Apenas treinta minutos ha durado la vista de conformidad que ha puesto punto final a la pieza original de una de las principales tramas de corrupción en la historia reciente de Canarias, el denominado caso Unión. La repentina y tardía confesión de su principal acusado, el abogado y empresario Luis Lleó, ha evitado el juicio con jurado y se ha saldado con una condena aceptada -y rebajada- de un año y medio de cárcel y una multa de 150.000 euros por un delito continuado de cohecho.

Lleó, para quien la Fiscalía pedía en principio seis años de cárcel, remitió la pasada semana un escrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que reconocía los hechos objeto de la acusación, esto es, que trató de sobornar a un político, el entonces (año 2009) consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, para desbloquear el proyecto de construcción de mil viviendas en Yaiza. El Ayuntamiento de esta localidad situada en el sur de la isla había concedido licencia para desarrollar la urbanización de Costa Roja, pero el Cabildo lo había impugnado por irregularidades urbanísticas.

Para acometer su plan, Lleó contó con un intermediario, el también empresario Fernando Becerra, que confesó mucho antes y que, por ello, ha sido condenado a una pena menor, de un año de prisión y 100.000 euros de multa. La Fiscalía solicitaba para él en su escrito de calificación un año y medio de cárcel.

Tanto a Lleó como a Becerra se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, por una paralización de la causa por razones no imputables a los acusados que el fiscal Javier Ródenas ha cifrado en tres años y medio desde que diera comienzo la instrucción.

A Lleó se le ha aplicado también la atenuante de confesión tardía (diez años después de cometidos los hechos), sobre la base de una sentencia firmada por el juez Pablo Llarena en noviembre de 2018 que concede este beneficio al procesado siempre que el arrepentimiento sea “útil y eficaz”. En este caso lo es, según el representante del Ministerio Público, porque evita un juicio con jurado que se hubiera prolongado en el tiempo.

El acuerdo de conformidad con los acusados incluye una pena alternativa a la de cárcel. Cada día de privación de libertad se puede sustituir por dos días de multa a razón de diez euros por cada uno de ellos. Además se les devolverá las fianzas y se les cancelarán los embargos.

La magistrada Oscarina Naranjo ha dictado la sentencia in voce y le ha dado firmeza, al anunciar todas las partes que no interpondrán recurso contra ella. La resolución impone un plazo de dos años y medio a Lleó y de un año y medio a Becerra para pagar las multas, que ascienden a 150.000 y 100.000 euros, respectivamente.

“Un hombre de recursos”

El fiscal Javier Ródenas llegó a calificar a Luis Lleó como “un hombre de recursos”. Y es que, antes de su confesión, impugnó decenas de resoluciones judiciales y trató por todos los medios de anular la causa en su contra. Estuvo a punto de conseguirlo. Fue el magistrado -hoy suspendido y condenado- Salvador Alba quien, en abril de 2017, anuló la grabación que destapó el intento de soborno de Becerra, actuando como intermediario de Lleó, a Carlos Espino. Fue este último quien la registró con un dispositivo que le facilitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de que el consejero denunciara los hechos tras una primera conversación con el empresario.

El auto firmado por Alba señalaba que esa grabación fue “preordenada” por la UCO para obtener pruebas de un delito que sabía que se podía cometer y que, por ello, no era válida. Esa resolución fue recurrida por el fiscal, que, en la vista celebrada en noviembre de 2018 en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dirimir la validez de ese audio, acusó al magistrado de haberla dictado pensando en su propia defensa, ya que por entonces se le investigaba por su conspiración contra la también jueza Victoria Rosell, unas diligencias que se abrieron, precisamente, a raíz de otra grabación subrepticia, la que registró el empresario Miguel Ángel Ramírez en el despacho de Alba.

El auto fue finalmente anulado por el TSJC, que avaló la grabación como prueba y dejó a Lleó sin más argumentos de defensa, lo que le condujo, en último término, a la confesión de los hechos a cambio de una sustancial rebaja en las penas.

Con anterioridad, el acusado había tratado de tumbar el procedimiento por la vía de vulneración de los derechos fundamentales. En la vista previa de cuestiones previas presentó un escrito de más de 500 páginas con 120 causas de nulidad. El juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, se convirtió en el centro de los ataques de la defensa del abogado y empresario, que incluso se llegó a querellar contra él.

En medio del procedimiento también irrumpió una asociación de juristas, la Jiménez de Asúa, que se alineó con la tesis de la defensa para desacreditar la instrucción de Pamparacuatro.

El empresario Luis Lleó, principal acusado del caso Unión de corrupción en la isla de Lanzarote, ha decidido confesar los hechos. Después de interponer decenas de recursos desde la apertura de la investigación, en el año 2009, de cuestionar la instrucción y de intentar tumbar la causa a través de la anulación de la grabación que da origen al procedimiento, el promotor inmobiliario ha reconocido que trató de sobornar a un político, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, a través de un intermediario, Fernando Becerra, para desbloquear el proyecto urbanístico en el sur de la isla cuya licencia, concedida por el Ayuntamiento de Yaiza, había sido impugnada por la corporación insular.

Según informa La Voz de Lanzarote, Lleó registró el pasado martes un escrito ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que solicita la anulación de la vista oral y un acuerdo de conformidad por su arrepentimiento a cambio de una rebaja en la condena. “De forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos”, escribe el empresario, que desiste de las cuestiones previas planteadas y de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.

Lleó había logrado, a través de un auto firmado por Salvador Alba, anular la grabación original, la que captó ese intento de soborno. El magistrado, condenado recientemente por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, expuso en su resolución que esa grabación había sido “preordenada” por la Guardia Civil para obtener pruebas de un delito “que se sabía se podía cometer”. Fue el propio Espino quien registró la conversación, a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) y con un dispositivo facilitado por el cuerpo armado, después de poner en su conocimiento el contenido de la primera conversación con Becerra en la cafetería Unión de Arrecife.

Ese auto de Alba fue finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avaló la grabación. El fiscal Javier Ródenas señaló que el magistrado lo había emitido pensando en su propia defensa, ya que, por aquel entonces, también estaba siendo investigado a raíz de una grabación subrepticia, la que registró el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.

En la vista de cuestiones previas, Lleó presentó un escrito de 550 folios con 120 peticiones de nulidad. Llegó a impugnar hasta el escudo de los folios en que se imprimieron algunos autos.

Con anterioridad, había presentado incluso una querella -que no fue admitida a trámite- contra el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, al que acusaba de haber manipulado diversas resoluciones en el procedimiento. Entre medias irrumpió en el proceso la asociación de juristas Jiménez de Asúa, que, a pesar de erigirse en acción popular, se alió con la defensa de Lleó para tratar de desacreditar la instrucción y, de hecho, también se querelló contra Pamparacuatro.

Gastada la última bala con la anulación del auto de Alba y después de ver cómo sus reiterados recursos alegando una vulneración de derechos fundamentales han sido sistemáticamente rechazados por los tribunales, el empresario ha decidido dar ahora un giro a su estrategia de defensa y confesar.

Lleó ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que convoque a las partes a una vista, “sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y la formación del jurado”. El acusado se compromete a pagar la cantidad que se le reclame como parte de la condena.

