El nuevo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha prometido al municipalismo andaluz este sábado en la XI Asamblea General de la FAMP celebrada en Sevilla “consenso y diálogo para avanzar y reivindicar igualdad” entre todos los territorios. “Me comprometo a alcanzar acuerdos para ser reivindicativos con el papel de las entidades locales” dentro de la arquitectura del Estado, ha subrayado.

En su discurso tras ser elegido presidente de la FAMP en sustitución de Fernando Rodríguez Villalobos (que ha encabezado la organización desde 2015), el regidor cordobés ha subrayado que “no podemos permitir” que haya municipios “con mejores condiciones que otros, sean de donde sean los municipios”. Por ello, desde un “consenso que tiene que ser útil”, ha anunciado que su intención los próximos cuatro años es “exigir lo que nos corresponde: ni más ni menos”.

En esta línea, ha reclamado una financiación local “justa y urgente”, un debate, ha reconocido, que está “ligado al de la financiación autonómica”, así como a “aclarar las competencias” que tienen los municipios. De hecho, ha exigido que el poder local tenga “seguridad y certidumbre” tanto en financiación como en fiscalidad, todo en aras de poder “fortalecer los servicios públicos” y “afrontar las nuevas demandas” de los ciudadanos.

Igualmente, ha sugerido “cambios legislativos” que permitan a los municipios “engancharse” a un sistema que “nos haga más eficaces” y ha apuntado algunos de los asuntos aprobados en la resolución de la XI Asamblea General de la FAMP, como la simplificación administrativa, la gestión “más eficaz”, la lucha contra la violencia de género, la digitalización de las administraciones y la inclusión social, entre otros, con especial incidencia en la “economía verde y sostenible”, cuyo principal pilar es el agua, un “reto de futuro estratégico”.

Crecen las transferencias

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado en su intervención que las dotaciones del Plan de Cooperación Municipal (PCM), el cual incluye todas las transferencias de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, volverán a crecer en el presupuesto para 2024, tal y como ha venido haciendo en los últimos ejercicios. Para el año que viene alcanzará la cifra de 2.113 millones de euros, 68 millones más que en el ejercicio anterior.

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido en su intervención al presidente saliente su dedicación a lo largo de estos años a una institución que ha sido “alma del municipalismo en Andalucía” y ha deseado a la nueva dirección todos los éxitos en este trabajo que comienzan ahora. Asimismo, ha recordado que la FEMP y todas la federaciones de municipios “son escuelas del municipalismo y ha pedido trabajar todas juntas coordinadas con el resto de las administraciones ya que, a su juicio, en solitario somos más débiles y no podemos hacer realidad los proyectos”. García-Pelayo ha advertido que “la voz del municipalismo tiene que ser única y fuerte para convertirnos en la institución más potente del Estado. En su opinión, si nuestra voz es potente, empoderamos a los ciudadanos”.

Por último, el presidente saliente, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha despedido del cargo después de “llevar al municipalismo andaluz” a la que ha sido su XI Asamblea General. En su intervención ante más de 300 personas, ha realizado un repaso de los dos últimos mandatos, agradeciendo el “compromiso municipalista” llevado a cabo por alcaldes y concejales en Andalucía y mostrando su “más sincera admiración y respeto” por un trabajo con el que “han sido capaces de afrontar situaciones extremas”.

En este sentido, ha ha subrayado que el periodo que ahora concluye ha sido “especialmente difícil” por la pandemia, la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Medio. Ha recordado en una nota de prensa remitida por la FAMP que la crisis sanitaria “causó estragos, llevándose por delante miles de vidas y originando una crisis económica y social que impactó brutalmente en la sociedad”.

El nuevo decreto ley que la Junta de Andalucía aprobó “a contrarreloj” hace apenas dos semanas para que los VTC pudieran seguir operando en las ciudades andaluzas continúa despertando malestar entre los sectores implicados. Taxistas, organizaciones en defensa de los consumidores como Facua y, ahora también la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se han manifestado en contra de las medidas recogidas en la normativa por no contemplar en el texto final las propuestas que cada uno de ellos trasladaron directamente a los dirigentes andaluces en las reuniones previas a su entrada en vigor.

En este sentido, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recriminado al Ejecutivo andaluz que la institución que representa “no haya conocido el borrador del Decreto antes de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno”, pues ello ha provocado, según Villalobos que la regulación en cuestión “se haya aprobado” y vaya a convalidarse en el Pleno del Parlamento que se celebra esta semana “sin el concurso ni la opinión de los ayuntamientos andaluces”.

Máxime si se tiene en cuenta que el nuevo decreto ley cede competencias a las entidades municipales para convertirlas en “vigilantes de la aplicación de la ley”. Así lo manifestó en rueda de prensa la titular andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, quien demandó la “colaboración” de los ayuntamientos, asegurando que esta medida contaba con el visto favorable de la Federación.

“De espaldas” a las corporaciones locales

Sin embargo, Rodríguez Villalobos ha manifestado que “no es de recibo que los ayuntamientos asuman más competencias y funciones sin que estas vengan acompañadas de los recursos económicos necesarios para poder prestar un servicio de calidad”, aun tratándose de “competencias que, además, son difícilmente ejecutables”, como ha apuntado el presidente de los municipios andaluces. En este punto, estima que “la potestad sancionadora la asuman los ayuntamientos y que la Policía Local lleve a cabo el control del cumplimiento de las distancias, supone un coste extra para las arcas municipales”.

Por ello, desde el municipalismo afean a la Junta que la nueva norma no haya “pasado por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales”, esto es, “el órgano en el que se recoge la posición municipalista en todos aquellos proyectos normativos que afectan a las competencias locales”. De manera que el resultado final es un decreto convalidado “de espaldas” a las corporaciones locales andaluzas que, además, no atiende ni incluye “ninguna de las aportaciones que la FAMP planteó en la reunión celebrada en la víspera de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno”, según denuncia su presidente.

De ahí que el representante de los municipios y provincias andaluces haya sugerido “acordar la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley, de forma que se pueda mejorar la norma, atendiendo las demandas y reivindicaciones de los ayuntamientos y teniendo en cuenta que esta es una materia que afecta de forma importante a las competencias locales”.

El encarecimiento general de los precios que desde hace unos meses aplasta a la economía española tiene uno de sus reflejos en el sector de la construcción, al que se le han disparatado los costes de las obras al multiplicarse lo que cuestan las materias primas, desde el cemento al acero. Esto ha hecho que aflore el temor a que se produzca una masiva paralización de proyectos si las empresas no pueden hacer frente a esta situación, lo que ha llevado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a asumir el sobrecoste para conjurar este peligro. El problema ahora está en los municipios, sobre todo en los pequeños, incapaces de pagar estas desviaciones de precios, de ahí que reclamen al Gobierno andaluz un pacto que les clarifique el panorama y les permita respirar tranquilos.

La petición la ha hecho la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por medio de su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), que ha vuelto a instar a la Junta a mantener una reunión para “solucionar este problema”, algo que asegura que lleva reclamando desde hace tres semanas sin mayor suerte hasta la fecha. Villalobos no pide ni un cara a cara con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), sino que le vale como interlocutor “cualquier persona en quien delegue, no se me caen los anillos por eso”, y en este sentido la única condición que pone es que la demandada reunión “sea resolutiva”.

