El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), ha culpado este sábado a los trabajadores de una residencia de la isla del contagio de una usuaria y los ha llamado irresponsables. “Lamentamos esta irresponsabilidad de haber importado el contagio” y añadió que podían haber contagiado a compañeros de trabajo y a usuarios del centro.

La propia corporación insular ha difundido un vídeo en el que Acosta reitera que se trata de un contagio “importado” por trabajadores del centro y asegura que han quedado “apartados del servicio” en el parador de Fuerteventura. “Ahora y en el futuro, ese caso que ha sido importados por trabajadores de la residencia tienen que quedar apartados del servicio”, ha subrayado.

Los tres casos positivos por COVID-19 en la residencia de mayores de Casillas del Ángel se confirmaban este viernes. Según informó entonces el Cabildo, las tres personas quedaron rápidamente aisladas.

Este sábado, Acosta recalcaba en el vídeo difundido que no hay más personas contagiadas en la residencia, de 46 se mantiene aislada a la usuaria que dio positivo este viernes y a los trabajadores.

Durante estos días, el presidente insular insistió en que se mantendrán los controles que han existido según él desde que comenzó el estado de alarma junto a los protocolos de actuación adecuado. “La preocupación es que estas personas sigan teniendo esta asistencia”, afirmó, y celebró que “en menos de 18 horas se ha actuado”.

A los familiares de los residentes les trasladó que se están reforzando todas las medidas “una vez más” para cuando esto pase puedan seguir “disfrutando de nuestros mayores” y felicitó a los habitantes de Fuerteventura por el esfuerzo que están haciendo de quedarse en casa.

A las polémicas palabras de Acosta, se le suma que este viernes Asamblea Majorera-Coalición Canaria exigía al Gobierno regional que investigase los análisis de la COVID-19 en la residencia de mayores de Casillas del Ángel, después de que hubieran aparecido tres casos tras haber anunciado que los 125 análisis realizados habían dado negativo.

En un comunicado, AM-CC criticaba la “grave irresponsabilidad y preocupación que, a su juicio, ”viene provocando la gestión del Gobierno de Canarias en Fuerteventura“. Y es que, este jueves, día 16 de abril, el Gobierno informaba de que se habían realizado un cribado a un total de 2.200 usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de Canarias, de los que 125 pertenecían a Fuerteventura.

Acosta ha protagonizado además otras polémicas declaraciones en las últimas semanas. Por un lado, ha responsabilizado al Mercado de La Laguna del elevado número de contagios que según él hay en el municipio. Además, en los primeros días de la crisis sanitaria llegó arremeter contra las familias que hicieron regresar a sus hijos estudiantes de la Península a las Islas: “Hay que ser muy irresponsables para haber traído a sus hijos de Madrid durante esta cuarentena”, aseguró.

Vídeo completo de la intervención de Blas Acosta:

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), está a favor de retomar y priorizar el proyecto de Chillida en Tindaya, una idea del artista Eduardo Chillida que pretende construir un monumento a la tolerancia dentro de la montaña sagrada de Fuerteventura, declarada Bien de Interés Cultural. En declaraciones ofrecidas a la Cadena Cope, Acosta ha insistido en que la isla majorera no puede conformarse con ser solo un destino turístico de sol y playa, sino que también tiene que aprovechar el resto del territorio para generar economía. 

Por tanto, ha señalado que las declaraciones ofrecidas por el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico de la corporación insular, Andrés Briansó, en las que aseguraba que el equipo de gobierno daría la espalda a este proyecto criticado y cuestionado por las organizaciones ecologistas por su impacto medioambiental, fueron solo “valoraciones personales”. Asimismo, añade que el pacto de PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos que desbancó a CC del poder tras una moción de censura, estudiará y “pondrá en valor este monumento natural”.

“La Fundación Tindaya, del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, contrató un estudio para ver si el proyecto es económicamente viable y si hay empresas que la puedan acometer”, señala Acosta. Los resultados de este informe se darán a conocer en el mes de octubre. “Luego ya veremos si en el pleno hay mayorías absolutas para poder desarrollarlo”, afirma.

