No hay vuelta atrás: Daniel se marcha a Italia con su padre. El hijo menor de Juana Rivas ha vuelto con su progenitor, el italiano Francesco Arcuri, después de que la granadina haya cumplido este viernes con la orden judicial que le obligaba a entregar al niño de 11 años de edad. La devolución se ha producido a pesar de los intentos por evitarlo que han protagonizado no solo desde el gabinete jurídico de Juana Rivas, sino incluso su hijo mayor, Gabriel, que vive con ella en Granada desde 2022. El joven, que ya tiene 19 años, ha enviado varias cartas e interpuesto una denuncia contra su padre por acoso contra su hermano.

La entrega del menor se ha producido después de que el pasado martes se aplazase durante una jornada que resultó muy tensa para el niño y las familias. Estaba previsto que Daniel se marchase el pasado 22 de julio, pero el niño se negó tajantemente tanto en la puerta del Punto de Encuentro Familiar (PEF) como ya en el interior. En todo momento alegó sentir miedo hacia su padre y temer por su integridad física. Una circunstancia que provocó que la justicia aplazase la entrega a este viernes para fijarla con nuevos criterios que expusiesen menos al menor.

Cabe recordar que Daniel tuvo que caminar durante varios metros escoltado por una avalancha de medios de comunicación mientras su madre, Juana Rivas, se mostraba abatida, hasta el punto de que tuvo que recibir asistencia médica. En este caso, no se han repetido escenas similares porque el tribunal encargado de ejecutar la orden de devolución del menor ha establecido que las partes se encontrasen en el interior de la Audiencia de Granada para evitar que se produjesen hechos similares a los del pasado martes.

La entrega se ha producido finalmente en la sede judicial de La Caleta, en Granada, bajo estrictas medidas de privacidad impuestas por el Juzgado de Primera Instancia 3. En un auto dictado el pasado 23 de julio, la magistrada denunció la “sobreexposición innecesaria y altamente nociva” que sufrió el menor durante el intento fallido de entrega anterior, cuando fue rodeado por medios de comunicación y obligado a enfrentarse a una situación emocionalmente desbordante.

Para evitar que se repitieran escenas similares, el tribunal ordenó que Daniel accediera por el garaje oficial del edificio, acompañado exclusivamente por su madre y su abogado, sin público ni cámaras, y con la asistencia de personal técnico especializado. La resolución insistía en que el cumplimiento de la orden de entrega dictada por la justicia italiana era “inevitable” y que debía ejecutarse sin más sufrimiento, en cumplimiento del Reglamento europeo 1111/2019, que obliga a los Estados miembros a colaborar en la ejecución de resoluciones de otros países de la UE.

Además, la marcha de Daniel se produce en medio de una maraña jurídica y mediática que vuelve a situar el caso Juana Rivas en el centro de la actualidad. Al igual que sucediese hace 8 años cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido para evitar entregar a sus dos hijos a su padre para que se marchasen también a Italia, la granadina ha intentado por todos los medios que su hijo menor no volviese al país transalpino alegando que corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se ha visto sometido. Incluso el Ministerio de Justicia se ha pronunciado recordando que el asunto está judicializado y que corresponde a los tribunales dirimirlo.

Daniel, que cumplió 11 años el pasado mes de enero, llevaba desde la pasada Navidad conviviendo en Granada con su madre y su hermano mayor, merced a una medida cautelar adoptada por la justicia española tras escucharle denunciar episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Francesco Arcuri. Aquellas palabras, pronunciadas por el niño por primera vez en suelo español, hicieron que se adoptase una cautelar que le mantenía en España, pero que decayó hace tan solo unos días cuando el Juzgado de Instrucción 3 acordó cumplir con el requerimiento de Italia que le obliga a Juana a devolver a su hijo a su progenitor.

Custodia en exclusiva para el padre

Esto sucede porque Francesco Arcuri mantiene la custodia en exclusiva del menor, ratificada el pasado mes de febrero, al entender la justicia italiana que no ha habido hasta la fecha motivos para que Daniel deje de estar al cuidado de su padre. Pese a las numerosas denuncias presentadas por Juana Rivas por presuntos malos tratos, ninguna ha prosperado, salvo la última en la que la Fiscalía de Cagliari sí aprecia indicios de delito. Algo que hace que Arcuri deba sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos el próximo mes de septiembre en Cagliari.

A ese extremo es al que se agarraba el gabinete jurídico de Juana Rivas y el Gobierno central para pedir que Daniel no se marchase a Italia. Entienden que si hay un juicio pendiente por malos tratos contra su padre, hay indicios de peligro para que el menor no esté bajo su custodia, al menos de momento. Sin embargo, la justicia española entiende que carece de competencias para contradecir a la justicia italiana porque se basa en el principio de confianza al tratarse de otro estado miembro de la Unión Europea.

En todo caso, Italia se ha basado en el falso síndrome de alienación parental (SAP), que no reconocen organismos internacionales y que en España está en desuso y previsto para su prohibición en la próxima ley de infancia, para otorgarle la custodia al padre, asegurando que Juana Rivas ha manipulado a sus hijos durante todo este tiempo. Según la justicia de Cagliari, la granadina ha hecho que sus hijos estén en contra de su progenitor y la consideran incapaz de estar al cargo de ellos, mientras que de Francesco sí determinan que está capacitado para hacerse cargo ahora de Daniel.

Además, en las últimas horas la Audiencia de Granada ha decidido abrir una investigación por una nueva presunta sustracción de menores por parte de Juana Rivas, fruto de una denuncia precisamente del gabinete jurídico de Arcuri. El tribunal va a indagar si se ha producido ese hecho al considerar que ha habido posibles presiones por parte de la granadina para que el menor no regrese a Italia, aunque es cierto que le amparaba la medida cautelar adoptada por la justicia española que hacía que Daniel se quedase en España hasta ahora, que vuelve a Cagliari en cumplimiento de la orden judicial que le obliga a ello.

Desde el entorno de Juana Rivas consideran inconcebible que Daniel haya sido entregado “a su padre, condenado por violencia de género en España y acusado por la Fiscalía italiana por maltratamento in famiglia”, causa por la que será juzgado el próximo 18 de septiembre con los dos hijos, Daniel y Gabriel, como testigos principales. “Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo”, sostienen sus abogados, que anuncian que la lucha judicial se traslada ahora a Italia.

Recuerdan que la custodia concedida a Francesco Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano, el mismo que ya revocó una decisión anterior del Tribunal de Cagliari, y que solicitarán medidas de protección para el menor. “Con el tiempo, Daniel podrá contar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, como ya hizo su hermano cuando alcanzó la mayoría de edad”, afirman los letrados de Rivas.

Daniel se queda, de momento, en España. Pese a que esta mañana Juana Rivas había entregado a su hijo menor en un punto de encuentro a su padre Francesco Arcuri para viajar a Italia, finalmente, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, Daniel no saldrá del país. La jueza ha aplazado al viernes esta entrega definitiva.

Este giro inesperado de los acontecimientos lo es todavía más porque esta misma mañana el Tribunal Constitucional había avalado la entrega del menor a su padre, aduciendo que la via judicial no había quedado agotada todavía. Con esta decisión, el alto tribunal cerraba la última vía urgente que la familia había activado a contrarreloj para evitar un regreso que consideran traumático y peligroso.

La entrega del niño, ordenada por la Corte de Apelación de Cagliari, llegó a producirse poco antes de las 11 de la mañana, cuando expiraba el plazo previsto por la orden judicial. Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, el niño ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran “matar”, informa Europa Press.

La defensa había presentado un recurso de amparo ante el Constitucional y ante la Audiencia Provincial de Granada, que habían sido rechazados. En ese recurso, se alegaban riesgos graves para la integridad física y psicológica del menor, en base al procedimiento penal abierto contra el padre, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos, y al testimonio directo del hermano mayor, Gabriel, que en los últimos días ha pedido públicamente ayuda para proteger al niño. Ninguna de esas razones había sido asumida por los tribunales como base suficiente para frenar la ejecución inmediata, pero finalmente la jueza ha cambiado de opinión.

La decisión del Constitucional había sido tajante: el recurso de amparo fue inadmitido por “falta de agotamiento de la vía judicial previa” y por “carecer de especial trascendencia constitucional”. La demanda había sido considerada prematura porque la resolución impugnada aún no era firme al estar pendiente de apelación en la Audiencia Provincial de Granada. Además, el Constitucional, que se ha limitado este lunes a rechazar la cautelarísima solicitada para evitar que el menor se marchase, alegando un principio de falta de competencia y de confianza en la jurisdicción de otro estado miembro de la Unión Europea como lo es Italia.

El Constitucional sostiene que las cuestiones planteadas por la defensa de Rivas no superan el umbral de relevancia constitucional, al tratarse de asuntos de legalidad ordinaria ya resueltos en la justicia ordinaria. Dicho lo cual, el fallo, votado por unanimidad en el seno del alto tribunal cierra de forma definitiva cualquier posibilidad de frenar judicialmente la entrega del menor, aunque no las vías legales para que en el futuro Daniel regrese.

Sin margen judicial en España

Con todo, la resolución del Constitucional ha llegado tras 24 horas frenéticas en los que la defensa de Juana Rivas ha intentado por todos los medios frenar la entrega. Primero, presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, que fue estudiado de urgencia por la Sección Quinta y rechazado en un auto emitido este lunes. El tribunal entendió que los jueces españoles actúan en este caso como órgano de ejecución de una resolución firme dictada por un Estado miembro de la UE, y que no tienen margen legal para suspenderla por el mero hecho de que haya un procedimiento penal abierto. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, sentenció el tribunal, apelando al principio de confianza mutua entre sistemas judiciales europeos.

Con esa negativa sobre la mesa, la defensa esperaba al recurso de amparo presentado ante el Constitucional como solución a la entrega de Daniel. Pero el resultado ha sido el mismo. Ni el riesgo penal ni el arraigo generado por el menor desde enero en Granada -donde ha vivido, ha estado escolarizado y ha retomado vínculos familiares- han bastado para paralizar el mandato de devolución.

Gabriel, el hermano de Daniel, también se ha pronunciado en defensa del menor. En una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advertía de que su hermano “corre un peligro real” si es devuelto a su padre. “No puedo permitir esta barbaridad e incoherencia”, escribió. “Nadie ha tenido en cuenta sus derechos”. En su carta, recordaba también que él mismo tuvo que huir de Italia por miedo y que su padre está procesado por malos tratos, con un juicio penal señalado para el próximo 18 de septiembre.

Las palabras de Gabriel se suman a las de su madre, Juana Rivas, que ha mantenido en todo momento que el regreso del menor supondría revivir una situación de violencia. La defensa también ha señalado que el auto judicial ignora la evolución del niño durante estos meses de estancia en Granada, donde ha generado vínculos, ha recibido apoyo psicológico y ha expresado su voluntad de quedarse.

Arcuri acusa a Rivas de “manipulación”

Por otro lado, el propio Francesco Arcuri ha dicho tener “ganas de abrazar” a su hijo y escuchar su voz después de varios meses sin contacto alguno. Mientras, el equipo jurídico de Francesco Arcuri ha cargado contra Juana Rivas acusándole de “manipular” a sus hijos, incumplir resoluciones judiciales y construir un relato falso. Sostienen que el menor no está en peligro, que desea vivir con su padre y que todo lo que rodea esta causa es una instrumentalización interesada. “No se puede invocar la protección del menor mientras se vulneran, una tras otra, las resoluciones dictadas precisamente para salvaguardar su bienestar”, afirman.

Los letrados de Arcuri recuerdan que Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores y que el indulto que se le concedió es parcial y condicionado. También señalan que la Fiscalía de Menores italiana ha descartado que el menor corra riesgo alguno en Italia y que, por el contrario, ha advertido sobre los efectos perjudiciales que tendría para él seguir expuesto al entorno materno, al que acusa de inducirle a declarar falsamente.

