La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado que se embarguen las cantidades y bienes de Ana Julia Quezada, la mujer que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz, para hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el decreto firmado el pasado 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia por el que se procedía a embargar el dinero de la penada, que se basa en el sueldo que recibe por sus trabajos en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple su pena –en torno a 200 euros– así como cualquier otra cantidad o asignación que pueda recibir por otra vía.

La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales. Asimismo, cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.

Recurso de Quezada

Según avanza además Prensa Ibérica, la penada habría abonado desde entonces apenas 467 euros a los padres del pequeño, cariñosamente conocido como el Pescaíto, pese al periodo de tiempo transcurrido desde el primer fallo judicial, que devino en firme en febrero de 2020 por parte del TSJA.

Por su parte, la defensa de Quezada ha recurrido dicha decisión al entender que la cantidad que tiempo atrás ha percibido por sus trabajos en el interior de prisión no alcanzan el salario mínimo y, por tanto, resultarían “inembargables”, toda vez que el resto de lo que consta como su patrimonio se correspondería con ayudas que remiten sus allegados.

M.A.R.Q., la pareja sentimental de Ana Julia Quezada a la que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga por supuestas amenazas a la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez ha negado este lunes ante la jueza cualquier tipo de gesto intimidante hacia la denunciante. La madre del pequeño asesinado en 2018 en Almería denunció haber recibido amenazas directas desde prisión Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen, que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del menor.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que durante la declaración de la pareja de Ana Julia –efectuada a petición propia mediante videoconferencia– la mujer únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado, al tiempo que ha rechazado, conforme a su derecho de defensa, responder a las del resto de las partes y la instructora.

La declaración, que ha durado una media hora, llega después de que la investigada se negara a declarar el pasado mes de julio, cuando fue citada por la jueza. En esa ocasión, su representante legal alegó no haber tenido acceso completo a las actuaciones.

Un testigo alertó del posible riesgo

La versión de la investigada dista de la prestada por algunos de los testigos que han declarado en el marco de las actuaciones, entre ellos varias reclusas y también un tarotista al que M.A.R.Q. recurría para realizarle consultas sobre la situación de Ana Julia Quezada y al que trasladaba sus inquietudes. Fue este tarotista uno de los que advirtió a la madre del pequeño apodado 'pescaíto'.

Este testigo habría dado cuenta de la animadversión que la investigada mostraba hacia Patricia Ramírez, especialmente a raíz de la rueda de prensa en la que denunció la grabación de un documental desde la prisión por parte de Ana Julia Quezada con la supuesta connivencia de algunos funcionarios, quienes le habrían brindado un teléfono móvil a cambio de sexo, lo que se investiga en una causa paralela.

Asimismo, se mostró convencido de que esas supuestas amenazas de muerte de Ana Julia Quezada hacia Patricia Ramírez después de que se desvelara la intención de rodar un 'true crime' podrían verse materializadas a través de M.A.R.Q.. “M. hace todo lo que Ana Julia le pide, temo que a Patricia pueda hacerle algo”, manifestó en su declaración avanzada este lunes en 'El Programa de Ana Rosa'.

La letrada de la acusación, Verónica Guerrero, señaló entonces que este testigo corroboró lo dicho ante la Policía y aportó “material audiovisual” con las supuestas amenazas. “Ha hecho una labor excelente poniéndose en contacto con Patricia y contándole todo lo que estaba recibiendo”, valoró la letrada.

La denunciante demanda protección

Patricia Ramírez, quien también declaró en julio como perjudicada, ratificó la denuncia interpuesta el pasado 31 de diciembre al ser conocedora de posibles represalias por parte de la condenada al verse frustrada la grabación de un documental sobre el caso del menor, según ha mantenido.

“Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular”, manifestó ante los medios.

La causa fue inicialmente archivada de forma provisional, pero se reabrió tras un recurso de la acusación y la solicitud de nuevas pruebas. La jueza instructora ha adoptado como medida de protección la anonimización de todos los datos personales de Patricia Ramírez en la causa, tanto en Almería como en Ávila. La propia denunciante ha agradecido esa medida y ha subrayado que el juzgado “está tomando interés” en el caso.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado citar a Ana Julia Quezada, la mujer que cumple prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, en el marco de las diligencias abiertas por presuntas amenazas de muerte desde la prisión de Brieva (Ávila) a la madre del pequeño, Patricia Ramírez, quien denunció los hechos el pasado 31 de diciembre.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el juzgado ha decidido tomar declaración a la presa tras el testimonio prestado el pasado 2 de junio por una mujer que coincidió con Ana Julia Quezada en el centro penitenciario y habría escuchado tales amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la denunciante.

A la espera de determinar día y hora para la citación, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigo a otras de las reclusas que fueron nombradas por la primera de las declarantes, quienes también habrían presenciado esas amenazas de muerte. De igual modo, se ha acordado escuchar en sede judicial a Patricia Ramírez en calidad de perjudicada.

Por su parte, la representación letrada de la madre del niño Gabriel, la abogada Veróncia Guerrero, ha solicitado además que, en el marco de este proceso, se tome también declaración a una tarotista con la que habría contactado la pareja de Ana Julia Quezada.

Fue una denuncia ante la Guardia Civil interpuesta por la madre del 'pescaíto' el pasado 31 de diciembre la que dio origen a unas diligencias que, si bien se archivaron provisionalmente en un principio, fueron reabiertas en recurso para la práctica de pruebas.

Según explicó Patricia Ramírez, tuvo conocimiento de las supuestas amenazas por una confidente quien el aseguró que Ana Julia Quezada la quería “matar” por haber “boicoteado” un documental que la presa grabaría desde prisión sobre el caso de niño Gabriel Cruz mediante la obtención de teléfonos móviles con la ayuda de funcionarios de la prisión; un asunto que se dirime en otro proceso investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila.

“Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental”, manifestó en rueda de prensa la madre del niño Gabriel, quien aseguró que pasó “miedo” y entró “en alarma” al saber que la reclusa se quería “vengar” de ella, para lo que sospechaba además que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Los cacheos que se han realizado hasta el momento en la cárcel de Brieva (Ávila), en la que se encuentra internada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en la provincia de Almería en el año 2018, no han hallado por ahora ningún terminal de teléfono móvil.

Así lo ha apuntado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, a preguntas de los periodistas al hilo de la rueda de prensa que este pasado miércoles ofreció en Almería la madre del pequeño asesinado, Patricia Ramírez, al hilo de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mediante las que se investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva facilitaron teléfonos móviles a cambio de sexo a Ana Julia Quezada.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha aprovechado esta cuestión para expresar públicamente su “solidaridad, apoyo y cariño” hacia esa “madre que vivió y sigue viviendo tan trágicas circunstancias” derivadas del “asesinato de su hijo”, suceso que “a todos nos dejó absolutamente consternados y traumatizados”, según ha subrayado.

Dicho esto, ha aclarado que ha habido ya reuniones “con el secretario de Estado de Seguridad” y “con el secretario general de Instituciones Penitenciarias”, así como ha confirmado que “hay abierta una investigación judicial en Ávila para determinar si, efectivamente, ha habido algún tipo de interconexión telefónica desde la propia prisión hacia Patricia” Ramírez.

En ese punto, el delegado ha precisado que “no hay constancia en este momento de la existencia de ese terminal” móvil, y ha aclarado que “hay una investigación abierta también desde el punto de vista administrativo” a partir de “los hechos que se denunciaron”, con la que “se investiga si hay o no una posible colaboración de algún funcionario de la prisión” con respecto a la condenada “que pudiera propiciar el que le hubiera facilitado algún tipo de terminal”.

Pedro Fernández ha indicado que esa “investigación abierta en el ámbito administrativo” está “en este momento interrumpida, en suspenso como consecuencia de la apertura” de la “investigación judicial” en Ávila, que “es la que tendrá que determinar si finalmente hay o no hay algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación”, ha abundado.

En todo caso, el delegado ha insistido en señalar que “no le consta a Instituciones Penitenciarias, en los registros, en los cacheos que se llevan a cabo de forma ordinaria y habitual”, que haya aparecido “ningún tipo de terminal, ningún tipo de móvil”, si bien el asunto “está en plena investigación”, ha remachado.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que por parte del Gobierno no hay “ningún tipo de problema” en mantener con la madre de Gabriel “cuantas” reuniones “sean necesarias”, y ha reiterado que ya las ha habido con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Además, ha indicado que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha trasladado toda su solidaridad con Patricia para mostrarle todo el cariño y toda la colaboración necesaria para averiguar lo que sea necesario”.

