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El juez Salvador Alba, investigado por prevaricación, presidirá dos juicios del mayor caso de corrupción de Canarias

Una asociación de abogados vinculada al principal acusado del caso Unión ha pedido ejercer la acción popular en esta causa y en las que afectan al magistrado y a Victoria Rosell

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que Alba forma parte, anuló el registro de la oficina del principal encartado, en el que aparecieron sus vínculos con dos magistrados 

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El juez Salvador Alba

El juez Salvador Alba Efe/Elvira Urquijo A.

El juez Salvador Alba,  investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presidirá los juicios de dos de las piezas de la considerada mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias, el caso Unión. En la operación iniciada por la Guardia Civil en mayo de 2009 fueron detenidas 56 personas en la isla de Lanzarote. La causa llegó a contar con 130 imputados, aunque la cifra terminó reduciéndose a la mitad durante  la instrucción de la veintena de piezas en la que quedó fragmentada. Ya se han juzgado tres de ellas, con sentencias condenatorias para todos los procesados, diez en total.

Los dos juicios del caso Unión que deberá presidir Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas están pendientes de que se fije la fecha para celebrar la vista. El magistrado ya ha celebrado otros  dos juicios por corrupción desde que  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriera diligencias informativas en mayo para determinar si incurrió en una falta disciplinaria al reunirse con un empresario al que investigaba por delitos fiscales para  fabricar una declaración contra la magistrada a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. El CGPJ ha informado a este periódico que estas diligencias continúan abiertas y que aún no se han transformado en un expediente disciplinario.

Alba será ponente en la pieza principal del caso Unión, con 14 acusados para los que se piden penas de hasta 17 años de cárcel por la comisión de hasta ocho delitos. Todos ellos pertenecieron al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que gobernó, entre otras instituciones, en el Ayuntamiento de Arrecife. A cuatro de ellos se les acusa de formar  una asociación ilícita entre 2007 y 2009 para el cobro de comisiones ilegales a empresarios en la capital lanzaroteña. La Fiscalía cifra en 145.000 euros el saqueo a las arcas del Consistorio, computando sólo la cantidad que se ha podido demostrar, aunque estima que es superior.

El magistrado investigado también juzgará la trama que inició la investigación, que afecta al principal acusado, Luis Lleó. Este empresario intentó sobornar a Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, para desbloquear las obras para la construcción de mil viviendas en la zona turística de Playa Blanca, paralizadas después de que el Cabildo recurriera la licencia que le había otorgado el alcalde de Yaiza en contra del planeamiento insular. Para ello envió a otro empresario, Fernando Becerra, que confesó tras su detención. La Fiscalía pide para Lleó una pena de seis años de cárcel y una multa de un millón de euros.

El promotor sólo ha logrado de momento que prosperase uno de los innumerables recursos que ha presentado a lo largo del procedimiento ("Es un hombre de recursos", le dijo el fiscal Javier Ródenas en una vista). Fue precisamente la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas quien dio la razón al empresario, aunque el ponente no fue Alba, sino Emilio Moya, presidente de este tribunal provincial. El auto  anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó porque la fundamentación jurídica pertenecía a otro procedimiento. Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban a CajaCanarias, por irregularidades en la concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín.  

El juicio contra Lleó será con jurado y Alba ejercerá como presidente del tribunal después de que José Luis Goizueta, que debía serlo, fuera recusado por Lleó porque había resuelto un recurso que había presentado el empresario. El TSJC tardó un año en resolver esta situación.

En esta pieza del caso Unión ha pedido ejercer la acción popular la asociación de juristas Jiménez de Asúa, constituida en Gran Canaria en 2015 y vinculada al propio Lleó. Este colectivo de abogados y el empresario comparten procurador y uno de los letrados, Juan David García Pazos, representó a Lleó en una vista en el caso Unión. Fuentes judiciales consultadas por este periódico han corroborado esta conexión aludiendo a diferentes conversaciones mantenidas en los juzgados. La personación de la Jiménez de Asúa como acusación popular está en manos de Alba, que deberá resolver el recurso de súplica presentado por el colectivo tras una primera negativa del magistrado debido al avanzado estado del procedimiento judicial.  

Se da la circunstancia de que esta asociación de juristas también pretende ejercer la acción popular en las investigaciones a los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell, según ha anunciado su portavoz, Alberto Rubio, en Radio Faycán. En la causa que afecta a la magistrada y exdiputada de Podemos ya está personado con la misma figura, la de  acusación popular, José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, tras  consignar la fianza de 12.000 euros que le impuso la jueza Margarita Varona.

La asociación Jiménez de Asúa ya ha intentado personarse en más de 30 causas en Canarias. Según manifestó Alberto Rubio en la mencionada radio, su objetivo es actuar "contra todo comportamiento que se aparte de la norma" y tener acceso a la documentación para, a partir de ahí, "decidir qué hacer". En una de sus primeras actuaciones tras su constitución, y después de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas le permitiera personarse sólo en una de las piezas de Unión, este colectivo de abogados cuestionó la imparcialidad de la jueza instructora de la causa, Silvia Muñoz, e intentó apartarla. La Audiencia no sólo rechazó la recusación, sino que además impuso a la Jiménez de Asúa una multa de 1.000 euros por actuar "de mala fe" con la única finalidad de "dilatar la causa".

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