Aunque ya no hay margen y Daniel vuelve a Italia tras siete meses en Granada junto a su madre, la defensa de Juana Rivas ha confirmado que seguirá adelante con las acciones legales y políticas. Durante estos días, se han dirigido también al Ministerio de Juventud, al Defensor del Pueblo y a la Junta de Andalucía para pedir su implicación, aunque sin éxito.

Bolaños: “La imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo”

Félix Bolaños y Ana Redondo, titulares de las carteras de Justicia e Igualdad respectivamente, se han referido tras el Consejo de Ministros a la entrega de Daniel. “Es un asunto que nos duele, empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño”, ha dicho Redondo. “Les confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo y entiendo la angustia y la preocupación de la madre, la familia y gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes”, ha asegurado Bolaños.

Rivas ha llevado este mediodía a su hijo menor al punto designado para entregárselo a Arcuri, que fue condenado por maltrato en 2009 y a quien tanto ella como su hijo mayor acusan de violencia machista, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado suspender la entrega de forma cautelar. “El asunto sigue judicializado y, por tanto, no solo respeto, sino también precaución, sigue judicializado tanto en España como en Italia”, ha explicado también el ministro de Justicia, informa Alberto Pozas.

La defensa de Juana Rivas ha movido ficha a contrarreloj para intentar frenar la entrega de su hijo menor, Daniel. Este mismo lunes ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y otro ante el Tribunal Constitucional contra el auto que obliga a devolver al niño a Italia, a pesar del riesgo que denuncian para su integridad física y psicológica por los episodios de malos tratos que describen. La solicitud incluía, además, la petición expresa de suspender la ejecución de esa resolución mientras se resolvía el recurso. La vida del menor, insistían, no podía quedar a merced de un trámite sin garantías. Pero la Audiencia ya ha rechazado esa suspensión.

El tribunal granadino se ha pronunciado esta misma tarde y ha denegado expresamente la suspensión cautelar solicitada. La Sección Quinta de la Audiencia ha desestimado el argumento de la defensa, que pedía frenar la entrega de Daniel mientras se resolvía un procedimiento penal abierto en Italia contra el padre del menor, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos. La sala entiende que la ejecución de la orden dictada en Cagliari no puede ser paralizada por ese motivo, dado que la ley europea no contempla la existencia de una “prejudicialidad penal” como causa para frenar la cooperación judicial entre Estados miembros.

La solicitud de suspensión había sido presentada como medida cautelarísima: una última barrera antes de que el niño sea entregado en el Punto de Encuentro Familiar este martes a las 10 de la mañana. Pero, tras analizar el recurso, la Audiencia ha considerado que no existen fundamentos legales para impedir la ejecución y ha rechazado intervenir en una decisión que, según la resolución, compete exclusivamente a la autoridad judicial italiana. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, señala el auto, que apela al principio de confianza mutua entre Estados de la Unión Europea.

Además del recurso ante la Audiencia, la defensa ha planteado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sí ha sido admitido. La estrategia busca agotar todas las vías posibles para proteger al menor. Porque, más allá de los formalismos judiciales, está en juego -como denuncian la defensa, su hermano Gabriel y su madre, Juana- la seguridad y el bienestar de un niño que, según ellos, ha sido amenazado por su padre y que no quiere regresar con él. Las próximas horas siguen siendo determinantes.

Una lucha contra el reloj

La defensa de Juana Rivas sigue librando una batalla legal y emocional para evitar que Daniel tenga que regresar a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri. Alegan que el niño corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se expone con él, hasta el punto de que Arcuri deberá enfrentarse a un juicio en septiembre por ese motivo. Además, Daniel permanece en Granada desde enero, ha estado escolarizado y ha comenzado a construir un arraigo que su entorno no quiere que vuelva a romperse.

En todo caso, si finalmente nada logra impedir la entrega, los abogados de Rivas ya han anunciado que acatarán la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que reconoce la custodia a Francesco Arcuri. Aun así, aunque Daniel tenga que volver a Italia, los letrados aseguran que seguirán agotando todas las vías legales disponibles. Entre ellas, ya han llamado a las puertas del Ministerio de Juventud, que encabeza Sira Rego, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Gabriel, hijo mayor de Juana Rivas, ha vuelto a pedir auxilio a las instituciones. En una carta (a la que ha tenido acceso este periódico) dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, alerta de la situación desesperada que vive su hermano pequeño, Daniel, a quien una orden judicial obliga a regresar este martes con su padre a Italia, a pesar de las denuncias por maltrato y del riesgo evidente que, según Gabriel, corre su vida. Esta misiva se suma a la redactada por el propio Daniel a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado viernes para pedir ayuda.

La carta la envía a menos de 48 horas de que Daniel tenga que marcharse a Italia con Francesco Arcuri y después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada decidiera la semana pasada que el niño ha de volver a Italia porque la custodia la tiene el padre. Por ello, Gabriel, que ya es mayor de edad y vive en Granada con su madre desde 2022, relata en el texto los hechos por los que pide que su hermano no tenga que irse.

Recuerda que él también fue víctima directa de violencia por parte de su progenitor y denuncia que la Justicia está ignorando los derechos y el testimonio de Daniel. “Nadie ha tenido en cuenta sus derechos”, escribe Gabriel, recordando que su padre está procesado en Italia por agresiones graves contra ambos menores y que deberá sentarse en el banquillo de los acusados este mismo septiembre.

Gabriel no entiende por qué, con ese procedimiento penal abierto y con los antecedentes denunciados, se obliga ahora a su madre a entregar a Daniel precisamente a la persona que lo maltrató. También lamenta que, mientras una jueza en Granada protegió al menor en enero tras escuchar su testimonio, ahora se ignore su palabra incluso después de haber sido amenazado de muerte por su padre si hablaba.

“Le pido por favor, ayúdeme a que mi hermano tenga una infancia feliz, la cual yo no he podido tener”, suplica Gabriel al presidente de la Junta. Le insta a actuar con urgencia, al considerar que su hermano corre un peligro real e inminente. “Disponemos solamente de dos días para impedirlo”, subraya. Y le recuerda que el Punto de Encuentro Familiar donde debe realizarse la entrega depende directamente de la Junta. “Por favor, haga lo posible antes de que sea demasiado tarde”.

“Estoy desesperado”

El joven no escribe como un experto en leyes, sino como un hermano mayor que relata haber vivido en carne propia el miedo, el castigo y la huida. Detalla que regresó a España huyendo de su padre, del mismo padre al que ahora pretenden devolver a su hermano pequeño. “Estoy desesperado y sé que usted nos va a ayudar”, dice en la carta, en un intento de agarrarse a cualquier esperanza institucional que impida lo que define como una barbaridad.

Gabriel recuerda que su padre no sólo ha sido denunciado, sino que está procesado en Italia, con un juicio señalado para el 18 de septiembre. Pese a ello, ni ese procedimiento penal ni las denuncias previas parecen haber pesado lo suficiente como para frenar una decisión judicial que Gabriel no puede comprender. “¿Cómo, siendo esto así, la Justicia obliga a mi madre a entregarle el martes a mi hermano, que es su víctima principal?”, pregunta.

También pone el foco en el silencio institucional. Asegura que Daniel fue escuchado en enero por una jueza en Granada y que entonces se dictaron medidas para protegerlo, pero que ahora todo parece haberse deshecho sin explicación. “Corre más peligro que nunca”, advierte Gabriel, que afirma que el niño ha recibido amenazas directas de su padre, entre ellas desaparecer con él para siempre si hablaba. A pesar de eso, nadie parece querer oírle esta vez.

Testimonios que el menor ya dio tanto ante la Fiscalía de Cagliari, que es la que mantiene abierta la investigación contra su padre por malos tratos, como ante la jueza granadina que dictó la medida cautelar que le mantenía en Granada desde enero. Además, a esos episodios, hay que sumar que Juana Rivas lleva años insistiendo que el mal trato psicológico es continuo por parte de Arcuri y que, durante la pasada Navidad, la acosó a llamadas telefónicas para amedrentarla.

Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, tendrá que volver a Italia con su padre, Francesco Arcuri. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, después de que el Tribunal de Cagliari decidiese el pasado 7 de julio que la custodia la mantenga en exclusiva el italiano. La decisión se adopta después de meses de lucha por parte de la defensa de Rivas para intentar que el niño, que lleva en Granada desde la pasada Navidad, no tenga que volver con su padre ante el temor por los malos tratos físicos y psicológicos que el menor describe y que los abogados y la Fiscalía italiana avalan.

Según avanza El Mundo y ha podido conocer este medio, el niño tendrá que marcharse a Italia el próximo 22 de julio, día en que Rivas deberá entregar a su hijo al padre. Se da la circunstancia de que la decisión judicial, que se esperaba inminente la semana pasada, se produce después de que los letrados de Rivas insistiesen en que Daniel debe ser escuchado y quedarse con su madre porque corre peligro su integridad física, tal y como lo demuestra el hecho de que Arcuri se enfrente en septiembre a un juicio por malos tratos precisamente en Italia.

La resolución del juzgado, plasmada el auto, desestima por completo las peticiones de Juana Rivas. Sus abogados habían alegado que el niño corría un riesgo grave, que existía un proceso penal abierto contra Arcuri y que en España incluso se dictó una medida cautelar que permitía a Daniel quedarse con su madre. Nada de eso ha frenado al tribunal, que respalda la orden del Tribunal de Cagliari dictada en febrero y reitera que debe ejecutarse “de inmediato”, sin abrir la puerta a nuevas exploraciones del menor ni a practicar pruebas en España. El juzgado recalca que ya fue oído en Italia en diciembre, apenas quince días antes de viajar a Granada para pasar las navidades, por lo que no es necesario incidir en esa testifical.

Tras conocerse el auto, el equipo jurídico de Juana Rivas ha anunciado que “ejercerá todas las acciones legales a su alcance para proteger el interés del hijo menor”, subrayando que “resulta contrario al sentido común que un niño sea entregado a quien está siendo acusado por maltratarle”. Pese a todo, los letrados han insistido en que, por muy injusta que les parezca, la resolución deberá cumplirse, aunque confían en que se activen “todos los mecanismos legales que permitan rectificar una decisión judicial que pone en grave peligro a un menor español que ni siquiera ha sido escuchado por la jueza que dicta esta desafortunada decisión”.

Además, la casualidad ha querido que Daniel deba volver con su padre en una fecha muy parecida a la que dio pie al caso Juana Rivas. El 26 de julio de 2017, la granadina tenía que entregar a Daniel y a Gabriel a su padre, tras más de un año huyendo del domicilio que los cuatro compartían en Carloforte (Italia). Para no devolverlos, la mujer desapareció durante un mes junto a los niños, lo que posteriormente, junto con la desobediencia de varias órdenes de entrega previas, hicieron que la justicia española le condenase en primera instancia a prisión.

Rivas, que fue condenada a cinco años de prisión, recibió primero una reducción de condena y después un indulto parcial que le evitaron pasar por prisión, pero no la lucha que ha mantenido desde entonces para recuperar a sus hijos. La granadina ha defendido siempre, junto con sus diferentes equipos de abogados, que tanto ella como los niños corrían peligro si Francesco Arcuri seguía cerca de ellos. Por eso, en estos más de 7 años de caso, Rivas ha cursado diferentes denuncias por malos tratos contra sus hijos, llegando a solicitar la custodia exclusiva en varias ocasiones sin éxito.

La justicia no aprecia “riesgo”

Ahora, la justicia española se alinea con la decisión del Tribunal de Cagliari al obligar a Daniel, de 13 años y que estaba escolarizado en Granada, a tener que marcharse a Italia con su progenitor. De este modo, decae la medida cautelar que se impuso el pasado 7 de enero tras escuchar al niño relatar presuntos episodios de malos tratos. Unos malos tratos que la propia Juana había denunciado también durante las fiestas navideñas al relatar el acoso al que Francesco le había sometido con decenas de llamadas telefónicas para “amedrentarla”.