En todo caso, el delegado ha incidido en que “absolutamente todo el procedimiento” se encuentra ahora “judicializado” por parte de un juez, y “todas las investigaciones están abiertas”.

“Yo lo que le puedo decir es que hay entera disposición por parte del Ministerio (del Interior) para clarificar y llegar hasta el fondo del asunto”, ha aseverado el delegado del Gobierno antes de concluir que “hay que estar atento a esa investigación judicial que cuenta con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Guardia Civil y del propio Ministerio”.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen y ha lamentado la que considera “total falta de protección institucional”, al no poder personarse como acusación particular en la investigación contra Quezada que ella misma inició al destapar que disponía de un teléfono móvil en la prisión.

En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una “revictimización constante” de familias afectadas por este tipo de casos.

Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena de prisión permanente revisable, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

“La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello”, ha afirmado.

Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: “A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga”.

En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en “vengarse” de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Sin personación en la investigación del cohecho

Ramírez habría recibido estas amenazas mientras el juzgado de instrucción 4 de Ávila investiga la presunta comisión de un delito de cohecho por un funcionario que habría facilitado un teléfono móvil a Quezada a cambio de sexo.

Según ha denunciado la madre del niño Gabriel, el juez ha rechazado su personación como acusación particular en esta investigación. “Creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia”, ha manifestado, quien ha contado que ella misma inició el procedimiento hace justo un año después de interponer una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil mediante los datos y testimonios que le trasladaban confidentes de dentro y fuera de la prisión en relación al posible rodaje de un 'true crime' sobre la asesina, con la participación de la misma desde dentro de la cárcel. Ramírez sostiene que Quezada habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones.

La madre del 'pescaíto' ha denunciado que está sufriendo “indefensión” no solo al no poder participar como acusación particular en la causa, sino por el “ninguneo” que, según ha afirmado, ha sufrido al intentar aportar documentos y datos al proceso.

Ramírez ha recalcado que para ella fue un “duro golpe” que el juzgado denegara su personación como perjudicada en la causa, que pidió el 28 de octubre del pasado año, después de estar “aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando”, al tiempo que trataba de poner en conocimiento de las autoridades los datos que recababa.

Quezada está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral, por lo que Ramírez cree que está claro su rol de “perjudicada” al amparo del estatuto de la víctima. “Puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto”, ha dicho a la hora de describir sus intentos de contactar con el instructor, así como con la Fiscalía de Ávila, tanto de forma directa como a través de la oficina de asistencia a las víctimas, con infructuosos resultados.

Amenazas y chantajes

Ramírez ha narrado además que el 31 de diciembre interpuso una segunda denuncia ante la Guardia Civil de Almería tras haber tenido constancia por fuentes cercanas a ella que Ana Julia Quezada habría manifestado que la “quiere matar” por haber “boicoteado” el documental que, según sostiene, aún está “en ciernes”.

“Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental”, ha manifestado la madre del niño Gabriel, quien ha asegurado que pasó “miedo” y entró “en alarma” al saber que la reclusa se quería “vengar” de ella, para lo que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila, para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Asimismo, interpuso una denuncia en Almería que si bien se archivó en un primero momento, después fue recurrida y ha permitido mantener abierta una investigación que está a la espera de recabar testimonios de esas presuntas amenazas.

Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: “Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas”, ha asegurado.

Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: “No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa”, ha dicho entre lágrimas.

También ha denunciado la existencia de “funcionarios implicados” en estas irregularidades: “A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?”, se ha preguntado.

Responsabilidad civil sin resolver

Ramírez ha explicado que todo esto sucede mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin estar resuelta.

“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental”, ha lamentado.

Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”, ha continuado. “Esto lo que hace es revictimizarnos. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz”.

En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: “Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola”.

Un juzgado de Ávila mantiene abierta una investigación contra varios funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva por un delito de cohecho que habría sido cometido al facilitar un teléfono móvil a la reclusa Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018. Los investigadores creen que los funcionarios mantuvieron relaciones sexuales con Quezada a cambio de facilitarle el terminal. Patricia Ramírez, madre del niño, denunció hace ahora un año que Quezada tenía un teléfono en la prisión y estaba usándolo para preparar un documental sobre la muerte del niño.

La investigación, desvelada por El País y confirmada por fuentes oficiales a elDiario.es, fue abierta hace casi un año por el juzgado de instrucción 4 de Ávila, tras una denuncia de la Guardia Civil. Quezada no sólo habría logrado introducir un móvil en la prisión, sino que lo habría usado para grabar sus encuentros sexuales con la finalidad de chantajear a la dirección de la prisión y conseguir un traslado a Barcelona, según las pesquisas, basadas en testimonios de reclusas, un educador social y la actual pareja de Quezada, quienes habrían relatado que el funcionario que le entregó el terminal avisaba a Quezada para que lo escondiera antes del registro de la celda.

El funcionario habría sido detenido el 4 de septiembre como supuesto autor de un delito de abuso de función pública. En cambio, no están siendo investigados ni Quezada ni el cocinero de prisión, supuesto cómplice para la entrega del móvil. El Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según explican fuentes judiciales.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por elDiario.es Andalucía explican que hay un procedimiento disciplinario abierto y suspendido a la espera de lo que resulte del procedimiento judicial. .

La madre denuncia “desprotección institucional y judicial”

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz (Pescaíto), denunció hace ahora un año que Quezada se había hecho con un móvil en la prisión y estaba usándolo para avanzar en la preparación de un documental. Inició entonces una lucha en dos frentes: uno particular, denunciando la situación con Quezada en la cárcel de Brieva y el intento de grabar un documental sobre el caso instrumentalizando su dolor, según expuso; y otro público, reclamando un nuevo marco de protección de víctimas de delitos violentos como ella o Ruth Ortiz, madre de los dos niños asesinados por José Bretón y un “tratamiento mediático adecuado” de las noticias de sucesos. En una comparecencia inédita en el Senado, Ramírez reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos true crime cuando afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.

Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles, en la que denunciará públicamente una situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”. En la convocatoria anuncia que abordará lo que considera una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada.

La mujer ha denunciado en reiteradas ocasiones el dolor añadido que le ha supuesto conocer que la asesina de su hijo habría intentado justificar su participación en dicho documental para obtener ingresos con los que pagar la responsabilidad civil impuesta por la condena o ayudar a su familia.

Además, recientemente se ha pronunciado contra la publicación de libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de crímenes especialmente graves, como en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba.

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo. La producción audiovisual contaría con la participación directa de su asesina, pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

“Le diría a Ana Julia Quezada, que por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel, no lo hagas”, ha manifestado la madre del pequeño en una de las pocas ocasiones en las que durante su comparecencia, en la que ha estado acompañado de su psicólogo, Francisco Martín Murcia, ha nombrado a la mujer que acabó con la vida de su hijo. Asimismo, le pediría que “no vuelva a ponerse un micrófono” para hablar del caso que tuvo lugar hace ya seis años ya que, de lo contrario, volverán a denunciarla por “lesiones” y un presunto delito “contra la integridad moral”.

Visiblemente afectada ante una nueva comparecencia pública, Patricia Ramírez ha explicado que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un true crime, para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada. Se habrían producido dos encuentros incluso durante la última semana, según ha advertido, pese a sus intentos por denunciar dicha situación tras haberla puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Entrevistas “sin permiso”

La madre del Pescaíto, sobrenombre familiar con el que se conocía a Gabril, ha especificado que las querellas que se van a interponer en los próximos días por un presunto delito de cohecho se dirigirán tanto a funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas “sin permiso” de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa “fuera de la cárcel”. También se emprenderán acciones contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.

Patricia Ramírez ha asegurado que ha tratado, en calidad de víctima, contactar con el juez de Vigilancia Penitenciaria para hacerle llegar las “irregularidades” sobre lo que ocurre en prisión, ya que la interna incluso tendría en su poder un teléfono móvil con el que facilitaría determinadas grabaciones. De paso, quiere saber qué ocurre con la responsabilidad civil que aún no está resuelta y que asciende, en total, a medio millón de euros a favor de los padres.

