El Gobierno ha gastado ya más de un millón de euros en asesores para preparar la defensa contra la multimillonaria demanda de arbitraje internacional que interpuso en junio de 2024 la minera Berkeley. Esta pequeña empresa australiana, que en los últimos años ha fichado a varios ex cargos del PP, reclama al Reino de España 1.000 millones de dólares de indemnización (859 millones de euros, al cambio actual) por denegar los permisos para abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El mayor contrato hasta ahora, para asistencia técnica económica en el procedimiento arbitral de Berkeley, se acaba de adjudicar por 984.800 euros a la estadounidense Quadrant Economics por el procedimiento negociado sin publicidad, al estimarse “que concurre una situación de imperiosa urgencia”, ya que, explica la Abogacía del Estado, el Tribunal que debe sentenciar el caso ya se ha constituido y el pasado 8 de mayo se celebró la primera sesión con los árbitros y la parte contraria para intentar negociar el calendario procesal. 

A este contrato se suma el adjudicado en octubre por 54.500 euros a un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para prestar asistencia especializada en derecho administrativo; y otro valorado en 195.750 euros para servicios de traducción que está pendiente de adjudicarse.

Berkeley fichó en 2022 como asesor a Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio con Rajoy, expresidente ejecutivo de Aena y técnico comercial del Estado en excedencia. Hace una década, cuando estaba tramitando el proyecto de Retortillo, contrató como lobbista en Bruselas a otro alto funcionario en excedencia vinculado al PP, Manuel Lamela, abogado del Estado y polémico exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar. Lamela fue uno de los clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro investigado en un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Recientemente, ha participado junto con Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Susana Díaz en un acto patrocinado por SOS Rural, lobby agrario muy crítico con las renovables.

Berkeley tuvo en sus primeros años como consejero a José Ramón Esteruelas, que con Aznar fue director general de Correos y consejero delegado de la empresa pública Cetarsa. Su principal ejecutivo en España, Francisco Bellón, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave”, comprar y vender acciones de la compañía a finales de 2020, estando en posesión de información privilegiada, como reveló elDiario.es en abril de 2024. 

Unos días después de destaparse esa multa, Bellón cesó como consejero de la compañía, pero se mantiene como chief operating officer. La CNMV publicó la sanción en mayo de 2024, semanas antes de que Berkeley presentara su demanda contra España en el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial).

Bellón es también asesor de Abenójar Tungsten, promotora de la mina de El Moto, en Ciudad Real, uno de los proyectos que seleccionó en marzo la UE para extraer minerales críticos en España. Un área de interés de Berkeley, que en octubre anunció resultados positivos en un trabajo preliminar de pruebas metalúrgicas completado en muestras representativas de su proyecto Conchas (Salamanca), que evalúa la recuperación potencial de litio y rubidio.

El contrato adjudicado a Quadrant para el arbitraje ante el Ciadi contempla varios escenarios, incluyendo la posibilidad de elaborar un informe pericial sobre el laudo que en su día se dicte, “incluyendo un análisis de posibles motivos de anulación relativos al quantum”, según la documentación del expediente.

La firma elegida ya tiene experiencia en asesorar al Reino de España. En las denuncias de inversores internacionales por los recortes a las energías renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy ha intervenido en siete de estos procedimientos. Con estos pleitos, que han propiciado un gasto en asesores superior a los 40 millones (cerca de un millón ha correspondido a Quadrant), están haciendo negocio varios responsables del Instituto Juan de Mariana, think tank ultraliberal cercano a la nueva derecha madrileña.

Además de tener experiencia en los arbitrajes de las renovables, Quadrant también asesoró a la Abogacía del Estado en otro litigio minero resuelto en 2020, el conocido como caso Corcoesto, que España ganó en un tribunal de arbitraje internacional en París a la minera canadiensa Edgewater, tras la decisión de la Xunta de Galicia de vetar una mina de oro a cielo abierto en 2015.

“Edad temprana”

Quadrant ha explicado que tiene experiencia en valoración de activos mineros, “incluyendo detalles como la capacidad de explicar la diferencia entre valorar una empresa minera en funcionamiento en comparación con otra en etapa temprana”, como sería el caso de Berkeley, que hoy por hoy no tiene ingresos. La firma estadounidense ha acreditado experiencia en 96 arbitrajes de inversión y 13 litigios en el sector de la minería a nivel internacional.

Tras la presentación de la demanda de Berkeley ante el Ciadi, la Abogacía del Estado ha recabado diversos expedientes administrativos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Dirección General de Minas, la subdirección general de Energía Nuclear, la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Salamanca, entre otros órganos.

Uno de los escenarios que se ha planteado invocar es la falta de jurisdicción del tribunal arbitral al interpretarse que ha habido una “falta de inversión” según lo dispuesto en el Tratado de la Carta de la Energía (un tratado para la protección de inversiones en este sector) y en el Convenio Ciadi. Se trata del primer caso contra España en el que se aplican las nuevas reglas de arbitraje del Ciadi, aprobadas en 2022.

Berkeley, representada en este arbitraje por los despachos Herbert Smith y Freehills y LCS Abogados, presentará el escrito de denuncia a principios de 2026. La australiana presentó su solicitud de arbitraje ante el Ciadi el 27 de junio de 2024, después de que en abril de 2021 el Congreso aprobase la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibiendo nuevas concesiones de exploración o explotación de minerales radiactivos (como el uranio), y tras denegar el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre de ese año la autorización como instalación radiactiva (NSC II) del Proyecto Salamanca, basándose en un informe negativo del CSN.

En septiembre del año pasado Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Abogacía General del Estado aprobaron un acuerdo para la gestión administrativa y presupuestaria de las contrataciones necesarias para defender los intereses del reino de España en este procedimiento.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) se han unido a varias plataformas europeas para demandar el fin del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, un sistema “que socava la acción democrática de los gobiernos y obstaculiza la urgente transición ecológica”. Es una estrategia que han analizado en diez casos las redes Amigos de la Tierra Europa y la European Trade Justice Coalition, en línea con el evento 'Protegiendo las políticas públicas de los litigios presentados por inversores', que se celebrará el 23 de septiembre en el Parlamento Europeo.

Uno de los casos analizados es la demanda que la multinacional australiana Berkeley presentó en 2024 contra España después de que el gobierno y los tribunales españoles tumbaran el proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Berkeley ha acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparada por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y, aunque España y la Unión Europea abandonaron este tratado en 2024, los inversores siguen protegidos por este instrumento durante veinte años después de su terminación, según han informado las organizaciones a través de un comunicado. La UE tomó esa decisión porque consideró que este tratado “no era compatible con los objetivos climáticos de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París”, principalmente debido a la preocupación por la continuidad de las inversiones en combustibles fósiles.

El proyecto de Retortillo de constituir la mayor mina de uranio a cielo abierto de España se vino abajo en 2021 después del rechazo el Consejo de Seguridad Nuclear por “la escasa fiabilidad” de la seguridad de almacenamiento de los residuos radiactivos. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Berkeley por difundir tarde información privilegiada (150.000 euros) y a su primer ejecutivo por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse un beneficio de 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa

Berkeley argumenta ante el CIADI que el Consejo de Seguridad Nuclear “actuó de forma discriminatoria y arbitraria” en la revisión de los planes de la empresa y defiende que se les pidió una información que no le solicitó a otras empresas que planteaban proyectos similares. Si la empresa ganase, España podría verse obligada a reanudar el proyecto de minería o a pagar los mil millones de dólares (unos 900 millones de euros) que Berkeley exige en concepto de indemnización por supuestas pérdidas de beneficio. Esta cantidad es diez veces más de lo que se estima que la empresa gastó en el desarrollo del proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con Berkeley, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicar esta información.

Estas organizaciones lamentan que gobiernos como el de España se enfrenten a demandas multimillonarias de grandes empresas e inversores cuando pretenden proteger el medio ambiente y otros intereses públicos. “El sistema de arbitraje de inversiones está dando a grandes empresas y especuladores el poder de anular la acción democrática de un gobierno, incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental, con el único fin de garantizar sus beneficios. Se trata de una herramienta muy peligrosa en el escenario actual, donde las políticas europeas sobre minerales críticos están multiplicando los proyectos extractivos en todo el Estado”, defiende la responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.