Villalobos habla en su calidad de máximo responsable de la FAMP pero también de la Diputación de Sevilla, y es que asegura que los organismos provinciales lo que plantean es “llegar a un entendimiento con la Junta para pagar y echar una mano a los ayuntamientos”. La idea es alcanzar un acuerdo entre los dos entes supramunicipales con competencias en Andalucía, Junta y diputaciones, para decidir cómo se reparten los sobrecostes de las obras provocados por el encarecimiento de los materiales, que Villalobos calcula en una horquilla de entre el 10 y el 20%.

La idea es que de este acuerdo se puedan beneficiar todos los municipios andaluces, incluidas las grandes ciudades. Esta postura de máximos sería el punto de partido, aunque los problemas realmente acuciantes los tienen las localidades de menos de 20.000 habitantes, con muchos menos recursos para afrontar estos pagos extraordinarios.

Los ayuntamientos, el eslabón débil

Tanto el Gobierno central como el andaluz y la Diputación hispalense ya han anunciado que apechugarán con los sobrecostes de las obras de su competencia que están en marcha para blindarlas y evitar que se produzca un frenazo, una perspectiva que tiene con las carnes abiertas a muchos municipios con los proyectos que tienen en marcha. Para despejar el camino, el Ejecutivo central publicó una norma en la que asumía este compromiso, que en Andalucía fue ampliada por la Junta, de ahí que desde la FAMP lo primero que se le está pidiendo a los ayuntamientos es que se adhieran al decreto andaluz.

“Hay que armar todo el tinglado”, apunta en este sentido Villalobos, refiriéndose así al procedimiento administrativo necesario que permita alejar el peligro de la paralización de obras. Esto supondría mucho más que el retraso de los proyectos en marcha, ya que tras este tipo de situaciones lo que hay son empresas de pequeño tamaño que cierran y empleos que se destruyen. Para evitarlo, los empresarios lo que piden a los ayuntamientos es un reconocimiento de deuda que les permita renegociar con los bancos y, de esta manera, conseguir un respiro que evite males mayores.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) dispone de un plazo máximo de cinco años (hasta 2027) para abrir de nuevo las puertas de la Casa Paterri, edificio propiedad del Ayuntamiento de Sevilla que este lunes ha firmado con la FAMP la cesión del inmueble durante un plazo de 75 años para convertirlo en un “centro de referencia del municipalismo andaluz” compatible, además, con el uso de las instalaciones por parte de las asociaciones de vecinos del barrio de San Bernardo.

Así lo han confirmado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), y el presidente de la FAMP y máximo responsable de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que han rubricado en el Ayuntamiento hispalense la cesión de este edificio, catalogado como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sin uso desde hace ya una década.

Tras una inversión que la FAMP cifra en alrededor de un millón de euros, Villalobos ha detallado que la Casa Paterri albergará planes de formación para los concejales, programas divulgativos, exposiciones y actividades, todo ello “compatible” con la apertura del inmueble a las asociaciones de vecinos para que éstas puedan desarrollar aquí también sus iniciativas.

El presidente de la FAMP ha mostrado su “satisfacción” por poder hacer “realidad” el “sueño” de contar con una “sede propia”. “Ya iba siendo hora”, ha reconocido Rodríguez Villalobos, que ha agradecido la cesión de un edificio de la “categoría” de la Casa Paterri.

Un proyecto estratégico

Por su parte, el alcalde ha destacado que, con este proyecto que ahora arranca, “Sevilla se convierte en el centro del municipalismo andaluz y, además, una vez rehabilitado, el edificio podrá ser utilizado por asociaciones del barrio”. “Es un proyecto estratégico que contribuirá a revitalizar el barrio de San Bernardo, dando vida a un edificio ahora sin uso”, ha apostillado.

La decisión se ha adoptado tras descartar el gobierno local el espacio de la Casa Paterri como casa de la mujer, uno de los usos que se ha analizado durante los últimos años. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Igualdad, tiene abierto, en estos momentos, un proceso de participación abierto con entidades y asociaciones y está trabajando en otros espacios de referencia para este proyecto que, además, se puedan poner en uso en un menor plazo.

El acuerdo se ha alcanzado tras llevar a cabo los trabajos técnicos y estudios económicos correspondientes por parte de la Delegación de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico, que dirige Carmen Fuentes, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Teresa Muela, ambas también presentes en el acto de firma de este lunes.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en la reunión de la Ejecutiva de la federación celebrada el martes, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre sobre las competencias en los centros educativos en cuanto a la conservación de estos edificios y ha reclamado al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, abordar los “sobrecostes” en Educación que, a su juicio, han soportado las corporaciones locales en la pandemia.

Según recoge la FAMP en un comunicado, Villalobos ha recordado que esta situación ya fue analizada por la Ejecutiva de la FAMP y en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico de la federación con el planteamiento de solicitar a la Consejería de Educación “la creación de un foro de debate que permitiese revisar y establecer criterios objetivos para concretar el alcance de esta competencia y determinar lo que debe asumir cada Administración conforme a Ley y en base a la doctrina del Supremo”.

Villalobos ha pedido este sábado “concretar con la Consejería el alcance y ajuste de las nuevas obligaciones que, con carácter excepcional y con base en las medidas de carácter sanitario dictadas por la administración autonómica como única competente en dicha materia, se establecieron con ocasión de la pandemia en centros escolares, subrayando dos cuestiones concretas”.

Un “esfuerzo para la tesorería local”

El primero, la intensificación de las labores ordinarias de limpieza de centros y, en segundo lugar, la realización de nuevas y extraordinarias labores de desinfección de índole sanitario, que “excedieron las competencias locales, aunque hayan tenido que asumirse de forma urgente y necesaria por los municipios y a su costa”.

La Ejecutiva de la FAMP ha acordado solicitar una reunión al consejero de Educación para abordar este tema que “supone un gran esfuerzo a las tesorerías de las corporaciones locales andaluzas”, en palabras de Villalobos.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado este martes que las corporaciones locales están preparadas “para afrontar el gran reto humanitario de acoger a los refugiados ucranianos”, y ha destacado la “gran capacidad de gestión” y al papel “prioritario” del municipalismo en la resolución de los graves problemas que sufre la sociedad española y andaluza, tras dos años de pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, con millones de refugiados “que ahora, por justicia debemos dar una respuesta humanitaria”.

“La madurez y solidez del mundo local, su unidad y fortaleza es, hoy por hoy, un ejemplo de una gobernanza cercana, próxima, que con muy pocos recursos es capaz de dar soluciones rápidas a los problemas de la ciudadanía”, según ha dicho Villalobos ante la Ejecutiva de la FAMP, reunida telemáticamente, donde también ha advertido de que la federación defiende los intereses de las corporaciones locales siendo “ya hora de que se les reconozca su autonomía, trabajo y mayoría de edad”.

Apoyo “sin fisuras al pueblo Ucraniano”

En este sentido, en un comunicado, ha querido denunciar que “hay órganos municipalistas, con reconocimiento estatutario, que no son tenidos en cuenta siendo los Gobiernos locales una de las piezas fundamentales de la nueva gobernanza, colaboración y de la lealtad interinstitucional”.

Rodríguez Villalobos ha dado a conocer la declaración institucional formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ucrania, el pasado 25 de febrero. La Ejecutiva andaluza se ha adherido a este manifiesto en el que se “condena enérgicamente” la violación del Derecho Internacional por parte de la Federación Rusa al invadir una nación soberana. “La FAMP apoya sin fisuras al pueblo ucraniano al que traslada toda la solidaridad del municipalismo andaluz y condena los ataques indiscriminados contra la población civil que está provocando miles de muertos y casi tres millones de exilados”, según ha indicado Villalobos.

