La rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pactada por PP y Vox en su acuerdo de Gobierno tendrá un impacto económico de ocho millones de euros cada año de la legislatura, lo que supondrá 32 millones de euros cuando esta finalice, según ha explicado este martes la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano.

El pacto contempla que en cada año de la legislatura se aplique una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, de modo que se llegue al 1% en 2029 para quedarse en una tributación del 7% y el 9%, respectivamente. Esa rebaja ya se incluirá en el proyecto de presupuestos que se llevará a la Asamblea en las próximas semanas.

El acuerdo también incluye una reducción al 0,5% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las escrituras públicas que documenten la adquisición de viviendas habituales, siempre que el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros, a favor de contribuyentes que no superen los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta. Esto tendrá un impacto de 2,5 millones de euros, según la responsable de Hacienda.

A esto habría que sumar la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco (como de tíos a sobrinos) y la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y límites de renta, también incluidas en el acuerdo de PP y Vox.

Manzano ha dicho que estas y otras mejoras tributarias estarán incluidas en los presupuestos autonómicos para 2026, que estarán preparados “dentro de muy poco”. Hay que recordar que los presupuestos presentados por María Guardiola a finales de 2025, y que no salieron adelante, lo que motivó la convocatoria de elecciones autonómicas, incluía la bonificación de tasas y precios públicos, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento, con un impacto total de más de 20 millones de euros.

Lo que no incluirán las cuentas regionales este ejercicio es la rebaja del 30% de la ecotasa que paga la central nuclear de Almaraz. Esta reducción de la carga fiscal que beneficia a las eléctricas se deja para 2027, ya la Hacienda extremeña no puede asumir este año ese recorte de ingresos, según la consejera. El pacto de PP y Vox recoge una rebaja de la ecotasa del 30% anual hasta su total desaparición en 2029, lo que supondrá 90 millones de euros menos para las arcas autonómicas.

Pese a esta minoración de ingresos, Elena Manzano ha recordado que en los dos años y medio de legislatura las rebajas fiscales han supuesto 125 millones, mientras que la recaudación ha subido en más de 230 millones.

La prioridad nacional del pacto de PP y Vox

Por otro lado, la también portavoz del Ejecutivo extremeño en funciones ha afirmado que el concepto de prioridad nacional que figura en el pacto de gobierno entre PP y Vox lo que hace es valorar la vinculación territorial y el arraigo, y ha instado a los ciudadanos, y a los presidentes autonómicos, a interpretar este acuerdo “bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia”.

Manzano ha defendido que el pacto alcanzado con Vox se desarrollará con el “máximo respeto” a la Constitución española, al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico. En concreto, en lo referido a la denominada “prioridad nacional” que figura en varias medidas del acuerdo, como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, ha argumentado que lo que se busca es que la población residente en Extremadura permanezca en ella.

Respecto a las declaraciones del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, en las que ha puesto el acuerdo como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía, ya que aspira a gobernar con mayoría absoluta, Manzano ha expresado su “máximo respeto institucional a cualquier consideración” y le ha deseado “la mayor de las suertes en ese proceso”.

La Junta de Extremadura y el PSOE están negociando los presupuestos de 2026. Aún no está claro cuál podría ser el desenlace de esas conversaciones, pero el Ejecutivo y los socialistas están dialogando sobre una posible rebaja fiscal que afecte sobre todo a las clases medias, quienes cobran entre 24.200 y 60.000 euros.

El PSOE ha propuesto rebajar un 0,5% el IRPF para esos contribuyentes, pero, para que no se resientan las arcas autonómicas, ha propuesto subir el impuesto para quienes cobran más de 80.000 euros. La Junta ha hecho una contrapuesta, según ha revelado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que pasa por bajar el IRPF en los tramos tercero y cuarto (se quedarían en el 15,5% y el 17%), y no correguir el impacto de la bionificación, cifrada en 8 millones de euros. Es decir, no tocarlo para las rentas más altas.

En este sentido, ha explicado que la propuesta que le trasaladó el PSOE, además de tener errores en lo relativo a las cuotas integras en los tramos 8 y 9, ellos pretendía una rebaja que beneficiaba a determinados contribuyentes, similar a la del año pasado. Por ello, se les ha trasladado un estudio sobre el impacto de su propuesta que sería de 14 millones de euros para las arcas autonómica, que al contribuyente de más de 60.000 euros le supone un ahorro de entorno de 1,5 millones de euros.

Ha recordado que el tramo de contribuyentes principales son los que ganan unos 35.000 euros, por lo que para corregir “esas disfunciones” lo que se ha hecho es darle una tarifa en la que se quiere avanzar y que consiste en continuar la rebaja para los tramos tercero y cuarto, con un impacto presupuestario de unos 8 millones de euros. A su juicio, supone “mas justicia tributaria” y para llevarla a cabo “no se compensa subiendo a nadie”, como proponía el PSOE para los de mayor renta.

Manzano ha justificado esta decisión en que la Junta entiende que la presión fiscal “es suficiente” y sobre todo teniendo en cuenta quel Gobierno de España “no toca la cuota estatal y tiene margen”.

Manzano también ha respondido a las declaraciones del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Gallardo, sobre que Guardiola “tiene la firme intención de no alcanzar acuerdos” y le ha reprochado que él no acudiese al primer encuentro al que fue convocado, además de recalcar que con los representantes del grupo Socialista las negociaciones están abiertas.

En cuanto a Grupo Parlamentario de Vox, ha reiterado que ya tienen el anexo de gastos y las partidas, así como el anuncio de las medidas tributarias, por lo que ahora espera “una propuesta concretar, no un documento genérico hecho en Madrid”

Por ello, ha insistido en que se les ha pedido que manden su propuesta o sentarse a negociar, para poder avanzar en tema tributario, propuesta y partidas de gasto concretas, entre otras. 

“Para facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando”. Esa es la razón por la que Extremadura reducirá la ecotasa que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de la central nuclear, ha anunciado este viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola. Aunque tras este anuncio hay algo más: se trata de la primera, pero no la única, condición de Vox para aprobar los presupuestos del PP en la comunidad.

Guardiola adelantó el sábado pasado que iba a “ajustar la fiscalidad regional”  para favorecer a estas eléctricas, pero ahora ha concretado su propuesta. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029 por el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente. Ahora mismo, la central nuclear de Almaraz paga unos 80 millones de euros por la conocida como ecotasa, por lo que el PP está dispuesto a rebajar el impuesto más de la mitad.

La presidenta extremeña había mostrado predisposición a aliviar la carga fiscal de la instalación nuclear, aunque la había condicionado a que el Gobierno lo hiciera lo mismo para garantizar el empleo, que la Junta calcula en unos 4.000 puestos directos e indirectos, los ingresos de los ayuntamientos de la zona y “la independencia energética de Extremadura y España”.

Según el calendario de cierre de las centrales nucleares acordado por las eléctricas y el Gobierno en el año 2019, los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse (uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028) en un proceso que se alargaría hasta 2035. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica se abre a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes y no sea a costa del contribuyente, si garantizan la seguridad y si es conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

El Gobierno también ha pedido que entre las empresas hubiera acuerdo para prolongar la vida de las centrales nucleares que firmaron el protocolo de cierre (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) porque algunas dudaban de su rentabilidad. Por eso han pedido una rebaja de la tasa Enresa y de los impuestos autonómicos.

En este sentido, Guardiola, que se ha empeñado en liderar la batalla por la energía nuclear y hacer de este asunto otro motivo de enfrentamiento con la Moncloa, ha acusado al Gobierno de “llevar al límite la asfixia fiscal al parque nuclear, la ha incrementado hasta un 70% en los últimos cinco años hasta llevar los costes a lo ”insostenible“. ”Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado. Cerrar Almaraz supone condenar a toda una comarca“ , ha subrayado.

El PSOE, en contra

La presidenta extremeña ha comenzado las negociaciones con Vox y el PSOE para intentar aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Aunque con la rebaja de la ecotasa se ha acercado a la extrema derecha, esta formación ya ha puesto sobre la mesa sus tradicionales exigencias: freno a la inmigración y eliminación del gasto superfluo, entendido este como las subvenciones que dirigen la patronal y los sindicatos, ayudas de igualdad y de cooperación internacional, que el PP acaba de incrementar.

En el otro lado de la mesa, los socialistas acaban de oponerse a la medida anunciada por María Guardiola de “perdonar impuestos” a las grandes empresas. “Es un mal comienzo”, ha dicho el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

“Por cada euro que le quita a las eléctricas, le quita un euro a la sanidad, la educación y el bienestar” a los extremeños, ha dicho

Cinco rebajas fiscales en los últimos siete días y 22 inauguraciones programadas para los próximos cuatro meses. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, ha multiplicado estos días los anuncios y promesas que, a falta de la convocatoria oficial de elecciones, pueden entenderse como una campaña precipitada.