El también abogado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, una multa de un millón de euros y diez años de inhabilitación por un delito de cohecho continuado. El otro encausado en esta pieza del caso Unión, el también empresario Fernando Becerra, reconoció los hechos en 2014.

El nombre del magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, suspendido de funciones tras la apertura de juicio oral en su contra por la presunta comisión de cinco delitos, ha estado muy presente en la vista celebrada este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dirimir el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto con el que anuló la grabación inicial del caso Unión.

Javier Ródenas, representante del Ministerio Público, sostiene que la decisión adoptada por el polémico juez, que había sido designado presidente del tribunal de jurado de la principal pieza de esta trama de corrupción en la isla de Lanzarote, tenía como finalidad “blindarse ante las acometidas procesales” en la causa en su contra, la que se instruyó en el TSJC por sus maniobras para perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell.

Y es que, al igual que el procedimiento contra Alba, la pieza que da origen al caso Unión tiene como prueba de cargo fundamental una grabación subrepticia realizada en un despacho. En este caso, en el del político socialista Carlos Espino, el denunciante. El entonces consejero de Político Territorial del Cabildo de Lanzarote registró una conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando como intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, trataba de sobornarle para desbloquear un proyecto urbanístico, la urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de la isla.

Alba, actuando como órgano unipersonal, anuló esa prueba al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales del principal procesado en la causa, Luis Lleó, ya que la grabación se había realizado bajo la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero sin autorización judicial. El auto remarcaba además que ese audio contenía cortes, la misma razón que ha esgrimido el juez en la causa en su contra para tratar de anular la grabación de su reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez.

La vista de este jueves tenía como objeto revisar la validez de la grabación inicial del caso Unión, anulada en el auto dictado por Alba. El fiscal Javier Ródenas considera que la resolución del magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas introdujo valoraciones sobre las pruebas que solo se pueden hacer tras el juicio, lo que afectó a “la garantía de imparcialidad”. En opinión del representante del Ministerio Público, ese auto, de 72 páginas, está “plagado de prejuicios”, hasta el punto de llegar a afirmar que el procedimiento “no tenía razón de ser”.

Según Ródenas, “la óptica” de Alba se vio comprometida “por su situación personal, precisamente por una grabación subrepticia”. “La brújula que guió el norte de su actuación se vio alterada por sus propias coordenadas”, expuso el fiscal, que cree que el juez “se vio reflejado” en el principal encausado del caso Unión, Luis Lleó. Prueba de ello es “la importancia” que Alba da al lugar donde se produjo la grabación, un despacho al que atribuye una “expectativa razonable de privacidad”.

En su intervención ante la Sala de lo Penal del TSJC, conformada por su presidente, Antonio Doreste, y por las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini, el fiscal explicó que Alba confundió la licitud de una prueba con su fiabilidad y la desechó por el mero hecho de que tenía cortes. “Es de primero de carrera. Las pruebas pueden ser más o menos fiables, pero no por eso son nulas. (El juez) hace una indescifrable mezcolanza procesal”, ha manifestado Ródenas, que ha puesto de manifiesto, además, el cambio de criterio de Alba cuando actuaba como órgano colegiado, en el auto del 8 de enero de 2015, a cuando lo hizo en calidad de órgano unipersonal, en 2017.

“Ha perdido la capacidad y rectitud de justicia, la garantía de imparcialidad. Pretende erigirse en enjuiciador perpetuo de todas las piezas del caso Unión”, ha agregado el fiscal. El entorno del empresario Luis Lleó sostiene que la nulidad de esa grabación inicial puede tumbar el resto del procedimento, como ocurrió en la Audiencia de Madrid con el denominado caso Guateque, una trama de sobornos para agilizar licencias en el Ayuntamiento de la capital, una causa que, por su desenlace, la defensa del empresario trata de asimilar al caso Unión.

Una equivocación “grosera”

Con respecto a la grabación del encuentro entre Fernando Becerra y Carlos Espino en el despacho del entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el fiscal niega la vulneración de derechos fundamentales a la que alude el auto de juez Alba. Sobre la que afecta a la intimidad de Lleó, Ródenas ha calificado el argumento del juez ahora suspendido de “cuando menos extraño”. “Lleó no está en la grabación. Es una conversación privada entre Becerra y Espino en el despacho de este. No se habla de aspectos personales o íntimos” del empresario, incide el fiscal, que considera “demasiado grande” el salto que da en su resolución Salvador Alba para justificar esa vulneración.

En relación al lugar donde se produce la grabación, al que Alba concede especial relevancia, el fiscal coincide en que hay una “expectativa razonable de privacidad” en un despacho, pero matiza que ello no implica que uno de los interlocutores tenga la obligación de guardar el secreto y redunda en que, “en su propio planteamiento defensivo”, el magistrado alude en su resolución a una sentencia del Tribunal Constitucional “que no tiene nada que ver” con esta causa, sobre un periodista que graba en la consulta de un médico con cámara oculta.

Sobre la revelación de secretos, ha recordado que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar cuando se tenga conocimiento de un delito. “Se trata de un intermediario que está intentando sobornar un político. ¿Tenia que guardar secreto? ¿Hasta ese punto llega el Derecho? Choca con el sentido común”. Cabe recordar que Fernando Becerra ha confesado los hechos por los que se le enjuiciará junto a Lleó.

El último argumento de Alba versa sobre la ausencia de cadena de custodia. El juez alude a que hay cortes en la grabación. “De nuevo se confunden los planos de la licitud de la prueba y su fiabilidad. Es una equivocación grosera y el tribunal no está para perpetuar errores”, ha zanjado el fiscal, que ha recordado que no existe “ninguna motivación” para excluir otras grabaciones que cuentan con el respaldo de un oficio de la UCO y un auto del juez instructor.

Caso Guateque

La defensa de Luis Lleó, ejercida por el abogado Manuel Matamoros, se ha basado, como anticipó el propio fiscal, en la sentencia del caso Guateque y sus similitudes con Unión. Sostiene el letrado del empresario que la causa se inició con una prueba “preordenada” por la UCO, que proporcionó un dispositivo de grabación a Espino para que pudiera registrar su encuentro con Fernando Becerra. Según Matamoros, esta actuación, que no contaba con la autorización de un juez, tenía como objetivo “justificar las intervenciones telefónicas”.

“La sentencia del caso Guateque dice que el Supremo no está dispuesto a tolerar el menoscabo de derechos fundamentales, que su protección es mucho más importante que un soborno”, ha manifestado el abogado de Lleó, que considera que ambos casos se parecen “como dos gotas de agua”. Una opinión opuesta a la del Ministerio Fiscal, que ha precisado que, al contrario que en el caso Guateque, en Unión esa grabación se produjo como consecuencia de una denuncia previa de Carlos Espino, “sin engaño al juez instructor”, con “ausencia de clandestinidad y buena fe”, como demuestra el hecho de que la UCO dejó constancia en un acta de la cesión de la grabadora al dirigente socialista. En la trama de corrupción empresarial y funcionarial en el Ayuntamiento de Madrid, en cambio, “se hizo pasar por espontánea una grabación que había preparado la Guardia Civil”.