Concentración en Retortillo este miércoles

La Plataforma Stop Uranio ha convocado este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas una concentración frente a las puertas de la empresa Berkeley, en Retortillo (Salamanca), para exigir el fin de lo que consideran un chantaje de la multinacional al Gobierno de España. La plataforma exige que no se indemnice a una empresa que ha hecho “tanto daño” en Campo Charro, arrancando dos mil encinas, destrozando más de 50 hectáreas de terreno y “provocando una fractura social” de la que todavía se están recuperando.

“No se puede entender que una empresa consiga una indemnización por un lucro cesante del que nadie está seguro que hubiese conseguido si finalmente hubiera abierto las instalaciones de Retortillo. Siempre se ha remarcado la baja proporción de mineral de uranio existente en la zona y las dificultades para su extracción. Berkeley lo único que ha perseguido es la especulación bursátil, realizando acciones en la zona con el único interés de provocar movimientos en el mercado”, protestan desde la asociación salmantina.

Además de las políticas ambientales, las otras demandas de arbitraje analizadas afectan a acciones adoptadas por los gobiernos para proteger intereses de seguridad nacional (Huawei contra Suecia), adoptar medidas fiscales (demanda contra la UE y varios países por el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas de 2022), garantizar un acuerdo equitativo y luchar contra la corrupción (demandas de Shell y ENI contra Nigeria), proteger la toma de decisiones democrática (la multinacional Rio Tinto contra Serbia por la mina de litio de Jadar) o cumplir la legislación europea sobre sanciones (caso del oligarca ruso Fridman contra Luxemburgo).

Las organizaciones recuerdan que a pesar de que la Unión Europea abandonó el Tratado de la Carta de la Energía en 2024, actualmente hay más de mil tratados bilaterales de inversión (TBI) en vigor, la mayoría de los cuales contiene un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. “Se trata de un sistema paralelo a la justicia ordinaria, opaco y favorable al inversor que debilita las políticas ambientales, climáticas y sociales de la Unión Europea. La UE y los gobiernos deben abolir este sistema obsoleto”, ha afirmado Pedro Ramiro, coordinador de OMAL.

Estas plataformas exigen a la Unión Europea y al Gobierno de España que pongan fin a los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado en los acuerdos de inversión para “proteger la soberanía de los gobiernos” y la “urgente transición ecológica” frente a la “avaricia” de los grandes capitales.

Bob miró su reloj al entrar en Albacete. Apenas eran las 6:30 de la mañana de un gélido domingo, 17 de enero, día de San Antonio Abad, de 1937. Aunque era muy temprano, tras bajar de un desvencijado y atestado tren procedente de Valencia, hasta donde llegó desde Barcelona, no tuvo problemas para encontrar las oficinas de las Brigadas Internacionales.

Allí, con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada, le facilitaron los documentos que garantizaban su alojamiento y manutención. Movido por una curiosidad innata, decidió dar un paseo por las calles albaceteñas, que encontró enlodadas. Aquella jornada la pasó realizando gestiones, orientándose en aquella ciudad que, desde octubre de 1936, se había convertido en el epicentro vibrante de los voluntarios de la libertad.

Al caer la noche, Albacete se transformó ante su mirada, que no podía ocultar el cansancio de acumular intensas jornadas de viaje, de su periplo hasta llegar a este poblachón manchego. Las calles, antes silenciosas, cobraron vida con el bullicio de la gente.

Numerosos soldados de aquí para allá, mujeres ataviadas con la ropa dominical, risas, murmullos y conversaciones. En ese escenario, Bob sintió el latido de una ciudad que, a pesar de la guerra, se negaba a perder su esencia, mostrando una mezcla de resistencia y vitalidad que le arropó. Albacete, que cayó en manos de los golpistas durante una semana tras el levantamiento franquista, aparece en un sinfín de libros históricos de medio mundo por el papel que jugó como cuartel general de las Brigadas Internacionales, de las que fue uno de sus grandes y épicos protagonistas Bob, es decir, Robert Hale Merriman.

El joven americano, un declarado antifascista

Bob Merriman no tenía ni 30 años cuando llegó a Albacete. Nacido el 17 de noviembre de 1908 en el condado de Humboldt, California, era hijo de Henry y Faye, una familia humilde. De hecho, su padre trabajaba en un taller de neumáticos, pero su sacrificio le permitió mandar al chico a la Universidad de Nevada, en la que se graduó el 9 de mayo de 1932. Además, ese mismo día se casó con su gran amor, Marion Stone.

Posteriormente, se incorporó a la Universidad de Berkeley, en California, como estudiante de posgrado, labor que compatibilizó con las funciones de profesor asistente del Departamento de Economía. Desde ahí, y gracias a una beca, puso rumbo a Moscú, acompañado de su esposa. Era enero 1935 y Bob estaba a punto de concluir su doctorado en Economía.

En la capital rusa, y según confesó, asistió a la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas para preparar su tesis doctoral. Fue un periodo en el que Merriman, declarado antifascista, fue reforzando sus ideales en pro de la libertad. En un viaje por Europa Central en el verano de 1936, percibió el riesgo que suponía el ascenso de los fascismos, con Hitler como principal protagonista. Y como miles de estadounidenses, pensó que si se plantaba cara a Franco, se podría evitar la Segunda Guerra Mundial. Una quimera.

La sublevación franquista

Así, cuando el dictador español se sublevó contra el Gobierno republicano, Bob consideró que era el momento de sumarse a la causa, y de ahí, a Albacete, convirtiéndose con el tiempo en el norteamericano de mayor graduación de los que tomaron parte en la Guerra Civil. De hecho, fue comandante del Batallón Lincoln, de la XV Brigada Internacional, en la que llegó a ejercer como jefe de Estado Mayor. Y todo ello, a pesar de que su formación militar antes de llegar a España se limitó a su paso por el programa ROTC -o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales en la Reserva- en la Universidad de Berkeley. Merriman destacó en la Batalla del Jarama y en la Ofensiva de Brunete. Herido en Belchite, se desconoce a ciencia cierta cómo falleció, aunque todo apunta a que fue en la retirada hacia Gandesa en los primeros días de abril de 1938.

De sus andanzas por España y, por ende, por Albacete, han dado cuenta numerosos historiadores y se han escrito diversos libros. Uno de los más notables y con mayor reconocimiento ha sido Un comandante americano en España. Robert Hale Merriman y la Brigada Abraham Lincoln, aparecido en 1986 y escrito por su esposa Marion, junto a Warren Lerude, excatedrático de Periodismo de la Universidad de Nevada en Reno y ganador de un Premio Pulitzer. Lerude recuerda que por su “heroísmo, valentía” y defensa “de la democracia”, tanto Merriman como las propias Brigadas Internacionales han alcanzado el reconocimiento merecido.

A pesar del tiempo transcurrido, el papel de Merriman sigue siendo reivindicado, y no solo por los cronistas de la contienda española; también por quienes se preocupan por la conversación y difusión del legado de quienes vinieron a España jugándose la vida. En estos momentos, y como ejemplo, cabe destacar que la Universidad de Berkeley tiene en marcha un proyecto de financiación colectiva o crowdfunding para reunir 47.000 dólares, más de 43.000 euros, cuyo destino será el de elaborar y colocar en el campus californiano una placa en memoria del brigadista.

Uno de los impulsores del proyecto es Peter Glazer, profesor emérito de Berkeley, en concreto, de su Departamento de Teatro, Danza y Estudios de Performance, quien explica que la iniciativa surgió en torno a 2018, cuando el Grupo de Investigación de Didáctica y Patrimonio (Didpatri) de la Universidad de Barcelona se puso en contacto con la rectora de su campus, Carol Christ, para donar un molde de la placa que, en honor a Robert Hale Merriman, se había instalado en Corbera de Ebro. Y es que fue en esa localidad catalana donde se perdió la pista al norteamericano durante la retirada del frente de Aragón en abril de 1938.

A pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos de Didpatri, que coordinó un equipo de investigadores, arqueólogos y estudiosos locales, los restos del comandante no han sido localizados, por lo que se barajan dos posibles finales: o que muriera en combate o que se rindiera y fuera ejecutado por las tropas franquistas.

De Barcelona a Berkeley

La oferta de la Universidad de Barcelona pasó en Berkeley de departamento en departamento, hasta que cayó en manos del periodista e historiador Adam Hochschild, autor de un libro sobre la Guerra Civil Española, Spain in Our Hearts: Americans in the Spanish Civil War, 1936–1939 (España en el corazón: Americanos en la Guerra Civil Española, 1936-1939). Publicado en 2016, el libro se centra en las experiencias de numerosos estadounidenses que participaron en la guerra, desde periodistas y escritores hasta soldados y médicos, y que incluía un capítulo sobre Merriman.

La figura de Merriman y la labor de la Brigada Abraham Lincoln sí están reconocidas hoy en día, “pero fueron necesarias décadas para que eso ocurriera”, asegura este escritor neoyorkino, muy aclamado por sus libros y artículos en medios de comunicación norteamericanos como New York Times y New Yorker, y por su activismo.

Además, ha impartido su maestría periodística en Berkeley. Y atribuye buena parte del logro a los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA), “creo que hace un excelente trabajo, preservando documentos, recuerdos y organizando seminarios para profesores. Ofrece una inmensa cantidad de material en su sitio web, y también han supervisado la transferencia de registros militares, archivos, cartas... de cientos de voluntarios a la Biblioteca Tamiment en la Universidad de Nueva York, donde los consulté mientras trabajaba en mi libro”.

Pues con ese objetivo, Hochschild compartió la propuesta de la Universidad de Barcelona con Peter Glazer. “También con el bibliotecario Claude Potts y con la profesora de español Donna Southard; los cuatro habíamos participado en actividades en el campus de Berkeley en reconocimiento del 80 aniversario de la Guerra Civil en 2016, reuniéndose varios departamentos para conmemorar ese aniversario, todo ello en torno a una producción de mi musical teatral Heart of Spain: A Musical of the Spanish Civil War (Corazón de España: Un musical de la Guerra Civil Española), que dirigí a través de mi departamento”, afirma el profesor Glazer, quien ha estado involucrado en conmemoraciones de la guerra civil española desde mediados de la década de 1990, y lo ha hecho como director de escena, dramaturgo, académico y miembro de la Junta de Gobernadores de los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln.

Tras recibir la propuesta, “a todos nos encantó la idea de tener la placa en el campus, pero teníamos que conseguir que se aprobara el proyecto”, y una vez conseguido, se inició el proceso de financiación colectiva. “No habría sido posible sin el esfuerzo y la iniciativa de Didpatri y la Universidad de Barcelona.

La revista de ALBA, The Volunteer, publicó un artículo sobre la placa original en 2018, por lo que ya sabíamos de ella, pero la iniciativa no se puso en marcha hasta que llegó la propuesta de Didpatri“, asevera Glazer. Esa placa, obra de la escultora catalana Mar H. Pongiluppi, se colocó en abril de 2018 en la localidad tarraconense, coincidiendo con el 80 aniversario de la desaparición del comandante americano.

“Pocos estudiantes de Berkeley saben de la guerra civil española”

Peter Glazer indica que tanto Merriman como los voluntarios de la guerra civil española son un ejemplo indiscutible de heroísmo “al decidir arriesgar su vida en defensa de la República en España”. Por este motivo, confía en alcanzar el presupuesto necesario para la placa. El plazo marcado para ello es el 31 de diciembre de 2024.

“El papel de Merriman ha sido valorado, según mi propia experiencia y las fuentes a las que he tenido acceso, pero uno de los aspectos más importantes de este esperado monumento en Berkeley es dar a conocer su historia a muchas más personas, ya que pocos estudiantes de Berkeley saben siquiera que la guerra civil española existió, y mucho menos la contribución de Merriman. Si el monumento se completa como está diseñado, miles de alumnos se encontrarán con la placa cada semana y conocerán esta figura singular su historia”.

Este profesor emérito destaca el papel que ejerció Albacete como cuartel general de las Brigadas Internacionales, y que acogió a tantos compatriotas norteamericanos durante meses, no menos de 3.000. Y uno de ellos fue precisamente Merriman, quien se preocupó de que su participación en la guerra civil quedara recogida para la historia, para la posteridad, y se ocupó de escribir dos detallados diarios de su presencia en España, desde enero de 1937 hasta abril de 1938.

Esos diarios no solo han sido publicados, sino también interpretados con el respaldo de la Universidad de Nueva York. Tras varios años de trabajo, y bajo la coordinación de Ray Hoff, hijo del brigadista estadounidense Harold Hoff, se han identificado a las más de 400 personas que aparecen en los documentos manuscritos por el héroe americano de la guerra civil.

Su esposa le acompañó durante meses en Albacete, hasta donde se desplazó después de que Merriman cayera herido. Marion hizo de traductora y se ocupó de que las familias de los soldados abatidos pudieran cobrar el seguro de vida

Su paso por el Gran Hotel y el Hotel Regina en la ciudad albaceteña; sus desplazamientos a los cuarteles situados en La Roda, Tarazona de la Mancha, Villanueva de la Jara y Madrigueras; sus relaciones y conversaciones con otros mandos militares y con los políticos albacetenses; sus participaciones en el frente… Todos los capítulos de su estancia en España en ese momento tan convulso aparecen relatados en esos dietarios perpetuos de bolsillo. Y, por supuesto, la llegada de su esposa a Albacete y sus encuentros con Ernest Hemingway, quien convirtió la contienda nacional en una novela, tanto en sus crónicas periodísticas cargadas de épica, como en su mítica obra Por quién doblan las campanas, y en la que su protagonista, Robert Jordan, está inspirado en la figura del propio Merriman.

El Hotel Regina

Buena parte de los diarios fueron escritos por Merriman en el entonces Hotel Regina, al que se trasladó en los primeros días de abril de 1937, cuando llevaba casi dos meses en tierras albaceteñas. Este hotel, gestionado hasta que estallara la Guerra Civil por Tomás García Martínez, tenía, como el resto de los alojamientos y bares, sus tarifas intervenidas: la cama, peseta y media; 50 céntimos el desayuno y 3,25 pesetas la comida. Por cierto, que García Martínez recuperó la titularidad de su establecimiento tras finalizar la guerra civil. Durante los años bélicos, fueron los empleados quienes llevaron el negocio, instalado en un bello edificio construido por el comerciante José Dalmau en los primeros años 20 en la esquina del por entonces paseo de Alfonso XII -en la actualidad, Paseo de la Libertad- y la calle Ricardo Castro.

A ese hotel, convertido hoy en un banco y edificio de viviendas, llegó el matrimonio Merriman. Sí, porque Marion logró reunirse con su esposo después de que este cayera herido durante una de sus intervenciones en el frente; unos disparos le destrozaron parte de un hombro. La noticia hizo que Marion se movilizara y, de forma extrañamente ágil, solventó todas las trabas burocráticas, tanto para salir de Moscú como para entrar en España procedente de Francia.

Fue precisamente que Bob resultara lesionado en combate el argumento que le abrió las puertas a Marion, según recordó ella misma en las páginas de Los Angeles Times con motivo de la presentación, en 1986, del libro que escribió junto a Walter Lerude. Si las paredes de ese hotel, de la habitación que compartió la pareja pudieran hablar, sería materia suficiente para otro libro, aunque buena parte de lo vivido y sufrido por Marion quedó reflejado en los diarios que ella también escribió. Esas páginas escoden incluso capítulos de la vida de esta mujer que nunca conoció Bob, como cuando fue agredida sexualmente, cuestión que nunca desveló más allá de las líneas que se afanaba en redactar cuando el tiempo y el cansancio se lo permitían.