Este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha comparecido de forma excepcional y ha hablado de la culminación de las obras de rehabilitación en las Reales Atarazanas de Sevilla, “un compromiso electoral” para recuperar un monumento medieval “que llevaba abandonado 32 años”.

El Ejecutivo andaluz ha celebrado su reunión semanal en este enclave del centro histórico de Sevilla pero, ya puestos, el presidente y candidato también ha hablado de otros “compromisos electorales”, como “el rescate del estadio de la Cartuja” o la apertura del antiguo Hospital Militar, otra infraestructura de Sevilla que llevaba décadas cerrada. “Mi gobierno lo ha vuelto a hacer”, ha dicho, más en clave de candidato en campaña que en modo institucional

Moreno también ha anunciado la inauguración de 22 nuevos centros de salud en los próximos cuatro meses, poniendo como fecha tope el 28 de febrero, Día de Andalucía. Un periodista le ha preguntado si había elegido ese marco temporal porque pensaba adelantar las elecciones a mayo, dado que el Gobierno andaluz tiene restringido por ley hacer inauguraciones y ciertos actos institucionales durante la campaña. Moreno ha dicho que no, que los comicios serán en junio de 2026, cuando tocan, y sólo los adelantará si el presidente Pedro Sánchez decide precipitar las legislativas, para hacerlas coincidir.

De los 22 centros de salud que Moreno prevé inaugurar de aquí a febrero, algunos llevan en obras un año e incluso año y medio. “Algunos ya están iniciados, pero se terminarán en este plazo”, ha dicho el presidente, cuantificando las 22 infraestructuras en 136 millones de euros.

Luego el presidente ha anunciado otra rebaja fiscal, la quinta en la última semana (y la definitiva, según ha asegurado). “Ésta es la última, ya no habrá más”, ha bromeado. Después de una deducción de hasta 100 euros en el IRPF por la adquisición de una mascota, otros 100 euros por la cuota del gimnasio, hasta 1.500 euros por el alquiler de una vivienda para menores de 35 años y otros 100 euros para personas celíacas por la compra de productos sin gluten, el Gobierno de Moreno ha decidido retirar la limitación a las ayudas fiscales de 200 euros por el nacimiento de un niño.

Hasta ahora esta deducción por nacimiento, adopción o acogida beneficiaba a familias con rentas conjuntas de hasta 30.000 euros y, a partir del 1 de enero de 2025, podrá acogerse cualquier contribuyente sin límite de renta. En el caso de familias de acogida -actualmente hay 2.500 en Andalucía- se prevé que la ayuda beneficie a 13.000 familias más.

Moreno ha explicado que es una medida para “impulsar la natalidad”, dado que ahora mismo siete de las ocho provincias de la comunidad registran un saldo vegetativo negativo, esto es, que mueren más personas de las que nacen. El impacto en las arcas públicas de todas estas rebajas fiscales asciende a 61,3 millones de euros, según estimaciones de la Consejería de Hacienda.

La oposición en bloque ha criticado al presidente andaluz por aprovechar el tiempo de descuento de la legislatura, antes de disolver el Parlamento y convocar elecciones, para “regar a los ciudadanos con regalos fiscales” y “hacer campaña a costa del erario público”. La socialista María Márquez llegó a acusar a Moreno de haberse adelantado en su faceta de “rey mago”, recordando que el presidente de la Junta saldrá en enero en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla encarnando al Rey Baltasar.

La convocatoria de elecciones en Andalucía es una potestad exclusiva del presidente autonómico, que ha repetido por activa y por pasiva que tiene que culminar varios proyectos antes de disolver la Cámara. En diciembre aprobará los Presupuestos Autonómicos para 2026, gracias a la mayoría absoluta del PP, y previsiblemente también saldrá aprobada la Ley de Vivienda, otro de los hitos de este Ejecutivo.

Los Presupuestos Autonómicos para 2026, año electoral, incluirán la séptima rebaja fiscal que impulsa el Gobierno andaluz desde que Juan Manuel Moreno es presidente: se trata de una deducción de hasta 100 euros en el IRPF para quien compre o adopte un animal de compañía en un centro de acogida, principalmente perros, gatos y hurones, según la definición de la Ley de Protección Animal (2023).

La medida va dirigida a contribuyentes con una base imponible alta, de hasta 80.000 euros en tributación individual y hasta 100.000 euros en tributación conjunta. Los propietarios de una mascota podrán deducirse el 30% de los gastos veterinarios -con un tope de hasta 100 euros- aplicable durante el primer año de convivencia con el animal, si lo han comprado; prorrogable durante tres años, en caso de adopción; y para toda la vida si se trata de perros guía u otros animales de acompañamiento terapéutico.

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, serán unos 182.000 andaluces los que podrán acogerse a esta medida, que tendrá un impacto estimado de 12 millones de euros al año para las arcas públicas.

El Registro Central de Animales de Compañía, que gestiona la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local, contabiliza actualmente 2.496.151 mascotas propiedad de los andaluces, el 84,4% son perros, el 15% gatos, unos 12.000 hurones y otros 4.000 animales de otras especies. Son las cifras que dan una idea del potencial de esta medida -más aún a las puertas de una campaña electoral-.

Sin embargo, esta rebaja fiscal no tiene carácter retroactivo, beneficiará a quienes compren o adopten animales a partir de su entrada en vigor, y además presenta algunos condicionantes: por ejemplo, en la deducción de los gastos del animal no computa ni la comida ni la peluquería canina, sólo vacunas o alguna atención veterinaria por enfermedad. También serviría para pagar los gastos de castración -algo obligatorio el primer año en caso de adopción en un centro de acogida- y los gastos de desparasitación, que pueden oscilar entre los 250 y los 300 euros al comienzo.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró una encuesta a 24.000 familias sobre gastos domésticos, que incluía un apartado por la compra de mascotas y servicios veterinarios. Según esos datos, el gasto medio de los hogares españoles en este apartado alcanzó los 273,43 euros, la mayor parte provienen de los gastos relativos a mascotas (144,01 euros), mientras que el gasto medio en servicios veterinarios y otro tipo de servicios para mascotas fue de 128,18 euros. 

La medida la ha anunciado este martes el presidente de la Junta en un foro con empresarios, organizado por El Confidencial, donde ha cifrado el ahorro anual de los andaluces de esta rebaja fiscal en 55 millones (1.000 millones sumando las siete bajadas de impuestos de los últimos siete años).

La iniciativa responde a una demanda del propio Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, que recientemente envió un escrito a la Junta de Andalucía pidiendo esa desgravación en el IRPF de los servicios veterinarios.

El Gobierno de Moreno ha importado esta medida de Murcia, que ya la tiene aprobada, y de Extremadura, que la está tramitando. En 2023 se aprobó la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que contribuyó a incrementar el número de mascotas en los hogares españoles. El Colegio Andaluz de Veterinarios viene sosteniendo, desde entonces, que también han aumentado los requisitos sanitarios y de higiene, con un consecuente repunte de los gastos.

“La dispensación de estos cuidados sanitarios supone un importante gasto económico para sus propietarios, acredentado desde hace años por la aplicación del tipo general de IVA del 21% a los servicios veterinarios destinados a animales domésticos”, explica el Colegio.

Tras las sucesivas bajadas de impuestos que ha impulsado desde 2019, Andalucía se ha asentado como la segunda comunidad autónoma de régimen común en la que los ciudadanos pagan menos impuestos de toda España. Estas reformas fiscales han propiciado, junto con otras medidas como la simplificación administrativa, que en Andalucía se haya registrado un aumento del número de contribuyentes por IRPF, que ha crecido un 22% desde 2018, así como de la recaudación, que ha crecido un 50% más.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sacado adelante el grueso de la hoja de ruta que ha presentado en el debate sobre el estado de la región, pero su minoría parlamentaria ha impedido que prosperara el plan de vivienda o la equiparación de los niveles de renta en las deducciones fiscales, dos medidas destacadas. No obstante, sí se aprobó la deducción en el IRPF para los propietarios de perros por el 30% de los gastos veterinarios con un tope de 100 euros.

Nueve de las 49 propuestas de resolución que ha registrado el Grupo Popular han recibido únicamente el 'sí' de sus 28 diputados, lo que unido al voto en contra de Vox ha propiciado su caída.

La defensa de estas medidas ha reproducido el cruce de reproches que mantienen ambas formaciones desde que hace un año Vox rompiera con los gobiernos autonómicos del PP por la cuestión migratoria.