“La contestación fue denegarme la personación, que pudiera comunicarme con ellos y presentar un recurso”, ha apuntado ante la última respuesta recibida durante la noche de este mismo viernes en el acto celebrado en el Palacio Provincial de Almería. Este escenario acogió en 2018 la capilla ardiente de Gabriel Cruz, en la que fue despedido por “miles de personas”, y ha sido elegido de nuevo para “honrar su memoria”.

Un primer proyecto paralizado

La mujer ha explicado el periplo vivido por ella y el padre de Gabriel, Ángel Cruz, en los tres últimos años cuando, por primera vez, un “grupo multimedia” acudió a Almería a informarles de la intención de hacer un documental con Ana Julia Quezada a propuesta de su abogado, el letrado Esteban Hernández-Thiel, a quien ha señalado como el gestor la proyecto.

Patricia Ramírez ha indicado que ese proyecto inicial se paralizó por la presión social que movilizó al respecto, toda vez que durante este tiempo se han producido una serie de hitos legislativos con la inclusión en la Ley Orgánica de Protección del Menor de un artículo para hacer constar el consentimiento expreso de los padres a la hora de usar la imagen de menores, incluso fallecidos, u otras figuras de protección del honor de menores en la leyes autonómicas.

Asimismo, ha explicado su rechazo a exponer de nuevo la imagen de su hijo en otros proyectos audiovisuales enfocados a dar su opinión sobre la prisión permanente revisable así como las acciones realizadas para retirar otros productos, como un pódcast de un medio de comunicación, que se denunció y acabó con el archivo del caso.

“Pagarle para que nos veje”

También ha detallado las iniciativas emprendidas tras enterarse, hace un año y medio aproximadamente, que a Ana Julia Quezada se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio bajo el argumento de que se obtendrían “ciertos beneficios” que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles.

“Pagarle para que nos veje”, ha resumido Patricia, quien ha criticado que durante este tiempo aún no se ha depurado la situación económica de Ana Julia Quezada al no haberse investigado sus bienes en República Dominicana ni su estado actual. Aquello dio lugar al inicio de contactos para personarse como víctima.

Según la información que maneja la madre de Gabriel Cruz, desde al menos noviembre del pasado año se estaría grabando “un documental dentro de la prisión con la asesina” ante lo cual, acabó por reunirse el 27 de diciembre del pasado año con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria, a quienes hizo constar que la presa contaba con un teléfono móvil y con dinero que le habrían hecho llegar bajo la “complicidad” de los funcionarios en sucesivos vis a vis.

Pese a que se le aseguró que desde Vigilancia Penitenciaria eran contrarios a otorgar permisos para grabar a este tipo de presos, Patricia Ramírez asegura que este mismo mes de abril “dentro de la cárcel se la sigue grabando” y que “la producción ya está prácticamente”, toda vez que se ha contado con otros testimonios cercanos a ella.

“Nos informan de que sigue siendo gestionada por su abogado y de que además va a tener ciertos beneficios”, se ha quejado la madre de Gabriel Cruz, quien entiende que se estaría grabando “de forma ilícita”, por lo que ha señalado las “irregularidades” que se estarían cometiendo en prisión.

Ruego a las plataformas audiovisuales

Además de esa cascada de querellas, Patricia Ramírez también ha detallado que ha pedido la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, toda vez que ha informado a Interior de sus iniciativas, por lo que confía en que “paralicen esta situación que jamás debería haberse dado”.

Igualmente, ha reclamado el apoyo popular a través de una concentración que tendrá lugar en la tarde de este sábado en la Ballena de Gabriel, al tiempo que ha rogado a las plataformas audiovisuales que no adquieran este tipo de productos. “Que se imaginen que estoy sentada a su lado, o que soy su hijo, su hermana, su madre, y que no lo hagan”, ha solicitado.

Durante la comparecencia, en la que ha estado apoyada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, se ha proyectado también un vídeo con un mensaje de Ángel Cruz, quien actualmente reside en el extranjero, en el que ha mostrado también su rechazo para este proyecto.

“No vamos a formar parte de esto”, ha asegurado antes de advertir que “no es necesario volver a emitir” las imágenes de la búsqueda que tuvo lugar durante 11 días de su hijo así como las posteriores relativas al juicio, ya que son “muy dolorosas” para sus progenitores. “La asesina de nuestro hijo nos infligió el máximo dolor posible”, ha recordado a la hora de pedir “respeto” a la memoria de su pequeño y rechazar una sociedad en la que “por un puñado de euros, se vuelva a hablar del tema”, ha lamentado.

De otro lado, la madre de Gabriel ha agradecido el apoyo recibido durante estos días a través de las redes sociales y ha relatado su esfuerzo para tratar de normalizar. “Si atacan su honor, están atacando el mío y el de su familia. Si manchan su memoria, atacan lo más sagrado para alguien que ha perdido un ser querido. Por tanto, me comporto como cualquier madre o padre que tiene hijos y los ama”, ha dicho.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha reclamado a medios de comunicación y redes sociales que “respeten a las víctimas adecuadamente” y las “protejan del dolor innecesario”, anteponiendo la “decencia y la profesionalidad frente a intereses particulares o económicos”.

“Les ruego que den un paso adelante y den un ejemplo de país y pongan la ética y el buen hacer frente a la conveniencia”, traslada en un comunicado publicado en la red social X cuando se cumplen seis años del crimen del pequeño de ocho años.

La madre de Gabriel lamenta las “malas prácticas” y el “sensacionalismo” en las que ha estado envuelto su “caso y otros casos violentos mediáticos en España” y subraya la “necesidad” de “un tratamiento adecuado de las noticias de sucesos” que evite la “vulneración de derechos fundamentales”.

“Les pido que retiren 'lo feo' de sus cuentas y dominios, lo que mancha su memoria, sus titulares escabrosos, vídeos, podcasts morbosos e innecesarios, y les ruego reflexionen si podría resultar bueno para proteger su profesión”, indica.

Señala que comparte lo que “siente” en este comunicado en la creencia de que “este tipo de malas prácticas pueden cambiar” y en “memoria” de su “pequeño Gabriel”, al tiempo que expresa su agradecimiento a “la marea de buena gente” que nos han “apoyado sin soltarnos durante estos seis años”.

Patricia Ramírez alude al “dolor” que le produce “que se promocionen los mismos contenidos desde hace seis años” o que “se utilice” su caso, y rechaza que se “culpe” a las víctimas por “buscar ayuda por todos los lados y cualquier medio a su alcance por encontrar o salvar a su hijo, hija, hermano, mujer, marido, abuelos”.

Afea, en esta línea, que se “ayude a las víctimas a cambio de exponerles continuamente y utilizar su historia a conveniencia” y considera que “más que ayuda resulta aprovecharse de personas vulnerables necesitadas de cuidado y protección porque sus vidas cambiarán para siempre de forma drástica y brutal”.

“Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización del caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo en nuestras vidas”, subraya para concluir que resulta “triste que, en estos seis años”, cuando ha salido a la opinión pública “para solicitar que no se nos hicieran más perrerías en defensa de nuestros derechos”, lo hiciera “con miedo a que lo utilizasen para ponerme en contra de otras víctimas o afín a un partido político o ideología”.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que fue asesinado en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería), ha expresado este domingo su deseo de que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo (TS) al revisar la condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por dicho crimen, “se ajuste a la terrible realidad de lo que allí sucedió”.

Así lo ha expresado la madre de Gabriel en un comunicado difundido a los medios después de que esta semana se haya sabido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo 15 de diciembre a puerta cerrada dicha condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño, ocurrido hace ya casi tres años.

Los magistrados deliberarán sin vista los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado mes de febrero ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Almería a prisión permanente revisable.

La madre de Gabriel ha expresado este domingo el deseo de los padres del niño de que, con dicha revisión del Supremo, el “largo procedimiento judicial” que empezó tras la desaparición del pequeño el 27 de febrero de 2018, “finalice con una sentencia firme” e “irrevocable”.

Patricia Ramírez aboga por “una sentencia que le haga justicia no sólo a Gabriel y su familia, sino a todas aquellas personas que, en el afán de encontrar a mi pequeño, trabajaron duro, doblando turnos, sin dormir, con lluvia o sin ella, con profesionalidad, pero sobre todo mucha vocación de servicio, para que se pudiese hacer justicia”.

“Que se ratifique la sentencia de asesinato”

La madre de Gabriel ha explicado que, el próximo 15 de diciembre, el TS tendrá que decidir, por un lado, acerca de las peticiones de la defensa de Ana Julia Quezada, que pasan por una solicitud de “repetición de juicio”, otra de “absolución del delito de asesinato para que se considere que fue un homicidio en un momento de arrebato”, y la “absolución de los dos delitos contra integridad moral” de los que fue condenada.