Punto de reunión de otros compatriotas, esa habitación también era destino de peregrinaje de otros compañeros de su esposo y, además, ella guardaba cuando era posible, víveres para aquellas personas que, por la carestía de la guerra, se veían apuradas.

Pero Marion, además, cumplía otra labor en España, en Albacete. Durante los nueve meses que permaneció en nuestro país antes de regresar a Estados Unidos, atendiendo una propuesta de Bob Merriman -un ciclo de conferencias para exponer la situación española-, copiaba manuales militares estadounidenses para que su esposo los usara en el entrenamiento de sus soldados; enviaba boletines a los voluntarios de habla inglesa y mantenía registros personales de los voluntarios. Por cierto, que con el tiempo, Marion volvió a casarse. “Muchos de ellos usaban alias”, reconocía en las páginas de Los Angeles Times, lo que complicaba las cosas. También era enviada al frente para hablar con testigos de la muerte de soldados como prueba para que sus familias pudieran cobrar las pólizas de seguro.

El encuentro con Hemingway

Uno de los momentos más apasionantes e inolvidables de cuantos vivió el matrimonio Merriman en España llegó el 24 de abril de 1937. Esa jornada, Bob y Marion se trasladaron a Madrid, sitiada por los golpistas, para encontrarse con Ernest Hemingway y otros escritores, corresponsales y fotógrafos extranjeros que contaban la guerra desde sus habitaciones en el céntrico Hotel Florida de Callao. Apenas habían pasado unas horas desde que los obuses franquistas quisieron hacer de este establecimiento hotelero su diana, lo que puso al descubierto los excesos de este nutrido grupo de contadores de historia, sus líos amorosos y sus relaciones desconocidas.

Su figura es recordada a través de libros e investigaciones y su historia fue inmortalizada en la obra de Ernest Hemingway, ‘Por quién doblan las campanas’, convertida en película por Sam Wood en 1943, prohibida en España hasta la Transición

Pero esos bombardeos de madrugada no habían cambiado un ápice los planes que llevaron a Bob a Madrid. La idea era que participara en una emisión radiofónica para los Estados Unidos, episodio que se relata tanto en sus diarios como en el libro de su esposa con el Lerude.

Ese encuentro entre Merriman y Hemingway fue prolongado, una conversación sumergida en whisky escocés que ayudó a preparar los discursos, las intervenciones de quienes iban a contar a los americanos la situación española y la necesidad de ayuda exterior. El programa se emitió pasadas las dos de la mañana, y junto a Bob, lanzaron sus voces y, con ello, sus mensajes a las ondas, el doctor neoyorkino William Winston Pike, miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, quien estaba enrolado en los Servicios Médicos Republicanos, o el novelista John Dos Passos, de reconocida ideología izquierdista, y hasta Josephine Herbst, escritora y periodista. El locutor fue Sid Franklin, el apodado torero yanqui, amigo de Hemingway, con el que se corrió más de una borrachera. Y la música corrió por cuenta del cantautor exiliado alemán Ernst Busch.

Esas horas fueron caldo de cultivo para la novela Por quién doblan las campanas, publicada por Ernest Hemingway en 1940, y que terminó en la película de 1943, en la que Bob Merriman aparece reflejado en el personaje de Robert Jordan encarnado por Gary Cooper. Esas conversaciones se enriquecieron con la labor reporteril del autor norteamericano, que supo imprimir a sus cuartillas la fuerza emocional precisa. Por cierto, que tanto la novela, que no apareció oficialmente en España hasta finales de los años sesenta, como la película, estrenada en plena Transición, molestó sobremanera al régimen.

Los 16 meses que vivió Merriman en nuestro país dieron para mucho. Para construir una historia que todavía hoy permanece en el imaginario de quienes buscan la épica de la guerra civil, de las Brigadas Internacionales, de la lucha por la libertad y la democracia.

Y si en Estados Unidos quieren que la figura de este mando norteamericano no sea solo conocida para los que bucean en los libros de historia, en Albacete su nombre debería ser reivindicado con mayor ahínco. Porque en la ciudad manchega, nació una leyenda y se generaron argumentos para un personaje que protagonizó una de las novelas -y películas- que hizo del conflicto español un referente de los peligros de los extremismos ideológicos.

La nueva corporación municipal de Retortillo (Salamanca) ha cancelado la licencia urbanística concedida a la minera Berkeley en 2020 y ha retomado el expediente sancionador por “faltas muy graves” en el marco de su proyecto para construir en este municipio la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa.

“No me he presentado para esto en concreto, no tengo nada en contra de los señores de Berkeley, pero sí en contra de una explotación minera en el término de Retortillo”, ha explicado la alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que sustituyó tras las elecciones del 28M a un alcalde del PP favorable a la mina. Las dos decisiones sobre Berkeley se tomaron el jueves 24 de agosto en sesión extraordinaria y por unanimidad de la corporación municipal, integrada por cuatro concejales del PSOE y una de VOX.

El Ayuntamiento de Retortillo cancela así “la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España en el año 2020 y declara su caducidad”, al tiempo que acuerda “retomar y concluir de manera urgente el expediente sancionador por faltas urbanísticas muy graves cometidas por la minera en Retortillo”.

El activista contra la mina y fundador de la plataforma Stop Uranio, Jesús Cruz Fernández, ha explicado por su parte que “estos dos expedientes deberían estar ya resueltos por las dos anteriores corporaciones, pero debido a la relación de intereses entre los alcaldes y concejales con la empresa minera, fueron dejados en el olvido con el fin de que caducaran sin sanción”.

La alcaldesa ha insistido en que ella lo que desea “es que todo vuelva a la legalidad” y ha recordado que en la corporación municipal “hay gente a favor de la mina, pero que ven que es injusto todo esto que han hecho”.

“Yo no pertenezco a ninguna agrupación ecologista, pero soy muy ecologista. Tener una mina aquí es un proyecto para 10-12 años, cuando los ganaderos llevan toda la vida, el balneario lleva 100 años y está a 500 metros de donde querían explotar lo de la mina”, ha explicado a EFE

Proyecto frenado por el gobierno central

El pasado 24 de julio, la multinacional minera acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de España de “infringir” la normativa administrativa en la tramitación de su proyecto de mina de uranio en Salamanca, sobre la que mantiene su recurso en los tribunales. Berkeley sostiene que la forma en que el Ministerio ha frenado su proyecto en Salamanca “no es legal” y es “arbitraria”.

En su escrito dice que los estudios realizados en la zona de Retortillo indican que puede albergar 89,3 millones de libras de uranio, lo que convertiría ese lugar en “uno de los productores de menor coste por producción en el mundo, capaz de generar fuertes” beneficios económicos. El pasado 16 de mayo, Berkeley pidió al Gobierno central que reconsidere su decisión de “vetar” el proyecto para construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca), con el que declara nula la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para verter aguas residuales de la explotación minera de Berkeley sobre los cauces del río Yeltes y a los arroyos Caganchas, Santidad y Valdemanzano, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes.

Tras esta decisión de 21 de febrero de 2022, ante la que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, quien presentó el recurso, ha celebrado el fallo judicial con “enorme satisfacción”.

En la misma línea, la plataforma Stop Uranio, contraria también a la apertura de la mina, ha reseñado que “el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asestado el golpe definitivo al proyecto de Berkeley Minera en Retortillo”.

“Este tribunal ha dictaminado que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no es válida para la autorización de vertido de aguas residuales concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero en mayo de 2016”, ha añadido Stop Uranio.

El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes recurrió la autorización de vertidos concedida por la CHD y “cinco años después el TSJ le da la razón y anula ese permiso fundamental para que pueda funcionar la mina y planta de Retortillo”, ha añadido la plataforma.

La Audiencia Nacional ha rechazado dos años después el recurso de los ecologistas para anular el permiso del proyecto de mina de uranio que la empresa australiana Berkeley Minera planea en el oeste de Salamanca.