Al igual que ocurriera en la vista de cuestiones previas celebrada en febrero de 2017, el abogado de Lleó ha aludido además a las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la instrucción, entre ellas la prórroga de las escuchas, que entiende que no pudieron ser firmadas por el primer instructor, César Romero Pamparacuatro, puesto que en aquel momento tenía un permiso de vacaciones, o la “evaporación” de la grabación de “la única reunión” en la que aparece el promotor de la urbanización Costa Roja.

“Hay que sanear los medios de pruebas antes de ir al tribunal de jurado, que son legos en Derecho”, ha concluido Matamoros, que ha vaticinado que el juicio se va a anular por vulneración de derechos fundamentales.

En su segundo turno, el fiscal ha recordado que la mayoría de las cuestiones planteadas por la defensa de Lleó ya se han resuelto, que el juez instructor “nunca pierde su jurisdicción”, por lo que Pamparacuatro era “el único competente” para autorizar las prórrogas de las escuchas y subsanar defectos formales, que pudo hacerlo estando de vacaciones y que, cuando ordena las intervenciones telefónicas, lo hace a partir de la denuncia de Carlos Espino y no de la grabación de encuentro con Fernando Becerra en su despacho.

Ródenas ha insistido en que, aun en el caso de que el TSJC dictaminase que esa grabación inicial es ilícita, no existe ningún nexo con las intervenciones telefónicas ordenadas con posterioridad, por lo que entiende que no afectaría en modo alguno al resto de la causa. “Es una falacia decir que el origen del caso Unión es esa grabación, es una mentira bien contada. El origen es la denuncia de Espino del 4 de junio de 2008 sobre un intento de soborno. No he encontrado ninguna resolución donde las nulidades tengan carácter retroactivo”, ha concluido el fiscal, que ha pedido a la Sala “un análisis de buen cirujano”.

El abogado y empresario Luis Lleó, principal acusado en la mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias por número de delitos y piezas, el caso Unión, ha gastado una de sus últimas balas para intentar anular las pruebas que lo incriminan en el intento de soborno a Carlos Espino, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote en el momento de los hechos, para desbloquear un proyecto de urbanización que el ahora encartado promovía en el sur de la Isla.

Este jueves se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria la vista sobre las cuestiones previas, la antesala del juicio oral. El acto ha estado presidido por el polémico magistrado Salvador Alba, que juzgará a Lleó y a Fernando Becerra (el otro procesado) por el procedimiento de tribunal de jurado, salvo que sea apartado si antes prospera alguna de las acciones penales o disciplinarias que en su contra se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por maquinar una declaración junto a un empresario investigado para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell.

La decisión que adopte Alba sobre las cuestiones previas planteadas este jueves por las partes y, en especial, sobre la solicitud de la defensa del principal acusado para anular determinadas pruebas, será clave para el devenir del juicio de esta pieza, la que dio origen al caso Unión. Ya lo advirtió el propio juez en la conversación que mantuvo el pasado 23 de septiembre con sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en el office del tribunal, una charla que grabó y que presentó a un procedimiento judicial. “Espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”, advertía Alba a otro magistrado que veía a Lleó “pillado por todos lados”. “El problema de Lleó es que es un jurado. Y un jurado lo va a condenar seguro”, aventuraba Alba en esa grabación.

Más de 500 folios y documentos anexos

El extensísimo escrito de cuestiones previas redactado y presentado por Lleó superaba los 550 folios y los 500 documentos anexos. El letrado que ejerce su defensa, Manuel Matamoros, ha centrado su intervención de este jueves en abordar aquellos puntos del escrito que, en su opinión, tienen “fundamento” y ha descartado aludir a buena parte de los argumentos esgrimidos por su cliente. Aún así, su exposición se ha extendido durante un periodo de casi dos horas. Alba le ha interrumpido en dos ocasiones para pedirle que finalizara su alegato.

“Podríamos dar una impresión paranoica, pero hemos procurado defendernos con lealtad al proceso”, ha reconocido Matamoros en relación a la extensión de las cuestiones previas y a la gran cantidad de recursos que ha presentado su cliente desde que diera comienzo el procedimiento. La defensa de Lleó ha continuado con su estrategia de intentar desacreditar la instrucción del juez César Romero Pamparacuatro, la actuación del Ministerio Fiscal y la “ineficiente” investigación de la Policía Judical y ha llegado a hablar de “filibusterismo procesal”.

Para Manuel Matamoros, durante el procedimiento se han cometido irregularidades graves que han vulnerado derechos fundamentales de su representado. La primera alegación hace referencia a la grabación realizada el 5 de junio de 2008 de una reunión entre Carlos Espino y Fernando Becerra, el empresario que ejerció de intermediario en el intento de compra al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y denunciante del caso. La defensa de Lleó considera que esta prueba no es válida porque se realizó sin autorización judicial, a instancias de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que habían recibido la denuncia de Espino unos días antes. “Se ideó un plan para intentar reproducir hechos que habían tenido lugar hace dos semanas (el primer encuentro entre Espino y Becerra) No se adivina la razón de urgencia para realizarlo”, aseveró Matamoros.

Becerra ha reconocido durante la instrucción (también hoy su defensa, ejercida por Ubaldo González) que se reunió con Espino a instancias de Luis Lleó para ofrecerle dádivas a cambio de que retirara las acciones judiciales que había interpuesto contra las licencias concedidas de forma ilegal por el Ayuntamiento de Yaiza al promotor inmobiliario y desbloqueara así el proyecto para la construcción de unas mil viviendas en Costa Roja. Para la defensa del principal acusado, la grabación realizada por Espino vulneró el derecho a la intimidad y a no declarar contra sí mismo del empresario que ejerció de intermediario.

Lleó considera que fue esa primera grabación la que motivo la intromisión en las comunicaciones de los imputados, por lo que también reclama la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas a posteriori. “No se pretende reponer los derechos del señor Becerra, sino que mi representado se defienda de una prueba obtenida indebidamente”, ha manifestado su abogado.

También pretende eliminar las escuchas realizadas a raíz de la primera prórroga decretada por César Romero Pamparacuatro, puesto que ese auto está firmado en una fecha en la que el magistrado se encontraba de permiso por vacaciones, según una certificación que obra en el sumario. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) ya se pronunció a este respecto al no admitir una querella presentada contra el juez por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, curiosamente personada como acción popular en esta pieza.

El abogado de Lleó, Manuel Matamoros, ha aprovechado la vista de este jueves para arremeter contra esa decisión “sin precedentes” del alto tribunal canario y contra el auto dictado “por vía telepática” por Pamparacuatro. Para ello se ha apoyado en una resolución firmada por el juez Salvador Alba en enero de 2013, previa a la del TSJC. Ese escrito señalaba que el juez mantiene la jurisdicción y las competencias durante el periodo de vacaciones, salvo que otro magistrado le sustituya, en cuyo caso “podría tener incidencia en la validez de las resoluciones dictadas”.El abogado y empresario acusado de cohecho se agarra a esa coletilla para intentar tumbar la acusación de la Fiscalía, que solicita para él una pena de seis años de cárcel por un delito de cohecho.