Sin embargo, desde su punto de vista “es una de las obras que se deben realizar”, aunque se haya dado “más publicidad a las opiniones contrarias”. Blas Acosta toma como referencia a Lanzarote y a los Centros de Arte y Turismo ideados por el artista César Manrique, mediante los que se ha convertido a los puntos naturales más destacados de la Isla en espacios dedicados a la atracción turística.

Del mismo modo, el presidente del Cabildo ha adelantado que antes de final de año se retirará la concesión a la empresa encargada de habilitar el acceso al área de Tindaya donde están los podomorfos por estar “cinco años paralizada”. Asimismo, señala que el proyecto de Chillida propone un área de protección de 50.000 metros cuadrados a esta zona, frente a los 1.400 protegidos en la actualidad.

El secretario insular del PSOE y vicepresidente en funciones del Cabildo, Blas Acosta, declaró este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario en calidad de investigado por una imputación por prevaricación urbanística.

La investigación judicial se centra en la concesión por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, en el año 2010, de una licencia de primera ocupación y de la cédula de habitabilidad para una vivienda en la urbanización de La Pared, permisos que previamente se habían denegado por el propio Consistorio.

Blas Acosta fue concejal de Urbanismo de Pájara entre los años 2003 y 2015. La licencia de construcción de la vivienda en La Pared se concedió en el año 2001. En el año 2008 el propietario pidió la licencia de primera ocupación “y se le deniega”, reconoció Acosta, quien aseguró que el inmueble tenía “problemas de linderos, de depuración de aguas y de urbanización”.

El actual vicepresidente en funciones del Cabildo insistió este lunes en que por parte del propietario de la vivienda “se corrige” todo aquello que había provocado que se le denegase la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad.

Acosta hizo hincapié en que “el secretario” del Ayuntamiento de Pájara estaba “presente”, como “siempre”, en la Junta de Gobierno municipal celebrada en el año 2010, cuando se cambia el criterio de la institución y se otorga la autorización para la primera ocupación de la vivienda, dando a entender que el máximo responsable de los servicios jurídicos no puso reparos al acuerdo.

Además de Blas Acosta, este lunes declararon como investigados por presunta prevaricación urbanística el alcalde en funciones, Rafael Perdomo, o la concejal Rosa Bella Cabrera, además del resto de miembros de la Junta de Gobierno que dio la licencia, compuesta también por Ramón Cabrera, Jesús Umpiérrez y Antonio Jiménez.

Denuncia vecinal

A la salida del Juzgado, Blas Acosta afirmó que el procedimiento judicial en el que se encuentra investigado por prevaricación urbanística es una “denuncia política, como todas los demás que han estado presentando durante todo este tiempo”. Sin embargo, la causa se origina por una querella de la asociación Viejo Rey de La Pared, que agrupa a propietarios y vecinos de la urbanización.

El colectivo vecinal ganó en los tribunales un contencioso contra el Ayuntamiento de Pájara y la Justicia ha obligado al Consistorio a que asuma los servicios de la urbanización, que se encuentra en malas condiciones. Además, la asociación emprendió acciones penales y el procedimiento por el que declararon este lunes en el Juzgado tanto Acosta como el resto de cargos municipales es una pieza separada de aquella causa.

A pesar de ello, Acosta insistió en que se trataba de una “denuncia política” interpuesta en el año 2014 por el partido Votemos y añadió que se está “instruyendo desde entonces”. Sin embargo, las acciones penales no son de Votemos, que como partido se constituyó en abril de 2015, sino del citado colectivo vecinal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario ha citado a declarar a Blas Acosta, secretario general del PSOE de Fuerteventura y vicepresidente en funciones del Cabildo, en una nueva causa abierta en la que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación en la urbanización de La Pared.