Por su parte, la acusación particular que ejercen los padres de Gabriel solicitan al TS que “no estimen el recurso presentado por su defensa para que no se repita el juicio y, sólo en el caso de que decidiesen repetirlo, se tenga en cuenta” su “petición de ensañamiento en base a las pruebas presentadas”.

De igual modo, la acusación particular solicita que “no se tenga en cuenta la petición de su defensa y se ratifique la sentencia de asesinato dictada en los dos juicios anteriores y, como consecuencia, la aplicación de la pena de prisión permanente revisable”.

Los padres del niño solicitan igualmente que “no se tenga en cuenta” la petición de la defensa de Ana Julia Quezada de “absolución de los delitos de integridad moral” referidos, así como que “se vuelva a admitir el delito de lesiones (psíquicas) por el que ya fue condenada por unanimidad en la Audiencia Provincial de Almería y absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduciendo su condena en seis años”.

“Y por último, pero no por ello menos importante en la defensa de Gabriel, pedimos a la sala se tengan en cuenta los testimonios e informes presentados por la acusación basándose en las pruebas de imagen, informes forenses y científicos de la Guardia Civil, la reconstrucción de hechos y las declaraciones de los forenses, en los que se demuestra que los hechos fueron muy diferentes a los que la acusada declara y la gravedad de las lesiones son constituyentes del delito de ensañamiento, muy a nuestro pesar por el dolor que nos comporta”, añade la madre de Gabriel en su comunicado.

En nombre de “todos aquellos que lo aman y conocieron, así como el resto que lo hicieron parte de su vida”, Patricia Ramírez espera y desea “que se haga justicia en honor a su memoria, y que la sentencia nos asegure que toda esta lucha por defender a nuestro hijo, y a nosotros mismos del daño que nos causó, se ajuste a la terrible realidad de lo que allí sucedió”.

“Sólo de esta manera podemos resarcir el daño a su memoria, que el dolor al menos se acompañe de una justa respuesta del sistema de protección judicial y salvaguardar a la sociedad para que estos hechos nunca puedan repetirse”, concluye la madre del niño Gabriel.

Los árboles de los malvados no nos dejan ver el bosque de los héroes. O es que quizá este país tiene demasiadas estatuas ecuestres como para distinguir a la infantería ligera, esa gente que según Joan Manuel Serrat siempre estuvo detrás de las letras mayúsculas y las gestas de la humanidad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de las cifras y de los rascacielos. A menudo, olvidamos a quienes alimentaron a los ejércitos del César o arrastraron, como desveló Bertolt Brecht, los grandes bloques de piedra con que los reyes supuestamente levantaron Tebas, la ciudad de las siete puertas.

Aplaudimos con justicia las victorias de Rafael Nadal o de la selección de baloncesto, vitoreamos a los líderes políticos -si bien es cierto que cada vez con menos entusiasmo-, admiramos a los tiburones de las finanzas aunque digamos detestarles o pedimos selfies a una legión de boca chanclas y huelebraguetas que viven de ocupas en nuestros televisores. En nuestro tiempo se está librando una guerra por la dignidad y la cabeza de puente se llaman Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres de Gabriel, el niño que quiso ser un pez y fue devorado por una sirena escalofriante que ahora se sienta en el banquillo.

Ahí es donde ambos marcan la diferencia. Cuando tendrían el airado derecho de las víctimas a clamar venganza, ellos exigen justicia, nada más y nada menos. Pero también reclaman que su hijo no muera dos veces. Una, asesinado a manos de una mujer con la que le unía el agravante de una relación de confianza. Y otra, aniquilando su recuerdo en ese circo que convierte al dolor en un negocio.

Imagino el reconcomio que habita a los dos, la sorda angustia de quien pierde a un hijo, máxime cuando es un crimen el que se lo arrebata. Supongo sus dudas, malicio sus lágrimas, pero les he visto agarrarse siempre a una canción quizá porque la música amansa a las fieras y es lo último que se olvida. Frente al alarido, su serenidad nos reconforta a todos; siendo ellos los primeros en necesitar paradójicamente consuelo, su mirada en cambio parece que nos abrazara. Frente a los ladridos de la jauría del ojo por ojo, ellos han intentado que nadie use en vano el nombre de Gabriel, como si quisieran, sin alardes, dedicarnos a todos la educación que nunca podrán ya dedicarle a él.

Seguro que no son perfectos, que les habrá arrebatado la rabia y descorazonado la razón, pero ahí están, en pie, pero en pie de paz, trasmitiendo desde el burladero de los medios de comunicación la confianza que pocas veces transmiten las instituciones, los poderes públicos, eso que a menudo llamamos Estado.

Soldados deconocidos

En un país donde medran los tiralevitas y los petulantes, los avaros a los que decimos despreciar pero que en el fondo idolatramos; en la España del mangoneo y la mangancia, la que va de la avenida de la desmemoria al bulevar del olvido, la que sueña con platós y a la que le faltan platos de lentejas, le cabe todavía un candil de esperanza. Aquí y ahora, hay soldados desconocidos que se echan a diario a la calle para intentar llegar al final de la jornada, gente que no defiende la educación y la salud pública por ideología sino a menudo por simple necesidad, supervivientes del cuarto mundo, clase media empobrecida, abuelos que ejercen de padres y padres que ejercen pluriempleo. Hay muchos más héroes de cada día en nuestros pueblos y ciudades que en los gloriosos panteones de la historia. Ángel y Patricia lo son: ¿quién va a condecorarles con la medalla al merito civil sin otro distintivo que el de ser demócratas y demostrarlo?

Cuando nada es firme, la justicia flaquea y los gobiernos no existen, cuando la avaricia rompe el saco y lo pagamos entre todos, cuando la barbarie aspira a representarnos y a veces lo logra, allí están ellos. Nadie, que yo sepa, ha ingeniado todavía una palabra para definir a los padres que se quedan huérfanos de hijos. La Real Academia de la Lengua podría considerar la posibilidad de utilizar sus nombres para ello. Con muchos otros hemos sentido compasión, duelo e impotencia. Con ambos, también. Pero a su vez orgullo.

El juicio por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018 ha quedado visto para sentencia este martes tras escuchar las conclusiones de la fiscal, la acusación particular y la defensa. A partir de este momento, el jurado popular formado por siete mujeres y dos hombres− tiene que deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada como autora de un delito de asesinato por la muerte violenta del menor.

Esta institución jurídica formada por ciudadanos de a pie intervendrá también en la causa por la muerte de Diana Quer. Precisamente hace una semana la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acordó prohibir la divulgación por los medios de comunicación del vídeo de la reconstrucción de hechos practicada durante la investigación de su muerte para preservar la imparcialidad de los candidatos a jurado. El magistrado tomó la decisión tras la solicitud de la acusación particular de que se suspendiera la emisión del vídeo en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de sentencias emitidas en 2016 por un jurado popular fue de 209, en su mayoría condenatorias: el 92,3% del total. Esta herencia de la tradición anglosajona está presente en muchos países, aunque con distintos matices. Estados Unidos es uno de los países que más recurre a esta figura. Por ejemplo, un jurado popular de Florida declaró culpable de un triple asesinato al español Pablo Ibar. La Corte Suprema de este Estado anuló en 2016 la condena por la debilidad de las pruebas en su contra y, tras la repetición del juicio y una nueva sentencia condenatoria, uno de los doce miembros se retractó del veredicto. Su defensa inició a principios del mes de junio los pasos previos para el recurso de solicitud de repetición del juicio.

Elección por sorteo y retribución por cada día de juicio

En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.

Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Están excluidos, por ejemplo, de los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuya a la Audiencia Nacional.

La lista de candidatos −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.

Cuando se tiene que formar un jurado para un caso, el magistrado entrevista de forma individual a 36 personas citadas de esa lista procedente del censo electoral. Uno de los problemas a los que se enfrentan los candidatos en este punto es compaginar su vida laboral y familiar con un juicio. Precisamente por ello, hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar. Una vez han sido elegidos de forma definitiva, tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.

¿Cómo funcionan los juicios con tribunal de jurado?

Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Es decir, concluyen si el acusado es culpable o no lo es, pero no concretan el delito y la pena, que es trabajo del juez. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes, como en cualquier otro proceso.

Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia: para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.

Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que haya llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo. La defensa de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, cuestionó en septiembre el tribunal pudiera juzgar con “imparcialidad” por la enorme repercusión del caso y pidieron que fuera enjuiciada por profesionales.

La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.

Ana Julia Quezada se asoma al abismo de la prisión permanente revisable. Un año y medio después de la desaparición del pequeño Gabriel en un camino de Las Hortichuelas (Cabo de Gata-Níjar), un jurado popular compuesto por siete mujeres y dos hombres dirime si la acusada mató al niño de forma fortuita, como sostiene la defensa, o si, por el contrario, lo asesinó como parte de un plan calculado para ganar la atención de Ángel Cruz y apartarlo de su exmujer, Patricia Ramírez.

La mujer, de 45 años de edad, irrumpió la pasada semana en la Audiencia Provincial de Almería con aspecto muy mejorado, enérgica y con la lección aprendida después de meses de aislamiento en prisión. Su misión era convencer al jurado de que el pequeño murió accidentalmente durante una discusión en la finca de Rodalquilar (Níjar) aquella tarde del 27 de febrero de 2018. Un homicidio imprudente, según el letrado defensor Esteban Hernández Thiel. Tres años de cárcel.

La defensa jugó dos bazas en la sala. La primera es la escasa preparación de un crimen. “Si esto es un asesinato, es una auténtica chapuza”, alegó el abogado de Quezada en la sesión de este martes. El cuerpo permaneció escondido en un hoyo de solo diez centímetros de profundidad y cubierto por unas tablas durante 12 días en una finca familiar. Dejó la pala y el hacha. Colocó la camiseta. Perdió los móviles. Incriminó a una expareja residente en la cercana pedanía de Las Negras. Y, finalmente, sacó el cuerpo y protagonizó “una ruta errática”, según un teniente de la Guardia Civil, hasta su detención en La Puebla de Vícar.

La segunda baza es el informe del Instituto de Medicina Legal de Almería sobre la autopsia al menor. Los forenses afirman que el niño murió de “anoxia” fruto de la “sofocación” y que los golpes en la cabeza se produjeron durante la maniobra. Para la defensa, el análisis encaja con el relato de Ana Julia Quezada. “Le tapé la boca, pero no quería hacerle daño, solo quería que se callara. No quería matar al niño”.

Y frente a la versión de Ana Julia, una avalancha de pruebas en su contra. Durante dos semanas de juicio oral los testigos, los agentes y los peritos citados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería han construido el edificio de la acusación. Particularmente detallada fue la declaración de una veintena de guardias civiles de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Almería y de la Unidad Central Operativa (UCO). Cada uno de los agentes atacó un punto clave de la línea de flotación de la defensa. “No colaboró en ningún momento, trató de ocultarlo desde el principio e incriminó en tres ocasiones a su expareja”, señaló un mando.

Según las pruebas, Ana Julia Quezada hizo lo posible por esconder el cuerpo de Gabriel Cruz y se atrevió a llevar a familiares y agentes al cortijo de Rodalquilar en repetidas ocasiones. “Iba cada día a la finca para comprobar que todo estaba en orden”, señaló la Guardia Civil. El 11 de marzo, antes de ser arrestada a las puertas de su casa en Vícar, los agentes grabaron insultos al niño y el intento de arrojar el cadáver en una zona de invernaderos. “Pensamos que iba a tirar el cuerpo al mar”, añadió un teniente.

La fiscala Elena Fernández Lora y el abogado de los padres, Francisco Torres, coinciden en una petición de prisión permanente revisable. “Es calculadora, fría y mentirosa. Su relato de una muerte accidental ofende a la inteligencia y al más mínimo sentido común”, señaló la fiscala. “Esta mujer no puede volver a pisar la calle”, aseveró el letrado en su informe final.

Sin embargo, ambos difieren en un aspecto clave de la secuencia de hechos en Rodalquilar. La fiscala acusa a Quezada de un asesinato con alevosía y acoge plenamente el informe del Instituto de Medicina Legal. Cree que la procesada “aprovechó la oportunidad” de matar al niño aquella mañana. “Le estorbaba en su relación con el padre Ángel Cruz y tenía animadversión a la madre Patricia Ramírez”. Fernández Lora asume la vía de una muerte rápida y sin sufrimiento. Además, recalca la existencia de una “desproporción de fuerzas”, como acreditan los forenses.

Por su parte, la acusación particular toma un camino alternativo, más espinoso. Solicita una condena por un asesinato con alevosía y ensañamiento y cree que el niño sufrió “un trato cruel” antes de morir. El abogado Francisco Torres afirma que Ana Julia golpeó violentamente al pequeño y, entre 45 y 90 minutos después, fue asfixiado. Para acreditarlo, aportaron un informe médico sobre las lesiones en la cabeza muy discutido por la defensa y por la propia fiscala.

Los miembros del jurado popular reciben este miércoles el objeto de veredicto, esto es, el cuestionario que tendrán que responder para definir si Ana Julia Quezada asesinó a Gabriel Cruz o, por el contrario, cometió un homicidio por imprudencia. Además, la deliberación abordará también la posible comisión de dos delitos de lesiones psíquicas contra los padres por el comportamiento de la acusada durante 12 días de búsqueda, en los que participó en manifestaciones y animó a la familia con la posibilidad de un desenlace positivo. De momento, la Fiscalía ya ha solicitado 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los gastos generados en aquella búsqueda en Las Hortichuelas (Níjar), cuando el cuerpo del pequeño yacía ya en el jardín de un cortijo a cinco kilómetros de la casa de su abuela.

El jurado popular tiene en sus manos la resolución del caso más mediático de la crónica negra en la provincia de Almería. Solo el juicio oral congregó a 150 periodistas en el Palacio de Justicia. Sobre la mesa está el relato de una tragedia. La versión de un accidente. Y, en su contra, un esfuerzo de 568 días para desmontar a Ana Julia.

La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable por el delito de “asesinato con alevosía” para la acusada Ana Julia Quezada Cruz por el asesinato del menor Gabriel Cruz Ramírez, el 27 de febrero de 2018 en la pedanía de Rodalquilar de Níjar.

El escrito provisional de la calificación del Ministerio Público ha sido remitido al Juzgado de Instrucción nª 5 de Almería, previo a la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial ante un tribunal con Jurado, según informa en un comunicado la Fiscalía Superior de Andalucía.

El escrito del Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.

También solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.

Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.

Asfixia mecánica por sofocación

El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima.

“Con la finalidad de encubrir su actuación criminal- señala el escrito fiscal- la acusada, ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras” y trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar siendo localizadas por la Guardia Civil en su investigación.

La calificación del Ministerio Fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de “aflicción, compungida y apesadumbrada involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo”, todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor.

Incluso durante la búsqueda, ésta llegó a propiciar el hallazgo de una de las prendas de la víctima en un cañaveral apartado y de difícil acceso que ella había frecuentado únicamente con una anterior pareja sentimental, persona que vivía en las inmediaciones del lugar ello “con la evidente finalidad de despistar en la búsqueda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso con el propósito de dirigir sospechas contra la referida expareja y ante la presión que le suscitaba la presencia cada vez mayor de efectivos de las Fuerzas de Seguridad, voluntarios y de medios de comunicación”, señala el escrito del Ministerio Público en su calificación.

Finalmente, refiere el escrito de acusación del Ministerio Fiscal que “como consecuencia del trágico desenlace y del conocimiento que con posterioridad han tenido los padres de la implicación directa de la acusada y del proceder de la misma, tras la muerte del menor, en el desarrollo de los hechos acaecidos, persona integrada en su más íntimo entorno familiar, ambos progenitores están padeciendo una afectación psíquica importante en su estado de salud”.

“No es racismo ni xenofobia ni nada de eso, es una fiesta y así se lo he explicado a la Fiscalía”. El alcalde de Coripe (Sevilla), el socialista Antonio Pérez, ha defendido la “tradición” de la 'Quema de Judas', cuya última víctima fue la asesina confesa del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería). Antes fueron linchadas muñecos que representaban a Barbara Rey, Eva Sannum, Iñaqui Undargarín o el asesino de Marta del Castillo. “Llevo toda la vida en Coripe y siempre se ha hecho esa tradición”, comenta uno de los vecinos de la localidad que ha arropado al primer edil a las puertas de los juzgados de Sevilla. Así le han recibido tras su declaración como investigado:

Pérez ha declarado junto a la concejala de Festejos de Coripe, Irene García, después de que los hechos fueran denunciados por 'Movimiento contra la Intolerancia'. El alcalde, al que se le ha visto bastante afectado por su comparecencia judicial, ha dicho escuetamente a los medios que ha explicado “la fiesta” a la Fiscalía y que “todo el mundo puede ver en Wikipedia” cómo se elige anualmente a una persona para lincharla, ha dicho repetidamente ante las preguntas de los periodistas al respecto.