De igual manera, ha recordado que “desde el primer momento” nos estamos coordinando con la FEMP y “estamos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para colaborar y coordinar con los gobiernos locales de Andalucía cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país”.

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El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha pronunciado este miércoles sobre la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto sobre la plusvalía, advirtiendo que “esta resolución supone una grave amenaza para las haciendas locales andaluzas que dejarán de recaudar 500 millones de euros anuales”.

El alto tribunal ha declarado inconstitucionales los artículos que hacen referencia al cálculo de la base imponible del impuesto sobre la plusvalía, un tributo “fundamental” para la economía municipal.

Según se indica en un comunicado, Villalobos ha avisado de que la primera interpretación del Tribunal Constitucional conocida este martes, supone “un grave quebranto para las arcas municipales, concretamente una merma de 2.500 millones de euros de ingresos para todos los ayuntamientos de España y unos 500 millones de euros para los ayuntamientos andaluces”.

El segundo tributo más importante

La FAMP subraya que el impuesto de plusvalía es la segunda figura tributaria más importante para los ingresos de los municipios, solamente superado por el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Por ello, “el Ministerio de Hacienda debe actuar con urgencia, impulsando un nuevo texto legal que ofrezca seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los contribuyentes y que restablezca a la mayor brevedad los ingresos que los municipios van a dejar de ingresar mientras tanto”, ha señalado Villalobos.

El fallo no implica un carácter retroactivo para los casos en que no haya posibilidad de presentar recursos o cuando estos ya fueran rechazados con anterioridad. Sin embargo, a falta de conocer la letra pequeña de la sentencia del TC, el fallo contempla la posibilidad de que los ayuntamientos se vean obligados a devolver los importes de aquellas liquidaciones que se encuentren recurridas en este momento, “por lo que se hace necesario articular con diligencia mecanismos de compensación para los ayuntamientos”, ha reivindicado Villalobos.

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado que ya en 2003, en unas circunstancias similares, la FEMP reclamó al Gobierno de España una compensación económica a los ayuntamientos por la anulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las pymes, circunstancia que finalmente fue atendida por el ejecutivo.

Una necesaria compensación

“Mientras se plantea por parte del Ministerio de Hacienda una nueva norma legal que garantice la constitucionalidad del tributo, se hace necesario compensar a los ayuntamientos por lo que se va a dejar de recaudar y por lo que previsiblemente habrá que devolver”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que “es necesario recordar el esfuerzo que el municipalismo ha venido realizando durante la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, atendiendo en primera línea las necesidades de la ciudadanía y asumiendo tareas, más allá de sus propias competencias, sin recibir la financiación necesaria para ello, como la desinfección de los centros educativos o el refuerzo de vigilancia por parte de la policía local”, por lo que “no es de recibo castigar aún más a los ayuntamientos”.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha solicitado a la Junta de Andalucía una ayuda de 215 millones de euros para hacer frente a los gastos extraordinarios para la contratación de personal, material y equipamiento de desinfección y limpieza necesarios ante el Covid-19 en los colegios.

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha remitido una carta al consejero de Educación y Deportes de la Junta, Javier Imbroda (Cs), para solicitarle que en el Consejo de Gobierno que se celebrará este martes “se apruebe una medida excepcional, desde la Administración autonómica, que suponga un apoyo económico suficiente para que los ayuntamientos andaluces puedan hacer frente a los gastos extraordinarios que las tareas de desinfección volverán a ocasionar en el inicio de curso escolar por la pandemia”.

Asimismo, la FAMP se ha comprometido que, a finales de este mes, hará llegar a la consejería un informe actualizado con datos tomados de los costes asumidos por los ayuntamientos de la desinfección de los colegios el pasado año, según ha informado la FAMP en un comunicado.

En total, son 2.782 centros educativos que dependen de los ayuntamientos andaluces, 2.110 colegios de Educación Infantil y Primaria, y 672 centros y secciones de educación para personas adultas, según datos aportados por la propia consejería de Educación y Deporte.

Fue en el transcurso de la reciente celebración de la X Asamblea General de la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) cuando se anunció: vuelve Francisco Toscano, el histórico alcalde socialista de Dos Hermanas que en 2012, enfrentado a su propio partido y a la Junta de José Antonio Griñán, que dejó la presidencia de este organismo municipal, y que acabó así en manos del PP durante tres años. Pero no, Toscano no vuelve a la FAMP sino que llega para ocupar la presidencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, un potente órgano con autonomía propia y que ahora el PSOE (que ostenta la mayoría en este foro) quiere reactivar tras siete años de letargo.

La operación se enmarcaría en un movimiento de los socialistas andaluces para reforzar su poder municipalista, su principal altavoz institucional una vez perdida la Junta de Andalucía. Porque, además, este Consejo tiene una función muy clara precisamente en relación con el Gobierno andaluz, como es revisar toda su normativa (y también la que emana del Parlamento autonómico) para certificar que no interfiere en las competencias municipales.

Opinión preceptiva

Su opinión no es vinculante pero sí preceptiva. El informe que emita “no puede desoírse sin más”, así que a la Junta no le vale como respuesta una simple negativa sin más, “deberá mediar información expresa y detallada”. Así se recoge en la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010 y se certifica en el decreto de 2011 que regula su funcionamiento, normas en las que se subraya que el Consejo “goza de autonomía orgánica y funcional” para el ejercicio de sus competencias.

Una muestra de la fortaleza de este órgano la dio en marzo el Tribunal Supremo, que tumbó varios planes hidrológicos andaluces (los de las demarcaciones de las Cuencas Mediterráneas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras) porque para su elaboración no se le pidió el preceptivo informe. Aunque los recurrentes (una comunidad de propietarios de Málaga) presentaban varios argumentos, no haber cumplido con este trámite “determina por si solo la estimación” de nulidad que se reclamaba, “sin necesidad y al margen de la valoración que pudieran merecer los demás motivos de impugnación”, rezaba la sentencia.

El Consejo de Gobiernos Locales es un órgano independiente de la FAMP pero que se nutre de la misma, y eso en estos momentos implica que el PSOE tiene mayoría al ser con diferencia el partido más votado en las pasadas elecciones municipales y el que gobierna en más ayuntamientos. Formado por los integrantes del Consejo Andaluz de Concertación Local (con representación de la Junta y municipalista) más cinco miembros que designa directamente la FAMP, una entidad de estas características sólo existía en Catalunya (que nunca la ha desarrollado) cuando nació en Andalucía bajo el abrigo último del Estatuto de 2007, aunque con posterioridad se ha puesto en marcha en el País Vasco y Extremadura.

Este es el organismo en el que va a aterrizar como presidente un Francisco Toscano que, aclara, “cuando dimití como presidente de la FAMP en 2012 no me fui del Consejo de Gobiernos Locales, lo que hice fue poner mi cargo a disposición y pedir que se regularizara la situación”. Pero nunca tuvo respuesta y el Consejo no volvió a reunirse desde entonces, así que entiende que “no me fui pero ha sido ahora cuando se han enterado”, una vez que el PSOE ha mostrado interés en resucitar este foro.

“Ha estado muerto todos estos años”

“Ha estado muerto todos estos años”, lamenta Toscano, pese a que se trata de “un órgano muy potente y con muchas posibilidades para los ayuntamientos”. Durante este tiempo el día a día se ha delegado en el secretario, que ha despachado todos los requerimientos recibidos con informes de mero trámite en los que la respuesta ha sido siempre que no había nada que alegar. Eso, asegura, se va a acabar.