La nueva causa judicial se abrió como pieza separada de un procedimiento iniciado a raíz de una querella interpuesta por la asociación de vecinos Viejo Rey de La Pared, que denunció la existencia de presuntas irregularidades relacionadas con la urbanización, ubicada en el municipio de Pájara.

Además de Blas Acosta, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, han sido citados el alcalde en funciones, Rafael Perdomo, la concejal Rosa Bella Cabrera y los antiguos ediles Ramón Cabrera, Jesús Umpiérrez y Antonio Jiménez.

Según indicaron las fuentes consultadas, los citados tendrán que prestar declaración en el Juzgado número dos de Puerto del Rosario, que es el que encarga de la instrucción, el próximo lunes desde las 9.30 horas de la mañana.

En la querella original presentada por el colectivo de vecinos de La Pared se apuntaba a la comisión de un presunto delito de prevaricación por “la ejecución por particulares de obras sin licencia urbanística” y el Juzgado acordó la apertura de una pieza separada.

Acosta estaba siendo investigado hasta el momento por la gestión de la empresa pública municipal Gesturpa, de la que estuvo al frente en su etapa en el Ayuntamiento de Pájara. El pasado enero, la Fiscalía pidió una serie de medidas para impulsar la instrucción.

Una de las cuestiones que se investiga en el caso Gesturpa es la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río por un coste de casi 900.000 euros. Según una auditoría, el alumbrado no le correspondía a Gesturpa.

Otra de las presuntas irregularidades investigadas es un pago de 100.000 euros que hizo la empresa pública en abril de 2010. En la auditoría se indica que “existen dudas razonables” sobre la autenticidad de esa transferencia.

Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas por trabajos de limpieza y desmonte de terrenos en una promoción de viviendas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.

Por otro lado, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del agua en la Isla, se ha investigado judicialmente la contratación de forma “verbal”, por parte del Ayuntamiento de Pájara, de unas obras de enganche de una urbanización a la red de abastecimiento por más de 208.000 euros.

El fiscal señaló en su denuncia que el entonces concejal de Obras Públicas, Blas Acosta, con la “aquiescencia” del alcalde, Rafael Perdomo, acordó la ejecución de obras para conectar la citada urbanización, que no estaba recepcionada por el Ayuntamiento, con las redes municipales de abastecimiento, mediante un “encargo verbal” a la empresa Canaragua.

Uno de los ejes de la investigación judicial al líder del PSOE de Fuerteventura y actual vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, por su gestión al frente de la Concejalía de Urbanismo del municipio de Pájara, es un pago de 100.000 euros efectuado por la empresa pública Gesturpa en abril de 2010. El auditor de las cuentas de la compañía destacó que no había dispuesto de la “documentación” que acreditara la justificación de esa transferencia y manifestó en sus informes sobre Gesturpa, empresa propiedad del Ayuntamiento de Pájara, que “existen dudas razonables” sobre su “autenticidad”.

Así se reflejó por parte del auditor Miguel Ángel Ramírez en su informe sobre las cuentas de la sociedad municipal en los años 2012 y 2013, y del mismo modo se plasma en la denuncia que la Fiscalía presentó en el Juzgado en abril de 2015 por “la posible existencia de un delito societario”. Antes de la denuncia en el Juzgado, el Ministerio Fiscal le requirió a Acosta documentación sobre la empresa de la que era administrador.

La investigación judicial se ha reactivado en los últimos meses. Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario ha pasado Blas Acosta, que declaró en febrero y tenía que haber vuelto a declarar a finales de marzo, el mismo día que el auditor Miguel Ángel Ramírez, aunque consiguió que se suspendiera su segunda citación por motivos de salud. Este pasado mes de febrero, Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.

Ese escrito de la empresa de transportes tiene fecha del 31 de julio de 2015, apenas tres meses después de que el Ministerio Fiscal denunciase en el Juzgado presuntas irregularidades en la compañía pública. Más de cinco años después de que se efectuara la transferencia de 100.000 euros y 10 años más tarde de que, según sostiene la citada mercantil, Gesturpa contratase unos “trabajos en la obra de 248 viviendas” promovidas por la sociedad municipal, que habrían consistido en “limpieza” y “desmontes del terreno”.