El auto español se apoya en el principio de confianza mutua entre tribunales de la Unión Europea y en el hecho de que, según recoge textualmente, el tribunal italiano ya conoce las investigaciones penales abiertas y ha decidido mantener la custodia. Incluso subraya que el menor contará con seguimiento de servicios sociales y apoyo psicológico en Carloforte, y que cualquier riesgo “queda neutralizado” por esas medidas. Mientras, el juicio penal contra Arcuri en Cagliari sigue señalado para el próximo 18 de septiembre.

“No concurre riesgo alguno acreditado para el niño con el retorno a su país de origen con su padre, ni se ha acreditado ninguna conducta del padre que pueda perjudicar al menor”, apunta el Juzgado de Instrucción 3 de Granada en su auto. Incide el tribunal, a su vez, que todos los argumentos expuestos por la defensa de Juana Rivas ya han sido examinados previamente por Italia sin que le hayan concedido la custodia del niño, por lo que el juzgado granadino se inhibe a tal efecto.

Por otro lado, Gabriel, el hijo mayor de la expareja, sí vive con Juana Rivas en Granada y se ha postulado tanto del lado de su madre como el de su hermano. De hecho, el joven, que regresó a España en 2022, publicó un comunicado y un vídeo a finales del pasado año describiendo los episodios de malos tratos que tanto él como su hermano Daniel habrían padecido. Malos tratos que incluso la Fiscalía de Cagliari ha decidido investigar, pese a que ahora la justicia italiana refrenda que la custodia del menor de los niños ha de recaer sobre Francesco Arcuri.

Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, está más cerca de tener que volver a Italia junto a su padre, el italiano Francesco Arcuri. El pasado 7 de julio, la Corte de Apelación de Cagliari solicitó la devolución del niño a tierras italianas con carácter inmediato, por lo que la justicia española debe decidir al respecto. En concreto, la decisión recae sobre el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que es el que tiene que decidir si el niño, de 13 años, vuelve con Arcuri, en cumplimiento con la decisión judicial italiana. Para tratar de evitarlo, los abogados de la granadina han vuelto a pedir este viernes al mismo tribunal que antes escuche al menor.

En concreto, según ha podido conocer elDiario.es Andalucía a través del equipo jurídico español de Juana Rivas, los abogados alertan de la situación “contradictoria” que se vive en Italia respecto a este caso. Por un lado, recuerdan que avanza el proceso penal contra Francesco Arcuri por un presunto delito de maltrato habitual, físico y psicológico -incluidas amenazas de muerte- a sus hijos, con el juicio fijado para el próximo 18 de septiembre.

Por otro, señalan que la vía civil sigue un camino opuesto: la Corte de Apelación de Cagliari dictó el pasado 7 de julio una resolución que se niega a suspender la ejecución de la custodia concedida a Arcuri en febrero (pese a estar recurrida en casación), ordenando la inmediata devolución de Daniel a su padre. En paralelo, en España está en marcha el procedimiento para ejecutar esa sentencia italiana, en virtud del Reglamento europeo 2019/1111, aunque la defensa de Rivas recalca que dicho reglamento contempla la posibilidad de denegar el reconocimiento si resulta “manifiestamente contrario al orden público”, sobre todo cuando está en juego el interés superior del menor.

De ahí que la defensa de Rivas entienda que es básico escuchar a Daniel antes de que tenga que volver a Italia. Recuerdan que ya ha descrito previamente episodios de presuntos malos tratos por parte de Francesco Arcuri sobre él e incluso sobre su hermano mayor, cuanto este compartía domicilio con ambos. De hecho, la medida cautelar que mantiene a Daniel en Granada junto a Juana Rivas se adoptó después de escuchar al niño, el pasado mes de enero. Sin embargo, la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari deja poco margen al juzgado español, según apuntan fuentes de la defensa de Rivas.

Cabe recordar que, pese a que Cagliari sí pide que Daniel vuelva a Italia, el Giudice per l'Udienza Preliminare –la figura judicial encargada en Italia de valorar si un caso pasa o no a juicio– decidió a mediados de junio que Francesco Arcuri sea juzgado el próximo mes de septiembre por presuntos malos tratos habituales contra sus hijos. Algo que para los abogados de Juana Rivas es esencial para que Daniel no regrese a Italia, dado que corre peligro como lo demuestra el hecho de que su padre será juzgado por presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra él y su hermano.

Denuncias cruzadas

A todo ello se suma el cruce constante de denuncias que rodea este caso desde hace años. Mientras Juana Rivas ha reiterado en distintas ocasiones que Arcuri sometía a sus hijos a un trato vejatorio y violento, el italiano mantiene que las acusaciones son falsas y que solo buscan obstaculizar su relación con los niños. Hace un mes, Arcuri insistió en su “confianza plena en las instituciones”, aseguró que afronta el proceso penal con “tranquilidad” y volvió a cargar contra Rivas por lo que considera un “calvario” de ocho años que incluye, según sus palabras, “manipulaciones” que habrían perjudicado también a los menores.

Por su parte, el equipo jurídico de Juana Rivas apunta que el juicio fijado en Italia para septiembre es un paso fundamental para que, por primera vez, un tribunal penal entre a analizar con profundidad lo que vienen denunciando desde hace tiempo. Además, recuerdan que la propia Fiscalía italiana fue renovada en 2022 tras apartar al fiscal que archivaba las denuncias sin tomar declaración a Rivas y que el nuevo fiscal formalizó en enero de este año la imputación contra Arcuri solicitando la apertura de juicio.

Para la defensa de Juana Rivas, obligar ahora a Daniel a regresar a Italia sin ser escuchado por la justicia española supondría una vulneración de derechos fundamentales, al ignorar no solo la voz del menor, sino también el riesgo que corre al quedar de nuevo bajo la custodia de un progenitor que afronta un proceso penal por presunto maltrato continuado. Insisten en que, en este tipo de procedimientos, debe prevalecer siempre el interés superior del menor, principio que tanto la normativa internacional como la española reconocen de forma expresa, frente a consideraciones meramente formales o automáticas derivadas de resoluciones extranjeras.

Mientras tanto, el hermano mayor de Daniel, Gabriel, que optó en 2022 por abandonar voluntariamente el domicilio familiar que compartía con Arcuri en Italia, sigue viviendo en España junto a su madre y su hermano pequeño. Gabriel ha sido contundente en reiteradas ocasiones al describir el ambiente que se vivía con su padre, a quien acusa de haber ejercido violencia habitual contra ambos. En diciembre, emitió incluso un vídeo y un comunicado alertando del peligro que supondría para Daniel volver a residir con Arcuri en Italia.

El caso continúa, así, inmerso en un complejo entramado judicial entre dos países y con resoluciones contradictorias, donde la justicia penal italiana ha decidido sentar en el banquillo a Arcuri por los presuntos malos tratos, mientras la justicia civil italiana mantiene la custodia exclusiva en sus manos. Ahora será el Juzgado de Instrucción 3 de Granada quien tenga que valorar si escucha primero a Daniel antes de ordenar su regreso, en un procedimiento que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo se protegen los derechos de las niñas y niños cuando las fronteras y la disparidad de criterios judiciales amenazan con relegarlos a un segundo plano. La decisión sobre Daniel puede ser inminente.

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de maltrato físico y psicológico habitual contra sus hijos. Así lo ha resuelto la Justicia italiana tras una audiencia preliminar celebrada este martes en Cagliari, en la que el juez ha determinado que será un tribunal de tres magistrados el que revise los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos el próximo 18 de septiembre. No obstante, esta decisión no establece ninguna medida restrictiva extra ni modifica la custodia otorgada al italiano. La decisión ya no admite recurso y, según ha informado el equipo jurídico de Juana Rivas, supone un paso clave en el reconocimiento judicial de unos hechos denunciados desde hace años por la madre.

Este fallo, adoptado por el Giudice per l'Udienza Preliminare –la figura judicial encargada en Italia de valorar si un caso pasa o no a juicio–, se produce después de que la Audiencia Provincial de Granada decidiese remitir a Italia la denuncia por malos tratos que los letrados de Juana Rivas pusieron en España. El tribunal español entendió que debía hacerlo porque los hechos denunciados habrían ocurrido en suelo italiano. Por su parte, la defensa de Arcuri ha señalado que el juez italiano no entra a valorar la culpabilidad o inocencia, sino si existen los elementos mínimos para un posible proceso judicial que, con la vista que se celebrará en septiembre, parece quedar acreditado.

A través de un comunicado difundido por sus abogados, Arcuri ha negado los hechos y sostiene que las acusaciones de Juana Rivas son “falsedades”. Dice afrontar el proceso con “tranquilidad” y lo ve como una oportunidad para “desmentir” lo que hasta ahora, asegura, no ha podido rebatir judicialmente. Insiste en que las instituciones le han dado siempre la razón y lamenta el “calvario” al que, según él, le tiene sometido Rivas desde hace ocho años, incluyendo, apunta, a sus hijos. Añade además que está contando los días para ejecutar la resolución que le devolvería la custodia en Italia y sostiene que la madre está incumpliendo la sentencia y obstaculizando el reencuentro con su hijo menor.

Este nuevo capítulo de la causa, que tiene sobre todo al hijo menor de Juana Rivas como protagonista –porque es sobre el que mantiene la custodia Arcuri, ya que Gabriel es mayor de edad y vive con Juana en Granada– se suma a una serie de hechos que se han producido en los últimos meses y que vuelven a poner de relieve que la granadina sigue peleando para que Daniel se quede definitivamente con ella. El niño, que viajó a Granada para pasar la Navidad, sigue con su madre desde entonces, después de que la Justicia española dictase en enero una medida cautelar para evitar que tuviese que volver a Italia ante los indicios de estos supuestos malos tratos que se denuncian.

Daniel, que cumplió 13 años el pasado mes de enero, está escolarizado desde entonces y vive en Granada junto a Juana Rivas y su hermano mayor, Gabriel, que optó en 2022 por irse voluntariamente y de forma legal del domicilio que compartía con Daniel y su padre, Francesco Arcuri, en Italia. Lo hizo ante lo que años después calificaría como episodios de vejaciones, agresiones y malos tratos habituales por parte de Arcuri. De hecho, Gabriel emitió un vídeo y un comunicado en diciembre alertando a las autoridades del peligro que corre su hermano si vuelve con su padre.

Una visión “punitiva” contra Rivas

El hecho de que se abra juicio contra Francesco Arcuri, aunque no se haya modificado la custodia que la Corte de Apelación de Cagliari otorgó en exclusiva al padre en febrero, le da un balón de oxígeno a Juana Rivas y su equipo legal. De hecho, la Fiscalía General de Cagliari ya se ha mostrado del lado de la granadina al entender que ha habido indicios de episodios de malos tratos y el equipo jurídico de Rivas presentó hace semanas un nuevo recurso de casación ante la Corte Suprema para pedir la anulación de la sentencia que concede la custodia del menor al progenitor. Consideran que hay pruebas suficientes de malos tratos físicos y psicológicos ejercidos por Arcuri, por los que sigue imputado en Italia y ahora tendrá que comparecer en septiembre para defenderse de las acusaciones.

Por otra parte, Rivas ha denunciado en los últimos meses que Arcuri también le ha sometido a maltrato psicológico a ella al realizarle decenas de llamadas telefónicas durante las fiestas navideñas con el fin de amedrentarla. Al mismo tiempo, el italiano la ha denunciado a ella por lo que considera otro caso de “sustracción de menores” al no haber vuelto aún Daniel a Italia. La denuncia en unos términos similares a los que ya provocaron que Juana Rivas fuese condenada a cinco años de prisión en primera instancia por haberse marchado con sus hijos del domicilio familiar que tenía en suelo italiano y no devolverlos a su padre, pese a que existían órdenes judiciales para hacerlo.

Si bien Rivas acabó siendo indultada, esa disputa en los juzgados no ha terminado en ningún momento, con cruces de denuncias que mantienen ahora el pulso sobre la custodia de Daniel. En todo caso, lo que sí está claro es que ahora es Italia la que tiene el peso sobre las decisiones que afectan al futuro del menor y que debe ser el país transalpino el que adopte medidas, pese a que los tribunales siguen utilizando el falso síndrome de alienación parental como base para redactar sentencias. Precisamente, esa fue la base del fallo por el que el Tribunal de Cagliari volvió a concederle la custodia de forma exclusiva a Francesco Arcuri sobre Daniel.