Ecologistas en Acción y la formación Foro de Izquierdas-Los Verdes habían pedido a los magistrados que anularan la autorización previa de emplazamiento concedida por el Ministerio de Industria en 2015. También solicitaban que la Declaración de Impacto Ambiental fuera eliminada. Ninguna de sus peticiones ha sido atendida por la Audiencia Nacional en una sentencia de 9 de septiembre ahora publicada.

La demanda intentaba revocar el permiso para colocar una instalación radioactiva en una un área de la Red Natura 2000 de protección ambiental. La zona tiene declarado un alto valor ecológico y es parte protagonista, por ejemplo, de sendos programas LIFE de la Unión Europea: uno para recuperar humedales y otro para detener la regresión de la fauna fluvial ibérica.Ambos suman más de cinco millones de dinero público. Un vídeo aéreo de Salamanca Antinuclear mostró cómo estaba quedando la zona por los trabajos previos de la empresa.

Sin embargo, la sentencia subraya que el recurso se basa en “juicios de valor'' sin aportar, dice, elementos técnicos que justifiquen que el lugar elegido no es adecuado frente a los ''numerosos informes técnicos'' que componen el expediente.

La decisión es recurrible y la idea de los ecologistas es llevar el caso al Supremo, ha explicado uno de los abogados a eldiario.es.

El proyecto de mina tiene pendiente todavía un trámite crucial en el Consejo de Seguridad Nuclear: un informe sobre la infraestructura para la fabricación de concentrados de uranio. Esta planta es indispensable para el proyecto minero y el análisis podría demorarse dos años, según admitió el Gobierno en 2017. Aún no ha visto la luz.

La minera Berkeley (BME) endulza su proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Salamanca a base de dinero. La empresa disemina un maná económico fino e inconcreto por la provincia mediante el patrocinio de todo tipo de actividades, comidas populares, publicidad y regalías a los municipios más cercanos a la explotación. Paga a un equipo de fútbol de la capital, financia una vuelta ciclista con parada en la zona cero del proyecto, organiza recogida de firmas de apoyo, anuncia parques infantiles y facilita el wifi. Los beneficiados se niegan a informar sobre cuánto o en qué condiciones.

Con la espada de Damocles de una cercana sentencia de la Audiencia Nacional y los informes del Consejo de Seguridad Nuclear que dilatan los plazos, a Berkeley no le sobra la buena imagen. Tampoco ayuda su reciente trayectoria en bolsa: salió al mercado a finales de julio con una subida meteórica que llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a avisar de que era algo “anómalo” y achacarlo a falta de información de los inversores. Ahora la acción está por debajo del precio de salida.

BME lo llama “licencia social”. Y lo describe como “el establecimiento de vínculos con la comunidad”. ¿De qué manera? Con euros. En los municipios de cuyos alcaldes dependen las autorizaciones urbanísticas finales (Retortillo y Villavieja de Yeltes), la minera ha patrocinado equipos o construido infraestructuras por su cuenta. En Retortillo existe un parque infantil “y biosaludable donado por Berkeley” como rezaba la placa colocada al inaugurarse que ahora se ha esfumado. En el otro pueblo (con el alcalde Jorge Rodríguez, activamente en contra), “la empresa compró un terreno justo enfrente del Ayuntamiento para hacer lo mismo” en 2017, cuenta Rodríguez. Berkeley publicitó el proyecto de parque pidiendo que se le autorizara hacerlo rápidamente: “El principal objetivo es que la comunidad local disfrute de los beneficios socioeconómicos que proyectos como el Proyecto Salamanca traen a los pueblos de la comarca”, anunciaban.

Rodríguez recuerda que “aquí empezaron [hace diez años] patrocinando al equipo de fútbol sala, la asociación ciclista… pero han ido dejándolo. Ofrecieron terminar las obras de la residencia de mayores que se ha quedado paralizada por la crisis. Según han visto que no cedíamos han ido desistiendo del yacimiento de Santidad el que cae en nuestro término”.

Berkeley asegura que se trata de “patrocinio de actividades para la promoción de la zona del Campo Charro” e incluyen: red wifi gratuita, patrocinio de fiestas patronales, organización de eventos o la instalación de infraestructuras“. Calculan que en eso se han gastado 82.000 euros a los que añaden otros 300.000 ”derivados de los acuerdos“ con los ayuntamientos para, dicen, contribuir al presupuesto municipal, construir circunvalaciones, o establecer un centro de formación.

El alcalde Rodríguez entiende que se trata de una estrategia de seducción a los alcaldes que, en definitiva, tienen que estampar la firma en el permiso de uso del suelo. El Ayuntamiento de Retortillo no ha contestado a las preguntas de eldiario.es. La minera utiliza otra terminología: “Política Social y de Comunidades” para “desarrollar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con las comunidades locales y grupos de interés”.

Algunas de las propuestas no han calado. “Nos ofrecieron financiar la remodelación del embarcadero municipal de ganado”, explica Juan Luis Sánchez Matías, ganadero en Retortillo. “¡Pero si la ley nos obliga a tener uno en nuestras explotaciones!”, exclama. Los ganaderos -o algunos- son un escollo: tienen la tierra y su negocio es “bastante incompatible” con la apertura de una mina de uranio y las voladuras con explosivos, relata Julián Sánchez, otro dueño de vacas que ha conseguido paralizar un expediente de expropiación forzosa de su finca que facilitaba el proyecto minero.

“Sí a la mina. Al Trabajo. Al futuro”. Solo una semana después de que el CSN extendiera algo más de sombra sobre el proyecto, ha surgido una batería de pancartas con esa leyenda. Han aparecido en el Ayuntamiento de Retortillo y en las fincas propiedad de la minera a lo largo de la carretera que va desde el pueblo a las oficinas de la empresa. “Están en una campaña de imagen a la desesperada”, opina sentado en la cafetería del balneario de la comarca Jesús Cruz, una de las voces más críticas contra el proyecto. “La mitad de los que trabajaban para ellos ya no están. No se ven sus coches”, analiza.

Campaña mediática

Aunque la empresa incide en los beneficios para la comunidad local, la distribución de fondos se extiende bastante más allá. Ha unido su imagen al fútbol y el ciclismo profesionales, a la universidad o a los medios de comunicación salmantinos.

Berkeley se convirtió la temporada pasada en el patrocinador de uno de los equipos de fútbol de la capital de la provincia: el Salmantino UDS. Su logo y nombre lucía estampado en las camisetas. Además, aprovecharon su patrocinio de la vuelta ciclista a Salamanca para rebautizarla Gran Premio Berkeley. Ni el club de fútbol ni Promesal, la organizadora de la prueba ciclista, han contestado a cuánto ascendió la aportación de la empresa.

“Nosotros no facilitamos esos datos”, se ha limitado a responder el Salmantino UDS. Los ciclistas, por su parte, han respondido que “esta información es confidencial si quieren algo pónganse en contacto con la persona responsable de la empresa”. Berkeley no ha facilitado esta información. Estos patrocinios han facilitado las imágenes del director general de la minera, Francisco Bellón, junto al presidente futbolero Carlos Martín o compartir risas con el célebre ciclista salmantino Laudelino Cubino.

Tampoco ha contestado la Universidad de Salamanca (USAL) sobre la colaboración que la minera dispensó a la Feria de Minerales de la Facultad de Ciencias celebrada en mayo pasado. Álvaro García es estudiante de Políticas en la USAL y secretario de organización de Podemos Salamanca. García recuerda que “hubo una protesta y luego no hemos visto más casos de publicidad de la empresa”. El universitario cuenta que “era un lavado de imagen total de una compañía que vende las supuestas bondades de su proyecto y busca legitimarse”.

En ese sentido, y bien lejos del área minera, Berkeley ha distribuido sus mensajes en anuncios adosados a los autobuses urbanos de la ciudad salmantina: “Comprometidos con el desarrollo de Salamanca” era el mensaje que viajaba. También en la feria taurina de la ciudad de este mes, cuyas entradas mostraban su logo en los reversos.

