría si uno de los fallecidos fuese hermano de la jueza? ¿y si fuesen europeos? ¿no se esforzarían más?”, continúa Njbo al otro lado del teléfono con una notable desesperación.

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, Macarena García Recio, ha concluido el sobreseimiento libre y el archivo de la causa este viernes. “De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa”, ha señalado en el auto.

Han pasado casi cuatro años de la muerte de su primo pero, relata, la ansiedad de su familia no cesa. La impotencia de Njobo aumenta, admite, cuando responde a las llamadas de los padres y hermanos de Samba. “Me dicen: 'Tiene que ser mentira lo que nos cuentas, ¿cómo puede tardar tanto?”, describe el senegalés desde Lleida, donde reside.

“No sé qué responderles porque tampoco lo entiendo: en Europa cuidan hasta a las gallinas, pero luego muere gente y no se investiga en serio. ¿Qué pasa, que los negros somos peores que los animales?”.

Gonzalo Boye, abogado de la plataforma Observatori DESC, asegura que el carpetazo del caso “se veía venir” pues, según sostiene, durante todo el proceso se han puesto dificultades a la búsqueda de diligencias. “Desde el inicio, el juzgado tenía una estrategia: la de no investigar para cerrar la causa”, sostiene el letrado, cuya asociación está personada en la causa como acusación popular.

Las ONG recurrirán el archivo de la causa

Desde Observatori DESC confirman que recurrirán el archivo de la causa, como ya lo hicieron en 2015. Entonces, los recursos interpuestos por esta asociación, Coordinadora de Barrios y CEAR permitieron que la Audiencia Provincial de Cádiz ordenase al juzgado ceutí la reapertura del caso al considerar que la magistrada María del Carmen Serván no realizó las investigaciones necesarias para concluir la falta de responsabilidad de los guardias civiles imputados.

Ahora, Macarena García, la nueva jueza encargada del caso, descarta llamar a declarar a una serie de testigos propuestos por la acusación popular. Dos de ellos, aportados por Observatori DESC, residen en Alemania y estaban dispuestos a testificar por videoconferencia.

La magistrada preguntó a la Guardia Civil si tenía constancia de que estas personas hubiesen atravesado la frontera española los días cercanos al 6 de febrero de 2014 y el Instituto Armado respondió que “no les constaba”.

“Pide diligencias al cuerpo que está siendo investigado”

Según explica Boye, quien tiene el contacto con ambos supervivientes de la tragedia, estos testigos entraron a la playa ceutí el 6 de febrero, pero fueron devueltos en caliente. Meses después, consiguieron acceder a territorio europeo por distintas rutas, añade. “La jueza le pregunta a la Guardia Civil, contesta que lo desconocen y cierra la causa al día siguiente. No tiene sentido”, dice el letrado.

La magistrada también indica que esos testigos “ni siquiera tendrían fuerza suficiente” dado que, añade, “dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”. Ante esta afirmación, Boye responde: “Las comparecencias por videoconferencia están contempladas en la legislación”.

Desde Tánger, Helena Maleno, la activista que permitió subir el volumen a la versión de los supervivientes de las muertes del Tarajal, piensa en aquellos que perdieron a un ser querido aquel 6 de febrero. “Es otra burla para las familias de las víctimas”, lamenta la defensora de los derechos de los migrantes. “Es también otro ejemplo más de la guerra de baja intensidad que se está dando en las fronteras y la impunidad que conlleva”.

“De nuevo ha investigado quien tiene que investigar. La magistrada pide diligencias al mismo cuerpo que está siendo cuestionado”, dice Maleno en referencia a la Guardia Civil. “En este caso, los testigos han sido ignorados desde el momento en el que se devolvió a Marruecos a 23 personas que habían visto lo ocurrido con sus propios ojos las vulneraciones de derechos humanos ocurridas ese 6 de febrero. Desde ahí, suma y sigue, hasta este nuevo auto”, concluye.