Matamoros ha impugnado además como pruebas los soportes que contienen las grabaciones realizadas por los agentes de la policía judicial de las conversaciones entre los procesados. Alega falta de autenticidad e integridad.  Defiende que algunos audios han sido manipulados, que no se ha respetado la cadena de custodia y que durante el primer año de instrucción no fueron amparados por la fe pública del anteriormente llamado secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia. También exige la retirada de tres escrituras públicas ante la sospecha de que pudieran haber sido obtenidas tras el registro a las oficinas y al domicilio de Lleó, una orden que fue anulada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que forma parte Alba. Con esta anulación, dejó de tener validez un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a dos jueces que asesoraron al empresario para evitar el pago de impuestos.

En cambio, Matamoros ha pedido la incorporación como prueba en el juicio oral de un CD con la grabación de un encuentro entre Lleó, Espino y Becerra (la transcripción de la conversación sí consta en autos) que, a juicio del abogado del principal encartado, ofrece un relato sobre los intereses urbanísticos del promotor que “nada tiene que ver” con los que expone la acusación.

“Un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas ha agradecido al abogado Manuel Matamoros la “moderación” mostrada en su exposición de este jueves en contraposición con el documento de cuestiones previas firmado por Luis Lleó, para quien “todo es delictivo, salvo que se demuestre lo contrario, menos lo suyo”.

El representante del Ministerio Público ha afirmado no compartir la “visión apocalíptica” sobre la instrucción dibujada por el letrado de la defensa y ha precisado que en su intervención omitió un dato clave, que el origen de las diligencias previas no es la grabación del encuentro entre Becerra y Espino, sino la denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba, el procedimiento probatorio no queda viciado”, ha afirmado Ródenas, que no encuentra nexo causal entre la solicitud de anulación de esa grabación y la de las intervenciones telefónicas aprobadas con posterioridad. En este punto, el fiscal ha recordado que el coacusado (Becerra) reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad y que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Por otra parte, remarca que la grabación de esa reunión del 5 de junio de 2008 es la confirmación de un delito y no la confesión de unos hechos ilícitos cometidos con anterioridad y precisa que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de Becerra porque se habló “de algo punible, no de algo íntimo”. “Es un cohecho como un piano”, ha sentenciado.

Con respecto a la supuesta falta de jurisdicción de César Romero Pamparacuatro a la hora de dictar el auto que autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la prórroga de las escuchas, Javier Ródenas ha aludido a la resolución del TSJC que no aprecia “ningún atisbo de delito” en la actuación del juez y a otros dos autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que concluyen que el juez instructor nunca pierde la jurisdicción y competencias.

Sobre la falta de respeto a la cadena de custodia, ha recordado que todos los motivos de impugnación presentados durante la instrucción a este respecto fueron desestimados y que los “latidos procesales” que dieron origen a las diligencias han sido avalados por el Supremo. “Ni se fabricaron resoluciones judiciales ni hubo falta de control, todo ha sido validado por el Supremo”.

Por otra parte, Ródenas ha recordado que ni en los juzgados ni en las dependencias de la Guardia Civil se ha encontrado el CD de la reunión entre Lleó, Espino y Becerra reclamado como prueba por la defensa del promotor inmobiliario, aunque sí la transcripción de esa conversación. “No es un capricho, no se puede incorporar lo que no existe”, ha aseverado el fiscal. Aunque ha lamentado que se haya extraviado el soporte de grabación, no entiende que se quiera hacer ver ese audio como el “talismán que probaría la inocencia” del principal procesado.

“La careta” de la Jiménez de Asúa

Durante su intervención en la vista de este jueves, el representante del Ministerio Público ha instado a la Asociación Jiménez de Asúa, autora de la querella inadmitida por el alto tribunal canario y acción popular en la causa, a “quitarse la careta” y explicar las verdaderas razones de su personación. José Antonio Zambrano, abogado de ese colectivo de juristas en esta pieza del caso Unión, ha asegurado que no tiene “nada que ver” ni con Lleó ni con Becerra y que su único interés es “la defensa de la legalidad y de las garantías del proceso”.

El letrado ha admitido que el hecho de haber formulado una querella contra el juez César Romero Pamparacuatro obedece al auto dictado por el juez Alba el 8 de enero de 2015, el mismo al que se agarra Lleó. “No somos caballos de Troya, no tenemos intereses espurios”, ha insistido el representante de la Jiménez de Asúa, que se ha sumado a la petición de nulidad de la defensa en relación a ese auto de Pamparacuatro y se ha adherido al escrito de acusación del fiscal en el resto.

Además ha anunciado que si el auto de inadmisión de la querella se convierte en firme, se apartarán de la causa.

“Creo que es incompatible que la asociación que ha interpuesto una querella contra el juez instructor se adhiera al escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Es inconciliable”, ha concluido Javier Ródenas, que ha calificado de “malabarismos” los “esfuerzos dialécticos” de la Jiménez de Asúa para justificar su posición en esta causa.

La Audiencia Provincial ha decidido suspender de nuevo la vista oral de un juicio contra el abogado y empresario Luis Lleó, que estaba previsto que se celebrase el próximo martes. El motivo para la suspensión es que uno de los peritos judiciales ha pedido que se le conceda un plazo para elaborar un informe complementario al que ya realizó, teniendo en cuenta una nueva documentación que aportó el propio Lleó, que es el único imputado del caso.

El juicio ya se suspendió en una ocasión, el pasado mes de septiembre, porque tres de los testigos propuestos por la defensa, el abogado Manuel Matamoros, el economista Jerónimo Campón y el exdirector de Bancaja en Arrecife, Ginés Rodríguez, no habían sido citados. La nueva fecha para el juicio será el mes de julio.

En este juicio, Lleó se enfrenta a la petición de 13 años de prisión por parte de la acusación particular, formada por su hermano y su sobrino, con quienes también le unía una relación mercantil. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por administración desleal y la acusación suma los delitos de falsedad en documento societario, obstrucción al ejercicio de los derechos de los socios y apropiación indebida. También piden la devolución del dinero y una multa de más de 70.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2006 cuando se escinde la sociedad Lleó Inmuebles en favor de Consultores y Asesores Legales Lleó SL, cuyos administradores eran Luis Lleó, su hermano Jaime y el hijo de éste, todos ellos abogados. El fiscal destaca, en su escrito de acusación, que quien gestionaba la sociedad y tomaba todas las decisiones económicas era Luis Lleó, y que aprovechando esta circunstancia utilizó esa mercantil para causar un perjuicio económico a su hermano y su sobrino usando la sociedad para financiar otros negocios suyos aprovechando dos pólizas de descuento bancario que tenía concedidas en Bancaja.

Esas pólizas fueron concedidas por Bancaja en 2007. Hasta marzo de 2008, el acusado presentó 11 pagarés, a nombre de Residencial Costa Roja y Residencial Playa Honda, que cobra con la sociedad conjunta y traspasa el dinero a esas dos mercantiles. También dispuso de 1,4 millones por servicios que no había prestado a Consultores y Asesores Legales Lleó en favor de siete de sus empresas. El perjuicio causado por estos pagarés fue de 44.000 euros.