“Y en todos los medios de comunicación”, quiere insistir Juan Cruz. Desde luego los anuncios en medios digitales e impresos de la provincia salmantina abundan. Incluso en charlas y concursos literarios y fotográficos aparece asociado el nombre de Berkeley. “El 100% de la población de Retortillo (155 firmas) y el 50% de los residentes de Villavieja (173 firmas)” apoyan el proyecto, se lee en algunos anuncios. Este último dato de “residentes” es algo chocante ya que el Instituto Nacional de Estadística atribuye una población de 809 personas a Villavieja de Yeltes.

Con todo, la campaña sí tiene sus efectos. Fred Williams, que regenta un restaurante en Sancti Spíritus, un pueblo de 880 vecinos a14 kilómetros de Retortillo, cree que “es un buen proyecto. Hará que el dinero se extienda por esta zona donde los comercios no paran de cerrar”. Oriundo de Londres (y hablando en inglés), lleva siete años en Sancti Spíritus y no duda: “Necesitamos que venga más gente para pagar las facturas. No entiendo la manera de pensar de la gente aquí. Prefieren que nada cambie, aunque no haya trabajo”. Y tiende un folleto explicativo editado por Berkeley: “Creando empleo sostenible y seguro”. Tiene muchos más encima de la barra del bar.

La minera Berkeley, al frente del proyecto de mina de uranio de Retortillo (Salamanca), reconoce que le queda dinero para funcionar 12 meses. Hasta junio de 2019, según el prospecto que acaba de publicar para salir este jueves a bolsa. Al mismo tiempo, admite que no espera empezar a operar hasta 2020. 

Al proyecto le faltan todavía algunos permisos indispensables para completar el complejo minero que permitiría explotar comercialmente el uranio. Berkeley dice que esto ha hecho que tuviera que echar mano de sus recursos económicos para hacer frente a sus gastos y no haya podido completar las infraestructuras. Por eso busca “financiación alternativa”. Un portavoz de la compañía ha asegurado que el proyecto se “encuentra totalmente financiada por todo el trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad. El año pasado, se firmó un acuerdo de hasta 120 millones de dólares con el fondo soberano de inversión de Oman”.

El caso es que todavía están pendientes una licencia de urbanismo y la autorización de construcción y operación del Ministerio de Industria para la planta de concentrados de uranio. Esta última obliga, además, a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). De hecho, la solicitud de Berkeley al Ejecutivo está paralizada hasta que el CSN emita su dictamen, como reconoció el Ministerio el 23 de marzo de 2017 (la paralización real fue en enero de ese año) y ha tenido que recoger el informe de la empresa. Puede demorarse “hasta dos años”, reconoció el Gobierno.

Contrasta con el calendario expuesto todavía por Berkeley en marzo de 2017, que aseguraba que la producción arrancaría a finales de 2018 cuando ya estaba paralizada la autorización dependiente del CSN. Y señalaba que en ese momento habría “un gran número de compañías productoras de energía en busca de nuevos suministros y deberán competir con la demanda de los nuevos reactores chinos”. 

Ahora, la empresa acepta que “el calendario de estas autorizaciones es incierto y fuera del control de la compañía” por lo que se lleva sus previsiones hasta 2020. Lógicamente, sin esas licencias, el proyecto entraría “en grave riesgo material”, tiene que incluir Berkeley en la información para potenciales inversores.

Mientras, la compañía, que sí tenía bajo el brazo una declaración de impacto ambiental positiva de la Junta de Castilla y León, comenzó a realizar obras: ha talado cientos de encinas centenarias, construido viales y excavado una gran balsa. Del plan original que mereció el visto bueno ambiental a lo que se ve ahora en Salamanca hay diferencias suficientes como para que el Procurador del Común haya solicitado que se rehaga el estudio de impacto para evaluar el proyecto real.

La mina está situada en una zona catalogada de interés medioambiental y abriría áreas de la red Natura 2000 de protección (la minería no está prohibida de entrada en estas zonas aunque sí condicionada). Los grupos ecologistas opuestos explican que los encinares salmantinos son áreas importantes para especies en peligro como la cigüeña negra.

Además, los planes de la compañía prevén que el transporte de material cruce el curso del río Yeltes (y aprovechar sus aguas). El río está incluido en sendos programas de protección ambiental financiados por la Unión Europea y que suman más de cinco millones de euros. A modo símbolo, en esas aguas vive la sarda salmantina, un extraño pez fluvial que solo habita en esta parte del mundo.

Así que Berkeley se estrena este 7 de junio en el Mercado Continuo español. Ahora se ha conocido que “debido al retraso de los permisos finales la compañía ha tenido que hacer frente las necesidades de gasto para funcionar”. Por eso, añade, “se ha reducido la cantidad [de dinero] disponible para completar la construcción”, de las instalaciones para operar en la mina. Esta situación se mantendrá mientras esas licencias estén pendientes –o llegue una inyección de dinero–.

Fondo de Omán y juicios pendientes

Además, Berkeley da más detalles de sus necesidades económicas. Para completar su “capital inicial” espera que el Fondo Soberano de Omán ejecute “pronto” sus opciones sobre el proyecto para disponer finalmente de ese dinero.

El prospecto bursátil recopila los frentes judiciales que la mina de uranio tiene todavía abiertos. Lejos de la normalidad que ha aducido, por ejemplo, el director general de Berkeley, Paul Atherley, aun están pendientes las reclamaciones administrativas de la autorización de “uso excepcional del suelo” que también ha llegado a los tribunales. De igual forma está pendiente la resolución en la vía contenciosa de la demanda contra la primera autorización de Industria.  “Actualmente son totalmente válidas, aplicables y no se han suspendido”, aclara el informe, ya que no hay decisión sobre ellas. 

1973, bahía de San Francisco. Silicon Valley estaba en los pañales de lo que es hoy en día. En aquella zona donde ya bullía la creatividad y el desarrollo, una máquina muy particular mostraba anuncios a todo aquel que pasara por delante. Se ofrecían músicos, se vendían instrumentos musicales o, al revés, alguien buscaba un guitarrista para su banda o preguntaba por un bajo que comprar. Todo aquello gracias a un equipo ruidoso aislado con cartón y en el que, si queríamos imprimir o publicar un anuncio, había que pagar.

Community Memory fue una creación de un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley. En sus propias palabras, editadas en un folleto que se distribuía entonces, era “un intento de emplear el poder del ordenador al servicio de la comunidad”. Para ello, la idea de este equipo de pioneros era publicar una especie de boletín o tablón en el que esa comunidad por la que querían trabajar pusiera sus propios anuncios o leyera los de otros.

La base de Community Memory era un ordenador XDS 940, también conocido como SDS 940 y diseñado por los equipos de Berkeley. La primera de aquellas terminales se instaló en Leopold’s Records, una tienda de discos que gestionaban estudiantes de la zona. Consistía en un ordenador conectado a un teletipo que imprimía los mensajes, todo ello escondido en una caja de cartón que apagaba los ruidos de los cacharros. También había un teclado y una pantalla protectora y no era necesario tener un usuario o una cuenta para acceder. Así lucía el primer modelo:

Una de las personas que estuvo a cargo del proyecto fue Lee Felsenstein. En una entrevista, Felsenstein describía cómo todo aquello estaba acompañado de un módem y de una línea telefónica que conectaban con un ordenador de San Francisco que siempre estaba 'online', distribuyendo ese tablón electrónico.

De esa manera, el Community Memory desplazó al tablón de anuncios tradicional que estaba colocado en Leopold’s Records, justo a su lado. En el nuevo, los músicos y vecinos que estaban empapados de los movimientos contraculturales que surgieron en la década de los 60 publicitaban sus actuaciones, colocaban anuncios o dejaban notas de humor y filosofía.

Cuando los usuarios de la Leopold’s Records vieron la máquina, enseguida quisieron usarla y consultar las informaciones disponibles sobre música. Al parecer, los promotores del proyecto temían que estas personas repudiaran el invento, ya que por aquel entonces la mayoría de ordenadores solo eran accesibles para proyectos universitarios y gubernamentales o para un número selecto de empresas, organismos contra los que se posicionaban muchos de aquellos jóvenes vecinos. “Creo que en este proceso abrimos una puerta al ciberespacio”, afirmaba Felsenstein.