PSOE y Unidas también han aludido en la posición minoritaria de los populares en la Cámara, pero Vox ha ahondado más en la “soledad” del Ejecutivo regional, en palabras de Javier Bravo.

La diputada popular Teresa Tortonda ha subrayado que los parlamentarios de Vox han convertido la Cámara en el “muro de las lamentaciones”, ya que “se arrepienten” de haber salido del Gobierno de María Guardiola y quieren volver.

Lo que ha negado Óscar Fernández Calle, “ni muertos”, ha recalcado, y ha planteado tres escenarios al PP: mantenerse en el sillón, pactar con la “mafia” socialista o hacer como sus compañeros de Valencia o Murcia.

Fernández Calle ha emplazado a los populares a hablar; es una oferta no un ruego, según ha aclarado, y ha pronosticado que antes de enero el PP habrá alcanzado un acuerdo presupuestario con el PSOE.

El debate sobre el estado de la región ha finalizado este viernes, después de dos jornadas de debate en la Asamblea de Extremadura, con la votación de las 478 propuestas de resolución defendidas por las cuatro fuerzas parlamentarias, tras la inadmisión de cinco de ellas.

En concreto, 49 del PP, en consonancia con las medidas que anunció ayer Guardiola, 111 del PSOE, 10 de Vox y 308 de Unidas. Como ha ocurrido en años anteriores, algunas de ellas incluían varias medidas concretas, por lo que la cifra final ha superado ampliamente el medio millar de propuestas.

De los populares ha salido adelante el Plan de Contingencia de 52,3 millones de euros destinado a proteger a los empresarios extremeños afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos o la próxima licitación del nuevo hospital de Cáceres, cuya inversión alcanzará los 220 millones de euros.

Los populares han apoyado tres de las diez iniciativas de Vox, en favor del campo y en materia de infraestructuras, pero no la que pide la inmediata ejecución del regadío de Tierra de Barros, que ha prosperado gracias al 'sí' del PSOE.

De entre las diez que se hab aprobado al PSOE está también una en defensa del proyecto de regadío de Tierra de Barros, además de otras para promover infraestructuras educativas, suelo para vivienda y para apoyar institucionalmente a los medios de comunicación que promuevan el periodismo de calidad. La que ha sido rechazada por PP y Vox es la que proponía un proyecto de ley con sanciones de 25 millones de euros a las empresas responsables de averías en los trenes que circulan por Extremadura.

A Unidas le han aprobado 26 de 308 medidas, como las relativas a la reapertura de la Ruta de la Plata, así como medidas destinadas a mejorar la actividad agraria o a impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afrontado este jueves por la tarde su segunda debate sobre el estado de la región, en el que ha hecho un balance de sus dos años de gobierno, pero donde también, como es habitual, ha anunciado multitud de medidas que quiere poner en marcha en los próximos meses.

Todo eso sin aludir de forma directa a la situación que sacude al PSOE por los informes de la UCO sobre Santos Cerdán ni sobre la situación del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, diputado autonómico desde hace unas semanas en pleno proceso judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, que Gallardo presidía también hasta hace unas semanas.

De hecho, Guardiola solo ha mencionado la palabra 'corrupción' una vez al inicio de su discurso porque, según ha dicho, su intención es que el debate, que sigue el viernes con las intervenciones de los grupos parlamentarios, sea “constructivo, sin reproches ni ataques”, que “desconecten” a los ciudadanos de la “realidad” de Extremadura. Y es que el lema elegido para su discurso, que ha durado alrededor de 100 minutos, ha sido “Extremadura ha despertado”.

Deducción para el veterinario

Entre las medidas, el Gobierno regional pondrá en marcha la cuarta rebaja fiscal desde 2023. En esta ocasión, la Junta unificará los límites de renta en todas las deducciones fiscales autonómicas “para llegar a más extremeños”, que será de 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta.

Además, se aprobará una deducción en el IRPF del 30% de los gastos veterinarios con un límite de 100 euros anuales. Guardiola ha justificado esta decisión porque Extremadura “es la comunidad con más perros por habitante”.

Las anteriores rebajas fiscales “han devuelto” 120 millones de euros a las familias extremeñas y la región cuenta con los tipos más bajos en el IRPF para contribuyentes de hasta 20.200 euros, ha recordado la presidenta, que ha subrayado que su objetivo es seguir ahondado en estas medidas “cada vez que la situación lo permita”.

Por otro lado, en materia de energía la comunidad pondrá en marcha 'zonas de aceleración de renovables' para instalar parques fotovoltaicos “con menos condiciones medioambientales y facilitando así ese desarrollo a sus promotores sin que afecte a la actividad agraria y ganadera”. Es decir, la Junta “recomendará” zonas en las que implantar las fotovoltaicas sea “óptimo, más ágil y respetando la actividad productiva agraria”.

Guardiola también se ha acordado de Trump y sus aranceles y, por eso, la Junta pondrá en marcha un plan de contingencia de más de 52 millones de euros para los empresarios afectados por esta decisión “intervencionista y anacrónica” del presidente de Estados Unidos. Ese plan incluye ayudas directas e incentivos, acceso a la financiación, ayudas para la internacionalización y acciones formativas.

Contratación de soldados que dejan las Fuerzas Armadas

En cuanto al empleo, la presidenta ha puesto en valor los datos de creación de empleo y de desempleo. Estos últimos han bajado de la barrera de los 70.000 parados y en junio podría hacerlo aún más, hasta los 66.900. En esta materia ha anunciado la creación del 'Bono Impulsa Futuro' con incentivos de hasta 15.000 euros por contratación por la contratación de parados de larga duración y el 'Bono Impulsa Defensa' con incentivos de 15.525 euros por la contratación de personas desempleadas mayores de 45 años que en los tres años anteriores al alta se hayan desvinculado de las Fuerzas Armadas por finalización del compromiso.

También habrá nuevas ayudas para autónomos. En concreto, para la continuidad del alta ininterrumpida, ampliando dos años las subvenciones actuales, con lo que pueden llegar a cinco. También se apoyará el pago de la cuota reducida de la Seguridad Social para autónomos con ingresos inferiores al SMI a través de una bonificación de la tarifa, a “cero euros” en el segundo año de actividad. Y otra novedad anunciada es la tarifa 'Quédate' para financiar durante dos años el mantenimiento del alta de los autónomos que hayan cumplido los 65 años.

Entre la batería de anuncios, y millones, María Guardiola también ha mencionado la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda 2026-2029 con una inversión prevista de 950 millones de euros, que incluirá medidas ya en marcha, ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de vehículos y la herramienta 'Cero12 ¿En qué te puedo ayudar hoy?'', un servicio de atención ciudadana basado en inteligencia artificial para comunicarse con la administración en lenguaje natural, sin tecnicismos ni barreras.

Ovodonación y vacunación

Por otro lado, ha informado en el debate de “la mayor obra” del Servicio Extremeño de Salud (SES): la segunda fase del Hospital de Cáceres, cuyas obras saldrán a licitación y en las que se pretenden invertir 220 millones de euros. De hecho, Cáceres es una de las ciudades más beneficiadas de forma directa por las medidas destacadas por Guardiola.

La ampliación del calendario vacunal con la inmunización a partir de otoño de mayores y adultos vulnerables, personas institucionalizadas y con inmunodeficiencias graves frente al virus respiratorio sincitial y la vacunación gratuita en bebés frente al rotavirus, son otra de las novedades.

También lo es el aumento del límite de edad, hasta los 40 años, para acceder a la ovodonación y siempre bajo criterio médico, y se ofrecerá la congelación de óvulos a mujeres con patología benigna que condiciona la reserva ovárica, más allá de las pacientes oncológicas.

Reivindicación del feminismo y de los derechos LGTBI

María Guardiola ha afrontado su primer debate del estado de la región en solitario, sin el acompañamiento de Vox en su Gobierno. Aún se recuerda su discurso contra la extrema derecha por ser “homófobos, xenófobo, racista y machista” para unos días después pactar el primer Ejecutivo de coalición en Extremadura para impedir otro mandato del PSOE.

En esta ocasión, Guardiola ha asegurado sentirse orgullosa de las políticas puestas en marcha en igualdad, de conciliación y de erradicación de la violencia contra las mujeres y ha aprovechado para reivindicar “la diversidad y el amor sin límites y ratificar nuestro compromiso firme con la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas LGTBI”.