En su declaración en el Juzgado el pasado 23 de marzo, el auditor Miguel Ángel Ramírez calificó como un “pago no justificado”, del año en que se produjo, la transferencia de 100.000 euros y agregó que por eso lo había destacado en la auditoría de Gesturpa. Añadió que “todas esas salvedades” se las preguntó al administrador de la empresa pública y que “no le contestó”, pero que en “años posteriores” aportó las “facturas” de la citada empresa de transportes. Eso sí, “no tiene comprobación” acerca de que los trabajos efectivamente fuesen contratados y ejecutados en la empresa pública.

Por su parte, Acosta sostuvo en su declaración judicial en febrero que no había entregado antes al auditor la documentación que justificase el desembolso de los 100.000 euros porque el pago estaba relacionado con las obras de un parking público. Según su versión, el proyecto del aparcamiento se adjudicó a la constructora Joca y el desmonte lo habría acometido la citada empresa de transportes majorera. “Joca quiebra y por este motivo se le pagan los gastos”, aseguró Acosta, quien añadió en el Juzgado que “en el momento de realizar la auditoría no disponía de la documentación” al estar la contrata en situación “concursal”.

Para Votemos Fuerteventura, cuya presidenta, Margarita Martín, denunció en Fiscalía las irregularidades detectadas en la empresa pública de Pájara, “justificar el destino de una transferencia de 100.000 euros con una factura de fecha 30 de febrero hace suponer que ese certificado puede salir del mismo sitio que los del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes”.

El caso Gesturpa estuvo paralizado cerca de dos años. La denuncia de Martín fue interpuesta en septiembre de 2014. Las diligencias previas se incoaron en junio de 2015, dos meses después del escrito de la Fiscalía, y la citación de Blas Acosta se produjo en mayo de 2016. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando el líder del PSOE de Fuerteventura compareció ante el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que instruye el caso.

La sociedad que se investiga, Gesturpa, se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años del boom del ladrillo. Se utilizó para la construcción de viviendas o locales, la administración y alquiler de inmuebles y la venta de parcelas. En la auditoría realizada por Miguel Ángel Ramírez se observaron irregularidades en las cuentas de 2012 y 2013.

El alumbrado que hundió a la empresa pública

Otra de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento de Pájara y en su empresa Gesturpa que está bajo investigación en el Juzgado es la forma en la que se llevó a cabo la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río. La empresa pública municipal asumió un gasto de 897.270 euros por el alumbrado, en concepto de aprovisionamiento, con la compañía majorera Mahelec Mantenimientos.

En la auditoría se destaca que el alumbrado no le correspondía a Gesturpa y que le fue encomendado por el Ayuntamiento de Pájara. En su declaración en el Juzgado, el auditor Miguel Ángel Ramírez abundó en que el Consistorio no le pagó en aquel momento a Gesturpa, “entrando en pérdidas”.

Claves

Compleja. El Juzgado declaró la causa del caso Gesturpa como compleja. En mayo de 2017 la jueza María Luisa Casado fijó una prórroga de la instrucción por 12 meses más, a contar desde el 6 de junio, por lo que la investigación debería estar concluida en junio de 2018. Blas Acosta tiene pendiente una segunda declaración en el Juzgado. A la primera no acudió la Fiscalía por problemas con la citación.

“Patraña”. Blas Acosta señaló tras su primera declaración judicial que “lo que se ha hecho con dinero público” en la empresa municipal Gesturpa, que ahora está en fase de liquidación, “es gastarlo en inversión y obra pública, nada más” y tachó de “patraña política” la denuncia, a pesar de que cuenta con el aval del Ministerio Fiscal. También afirmó que Guillermo Concepción y Antonio Jiménez habían sido administradores de la empresa junto a él.