En la información que se conserva sobre la iniciativa, el propio Feselstein y sus colegas relacionaban ideas de aquellos movimientos contraculturales con Community Memory. Para ellos, el sistema tenía que ser “tecnología para la gente” o “sistemas de memoria abierta colectiva” y ayudar al intercambio entre comunidades. Estas ideas volarían años más tarde sobre el activismo en la Red.

De tablón de anuncios a lugar de encuentro

Lo que comenzó siendo un tablón de anuncios para aquellos jipis, ecologistas, contrarios a la guerra de Vietnam que vivían en el Berkeley de los años 70 se convirtió en un medio de comunicación en el que intercambiar ideas sobre otros temas, como arte o literatura. Los músicos que usaban el servicio llegaron a imprimir un listado mensual de bajistas para ponerlos en contacto con guitarristas, mientras animaban a sus amigos a usarlo. Además de esa información musical, también se anunciaban personas que daban lecciones para tocar instrumentos, y los usuarios podían buscar información sobre alojamiento o encontrar publicidad sobre 'bagels', esos bollitos de forma redonda parecidos a los dónuts.

Según las crónicas, todo esto permitió la formación de nuevas bandas, pero también de grupos de estudio; incluso, ayudó a encontrar compañeros para jugar al ajedrez. En 1974 otra máquina viajó hasta Vancouver, y nuevos terminales se habían instalado en otros puntos de California hasta 1975.

Mucha gente que hasta entonces no había tenido acceso a esa tecnología pudo consultar esos tablones electrónicos con información de servicio. Ahora bien, si querían dejar algún mensaje u ofertar algo, debían pagar. El precio era asequible: 25 centavos de dólar (0,21 céntimos de euro al cambio actual). Además de leer mensajes o escribirlos, era posible hacer búsquedas por palabras clave (estas se podían añadir antes de publicar una entrada nueva, a la manera de los artículos de un blog) o por mensajes.

Estas máquinas expendedoras de algo parecido a lo que luego sería internet perduraron apenas dos años, hasta 1975: los gastos de mantenimiento eran excesivos para una red de terminales cuyo ‘software’ aún estaba en desarrollo. A finales de aquella década se barajó la idea de crear una red nacional de terminales y recursos del Community Memory, pero nunca se llegó a materializar.

En los años 80, el concepto de tablones de anuncios electrónicos llegó a otros países con éxito dispar: en Francia el Minitel se comenzaba a convertir en un símbolo nacional, algo que no pudo contar Prestel en Reino Unido. Ya a comienzos de los años 90, la World Wide Web comenzaba a desarrollarse. Aunque ya olvidado, el proyecto Community Memory ayudó a difundir la idea de que una red de ordenadores era una buena idea para distribuir información y compartirla con nuestros semejantes.

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La imagen principal es propiedad de Wikipedia

Dos fiscalías distintas investigan la mina de uranio que la empresa Berkeley está abriendo en el oeste de Salamanca por un posible delito medioambiental, según ha sabido eldiario.es. Una por la excavación de una gran balsa y la otra por la tala de centenares de encinas y su impacto en la Red Natura 2000 de protección ambiental. 

El Ministerio Público en la provincia ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de grandes dimensiones en su proyecto minero que afecta a la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos tras la denuncia de la plataforma opositora Stop Uranio. Las obras, además, están suponiendo la tala de cientos de encinas centenarias.

Se trata de establecer si, al amparo de unos trabajos menores para realizar una exploración –llamada calicata– se ha abierto un socavón de 25.000 m del que se han extraído ya 36.000 m de material para el que no había autorización específica. En el camino, los árboles han sido arrancados.

La empresa australiana trabaja para que su explotación de mineral radioactivo esté “operativa en 18 meses”, según informó el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo Gómez, a mediados de febrero pasado.

Entre las labores previas, Berkeley ha excavado un agujero de 125 x 200 metros, según una inspección de la Guardia Civil, más otros tres metros de profundidad. 75.000 m de agujero en la linde del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Huebra y Yeltes. El proyecto incluye un transporte aéreo de material por encima del curso fluvial. La razón dada para esta excavación fue realizar una cata para inspeccionar el material que se pretendía utilizar en una carretera de acceso a la mina.

Los agentes del Seprona consideraron que la morfología de la abertura en la tierra era la de una balsa o una presa no de una mera calicata. En diciembre de 2016 se habían sacado de allí 36.000 m de material. Estas actuaciones supondrían una “actividad industrial extractiva” que sí está permitida, pero requiere una licencia urbanística previa de la Administración. No basta con una mera declaración del promotor antes de ponerse a socavar.

La hipótesis es que unas obras de escasa relevancia con un trámite burocrático casi irrelevante han terminado en un plan para hacerse con material del subsuelo que sí necesita una tramitación más compleja.

De hecho, un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del pasado febrero que ha llegado a los fiscales dice que “resulta obvio” que esos trabajos “no se circunscriben a la toma de muestras mediante catas” sino que responden a “los movimientos de tierra necesarios para la obtención de material” necesarios para llevar a cabo el proyecto minero. Es decir, que se ha continuado con el proceso de construcción de la explotación de uranio.

El Código Penal considera un delito “contra los recursos naturales y el medio ambiente” las “extracciones o excavaciones” [entre otras actividades] en el suelo y el subsuelo que contravengan “las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio”.

El Ayuntamiento del término municipal afectado, Retortillo, tuvo que abrir un expediente sancionador a la minera el mes pasado por el asunto de las obras. Berkeley ha respondido que el informe de la Guardia Civil tiene “numerosos aspectos que no reflejan la realidad del alcance de las labores realizadas ni de la información que obra en el expediente administrativo”.

El convenio a tres bandas

La relación entre la empresa y los gobiernos locales también está en entredicho. Las diferentes fases del proyecto están marcadas por el convenio que firmaron la minera y los pueblos de Villavieja de Yeltes y Retortillo en 2011. Su objeto declarado era “conseguir el buen desarrollo de las actividades propias de la empresa Berkeley como de los municipios de forma que no se produzcan dilaciones administrativas innecesarias”.

Además, el documento dice que “aunque la actividad minera va a tener un fuerte impacto dinamizador (…) puede producir algunas incomodidades y molestias” por lo que Berkeley consideró “contribuir con una serie de actuaciones de tipo económico, turístico y social”.

En lo económico, sin ir más lejos, además de los impuestos obligatorios, la minera escribió que “desea ofrecer una contribución económica adicional” basada en un canon sobre la producción. En el caso de Villavieja suma unos 200.000 euros y en el de Retortillo más de 800.000. Berkeley ofreció anticipar hasta el 30% del pago en tres tramos: primero en la firma de ese convenio, segundo al recibir la aprobación del Plan de Explotación y otro 10% al iniciar la explotación comercial del uranio.

Nueva denuncia

Al mismo tiempo que los fiscales salmantinos han decidido revisar, parcialmente, lo que Berkeley está haciendo en el Campo Charro, la Fiscalía de Medio Ambiente e Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de la organización WWF  por “la tala de más de un millar de encinas centenarias ante la dejadez de las administraciones en un espacio Red Natura 2000”.

La ONG argumenta ante los fiscales que los encinares desmochados son hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como el águila imperial, la cigüeña negra o el galápago leproso. El arrancamiento de raíz de los árboles se produce en un área “incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña”.

Gema Rodríguez, responsable de Red Natura de WWF, explica que piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue cuál es el impacto que la tala de los árboles puede estar provocando sobre “los valores naturales de la Red Natura 2000” al mismo tiempo que compruebe “si la empresa está cumpliendo con la obligación legal de llevar a cabo compensaciones por esos posibles daños”.

Las manifestaciones que han recorrido Estados Unidos en favor del presidente Donald Trump en los últimos días han vivido algunos incidentes. Es el caso de la que tuvo lugar en Berkeley (California) este sábado, cuando un grupo de partidarios y detractores de Trump se han enfrentado en varias peleas.