El año 2017 está a punto de terminar con un mapa del mundo lleno de guerras que no acaban y nuevos focos de violencia que expulsan, cada minuto, a 20 personas de sus hogares. Finaliza con las fronteras más blindadas y una persecución creciente de los activistas que defienden los derechos humanos. Pero también ha sido el año en el que muchas mujeres han dado un paso al frente contra el silencio y el machismo.

Toda selección deja siempre ausencias importantes, así que, como cada año, invitamos a los lectores a que destaquen en los comentarios aquellos otros hechos que, en su opinión, han marcado este año que termina.

1. La limpieza étnica contra los rohingyas

Huyen prácticamente con lo puesto. Caminan exhaustos, muchos de ellos heridos y sus testimonios narran las “atrocidades” perpetradas por el Ejército birmano que la ONU ha calificado de “limpieza étnica de manual”. Es, sin duda, una de las imágenes que deja este 2017: la del éxodo de miles de refugiados rohingyas que caminan y atraviesan un lago para llegar a la vecina Bangladesh.

Tras la ola de violencia desatada en el estado de Rakhine (Myanmar) el pasado agosto contra esta minoría musulmana apátrida, al menos 6.700 rohingyas han sido asesinados y más de 650.000, la mitad de ellos menores, han escapado al país vecino para salvar su vida. Huyen de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, del incendio de pueblos enteros por parte de militares y milicias budistas, según las ONG. Esta persecución ha provocado una lluvia de críticas contra la líder de facto birmana y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien evita condenar de forma directa los abusos del ejército en Rakhine.

Desde el genocidio de Ruanda en 1994, una crisis no había generado tal número de desplazados en tan poco tiempo. Y ahora, tras un viaje en el que arriesgan su vida, los rohingyas se hacinan en los campos de Cox’s Bazaar, al sureste de Bangladesh, donde afrontan las bajas temperaturas, debilitados por el hambre y las enfermedades.

Bangladesh y Myanmar han acordado la repatriación “rápida” de los rohingyas, programada para finales de enero, pero varias organizaciones han alertado de los riesgos de que se produzcan devoluciones forzadas sin que se garanticen sus derechos y su seguridad.

2. Europa continúa frenando la llegada de refugiados

Este verano estuvo marcado por las miradas atónitas ante la situación en el Mediterráneo central. Cada vez eran más los obstáculos que impedían los rescates a las ONG que se lanzaron al mar para dar respuesta a las muertes migratorias a los pies de Europa. Desde un código de conducta para controlar sus operaciones, hasta el aumento del acoso de los guardacostas libios pasando por la puesta en marcha de una misión naval italiana en aguas del país vecino e incluso la aparición en escena de un barco de ultraderecha que trataba de evitar los rescates.

Como consecuencia de las mayores restricciones, tres ONG –Médicos Sin Fronteras, Sea Eye y Save The Children– decidieron suspender sus operaciones en el mar. El Mediterráneo continúa siendo la frontera más mortífera del mundo: en 2017 se ha cobrado la vida de 3.116 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pero en esta orilla lo que se escucha es la celebración del descenso de llegadas a Italia, uno de los objetivos del acuerdo firmado entre la UE y Libia para frenar los flujos desde el país vecino.

El aumento del control fronterizo ha provocado que los migrantes permanezcan más tiempo bloqueados en Libia sometidos a todo tipo de abusos. Aunque era un secreto a voces, unas imágenes de la CNN han indignado al mundo: la venta de esclavos. Como respuesta, los dirigentes europeos y africanos anunciaron la repatriación de cientos de migrantes a sus países de origen, a la casilla de salida.

No es la primera vez que la UE busca socios para controlar sus fronteras. Desde el acuerdo con Turquía, en marzo de 2016, decenas de miles de personas refugiadas sumieron su vida en una larga espera. Y siguen llegando. En las islas griegas los campos están a punto de colapsar por el número de personas confinadas y sus condiciones se deterioran ante la llegada del invierno.