El caso Gesturpa va a empujones. La denuncia de Margarita Martín, presidenta en la actualidad de Votemos Fuerteventura, por irregularidades en la empresa pública de Pájara, se produce en septiembre de 2014, las diligencias previas se incoan en junio de 2015 en el juzgado y la citación contra el único investigado hasta ahora, Blas Acosta, se produce en mayo de 2016. Sin embargo más de un año y medio después, el secretario insular del PSOE de Fuerteventura aún no ha declarado ante el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que instruye el caso.

La citación a Acosta se libra el 20 de mayo de 2016. El juzgado lo citaba para el 14 de julio de ese año a través de un oficio a la Policía Local de Pájara para que lo localizara en Morro Jable, en la Plaza de los Pescadores número 2, la sede social de la empresa pública Gesturpa. Se le cita en calidad de investigado para que aporte toda la documentación que se refiere al informe de la auditoría de Gesturpa de 2012 y 2013 elaborado por el auditor Miguel Ángel Ramírez, que es el que sirve de base a la denuncia, ya que se detectan irregularidades contables, y también para que aporte el Libro de actas legalizado y el Libro de socios. A pesar de la advertencia que se incluye en la citación del juzgado de que en caso de no comparecer podría ser acordada su detención, no se le localiza y no se lleva a cabo ninguna diligencia más de averiguación de su paradero.

El oficio del juzgado tarda cinco días en llegar a Pájara y la contestación otros seis días más. Esteban Hernández, el inspector jefe de la Policía Local del municipio en el que Acosta había sido concejal de Urbanismo y de otras áreas durante doce años, responde al juzgado que no localiza en esas señas al político majorero y que “en la actualidad se le localiza en la calle Primero de mayo 39, en la sede del Cabildo Insular de Fuerteventura, institución de la que es vicepresidente”.

Y hasta hoy. Lo siguiente que aparece en el sumario al que ha tenido acceso este periódico es que el caso ha cambiado de fiscal y que ya se encarga del mismo Tomás Fernández de Páiz, fiscal especializado en delitos económicos pero adscrito a la Fiscalía de Área de Puerto del Rosario, que solicita que la causa se declare compleja “por la naturaleza jurídica de la entidad afectada, el estado de tramitación de la causa y la abundante documentación incorporada y solicitada”. El juzgado accede a esa solicitud y la causa se declara compleja, con lo que tiene un plazo de 18 meses para finalizarse. En este caso se fijó el 6 de diciembre de 2015 como fecha de inicio, por lo que la causa debía haber terminado en mayo de 2017, pero en esa fecha se emite un nuevo auto por la titular del juzgado, María Luisa Casado, por el que fija una prórroga por doce meses más a contar desde el 6 de junio del año pasado, por lo que deberá estar cerrada en junio de este mismo año.

La lentitud de la causa es asombrosa. La denuncia de Fiscalía es de abril de 2015 y las diligencias se abren en el juzgado dos meses más tarde. Las páginas 704 y 705 del sumario son un auto de la juez María Luisa Casado por el que acuerda que se lleven a cabo cuatro diligencias: la averiguación de las cuentas corrientes de Gesturpa, que la sociedad aporte el libro de actas y de socios y la declaración de Miguel Ángel Ramírez, el autor de la auditoría, como testigo, y de Acosta como investigado. La siguiente página, la 706, tiene fecha de 20 de mayo de 2016, once meses después, y se trata de una diligencia de la secretaria judicial (ahora llamada letrada de la Administración de Justicia), María Isabel Hernández Bautista, acordando esas cuatro diligencias.

En el sumario, además de la denuncia de Fiscalía y de la auditoría de Ramírez, hay poco más. Se remiten finalmente el estado de las seis cuentas corrientes de Gesturpa del año 2011, de las que sólo una tiene un saldo positivo, de más de 28.000 euros, y el certificado de antecedentes penales de Acosta. Hasta noviembre de 2016, cuando el juzgado admite la personación de Votemos en la causa, el procedimiento no avanza más.