El alcalde y la concejala, investigados por posible delito de odio, han estado arropados por aproximadamente un centener de vecinos, que se han organizado para acudir en autobús a Sevilla y que tampoco han querido comentar mucho al respecto de la investigación sobre su “fiesta”.

El alcalde, que en su momento pidió disculpas a los padres de Gabriel por el “revuelo formado”, ha añadido ante la prensa que en la 'Quema de Judas' “un muñeco representa el mal y lo que se mata es el mal”, del mismo que anteriormente ocurrió “con políticos, banqueros, árabes,... Hay que conocer la fiesta”.

La denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia por la que se abrieron estas diligencias de investigación adjuntaba un vídeo del pasado Domingo de Resurrección. Para la asociación, los hechos ocurridos son “contrarios a los más elementales principios del derecho reparador” y “obvian el necesario interés del menor, que ha de ser protegido en todo momento”, ya que “públicamente” fomentan “el odio y la violencia hacia la muñeca representativa de la confesa criminal del niño Gabriel” y en ellos “podrían desarrollarse estereotipos y prejuicios de naturaleza racista, misógina y xenófoba”.

La muñeca de Ana Julia, según la asociación, fue llevada a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros que, antes de colgarla, le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad. Durante el transcurso de los hechos se escucharos expresiones “vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia”, y todo esto se realizaba en un contexto popular con “menores presenciando los hechos”, según subraya la asociación.

La Fiscalía de la Audiencia de Sevilla ha citado como investigado al alcalde de Coripe (Sevilla), Antonio Pérez (PSOE), a raíz de una denuncia del Movimiento contra la Intolerancia por una fiesta en la que fue quemada una figura que representaba a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz.

La denuncia fue presentada tras difundirse unos vídeos de la fiesta de Judas del pasado Domingo de Resurrección, en los que se apreciaban “vejaciones racistas y violentas” contra el muñeco que representaba a Ana Julia Quezada.

Se trata de una fiesta que se celebra cada año y que consiste en tirotear a un muñeco hecho de trapo y paja que representa a un personaje conocido que haya destacado por haber realizado alguna mala acción en el que se esconde un poco de gasolina hasta que comienza a arder.

Según el escrito de citación al que ha tenido acceso Efe, el alcalde tendrá que comparecer ante la Fiscalía el próximo 6 de junio a las 11.00 horas para responder ante un posible delito de odio y explicar el procedimiento que se sigue para elegir al personaje del Judas de cada año y quiénes eran las personas que habrían realizado las supuestas expresiones vejatorias.

El Ayuntamiento aseguró en su día que no se trató de una fiesta racista, sino de una tradición que además es Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que los vecinos que lo organizan decidieron este año que la protagonista fuese Quezada.

Los mandos al frente de la investigación del crimen del pequeño Gabriel sitúan los celos como la posible causa del crimen del menor, cometido presuntamente a manos de la pareja del padre, Ana Julia Quezada. En una comparecencia de prensa que se celebra esta mañana en Almería, el comandante de la UCO Juan Jesús Reina ha dicho: “El móvil está en la mente de quien lo realiza (...) Para Ángel (el padre), Gabriel era lo más importante. Si tenía un fin de semana, era para él. Cualquier hora era para él. Eso es muy importante”.

El comandante Reina ha restado toda credibilidad al relato de los hechos que hace Quezada, en el sentido de que el niño la insultó y atacó y ella se defendió antes de matarlo. “Hemos acabado conociendo muy bien a Ángel, a Patricia (la madre), a Gabriel... Son unos padres que han educado al niño en el amor y el respeto y no, Gabriel no pudo hacer ningún tipo de insultos que ella refiere. Se le educó en el amor y el respeto a los demás”, ha dicho el comandante.

El trazado que hacen de la investigación sus responsables sitúa a Quezada como sospechosa desde que comienzan las pesquisas y se entrevistan con todo el círculo del niño. Sin embargo, el hallazgo de la camiseta el 3 de marzo la sitúa ya como su principal objetivo. En este sentido, el teniente coronel José Hernández Mosquera, jefe accidental de la comandancia de Almería, ha explicado que es ella quien insiste al padre en que había que buscar por la zona donde apareció la prenda y después quien dice haberla encontrado, cuando Ángel está alejado unos metros.

Además, el mando de la Guardia Civil ha desvelado que creen que Quezada quería orientar las pesquisas hacia su expareja, que vive en la zona. Pero el hallazgo de la camiseta seca, cuando había llovido, que fuera ella y en la zona donde había propuesto buscar, la situaron, por el contrario, en el centro de las sospechas. “La principal línea de investigación entonces fue que Ana nos llevara a Gabriel”, ha añadido el comandante Reina.

Los medios “llegan a entorpecer” la investigación

Desde ese momento, la Guardia Civil se pone a vigilar día y noche a Quezada en secreto. La mujer se desplaza a diario a la finca donde había matado al niño, pero siempre acompañada. En este punto, el teniente coronel ha afirmado que algunos medios de comunicación “llegan a entorpecer” su labor. Aludía así al seguimiento que un medio hizo de la sospechosa.

La Guardia Civil había registrado la finca familiar de Rodalquilar, sin encontrar el cuerpo. La explicación que dan los investigadores es que ellos buscaban entonces a Gabriel vivo. El niño, sin embargo, descansaba en un agujero que había cavado la presunta asesina, tapado con piedras decorativas y tablones. “Desde el principio hemos manejado la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo y eso condicionó nuestras acciones”, ha explicado el teniente coronel.

La mujer seguía cometiendo errores. En dos ocasiones dijo a los guardias haber perdido el móvil. Solo sirvió para sospechar más de ella. Como ha comentado el teniente coronel, la ubicación de su teléfono que tienen los especialistas la ubica perfectamente en el área del crimen en el momento en que se cometió. 

“Queríamos que cometiera el último error y al final lo hizo la mañana del domingo, cuando se vio un poco liberada. La pena es que queríamos que nos llevara a una habitación donde estuviera Gabriel y nos llevó a donde estaba (su cadáver)”, ha dicho el jefe de la Comandancia de Almería.

El equipo que la vigila ve cómo saca lo que parece un cuerpo enrollado en mantas y lo introduce en el coche. Sobre las especulaciones acerca de por qué se llevó el cuerpo al garaje de la vivienda familiar, los investigadores creen que no sabía muy bien qué hacer, ya que da un rodeo hacia Almería y no se detiene y acaba en Vícar. 

Aunque los celos es la principal hipótesis, los mandos han explicado que la familia les trasladó que Ana Julia Quezada tuvo “una actitud extraña” cuando se plantearon subir la recompensa por cualquier información. Otros hechos hacían apuntar más hacia ella: “Hacía comentarios públicos de que el niño iba a parecer. Hoy no, porque hay mucha presión por la manifestación, pero seguro que mañana. A nosotros nos avivaba la esperanza. Vamos, seguimos, que está con vida”.

Tras advertir que el equipo de la UCO no es de psicólogos forenses, el comandante Reina ha dibujado un perfil de la acusada: “Es una persona con una frialdad máxima, que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica y, en ciertas circunstantcias negativas, con ansiedad muy grande. Bastante manipuladora”.

Los investigadores también han dicho que nunca le dijeron a la familia que Ana Julia era la principal sospechosa y que solo cuando se halló el cuerpo se les comunicó que la pareja del padre estaba detenida. 

“¿Que si lloramos? Claro que sí”

Una periodista ha preguntado a los mandos por su experiencia personal en el caso y por el momento en el que los agentes comprueban que lo que transporta Quezada en el maletero es el cuerpo sin vida del niño. El comandante Reina -que ha participado en relevantes operaciones en la lucha contra ETA y que estuvo al frente también del caso de de Diana Quer, más recientemente- no ha podido evitar las lágrimas. 

“Por el hilo de esperanza de encontrar a Gabriel, cuando llegamos y constatamos que Gabriel está sin vida, yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional. De todos, pero dicho esto, ¿que si lloramos? Claro que sí, y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Somos humanos”, ha dicho el comandante de la UCO. 

