Al menos ocho personas han resultado afectadas, dos de ellas heridas graves, por una deflagración de gas ocurrida en los accesos del metro a la plaza de Sants de Barcelona, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) este miércoles a última hora.

El suceso ha tenido lugar en el marco de unas obras de accesibilidad en la estación y, según las primeras hipótesis, el origen del escape que ha provocado la llamarada se encontraría en una tubería.

Según indican fuentes de Emergencias hay dos personas heridas graves, trasladadas al hospital Vall d'Hebron, y al menos otras tres con la consideración de menos graves, que se han evacuado al mismo centro hospitalario y también al Clínic. También se han atendido a heridos leves, todos ellos trasladados a centros hospitalarios.

Nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona trabajan desde las diez y cuarto de la noche en el incendio posterior a la deflagración, según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el consistorio se explica que el escape ha tenido lugar por la tarde. El SEM ha activado ocho ambulancias.

Un trabajador ha resultado herido este lunes tras caer desde unos cinco metros de altura, mientras operaba en la cubierta de una empresa situada en la Avenida Cristóbal Colón de Guadalajara.

Según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.37 horas.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital 12 de Octubre de Madrid y al lugar se ha desplazado también la Policía Nacional y la Policía Local.

El incendio producido en la tarde de este jueves en la azotea de un edificio de viviendas de Albacete, y que se ha propagado a una de ellas, deja tres personas heridas, entre ellas una niña de cinco años de edad.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el fuego se ha originado pasadas las 17.00 horas, en la calle Puerta de Valencia.

Las tres personas afectadas han tenido que ser trasladadas al hospital de Albacete por inhalar humo. Además, una de ellas ha sufrido heridas.

En el operativo movilizado por el 112 han participado bomberos, Policía Nacional, Policía Local, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

El alcalde Manuel Serrano ha destacado el trabajo “profesional, rápido y eficaz” de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento, tanto los bomberos como la Policía Local.

“El incendio se ha producido poco después de las cinco de la tarde en un ático dúplex en la calle Puerta de Valencia. Una mujer de 61 años estaba cocinando en la parte de arriba del dúplex, ha prendido el aceite en una sartén y al intentar sofocarlo con agua ha saltado y se ha extendido a un toldo. La nieta de esta señora, de 5 años de edad, estaba en la parte de abajo de la vivienda y ha abierto la puerta a una dotación de la Policía Local formada por dos agentes”, ha explicado.

Uno de los agentes ha sacado a la niña a la calle, y el otro ha subido a la parte de arriba para evacuar a la abuela. Como la vivienda estaba llena de humo, el agente ha sido atendido por inhalación de humo, así como la mujer y la niña, y todos han sido trasla

Sobre la 1:30 de esta madrugada ha tenido lugar una pelea de la que han resultado heridas dos personas y otra más detenida. Tal y como informa la Policía Nacional, los hechos han ocurrido esta madrugada en la calle Beratúa de Logroño. Durante la pelea, una de las personas implicadas “habría” utilizado un arma blanca.

Dos personas han resultado heridas, sus lesiones no revisten gravedad y no se teme por su vida.

En la intervención han participado agentes de la Policía Nacional y Local que han detenido a un varón relacionado con los hechos. Por el momento, la Policía Nacional desconoce las circunstancias y motivos que originaron la agresión. La investigación continúa abierta.

Una persona de 72 años y una menor de 14 han tenido que ser atendidas tras un incendio en una vivienda en Haro. Los bomberos de CEIS Rioja han comunicado a SOS Rioja el incendio en una casa en la calle San Felices, número 2 de Haro. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Policía Local de Haro y Guardia Civil, y se moviliza a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que el incendio ha afectado a una placa de inducción y a la campana extractora. Una persona de 72 años ha sido atendida por un corte en el brazo y dada de alta en el lugar, y una niña de 14 años ha sido evacuada por quemaduras al Centro de Salud de Haro.

Un hombre de 76 años ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño tras colisionar contra varios vehículos que estaban aparcados. El accidente ha tenido lugar en la calle Turriente de Ausejo y han sido varios particulares los que han avisado a SOS Rioja.

Dese el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado de inmediato a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

Un joven ha resultado herido grave tras ser arrollado por un tren, a la altura de un paso a nivel en La Pola, en el concejo asturiano de Siero, y quedar atrapado por una pierna, según ha confirmado este viernes a elDiario.es Asturias un portavoz del servicio de emergencias del 112 Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a las cuatro de la tarde. De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro junto a once efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio.