2017 también ha sido el año en el que finalizó la cuenta atrás para acoger a los refugiados. En septiembre, expiró el plazo de las cuotas de reubicación y se confirmó el fracaso: de los 160.000 refugiados acordados, los Estados acogieron a 28.000 personas desde Grecia e Italia, con España entre los países con mayor tasa de incumplimiento. Ahora, la UE se debate entre seguir adelante con las cuotas o dar un carpetazo definitivo al sistema pactado hace dos años en Bruselas.

3. Nuevos CIE y más muertes en el Estrecho

Este año, el debate sobre el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se ha reforzado. Son cada vez más las voces que cuestionan su existencia, con denuncias de agresiones policiales, sentencias de los Juzgados de control e informes del Defensor del Pueblo.

Las cifras demuestran que no se cumple el objetivo por el que se encierra a personas por haber cometido una falta administrativa, su expulsión. A pesar de las críticas, el ministro del Interior anunció en marzo la construcción de tres nuevos CIE en Algeciras, Málaga y Madrid, cuya creación fue acordada con la UE en 2013.

A finales de noviembre, Zoido presentó el proyecto de CIE en Algeciras con un polémico vídeo en el que se asemejaba a un resort turístico. El ministro trataba de limpiar la imagen de los CIE en un momento en el que al menos 500 migrantes recién llegados a las costas españolas habían sido encerrados en la cárcel de Archidona (Málaga), aún sin inaugurar, alegando falta de espacio en otros centros.

Se les vio agitar camisetas desde sus ventanas para pedir libertad. También a sus familiares. Numerosas entidades han denunciado la falta de estándares mínimos y el encierro de varios menores en esta prisión reconvertida en CIE que incumple la legislación española y está siendo investigado por un juzgado de Almería. Los procedimientos de expulsión de los migrantes recluidos, según las ONG, ya se han iniciado.

El encierro en Archidona se produjo después de que el Gobierno impulsara su discurso de alarma ante el aumento de las llegadas a las costas españolas. Pero también creció el número de los que mueren en el intento. Según la OIM, un total de 223 migrantes fallecieron en 2017 tratando de pisar suelo español, casi el doble que el mismo periodo que el año pasado.

Entre las vidas ahogadas en el Estrecho, las de Samuel, el 'Aylan español' y su madre Veronique, quien decidió embarcarse en una patera después de que la UE le denegara el visado para curarse un tumor. O las 49 personas fallecidas en julio en uno de los mayores naufragios ocurridos en el Mar de Alborán.

4. Estrasburgo condena las devoluciones en caliente

2017 también termina con la condena judicial de las devoluciones en caliente ejecutadas desde hace años por los diferentes Gobiernos españoles en las fronteras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en octubre que la expulsión inmediata de dos migrantes en Melilla en 2014 era ilegal.

Estrasburgo desacreditaba así la teoría del Gobierno de Rajoy para amparar las devoluciones en caliente en la ley bajo la figura de “rechazo” en frontera, a pesar de que organismos de todo tipo alertaron de su ilegalidad por no respetar principios como el derecho de asilo. Pero el fallo del tribunal europeo no ha significado el fin de las expulsiones: tras la condena, el Ejecutivo ha seguido devolviendo de forma inmediata a migrantes en Ceuta.

El Gobierno siempre había rechazado la existencia de estas prácticas hasta que se vio obligado a reconocerlas tras la muerte de 14 personas en febrero de 2014, en un intento de entrada en Ceuta disuadido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo.

2017 se marcha tras la reapertura de la causa de las muertes del Tarajal. La justicia española concluyó que no se realizaron las investigaciones necesarias antes de ser archivadas. Tres años después de su muerte, las víctimas fueron homenajeadas por sus familiares en Camerún: “Nos da fuerzas para seguir luchando”.