¿Significa que se va a utilizar el Consejo para torpedear en lo posible a la Junta? “Si me hago cargo de este órgano es para defender el municipalismo, no para meterle el dedo en el ojo a la Junta”, y en este sentido garantiza que no llega “con el hacha en la mano, no voy a ir a una confrontación ideológica y partidista”. Eso sí, avisa: “El Consejo es un órgano molesto para los gobiernos autonómicos, que son muy celosos de sus competencias, y yo voy a ir a defender la autonomía municipal. No lo voy a usar como ariete contra la Junta y el PP, pero ya me enfrenté por esto al PSOE y a un Gobierno de la Junta socialista”. De hecho, recuerda, desde el Consejo ya le planteó pleitos formales a la Junta “para que nos tuvieran en cuenta”.

Toscano se refiere a este órgano como “una cámara de un senado autonómico que hace una segunda lectura de las leyes que le afectan”, y para aceptar el cargo ha puesto la condición de ver qué candidatos propone la FAMP: “tiene que ser gente que tenga peso y experiencia municipal de verdad”. La otra es ocupar la presidencia de manera transitoria, hasta que se normalice su funcionamiento.

Normalización interna

¿Y entiende que la designación por su partido es una señal de normalización interna? Al fin y al cabo, es el PSOE de Susana Díaz el que nombra a uno de los estandartes de Pedro Sánchez en Andalucía. “Pues sí, ahora interesa evidenciar que no hay problemas, que esto es una señal de los nuevos tiempos en el partido, pero si esto me da la oportunidad de asentar el Consejo de Gobiernos Locales, yo lo hago...”.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) está dispuesta a inaugurar la conmemoración del 40 aniversario del 4 de diciembre de 1977, cuando la comunidad autónoma se echó a la calle pidiendo autogobierno, y lo hará con una cita en Antequera (Málaga) el 27 de noviembre. Con ello, reivindicará el papel que las administraciones locales tuvieron en esa lucha, dado que sin su respaldo no hubiera sido posible el posterior referéndum del 28 de febrero.

Desde hace meses se hablaba de la intención de la FAMP de movilizar a los alcaldes para la conmemoración de una efemérides que gana importancia por el contexto de crisis territorial en el que se encuentra España, como prueba que el Gobierno de Andalucía esté decidido a celebrarlo como nunca ha hecho.

Se conocía que el lugar elegido era la ciudad en la que se firmaron los Pactos de Antequera que derivaron de esas movilizaciones, pero no terminaba de encontrarse fecha, lo que había despertado incluso la duda de que finalmente la FAMP pudiera cerrar esta convocatoria. Finalmente, según ha podido saber eldiario.es/andalucia, será el último lunes de este mes y justo una semana antes del 4D, con el fin de no hacerlo coincidir con los eventos que con tal motivo se organicen desde la Junta de Andalucía.

La FAMP, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, presidente a su vez de la Diputación de Sevilla, está ultimando el programa para una cita en la que pretenden contar, entre otros, con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pero donde sobre todo tendrá protagonismo el municipalismo como motor que fue de la lucha para la autonomía. Desde la FAMP pretenden también que no sea una jornada monocolor, porque si hubo un logro con los Pactos de Antequera fue que precisamente los suscribieron nada menos que 11 partidos.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este martes que “habrá que reformular determinadas cuestiones” en las diputaciones, “pero sin bulos ni triquiñuelas” que, en su opinión, no tienen cabida. “Modernicemos la estructura del país, pero sin caer en la postura pueril de echarle la culpa a las administraciones más cumplidoras”, ha enfatizado. Lo ha dicho en el marco de los Desayunos de Europa Press, donde ha protagonizado una conferencia marcada por la siguiente reflexión en torno a lo que suponen las diputaciones: “Ya no nos dedicamos a la deficiencia y a mantener psiquiátricos, pero continúa una demanda real de nuestros servicios por parte de las administraciones locales”.

El también presidente de la Diputación de Sevilla ha recurrido a su habitual defensa enardecida del municipalismo, criticando a los que “se quieren poner la medalla de la nueva política, que ni es nueva ni es de ningún partido”, convencido de que “es de los vecinos que hacen la intrahistoria que tanto fascinaba a Miguel de Unamuno”. En esta línea, ha calificado de “oportunistas” las ideas que salen “de vez en cuando” para suprimir las diputaciones y lo ha achacado a que los que lo defienden -en referencia a C's, sobre todo, y también a Podemos- lo hacen por “su casi nula presencia en los municipios más pequeños”.

“Si el papel de las diputaciones no se reconoce como se debiera es porque nuestra labor siempre ha sido a la chita callando”, ha continuado el también presidente del PSOE de Sevilla, para recriminar el trato propiciado desde las otras instituciones, que ha calificado de “hermanastros” porque nunca “han estado convencidos de la segunda descentralización”. En este contexto, ha lanzado una advertencia: “Ni los ayuntamientos ni las diputaciones vamos a consentir ni una campaña más de desprestigio”.

Por otra parte, ha destacado que una de las críticas más feroces contra las diputaciones -su elevado coste- se “cae por su propio peso”, y entre otras cosas ha incidido en su capacidad de cumplir con los objetivos de déficit. Ha puesto el caso de la Diputación de Sevilla, “donde no tuvimos necesidad de que nadie nos dijera que teníamos que ser austeros”, pero ha conseguido reducir en más del 95% su deuda. “De los 210 millones de euros de 2005 cuando tomé sus riendas a ocho cuando acabe el presente ejercicio”, ha detallado, lo que le “consta que está haciendo el resto de las diputaciones y la inmensa mayoría de los consistorios”.

De todas maneras, ha insistido en la necesidad de replantear la financiación de la administración local. “Si se inicia una vía para abordar la refinanciación de las autonomías, hay que hacer lo mismo con las administraciones locales”, ha apuntado. Para proseguir: “Lo que no vamos a volver a admitir son actitudes paternalistas como las padecidas hasta ahora. (...) El nuevo municipalismo quiere mirar de frente para hacer saber a las demás administraciones que somos mayores de edad y nos avalan los datos”.

El “tito” de Susana Díaz

La encargada de presentarlo ha sido la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien lo ha definido como “amigo desde hace más de 20 años”, cuando le ofreció “la primera oportunidad de participar en la vida pública”. De hecho, se ha referido cariñosamente a su padrino en la política como “tito” y lo ha destacado como “una persona honesta” y “un buen hombre”.

La también secretaria general del PSOE-A ha hecho suyas las palabras de Fernando Rodríguez Villalobos, “quien muchas veces ha dicho que las diputaciones necesitan reformas, es lógico en unas instituciones con 180 años, pero también, que si no existiesen, habría que crearlas”. Finalmente, ha celebrado el municipalismo comprometido del presidente de la FAMP, a quien “se le ha pedido varias veces que formara parte de la Junta de Andalucía y no ha querido” porque siempre ha estado centrado en los municipios.

“Entre cuatro, reunidos una noche, se cepillaron las diputaciones”, ha declarado este jueves el presidente de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, quien ha sido el que más claramente se ha desmarcado de su partido en el pacto de investidura suscrito por su secretario general, Pedro Sánchez, y el presidente de C's, Albert Rivera, y que incluye textualmente la “supresión ” de estas instituciones.

Lo ha enfatizado en una reunión convocada por el presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE en la provincia, Fernando Rodríguez Villalobos, con los responsables de las otras siete instituciones con las que cuenta Andalucía.