La Policía ha tenido que intervenir para separar a los manifestantes y evitar que los altercados fueran a más. No obstante, las autoridades detuvieron a diez personas después de los incidentes, que no dejaron a nadie hospitalizado pese a contarse hasta siete heridos.

Las manifestaciones, convocadas por los partidarios de Trump, han tenido lugar en más de 30 ciudades norteamericanas como Nueva York, Indianapolis o San Diego, aunque la de Berkeley ha sido la más violenta.

Berkeley ya ha tenido sus rifirrafes con Trump, ya que un acto en su universidad al que iba a asistir el ultraderechista Milo Yiannopoulos fue cancelado por la organización. Posteriormente, Trump respondió en su cuenta de Twitter cuestionando si el centro educativo debía seguir recibiendo fondos federales tras las protestas en el campus.

La capa de invisibilidad de Harry Potter es una auténtica antigualla: según la autora de la saga, J.K. Rowling, ha pertenecido a su familia desde el siglo XII, aunque la historia de la prenda se remonta aún más atrás porque antes de llegar a los Potter era propiedad de los Peverell, otro linaje mágico.

Lo raro, después de tanto uso, es que Harry no se encontrara con algún agujero en la tela. La escritora no ha desvelado la naturaleza del material con el que fue fabricada, pero sí sabemos que sus propiedades no se deben a un encantamiento ni está hecha con pelo de ‘demiguise’ –aunque la melena de esta criatura se use para confeccionar capas de invisibilidad−.

Ya fuera tejida con algún tipo de hebra o sometida a hechicería, su creador seguro que lo tuvo más fácil que los ‘muggles’, que solo pueden recurrir a la ciencia para sustituir a las varitas y tejidos mágicos. En el mundo real, los mantos de invisibilidad solo pueden fabricarse en un laboratorio y con métodos bastante diferentes.

Los últimos en dar a conocer su versión de la capa han sido los científicos de un equipo de la Universidad de California en Berkeley, que no han utilizado hilo ni aguja. “No la hemos tejido precisamente”, asegura a HojaDeRouter.com uno de sus creadores, el físico Zi Jing.

Jing y sus colegas han sustituido las hebras por diminutas nanopartículas de oro, un metamaterial con propiedades ópticas que permiten modificar la trayectoria de la luz. Fabrican bloques con la forma que quieren, como pequeñas piezas de un puzle, combinando dos técnicas: nanolitografía (un método de impresión a escala nanoscópica) y evaporación.

Invisibilidad microscópica

A ambos procesos hay que añadirle el apellido “por haces de electrones”, aunque tienen fundamentos distintos. “El primero sirve para moldear el material para conseguir la geometría y tamaño deseados”, explica Jing. El segundo consiste en calentar ‘pellets’ de oro hasta vaporizarlos, para luego obligarlos a solidificar mediante frío en forma de láminas microscópicas.

En vez de unirse directamente entre sí, los diminutos bloques se depositan sobre el objeto que se quiere ocultar, un proceso más complejo que cualquier técnica de costura. Para fijarlos utilizan un adhesivo con cromo. “Hay que colocarlos en una posición determinada para conseguir el efecto”, dice el investigador.

El resultado es una capa ultrafina (de unos 80 nanómetros de espesor) que recubre toda la superficie del cuerpo. “Puedes imaginarlo como una tela que puedes colocar sobre cualquier cosa, solo que extremadamente delgada, más que un pelo humano”, dice Jing.

Para el estudio donde describieron por primera vez el proceso −publicado en la revista Science− los investigadores fabricaron incluso el objeto con forma irregular que querían esconder, de tan solo 1.300 micras cuadradas de superficie (0,0013 milímetros cuadrados). Aunque de momento no cumple con los requisitos de tamaño para cubrir a Harry Potter, el objetivo es que lo haga en el futuro.

Como es tan pequeño, por mucho que nos esforzáramos no seríamos capaces de apreciar el efecto a simple vista, ni siquiera de ver el cuerpo al descubierto. Para comprobar que funciona y para continuar desarrollando mejoras, Jing y el resto del equipo necesitan mirarlo todo a través de un sistema de lentes y una cámara -“una especie de microscopio”, aclara el científico-. En otras palabras, le sacan fotografías muy ampliadas. “Comparando las imágenes con la capa y sin ella podemos saber si hemos ocultado el objeto”, indica Jing.

Cada nanoestructura de oro actúa como una antena en miniatura que absorbe y refleja los rayos de luz. Colocadas estratégicamente, cambian la trayectoria de las ondas que reflejan para así borrar del mapa al objeto que recubren.

Otra de sus limitaciones es que no funciona con cualquier tipo de luz, solo para longitudes de onda en torno a 730 nanómetros, una franja que corresponde a la región del color rojo. “Ahora trabajamos para extenderlo a todo el espectro”, asegura el investigador.

Además del que investigan Jing y sus compañeros, existen más modelos de capas de laboratorio, pero la verdad es que su apariencia tampoco recuerda (de momento) a la de los mantos que aparecen en la ficción.

Capas que no son capas

La primera, fabricada en 2006 por investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad de Duke (Estados Unidos), solo servía para microondas. También estaba elaborada a partir de metamateriales, esta vez dispuestos en forma de aros concéntricos alrededor del objeto a esconder. La luz golpeaba por una parte y era redirigida por los costados hacia la posterior, por donde escapaba, de manera que la zona central quedaba oculta.

La de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), sin embargo, se compone de cristales de calcita. Este mineral polariza la luz, es decir, tiene la propiedad de dividir un rayo en dos que se alejan a diferente velocidad. Por eso los objetos se ven dobles a través de él.  

En este caso, la estrategia consiste en colocar el cuerpo entre dos pequeños prismas del mineral, suficientes para tapar algo del tamaño de un alfiler. Para observar las consecuencias hace falta un espejo: el efecto óptico producido por las piezas hace que el objeto desaparezca en la superficie especular. De momento, el método solo funciona para las longitudes de onda de la franja del color verde.

Por ahora no hay mucho más en el escaparate. En cada uno de los centros, los científicos continúan trabajando para mejorar sus creaciones. Quizá algún día merezcan de veras el nombre de “capa de invisibilidad”, al menos tal y como lo entendemos por Harry Potter. Hasta entonces, habrá que seguir investigando.

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Las fotografías de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de UCL, Berkeley Lab, Roy Kaltschmidt/Berkeley Lab y David Schuring/Universidad Duke

El alcalde de Brekeley (Misuri, EE.UU.), Theodore Hoskins, ha anunciado que se abrirá una investigación para aclarar el tiroteo en el que un policía mató a un hombre afroamericano que iba armado, al tiempo que ha señalado que este caso no es comparable con el sucedido en la ciudad vecina de Ferguson.

En una rueda de prensa, Hoskins, que es afroamericano, lamentó que cuando se conoció el suceso de lo que se hablaba era de que “un policía blanco ha matado a un afroamericano”.

Pero Hoskins señaló que este caso no se puede comparar ni con el de Ferguson, en el que un agente mató a un joven desarmado, ni con la muerte de otro afroamericano en Nueva York por una llave no autorizada que le aplicó un policía cuando intentaba detenerlo.

Aunque Hoskins lamentó el suceso, señaló que, según se ve en el vídeo de vigilancia de la gasolinera donde se produjo el tiroteo, el joven fallecido, identificado como Antonio Martin, de 18 años, apuntó directamente al agente con un arma.

El alcalde consideró que la acción del policía “pudo haber salvado su vida”. El tiroteo provocó un par de horas de tensión en las inmediaciones de la gasolinera, donde acudieron manifestantes que se enfrentaron a la Policía y lanzaron material pirotécnico.Por su parte, el jefe del departamento del Condado de St. Louis, Jon Belmar, dijo entender las “emociones” y señaló que su departamento llevará a cabo una investigación independiente.

Belmar indicó que el policía, que no identificó por su nombre, tiene 34 años, con seis de experiencia en la institución.