La presidenta de la Junta de Extremadura ha dedicado los últimos minutos de su intervención para referirse a Pedro Sánchez y ha puesto en duda que el Gobierno atienda las “reclamaciones históricas” de la comunidad por la “deriva institucional”. Además de insistir en la continuidad de la central nuclear de Almaraz, ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda, mayor inversión en materia ferroviaria y la construcción de autovía, como la Cáceres-Badajoz, la del Levante y la Badajoz-Huelva.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asegurado que la Junta trabaja para que las deducciones fiscales autonómicas lleguen a más contribuyentes, para lo que se plantea revisar los límites de renta y reclama que se revise el borrador en la campaña de la declaración de la renta iniciada este miércoles.

El año pasado 59.433 declarantes se ahorraron casi diez millones de euros que fueron devueltos gracias a las deducciones fiscales autonómicas, mientras que las declaraciones totales presentadas en Extremadura fueron 555.045.

“Nos preocupa que muchos contribuyentes no se apliquen estos incentivos fiscales a los que tienen derecho”, ha expuesto Manzano en referencia a que, por desconocimiento o por no revisar el borrador, los ciudadanos no accedan a estos beneficios, publicados en el Portal Tributario de la Junta.

Acompañada por la directora general de Tributos, Fátima Pablos, la consejera ha informado en rueda de prensa de la campaña de la Declaración de la Renta de 2024, que vuelve a contar con 13 bonificaciones autonómicas como en el año anterior.

Hasta 13 deducciones fiscales

Así, ha recalcado la necesidad de revisar el borrador por parte de los contribuyentes para beneficiarse de las deducciones fiscales que, ha recordado se han aprobado mejorar con un proyecto de ley que entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) con efectos retroactivos en algunas de las medidas al 1 de enero de 2025, pero que no se pueden aplicar a la actual campaña de renta.

De esta forma, en la actual campaña de la renta se podrán aplicar 13 deducciones autonómicas en el IRPF, impuesto de titularidad estatal cuya gestión lleva a cabo el Estado con la colaboración de las autonomías, que recogen el 50 % de la recaudación.

Diez trabajadores de la empresa pública extremeña GPEX colaborarán esta campaña en ayudar a realizar las declaraciones de la renta de los ciudadanos como apoyo a la Agencia Tributaria, empleados que el año pasado atendieron 6.415 declaraciones en total.

Manzano ha recordado que la normativa permite a Extremadura regular aspectos como la tarifa autonómica del impuesto que, ya se rebajó para la anterior campaña en los dos primeros tramos en el 8 y 10% frente al 9,5 y 12% estatal, lo que se mantiene este año.

Asimismo, la comunidad autónoma puede regular el mínimo vital, personal y familiar, y sobre todo, una serie de deducciones o incentivos fiscales que se aplican a los contribuyentes.

Deducciones autonómicas en Extremadura

La principal es la deducción del 15% por residir en municipios de menos de 3.0000 habitantes, dentro de los límites de renta establecidos de 28.000 y 45.000 euros, en declaración individual y conjunta, respectivamente. A ella se acogieron 40.096 personas en la anterior campaña, con 5,6 millones de euros deducidos (141 euros de media).

Asimismo, jóvenes de menos de 36 años, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales pueden aplicarse beneficios fiscales del 30% del alquiler de su vivienda habitual, hasta un límite de mil o 1.500 euros, según la población donde residan. Un total de 2.940 personas se beneficiaron de esta deducción, con 2,2 millones de euros devueltos por Hacienda el año pasado (758 euros de media).

La tercera por importancia cuantitativa es la deducción por trabajo dependiente, unos 76 euros de media, para personas que ganan menos de 12.000 euros. Unos 7.637 contribuyentes fueron beneficiados por ella con 579.375 euros en la anterior campaña, una deducción que la consejera ha deseado que no sea tenga que aplicar tanto por el requisito que conlleva.

Por contribuyentes viudos, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales, por cuidado de hijos menores de hasta 14 años inclusive y por compra de material escolar son otras de las deducciones autonómicas. “Todo ello en un escenario de mayor recaudación; se pueden bajar los impuestos y obtener una mayor recaudación”, ha relatado Manzano.

Así, ha expuesto que en 2023 hubo 34.861 declarantes más con respecto a la campaña precedente (555.045 en total en Extremadura), y se recaudaron 47,2 millones de euros más en la cuota íntegra autonómica, con 2,7 millones de euros más de deducciones fiscales.

En este sentido, la bajada de la tarifa autonómica del IRPF en los dos primeros tramos de renta hasta 20.200 euros supuso un impacto de ahorro global para las familias extremeñas de 42 millones de euros.

Asimismo, ha puesto el ejemplo de otros impuestos que han sido rebajados recientemente, como el de transmisiones patrimoniales o de matriculación, entre otros, en los que se están recaudando casi 7 millones y 431.000 euros más, respectivamente, con respecto a febrero de 2024. 

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado declarar de interés o utilidad municipal la obra para la que se dio licencia para edificar el hospital Quirón Salud de avenida Gómez Laguna, el nuevo campo de fútbol La Romareda y la empresa Costco, lo que conlleva rebajas impositivas. Contrasta esta decisión con la que se tomó hace dos años, cuando el Gobierno de Aragón, presidido en ese momento por Javier Lambán, solicitó al Consistorio exenciones del IBI e ICIO para inmuebles y obras en centros sanitarios autonómicos públicos en la ciudad de Zaragoza, y rebajas en el ICIO para obras en centros educativos. El Ayuntamiento, que se encontraba bajo el mandato de Jorge Azcón, rechazó estas ayudas fiscales al considerar que no resultaban razonables ni compatibles “con el sostenimiento de las finanzas municipales”. 

La petición autonómica respecto a la exención del IBI para los centros de asistencia sanitaria de titularidad autonómica, según los cálculos realizados en ese momento por el Ayuntamiento, habría supuesto “una merma de ingresos de alrededor de 2.700.000 euros”. La disminución de ingresos en las arcas municipales de la decisión que se ha tomado hoy en el pleno, con los votos a favor de PP y Vox, supera la rechazada para los centros sanitarios.

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha dicho que esta aprobación será una exención de impuestos para el Grupo Quirón de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que dejará de percibir el Ayuntamiento en concepto del ICIO -impuesto de construcciones, instalaciones y obras- por crear 160 puestos de trabajo en 2028 que “está por ver”. En La Romareda serían de hasta 1,5 millones por crear cinco empleos, uno de ellos de gerente, como ya informó este diario.

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha considerado que “no es ético y es inmoral” que se bonifique a La Romareda por “contratar a un gerente”. Asimismo, ha criticado que se bonifique al Grupo Quirón con hasta 1,8 millones de euros y le ha afeado al Gobierno de la ciudad la “escasa empatía con la sanidad pública”. Aparicio ha recordado el rechazo del Consistorio a la exención de impuestos para los centros sanitarios: “Bonificar a los hospitales públicos no es sostenible, pero bonificar al Hospital Quirón y a la Nueva Romareda es de interés general para la ciudad. Esto es una barbaridad”. 

Aparicio ha dicho que esta decisión, aunque es legal, “no es moral ni ética”. Ha dicho que la “única finalidad” de estas declaraciones de interés o utilidad municipal es “dar una serie de beneficios fiscales a esas empresas, que van a dejar de ingresar en el Ayuntamiento varios millones de euros”. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha asegurado en el pleno que el Ayuntamiento de Chueca está “privilegiando la sanidad privada”: “No vamos a cejar y presentaremos todas las mociones que sean oportunas para que los servicios públicos sigan manteniéndose y que ni partido Popular ni Vox acaben con la sanidad ni con la educación”.

Apoyo del PP y Vox

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha defendido estas declaraciones de especial interés o utilidad municipal y ha recordado que el PSOE “vehiculó el estímulo fiscal al negocio, el pelotazo” durante el debate de las ordenanzas fiscales, ha precisado.

“En las economías democráticas y liberales, el capital privado necesita del esfuerzo colectivo para hacer frente a la necesidad de infraestructuras y el plan de estímulo fiscal es un modelo de economía que parte del apoyo institucional con presupuesto, además baja los impuestos a los contribuyentes como el IBI y de forma estructural frente al modelo que lo grava y es más intervencionista”, ha dicho Solans.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha manifestado que el PSOE “no entiende” los planes de atracción de empresas que generan riqueza. Acerca de las críticas del PSOE porque el Gobierno de la ciudad defienda intereses privados, Chueca les ha pedido prudencia al recordar los “intereses privados con las tramas de corrupción de la mujer del presidente del Gobierno beneficiando a empresas y el caso Koldo y Ábalos”.

La concejal del grupo municipal de VOX, Eva Torres, ha expuesto que el Ayuntamiento contempla bonificaciones a partir de la creación de cinco empleos y solo se puede votar a favor para cumplir la ley. Ha referido que tiene interés público tener un nuevo hospital en la ciudad, al igual que el Gobierno de Aragón colabore en un nuevo campo de fútbol y que haya un centro comercial con más de cien puestos de trabajo.