El objetivo del encuentro era pactar una resolución para elevarla a los órganos de gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que también preside Fernando Rodríguez Villalobos, en defensa de la continuidad de las diputaciones, cuyo futuro, tras la polémica surgida sobre todo en Andalucía donde tienen un papel muy importante, ha matizado incluso el propio Pedro Sánchez, quien luego ha hecho una interpretación diferente del pacto a la expresada por C’s en este tema.

Ese documento defiende la continuidad de las diputaciones pero reconoce que hay que trabajar en su “modernización”, que básicamente han explicado en clave de clarificar bien sus servicios y financiación y evitar duplicidades, mientras que frente a otras críticas a estas instituciones, como el “enchufismo”, los populares son más críticos, mientras los socialistas han negado que sea más que en otras. Un ejemplo que se ha puesto: C's, que tanto arremete contra esto, tiene 40 escaños en el Congreso de los Diputados y 27 cargos de libre designación. Han insistido en que las diputaciones son claves, especialmete para los municipios de menos de 20.000 habitantes, y si no existieran “habría que inventarse otra cosa”. 

No han estado todos los presidentes, porque han faltado los dos que son del PP y en su lugar han venido los vicepresidentes. El de Málaga, Elías Bendodo, porque está en la Feria de Turismo de Berlín, y el de Almería, Gabriel Amat, no se ha explicado por qué, si bien desde el partido han negado que sea para esquivar las preguntas en torno a las investigaciones de los tribunales que pesan sobre él. Tampoco ha estado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, porque tenía “otro asunto”, lo que ha propiciado una fotografía exclusivamente masculina. De todas maneras, lo que ha quedado de manifiesto es la división interna que este tema ha provocado en los dos partidos que más diputaciones controlan en España, porque a las ya expresadas en el seno del PSOE, se unen las del PP.

De hecho, el vicepresidente de la Diputación de Málaga, el popular Francisco Salado, no se ha sentido identificado con el comunicado que minutos antes había enviado el PP-A con declaraciones del vicepresidente de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, de este mismo partido. En el mismo acusaba a Fernando Rodríguez Villalobos de usar a la organización para “los líos internos del PSOE”. También subrayaba Jaoquín Villanova que los populares han expresado, con su voto particular a la resolución que sí han aprobado, “el evidente intento de utilización” de la FAMP, diciendo que su presidente pretendía hacerse una fotografía para enviarle “un mensaje en clave interna” a Pedro Sánchez dentro del “pulso interno que se trae con Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, por ver quién es el que manda en el PSOE”.

Con no compartir las declaraciones de Jaoquín Villanova, ha justificado Francisco Salado que él y su homólogo de Almería se unieran a la fotografía, tomada este jueves en la Diputación de Sevilla. La otra contradicción interna de los populares la ha exhibido cuando ha criticado la ley de reforma de la administración local aprobada en solitario por el Gobierno del PP y que recientemente ha sido tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional. Ha opinado que no definió bien las competencias de las diputaciones. “Hay que seguir profundizando”, ha dicho sobre esta ley que necesitaba “un mayor consenso” y que cree que “no ha servido” para clarificar estas competencias y evitar las duplicidades, que es uno de los males que los dos partidos han reconocido que todavía aqueja a las administraciones.

Igualmente ha deseado que este mismo consenso entre el PP y el PSOE se dé para otras cuestiones: “Ojalá”, ha aseverado. Tras agradecer a Fernando Rodríguez Villalobos por este encuentro ha continuado: “No hay colores políticos. Todos los presidentes estamos convencidos de que hay que mantener estas instituciones”, igual que ha manifestado que “primero habría que preguntarles a los ciudadanos si quieren quitarlas con la excusa de formar un Gobierno de España”.

Por parte del PSOE ha hablado la voz más claramente crítica con el pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, el citado Francisco Reyes, porque se ha preferido que fuera él en lugar de un hombre tan vinculado a Susana Díaz como Fernando Rodríguez Villalobos, en la línea de evitar la imagen de la que la presidenta de Andalucía es la que está poniéndole chinas a la investidura de Pedro Sánchez. Francisco Reyes ha recordado que ya el 17 de septiembre de 2015, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a cuya comisión de diputaciones pertenece él, aprobó una resolución de la FEMP en la que “quedó claro qué piensan ”los consistorios de estas administraciones. Por eso, ha insistido en que “ese debate se abordó sin presiones y con serenidad”, y no con “prisas”, como entiende que ha ocurrido para negociar la investidura de Pedro Sánchez, y de ahí su frase de la reunión de “cuatro” que “no han pisado el mundo rural”.

Finalmente, se ha referido a que la militancia del PSOE ya se pronunció sobre el pacto con C's donde mayoritariamente lo respaldó, si bien en Jaén fue donde menos síes cosechó precisamente tras su encendida campaña en contra. “Ya manifesté mi total desacuerdo”, ha recordado. Pero entiende que las bases han pensado en “priorizar lo importante” que en este caso es “un cambio de gobierno para este país” pese a que no puedan estar de acuerdo con las 66 páginas firmadas por C’s, no ya sólo por lo que hay, “sino también por lo que falta”.  

Representantes del PSOE-A, PP-A, IU, C's y PA han firmado este martes en Sevilla un acuerdo para renovar la composición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) después de que este organismo se haya pasado convocar una asamblea todo el último mandato (2011-2015). El pacto pasa por una presidencia para el PSOE-A, que en principio propondrá a Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, y por contar con siete (en lugar de cinco) vicepresidencias, de manera que el PP-A tendrá dos (la primera y la quinta) y una el PSOE-A (la segunda), IU (la tercera), PA (la cuarta) y C's (la sexta) mientras que una séptima se reserva para las “plataformas ciudadanas”, a la espera de que se pongan de acuerdo los gobiernos locales en manos mayoritariamente de partidos auspiciados por Podemos, que no se ha sumado a la firma, entre otras cosas porque no concurrió a los comicios con sus siglas.

Esto significa que el 21 de noviembre volverá a haber una asamblea en la FAMP -la última fue en 2011- para renovar los cargos en función de este acuerdo y después de que desde 2012 haya ocupado la presidencia Ángeles Muñoz, exalcaldesa de Marbella (Málaga) por el PP-A, que accedió desde la vicepresidencia primera tras la dimisión del regidor de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano. Una situación que iba a ser temporal y que se ha eternizado. Básicamente porque el PSOE-A entendía que le correspondía la presidencia, por haber ganado más alcaldías en las elecciones municipales de 2011, mientras que el PP-A defendía que ellos gobernaban sobre más población por haber conquistado las mayores ciudades, y de hecho, fueron dados por ganadores -en función de los votos- en dichos comicios.

Nueva composición

El documento prevé también 13 vocales en la ejecutiva de la FAMP para el PSOE-A mientras que el PP-A tendrá cinco y uno IU. Por su parte, el consejo, del que forman parte todos los miembros de la ejecutiva, contará con 14 vocales del PSOE-A, siete del PP-A, tres de IU y tres más para el PA, C's y las plataformas ciudadanas. En la firma han estado los secretarios de Política Institucional, Francisco Conejo, y Política Municipal, Rafi Crespín, por parte del PSOE-A; la vicesecretaria de Política Municipal, Ana Mestre, y el vicesecretario de Comunicación Social, Toni Martín, por parte del PP-A; el alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, por parte de IU; el de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, por parte del PA; y el coordinador de C's en Andalucía, Manuel Buzón.