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Cuatro o cinco años más. Ese es el más que probable plazo hasta que se celebre la vista oral, por el procedimiento de Jurado, en la que se juzgue el soborno del empresario y abogado Luis Lleó al ex consejero de política territorial Carlos Espino. El intento de soborno, a través de Fernando Becerra, para retirar un pleito y desbloquear la situación urbanística de una parcela con un proyecto de mil viviendas en Playa Blanca, se produjo en el año 2008. Espino denuncia ante la UCO de la Guardia Civil y comienza un año de grabaciones hasta que en mayo de 2009 se producen las primeras detenciones del caso Unión.

La Fiscalía hizo la calificación de este caso en mayo de 2013. Pide seis años de prisión por cohecho para Lleó y un año y medio para Becerra, que admitió los hechos. Desde entonces se ha avanzado poco. El próximo 16 de diciembre está fijada la vista para las cuestiones previas. Lleó ha presentado un escrito de 550 folios que incluye 120 peticiones de nulidad. Impugna hasta el escudo de los folios en que se imprimieron algunos autos, y no es una exageración; y acompaña su petición de otros 560 documentos e informes periciales.

La vista estará presidida por el más tristemente célebre de los magistrados canarios: Salvador Alba. El mismo magistrado que en una grabación realizada por él mismo a sus compañeros de sección, en la que uno de ellos le dice que el “problema” de Lleó es que al ser un Jurado le van a condenar seguro, contesta: “Espérate, hay cuestiones previas ahí, cuidado” y añade que “esas cuestiones previas van a durar”.

Alba podría ser apartado de esa causa (y de todas) antes de resolver esas cuestiones previas, bien porque progrese la querella contra él por fabricar una declaración con el empresario Miguel Ángel Ramírez o bien porque lo sancione el Poder Judicial por lo mismo. En ese caso, se tendría que nombrar un nuevo presidente del Jurado y empezar de cero con las cuestiones previas.

Pero, si no acaba apartado y no anula nada, la demora también va a existir. Con esa cantidad de peticiones es muy probable que la vista no se resuelva antes de dos años. Las cuestiones previas del caso Eolo, cuya vista fue en agosto de 2013, se resolvieron en el plazo de un año, pero tres años y medio después, el juicio sigue sin fecha.

Después de que resuelvan las cuestiones previas, sea cual sea el resultado, habrá recurso de apelación, el siguiente paso será redactar un auto con los hechos susceptibles de ser juzgados, que también se puede recurrir, y después habrá que conformar el Jurado, a cuyos miembros se puede recusar. Viendo la trayectoria de Lleó, seguro que encuentra motivos para recusar a alguno de ellos, tal y como hizo antes recusando al magistrado José Luis Goizueta y tal y como hará, probablemente, en caso de que sea apartado Alba, a quien no ha recusado, con el magistrado que se nombre.

La recusación de Lleó a Goizueta hizo efecto porque había resuelto previamente alguna cuestión sobre su caso y se considera que está contaminado, pero será difícil encontrar a algún otro juez en la Audiencia que no haya resuelto ninguno de los 65 recursos que ha puesto Lleó en los últimos siete años.

Por otra parte, Alba también será el ponente de la pieza de las comisiones ilegales del PIL en Arrecife. La Fiscalía se quejó hace dos meses de que hace ocho que se puede fijar la fecha del juicio y no se ha hecho. Como muy pronto se celebraría en 2018 porque el año que viene la sección sexta tiene previsto celebrar el caso Faycán.

El juez Salvador Alba ha aportado en sede judicial una grabación que recoge una charla de los magistrados que conforman la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre varios procesos en curso, entre ellos el denominado caso Unión, la mayor trama de corrupción del Archipiélago. El audio, de 24 minutos de duración, incluye la conversación de Alba con el también magistrado Carlos Vielba en el despacho de este, en la que ambos departen sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con el empresario Miguel Ángel Ramírez para poner fin a las acusaciones cruzadas que se han lanzado desde que se divulgara el contenido de una grabación en la que se les escucha conspirar contra Victoria Rosell, magistrada en excedencia y diputada de Podemos en el momento de los hechos.

La reunión de los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas –Salvador Alba, Emilio Moya, Carlos Vielba y José Luis Goizueta– se desarrolla el pasado 23 de septiembre en el office de este tribunal, situado en la quinta planta de la torre tres de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Es Alba quien graba.

La conversación entre los jueces gira sobre varios procedimientos judiciales hasta que se detiene en el nombre de Luis Lleó, abogado, empresario y el principal encartado en el caso Unión, una trama en la que llegaron a estar imputadas más de 130 personas en la isla de Lanzarote. En el año 2008, Lleó intentó sobornar a Carlos Espino, denunciante del caso y entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, para desbloquear una promoción de mil viviendas en la zona turística de Playa Blanca que incumplía el planeamiento insular.

Salvador Alba ha sido designado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para presidir el tribunal de jurado que juzgará a Lleó, a quien la Fiscalía le pide una pena de seis años de cárcel y una multa de un millón de euros. En la conversación entre los cuatro magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas es Alba quien lleva la voz cantante e insinúa que el procesado está intentando llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para conformarse con pagar la multa y evitar el ingreso en prisión.

Debido a la imposibilidad de reconocer plenamente la identidad de dos de las voces que intervienen en el diálogo, nos referiremos a ellos como Magistrado 1 y Magistrado 2:

Magistrado 1: ¿Y Lleó? A mí que arreglen lo de Lleó me parece increíble. Lleó, con todo lo que ha recurrido, con todas las cuestiones previas...

Magistrado 2: Tenemos un contencioso tú y yo con Lleó.

Salvador Alba: Vamos a ver, el tema de Lleó...

Magistrado 1: Está pillado por todos lados.

Salvador Alba: Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí... ¡Cuidado!

Magistrado 1: La Audiencia ha resuelto todo.

Salvador Alba: El problema de Lleó es el siguiente. Que es un jurado. Y un jurado le va a condenar seguro.

Magistrado 1: ¿A un corrupto denunciado por ética? Le van a dar hostias por todos lados.

Salvador Alba: Y por lo visto ha cumplido seis meses en preventiva. Así que...

Magistrado 1: Ya, ya, ya, ya...

Salvador Alba: Osea, lo que ofrece es pagar la multa, básicamente. La oferta que le ha hecho es pagar la multa y ya está. La prisión ya está cumplida. Seis meses y no entra en prisión.

Magistrado 1: Pero está implicado en más cosas, ¿eh? Tiene más causas por ahí.

Magistrado 2: Creo que no. 

Magistrado 1: ¿En Unión no hay ninguna pieza más?

Magistrado 2: : Me parece a mí que no.

Magistrado 1: : En Unión puede estar medio Lanzarote.

Salvador Alba: Entonces, son esas dos cosas las que tienes que guardar.

Magistrado 1: Claro, sí, sí.

Salvador Alba: Que es un tribunal popular y te están dando una salida y que la salida que te ofrecen es cero patatero. Osea, no entras en prisión. Y, claro, si entra en juicio pues se la juega. De todas maneras, esas cuestiones previas van a durar...

Magistrado 1: En Unión tu verás que va a haber gente que se va a conformar, ¿eh?