Tras solicitar el corte de la tensión eléctrica de la catenaria, la dotación trabajó conjuntamente con el equipo sanitario que se había trasladado para atenderle in situ.

Traslado al HUCA

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ha sido trasladado por la UVI Móvil de Oviedo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo/Uviéu. En un principio, su estado es grave a expensas de su evolución.

La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha dado traslado de este hecho tanto a la Policía Nacional y Policía Local, así como al SAMU que activó la UVI Móvil de Oviedo y la ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de atención primaria poleso.

Por el momento se desconocen las circunstancias por las que se produjo el accidente.

En las últimas horas, se han registrado dos accidentes de los que han resultado heridos seis personas. El más multitudinario ha ocurrido en el Villar de Arnedo donde colisionaron dos vehículos. El resultado, cinco personas trasladas al hospital de Calahorra: tres adultos y dos menores de once y nueve años.

El otro accidente ha tenido lugar en Murillo de Río Leza donde un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado. Un hombre de 34 años ha tenido que ser excarcelado porque estaba atrapado en el interior del vehículo y ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño. Hacia las 9:00 horas de esta mañana, el vehículo siniestrado ha sido retirado y la calzada ha quedado despejada.

Un total de siete personas han resultado heridas tras una colisión por alcance de cuatro vehículos en el kilómetro 232 de la A-4, sentido Andalucía, a la altura de la localidad ciudadrealeña de Almuradiel.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han detallado que los hechos tuvieron lugar este jueves sobre las 21.27 horas.

Todas las personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Valdepeñas. Así, una mujer 37 años y hombre de 27 años fueron trasladados en una UVI; mientras que dos ambulancias de soporte vital trasladaron a una mujer 28 años, a un hombre 30 años, a una mujer 29 años, a un hombre de 29 años y a una mujer de 27 años.

Al lugar se desplazó también la Guardia Civil, un medico de urgencias y bomberos de Valdepeñas.

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, regresa esta semana a tierras asturianas tras culminar su viaje institucional a México, donde permaneció durante siete días al frente de una delegación comercial en busca de captación de inversiones, y uno de los primeros compromisos oficiales será acudir a sede parlamentaria mañana, miércoles, para dar explicaciones sobre las responsabilidades políticas del accidente que costó la vida a cinco mineros en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Para las familias de los cinco mineros fallecidos y los cuatro trabajadores que resultaron heridos en ese accidente laboral no debe ser fácil ver cómo los políticos se “tiran los trastos” -en lenguaje coloquial-, ni que se utilice su caso como arma arrojadiza hablando de un siniestro que les ha destrozado sus vidas.

Sin unanimidad

Mientras los supervivientes de esta tragedia minera y los familiares de los fallecidos tratan de recomponer su día a día, los representantes políticos y los líderes sindicales siguen debatiendo sobre el contenido del borrador del dictamen elaborado por la Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado.

El contenido de este borrador fue avanzado a la prensa el pasado 21 de abril, por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en su calidad de presidenta de la comisión de investigación. En el documento se exigía la reprobación y cese de cuatro exconsejeros y exconsejeras de Industria durante etapas de gobierno socialista y de tres altos funcionarios a los que se atribuye alguna responsabilidad por este accidente y aún no se sabe oficialmente si se convertirá en un documento no vinculante o tendrá algún efecto práctico.

El hecho de que Covadonga Tomé presentara públicamente las conclusiones de este dictamen, incluso antes de enviarlo a los grupos parlamentarios, ha sido afeado por el diputado y portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien ha considerado que la diputada del Grupo Mixto incurrió en “un grave error”.

Xabel Vegas y “los errores” de Tomé

En primer lugar, entre otras razones, el diputado Vegas alude al hecho de que no lo hubiera remitido primero a la comisión para su debate, presentación de enmiendas y votos particulares, y en segundo lugar porque se diera a conocer públicamente antes en una rueda de prensa a la que acudió acompañada de Laura Tuero, de Somos Asturies, lo que, bajo su prisma, podría ser interpretado como una utilización partidista.

Tomé ha replicado a las críticas de Vegas asegurando que el borrador del dictamen se remitió “en primer lugar al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara” antes de la rueda de prensa de presentación, y el documento quedó colgado en la carpeta de la comisión para el resto de formaciones.

Una argumentación que, según el razonamiento del portavoz de Convocatoria por Asturies, supondría que si se hizo “como deferencia” en primer lugar al Grupo Socialista se podría inferir que al resto de los grupos no se les remitió por “falta de deferencia”.