En lo suscrito defienden la necesidad de convertir la FAMP en un “instrumento útil” para Andalucía y marcan las prioridades para el mandato 2015-2019, entre otras ofreciendo la colaboración de las distintas instituciones y apostando por “la defensa de la autonomía local y la reivindicación de una financiación suficiente que garantice la prestación de servicios públicos eficaces, transparentes y equitativos”. También quiere la FAMP reivindicarse como interlocutor clave para problemas que afrontan las administraciones locales en su día a día como son el desempleo y los desahucios.

Los partidos no han querido revelar sus propuestas de nombres para los cargos que han obtenido en el organismo. Ni siquiera el PSOE-A ha confirmado si será Fernando Rodríguez Villalobos su candidato a la presidencia, pero extraoficialmente sí lo ha hecho. La propia secretaria general del PSOE-A en Sevilla, Verónica Pérez, lo defendía posteriormente como “un magnífico candidato” y, de hecho, era el nombre propuesto cuando en 2012 dimitió Francisco Toscano pero no pudo tomar posesión por negarse Ángeles Muñoz a convocar la asamblea y cederle el testigo. En términos parecidos se ha expresado el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia.

La despedida

Por su parte, Ángeles Muñoz aprovechaba para despedirse del cargo con una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía momentos antes de la firma. “Me congratulo del acuerdo porque es beneficioso para el municipalismo”, ha dicho la todavía presidenta en funciones, quien ha insistido en que el PP-A ganó las elecciones municipales de 2011 y le correspondía el control de la FAMP para justificar estos años de bloqueo. “Cuando el PSOE-A pierde es imposible negociar”, ha continuado. En este sentido, ha subrayado que ha intentado alcanzar acuerdos, como una presidencia rotatoria, pero “nunca le interesaron al PSOE-A porque no quería que se visualizara que habían perdido en Andalucía”.

Sobre qué se ha perdido con estos años sin FAMP, ha opinado que han sido años marcados “por una absoluta oposición por parte de la Junta de Andalucía para llegar a pactos en el municipalismo”, situación que ella dice haber denunciado “muchas veces”, por lo que ha arremetido contra la Junta de Andalucía por su “falta de compromiso con las administraciones locales”. Para concluir: “Espero que cambie, de todo corazón, y que haya voluntad de llegar a acuerdos”.

¿Qué herencia deja en la FAMP? No ha querido dar ninguna cifra, ni sobre el estado de las cuentas de la federación ni tampoco sobre cuántos consistorios han ido abandonándola los últimos años, que se calcula en una treintena de los 765 que se contaban en 2012. Eso sí, no ha negado su convencimiento de la utilidad de este instrumento cuando se le ha preguntado qué puede aportar la FAMP si en estos cuatro años ha estado muda y parece que no ha sido tan grave como para llegar a este acuerdo antes.

Desde 2011 no se celebra una asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que se ha pasado sin voz prácticamente todo el mandato 2011-2015, crucial por cuestiones como la aprobación de la reforma de ley de administraciones locales, debido a ese pulso entre el PSOE-A y el PP-A por su control. La situación tiene visos de desbloquearse este martes cuando se reunirá la comisión ejecutiva para valorar la convocatoria de una asamblea el 21 de noviembre, una reunión a la que los principales partidos van con los deberes hechos porque ya han negociado la representación para cada uno. Todos han coincidido en la necesidad de desbloquear la situación de un organismo que consideran clave para la interlocución del municipalismo con el resto de gobiernos, si bien hasta la fecha no han sabido plasmar este convencimiento.

Este pacto lo han cerrado el PSOE-A (que controla 442 alcaldías en Andalucía), el PP-A (186), IU (78), el PA (17) y C's (4), y pasa por convocar la asamblea -sería la novena- con una decisión ya cerrada para sus órganos de gobierno, en los que pretenden que también haya una representación para los consistorios cuyas alcaldías están en manos de partidos vinculados a Podemos (30), y que han encuadrado como “plataformas ciudadanas”, junto a las 18 restantes, que son de los denominados “independientes”. Ese documento, que todos pretenden suscribir este martes, incluye también una propuesta para pasar de cinco a seis vicepresidencias, con el objetivo de contentar a todos, de manera que el PSOE-A tendría una y las otras cinco serían para el resto. Este martes, las distintas formaciones escenificarán el acuerdo con su firma en la sede de la FAMP a las 11.30 horas.

La presidencia también será para el PSOE-A, que de momento mantiene la idea de que sea propuesto a la asamblea Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, que era el nombre decidido tras la dimisión en 2012 del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, pero cuyo nombramiento no pudo materializarse. Cabe recordar que cuando dimitió Francisco Toscano, la entonces alcaldesa de Marbella y vicepresidenta primera de la FAMP, Ángeles Muñoz (PP-A), asumió su lugar y se negó a ser desplazada. Desde entonces se ha mantenido como presidenta en funciones. Todo ello en el marco de la pelea entre el PSOE-A y el PP-A por a quién correspondía la presidencia en el mandato 2011-2015. El PSOE-A entendía que a ellos por tener más alcaldías, y el PP-A, por su parte, se agarraba a que controlaban las más grandes -entre ellas las ocho capitales de provincia- y por tanto gobernaban sobre más población.

Esta discusión la zanjaron los resultados en las últimas en las elecciones municipales de este año, para el mandato 2015-2019, donde el PSOE-A no ya sólo controla más alcaldías que el PP-A, sino también gobierna sobre más población. De hecho, prácticamente el doble: unos cinco millones de habitantes sobre 2,5 para los populares. Es más, hace unos meses el propio presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, reconocía que era lógico que tuvieran la presidencia sus eternos rivales. Y para ello, el PSOE-A no tiene, de momento, otro candidato que Fernando Rodríguez Villalobos, si bien su secretario de Organización, Juan Cornejo, ha querido ser prudente este lunes. “Habrá que esperar a qué propone el partido, pero no lo descarto”, ha dicho sobre si finalmente se elegirá a Fernando Rodríguez Villalobos, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su “disponibilidad”.

La presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) Ángeles Muñoz, del PP-A, ha abogado este jueves por una especie de “gobierno de concentración” en el organismo que lidera. Su propuesta se ha producido al ser preguntada sobre si alberga alguna solución para el desbloqueo de los órganos directivos del ente, paralizados y sin que hayan sido convocados nunca por la también alcaldesa de Marbella. Ha aclarado que su propuesta está dirigida a “todos los grupos políticos en caso de que lo quieran”, en referencia también a IU y PA.

Previamente, se ha referido a los “gobiernos de concentración ahora que -según ha dicho- se habla tanto de los mismos”, en alusión a un ejecutivo central compuesto por una gran coalición de populares y socialistas a partir de las elecciones generales de 2015. “En ningún caso hay ningún planteamiento ni ninguna imposición previa. Ni tan siquiera el que se mantenga la presidencia por parte de uno u otro grupo”, ha dicho en un tono extremadamente conciliador, tras las airadas críticas que han recaído sobre su gestión en la FAMP desde hace un año, especialmente por parte del PSOE y en menor medida de IU.

La alcaldesa de Marbella dice ser consciente de la dificultad que puede entrañar llegar a un consenso generalizado en la FAMP “a un año vista de las elecciones municipales, cuando no se ha alcanzado un acuerdo previamente”. Ha incidido en que “muchas veces, y especialmente en campaña, se habla de algunas cuestiones que, a la hora de la verdad, no se traducen en pasos para que eso pueda llevarse a cabo”.