Salvador Alba: Ya hay conformados...

Magistrado 1: Ya hay uno, ya hay uno.

Salvador Alba: Hay más, hay más.

Magistrado 2: Aunque viendo cómo respira el Supremo, igual no se conformaría... (inaudible)  Y cuando habla del caso Minutas (causa por la que fue condenado el abogado y expresidente del Sevilla José María del Nido) dice que para este caso no se va a aplicar.

En ese momento, la conversación entre los magistrados se desvía hacia los honorarios de determinados abogados. “Cobra en pisos y en coches”, llega a decir uno de ellos en el diálogo que recoge la grabación.

Alba aportó los nuevos audios, con copia a las partes, tras prestar declaración este miércoles ante Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la causa que se instruye a raíz de su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez, a quien acusaba inicialmente de los delitos de descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones.

En su comparecencia de esta semana, el magistrado ha reducido su acusación a un único delito de fraude procesal. Alba no ha aportado las pruebas (mensajes de whatsapp, correos electrónicos y registro de llamadas) que demostrarían que fue presionado para archivar la causa contra el empresario por delitos contra la Hacienda Pública.

El audio incorpora en su parte final un diálogo entre Salvador Alba y Carlos Vielba en el despacho de este último. Se trata del único fragmento que puede guardar algún tipo de relación con la causa en la que el juez intenta presentar la grabación como prueba, en su denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.

Vielba se había reunido unos días antes con Ramírez para intentar mediar en el conflicto entre el empresario y su compañero y le había propuesto un acuerdo extrajudicial para enterrar las hostilidades. En la grabación aportada a Rafael Passaro se escucha cómo Alba se interesa por las condiciones de este acuerdo y su colega le plantea un encuentro en la casa de Ramírez “en bañador” para que no se puedan registrar las conversaciones. En ese momento la Guardia Civil aún no había emitido el informe pericial en el que se descubriría la grabación completa que se escondía en la papelera del dispositivo usado por Ramírez.

Salvador Alba: Si yo quisiera ver a este (Miguel Ángel Ramírez), ¿te explicó cómo sería o no?

Carlos Vielba: Sí. Nosotros tres, si queremos en una piscina.

Salvador Alba: En una piscina, ¿dónde?

Carlos Vielba: En su casa del sur.

Salvador Alba: En su casa del sur.

Carlos Vielba: Me jura y asegura que no va a hacer nada.

Salvador Alba: Es que que me jure y me asegure que no va a hacer nada...

Carlos Vielba: No, pero estando yo presente, ¿qué puede hacer? Vale, sí, graba, estamos los tres.

Salvador Alba: Bueno, sí, ya. Desde luego yo ya evidentemente me cortaría un pelo.

Carlos Vielba: Dice él: “¿Me llama como testigo el TSJC, por ejemplo? Pues tengo que ir a Miami”. Claro, porque esto en seis meses se acaba. Este tiene contactos en todos lados. De repente la pericial pues no aparece o se retrasa. Eso decídelo tú solo, no se lo digas ni a Tere (la mujer de Alba) siquiera. Lo decides tú solo para que no te caliente nadie la cabeza.

Salvador Alba: ¿No te dijo nada de lo que pide, no? No te dio la clave. La clave, ¿qué es la clave?

Carlos Vielba: No, la clave es poner trabas a todo. Él la pericial la puede parar, seguro que la puede parar.

Salvador Alba: ¿Qué pericial?

Carlos Vielba: La de la Guardia Civil.

Salvador Alba: Esa yo quiero que salga, tío.

Carlos Vielba: ¿Para qué?

Salvador Alba: ¿Cómo que para qué? Para que se vea que eso está cortado.

Carlos Vielba: Cortado ya está.

Salvador Alba: No hay original. Que lo diga la Guardia Civil. Él ya lo ha dicho.

Carlos Vielba: Yo se lo dije a él. ¿Tú tienes el original? “El original yo lo hice trizas”.

Salvador Alba: Pero una cosa es que lo diga él...

Carlos Vielba: (inaudible)... y otra cosa es que quiera hacer sangre. Porque él lógicamente el dispositivo no tenía por qué borrarlo. Porque una vez que lo borra, dice: pues ya...

Salvador Alba: Evidentemente. Además, borrarlo... Borrarlo con garantías de que no lo va a sacar alguien. Porque tú sabes que si yo voy a borrar algo, eso, y mañana voy...

Carlos Vielba: No es que esté borrado, es que el dispositivo se lo cargó.

Salvador Alba: Eso es otra cosa.

Carlos Vielba: Es imposible sacar nada porque lo pisoteó.

Salvador Alba: Eso es otra cosa. O si lo machaca. Yo es que pensaba que era un dispositivo nuevo, el tío trae uno nuevo y dice: “Con este es con el que grabé y aquí no hay nada”.

Carlos Vielba: Él me asegura que no. Además había otra persona presente, osea que no. Éramos tres. Me ha dicho que se lo ha cargado, que no se puede sacar nada.

Salvador Alba: Claro, pero otra cosa es que él vaya y diga, -que ni siquiera lo ha dicho bajo juramento, porque no se le tomó juramento, hizo una comparecencia y además espontáneamente-, por cierto, que del dispositivo original yo lo borré. Y otra cosa es que la Guardia Civil diga: Aquí no hay original. Por tanto, estamos analizando que en una copia no podemos saber si esto era más largo, si esto era más corto... A mí me interesa, porque con esa memoria me voy al TSJC y digo: Mire usted, archiven esto. Eso es lo que yo quiero hacer. Que él, en el procedimiento de Vicky (Rosell) o en la denuncia que yo le he puesto en el juzgado de instrucción quiere hacer eso y darle largas y decir: “Bueno, es que no sé, es que tal, que cual...” A mí a través del abogado, osea, el abogado de él y el abogado mío hablaron para ver si, en fin, si yo retiraba la denuncia en el juzgado de instrucción, de manera que este no hiciera sangre y tal. Y de hecho fue cuando él llegó y dijo lo de: “El original lo borré”. Pero con todas estas cosas, lo que quiero es que se acabe cuanto antes lo de la Guardia Civil y a tomar por saco (...) Bueno, ¿y tengo plazo para eso o..?

Carlos Vielba: No.

Salvador Alba: Lo meditaré.

Carlos Vielba: Dictaré una providencia para que en el plazo de tres días se manifieste (Risas). 

Salvador Alba: No, coño, pero yo qué sé, le tengo que dar vueltas, joder, porque si yo me huelo que va a salir ya...