Las interpelaciones

A la falta de unanimidad entre los miembros de la coalición del gobierno progresista que integran PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies se suma también las discrepancias en el entorno sindical, ya que tampoco los líderes de los sindicatos CCOO y UGT tienen opiniones coincidentes sobre si el Gobierno asturiano debe forzar los ceses y asumir responsabilidades políticas y cuándo es el momento más oportuno.

La Junta General del Principado celebra este miércoles una sesión plenaria centrada en el borrador de este dictamen que recoge las principales conclusiones de la comisión de investigación y el posicionamiento del Ejecutivo autonómico sobre las responsabilidades políticas en el accidente registrado en la mina de Zarréu.

¿Mintió? ¿Se arrepintió?

“¿Por qué mintió cuando dijo que llegaría hasta el final, 'caiga quien caiga' en la investigación del accidente de la mina?”. Con esta pregunta del portavoz del PP, Álvaro Queipo, arrancará esta sesión plenaria.

Su intervención dará paso a la interpelación del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, del grupo parlamentario de Foro Asturias. En su caso, quiere saber si Adrián Barbón “se arrepiente de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera”.

¿Por qué puso un océano de por medio?

No serán las únicas intervenciones, ya que seguidamente la portavoz de Vox, Carolina López, ahondará en la herida con alusión al viaje de México incluida: “¿Cómo justifica que, en pleno escenario de crisis y con su gestión bajo cuestionamiento, haya optado por poner un océano de por medio en lugar de permanecer en Asturias dando explicaciones y asumiendo responsabilidades?”.

En ausencia de Barbón esta semana el portavoz de su equipo de gobierno, el consejero Guillermo Peláez, ha salido a defender la actuación del Ejecutivo regional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Peláez ha afirmado este lunes que el PSOE e IU son formaciones políticas distintas que pueden tener discrepancias, en este caso en torno a un borrador de un dictamen “de parte” que ha sido elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

En opinión de “la parte mayoritaria” del Gobierno, “no se ha puesto de manifiesto”, ha dicho, la existencia de responsabilidades políticas, “lo cual no quiere decir que se pueda poner de manifiesto” más adelante porque aún se sigue investigando.

Peláez ha admitido que el Servicio de Minas no funcionaba como debía, “pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal causó cinco muertes hay un paso muy grande, y ahora mismo con la información disponible no se puede asumir”, ha incidido.

Los “juicios de valor”, según el PSOE

Aunque Peláez ha salido públicamente para exponer el posicionamiento del Principado, la portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ya había cuestionado públicamente el borrador de dictamen de la comisión de investigación al manifestar que incorporaba “errores”, “juicios de valor” y no fijaba una “relación directa” entre los hechos examinados y las responsabilidades que se pretenden exigir.

“No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente”, llegó a decir Dolores Carcedo.

El posicionamiento sindical

Aunque habitualmente suelen estar bastante de acuerdo en materia de siniestros laborales los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en el caso del polémico tema del borrador del dictamen de la comisión de investigación sus posturas no coinciden.

Así, Zapico se muestra favorable a que se ejecuten responsabilidades políticas “de manera inmediata”, frente a la opinión de Fernández Lanero quien opina que hay que esperar a ver cómo avanzan los procedimientos judiciales y estima que las responsabilidades políticas “ya se asumieron” al cambiar “de arriba a abajo” la Consejería de Industria.

Las opiniones de Zapico y Lanero

El secretario general de CCOO tiene claro cuál debería ser el siguiente paso que tendría que dar el presidente Barbón. A su juicio, debería instar a los exconsejeros de Industria que él mismo nombró para el cargo y que actualmente desempeñan la presidencia de Hunosa y la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, respectivamente, para que dimitan.

El secretario general de UGT considera, sin embargo, que las responsabilidades políticas ya se asumieron cuando cambió la cúpula de la Consejería de Industria y se muestra más partidario de esperar a ver qué decisión adopta finalmente la administración de justicia respecto al accidente minero y culpa directamente a la empresa por sus incumplimientos.

El documento y las reprobaciones

En eldiario.es Asturias reproducimos a continuación las principales conclusiones de este borrador de dictamen de la comisión de investigación.

Junto a Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, el dictamen reprueba la actuación de la exconsejera Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Los tres exconsejeros fueron nombrados al frente de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno por el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón.

Cargos públicos y funcionarios

El cuarto cargo político cuestionado es Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa como presidente del Principado del socialista Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación en este borrador de dictamen, son los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los denominados PIC (Proyecto de Investigación Complementario, una figura no regulada por la Ley de Minas.