"Para el padre, Gabriel era lo más importante. Cualquier hora era para él. Eso es muy importante", dice un mando de la UCO

Los investigadores rebaten la versión de la acusada: "Gabriel no pudo hacer ningún tipo de insultos. Se le educó en el amor y el respeto a los demás"

Desvelan su sospecha de que Ana Julia Quezada quiso orientar las investigaciones hacia una expareja que vive cerca de donde ella dijo encontrar la camiseta

El jefe de la Comandancia de Almería asegura que los medios "han llegado a entorpecer" la investigación

Los mandos al frente de la investigación del crimen del pequeño Gabriel sitúan los celos como la posible causa del crimen del menor, cometido presuntamente a manos de la pareja del padre, Ana Julia Quezada. En una comparecencia de prensa que se celebra esta mañana en Almería, el comandante de la UCO Juan Jesús Reina ha dicho: “El móvil está en la mente de quien lo realiza (...) Para Ángel (el padre), Gabriel era lo más importante. Si tenía un fin de semana, era para él. Cualquier hora era para él. Eso es muy importante”.

El comandante Reina ha restado toda credibilidad al relato de los hechos que hace Quezada, en el sentido de que el niño la insultó y atacó y ella se defendió antes de matarlo. “Hemos acabado conociendo muy bien a Ángel, a Patricia (la madre), a Gabriel... Son unos padres que han educado al niño en el amor y el respeto y no, Gabriel no pudo hacer ningún tipo de insultos que ella refiere. Se le educó en el amor y el respeto a los demás”, ha dicho el comandante.

El trazado que hacen de la investigación sus responsables sitúa a Quezada como sospechosa desde que comienzan las pesquisas y se entrevistan con todo el círculo del niño. Sin embargo, el hallazgo de la camiseta el 3 de marzo la sitúa ya como su principal objetivo. En este sentido, el teniente coronel José Hernández Mosquera, jefe accidental de la comandancia de Almería, ha explicado que es ella quien insiste al padre en que había que buscar por la zona donde apareció la prenda y después quien dice haberla encontrado, cuando Ángel está alejado unos metros.

Además, el mando de la Guardia Civil ha desvelado que creen que Quezada quería orientar las pesquisas hacia su expareja, que vive en la zona. Pero el hallazgo de la camiseta seca, cuando había llovido, que fuera ella y en la zona donde había propuesto buscar, la situaron, por el contrario, en el centro de las sospechas. “La principal línea de investigación entonces fue que Ana nos llevara a Gabriel”, ha añadido el comandante Reina.

Los medios “llegan a entorpecer” la investigación

Desde ese momento, la Guardia Civil se pone a vigilar día y noche a Quezada en secreto. La mujer se desplaza a diario a la finca donde había matado al niño, pero siempre acompañada. En este punto, el teniente coronel ha afirmado que algunos medios de comunicación “llegan a entorpecer” su labor. Aludía así al seguimiento que un medio hizo de la sospechosa.

La Guardia Civil había registrado la finca familiar de Rodalquilar, sin encontrar el cuerpo. La explicación que dan los investigadores es que ellos buscaban entonces a Gabriel vivo. El niño, sin embargo, descansaba en un agujero que había cavado la presunta asesina, tapado con piedras decorativas y tablones. “Desde el principio hemos manejado la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo y eso condicionó nuestras acciones”, ha explicado el teniente coronel.

La mujer seguía cometiendo errores. En dos ocasiones dijo a los guardias haber perdido el móvil. Solo sirvió para sospechar más de ella. Como ha comentado el teniente coronel, la ubicación de su teléfono que tienen los especialistas la ubica perfectamente en el área del crimen en el momento en que se cometió. 

“Queríamos que cometiera el último error y al final lo hizo la mañana del domingo, cuando se vio un poco liberada. La pena es que queríamos que nos llevara a una habitación donde estuviera Gabriel y nos llevó a donde estaba (su cadáver)”, ha dicho el jefe de la Comandancia de Almería.

El equipo que la vigila ve cómo saca lo que parece un cuerpo enrollado en mantas y lo introduce en el coche. Sobre las especulaciones acerca de por qué se llevó el cuerpo al garaje de la vivienda familiar, los investigadores creen que no sabía muy bien qué hacer, ya que da un rodeo hacia Almería y no se detiene y acaba en Vícar. 

Aunque los celos es la principal hipótesis, los mandos han explicado que la familia les trasladó que Ana Julia Quezada tuvo “una actitud extraña” cuando se plantearon subir la recompensa por cualquier información. Otros hechos hacían apuntar más hacia ella: “Hacía comentarios públicos de que el niño iba a parecer. Hoy no, porque hay mucha presión por la manifestación, pero seguro que mañana. A nosotros nos avivaba la esperanza. Vamos, seguimos, que está con vida”.

Tras advertir que el equipo de la UCO no es de psicólogos forenses, el comandante Reina ha dibujado un perfil de la acusada: “Es una persona con una frialdad máxima, que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica y, en ciertas circunstantcias negativas, con ansiedad muy grande. Bastante manipuladora”.

Los investigadores también han dicho que nunca le dijeron a la familia que Ana Julia era la principal sospechosa y que solo cuando se halló el cuerpo se les comunicó que la pareja del padre estaba detenida. 

“¿Que si lloramos? Claro que sí”

Una periodista ha preguntado a los mandos por su experiencia personal en el caso y por el momento en el que los agentes comprueban que lo que transporta Quezada en el maletero es el cuerpo sin vida del niño. El comandante Reina -que ha participado en relevantes operaciones en la lucha contra ETA y que estuvo al frente también del caso de de Diana Quer, más recientemente- no ha podido evitar las lágrimas. 

“Por el hilo de esperanza de encontrar a Gabriel, cuando llegamos y constatamos que Gabriel está sin vida, yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional. De todos, pero dicho esto, ¿que si lloramos? Claro que sí, y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Somos humanos”, ha dicho el comandante de la UCO. 

Este país no tiene ningún problema criminológico o jurídico. Esta sociedad no berrea y clama porque nuestro Estado de Derecho presente disfunciones inaceptables que puedan remediarse a golpe de reforma del Código Penal. Esta sociedad tiene un problema ontológico. Grave. Eliminadas las respuestas resignadas a las preguntas que el hombre ha intentado responder desde que dejó de andar como un simio -las respuestas que las religiones proporcionaban con cómodos repertorios para toda suerte de males- las sociedades occidentales, y la española en particular, ven como una gran parte de su población se deja arrastrar por un movimiento desenfrenado que pretende vender la seguridad y el fin del mal en cómodas píldoras carcelarias.

Y es el momento de decir con toda claridad que el mayor miedo que anima su reacción visceral y atávica no es el miedo a sufrir el mismo daño en ellos o en sus familiares que han sufrido otros -la estadística española de bajísima criminalidad bastaría para apaciguarlo- sino el miedo a mirar a los ojos al misterio del ser humano. Un misterio que no hemos logrado descifrar ni gobernar ni mucho menos controlar. Cuando masas enfebrecidas, a través de todos los medios a su alcance, llaman cerdos, ratas, deshechos, o cualquier otra cosa similar, a los presuntos autores de crímenes execrables están, en todo momento, privándoles siquiera con los epítetos de su cualidad de seres humanos. Lógico puesto que es en ésta en la que radica el origen del vértigo, del miedo, del pasmo. Es precisamente el hecho cierto de que no son animales sino personas, constitutivamente iguales a nosotros, lo que convierte en vertiginoso intentar comprender cómo pudieron llegar a cometer acciones tan abyectas. Son preguntas ontológicas cuya respuesta nadie posee aún. ¿Existe la maldad? Si no tenemos alma ¿dónde reside? ¿qué tipo de ausencia es? ¿somos por contra una sucesión de complejísimos procesos biológicos, neuronales y químicos? ¿son estos procesos los que son diferentes en algunos individuos? En resumen: ¿por qué? Ese porqué que lleva persiguiéndonos desde que fuimos capaces de razonar y de comunicarnos. Ese porqué que incluso nos aleja de los animales, cuyas únicas motivaciones para destruir a miembros de su especie o de otras tienen que ver con instintos biológicos sobre los que carecen de control. Los criminales, ni siquiera los peores de entre ellos, no son animales. El gran problema es que son personas.