En ese momento una tercera persona interrumpe la conversación, que prosigue segundos después de la siguiente forma:

Salvador Alba: Claro, si yo me entero que esto está a punto de salir, de llegar el informe de la Guardia Civil, pues claro... Vamos a ver, la Guardia Civil lo ha retrasado esto. Se mandó en junio, en julio, y al mes, que tú dices “ya va a salir”, la Guardia Civil dijo: “Mire, que llamen a Ramírez y pregunten cuántas grabaciones hizo, en qué fechas las hizo y cómo fue el dispositivo de la copia, el pen drive y tal”. La otra citó a Ramírez y le dijo: “No me acuerdo, la fecha no me acuerdo, no sé, yo llegué allí, corté cuando entró Emilio Moya...” Mentía, miente como un bellaco. Vale, lo manda a la Guardia Civil. Pasa el verano. Y dices tú: “Ya tiene que estar aquí”. Llega otro Guardia Civil y dice: “Mire, mándeme los otros dos informes periciales, el de Ramírez y el de Salvador”. Y eso se lo mandaron la semana pasada. Ahora sólo falta que cuando llegue finales de septiembre lleguen y digan: “Sí, sí, sí”. Entonces voy a empezar a creerme lo que tú me estás diciendo. Y es que este retrasa eso todo lo que le da la gana. Pero no es normal. El perito mío lo hizo... ¿Qué tardó el perito mío en hacerlo? Pues diez días, doce días. Un perito. No te estoy hablando de criminalística de la Guardia Civil, que supongo que tienen que tener medios para aburrir. Pero bueno, ya te digo.

El juez Rafael Lis se ha reincorporado a su puesto en el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, tras varios meses de baja médica, en concreto desde el pasado marzo. El magistrado ha dictado un auto por el que se inhibe en el procedimiento contra el ex secretario de Unión, José Ramón Vera, y dos agentes de la UCO que fueron denunciados por Luis Lleó.

Lis se ha apartado del caso por tener una enemistad manifiesta con Vera, ya que éste denunció al magistrado y la denuncia fue admitida a trámite por la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de junio. El caso pasará a instruirlo el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife.

En la denuncia se acusa a Lis de varios delitos, como falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia, cometidos presuntamente, durante la instrucción por parte del juez de una denuncia de Lleó, uno de los principales imputados en el caso Unión.

En el auto de admisión de la querella se considera que el juez Lis dictó seis autos, entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, dentro de dos procedimientos judiciales cuando debía haberse abstenido ya que había sido recusado porque su mujer, Margarita Alejo, era la abogada de Juan Francisco Rosa, al que se le había dejado personarse como acusación particular en la investigación del robo o desaparición de autos de Unión.

Puede leer la información íntegra en Diario de Lanzarote.

El juicio contra el abogado Luis Lleó, principal imputado del caso Unión, por un presunto delito de administración desleal de una empresa familiar, ha sido suspendido este martes por la ausencia, uno por incomparecencia y otros por falta aparente de citación, de testigos que tanto la defensa como la Fiscalía consideran claves en el procedimiento. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado para los días 17 y 18 enero de 2017 la celebración de la vista.

El Ministerio Público pide cuatro años de cárcel para Luis Lleó, mientras que la acusación particular, ejercida por sus antiguos socios Jaime y Aday Lleó, hermano y sobrino del acusado, solicita trece años al añadirle al delito de administración desleal los de falsedad en documento societario, obstrucción al ejercicio de los derechos de los socios y apropiación indebida.

Los familiares del abogado y empresario reclaman también la devolución de la cantidad que perdió la sociedad que administraban junto a él, Consultores y Asesores Legales Lleó SL, en dos operaciones con Bancaja auspiciadas por el procesado, además de una multa de más de 70.000 euros.

El fiscal Miguel Ángel Hernández sostiene que Luis Lleó utilizó esta empresa familiar, que gestionaba y sobre la que adoptaba todas las decisiones económicas, para causar un perjuicio a sus socios y obtener liquidez para financiar negocios en otras sociedades que administraba. Para ello se aprovechó de dos pólizas de descuento -una por 104.000 y otra por 600.000 euros- firmadas a través de Consultores y Asesores Legales Lleó SL con Bancaja en 2007. Este tipo de líneas de créditos permite a las empresas cobrar por adelantado el importe de los pagarés, aunque la entidad financiera percibe una comisión que varía en función del riesgo de la operación.

Con estas pólizas de descuento, Lleó emitió once pagarés a nombre de Residencial Costa Roja y Residencial Playa Honda, de las que era liquidador y apoderado, respectivamente, para cobrarlos a través de la línea de crédito abierta por la sociedad familiar y hacer transferencias de forma inmediata a las dos mencionadas mercantiles. Lleó también dispuso de 1,4 millones por servicios que no había prestado a Consultores y Asesores Legales en favor de siete de sus empresas. Según el fiscal, el perjuicio ocasionado por Lleó a sus socios asciende a 44.000 euros, que es la cifra que recibió Bancaja en concepto de “gastos de descuento” de los pagarés.

Los antiguos socios de Lleó, que se desvincularon de la empresa en 2008, le acusan de falsear y manipular las cuentas con una supuesta factura de casi un millón de euros que suponía en realidad un crédito a su favor y una deuda para la mercantil generada por prestar un servicio como letrado para una empresa de abogados de la que él mismo era socio. Para la acusación, se da además el agravante de abuso de confianza, ya que esta operación se habría realizado cuando el sobrino de Luis Lleó, Aday, estaba ingresado en el hospital tras sufrir un accidente de tráfico.

Testigos no citados

En la vista de este martes, la defensa de Luis Lleó interesó la suspensión del juicio que debía celebrarse este martes y el miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria porque tres de los testigos propuestos no habían sido citados a comparecer en la vista. Se trata del abogado Manuel Matamoros, el economista Jerónimo Campón y el ex director de Bancaja en Arrecife Ginés Rodríguez. Los dos primeros, propuestos por la defensa, participaron, según reflejaba la UCO en uno de sus informes del caso Unión, en el asesoramiento jurídico-fiscal sobre la mercantil Residencial Costa Roja, que habría cometido varias irregularidades fiscales, y en el que también participaron dos letrados del Tribunal Constitucional. Ginés Rodríguez era el director de la entidad financiera que concedió varios créditos millonarios al procesado.

En el caso de Matamoros, la letrada de la Administración de Justicia explicó que había emitido una providencia en la que solicitaba a la defensa que facilitara una nueva dirección para que le fuera notificada la citación, ya que no había sido posible hacerlo en la proporcionada en un principio. El abogado de Lleó afirmó que no se le había dado traslado de esta providencia. Por su parte, a la acusación particular le sorprendió que no se hubiera localizado a Campón, ya que comparte oficina con otra de las testigos, María Isabel Ruiz, que sí había sido citada. En relación a Ginés Rodríguez, la letrada de la Administración aclaró que este mismo lunes tuvo conocimiento de la dirección del nuevo domicilio del ex director de Bancaja, por lo que no había habido tiempo de hacer las gestiones oportunas.

La defensa también se opuso a que la testigo María Isabel Ruiz, contable de la empresa familiar de Lleó, compareciera por videoconferencia, al entender que le generaba una indefensión “efectiva”, puesto que la falta de medios materiales impedía que se le pudiera mostrar la “numerosa documentación” para su cotejo y ratificación. Esta testigo no compareció en los juzgados de Arrecife, por lo que la Sala, presidida por el magistrado Pedro Herrera, propuso imponerle una multa de 700 euros, con la posibilidad de alegar y justificar esta ausencia en un plazo de cinco días.