La mujer de 70 años que fue hallada con un disparo en la cabeza en la cama de su dormitorio, en la localidad de Columbiello, en el concejo asturiano de Lena el pasado fin de semana, continúa en estado grave ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Su marido, Félix G., de la misma edad, se encontraba muerto a su lado cuando la pareja fue localizada por un familiar al que la mujer pudo avisar momentos después de intentar acabar con su vida en lo que, según los primeros indicios, podría ser un suicidio pactado.

En un principio, la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha descartado la intervención de terceras personas, así como que se trate de un caso de violencia de género.

Alertaron a un familiar

Los hechos se descubrieron sobre las 10 de la mañana del pasado sábado cuando un primo del matrimonio alertó a los servicios de emergencias de la llamada que acababa de recibir de la mujer para que se desplazara hasta el chalé familiar. Una vez dentro, este familiar halló muerto al hombre y herida muy grave a la mujer.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local de Lena se trasladaron hasta el domicilio donde nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, mientras que la mujer pudo ser estabilizada por el equipo médico de una UVI-móvil que le atendió en el mismo lugar. Ante la gravedad de su estado, acordaron su traslado al Huca, donde permanece internada.

Problemas económicos

El hombre, Félix G., era constructor y había nacido en Mieres. Su mujer, Irene G., es natural de Pola de Lena. El matrimonio residía en la localidad lenense desde hace 15 años.

Según las primeras investigaciones, el chalé del matrimonio tenía pendiente de ejecutar una orden de desahucio y, esta circunstancia, unida a los problemas de salud podrían haber sido determinantes en la decisión de la pareja.

Una reyerta entre varias personas ocurrida este viernes en Guadalajara se ha saldado con un hombre de 31 años herido grave por arma blanca, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar a las 2.38 horas en la calle Ávila, en la vía pública. El herido ha sido atendido y trasladado en una UVI al hospital de Guadalajara.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.

La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a un joven de 18 años tras sufrir un accidente de circulación en la localidad toledana de Yuncler. Sobre las 15.00 horas del miércoles 15 de abril, los agentes fueron alertados por la Central Operativa de Servicios (COS) de que se había producido un accidente entre un vehículo y una motocicleta, con un herido grave.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven tendido en el suelo, siendo atendido inicialmente por personal sanitario del centro de salud de Yuncler. Uno de los agentes, que se encuentra realizando su periodo de prácticas, acudió de inmediato a auxiliarle al observar que presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal.

Utilizando material hemostático (polvo granulado y gasas), el agente aplicó las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia, manteniendo presión directa sobre la herida y consiguiendo detenerla con éxito. Posteriormente, practicó un vendaje circular compresivo hasta la llegada de la UVI móvil, que trasladó de urgencia al joven al Hospital Universitario de Toledo.

Según la Guardia Civil, el personal médico del centro hospitalario confirmó posteriormente que “la rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida”. El joven se encuentra actualmente hospitalizado y estable.

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

Esta tarde de miércoles se han produdico dos accidentes de tráfico de los que han resultado heridas seis personas. Uno de ellos ha tenido lugar en Calahorra donde cuatro personas han sido trasladadas al Hospital del municipio. Ha sido un particular quien ha dado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión de dos vehículos en la carretera LR-134, kilómetro 14, en el término municipal de Calahorra. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan a los Bomberos de CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del accidente, cuatro heridos han sido evacuados al Hospital de Calahorra.

El otro accidente se ha producido en Logroño. En este caso ha sido la Policía Local la que ha informado a SOS Rioja de la colisión de dos coches en la calle la Cava de Logorño. Desde el Centro Coordinador de Emergencia se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a dos heridas, dos mujeres de 35 y 63 años, que finalmente han sido trasladadas al Hospital Viamed Los Manzanos.

Una colisión en cadena entre al menos 8 vehículos (incluidos camiones) implicados se ha saldado con una mujer fallecida y otras tres personas heridas.

El suceso ha ocurrido debido a una granizada en el punto kilométrico 133 de la A-3 (sentido Valencia), a su paso por Villares del Saz (Cuenca), según han fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una mujer de 30 años. Los otros tres afectados, dos hombres de 29 y 28 años y una mujer de 45, han sido atendidos in situ, sin traslado.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso a las 15.26 horas de este viernes. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Tarancón, tres ambulancias, una UVI y un helicóptero medicalizado.

El fuerte temporal de viento que afecta este jueves a la Región de Murcia ha provocado varios incidentes de consideración, entre ellos tres menores heridos en Cartagena, daños en edificios emblemáticos y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia.