5. De Yemen a Congo: guerras que no cesan

2017 no ha sido un año de paz. Siguen abiertos varios focos de violencia en el mundo y se ha vuelto a registrar un número récord de desplazados forzosos: 65,6 millones. Se cumplen más de 1.000 días de la guerra de Yemen con un balance desolador: miles de civiles asesinados, hambre y una epidemia de cólera que ha causado más de 2.000 muertes. Todo ello, agravado por el bloqueo con el que Arabia Saudí, que compra armamento occidental valorado en miles de millones de euros, impide la entrada de ayuda humanitaria vital.

Se recrudece la violencia en República Centroafricana y se enquista la guerra contra el grupo yihadista Boko Haram en Nigeria. Desde allí llegó una de las primeras imágenes de 2017 que anunciaban que este año no iba a ser diferente: el campo de desplazados de Rann, al noreste del país, reducido a escombros después de que el Ejército nigeriano lo bombardeara “por error”.

Tampoco remite el conflicto en Sudán del Sur, el país del que más personas han huido los últimos dos años. Ya son casi siete años de guerra en Siria, persisten las crisis en Etiopía y Somalia y se agudiza la ola de violencia en Kasai, en República Democrática del Congo.

2017 termina con las miradas puestas en Irak después de que las fuerzas armadas recuperaran el control de los últimos territorios ocupados por Estado Islámico (ISIS) tras meses de combates que han provocado una “catástrofe civil” en ciudades como Mosul, según Amnistía Internacional.

6. Aumenta el hambre tras una década de descenso

La lucha para erradicar la desnutrición ha dado un paso atrás. Como consecuencia de estos conflictos y de los efectos del cambio climático, el hambre ha vuelto a aumentar tras diez años de descenso, según un estudio realizado por varias agencias de Naciones Unidas. Cerca de 815 millones de personas, el 11% de la población mundial, se acuesta cada noche sin haber comido suficiente.

En muchas ocasiones, las causas son evitables. Más de la mitad de los afectados viven en países azotados por la violencia. Algunos también se vieron afectados por graves sequías e inundaciones. Este año se ha declarado una hambruna en Sudán del Sur y otros tres países (Nigeria, Somalia y Yemen) corren el riesgo de padecerla. Etiopía, Kenia, Senegal y Mauritania también se encuentran entre los puntos rojos en el mapa mundial del hambre.

7. Cientos de víctimas por desastres naturales

2017 finaliza también con esa sensación de 'déjà vu' que dejan a su paso los desastres naturales. Si el año pasado fue Ecuador, este año ha sido México: el terremoto de 7,1 grados que azotó el centro y el sur del país causó 369 víctimas mortales, la mayoría en la capital, donde los ciudadanos tomaron el control para dar respuesta a la catástrofe.

En India, Bangladesh y Nepal, más de 1.200 personas murieron y millones se vieron forzadas a desplazarse en agosto por las peores lluvias monzónicas que ha sufrido el Sudeste Asiático en los últimos años. Perú y Zimbaue sufrieron fuertes inundaciones, al igual que Sierra Leona, donde las lluvias provocaron un corrimiento de tierra que sepultó varios suburbios y dejó centenares de muertos.

8. Activistas de derechos humanos perseguidos

Alzan la voz para defender los derechos humanos y eso, muchas veces, les cuesta la vida. En 2017, la tendencia se mantuvo: siguieron perpetrándose ataques contra activistas de todo tipo en todo el mundo.

Según Front Line Defenders, al menos 281 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2016: la mayoría en Latinoamérica, muchos de ellos en Colombia, a pesar del proceso de paz. Y sobre todo, indígenas y activistas que trabajaban en defensa del medio ambiente. No obstante, repiten las ONG especializadas, el asesinato es el último eslabón de una serie de ataques previos dirigidos contra estos activistas: amenazas, ciberacoso, campañas difamatorias o el uso “indebido” del sistema de justicia penal.

En Europa, varias organizaciones han alertado de la “criminalización” que sufren quienes salvan vidas en el Mediterráneo bajo el discurso de “favorecer la inmigración ilegal”. Lo han denunciado también en el caso de la activista española Helena Maleno, citada a declarar en un tribunal marroquí por una investigación sobre “tráfico de seres humanos” por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar.