No obstante, ha anunciado que trasladará su propuesta “a la propia presidenta de la Junta de Andalucía”. De hecho, Ángeles Muñoz asegura estar pendiente de concretar una reunión a corto plazo con Susana Díaz. “Le transmitiré a la presidenta que si hay alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo, previo a las elecciones municipales, nuestro grupo estaría absolutamente dispuesto”, en alusión a los alcaldes del PP.

Cree que al final, lo que se requiere es una FAMP defensora de los “intereses municipales”, un planteamiento en el que -ha acotado- “deberíamos estar todos”. No ha ocultado la gran dificultad de consenso que a su juicio existe por los distintos planteamientos políticos presentes. Sin embargo, cree que “los problemas de los ayuntamientos, sean del signo que sean, dependen más de la configuración municipal que del color político que ostenten”. Una vez hecho el distingo sobre las desigualdades que puedan existir, a la hora de evaluar los problemas de pequeños y grandes ayuntamientos, ha reiterado su apuesta por la unión de todos los partidos “para sacar adelante propuestas que sean favorables en el día a día”.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) sigue muda, y todo indica que así continuará hasta las próximas elecciones municipales, para las que queda poco más de un año. Este descabezamiento político de la asociación se ha producido en el momento más trascendental de la historia reciente de los consistorios, por la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un debate en el que la voz por excelencia del municipalismo en Andalucía no ha entrado. El compromiso que hace justo un año alcanzaron los partidos para desbloquear su dirección -sometida a una interinidad desde que en 2012 dimitiera su presidente, el alcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano (PSOE), y lo relevara la vicepresidenta y regidora de Marbella Ángeles Muñoz (PP)- ha quedado en nada.

En este tiempo, lo único que ha ocurrido es que los partidos mayoritarios, y por tanto llamados a sentar las bases para un acuerdo, se han limitado a usar la situación para sus batallas: desde el PSOE se le insta a Ángeles Muñoz que acabe con su “secuestro” y convoque la ejecutiva para fijar una asamblea y decidir su nueva dirección y desde el PP se insiste en la legitimidad de su control del organismo porque es lo que dicen los estatutos. La cuestión de fondo es que el PSOE quiere la presidencia porque controla más consistorios en Andalucía que el PP y los populares sostienen que en conjunto fueron los más votados en las elecciones municipales de 2011. Se ha llegado a plantear una presidencia rotatoria, pero esto no gusta nada a los socialistas.

En este contexto, y pese a que no lo reconocen abiertamente, el PSOE y el PP saben que va a seguir bloqueada hasta el nuevo mapa de poder que arrojen las elecciones municipales de 2015. De momento, la presidenta en funciones no responde a las consultas que este diario le ha hecho sobre la situación. En este sentido, pese a que la FAMP no tenga un poder real sí es cierto que sus pronunciamientos tienen peso y puede convertirse en ese protagonista incómodo en los debates de leyes de envergadura. Y entretanto sí se juega con la propuesta de alternativas en este convencimiento que tienen los partidos de que es necesaria una interlocución con la administración más cercana a los ciudadanos.

Guerra de órganos

Guerra de órganosEl líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, le proponía hace unos días a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que convocara una “conferencia de alcaldes” con los regidores de las ocho capitales de provincia para “terminar con el bloqueo político” de distintos proyectos de estas ciudades “y de los que dependen cientos de miles de puestos de trabajo”. Entiende que es necesario que la presidenta mantenga una línea más directa con los alcaldes de las grandes ciudades para solucionar el mayor problema que tiene la comunidad autónoma, que es el paro.

No tardaba en contestarle el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, exigiéndole que diera orden a su partido para abandonar la presidencia de la FAMP, “en lugar de dedicarse a rescatar propuestas fracasadas de su antecesor Javier Arenas”. En su opinión, esta propuesta “pone de manifiesto su profundo desconocimiento de la realidad de Andalucía” porque “ya existe un Consejo de Alcaldes que está regulado por la Ley de Autonomía Local, un Consejo de Concertación Local integrado de forma paritaria por la Junta de Andalucía y los regidores, y, finalmente, la propia FAMP”. Esto le lleva a una conclusión: “No hacen falta más órganos para las relaciones”.

También el portavoz del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, se ha pronunciado sobre este tema. Cree que Juan Manuel Moreno hace gala de “cinismo y la caradura” con esta propuesta en lugar de “liberar” a la FAMP. Es más, interpreta que cuando el PP-A reclama un “terreno neutral para el diálogo entre la Junta de Andalucía y las administraciones locales, está reconociendo que está en guerra con las instituciones que representan el municipalismo”.

Pero no han sido los populares los primeros en lanzar este tipo de propuestas. El PSOE-A creó el pasado mes de febrero el Consejo Municipalista Andaluz, un órgano de debate integrado por munícipes de esta formación y que se presentaba como “un altavoz para los alcaldes” y una “alternativa” a una FAMP “amordazada”. Y en aquella ocasión también se apresuraban en replicar los populares. Su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, exigían a los socialistas que no cayeran en la tentación “de querer sustituir a la FAMP” y le exigía “respeto a las instituciones cuando las gobiernan y cuando no”. El consejero de Relaciones Institucionales y Administracion Local, Diego Valderas (IU), por su parte, ha manifestado desde el Gobierno de Andalucía su intención de potenciar el Consejo Andaluz de Concertación Local, pese a asegurar que no es un órgano que sustituya a la FAMP.

Más de 30 ayuntamientos del PP se han salido de la FAMP

Eso en el plano político, mientras que el día a día de la FAMP continúa con las tareas que marcan sus fines como asociación sin ánimo de lucro y que ejecutan su veintena de empleados. “Esto funciona como un reloj”, aseguraba gráficamente uno de sus trabajadores en referencia a los proyectos en marcha, centrados básicamente en respaldar a las administraciones locales, eso sí, cada vez con menos presupuesto. También por las dificultades para cobrar las cuotas -la pertenencia es voluntaria y se paga en función del volumen de la población- porque no todos los socios cumplen fielmente. En este tiempo, además, se ha salido de la FAMP un municipio gobernado por el PSOE, Marchena (Sevilla), y paradójicamente, dado su empeño en controlarla, más de 30 en manos de los populares, según confirman desde la propia asociación.

La polémica posición, de interinidad, que ocupa actualmente la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, sigue generando conflictos con el PSOE. El último, a tenor de las trabas que ha puesto la alcaldesa de Marbella a la puesta en marcha del decreto de exclusión social, aprobado recientemente por la Junta de Andalucía.

Este lunes, el parlamentario andaluz y portavoz del PSOE en Marbella, José Bernal, ha acusado a Muñoz de “torpedear”, desde su posición como “presidenta usurpadora” de la FAMP, dichas medidas para generar empleo entre los parados andaluces y sus familias.

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha instado a la regidora a que “no se posicione en contra” de algo, acota, que “apoyan la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces”. De hecho, para el diputado andaluz por Málaga los interrogantes planteados por la alcaldesa sobre si la Junta adelantará el dinero a los ayuntamientos para dichas prestaciones “no son más que una excusa para no aplicar el decreto”.

Muñoz ha llegado a anunciar, incluso, que la FAMP encargará un informe jurídico sobre la viabilidad del decreto de exclusión. Otras fuentes socialistas consultadas por eldiario.es creen que el anuncio de la presidenta del ente supramunicipal “no es más que una maniobra dilatoria”, para no poner en práctica dicha medida de carácter social.