Acosta remitió información en 2015 a la Fiscalía

El mes pasado, cuando Diario de Fuerteventura informa de que Blas Acosta figura como investigado en el sumario, el propio Acosta muestra su sorpresa por este hecho y dice que se ha enterado por la publicación de la noticia. Sin embargo, cuando aún era concejal en Pájara, a principios de 2015, la Fiscalía le requirió que aportara documentación relativa a esa empresa pública. El 18 de febrero de ese año envía un escrito en el que explica, en primer lugar, las características de la sociedad y su nombramiento como administrador en septiembre de 2003, sólo unos meses después de acceder al Ayuntamiento.

También señala las funciones de la empresa y para ello transcribe el artículo 2 de los estatutos de la sociedad. Lo que le pedía la Fiscalía es que aportara documentación sobre el importe de casi un millón de euros pagados a la empresa Mahlec “en concepto de aprovisionamientos” y adjunta el proyecto técnico de la obra de alumbrado público de Cañada del Río, así como el proyecto reformado, la copia compulsada del acuerdo de la Junta de Gobierno local de septiembre de 2006 por la que se aprobó ese proyecto, una copia compulsada de la factura por importe de 942.133 euros, el acta de recepción de la obra y el justificante del pago realizado a través del Fondo de financiación.

Pues bien, a pesar de enviar esa documentación, la Fiscalía siguió viendo indicios de delito societario, porque posteriormente al envío de esos documentos es cuando emite la denuncia que se convierte en las diligencias previas en las que aparece Acosta como único investigado.

Dos irregularidades principales

La sociedad que se investiga, Gesturpa, se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años del boom del ladrillo. Se utilizó para la construcción de viviendas o locales, la administración y alquiler de inmuebles y la venta de parcelas. En la auditoría realizada por Miguel Ángel Ramírez se observaron irregularidades en las cuentas de 2012 y 2013.

Hasta el momento, hay dos principales irregularidades, que también se reflejan en la denuncia de la Fiscalía: una transferencia de 100.000 euros sobre la que dice el auditor que no dispone de documentación y la factura de casi un millón por el alumbrado público de Cañada del Río a pesar de que la obra le fue encomendada al Ayuntamiento de Pájara.

El gran negocio de todos los veranos en Fuerteventura, La Carpa del Mundial de windsurfing que desde hace más de 30 años se celebra en las playas de Sotavento de la península de Jandía, vuelve a situar al vicepresidente del Cabildo y secretario local del PSOE, Blas Acosta, a la puerta de los juzgados. Y todo por una querella admitida a trámite que cuestiona la adjudicación a dedo de los eventos paralelos del Mundial.

Una jueza de la capital, Puerto del Rosario, ha llamado a declarar como investigado por cohecho y prevaricación al consejero de Turismo y hombre fuerte del PSOE en la isla. También al alcalde de Pájara, el socialista Rafael Perdomo, entre otros, por la adjudicación de un contrato negociado sin publicidad de 1,7 millones de euros, de la zona de ocio y restauración que se instala en el Mundial de windsurf y kiteboard.

La Carpa fue concedida este año al mismo organizador del evento deportivo, cuyos derechos detenta el windsurfista René Egli. Hasta este 2017, el Ayuntamiento de Pájara había contratado por un lado la prueba a quien tiene la exclusiva de las dos asociaciones profesionales de windsurf y kiteboard, PWA y GWA, y por otro lado licitaba en pública concurrencia el negocio de La Carpa. Esta vez decidió presentar un solo paquete para el organizador de la prueba, sin concurso alguno.

De ahí que la querella apunte delitos de prevaricación y cohecho por adjudicar sin licitación una explotación que renta más de 20 millones de euros día y noche durante dos semanas del verano, así como la asignación también a dedo del hotel donde se hospedan organizadores, deportistas e invitados, Meliá Gorriones. “Se ha privado que estas empresas especializadas formulen ofertas más ventajosas para el Ayuntamiento”, sostiene el querellante. “Nos genera indefensión y quebranto”.