Tercera rebaja de impuestos en Extremadura en 20 meses. Pero lo que iban a ser medidas fiscales para facilitar el acceso a la compra y alquiler de viviendas alcanzando a impuestos como el IRPF, las donaciones y el de transmisiones patrimoniales, ahora también beneficiará a los cotos de caza y a las licencias de pesca y caza, que serán gratuitas tras el acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante la ley aprobada este jueves en la Asamblea.

Además, ese acuerdo tiene una víctima colateral, que nada tiene que ver con la fiscalidad: la derogación de la ley de Memoria Histórica como moneda de cambio para obtener el apoyo de los cinco diputados de extrema derecha.

Vox permitió el pasado febrero la convalidación de un decreto ley de medidas fiscales y acceso a la vivienda que la presidenta de la Junta, María Guardiola, presentó al día siguiente de fracasar en la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2025 al gobernar en minoría y no poder obtener el apoyo de ningún partido de la oposición.

De esta forma, el decreto se ha tramitado como el proyecto de ley de Medidas Fiscales Urgentes en Materia Tributaria en un solo mes porque PP y Vox decidieron excluir en esa tramitación la comparecencia de expertos en la materia y de colectivos implicados, algo que no había ocurrido hasta ahora en la Asamblea de Extremadura.

Adelante las enmiendas de Vox y caen todas las de la izquierda

Los grupos parlamentarios presentaron medio centenar de enmiendas, pero el PP y Vox solo dejaron pasar las suyas, una decena, que ya obtuvieron el visto bueno hace una semana en la comisión de Hacienda. La extrema derecha ha conseguido incluir en una ley urgente la bonificación al 100% de las licencias de caza y pesca en Extremadura (el decreto lo dejaba en un 50%), y una bonificación del 15% en los costes de mantenimiento de los cotos de caza, con un límite de 1.200 euros.

También han logrado que el texto amplíe los beneficios fiscales con topes más altos y límites de renta también más elevados. Entre ellos, se establece un impuesto de transmisiones patrimoniales del 4% para los menores de 36 años (como incluía el decreto), que se amplía a familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad. El valor de los inmuebles de segunda mano que entran en la rebaja de este impuesto pasa de 180.000 euros a 200.000 euros.

Se eleva hasta los 200.000 euros el tope bonificado al 100% en las donaciones de viviendas de padres a hijos, que será de 120.000 euros si lo que se hereda en vida es un solar.

La izquierda no ha tenido opciones en el debate parlamentario. El PSOE ha propuesto recuperar el impuesto de Patrimonio, el de viviendas vacías a los grandes tenedores y el tipo impositivo para los vehículos contaminantes y de alta gama.

Mientras, Unidas por Extremadura ha defendido la declaración de zonas de mercado tensionadas, en materia de vivienda, y crear un tributo propio para gravas las casas deshabitadas de grandes propietarios. También ha incluido subir el IRPF para los ingresos que superen los 60.000 euros y una deducción en la cuota íntegra de este impuesto de 5.000 euros para los contribuyentes que hayan sido diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), además de un gravamen del 15% para los casinos de juego.

Otras rebajas incluidas en la ley

La ley rebaja el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 8% al 7% para cualquier extremeño que compre una vivienda de hasta 180.000 euros y que esta sea su residencia habitual.

Además, se aprueba una deducción autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas física (IRPF) de un 100% del rendimiento neto reducido de capital inmobiliario obtenido por el alquiler, con un límite máximo de 1.200 euros cuando se ponga en alquiler una vivienda que lleve un año deshabitada y se formalice un contrato de arrendamiento por una duración igual o superior a tres años.

También se bonifica la cuota de IRPF con un 15% de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación de viviendas que sean destinadas al alquiler en municipios, entidades locales menores y pedanías de menos de 3.000 habitantes, una condición que debe mantenerse durante un periodo de cinco años desde la finalización de la obra.

En el caso de los nuevos residentes, el decreto ley establece una bonificación a los nuevos residentes en la cuota autonómica del IRPF del 50% durante tres años, que se eleva al 75% cuando sean jóvenes menores de 36 años.

También incluye deducciones para los pacientes diagnosticados con ELA y por el patrocinio cultural y deportivo.

Los socios del Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Iu y Batzarre, y EH Bildu han rechazado este jueves en el Parlamento foral una proposición de ley presentada por UPN para que el rendimiento por los alquileres quede exento de tributación. En concreto, los regionalistas planteaban modificar la ley foral del IRPF con el objetivo de incrementar hasta el límite del 100% la exención fiscal por rendimientos obtenidos de rentas de alquiler de vivienda. La propuesta ha contado únicamente con los votos a favor de UPN y Vox y la abstención del PP.

En la exposición de motivos los regionalistas argumentaban que se trataba de una modificación fiscal “en similares términos” a la anunciada por el Gobierno central para el régimen común que es de competencia estatal. Así, UPN veía “conveniente” modificar el texto refundido de la ley foral del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el sentido de “incrementar la exención fiscal hasta el límite del 100% de los rendimientos de los arrendamientos urbanos cuando el objeto del arrendamiento sea el destino de la vivienda a residencia habitual para aquellos contratos inscritos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda regulado en el artículo 90 de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo de derecho a la vivienda en Navarra”.

Desde UPN han acusado a Chivite y a los socialistas de “volver a seguir los dictados de [EH] Bildu y de sus socios de Gobierno” al rechazar la proposición. “Para Chivite, antes es obtener a cualquier precio el salvoconducto para mantenerse en el poder, que cualquier principio, valor o sentido de la coherencia”, ha señalado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin. Según el regionalista, si se aprobase la ley planteada a nivel nacional “solo podrían beneficiarse los contribuyentes del régimen común”, de forma que los navarros “se situarían en peor condición fiscal”.

Desde el PSN ha criticado que los regionalistas hayan presentado la medida fiscal como la “panacea absoluta” cuando carece de “algún estudio riguroso” que la respalde. “Esto no es una propuesta seria ni un debate riguroso sobre vivienda. Esto es, simple y llanamente, populismo fiscal barato”, le ha reprochado el parlamentario Kevin Lucero a UPN.

Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha advertido de que establecer deducciones “sin ningún tipo de criterios solo servirá para que los beneficios de los especuladores sean mayores” y, además, con “el dinero de todos los navarros”. Desde Geroa Bai la han calificado de “excesiva”, mientras que Contigo/Zurekin ha considerado que la propuesta es “imprudente”.

PP y Vox han decidido excluir a los comparecientes en la tramitación en la Asamblea de Extremadura del proyecto de ley de medidas fiscales, algo que hasta ahora no había sucedido. La tramitación ha comenzado esta misma semana después de que la extrema derecha permitiera la convalidación del decreto de la Junta a cambio de la derogación de la ley de Memoria Histórica.

El Grupo Socialista ha denunciado el calendario aprobado en la junta de portavoces, que supone “un atropeollo a la democracia” de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha criticado que se hurte la posibilidad de que los grupos pidan la comparecencia de expertos en la materia o de los colectivos implicados, como por ejemplo los transportistas, las AMPAS, o los cazadores y pescadores, afectados por las medidas tributarias que se incluyen en el proyecto de ley.

“Qué tiempos aquellos en los que la experta era la señora Manzano y venía aquí a comparecer”, ha ironizado la portavoz socialista, quien ha puesto de manifiesto la contradicción de que sea ahora la propia Elena Manzano, como consejera de Hacienda y Administración Pública, la que impide que “nadie pueda expresar su opinión para mejorar un proyecto de ley”.

Piedad Álvarez ha dicho desconocer a qué se debe esta urgencia, esta “prisa” por parte de PP y Vox, y ha precisado que no sabe si también “han acordado vetar todas las enmiendas que presenten el PSOE y Unidas por Extremadura”. En ese sentido, ha recordado que el plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto de ley finaliza el próximo viernes, “más exprés que una olla”, ha dicho, tras dejar claro que esto no impedirá a su grupo formular sus propuestas.

A su juicio, se ha pasado “con la señora Guardiola del 'Habla Extremadura' a solamente habla Vox y aquí nadie más tiene nada que decir”, a pesar de que ella y su partido quieran ocultar esta “segunda parte del pacto de la vergüenza sin que ninguno podamos hablar ni opinar”.

La portavoz del Grupo Socialista ha criticado también que Elena Manzano, antes de celebrarse la Junta de Portavoces y la Mesa de la Asamblea de Extremadura para abordar el calendario de tramitación, ya hubiera anunciado que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales se aprobaría en el segundo pleno del mes de marzo , lo que ha considerado “un insulto a la participación democrática”.