La Fiscalía de Cagliari ha movido ficha en favor de Juana Rivas. El Ministerio Público ha elevado un escrito ante la Corte de Casación solicitando que se anule la sentencia por la que Francesco Arcuri, expareja de Rivas y padre de sus hijos, tiene la custodia en exclusiva de Daniel, el menor de los niños. Lo solicita alegando el interés superior del niño ante las acusaciones e investigaciones por “malos tratos” que recaen sobre el padre. Si bien el joven, que en enero cumplió 13 años, vive en Granada junto a su madre, después de que la justicia española frenase su vuelta a Italia, este movimiento judicial supone un nuevo giro procesal que los abogados de la granadina confían en que pueda ser un paso decisivo para que Daniel no tenga que volver con su padre.

En concreto la Fiscalía, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, pide revocar la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari que en febrero volvió a otorgar en exclusiva la custodia del niño a Francesco Arcuri, después de que la Corte Suprema la anulase en marzo de 2024 y pidiese que se celebrase un nuevo procedimiento. Lo que solicita el Ministerio Público es que se anule de nuevo porque no se ha tenido en cuenta el riesgo que el menor corre si sigue a cargo de su padre. De hecho, los abogados de Juana Rivas recuerdan que la Fiscalía ya ha emitido una acusación formal contra Arcuri por presuntos malos tratos, que en Italia tienen una pena de prisión máxima de siete años.

Al mismo tiempo, la Fiscalía también avala la medida cautelar que adoptó en enero el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para que no volviese a Italia junto a su padre tras las vacaciones de Navidad. El tribunal granadino lo hizo tras escuchar al menor, algo que no había sucedido en España hasta entonces, lo que para el Ministerio Fiscal es otro motivo para que la sentencia con la custodia exclusiva para Francesco Arcuri quede anulada, alegando el “interés superior del menor”.

Esta petición de la Fiscalía General de Cagliari contra la Corte de Apelación de la misma ciudad se suma al recurso interpuesto por los abogados de Juana Rivas en cuanto se dictó la resolución sobre la custodia. De hecho, el Ministerio Público es tajante alegando que ni se ha valorado la situación de peligro actual a la que puede verse expuesto el niño ni se ha respetado el principio de bigenitorialidad, que conlleva el contacto efectivo con los padres o que se han ignorado decisiones judiciales como precisamente la cautelar del Juzgado de Instrucción 4 de Granada.

En el documento de la Fiscalía, fechado el pasado 26 de mayo, se denuncia también una visión punitiva contra Juana Rivas por parte de la Corte de Apelación de Cagliari al privarla del contacto con su hijo menor, así como a este con su familia y hermano mayor. A su vez, hace mención la resolución de la medida cautelar dictada por la jueza Susana Álvarez Civantos en enero: “El menor ha manifestado un temor serio y convincente por su integridad física en caso de regreso con el padre. Por tanto, debe protegerse su interés y suspenderse el retorno”.

“El padre ha adoptado una actitud obstruccionista y psicológicamente desestabilizadora, impidiendo incluso las llamadas telefónicas entre Daniel, su madre y su hermano Gabriel”, escribe también la Fiscalía de Cagliari ante la Corte de Casación. Argumentos legales que amparan a Juana Rivas que sigue viviendo con sus dos hijos en España, después de que el mayor decidiese voluntariamente volver a Granada en 2022 y aprovechando la cautelar que permite que Daniel siga con su madre, estando escolarizado desde el pasado mes de enero.

Meses claves para Daniel

Esta nueva decisión de la justicia italiana se enmarca en unos meses que están resultando claves para la situación del menor de los hijos que tienen Juana Rivas y Francesco Arcuri. Daniel, que en enero cumplió 13 años, podrá decidir libremente a partir de los 16 con quién quiere vivir, pero en estos momentos está en Granada, a la espera de que la cautelar que le permite seguir con su madre siga vigente o no. En todo caso, el menor ya ha expresado en varias ocasiones su temor a regresar con Francesco Arcuri, que fue condenado en 2009 por malos tratos contra Rivas. Algo, esto último, que también recoge la Fiscalía de Cagliari en su recurso.

Desde que Daniel volvió a España para pasar la Navidad junto a su familia materna, las denuncias cruzadas entre Rivas y Arcuri se han repetido. Juana denunció que estaba siendo víctima de malos tratos y amenazas por parte de su expareja, de la que aportó un listado de llamadas que le había hecho en repetidas ocasiones en apenas unos días para amedrentarla y Arcuri mantiene una denuncia contra ella por sustracción de menores al entender que la permanencia del niño en España es una irregularidad.

Cabe recordar que Rivas ya fue condenada en primera instancia a cinco años de prisión por marcharse con sus dos hijos del domicilio que compartía con Francesco Arcuri en Italia y estar un año desoyendo las órdenes judiciales que le obligaban a devolver a los menores. Llegó a estar un mes en paradero desconocido en el verano de 2017 y acabó devolviendo a los niños con su padre, no sin continuar denunciando episodios de malos tratos. Finalmente, una reducción de pena y un indulto parcial hicieron que Rivas no pisara la cárcel y estuviese tan solo unos días en un centro de inserción social.

Desde entonces, no ha dejado de buscar la forma de que sus hijos vuelvan a vivir con ella, logrando que Gabriel, el mayor de ellos, que llegó a emitir un comunicado y un vídeo contando episodios de malos tratos contra él y su hermano, viva de forma definitiva en España desde hace ya tres años. Mientras espera que la situación de Daniel se aclare definitivamente, la decisión de la Fiscalía de Cagliari supone un impulso en sus ambiciones, pero aún sigue todo en el aire.

La Declaración de la Renta es una obligación fiscal anual que afecta a millones de ciudadanos en España, pero para los padres separados, la situación puede volverse más compleja. En estos casos, las circunstancias personales influyen directamente en la manera en que deben gestionar su declaración, especialmente cuando se trata de hijos en común. La normativa fiscal establece reglas claras sobre cómo deben actuar los progenitores separados, pero muchas veces existe confusión, especialmente cuando la custodia es compartida. Esto puede generar errores costosos o pérdida de beneficios fiscales si no se entienden bien las condiciones específicas.

Uno de los principales aspectos que genera malentendidos es la posibilidad de hacer una declaración conjunta con los hijos. En teoría, una declaración conjunta puede ofrecer ventajas fiscales, pero solo un progenitor puede optar por ella, incluso en casos de custodia compartida. Según la Agencia Tributaria, en el caso de que los padres tengan custodia compartida cualquiera de los dos progenitores puede optar por hacerla conjunta, pero el otro deberá hacerlo de manera individual. Es fundamental conocer bien esta distinción para evitar la presentación incorrecta y las posibles sanciones

Además, más allá de la opción de hacer la declaración conjunta, existen varios errores comunes que los padres separados suelen cometer al gestionar sus impuestos. Desde la incorrecta aplicación de las deducciones por hijos a cargo hasta la omisión de la pensión alimenticia, estos fallos pueden resultar en una declaración errónea y, en consecuencia, en una mayor carga fiscal o incluso en la imposibilidad de acceder a deducciones que, por derecho, les corresponden. Entender la normativa y cómo aplicarla correctamente es esencial para optimizar la Ddeclaración de la Renta y evitar complicaciones a largo plazo.

Qué implica hacer la declaración conjunta

La declaración conjunta permite que los miembros de una unidad familiar sumen sus ingresos para calcular el impuesto sobre la renta, lo que puede resultar en una reducción en el pago de impuestos. En el caso de los matrimonios, ambos padres pueden presentar una declaración conjunta con todos sus hijos menores de edad o mayores incapacitados judicialmente. Sin embargo, en las parejas de hecho sin vínculo matrimonial, solo uno de los miembros puede incluir a los hijos en la unidad familiar, mientras que el otro debe declarar individualmente.

Si los padres están separados o divorciados, solo el progenitor que tenga la guarda y custodia de los hijos puede hacer la declaración conjunta. En casos de custodia compartida, cualquiera de los dos progenitores puede optar por hacerla conjunta, pero el otro deberá hacerlo de manera individual. Es importante saber que, una vez presentada la declaración, no se puede cambiar la opción entre conjunta o individual después del plazo de presentación.

La tributación conjunta implica que se suman los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, pero no se aumentan los límites fiscales por el número de miembros. Existen reducciones en la base imponible, como 3.400 € para matrimonios no separados legalmente o 2.150 € para unidades monoparentales. Al declarar por internet, el sistema calculará automáticamente la opción más favorable para cada familia.

Errores al hacer la Declaración de la Renta para padres separados 

Al hacer la declaración de la renta, los padres separados suelen cometer errores comunes que pueden afectar el resultado fiscal, ya sea al perder beneficios fiscales, realizar una declaración incorrecta o incluso enfrentarse a sanciones. Algunos de los errores más comunes son los siguientes:

Además, es recomendable que haya una comunicación clara entre ambos progenitores para acordar quién hará la declaración conjunta y cómo se repartirán las deducciones. Antes de enviar la declaración, es esencial revisarla cuidadosamente para asegurarse de que no haya errores en los datos o en la aplicación de deducciones. Con una buena organización y, si es necesario, el apoyo de un experto, se pueden evitar muchos de los errores más frecuentes y asegurarse de que se aprovechan todos los beneficios fiscales disponibles.

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha acusado a la madre de sus dos hijos de intentar “sustraer de nuevo” al menor de ellos, y ha dicho -a través de sus abogados- que la única autoridad judicial competente para decidir sobre la custodia del niño es la Corte de Apelaciones de Cagliari (Italia).

El equipo jurídico de Arcuri ha asegurado este sábado que la estrategia de Rivas consiste en “desestabilizar el proceso en un intento desesperado” de buscar un “órgano que le pueda ser más favorable”, planteando cuestiones que “ya han sido reiteradamente superadas, analizadas y desestimadas en los procedimientos regulares en curso, con el simple afán de ganar una batalla mediática”.

En un comunicado, los abogados del italiano han insistido en que sólo existe una autoridad judicial competente para decidir sobre la custodia del hijo menor de la pareja, que “no es otra que la autoridad italiana, en este caso concreto, la Corte de Apelaciones de Cagliari”. En este sentido, ha defendido la representación de Arcuri que “no existe, ni ha existido, un conflicto de jurisdicción, salvo en las declaraciones de la defensa de la señora Rivas, quien continúa desafiando tanto a la justicia española como a la italiana”.

Estas declaraciones se producen después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada haya decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor de la vecina de Maracena, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse en España con su madre.

Los abogados de Arcuri consideran que, pese a lo decretado “repetidamente” por los órganos judiciales italianos, la madre “intenta de nuevo sustraer” al hijo menor, y han recordado que la “custodia exclusiva” del niño recae sobre el progenitor. Añaden que Juana Rivas está condenada en firme por un delito de sustracción de menores, actualmente en indulto parcial concedido por el Gobierno de España.

En este sentido, creen que lo “más lamentable” no es el daño que se pueda estar ocasionando ella a sí misma, sino el “ya infligido a sus hijos” y el que “de manera cíclica sigue provocando al menor en cuanto tiene la oportunidad”.

Con su comunicado, los letrados pretenden contribuir a “eliminar las dudas generadas” por discusiones que califican de “innecesarias” y redirigiendo la atención hacia un plano informativo que, a su juicio, está “basado en hechos y sus pruebas” y no en “repetidas manifestaciones” que consideran buscan “instalar un relato”.

De este modo, muestran la “total repulsa” de Francesco Arcuri respecto a las acusaciones de maltrato efectuadas por Juana Rivas desde 2017 mediante “decenas de denuncias” en España e Italia.

Además, acusan a la madre de tener una conducta “manipuladora” en perjuicio de sus hijos y que ha quedado “ampliamente documentada” en los dos peritajes practicados por el Tribunal Civil de Cagliari y, posteriormente, “confirmados de forma contundente” por la Corte de Apelaciones de Cagliari.