El fiscal Miguel Ángel Hernández también interesó la suspensión del juicio, ya que de los cinco testigos que propuso, dos eran parte interesada en el proceso (familiares o querellantes) y, de los otros tres, dos no comparecerían por distintos motivos (María Isabel Ruiz y Ginés Rodríguez). La acusación particular se opuso a esta pretensión, alegando una “animadversión mutua” hacia el ex director de Bancaja, que ya había prestado en la fase de instrucción una declaración que “no había sido impugnada”. También propuso llamar por teléfono a la otra testigo, la contable de la empresa familiar que no había comparecido, requerimiento que fue rechazado por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Tampoco aceptaron su petición de que se “tacharan” algunos testigos propuestos, una opción que tiene cobertura en el enjuiciamiento civil, pero no en el penal.  

Debido a la suspensión del juicio, la Sala acordó que se incorporara al procedimiento documental que había sido presentada por la defensa este mismo lunes y que no había sido trasladada a las partes, sin perjuicio de la valoración posterior sobre su validez. La acusación particular se había opuesto a su aprobación.

Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión, cuyo presunto intento de soborno a Carlos Espino dio pie al inicio del caso, se enfrenta a la petición de 13 años de cárcel en otro procedimiento en el que el juicio se celebra el martes próximo en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La Audiencia Provincial ha fijado la celebración del juicio contra Lleó para el 13 de septiembre. Se trata de un caso de administración desleal denunciado por sus antiguos socios (su hermano y su sobrino) en el que el fiscal Miguel Hernández solicita cuatro años de prisión.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los denunciantes y antiguos socios, pide 13 años y amplía los delitos a falsedad en documento societario, obstrucción al ejercicio de los derechos de los socios y apropiación indebida. También piden la devolución del dinero y una multa de más de 70.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2006 cuando se escinde la sociedad Lleó Inmuebles en favor de Consultores y Asesores Legales Lleó SL, cuyos administradores eran Luis Lleó, su hermano Jaime y el hijo de éste, todos ellos abogados.

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El juez Rafael Lis, que instruye una denuncia presentada por Luis Lleó, imputado en el caso Unión, contra el ex secretario de ese caso y dos agentes de la UCO, acusa a la Fiscalía de Las Palmas de lanzar “graves, infundadas e ilusorias insinuaciones sin más sustento que su propia imaginación”.

La Fiscalía ha pedido que Lis se aparte de esa investigación porque considera que existen “sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del juez instructor” y porque su instrucción “adolece de un sesgo claro a favor del denunciante”.

Es la segunda vez que la Fiscalía pide esta medida en un caso similar sobre este juez. La primera fue en la causa que investigaba el posible robo de autos dentro de caso Unión.

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha admitido a trámite una querella contra los instructores del caso Unión, que interpuso el pasado mes de marzo el empresario Luis Lleó, uno de los principales imputados en el caso y que se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por intentar sobornar al ex consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.

Esta querella, por falsedad en documento público, se dirigía contra el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, el fiscal Ignacio Stampa, el sargento de la Guardia Civil Vicente Corral y el ex secretario del Juzgado número 5 de Arrecife, José Ramón Vera.

Lleó sostenía que todos ellos habrían falseado un auto de 23 de febrero de 2009, y su recepción, por el que se ordenaba una prórroga de los pinchazos telefónicos a Lleó, así como los cuatro mandamientos dictados para las compañías telefónicas en esa misma fecha.

Lleó argumentaba que el juez se encontraba ese día en la isla de la Palma, que el fiscal y el secretario firmaron las notificaciones sin que se hubiera dictado el auto y que el sargento de la UCO no pudo firmar la notificación porque se encontraba en Madrid.

Según el TSJC, para que estos hechos sean considerados como delito, “la alteración del documento oficial ha de recaer sobre elementos o requisitos esenciales”, y destaca que no se aporta ningún indicio o prueba de que el auto se confeccionara fuera del Juzgado de Arrecife.

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La jueza Silvia Muñoz, titular del Juzgado número 5 de Arrecife, ha rechazado la petición del promotor Luis Lleó, uno de los principales acusados en el caso Unión de que se archivase la causa y ha emitido un auto en el que ordena la apertura del juicio contra Lleó, al que la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho.

Así lo ha decidido la jueza después de que esta semana se celebrase una vista preliminar en la que compareció Lleó, que se representó a sí mismo, y el otro imputado en el procedimiento judicial, Fernando Becerra, que se conformó con el posicionamiento de la Fiscalía.

Becerra, que según la investigación habría ejercido de intermediario de Lleó ante el socialista Carlos Espino, al que le intentaron sobornar para que desbloquease la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, se enfrenta a una pena de prisión de un año y medio.

En un auto judicial hecho público este viernes, la jueza ordena que Lleó deposite en un plazo de 48 horas una fianza de más de 1,3 millones de euros “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” del procedimiento. En caso de no hacer frente a la fianza, se le embargarán “sus bienes”. En el caso de Becerra, la fianza asciende a 266.000 euros.

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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado los autos que autorizaron el registro del domicilio y las oficinas de Luis Lleó, en el marco de la investigación realizada por el caso Unión, estimando así el recurso interpuesto por la defensa del empresario, que se encuentra imputado por un delito de cohecho tras tratar de sobornar en 2009, supuestamente, al exconsejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.

La Audiencia considera que los autos dictados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife (Lanzarote) para autorizar el registro del domicilio y las oficinas profesionales de Lleó carece de “razonamiento alguno” que justifique esa medida.

“Es más, ni siquiera aparece mencionado en los razonamientos jurídicos el nombre del titular cuyo domicilio después se acuerda entrar y registrar”, asegura el magistrado el presidente del tribunal, Emilio Moya, ponente del auto de nulidad del registro.

La Audiencia de Las Palmas subraya que no solo son nulos por ello esos registros, sino “los efectos que de ellos se deriven”, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial determina, recuerda, que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

El tribunal reconoce que se ha tardado en tomar esta decisión, pero recalca que el afectado por el registro no ha podido recurrirlos hasta que se le ha notificado por completo la causa “cuatro años después, dilación única y exclusivamente imputable al órgano judicial”, el Juzgado que instruye este caso en Arrecife.

La Audiencia considera que, “precisamente” por tratarse de un caso que se juzgará por Jurado, “el procedimiento no debe caminar ni un centímetro cuando todo conduce a la nulidad de la práctica de una diligencia instructora y sus derivadas, con independencia de los indicios que puedan existir ajenos a tal diligencia”.

“El imputado no debe sufrir la llamada pena de banquillo nunca, y menos cuando se ha vulnerado un derecho fundamental, el del artículo 18.2 de la Constitución Española: la inviolabilidad del domicilio”, argumenta la sección sexta, en apoyo de su decisión.

La Audiencia aduce que no le corresponde “determinar las consecuencias que tiene para la causa la nulidad de los autos de entrada y registro recurridos, sino solo acordar que son nulos de pleno derecho” tanto estos como lo que de ellos se derive.

Luis Llegó está acusado de haber intentado sobornar a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear una operación urbanística de 69 millones de euros, en los hechos que dieron origen a la trama de corrupción conocida como “caso Unión”.

La Fiscalía de Las Palmas le imputa por ello un delito de cohecho y solicita que sea condenado a seis años de cárcel.