Las prisas de PP y Vox

José Ángel Sánchez Juliá, por parte del Grupo Popular, ha justificado la aprobación del calendario por parte de PP y Vox en el deseo de que las medidas que incluye el proyecto de ley sean aprobadas en el pleno del 27 de marzo, ya que “Extremadura no puede esperar”.

En su opinión, la propuesta formulada por el PSOE lo que quería era “retrasar” la entrada en vigor de estas medidas, “dilatar que la bajada de impuestos fuese disfrutada por los extremeños lo más tarde posible”.

Para Sánchez Juliá, el calendario de tramitación aprobada se ha acordado por parte de PP y Vox “aplicando lo que dice en un procedimiento de urgencia el reglamento de la Asamblea”, sin que se “hurte ningún debate” y que da tiempo a los grupos parlamentarios a presentar sus enmiendas y que estas sean analizadas en comisión y en pleno.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que este martes PP y Vox han demostrado que están en “plena sintonía”, en un “nuevo romance”, y ha considerado “una pena” que los populares compren la “hoja de ruta” de Santiago Abascal.

De Miguel ha indicado que con el calendario aprobado “se hurta” el debate sobre el proyecto de ley y ha anunciado que su grupo presentará enmiendas aunque está convencida de que los partidos de la derecha “no permitirán que nadie más haga ninguna aportación”. 

El acuerdo estaba cantado pero, hasta ahora, se desconocía el precio a pagar. Vox permitirá la convalidación del decreto de medidas fiscales en Extremadura, que incluye la rebaja y bonificación de numerosos impuestos. A cambio, el PP permitirá la derogación de la ley de Memoria Histórica y su sustitución por una ley denominada 'de Concordia' porque se ha negado a negociar con el PSOE, que presentó 11 alegaciones al texto, todas ellas rechazadas.

Hace solo un mes, el PP impidió que la propuesta de Vox para derogar la ley de Memoria Histórica en la comunidad saliera adelante. Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad porque coincidieron en que la extrema derecha pretendía “negar la historia, olvidarla y reinterpretarla”.

Sin embargo, ahora, la presidenta de la Junta, María Guardiola, necesitaba el apoyo de los diputados ultra para que no decayeran las medidas tributarias que aprobó en consejo de gobierno tras la retirada de los presupuestos de 2025 y al final lo ha conseguido.

El acuerdo, por escrito, supone la aceptación de siete enmiendas de Vox durante la tramitación del decreto como proyecto de ley, que modificarán los topes y los limiten de renta para acceder a los beneficios fiscales, como bajar del 7% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales para el colectivo de jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. También se bonificará al 50% la ITV para los agricultores y las licencias de caza y pesca serán gratuitas en Extremadura.

Vox advierte de que no es un apoyo incondicional

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Pelayo, ha destacado que este nuevo pacto con el PP “atiende a la voluntad expresada por los extremeños en las urnas, quienes demandaron un cambio político que garantizase la estabilidad de la región”.

Para Pelayo, el Gobierno de Extremadura podría haber contado con presupuestos para este año “si hubiera mostrado una mayor disposición a negociar y no hubiese buscado el apoyo de la izquierda”.

El dirigente de Vox ha dejado claro, no obstante, que este nuevo pacto no supone un “apoyo incondicional” al Ejecutivo de María Guardiola y ha adelantado que serán “exigentes” para llegar a otros acuerdos. “No se duerman en los laureles”, porque “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, les ha advertido.

Sea como sea, el entendimiento entre PP y Vox en Extremadura supone la reconducción de la legislatura y permite que Guardiola tome aire tras quedarse en minoría y no ser capaz de aprobar las cuentas para este ejercicio. Su Gobierno había sufrido otra derrota con anterioridad cuando PSOE, Vox y Unidas por Extremadura rechazaron en noviembre otro decreto fiscal parecido al que ahora sacan adelante los exsocios de gobierno. La extrema derecha consideró entonces que la rebaja de impuestos se quedaba “corta”, aunque la actual también lo es si se tiene en cuenta que hace un mes presentaron una modificación tributaria bastante más profunda que la del PP.

El actual decreto es más ambicioso. La mayoría de las medidas tributarias afectan a la compra y venta de una vivienda. En el primer caso, la Junta de Extremadura elimina con carácter retroactivo a 1 de enero no se pagará IRPF por el rendimiento que se obtenga por el arrendamiento de una casa, es decir, se bonifica el 100% del rendimiento neto reducido del capital inmobiliario con un límite de 1.200 euros siempre que la vivienda lleve un año vacía y el contrato que se formalice tenga una duración mínima de tres años. En el anterior decreto ley la bonificación era del 30%.

El texto también recoge una deducción del 15% del IRPF de las cantidades invertidas para la rehabilitación de viviendas que se encuentren en núcleos poblaciones de menos de 3.000 habitantes y que salgan al mercado del alquiler durante al menos cinco años.

Compra de vivienda, donaciones y sucesiones

Con respecto a la compra de viviendas, se rebaja el impuesto sobre transmisiones patrimoniales del 8% al 7% para la adquisición de inmuebles que sean vivienda habitual si el precio es inferior a 180.000 euros. En este caso, la presidenta no ha hablado de las condiciones de renta para beneficiarse de esta reducción tributaria, que ahora están fijadas en 19.000 euros en tributación individual o de 24.000 euros en caso de tributación conjunta. En el decreto ley que el PP no consiguió convalidar este otoño, se incrementaban los umbrales de renta hasta los 28.000 euros en tributación individual y 45.000 euros en conjunta. Para los jóvenes menores de 36 años el impuesto baja hasta el 4%, como propuso Vox.

El Ejecutivo extremeño también toca el impuesto de donaciones. “A partir de ahora no van a tributar las donaciones que se hagan a hijos menores de 36 años para la adquisición de una vivienda habitual o del dinero para la compra como tampoco el solar destinado a la construcción de esa casa”, ha explicado Guardiola. En estos casos existe un límite: que lo donado no exceda de 180.000 euros y que la renta del donatario no supere los 28.000 euros en tributación individual o los 45.000 euros en tributación conjunta.

La Junta también pone en marcha una medida que se anunció el verano pasado: la bonificación durante tres años del 50% de la cuota autonómica del IRPF para quienes se trasladen a vivir a Extremadura, una rebaja que será del 75% en el caso de los menores de 36 años.

El decreto ley también incluye deducciones por mecenazgo cultural y patrocinios deportivos, y ,la ampliación de impuesto de sucesiones para que también se puedan beneficiar de la bonificación total los familiares con especial vinculación, como tíos y sobrinos que convivan.

María Guardiola se ha negado, hasta ahora y a pesar de la minoría del PP, a negociar con la oposición el decreto de medidas fiscales que se sacó de la manga al día siguiente de retirar los presupuestos de 2025 al no encontrar el apoyo del PSOE ni Vox. Sin embargo, a dos jornadas de que esa rebaja tributaria llegue a la Asamblea para su convalidación, la presidenta extremeña ha vuelto a encomendarse a la extrema derecha con quien está manteniendo “contactos informales”.

El PSOE, que presentó 11 alegaciones, todas ellas rechazadas, ya ha anunciado que votará en contra de la convalidación de dicho decreto en el pleno del jueves, por lo que el PP necesita el voto a favor de Vox para poder dar luz verde a la citada convalidación.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha denunciado una “una negociación oculta” con Vox para sacar adelante el decreto ley de medidas fiscales después de que el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, haya reconocido ha habido “algún contacto informal” con el PP, pero que “no hay ningún acuerdo”.

No obstante, Fernández Calle, ha dicho que no tienen decidido el sentido de su voto, pero ha mostrado la “predisposición total” de la extrema derecha para llegar a un acuerdo, pero sin “imposiciones” del Gobierno de María Guardiola.

Este hecho, a juicio del PSOE, explica que el PP rechazase las alegaciones del PSOE, pues “ya tenían pactado el voto favorable” de Vox“ a este decreto ley ”improvisado e insuficiente“ con el que la Junta busca ”tapar el fracaso“ de la negociación presupuestaria. ”Ya han elegido compañero de viaje para lo que queda de legislatura... a ver cuánto nos dura este romance de la derecha y la extrema derecha y esperemos que no sea solo un idilio de primavera porque quien paga las consecuencias de estas idas y venidas son los extremeños que no tienen un futuro claro en el horizonte“, ha aseverado la portavoz socialista.

El PSOE, quien ha criticado que mientras en Alemania se hace un cordón sanitario a la extrema derecha, en Extremadura se echan “en sus brazos”, ha anunciado que presentarán las medidas de sus alegaciones en forma de propuestas de impulso para su debate en pleno, como ocurrirá este jueves con una de apoyo a los enfermos de ELA.