Añaden que la propia Corte ha decretado que “no hay absolutamente nada nuevo” en el comportamiento de Juana Rivas, a resultas del traslado por parte de su representación jurídica en Italia de la última denuncia formulada en España.

Los letrados recuerdan que, en hasta dos ocasiones, la Corte de Apelaciones de Cagliari ha emitido sendas órdenes en las que “siempre” ha ordenado el retorno del menor bajo la custodia de su padre, situación actualmente suspendida provisionalmente por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada en funciones de guardia el pasado 7 de enero.

Al respecto, recalcan que solo existe una autoridad judicial “competente” para decidir sobre la custodia del niño, que es la Corte de Apelaciones de Cagliari y niegan que exista un “conflicto de jurisdicción”.

Además, consideran que, “de manera insólita”, la defensa de Juana Rivas está siguiendo una estrategia para “desestabilizar el proceso” con la presunta intención “desesperada” de buscar un órgano que le pueda ser “más favorable”.

Plantean, añaden, cuestiones que “ya han sido reiteradamente superadas, analizadas y desestimadas” en los procedimientos regulares en curso, con el “simple afán” de ganar la “batalla mediática”.

Los abogados de Francesco Arcuri muestran fianlmente su “máximo respeto y solidaridad” hacia la magistratura española, que “admite acertadamente” la competencia de la autoridad judicial italiana, cuyo trabajo “exhaustivo” reconocen para analizar “cada detalle de la situación”.

El Tribunal Supremo ha prohibido que un juez establezca el sistema de “casa nido” en un divorcio con menores de por medio si los progenitores separados, previamente, no han llegado a un acuerdo para ejercer así la custodia compartida. La Sala de lo Civil resuelve el caso de una pareja de Madrid a la que le fue impuesta este sistema después de separarse, recordando que es “imprescindible constatar que concurre un alto nivel de entendimiento para planificar la organización, no debiendo organizarse, salvo circunstancias excepcionales, si alguno de los progenitores se opone”.

Los jueces han estudiado el caso de una pareja que tras el divorcio acudió a los juzgados para decidir cómo articular la custodia compartida con respecto a su hijo de diez años. La Audiencia de Madrid acordó en segunda instancia un sistema de custodia compartida por semanas, que queda confirmada, y estableció el sistema de “casa nido”: un domicilio familiar en el que vive el menor y al que los padres acuden para residir con él “en el periodo de alternancia”. Ninguno de los dos había pedido este sistema.

El Supremo ha estimado el recurso del padre, propietario de la casa, y establece en esta sentencia que este sistema no debe imponerse por parte de un juez si no existe un acuerdo previo entre ambas partes. Es un sistema que, sin acuerdo de por medio, puede convertirse en una “potencial fuente de conflictos” al tener una “alta probabilidad de repercusión negativa en los hijos menores”.

En este caso, además y según refleja el Supremo, “está constatada la mala relación entre los progenitores” obligados a turnarse para vivir en la misma vivienda con su hijo en común. El hombre alegaba que la casa era suya y que, además, estaba en una situación económica “más precaria” que la madre del niño.

El Supremo reconoce que en casos anteriores sí había avalado esta opción pero en casos en los que existía un acuerdo previo y en el que los propios padres habían acordado usar el domicilio familiar de esa manera, en la que el niño no cambia de casa. Pero en otras resoluciones también había explicado que la “casa nido” no era un sistema “que vele por el interés de los menores” si no existe ese acuerdo. Una solución, dijo la misma sala en 2022, “que resulta antieconómica y que requiere un intenso nivel de colaboración de los progenitores”.

Los divorcios crecen en 2024

Las cifras que ofrece trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial sobre divorcios que terminan en los tribunales revelan que en los últimos trimestres estos pleitos han aumentado. En el segundo trimestre de este año, según los últimos datos disponibles, este tipo de demandas aumentaron un 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los divorcios sin acuerdo crecieron un 6,6% y las separaciones no consensuadas un 31,3%.

También crecieron los conflictos judiciales relacionados con los hijos. En ese trimestre, las demandas para modificar medidas consensuadas crecieron casi un 11% internual y las no consensuadas un 8%. Aumentaron en proporción similar los pleitos relacionados con la custodia y la pensión de hijos no matrimoniales.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los jueces otorgan la custodia compartida en casi el 50% de los casos tal y como figura reflejado en las últimas estadísticas disponibles. En más de la mitad del total de divorcios registrados, los jueces tuvieron que decidir sobre la custodia de hijos menores de edad. Estas estadísticas no reflejan en cuántos casos los jueces han optado por imponer, con o sin acuerdo previo, este sistema de “casa nido” que ahora queda drásticamente acotado por el Supremo a supuestos en los que ambos progenitores estén de acuerdo.

Una habla cuando una puede. Hay cosas que antes sentías o pensabas pero que no podías pronunciar, o que sabías que existían dentro de ti pero a las que no eras capaz de poner palabras, aún no. Hasta que llega un día en el que el nudo afloja y brota el relato, en una conversación o en un texto como este. Desde que hace unos años me separé, cada Navidad y cada verano he pensado en escribir estos párrafos, hablar del cúmulo desconcertante de emociones que llegan cuando te alejas de tus hijos un tiempo porque se marchan de vacaciones con su padre o con su madre. Pese a lo habitual de la situación he encontrado pocos relatos en los que verme o en los que, de fondo, no apareciera un trasfondo de pena porque 'ay, te has separado', 'no pasa nada, seguro que encontrarás a alguien', o 'bueno, tu hijo lo pasará mal, ¿no?'.

A menudo he escuchado o leído a gente decir que las madres separadas con custodia compartida tenemos lo mejor de la maternidad y de la no maternidad, es decir, tenemos tiempo para nosotras mientras que estamos con frecuencia con nuestras hijas o hijos. Entiendo la idea: la maternidad y la crianza son absorbentes y caóticas en este mundo en el que producir es lo primero... y lo demás ya veremos, y en el que los estereotipos y las expectativas sobre las madres nos llenan de dudas, culpas y malestares. Así que, visto desde fuera, la maternidad compartida, a tiempo parcial, tiene solo ventajas. Y las tiene, sin duda, aunque está lejos de esa idealización que se proyecta.

Fue leyendo El nudo materno, de Jane Lazarre, (de la editorial Las afueras, uno de los textos que más he recomendado en los últimos años) cuando encontré la palabra que necesitaba para describir la maternidad: ambivalencia. Un amor como de éxtasis y una desesperación profunda, un no querer separarse y un necesitar separarse, el anhelo de tiempo y espacio propio y el no saber bien qué hacer con él cuando finalmente se tiene y el cachorro anda lejos (hasta que aprendes), felicidad y miedo, potencia e incapacidad, certezas y dudas al mismo tiempo. Esa ambivalencia se mantiene y es también la palabra con la que definiría el estado en el que te sumes cuando, una vez tienes custodia compartida, te separas de tu criatura, especialmente en días señalados o cuando el periodo excede del habitual. Qué decir de las primeras veces, eso es otra historia.

Cuando esos momentos llegan no es tan fácil sentirte como esa persona que tiene lo mejor de ambos mundos, al menos no inmediatamente o no todo el rato. La casa pasa de repente del ruido al silencio, los juguetes están tranquilos, no suenan los dibujos en la tele ni nadie te pide la merienda. A veces cuesta reacomodarse; lleva un rato, que pueden ser cinco minutos o nunca, apropiarse de ese espacio y de ese tiempo que, aunque todo el mundo anhela, es ahora extraño y escurridizo, no elegido, y contrasta tanto con lo que sucede la otra mitad de tu vida.

Algunas veces sientes alivio pero también tristeza, o un dolor al que cuesta ponerle nombre, otras te pones inmediatamente a hacer cosas y así entretienes la cabeza, o eres capaz de tumbarte en el sofá y leer o ver una película; otras veces la concentración es muy difícil. En otros momentos quedas, aprovechas para hacer un plan, y disfrutas y te diviertes, y no hay ningún niño al que atender al llegar la casa y te dedicas a lo que te da la gana. Con tiempo y ayuda de las demás y de la terapia aprendes a tener más control sobre esos ciclos, a conocerlos y transitarlos mejor –a conocerte y transitarte mejor– pero, haya pasado un año o muchos, no estás del todo libre de esa espiral extraña. Aprendes a vivirla mejor o a tener preparada la caja de herramientas.

A veces hay inquietud, preocupación, miedos. ¿Estará bien?, ¿me reclamará y no estaré?, ¿habrá algún problema en el viaje? Yo sé que estará bien con su padre, y eso me hace afortunada: conozco, también por mi trabajo, a mujeres que sufren cuando sus hijos se marchan con padres violentos o sumamente desatentos o fríos, o cuando se separan y el conflicto con la otra parte hace difícil cualquier entendimiento. Si aun cuando la relación es buena y todas las partes facilitan el contacto frecuente y flexible, aparece la inquietud, puedo imaginar la ansiedad que se vive en esos otros casos.

Es inevitable, a ratos, pensar en lo que te vas a perder. Te alegras por los planes que va a hacer, porque disfrute de abrazar a su padre y pasar tiempo con él, o por el viaje que empezarán. Pero también sientes no poder ver su cara cuando llegue a su destino, compartir esos lugares, estar ahí para hablar y comerte el helado, pero también para consolarle si se araña la rodilla o se despierta con una pesadilla en medio de la noche. Perderte algunas primeras veces, algunas conversaciones, algunos destinos, algún diente que se cae, vivir celebraciones familiares o momentos especiales sin que él esté.

Es muy posible que esos momentos te confronten con tus fantasmas, también los de la separación, que se alimentan de las ideas tradicionales sobre el amor y la familia que siguen ahí, acechando. Quizá repienses la decisión, quizá por un momento te vengan a la cabeza todas esas amenazas sobre la infelicidad y los traumas que acumulará tu hijo, o esas otras que unen palabras como romper, familias, desestructurar, hacer, mal, hijos. O puede que no, porque la separación simplemente te haya supuesto liberación. En cualquier caso, esos fantasmas con olor a rancio que parecerían ya no tener cabida, siguen existiendo y hay quien los invoca de una u otra manera.

No todo el mundo va a entender este estado ni va a saber cómo acompañarte. Es posible que haya quien piense que es mejor no hablar de ello y que tú, sin embargo, necesites espacio para poder hacerlo o para poder dejarte sentir a ratos la tristeza, a ratos la liberación, a veces sentirte una madre de mierda, otras una tía que disfruta de su vida y adora a su criatura. Tener con quien llorar o expresar el miedo o los pensamientos intrusivos sin juicios ni prisas es tan importante como tener con quien abrazarte, hacer planes, viajar, follar y olvidar el tiempo.

Tenemos hijos para que sean libres, y es bonito y duro entenderles y tratarles como seres que amar y soltar para que hagan su vida. Solo que la separación acelera ese proceso, porque de alguna manera debes amar y soltar mucho antes de lo que pensabas, mucho antes de que se acerquen a la adolescencia. Las custodias compartidas son ahora mucho más frecuentes que antes y, si son de mutuo acuerdo y no existe violencia de por medio, significan que las mujeres estamos reclamando mucho más que tiempo. Ese tiempo puede ser trabajo, dinero, disfrute, amistades, amor, sexo, lecturas, estudio, cuidados. Renunciar al camino propio en nombre de los hijos no le hace bien ni a una ni a los hijos. La ambivalencia, eso sí, hará que por momentos todo sea fácil y llevadero, también agradable, y otros arrecie la tristeza o el dolor o el miedo. La vida, vamos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 200.000 euros a la aseguradora Allianz por permitir la filtración de una de sus pólizas de automóvil, así como un informe de la Dirección General de Tráfico almacenado en sus sistemas con información del mismo vehículo. La documentación llegó a manos de la expareja del asegurado, quien la usó en “un procedimiento judicial de modificación de medidas paternofiliales”, según consta en la resolución del regulador de privacidad.