En Cartagena, tres niños resultaron heridos tras desprenderse una chapa del tejado de un club deportivo situado en la calle Hermano Pedro Ignacio. El suceso ocurrió a las 15:03 horas, momento en el que una llamada alertó al Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos del Servicio de Extinción, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Dos de los menores, de 10 y 11 años, fueron atendidos en el lugar y trasladados posteriormente al hospital por sus propios medios. El tercer niño, también de 11 años, sufrió una lesión en una pierna y, tras ser estabilizado, fue evacuado en ambulancia al hospital de Santa Lucía.

Tejas de la cúpula de la basílica de la Purísima Concepción desprendidas

El viento también ha causado daños materiales en Yecla, donde varias tejas de la cúpula de la basílica de la Purísima Concepción se desprendieron y cayeron a la vía pública. Como medida preventiva, se procedió a acordonar la zona y cerrar al tránsito la calle San Antonio, evitando así posibles riesgos para los viandantes. No se han registrado heridos en este incidente. Técnicos municipales y responsables del Obispado evaluarán el alcance de los daños para planificar las reparaciones necesarias.

Según ha informado la alcaldesa, Remedios Lajara, en la red social X, el área afectada ha sido asegurada y los servicios técnicos municipales trabajan ya en la evaluación de los daños.

Además, el episodio de viento ha generado numerosos avisos en Cartagena, especialmente relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Según fuentes municipales, se han contabilizado una veintena de intervenciones, la mayoría por contenedores desplazados o volcados, así como por la caída de árboles, ramas, señales de tráfico y un poste de alumbrado, lo que obligó a actuar para garantizar la seguridad y restablecer la circulación en calles y carreteras del entorno urbano y periurbano.

Aviso naranja por fenómenos costeros

Todo ello se produce en una jornada marcada por los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región, con previsión de vientos del suroeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso naranja permanece activo desde las 06:00 hasta las 23:59 horas, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se extiende entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Además, hay avisos amarillos por viento en varias comarcas, con rachas de hasta 80 km/h en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, y de hasta 70 km/h en el Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón. También se mantiene un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur, con olas de hasta 3 metros.

El pasado diciembre declaró en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde en abril de 2025 al joven Iker Arana, que tuvo que ser hospitalizado y que, según relata, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El abogado del ertzaina ha declarado públicamente que solicitará al Tribunal de Instancia que archive el caso, por lo que la plataforma Justizia Aranarentzat, creada para solicitar el esclarecimiento ante lo ocurrido, ha difundido el vídeo del momento del disparo de 'foam'.

“La defensa del ertzaina investigado pretende basar la petición de archivo en las declaraciones de dos ertzainas que se encontraban en el lugar del disparo junto al ertzaina investigado, quienes habrían declarado que es imposible que la bala de 'foam' causara la pérdida de un testículo a Iker desde aquella distancia. Además, el abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Sin embargo, la realidad fue totalmente diferente, y las imágenes hablan por sí solas”, explican desde la plataforma ciudadana.

En las imágenes se ve una multitud de jóvenes a las puertas del gaztetxe y, al otro lado de la calle varias dotaciones de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. Se produce un primer disparo y Arana se aproxima con los brazos en alto a modo de protesta. Segundos después recibe el impacto de la 'foam' y cae al suelo. “El abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Al contrario de lo que dicen los ertzainas, no lanzó ninguna botella ni rompió el cordón de seguridad, que se encontraba a varios metros de distancia. Queremos subrayar que tanto este caso como otros similares que estamos viendo los últimos meses sacan a relucir dos cuestiones. Por un lado, muestran la brutalidad y la impunidad con la que actúa la Ertzaintza. Por otro, ponen encima de la mesa que el derecho a la protesta no está garantizado. Iker fue mutilado por el mero hecho de mostrar su rechazo ante el desalojo de un gaztetxe. El derecho a protestar frente a las injusticias sin ser reprimido debería estar garantizado; y en cambio, la Ertzaintza y el Gobierno vasco avanzan en la dirección contraria, fortaleciendo el estado policial para reprimir y criminalizar a quienes se movilizan”, han denunciado desde Justizia Aranarentzat.

Arana interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. “Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial”, señaló tras lo ocurrido. En su versión, el agente de la Ertzaintza le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En diciembre, durante la declaración de los agentes de la Ertzaintza, en una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, denunció que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024. En su caso las heridas fueron en el cráneo.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco en mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.