La querella fue presentada en noviembre pasado por el empresario hotelero y expresidente de la Cámara de Comercio majorera Gregorio Pérez Saavedra, como perjudicado al no poder optar a la licitación de La Carpa mediante concurso, como ocurría en ediciones anteriores. Ni tampoco a esas estancias pagadas con dinero público, mediante una repercusión publicitaria cuantificada en millones de euros.

La titular de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario, Fátima Ruiz, ya ha citado a declarar a los investigados, así como a testigos. Aparte de a los dos líderes locales del PSOE, Blas Acosta y Rafael Perdomo, también se investiga al concejal de Turismo de Pájara, Farés Sosa; la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Ravetllat; la técnico Silvia García; el director del hotel Meliá Gorriones, Alejandro Pérez, y su director regional, Óscar Ramos.

Mediante un auto de 23 de noviembre al que ha tenido acceso ahora.plus, la jueza cita al alcalde, al concejal, a la secretaria y a la técnico de Pájara, así como al director del Meliá Gorriones, el 9 de febrero; mientras que fija un mes más tarde, el 9 de marzo, las declaraciones de Blas Acosta y el director regional de Meliá, así como la de los testigos admitidos: los tres últimos adjudicatarios de La Carpa.

Petición de detenciones y registros

La magistrada ha rechazado la petición del querellante de que se procediera a la detención de los investigados, la entrada y registro del Ayuntamiento de Pájara y del hotel Meliá Gorriones, así como la intervención de las comunicaciones de estos y la geolocalización de los mismos durante el tiempo en que se celebró el Mundial, entre el 20 de julio y el 6 de agosto de este 2017, para saber dónde se hospedaban.

El querellante, que se ha personado en las diligencias previas 917/2017 como acusación particular, entendía que existe un alto riesgo de destrucción de pruebas por parte de los investigados. En especial, en lo concerniente a la recaudación de La Carpa, o al registro ya sea por libro o por cámaras de quienes se hubieran hospedado en el Gorriones de manera gratuita. Esas estancias de funcionarios relacionados con la adjudicación podrían suponer un presunto cohecho.

En el expediente de adjudicación de La Carpa al mismo organizador del evento deportivo, el ayuntamiento justificaba el cambio de proceder en un informe jurídico. “La experiencia nos ha demostrado, sobre todo a nivel organizativo, que no debemos dividir el contrato”, indica el informe de 23 de mayo.

La técnico municipal también abogaba en su informe “desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia” por unificar la gestión del servicio a contratar “porque se trata de un único espectáculo público”, que “garantiza la continuidad y estabilidad y ahorra costes”. O del mismo modo, “facilita la rentabilidad para el adjudicatario”, que se convierte en el “único interlocutor” con la administración pública.

La querella admitida a trámite da por sentado que cargos públicos y funcionarios habrían incurrido en un presunto delito de prevaricación con la adjudicación de 1,7 millones de euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad, reservado para los contratos menores de 18.000 euros. Pero que también el consejero de Turismo, Blas Acosta, habría sido el inductor de ello desde el Cabildo.

“Desde septiembre de 2015, Blas Acosta ya anunciaba en notas de prensa” que la prueba se iba a adjudicar en su conjunto, en “una actitud premeditada” del actual vicepresidente del Cabildo, que incluso llega a acordar con el director regional de Meliá la concesión de 700 estancias de hotel a cambio del impacto publicitario. Son esas directrices de Blas Acosta las que llevan a la jueza a pedirle explicaciones sobre esta causa con indicios reveladores de cómo se ha querido vestir el muñeco.