El hombre presentó la reclamación ante la AEPD cuando su expareja le envió un correo electrónico con ambos documentos. Sin embargo, la póliza incluida en el email no era un archivo PDF propiamente dicho, sino una captura de pantalla. Este hecho terminó siendo clave en la investigación de la infracción y la multa a Allianz.

Cuando la Agencia se puso en contacto con la aseguradora, esta informó que no era “conocedora de ninguna incidencia ni de ningún acceso no autorizado por parte de terceras personas a los datos de la póliza”. Dichos accesos y filtraciones deben comunicarse de inmediato a la AEPD, ya sean fruto de ciberataques u otras situaciones fuera del control de la empresa. Sin embargo, Allianz no había comunicado ninguna incidencia de este tipo que afectara a sus bases de datos.

La compañía inició, no obstante, una investigación. Analizó las pruebas suministradas y comprobó que la captura de pantalla de la póliza filtrada mostraba en realidad su propio programa de gestión de clientes. Aunque no ha aclarado cómo, Allianz terminó averiguando que la fuente de la filtración era una de sus empleadas, quien tenía una “relación de amistad” con la expareja del asegurado, según informó la empresa más tarde a la AEPD.

Esta explicación no desvió la atención del organismo, que a partir de entonces se centró en averiguar cómo fue posible que esa trabajadora accediera a datos personales de los asegurados y los almacenara en una captura de pantalla sin que Allianz tuviera ninguna constancia de ello. La aseguradora contestó que la empleada era en ese momento tramitadora de siniestros y “estaba legitimada por sus funciones para tener acceso a las pólizas de los clientes”.

Además, confesó que en ese momento no disponía de ningún software que trazara los accesos a su base de datos. Esto provocaba que fuera posible para cualquier empleado de ese equipo consultar datos personales y pólizas e incluso registrarlas sin permiso de los interesados y sin el control de la aseguradora. “La trazabilidad es un instrumento que precisamente permite controlar la posibilidad de existencia de accesos indebidos”, refleja la AEPD en su resolución.

“Además, en este caso se ha extraído un pantallazo de la aplicación, pese a que hay aplicaciones que impiden la captura de pantallazos de las aplicaciones para evitar un posible filtrado de información”, continúa el regulador. “Se ha confirmado que la primera evidencia es una captura de pantalla de la aplicación interna de gestión de clientes de la parte reclamada y la segunda evidencia es una captura de pantalla del informe público que se puede obtener a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico”, recalca.

Estos motivos han resultado en una sanción de 140.000 euros contra Allianz por no garantizar un tratamiento “seguro y confidencial” de los datos personales de sus clientes. A esta se ha sumado otra de 60.000 euros por no haber establecido medidas que impidan que terceras personas tengan acceso a los datos sin permiso. La aseguradora ha aceptado la multa y se ha acogido a una reducción del 20% por renunciar a presentar alegaciones a la resolución, lo que ha dejado la cifra en 160.000 euros. También se ha comprometido a mejorar sus protocolos al dictado de la Agencia para impedir nuevas brechas de este tipo.

elDiario.es ha preguntado a Allianz por las acciones que ha tomado contra la empleada a la que ha culpado de los hechos, pero la compañía no ha facilitado ninguna información al respecto. “Para Allianz representa una máxima prioridad la protección de datos y la privacidad de nuestros clientes. Por ello queremos, en primer lugar, manifestar nuestro profundo malestar por los perjuicios que el incumplimiento de las normas establecidas por la compañía, por parte de uno de nuestros empleados, haya podido acarrear en este caso”, ha transmitido a través de un comunicado enviado a esta redacción.

“Aunque los estándares de protección en la compañía son muy elevados, Allianz ha iniciado ya los trámites necesarios para implementar las medidas técnicas y organizativas adicionales apuntadas por la Agencia Española de Protección de Datos en aras de reforzar, todavía más, las garantías de privacidad”, ha añadido.

Cuando cuento que mi hija mayor ya ha cumplido los 18 años puedo notar cómo los cerebros de quienes reciben la información comienzan a echar chispas. No porque parezca más joven de lo que soy, sino porque nos hemos acostumbrado a que lo normal, ahora, sea dejar eso de ser madres para los 40 y yo tuve a mis hijas antes de los 30. Yo, que en mi pueblo fui una de esas madres “tardías”, ahora soy una madre “joven”. Lo era cuando tuve a mis hijas, cuando me embarqué en lo que estaba escrito que tenía que ser, que era lo correcto, y lo hice sin darle una mínima pensada.

Debía andar por los 25 cuando conocí al que dos años después se convirtió en mi marido. Recuerdo que cuando hincó rodilla mostrándome un precioso anillo de compromiso, en vez de emocionarme, como sucede en tantos vídeos virales que vemos en Internet, en lugar de llorar, a mí me dio la risa. No es que yo no pensase en el futuro, en casarme, tener hijos, perros, hipotecas y coches comprados a crédito. No, pero era algo que no estaba en mi día a día; en mi cerebro era algo que hacían los demás y que, en algún momento, me apetecería a mí.

Desde luego no estaba preparada cuando esa petición de mano llegó, y mucho menos para todo lo que vino después a una velocidad inusitada. Por aquella época yo trabajaba en el gabinete de prensa de un ministerio de nueva creación y la vida me pasaba por encima mientras lidiaba con unos medios absolutamente beligerantes con la llegada al gobierno de Zapatero y sus ministras. Los días se me quedaban cortos y mi pareja, con la ayuda de mi madre, se puso manos a la obra para organizar la boda.

En menos de un año ya estaba casada y a los pocos meses, embarazada. Y yo apenas me di cuenta, mi trabajo robaba mi atención. Me vi muchas veces como Scarlett O’Hara, diciéndome eso de: “Ahora no puedo pensar en ello, me volvería loca si lo hiciera, ya lo pensaré mañana…”. Y en ese postergar la reflexión, me vi en 2008 casada, con dos niñas, una hipoteca, un coche pagado a crédito y a punto de tener un perro. Lo que para muchas mujeres es una etapa preciosa e ilusionante, a mí me aplastó por completo. Me abrumaba todo el amor que sentía por mis hijas, gestionaba mal el miedo a que les pasase algo malo, a estar haciéndolo mal, a no ser lo suficientemente buena madre. Mis hijas eran unas niñas listísimas, preciosas, felices, extrovertidas y amorosas que me calentaban el corazón con sus abrazos, pero yo no podía dejar de estar asustada.

En 2009 estaba presentando un programa directo de tres horas en la televisión autonómica extremeña, criando a dos bebés y haciéndome cargo de toda la intendencia de un hogar. Era yo quien sabía cuándo había que poner las lavadoras, cuándo hacía falta comprar champú o verduras, la talla de ropa y calzado de mis hijas, su peso y altura, la que las llevaba a las revisiones pediátricas. Era yo quien se hacía cargo de pensar qué se cenaba en función de qué se había comido ese día o qué se pondría en la mesa el siguiente. Entonces era “lo normal”, ahora se le llama carga mental.

Como un hámster en una rueda

Tardé poco en sentirme como un hámster en una rueda. Con la perspectiva me doy cuenta de que fue algo gradual, pero aún recuerdo esa mañana de sábado que me costó levantarme de la cama y que, mientras escuchaba a mis hijas jugar con su padre, me pregunté dos cosas: ¿cómo he llegado aquí?, ¿esto es lo que quiero? Y desde ese momento mi cerebro no pudo dejar de pensar en otra cosa.

En 2010 ya estaba divorciándome del padre de mis hijas, que lloraba pidiéndome que no le separase de ellas. Algo que me sorprendió totalmente porque en mi cabeza jamás estuvo pedir la custodia total de mis hijas. Fuimos pioneros en Extremadura, y nos concedieron la compartida a regañadientes, con el compromiso de que las niñas estuvieran seis meses en mi casa y los seis siguientes en la de él, con fines de semana alternos. Aceptamos ante el juez, pero jamás cumplimos. Las niñas pasaban la mitad de la semana conmigo y la otra con su padre, o a demanda, lo que ellas quisieran, lo que necesitaran.

Una época muy difícil en la que el padre de mis hijas estaba muy enfadado conmigo —me culpaba de haber dinamitado su familia, su plan de vida—, y yo sobrepasada por los acontecimientos. Una época en la que tenía que morderme la lengua o medir mis palabras para no discutir por señalar que las niñas salían a la calle despeinadas, con legañas o lamparones en la ropa; en la que se me llevaban los demonios por cómo las vestía a pesar de que yo iba a su casa a menudo para estar con ellas y aprovechaba para dejar los conjuntos preparados ya en sus armarios, aun estando separada: pantalón con su correspondiente zapato y diadema, vestido con sus lacitos, etc. Mis hijas estaban bien cuidadas, con sus necesidades perfectamente cubiertas, eran dos niñas felices que se sentían amadas, pero yo, además, perdonen la frivolidad, quería que saliesen a la calle con un aspecto cuidado…

Pequeños detalles

Fue precisamente por estos pequeños detalles por los que descubrí que el padre de mis hijas tenía pareja de nuevo: el día que llegaron a casa con las coletas perfectamente pulidas, a la misma altura, la raya recta, sus ropas limpísimas y a juego con los zapatos y los lacitos del pelo. Ese día supe que había otra mujer en su vida. Una mujer que estaba atenta a los detalles, que se preocupaba por mimarlas. Una mujer que no solo se enamoró de su padre, también de ellas, cosa por otro lado facilísima porque son unas niñas estupendas. Y que no sólo las aceptó como parte de su relación, sino que además se implicó en su crianza. Una mujer que jugaba con ellas, que les leía y compraba cuentos, que las besaba, las abrazaba y las cuidaba como si fuesen sus propias hijas. Una mujer de sonrisa abierta que siempre ha estado para ellas, y que además ha convertido a sus padres en parte de su familia.

Mis hijas no tienen cuatro abuelos, sino seis. Los dos “nuevos” las han llevado al teatro, al cine, a conciertos, se estrenaron como abuelos con las hijas de su yerno. Así es que, cuando un tiempo después, por motivos profesionales, tuve que dejar Extremadura para volver a Madrid y él se quedó a cargo de forma exclusiva de nuestras hijas, me fui tranquila. Sé lo sumamente machista que suena, pero es así como me sentí y como me siento catorce años después.

Aunque desde hace mucho volvemos a vivir en la misma ciudad y las niñas van de un hogar al otro, sé que cuando no estoy, ellas tienen en casa a una mujer que las escucha, las regula emocionalmente, las entiende y se preocupa por su bienestar. La misma que durante muchos años, en mi ausencia, las llevó al pediatra o las llevó a urgencias cuando su padre no podía, y las acunó cuando tuvieron fiebre, se preocupó porque sus comidas, meriendas y cenas fueran saludables. La que me atendía al teléfono cuando sentía que había algún problema con las nenas y me daba su opinión o aceptaba la mía. Una de las muchas mujeres que cada día hacen que la palabra madrastra pierda su sentido peyorativo. La otra madre de mis hijas.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha desestimado el recurso presentado por un hombre de 78 años, con una hija de dos años, por el que solicitaba que se redujese el régimen de visitas que tenía con ella.

Se trata de un caso con guardia y custodia por parte de la madre, de 41 años, según el fallo recogido por Eurpa Press. En base a una sentencia anterior, el hombre debía pagar una cuota mensual y hacer frente a gastos extraordinarios, que también pidió modificar en su recurso.

El hombre en su apelación planteaba una visita a la semana sin pernocta con acuerdo previo de los padres o, en caso de que no lo hubiese, una tarde a la semana con preaviso de 24 horas, “pudiendo ampliarse en función de la mejora de salud” del progenitor, cuestión que alegó en el recurso.

Y es que el recurrente sostenía que la determinación del régimen de visitas y estancias con la menor, en fines de semana alternos y en la mitad de periodos vacacionales, y de la contribución a los gastos extraordinarios eran consecuencia de “un claro error en la prueba”.

También alegaba que la edad y condiciones de una persona de 78 años dificultaba “gravemente” que se pudiese hacer cargo “debidamente” de las necesidades de una niña de dos años, aludiendo, entre otras cuestiones, al uso del pañal.