Desde el PP, el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, no ha querido aclarar si han existido conversaciones con sus exsocios de extrema derecha y ha insistido en que primero hay que convalidar el decreto y que después sería el momento de negociarlo como proyecto de ley. “Conversaciones informales por aquí por los pasillos hay constantemente”, ha agregado. 

MeiEl PSOE ha registrado este martes en la Junta de Extremadura 11 alegaciones al decreto ley de medidas fiscales que en caso de incorporarse tendrían un impacto económico de al menos 34 millones de euros, aunque no se cuantifican otras propuestas exigidas por los socialistas como el plan de viviendas asequibles a 80.000 euros.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha desgranado la propuesta y ha advertido a la presidenta regional, María Guardiola, que si no hay acuerdo “ya sabe cuál va a ser la respuesta” de su partido. El decreto ya está en vigor, pero tiene que ser convalidado por la Asamblea, donde el PP tiene minoría. De no conseguirlo, las medidas decaerán.

Gallardo ha reiterado que la “pelota está en el ”tejado“ de Guardiola, ya que el PSOE está por ”la estabilidad y el diálogo“, y ha criticado la ”soberbia“ de la presidenta por no plegarse a negociar. Y parece que seguirá así porque la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha pedido al PSOE que deje de ”enredar“ con el decreto de medidas fiscales, pues ”está hablado“ y ”ya había acuerdo“ en cuanto al contenido,

Según el líder socialista, el decreto ley ha sido aprobado por la Junta sin diálogo, es insuficiente, ya que no combate el aumento del coste de la vida, el problema de la vivienda o el deterioro de los servicios públicos, y es fruto de la improvisación para tapar el “fracaso” de no haber aprobado los presupuestos para 2025.

Medidas ya habladas con la Junta

Gallardo ha considerado que estas alegaciones son “asumibles”, ya que la “mayoría” ya fueron recogidas en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PP y el PSOE para la aprobación de las autonómicas para el 2025, que finalmente retiró el Ejecutivo de María Guardiola por mandato de Génova, y “no destrozan” sus números.

Una de esas 11 propuestas es un complemento extraordinario de 460 euros para las pensiones no contributivas, que beneficiaría a unas 12.000 personas y que supondría un gasto de 5,5 millones, por debajo de la recaudación de seis millones que pretenden conseguir los socialistas con la recuperación del impuesto de patrimonio.

También proponen recuperar el impuesto a grandes tenedores de vivienda, con el que se recaudarían dos millones, y bajar el IRPF a las clases medias y trabajadoras, la mayoría social de Extremadura, por debajo de 60.000 euros de ingresos (9 millones)

La bonificación del 100% de las tasas de caza y pesca tendría un impacto de tres millones y la del 50% en la ITV seis millones. Además, los socialistas han propuesto completar la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales con 2,5 millones.

No están cuantificadas otras medidas, como un plan de vivienda asequible que no exceda de 80.000 euros sobre suelo de titularidad pública, otro de instalaciones educativas y otro estratégico de infraestructuras.

El documento incluye también medidas de apoyo a las personas con ELA y un proyecto de ley de mecenazgo.

A juicio de Gallardo, se trata de una propuesta seria, responsable y comprometida con Extremadura, hecha con rigor y con el objetivo de hacer una “Extremadura más justa, más igualitaria y con más oportunidades para todos”.

Las alegaciones se han presentado en el trámite de audiencia e información pública del decreto ley y la Secretaría General de la Consejería de Hacienda deberá emitir un informe sobre ellas para elevarlo al Consejo de Gobierno.

La decisión sobre estas alegaciones deberá estar incluida en el expediente que la Junta tiene que remitir obligatoriamente a la Asamblea de Extremadura antes de su votación, según los socialistas. 

El último decreto de medidas fiscales, que está en vigor, aún tiene que ser convalidado por la Asamblea de Extremadura, pero el PP no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios. Sin embargo, la Junta se niega a negociarlo antes de que sea debatido, algo que podría suceder este mismo mes, por lo que podría decaer.

La presidenta, María Guardiola, ha dicho este viernes que esa rebaja de impuestos ya está hablada con el PSOE y Vox porque las medidas que incluye el decreto ya se hablaron en la negoción fallida de los presupuestos de 2025, que la Junta tuvo que retirar al no conseguir el favor de ninguno de los partidos de la oposición.

“Si PSOE y Vox en estos días han cambiado de opinión y lo que le parecían medidas buenas para los extremeños, ahora no lo son, lo que tienen que hacer es explicar por qué no lo son, cuáles no son, cuáles quieren aumentar o disminuir”, ha apuntado Guardiola, que ha subrayado que la fiscalidad es “clave” para el acceso a la vivienda, algo que tienen “muy claro”, ahora -ha agregado- solo falta que también lo tengan claro los grupos de la oposición porque “si estas medidas eran positivas hasta hace unos días en las negociaciones y todos estábamos de acuerdo, ahora lo son también y por eso deberían ser respaldadas en la Asamblea”.

La presidenta ha insistido en que son medidas “habladas y requetehabladas” con los grupos de la oposición y que tenían el “ok” de los partidos que se han querido sentar a negociar, es decir, de Vox y del PSOE.

La oposición pide negociar

Pero los socialistas han reprochado al Ejecutivo regional “insinuar que sale adelante” sin explicar cómo será posible, “dando por hecho” el respaldo de PSOE o de la extrema derecha, pues no cuenta con mayoría.

La portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha negado que se haya hablado con el PSOE para negociar el decreto, a la vez que ha recordado que no incluye medidas como la gratuidad de los comedores escolares, entre otras que sí se hablaron en la negociación presupuestaria. Por ello, ha acusado a la Junta de vivir en una “realidad paralela”, a no ser, ha dicho, que “de nuevo se hayan reconciliado” PP y Vox.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario Vox, Ángel Pelayo, negó la semana pasada que Guardiola se haya puesto en contacto con su formación y dijo que se debe estudiar “muy en profundidad” la propuesta de ley “alternativa” en esta materia hizo la extrema derecha y ver si llegan a “una solución de acuerdo o no”.

Pelayo ha recalcado que están “dispuestos a facilitar la vida de los extremeños y a no llevar a Extremadura a una situación electoral que sería inédita en el segundo año de mandato”, pero para eso, ha insistido, la presidenta debe ponerse en contacto con ellos y valorar sus aportaciones las rebajas de impuestos, que en muchos casos son “complementarias” a las del PP.

Las nuevas rebajas fiscales

El decreto, ya en vigor tras su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura, contempla no solo medidas fiscales que facilitan el acceso a la vivienda, sino también dos deducciones para pacientes diagnosticados con ELA, de 2.000 euros en la cuota íntegra del IRPF y para que no tributen por las ayudas autonómicas que reciben de la Junta.

Asimismo, establece una deducción en el IRPF del 20% por donaciones a entidades culturales y artísticas y para el patrocinio de deportistas, así como con la “equiparación” de los beneficios del impuesto de sucesiones y donaciones a las personas con las que el causante tenga especial vinculación, aunque no tengan un parentesco legal con los grupos I y II.

En materia de vivienda, se baja el tipo general del impuso sobre transmisiones patrimoniales del 8% al 7% para la adquisición de la vivienda habitual cuando su precio sea de hasta 180.000 euros; al 5,6% cuando se trate de familias monoparentales o numerosas, y de personas con discapacidad; y al 4 % en el caso de jóvenes menores de 36 años.

Además, quedan exentas las donaciones a los hijos menores de 36 años para la adquisición de una vivienda, siempre que el límite de lo donado no exceda los 180.000 euros; se prevé una bonificación del 100% del rendimiento obtenido cuando se ponga en alquiler una vivienda vacía; y el 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de vivienda destinada al alquiler en municipios inferiores a 3.000 habitantes. 

El PP de Extremadura ha lamentado que el líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, dejara entrever recientemente que no apoyaría el decreto ley de medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda tras haber dicho en la negociación presupuestaria que “le parecía bien” y le ha pedido que “reflexione” por “el bien de los extremeños”.

El portavoz del PP regional, José Ángel Sánchez Juliá, ha instado a Gallardo a ser “claro” y decirle a los extremeños “si quiere volver a subirle los impuestos gracias a la pinza con Vox”, si quiere que “la vivienda sea más accesible” y ayudar a los pacientes de ELA para que “no tengan que pagar el IRPF por las subvenciones y ayudas que le está dando el Gobierno de María Guardiola” o se van a instalar en “la oposición del no por el no”.