9. México, a la cabeza de periodistas asesinados

A Miroslava Breach la asesinaron en marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Javier Valdez, su compañero de profesión, gritó contra el silencio y dos meses después fue acribillado a tiros frente al periódico que cofundó en el Estado de Sinaloa. Gumaro Pérez fue asesinado hace unos días, durante la función de Navidad de su hijo. Todos eran incómodos, todos eran periodistas.

México encabeza este año la lista de países con el mayor número de reporteros asesinados debido a su profesión, seis en total, según los datos más recientes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Al menos 81 periodistas murieron en todo el mundo 2017 por ejercer su labor, según el recuento del Instituto Internacional de Prensa (IPI).

Los ataques contra la libertad de prensa no se quedaron ahí. Este 2017 el número de periodistas encarcelados ha batido un nuevo récord mundial. Más de la mitad de los 262 periodistas que están entre rejas se encuentran en Turquía, China y Egipto, según el CPJ.

10. El movimiento antirracista se refuerza

Centenares de personas racializadas salieron el pasado noviembre a las calles en Madrid para denunciar el “racismo estructural en España” en la que, dicen, ha sido una “manifestación histórica” por ser ellas, las personas que sufren discriminación, quienes lideran la protesta. El año 2017 dice adiós con un movimiento antirracista que cobra impulso: es hora, dicen, de que dejen de hablar por ellas.

Exigen una ley integral que las proteja de la discriminación, denuncian el aumento de la islamofobia y plantan cara a racismos cotidianos como, por ejemplo, los controles policiales basados en características físicas o étnicas.

Este impulso de la lucha antirracista también se vive en países como EEUU. En Charlottesville (Virginia) una multitud protestó el pasado verano contra una marcha de supremacistas y neonazis, la mayor de la extrema derecha norteamericana de los últimos años. Una mujer murió arrollada por uno de los manifestantes ultras, pero Donald Trump evitó condenar de forma explícita la violencia racista.

11. El año de la revolución de las mujeres

Este año que termina será recordado por una palabra: feminismo. Fue el término más buscado en el diccionario más prestigioso de EEUU, el Merriam-Webster. Entre los motivos, las marchas feministas contra la presidencia de Donald Trump o al caso Weinstein y la campaña de Twitter #MeToo, en la que mujeres de todo el mundo han roto el silencio para contar las veces que sufrieron acoso machista.

2017 ha sido el año del “Yo te creo”, el aullido contra el cuestionamiento de las víctimas de violencia machista. Ha sido el año de los paros laborales y las huelgas de cuidados para preguntar al planeta cómo sería un día sin mujeres. En 2017 el movimiento feminista ha seguido clamando contra los feminicidios en Latinoamérica. Y ha logrado algunas conquistas: Arabia Saudí ha levantado la prohibición de conducir a las mujeres y Chile ha despenalizado el aborto en tres supuestos.

El movimiento LGTB también se apunta algunas victorias en los últimos meses. Alemania y Australia se han sumado a la lista de países que permiten el matrimonio de personas del mismo sexo.

Pero todavía, en muchos lugares del mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales siguen siendo perseguidas. En la República rusa de Chechenia, al menos 100 personas habrían sido detenidas y torturadas este año por su orientación sexual, según el periódico Novaya Gazeta. Los frentes aún son muchos, pero si algo deja claro este 2017 es que las luchas feministas y LGTB están aquí para quedarse.

El pasado 6 de febrero se cumplieron tres años de aquel fatídico día en que 15 personas murieron cuando intentaban cruzar la frontera de Ceuta a nado por la playa del Tarajal. La Guardia Civil les disparó balas de goma y gases lacrimógenos como “medidas disuasorias”. A pesar de las imágenes probatorias, el Gobierno negó los hechos y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz no asumió responsabilidades. Tras la movilización de la sociedad civil, entidades que trabajan en la zona presentaron una querella, por la que fueron imputados 16 guardias civiles. Pero en octubre de 2015, la jueza de instrucción archivó el caso alegando que “los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español a nado y en avalancha”. Desde Camerún, familiares de las víctimas se organizaron para pedir justicia y reparación. Tras presentar un recurso, recientemente se conoció el auto de la Audiencia de Cádiz, que dictamina la reapertura de la investigación. Un paso contra la impunidad y una gran noticia para las familias.     