“Por el interés superior de la menor”

Además, sostenía “que las pernoctas son contrarias al interés superior de la menor y al mayor bienestar que pueda proporcionarse, pues, difícilmente su padre de 78 años que vive solo con problemas de salud va a poder prestarle los cuidados y atención que pueda brindarle su madre de 41 años”, recogía el recurso.

“Con los elementos de prueba aportados al proceso no resulta posible apreciar la existencia de graves dificultades del progenitor para atender de manera adecuada a su hija durante el tiempo de convivencia determinado en la sentencia de primera instancia”, sostiene la Audiencia Provincial.

“La edad del progenitor no parece haber condicionado siquiera su capacidad para organizar el cuidado de la vivienda en la que vive y el cuidado de su persona”, recoge también para descartar dificultades económicas.

Por otra parte, indica que en el recurso “no llega siquiera a concretarse la existencia de una fuente de ingresos económicos de la progenitora distinta de la prestación pública de mínimo vital”, afirma después de que el hombre alegase que tenía una vivienda en Rusia.

Además, argumenta que se debe considerar “que la diferencia de edad entre el padre y la madre ha sido ya tomada en consideración en la sentencia de instancia como uno de los elementos para determinar el régimen de custodia y, por tanto, de convivencia ordinaria”.

Recién llegada a Barcelona, Ariana Harwicz entra en la sede de la editorial de Anagrama sin dar oportunidad al silencio. La escritora argentina es toda palabras y seguridad en sí misma, aunque asegura que todavía no sabe qué decir sobre su última novela, Perder el juicio, porque es la primera entrevista que concede. Muestra como prueba las notas que ha tomado durante el viaje en avión para prepararse, garabateadas en esas bolsas de papel que las aerolíneas ponen a disposición de los pasajeros que necesiten vomitar. Se quedan encima de la mesa pero no les echa ni un vistazo durante la conversación porque, en realidad, tiene su discurso bien armado. Con este libro vuelve a la narrativa de ficción después de la publicación, el año pasado, de su ensayo El ruido de una época (Gatopardo) y a la editorial que recopiló sus tres primeras novelas en el volumen Trilogía de la pasión en 2022. 

Esta nueva obra, protagonizada por una madre que está dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar la custodia de sus hijos, ya tiene prevista su adaptación al teatro y al cine. Sigue el camino de Matame, amor, su ópera prima, que está en proceso de convertirse en una película producida por Martin Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence. Se supone que el guión ya está preparado y que el filme verá la luz en 2025, pero Harwicz aún no ha podido ver nada, aunque hace tiempo que firmó los papeles de cesión de derechos. “Que esa obra creada como un monstruo en la intimidad llegue a esta directora y que la haya leído Scorsese es un milagro para mí”, afirma.

Harwicz reescribió Perder el juicio tres veces antes de publicarla. En un principio, todo el libro era un diálogo entre una pareja heterosexual, casi más una obra de teatro que una novela. El resultado no le convenció, así que decidió tomar la voz del hombre para contar la historia pero tampoco se quedó satisfecha, así que finalmente utilizó la voz femenina como narradora. “Desde el punto de vista del personaje mujer me es más fácil encontrar su maldad, su criminalidad, que sea víctima y victimario a la vez”, explica. Su protagonista está acusada de ‘violencia marital agravada por presencia de los menores’ y lleva a cabo toda una serie de hechos delictivos para conseguir su objetivo sin pensar en las consecuencias más allá de cómo puede esquivarlas.

La capacidad del ser humano para traspasar los límites de lo moralmente admisible es uno de los temas centrales de la novela. “¿Es capaz una mujer de autoarañarse para mostrarle a la policía que su marido la rasguñó cuando fue ella misma?”, plantea la autora. “Por supuesto que sí, es capaz de eso y muchísimo más. Y los hombres también. Me gusta explorar esa parte de thriller de los matrimonios, personas aparentemente normales son capaces de actos absolutamente impensables. Esa es la hipótesis siempre de mis personajes”. 

En esos actos difíciles de imaginar en un adulto funcional también entra el del abandono del hogar, un asunto que obsesiona a la escritora, que cada día busca en Google a personas desaparecidas sin causa aparente. “En Francia sobre 40.000 personas al año desaparecen de sus familias, sobre todo mujeres. Y llega un momento donde se cierran los expedientes porque se ha descartado toda pista criminal: no la violaron, no la mataron, no la secuestraron. Se fue por motu propio”, desarrolla. “Por qué un día una madre que ha sido ejemplar, no monstruosa, un miércoles a la tarde se va y deja dos hijos a la salida de la escuela. Esa deserción familiar no es la trama de mi novela, pero me inspiró un poco”.

Todas las novelas de Harwicz parten de un lugar pequeño y asfixiante. Sus personajes no están en grandes ciudades sino en atmósferas cerradas como las que se pueden dar en el campo. La escritora cita la frase “pueblo chico, infierno grande” [que también es el título de una telenovela mexicana] para describir esos escenarios. En este caso, la protagonista huye de la granja donde vive con su marido y su familia política, que no la aprecia especialmente porque es, entre otras cosas, extranjera y judía. Esos datos remiten, aunque sea de pasada, a la vida de la autora, que vive en una zona rural a 200 kilómetros de París y que pasó por un divorcio encarnizado en los tribunales.

El deseo de destrucción del otro no tiene que ver con el género. Ojalá no fuese así porque entonces estaríamos a salvo entre mujeres siempre

Ariana Harwicz — Escritora

“Todas mis novelas tienen la misma condición genética: todas son absolutamente autobiográficas y no lo son en absoluto”, aclara, “hay como una sobreimpresión entre la vida y la literatura. Nunca lo sé explicar bien, pero esta novela no hubiera existido sin mi recorrido judicial y a su vez, todo es totalmente mentira”. La ruptura de su matrimonio se complicó y se convirtió en una guerra en los tribunales, en donde descubrió que su condición de “no francesa” no inclinaba la balanza precisamente a su favor como le sucede, en cierta medida, a la narradora del libro.

“Me da como pereza decirlo, pero justo me tocaron jueces misóginos, racistas. antisemitas y yo tenía todo: escritora, mujer, judía”, comenta. La experiencia le permitió comprobar, según dice: “Toda la impostura de la época, que siempre es algo que me interesa. A mí me tocó una jueza y fue peor que a veces los jueces hombres. El deseo de destrucción del otro no tiene que ver con el género. Ojalá no fuese así porque entonces estaríamos a salvo entre mujeres siempre. El submundo judicial francés, en una época donde se dice feminista, a veces parece siglo XIX”.

Las ganas de incordiar

Una de las frases que más ha destacado de su ensayo El ruido de una época ha sido: “Escribir sin ofender a alguien es un oxímoron”. Una afirmación que más bien es una declaración de su intención de prender la mecha de la polémica. La autora está convencida de que en el siglo XX la discusión de los intelectuales estaba mucho más viva que ahora, cuando la inercia tiende a buscar el consenso y a no llamar la atención adoptando posturas que ella considera incómodas. “Es mal síntoma que a un artista, un escritor, un intelectual, un historiador lo quiera todo el mundo, que no tengan un enemigo, un contrincante, un adversario enemigo”, afirma. “No quiere decir que te ponga una pistola en la cabeza o que te amenace de muerte, que está tan de moda, sino un enemigo en el sentido de que te dispute, que te critique. Es imposible escribir sin ofender en el sentido de que todo verdadero libro interpela a alguien y hackea una sensibilidad”.

Harwicz considera que expresar esas ideas que no están dentro de lo que ella cree que se considera aceptable supone exponerse al riesgo del linchamiento en las redes sociales, a la persecución, las amenazas o la censura. “Antes no teníamos ese alter ego en las redes, no estábamos sopesando cada palabra porque igual te tildan de antisemita o, al revés, de islamofóbica. Que no te toque un epíteto maldito de la época, porque no te lavas la imagen más. Para que no te pase eso se piensa con menos riesgo”, afirma. Ella trata de luchar contra el miedo porque más que a los insultos, tiene temor a sentir aversión por sí misma. “Me daría asco ser ventrílocua de la época. Si adoptas el lenguaje de esta época, el lenguaje del consenso, el que se habla en redes, estás a salvo pero hay que inventar otra lengua porque esa está trucada”, declara.

Los autores saben lo que tienen que hacer para sobrevivir, ser elegidos, ganar premios, qué políticas apoyar y qué omitir. Unas muertes se denuncian, otras muertes no

Ariana Harwicz — Escritora

Pero ¿realmente es esta época en la que reina el consenso cuando ‘polarización’ fue la palabra del año 2023 para la FundéuRAE? “El mundo elige quién es la víctima y quién es el victimario. Y tomas riesgos si dices que para ti la víctima no es la que dicen. La narrativa de una época siempre va a ser una narrativa predominante y correrse de eso da miedo, porque te ponen ese epíteto maldito y estás marcada, es la lepra del siglo XXI”, comenta. “Decíselo a J. K. Rowling (autora de Harry Potter). Ya sé que es megafamosa y hay casos mucho peores porque ella tiene poder, pero es un ejemplo grande. No sé si en España, pero en Francia está la cultura de la amenaza de muerte. Se volvió, que no sé si nunca se ha ido, a la judicialización de la literatura, los pensamientos”.

Asimismo, la escritora afirma que hay listas negras pero que ya no son “rústicas como las del MaCartismo o de Stalin” sino que funcionan con más sutileza. Ningún editor o agente de prensa le susurra a un autor en una feria del libro que no hable de algún tema porque: “Hay métodos mucho más eficaces e internos. Los autores saben lo que tienen que hacer para sobrevivir, ser elegidos, ganar premios, qué políticas apoyar y qué omitir. Unas muertes se denuncian, otras muertes no. Yo valoro mucho el coraje, aunque no esté de acuerdo”. 

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que un padre puede perder la patria potestad de su hijo si nunca se ha ocupado de él ni se ha interesado lo más mínimo por su vida. Los jueces han ordenado retirar cualquier opción de custodia a un hombre que no ha visto a su hijo desde el mismo día en que nació y nunca ha hecho nada por formar parte de su vida: “No responde al beneficio del menor, pues ni el padre lo conoce, ni está al tanto de sus necesidades personales, materiales y afectivas, de su personalidad, ni de ninguna de sus circunstancias”, explican los jueces para retirarle la patria potestad. Su desinterés llegó hasta el punto de no personarse en esta causa judicial.

Los jueces de la Sala de lo Civil han estudiado el caso de una madre que ha llevado hasta el Tribunal Supremo su pelea para que los jueces retiren la patria potestad de forma completa al padre de su hijo. Un hombre que solo vio al niño el día de su nacimiento, cuando compareció para rellenar documentos y reconocerlo como suyo. Más de una década después, explicó la madre a los tribunales, el hombre no se había preocupado ni una sola vez por su hijo: ni por su estado, ni por conocerle, ni tampoco, finalmente, por pagar algún tipo de pensión o ayudar con su manutención.

La primera parada fue un juzgado de Madrid, que estimó parcialmente su petición. Otorgó la patria potestad a la madre, pero no se la quitó al padre. El suyo no era, dijo esa primera sentencia, un caso de “extrema gravedad” en los que el Código Civil permite desvincular por completo a un hijo de su padre. Dejar que el padre siguiera ostentando, aunque no ejerciendo, la patria potestad, era algo que no entorpecía el día a día de la madre y la toma de decisiones. Unos argumentos que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2022.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y el desinterés del padre por cualquier cosa relacionada con su hijo, que tenía 7 años cuando arrancó el pleito, también se hizo notar. Los magistrados de lo civil tuvieron que retrasar las deliberaciones y la decisión final porque la Justicia nunca ha sido capaz de localizarle. Las resoluciones constatan que el hombre “no se ha personado”, lo que evidencia “su falta de preocupación, su desinterés”. La decisión del Supremo es retirarle la patria potestad porque, entienden, es lo más beneficioso para el menor de edad.