“Ángeles Muñoz está tomando una actitud de total desobediencia civil”, ha denunciado Bernal. En su opinión, los populares “no puede negarse a apoyar una norma por intereses únicamente partidistas”.

Sobre la “ocupación” de la presidencia de la FAMP, el secretario general del PSOE de Marbella ha recalcado que “los presidentes que alcanzan el puesto sin elecciones son los de Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe o la de la FAMP”, en clara alusión al modo en cómo alcanzó el cargo la primera edil marbellí, tras la renuncia de su antecesor del PSOE, así como al hecho de que Muñoz se haya negado reiteradamente a convocar los órganos para designar una nueva presidencia, que correspondería a los socialistas al tener mayoría en los ayuntamientos andaluces.

Cree Bernal que Ángeles Muñoz “sigue aprovechando el puesto de presidenta de la FAMP, sin convocar elecciones”, por lo que le insta a permitir “que los municipios se pronuncien sobre cuál es su elección”.

El líder de la oposición marbellí ha expuesto que si la Junta adelanta dichos fondos en Marbella “puede ocurrir como lo que sucedió con los 80.000 euros del pabellón de El Ingenio”. Y es que recientemente los socialistas desvelaron que el Consistorio que preside Muñoz perdió dicha subvención para las arcas municipales, al no acometer nunca dicho proyecto.

Ante las trabas y reticencias de la alcaldesa marbellí, el PSOE ha anunciado que abrirá a la ciudadanía las sedes del partido en el término municipal, con el fin de informar y ayudar a cumplimentar la documentación sobre el decreto de exclusión. La previsión de la Junta de Andalucía pasa por la contratación de 780 personas en el término municipal. Se destinará una partida de 623.000 euros a contratar a personas desempleadas; además de 90.507 euros para consolidar la ayuda a domicilio.

Esperarán a que les llegue el dinero

Al mismo tiempo que el PSOE arremetía duramente contra la presidenta de la FAMP, el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, se ha visto obligado a aclarar, tras la polémica suscitada por Ángeles Muñoz, que “todos los alcaldes” de su partido se acogerán al decreto ley de lucha contra la exclusión social. No obstante, Sanz aclara que esperarán “a que les llegue el dinero”, en alusión al adelanto solicitado a la Junta.

Según Sanz, si ha habido cierta confusión con la postura de los alcaldes del PP-A ha sido por una “malinterpretación” de las palabras que pronunció el sábado en Málaga el presidente del PP en esta provincia, Elías Bendodo, según informa Europa Press. Así pues, tras matizar que “todos los alcaldes” de su partido “acogerán, evidentemente y como no podía ser de otra manera, el decreto”. Ha recalcado nuevamente que lo que piden es que la Junta les adelante el dinero de las contrataciones.

Tres meses desde de la dimisión de Francisco Toscano como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y más de un año después de que se suspendiera su asamblea, este organismo, declarado Asociación de Utilidad Pública, sigue sin elegir sus órganos de gobierno. La batalla entre el PSOE y el PP por su control -y también dentro de los propios partidos- parece haberse disipado algo con la distancia de los comicios.

El interés por su control está motivado porque es la voz del municipalismo, de forma que puede ser un molesto instrumento para cargar contra el gobierno de turno. La bronca política ha minado la credibilidad de la misma y se ha echado tierra sobre el trabajo de muchos años. Lo han hecho incluso los propios políticos poniendo en duda su eficacia cuando no les ha convenido cómo podía quedar el mapa de poder en la misma.

Entretanto, el ciudadano por ejemplo se pregunta ¿para qué sirve la FAMP? La respuesta puede estar en la memoria de gestión de los últimos cinco años (2007-2012) que pretende presentarse en la próxima asamblea -cuando tenga lugar- y que recoge cuestiones como que ha atendido más de 63.000 solicitudes de cursos online y presenciales en todas las provincias para empleados municipales; ha facilitado a los consistorios herramientas, por ejemplo en materia de turismo, para que desarrollen sus potencialidades; ha elaborado ordenanzas tipo que han servido para que ahorren tiempo y dinero en su redacción; y sobre todo ha influido en las últimas leyes de determinan la autonomía local. Pese a que sus informes no son vinculantes “ha sido clave su papel en el desarrollo de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de Autonomía Local (LAULA), y la Ley 6/2010 del 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los impuestos de la comunidad autónoma”, según expone Antonio Nieto, secretario general de la FAMP y gran conocedor del municipalismo como decano del cargo en toda España.

Otra cuestión que conviene saber, porque también despierta recelos, es que los cargos políticos de la FAMP no cobran por ello ni tampoco dietas por asistir a sus reuniones. Se financia con fondos públicos, algo que en realidad ocurre en la mayoría de las asociaciones, que dependen de subvenciones para su supervivencia. Cada miembro paga una cuota de 0,058 euros por habitante, y además recibe recursos de otras administraciones por la gestión de programas.

Con 765 ayuntamientos adheridos -prácticamente todos los de Andalucía- además de las ocho diputaciones y un buen número de mancomunidades, la FAMP manejó en 2012 un presupuesto de 2,4 millones de euros. Para 2013 todavía no está aprobado, pero fuentes de la FAMP aseguran que el borrador “prevé una reducción en torno al 20%”. Ya bajó el año pasado con respecto a 2011, año en el que tuvo un presupuesto de 3,3 millones de euros. Política de austeridad, como la que ha hecho que su plantilla -no los políticos- haya pasado de 32 trabajadores en 2012 a 23 actualmente (la mayoría mileuristas).

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), que ocupa el cargo de presidenta tras la espantada de Francisco Toscano (PSOE), asegura que “lo importante es que haya un acuerdo que permita la participación de todos en el futuro de la FAMP, ya que si no, difícilmente la entidad podrá tener continuidad”. Subraya también que “sería deseable que el escenario del Pacto por Andalucía permita un desbloqueo de la federación, que por cierto, lleva así más de año y medio, y yo sólo soy presidenta desde hace dos meses”.

Es partidaria de retomar una idea, “que aprobaron por unanimidad los alcaldes de todos los partidos representados en la FAMP, que proponía una presidencia alternante del PSOE y el PP, y que frenaron los socialistas” (no todos, porque su antecesor la defendía, y abrió así otro frente dentro de su propio partido que aceleró su salida).

Y es que el alcalde de Dos Hermanas, el mayor feudo municipal que le queda al PSOE en Andalucía, se marchó cuando los suyos lo querían quitar, y cuando el PP ya había comenzado a reivindicar la presidencia de la FAMP basándose en los resultados de las elecciones municipales de 2011 (gobierna en las ocho capitales de provincia y 260 municipios, con lo que controla el 65% de la población). Pero los socialistas no están dispuestos a soltar tan fácilmente la presa y pretenden -basándose en los estatutos- plantar cara reforzando su mayoría a través de las mancomunidades, que también tienen derecho a voto y que controlan ellos.

Desde su creación, en 1985 y siempre con presidentes del PSOE, nunca ha sido necesario votar para la elección de presidente, dado que había habido consenso, algo que está muy lejos de la realidad actual. De hecho, sigue sin fecha la asamblea prevista hace más de un año en San Juan de Aznalfarache y que fue suspendida por falta de acuerdo entre los partidos sobre quiénes debían ocupar los cargos directivos y sobre cómo debía desarrollarse la misma. Pese a que la web de la FAMP la sigue anunciando para el 26 de noviembre de 2011.