El problema ontológico tiene que ver también con la realidad con la que contemplamos nuestra propia existencia en sociedad. Ansiamos la seguridad. Eso sí es un instinto biológico. Deberíamos saber ya, y de una forma racional, que tal seguridad total es un estado de evolución que no hemos alcanzado. La seguridad total sólo puede proceder de la comprensión de los orígenes de lo que hemos convenido en llamar maldad y la capacidad de obrar para que dejaran de operar y todos fuéramos seres benéficos. No ha llegado el momento y puede que no llegue jamás. Al menos ninguno de nosotros como individuos ha de verlo.

Sin embargo, sí hemos sido capaces hasta el momento de darnos cuenta de los efectos destructivos y degradantes que ha tenido históricamente el intentar luchar contra esta inseguridad por determinados medios. Al final, la realidad y las tragedias y nuestro propio avance en sabiduría y en reflexión, nos han llevado a aceptar que es preciso dotarnos de unas normas que conviertan el necesario castigo por los actos inaceptables en algo que no nos degrade como sociedad. Lo hemos hecho y lo hemos plasmado en una serie de códigos y axiomas que consideramos irrenunciables y que rigen nuestra convivencia. Unos códigos que pretenden preservar unos derechos que hemos considerado irrenunciables a nuestra propia naturaleza humana y que, asumiendo la necesidad del castigo e incluso de la venganza, los han tecnificado para alejarlos de toda pasión y los han dejado en manos del Estado para alejarlos de toda acción irreflexiva, desproporcionada o inhumana.

No ha sucedido nada que deba cambiar esto. Nada. Seguimos viviendo en un valle de lágrimas cuya salida al edén prometido nadie, salvo los que creen en otras vidas, ha encontrado aún. Aun así, España es una de las partes del valle en las que las lágrimas son más escasas y el castigo por verterlas más duro.

Ante un suceso que nos conmociona y que nos toca nuestras fibras más íntimas sólo debemos responder con esos mecanismos pactados. Los linchamientos, las venganzas individuales, las turbas, los gritos reclamando la vuelta de castigos que afortunadamente ya abandonamos, por ineficientes y degradantes incluso para quiénes los aplican, no tienen cabida en el país y en el mundo que yo quiero habitar. Oírlos sólo servirá para retrotraernos a un tiempo peor y, sobre todo, no arreglará nada.

Las preguntas que siempre se hizo el hombre seguirán ahí, sin respuesta, riéndose en nuestra cara y en nuestros corazones manchados de violencia. Me temo que ahora asistimos a la búsqueda de algunas venganzas privadas por el sinuoso camino de convertirlas en pública y de que sea el Estado quien la asuma. Debemos estar vigilantes ante tal manipulación. Los políticos decentes sólo pueden asumir la defensa de los pilares de nuestra civilización, aún con el coste de ser incomprendidos por muchos votantes e incluso de ser castigados en las urnas. Dar lo que no se puede dar porque de forma tumultuaria se pide: héteme aquí la definición de populismo. Dañar lo grandioso para abonar lo pasional o lo gregario. Ese es el destino de los que nos arrastran a la destrucción por un puñado de votos.

Asumir esto no significa asumir que nada podemos hacer sino insistir en que lo que hagamos debe ser en una marcha hacia adelante en busca de métodos y medios mejores para encontrar paliativos humanos a una realidad cuyo final a todos se nos escapa. Debemos aprender a protegernos mejor de esa fuerza destructiva que algunos de nuestros congéneres llevan consigo. Volver a lo que ya probamos y no funcionó no es una opción. Ya hubo prisiones permanentes, cadenas perpetuas, penas de muerte, hierros candentes y emparedamientos. Nada cambió. Explorar nuevos modelos asociados a la tecnología y a la investigación como medios de libertad vigilada con prohibición de abandono de zonas y/o con tratamiento médico obligatorio pueden ser una vía más racional. Esto último fue introducido por el PP en 2010 pero no se ha desarrollado. El estudio profundo neurológico, bioquímico o del tipo que sea que intente dar respuesta a nuestras preguntas más profundas también será una vía.

Todo menos volver a ese lugar que logramos abandonar a base de mucha sangre porque sólo más sangre hallaremos allí. Para muchos ha llegado el momento de dar testimonio. Aun cuando lluevan los escupitajos. Y de poner la otra mejilla como ya mandó el primer gran derogador de la Ley del Talión que algunos predican de nuevo.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dan por cerrado “casi al cien por cien” el caso del crimen del pequeño Gabriel Cruz después de haber obtenido la confesión de la presunta autora, Ana Julia Quezada. Este hecho, la asunción de los hechos por la mujer este martes por la mañana, era el objetivo que se proponían desde mediados de la semana pasada, cuando ya estaban convencidos de que ella era la autora de la desaparición del menor.

Fuentes de la investigación explican que aún conservaban un hilo de esperanza acerca de la posibilidad de que un cómplice de la mujer retuviera al chico, pero que eso era más bien un deseo. La principal hipótesis ya era que ella era la autora de la desaparición y muerte de Gabriel y de que lo había hecho en solitario, como ha terminado confesando. “A eso apostamos y Ana Julia nos tenía que llevar a una cosa o a la otra”, aseguran las citadas fuentes.

Es en ese momento, el ecuador de la pasada semana, cuando los investigadores decidieron que era cuestión de días proceder a su detención, que nunca se postergaría más allá del domingo. No hizo falta agotar el plazo. Las evidencias contra ella, que sutilmente fueron deslizando los investigadores, hicieron que la mujer decidiera cambiar el cuerpo de sitio, en una maniobra controlada a distancia por los agentes.

Todo hace concluir que el último tramo de las pesquisas se centró, en parte, en una auténtica representación ante la sospechosa. Por una parte, se actuaba con normalidad ante ella, pero poco a poco, como ocurrió el viernes al hacerla ver que cámaras de seguridad habrían podido grabar su vehículo, provocaban que fuera calando en ella la intranquilidad por sentirse investigada.

Los agentes locales de la Guardia Civil han trabajado en colaboración con los especialistas del Grupo de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la UCO, desplazados desde Madrid. Los responsables de este grupo, los mismos que comandaron la investigación de Diana Quer, han estado al frente de las pesquisas de la Operación Nemo.

Durante su confesión, la mujer indicó el lugar donde había arrojado la ropa del crío (una sudadera roja de capucha, un pantalón de chándal y unas zapatillas de deporte), que antes del mediodía habían sido recuperados por las agentes. Resta por localizar, si es que fuera cierto, el hacha con cuya parte roma la mujer asegura haber golpeado al niño antes de asfixiarlo.

Este miércoles pasará a disposición judicial Ana Julia Quezada, la presunta autora de la desaparición y muerte de Gabriel Cruz, de 8 años. El titular del juzgado podrá enviarla a prisión incondicional con las pruebas de su confesión y el cuerpo de su víctima recuperado, que descansa desde este martes en el cementerio de Fernán Perez, en Níjar.

El caso de Gabriel no solo ha llenado las redes sociales de imágenes de pececillos en honor al niño de Almería, sino que también ha desatado una ola de comentarios contra la única persona detenida hasta la fecha, Ana Julia Quezada. Un arresto que ha abierto la puerta a una serie de comentarios sobre raza y género. 

La organización SOS Racismo Madrid ha publicado este martes un comunicado en el que piden que no se difundan mensajes racistas en medios y redes aprovechando lo ocurrido con Gabriel Cruz, apodado como el 'pescaíto' de Níjar. 

A lo largo del escrito difundido por la organización muestran el “apoyo” y la “solidaridad” de SOS Racismo Madrid con la familia de Gabriel Cruz y piden, en lo referente a Ana Julia Quezada, que “se deje de señalar al color de piel de esta persona, especialmente en las redes sociales, como la causa para explicar el crimen”. El comunicado prosigue con que “la investigación judicial determinará tanto la culpabilidad como la motivación y la condena de la detenida. Sin embargo, basarse en el color de piel o el origen para emitir juicios de valor sin esperar a la resolución judicial supone un acto de racismo”.

Entre los diversos puntos que tratan, el último va dedicado al tratamiento que los medios de comunicación están llevando a cabo en la cobertura del caso Gabriel: “Exigimos a los medios de comunicación que se ciñan a lo expresado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para tratar estos casos, como explican en su código deontológico”. La organización ha citado la pauta ofrecidas por la FAPE que indica que el periodista “debe abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o discapacidad física o mental que padezca”. Esta medida se completa con que el periodista también debe “abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada”.