Es uno de los primeros supuestos en los que el Supremo estudia el caso de un hombre que se ha desentendido de su hijo desde el momento de su nacimiento. En otras sentencias ha avalado la retirada de la patria potestad, por ejemplo, de un hombre que intentó matar a su exmujer delante de los niños en Palencia. Otras resoluciones, por ejemplo, han mantenido el régimen de visitas entre un padre condenado por violencia de género y sus hijos al no constar una “mala relación” entre ellos. En sentido contrario, ha prohibido las visitas de un padre maltratador: “Es agresivo y no está garantizada la integridad de la menor”.

“Incertidumbre e inseguridad”

En este caso los jueces del Supremo explican que el Código Civil, en su artículo 170, solo deja privar de manera total de la patria potestad a una persona como una “medida excepcional”. Y entienden, a diferencia de los tribunales madrileños, que este caso sí lo es. Las sentencias del caso, dice el alto tribunal, “crean una situación de incertidumbre e inseguridad” en los casos en los que la madre tiene que tomar decisiones que afectan al niño teniendo que escuchar la opinión del padre, lo que según los jueces “en nada redundaría en su beneficio”.

Reprochan al juzgado y a la Audiencia de Madrid que hayan permitido “de esta manera abierta y difusa” que el padre mantenga algún tipo de presencia en la vida del niño, del cual “se ha desentendido de todo lo que le afecta”. Nada de eso, entiende el Supremo, “responde al beneficio del menor” ya que “ni el padre lo conoce, ni está al tanto de sus necesidades personales, materiales y afectivas, de su personalidad, ni de ninguna de sus circunstancias”.

En caso de tener que pronunciarse sobre algún aspecto relevante de la vida del niño, los jueces no alcanzan a entender “cuáles serían las motivaciones y criterios” del padre, ya que “hasta el momento no ha manifestado en modo alguno preocupación o interés”. “No se ve en qué forma la protección del interés del menor puede aconsejar mantener una titularidad de la patria potestad a favor de quien, desde el nacimiento del menor, no ha tenido relación con él, no se ha hecho cargo de su cuidado y manutención, no se ha preocupado de su situación ni ha velado en ningún momento por su protección y tutela”.

Para el Supremo, mantener la patria potestad en manos del padre, aunque sea de forma parcial, “no redunda en beneficio del menor”. No deja de ser su hijo, porque no se modifica su relación paterno filial, y si en algún momento quiere intentar recuperarla puede hacerlo. “Si, por un cambio de actitud estuviera dispuesto al cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y ello resultara beneficioso para el hijo en atención a las circunstancias”, explica la sentencia.

El hombre que, presuntamente, fingió que iba a ser trasladado a otra ciudad y degradado de categoría profesional --de comandante a copiloto-- para justificar menos ingresos y pagar menos a su exmujer, con la que tenía dos hijos en común, ha negado los hechos y ha asegurado que “en ningún momento” ha escondido su rango, atribuyendo todo a una “denuncia falsa” de su exmujer.

“Voy con mis distintivos, me presento como comandante, no tengo nada que ocultar; de hecho, me presento al pasaje”, ha insistido ante el Tribunal.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha celebrado este miércoles el juicio contra el varón, para quien Fiscalía pide, por un delito de falsedad en documento privado, tres años y medio de cárcel, el pago de una multa de 3.600 euros y que indemnice en la cantidad de 2.500 euros a la perjudicada.

Al inicio del juicio, el acusado ha rechazado contestar a las preguntas del Ministerio Público y acusación particular, limitándose únicamente a responder a su abogado.

Así, a preguntas de su defensa, ha manifestado que, en el proceso de divorcio, se acordó inicialmente la custodia compartida y 450 euros de contribución mensual por las dos partes, y que los gastos extraordinarios fueran soportados al 50 por ciento.

Al tiempo, recibió una demanda de modificación de medidas por parte de su exmujer, solicitando que el acusado pagara más cantidad retributiva. Finalmente, el mismo día del juicio, se acordó que se mantendría la custodia compartida y que la mujer recibiría una rebaja sustancial, pagando ella 300 euros y el acusado, 450 euros al mes. Si eso no era suficiente, él debía aportar el 60 por ciento de los gastos extraordinarios y su exmujer, el 40 por ciento.

“Era beneficioso para mi mujer y a mí me perjudicaba”, ha contemplado el varón sobre el acuerdo. Además, ha asegurado que, para llegar a él, “en ningún momento” se tuvo en cuenta su base, posición o salario: “Absolutamente nada”.

El imputado ha contado, además, que recibió un documento de su empresa que le informaba de un cambio de base, y trasladó su queja a recursos humanos. “Expresé mi perplejidad porque no había solicitado ningún cambio”, ha insistido el procesado. Asimismo, ha reconocido que sospechó que pudo deberse a un error de la compañía, que es “muy desorganizada”.

“En las 'low cost' esto es habitual. De hecho, se sigue haciendo”, ha continuado el hombre, indicando que “cuando empieza la temporada baja, muchos comandantes que han accedido recientemente al puesto vuelven en temporada de invierno a ser copilotos”, como presume que le pasó a él.

Por tanto, consciente del pleito civil que tenía pendiente con su exmujer, avisó a su abogado, según ha contado el imputado en la Sala.

“Cuando llegamos al juzgado, como en la discusión --del acuerdo-- ni siquiera se mencionó mi base, mi sueldo o mi categoría, en ese momento no lo tuve en la cabeza e hice un acuerdo beneficioso para mi exmujer y zanjar el tema”, ha proseguido el hombre.

“En ningún momento” ha intentado ocultar su posición

Así, ha reiterado que “en ningún momento” ha intentado ocultar su posición. “Tanto es así que voy con mis distintivos y me presento como comandante; en absoluto tengo algo que esconder”, ha sentenciado. Además, ha recordado que él solicitó quedarse en Palma y la compañía le comunicó que volvía a Alicante.

Por último, preguntado por su abogado por los motivos de la denuncia de su exmujer, ha insistido en que se trata de una denuncia falsa. “Son cosas que me duelen, pero como ha ocurrido en otras ocasiones cuando llegamos a un acuerdo, mi exmujer se arrepintió y, al constatar que seguía actuando como comandante, puso una denuncia falsa”, ha deducido, señalando al Tribunal que, actualmente, él tiene la custodia exclusiva de su hijo mayor y avanzando que la del mediano la obtendrá el año que viene.

Sin embargo, según el fiscal, el acusado, a sabiendas de que estaba incurso en un procedimiento de modificación de medidas contencioso, elaboró, imitando los auténticos, un certificado de la empresa en la que trabajaba indicando que se había decidido su traslado a la base de Alicante y en una categoría inferior.

En vista del documento, continúa Fiscalía en su escrito, su exmujer firmó con él un convenio regulador en el que se mantenía su contribución respecto de los gastos de los hijos comunes.

El Supremo ha rechazado el recurso presentado por Ignacio Palau, expareja sentimental del cantante Miguel Bosé, en el que pedía que los dos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron en su día por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos, del otro. El tribunal fija que los lazos afectivos no son suficientes para reconocer la paternidad de los dos sobre los cuatro menores, aclarando que para ello debían haber adoptado.

La Sala de lo Civil ha explicado que, “con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre”.

“El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable”, indica la Sala Primera en una nota informativa.

De esta forma, el Tribunal Supremo (TS) confirma las dos sentencias anteriores, siguiendo no solo el criterio de Bosé, sino también de la defensora judicial de los menores y del Ministerio Fiscal.

Palau pedía que se reconociera la paternidad no matrimonial de cada uno sobre los hijos biológicos del otro y, de forma subsidiaria, que se estableciera un “régimen de relaciones” de los niños entre sí y con sus padres respectivos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Pozuelo de Alarcón rechazó la petición principal pero fijó el “régimen de relaciones”, en base a un acuerdo firmado por Bosé y Palau durante el proceso judicial. Disconforme, la antigua pareja del cantante recurrió, si bien la Audiencia Provincial confirmó el fallo.

Así las cosas, Palau acudió al Tribunal Supremo (TS) alegando que había lazos afectivos suficientes para reconocer la paternidad de ambos sobre los cuatro menores, detallando que éstos habían convivido como hermanos.

Un generoso sistema de visitas

Los magistrados, en una ponencia de María Ángeles Parra, declaran que no es relevante que los cuatro menores nacieran mediante maternidad subrogada durante la convivencia de la pareja, estando inscritas las filiaciones en el Registro Civil español.

Añaden además que el rechazo de la filiación reclamada “no priva a los niños de sus derechos ni afecta a su identidad”, confirmando que “la opción mejor y más adecuada” es la dictada inicialmente por los tribunales –el “régimen de relaciones”–, por cuanto “garantiza el derecho efectivo de los menores a mantener vínculos y relacionarse con aquellas personas con las que les une una relación afectiva”.

A este respecto, la Sala de lo Civil destaca que se trata de “un generoso sistema” que contempla “un amplio régimen de estancias y relaciones que va más allá de las que se fijan para meros allegados, y que permite a los chicos compartir juntos todos los periodos vacacionales”, la mitad con Palau y la otra mitad con Bosé.

Valora igualmente que dicho sistema “se viene ejecutando sin que conste que se hayan producido incidentes y, lo más importante, al que los hijos de las dos partes se han adaptado sin dificultad”.

El Tribunal Supremo ha retirado el régimen de visitas para evitar que un hombre encarcelado por maltratador pueda ver a su hija. Después de un cambio de criterio de la Fiscalía, los jueces revocan una decisión de sus compañeros de Canarias, que concedieron dos encuentros por semana al maltratador en un Punto de Encuentro, y explican que sus múltiples condenas por maltratar a la madre de la niña hacen inviable un régimen de visitas, aunque sea restringido. “El progenitor es una persona agresiva y no está garantizada la integridad de la menor en su compañía sin supervisión”, alegan los jueces de lo civil.

El hombre cuyo caso ha estudiado el Tribunal Supremo es un maltratador reincidente y hasta ahora tanto los jueces como la Fiscalía se habían pronunciado a favor de que, cuando abandonara la cárcel, tuviera derecho a ver a su hija pequeña. Primero fue condenado a trabajos comunitarios por delitos de maltrato y amenazas. Una segunda condena le impuso casi dos años de prisión por saltarse las órdenes de alejamiento así como por más episodios de maltrato y amenazas.

Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife decidieron retirarle la patria potestad, así como la guarda y custodia, pero acordó reconocerle el derecho a, cuando saliera de prisión, ver a su hija dos veces por semana en un Punto de Encuentro y, por tanto, bajo supervisión. Los jueces canarios entendieron que las circunstancias eran “graves” pero que dos visitas semanales constituían un “régimen restrictivo y precavido” y que así conseguirían “normalizar” las relaciones entre la niña y su padre maltratador reincidente. El propio hombre rechazaba estas visitas: “Eso no es una cosa privada, no puedo ni ir a pasear con mi hija por ahí ni tenerla a solas”, dijo.

La Fiscalía apoyó estas medidas hasta que el asunto llegó al Tribunal Supremo, donde pasó a apoyar el recurso de la madre y a reclamar que el hombre no tuviera, por el momento, derecho a visitar a su hija. El Ministerio Público destaca su “carácter agresivo e impulsivo”, sus “reacciones desproporcionadas” cuando no sigue el tratamiento farmacológico antidepresivo y antipsicótico pautado por el psiquiatra, y el rechazo a la madre de la niña: “Si tengo que renegar de mi hija lo haré pero yo a esa no la quiero ver ni en pintura, no quiero saber nada de la madre de mi hija, es mala persona”, llegó a decir.

Ahora es el Tribunal Supremo el que ha revocado este régimen de visitas. Los “graves desajustes psicológicos” del padre, dicen los jueces de lo civil, “determinan su carencia para asumir funciones parentales”. El padre tendrá que “controlar sus impulsos y su situación de dominio derivada de una violencia de género no superada, que constituye un pésimo modelo y un manifiesto óbice de idoneidad para desempeñar el rol paterno, con respecto a una niña de cuatro años”, en caso de tener “un propósito serio y real de comunicarse con su hija”.