El portavoz popular ha incidido en que tanto Vox como PSOE tienen que decidir si van a apoyar unas medidas que, según dice, avalaron en la negociación presupuestaria, gracias a las cuales los extremeños están pagando menos impuestos, con deducciones por la compra, alquiler y rehabilitación, que suponen un impacto de 11 millones de euros, en concreto 6,2 gracias a bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y 4,5 para quienes pongan en alquiler viviendas vacías.

Ha recalcado que frente a la “inacción y parálisis” del Gobierno de Pedro Sánchez ante uno de los principales problemas del país, con un encarecimiento del precio del alquiler de “un 35%” y de la compraventa “del 37%”, y una ley de vivienda que “únicamente ha generado problemas”, el PP ha presentado 30 propuestas que actúan sobre todos los actores implicados: “oferta, demanda, sectores (inmobiliarias, entidades financieras, etc), propietarios e inquilinos”.

Unas medidas que van en sintonía con las aplicadas por el Gobierno de María Guardiola, como el aval joven que ha ayudado a más de 400 extremeños a poder tener su primera vivienda, deducciones en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual que puede llegar hasta un 30% o la construcción de un centenar de viviendas en más de 20 municipios.

El PSOE también debería, a su juicio, dar explicaciones por el último auto de la jueza que instruye la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al propio Gallardo, donde señala que “todo parece indicar que el puesto se creo para él”.

“La justicia está dando las explicaciones que el PSOE se niega a dar y nadie en el partido ha dicho nada todavía sobre qué le parece que la justicia mantenga la imputación de ambos, que los responsables de los conservatorios hayan dicho en sede judicial que el puesto no era necesario o que David Sánchez haya afirmado que no sabe dónde está la Oficina de Artes Escénicas para la que fue contratado”, ha aseverado Sánchez Juliá. 

El líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, comete “el mismo error” que con los presupuestos al creer que tiene “mayoría suficiente”, presentar un decreto “sin negociarlo” y “ahora urge al resto de partidos a que se lo aprueben a cambio de nada”.

Gallardo ha hecho estas declaraciones durante su visita este lunes a una residencia municipal de ancianos de Torrecilla de la Tiesa, en la comarca de Trujillo, donde ha criticado la, a su juicio, “paralización” que sufre Extremadura en lo que se refiere a obras en estas infraestructuras, como los centros en Malpartida de Plasencia, Casar de Cáceres o Hervás.

Frente a la capacidad y voluntad de negociación del Gobierno de España para sacar las medidas sociales del decreto ómnibus adelante, ha situado lo que ocurre en Extremadura donde, con “una inmensa minoría absoluta”, Guardiola “retiró sus presupuestos, atendiendo más a lo que le dice Feijóo y su relato, que a los intereses de los extremeños” para presentar después un decreto “improvisado e insuficiente”.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha reiterado que cuando se gobierna en minoría hay que dialogar y cree que el decreto correrá el mismo resultado que los presupuestos.

Por contra, ha celebrado la continuidad del escudo social del Gobierno de España que permitirá, entre otras medidas, revalorizar las pensiones, lo que beneficiará a 242.000 extremeños que han visto incrementadas sus pensiones un 35 % desde que el PSOE llegó al gobierno, y a pesar de que “la derecha ha intentado impedir estas medidas” porque “nunca ha creído en la justicia social, ni en la dignidad de los trabajadores”.

Durante su visita, Gallardo ha censurado que el Gobierno del PP ha paralizado los proyectos de centros residenciales en Malpartida de Plasencia, Casar de Cáceres o Hervás. “Proyectos paralizados, como paralizada tiene la señora Guardiola a Extremadura”, ha dicho.

Tras visitar la residencia, Gallardo ha visitado la empresa Cárnicas Quesada en Trujillo y después se ha reunido con la agrupación socialista de esta localidad donde ha celebrado la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional que, con carácter itinerante, se reúne una vez al mes fuera de Mérida para conocer sobre el terreno la realidad de la región en todos sus sectores, tejido social y productivo. 

Unidas por Extremadura considera que el nuevo decreto ley de medidas fiscales anunciado por el Gobierno de María Guardiola es “la excusa perfecta” para un adelanto electoral, pues el Ejecutivo regional “es consciente de que no será aprobado”.

“Como Guardiola no sabe dialogar ni negociar, cuando no salga adelante dicho decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria, ”dirá que es imposible gobernar y convocará elecciones“ anticipadas, ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.

A su juicio, el decreto ley anunciado la pasada semana por el Gobierno extremeño “correrá la misma suerte” que el presentado en noviembre de incentivos fiscales, el cual fue tumbado con los votos de PSOE, Vox y Unidas.

Según De Miguel, Guardiola “está deseando” convocar elecciones anticipadas, un proceso que la dirección nacional del PP rechaza, pues prefiere el “acoso y derribo” a las fuerzas de izquierda a través de la vía judicial y política.

En su opinión, el nuevo decreto ley contiene “medidas inútiles, ineficaces y contraproducentes”, pues no sirven para que las familias y los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible.

Por contra, De Miguel ha subrayado la necesidad de que la Ley estatal de Vivienda se aplique en Extremadura y, por ende, la posibilidad de declarar “zonas tensionadas”, pues, de lo contrario, seguirán subiendo los precios de compra y alquiler.

Según datos de Unidas, el precio medio de compra de vivienda ha aumentado un 16,5% en Extremadura en el último año, y un 11% en el precio del alquiler, con especial “preocupación en Cáceres”, domnde el aumento ha sido del 22%.

Por todo ello, Unidas por Extremadura ha iniciado una campaña que, bajo el lema 'La vivienda es un derecho como una casa“, tiene como objetivo ”desmontar la política de vivienda del PP“, que utiliza la vivienda como un bien especulativo.

La portavoz del PSOE de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado que “no hay decreto que tape el fracaso de la señora Guardiola en Extremadura ni la ausencia de talante y de talento que ha demostrado en las últimas horas”.

Tras la retirada del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2025 y la presentación de un nuevo decreto de medida fiscales por parte del Gobierno extremeño, Piedad Alvarez ha indicado este jueves que los extremeños y las extremeñas “tenemos hoy una enorme sensación de burla y esperpento.”

“Mucho tacticismo político, pero ni un solo colegio, ni un solo centro de salud, ni un hospital, ni oportunidades para los jóvenes, ni proyectos para Extremadura”, ha enfatizado al respecto, al tiempo que ha considerado que “no se puede gobernar pensando en los resultados de unas encuestas, sino en el bien de Extremadura, que es justamente lo que no hace la señora Guardiola”.

Sobre el decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria, aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario, ha señalado que “no sabemos quién habrá preparado este decreto ni de qué forma, porque hasta ayer estábamos hablando de debatir los presupuestos”.

En su intervención ante los medios, ha considerado que esta medida “exprés” pretende con apenas 13 millones de euros sustituir unos presupuestos de más de 8.000 millones, lo que supone el 0,2% de las cuentas que el gobierno había preparado para Extremadura.

La portavoz socialista le ha recordado a María Guardiola que está en “minoría absoluta”, por lo que ha mostrado su sorpresa de que haya presentado este decreto sin “de nuevo” haberlo pactado con nadie. “Es que no aprendemos”, ha subrayado, además de advertir a la presidenta de la Junta de Extremadura que “o pacta, o los extremeños y extremeñas no progresan”.

Álvarez ha señalado además que no entiende como María Guardiola pide al PSOE un ejercicio de responsabilidad “justo cuando ayer el PP le tumbó al Gobierno del PSOE un decreto para que nuestros mayores tengan unas pensiones más altas, para que nuestros jóvenes sigan disfrutando de la gratuidad en el transporte en el tren y en el autobús o para que lleguen más ayudas a Valencia y a La Palma”.

La portavoz socialista se ha referido también a la Propuesta de Ley presentada por el grupo parlamentario Vox en el día de hoy y ha puesto en cuestión que “la ultraderecha vaya a aprobar el decreto de la señora Guardiola”. En ese punto, ha insistido en que si la presidenta extremeña “quiere que el PSOE le apruebe medidas, tiene que negociar, tiene que hacernos partícipes y tienen que estar presentes nuestra ideología y nuestras propuestas que, como siempre, defienden la justicia social y la igualdad de oportunidades”.

Por todo ello, ha advertido al gobierno del PP que “deje de hacer perder el tiempo” y que “deje de engañar a la opinión pública con una puesta en escena hoy francamente decepcionante”.

“La señora Guardiola piensa que tiene mayoría absoluta y hace gala de una soberbia impresionante hablando de que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno en descomposición por perder la votación de un decreto, cuando su gobierno ha tenido que retirar la ley más importante que hay en una comunidad autónoma, que es la de Presupuestos”, ha concluido Piedad Álvarez.