Aquel 6 de febrero no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Las ONG vienen denunciando desde hace años la represión y la desprotección jurídica que se vive en la frontera sur. Varios episodios de muertes de personas migrantes han quedado en total impunidad. Lejos de abordar la situación en la frontera desde una perspectiva humanitaria, el gobierno del Partido Popular optó por legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” en el marco de la Ley Mordaza bajo el eufemismo de “rechazo en frontera”, a pesar de la firme oposición de organismos internacionales y de que esta disposición no se ajusta a lo que establece el derecho europeo (concretamente los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 4 de la Directiva relativa al Retorno).

Pero las devoluciones en caliente son sólo la punta del iceberg. Personas migrantes han llegado a ser “devueltas” desde Marruecos en autobuses al desierto, cerca de la frontera con Argelia, donde corren el riesgo de morir de deshidratación. Es parte de la llamada política de externalización de fronteras de la Unión Europea, por la cual se delega en países de tránsito la “contención” de migrantes y solicitantes de asilo, tal como se hizo con el pacto Turquía-UE. Tras la cumbre de Valetta en noviembre de 2015, donde se aprobó el “Fondo fiduciario de Emergencia” para África –a través del cual se destinan 1.800 millones de euros para securitización y control de fronteras– se firmaron acuerdos con países africanos como Etiopía, Níger y Mali.

Esta semana, también tomando como modelo el vergonzoso pacto con Turquía, se está discutiendo en Bruselas la conclusión de un nuevo acuerdo con Libia, país que ni siquiera ha ratificado la convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951. Dicho acuerdo se basa en la asistencia a las fuerzas de seguridad libias para que éstas devuelvan refugiados y emigrantes en embarcaciones que hayan salido de su costa. Cabe recordar que en Libia, las personas migrantes y refugiados  detenidos son sometidos a torturas, trabajos forzados y violencia de todo tipo, sin absolutamente ninguna garantía de protección de derechos. Además, dicho programa pretende sufragarse mediante los fondos de la cooperación al desarrollo europeos, que los tratados destinan claramente a otras finalidades.

La externalización de fronteras no es una solución para quienes necesitan protección internacional y para quienes huyen de la miseria. Con este tipo de acuerdos, el norte de África se vuelve un verdadero infierno para las personas que quieren migrar a Europa. Ante la represión y las deportaciones, las personas que buscan protección deben elegir entre jugarse la vida trepando una valla, morir en el desierto o echarse al mar, en patera, o quizás dando la vuelta a nado al espigón de la Playa del Tarajal en Ceuta, como ocurrió en 2014.

No queremos más muertes en la frontera ni en el Mediterráneo, y para eso, Europa debe defender hacer algo tan simple como cumplir el derecho internacional y sus propias normativas. También incluso algunas resoluciones del Parlamento Europeo que han exigido a los gobiernos en distintas ocasiones, por ejemplo, el establecimiento de una misión de salvamento marítimo en el Mediterráneo.  

Los países de la Unión Europea deben promover un modelo que garantice el derecho de asilo y vías de entrada legales, sin que la gente tenga la necesidad de jugarse la vida en el desierto o en el mar. Las familias del Tarajal deben recibir justicia y reparación por parte de España y de la Unión Europea, al igual que tantas otras familias que no han podido ni siquiera enterrar a sus seres queridos.

Todas estas cuestiones, para que lleguen a ser realidad, requieren sostener una movilización ciudadana importante, para presionar a los gobiernos nacionales que han llevado la situación a un nivel de desprecio del derecho internacional y de la vida humana como no hubiéramos imaginado jamás.