Por ejemplo, la querella recoge que desde enero de este año existen noticias de la fecha de celebración del Mundial, pero el Ayuntamiento dejó pasar el tiempo para, solo en mayo, declarar de urgencia la adjudicación a dedo. Se justificaba entonces el negociado sin publicidad y que fuera adjudicado al organizador del evento, en el hecho de que no había tiempo material para montar toda las instalaciones de las carpas y contratar a proveedores si se iniciaban los trámites de una licitación.

“¿Por qué lo dejaron para última hora? ¿Por qué no lo previeron como los últimos años?”, se cuestiona en la querella la actitud del Ayuntamiento de Pájara, con la hoja de ruta marcada por el consejero de Turismo del Cabildo, uno de los grandes patrocinadores del Mundial de windsurfing. Se aporta también otros indicios como baile de fechas entre la firma de los pliegos y la del contrato, dando a entender que ya todo estaba decidido de antemano; o que el canon que el adjudicatario debe pagar al ayuntamiento es un 20% inferior al de otras ediciones: en vez de 50.000 euros, las arcas públicas solo recibirían 40.000 euros esta vez.

Cuestión aparte es el presunto cohecho que deba investigar la jueza relacionado con las estancias en el Meliá Gorriones, y también otros hoteles de las cadenas H10 o Barceló, citados en la querella. Esta cuantifica en más de dos millones de euros el impacto mediático del que se beneficia Meliá al convertir a su hotel Gorriones en cuartel general y bandera principal del PWA World Windsurf Tour. Y si en sus habitaciones han pernoctado los investigados, u otros funcionarios relacionados con la contratación del evento, habrían incurrido en presunto cohecho.

Meliá ofrece 700 estancias a la organización del Mundial, en coordinación con el Ayuntamiento, que también debe buscar otros alojamientos en otros hoteles, si así fuera necesario. A razón de 150 euros la noche, supone un desembolso de 105.000 euros, una cantidad superior a los 18.000 euros de los contratos menores, y por la cual se considera que las estancias de hotel debieron salir a licitación pública. Como cadena hotelera afectada, SBH calcula que sus pérdidas por no haber podido concurrir a esas estancias suponen entre 720.000 y 1.440.000 euros.

La querella, que debe sustanciarse a partir de ahora en Instrucción 3 de Puerto del Rosario, también incluye el destino de las 300 entradas que por contrato debía dar cada día la organización al Ayuntamiento. Se pregunta quién las distribuía y quién se ha beneficiado de esas entradas, por si también fueran funcionarios susceptibles de haber sido sobornados con hotel y entradas al Mundial.

Además, el querellante pide a la instructora que determine qué otras personas, ya sean físicas o jurídicas, pudieran estar implicadas en este caso del que sostiene se ha cometido cohecho y prevaricación, pero también indicios de otros delitos.

En concreto, cita la posible comisión de fraude y exacciones fiscales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, abusos de estos en el ejercicio de sus funciones, malversación de caudales, tráfico de influencias en un procedimiento administrativo que califica de “sumamente descarado y chapucero”.

El líder del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, figura como único “imputado” en un juzgado de la isla que investiga su etapa al frente de Gesturpa, una empresa pública del Ayuntamiento de Pájara liquidada en 2016.

Acosta, que en la actualidad es vicepresidente y consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo, fue el máximo responsable de todo el planeamiento del municipio turístico del sur de Fuerteventura entre 2003 y 2015.

Gesturpa se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años más intensos de la construcción de hoteles y urbanizaciones turísticas, entre finales del siglo pasado y la primera década de este.

En noviembre de 2014, siendo todavía Acosta su principal responsable, la entonces concejal del PSOE como independiente en el municipio de Tuineje y ahora presidenta de Votemos Fuerteventura, Margarita Martín, denunció en Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión de la empresa.

En junio de 2015, Fiscalía remitió el caso al Decanato de Puerto del Rosario. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital de la isla no ha movido demasiado esta causa abierta 841/2015, de la que el propio Blas Acosta dice haberse enterado por este diario, mostrando su sorpresa.

Ha sido ahora cuando el juzgado ha admitido la personación de Votemos, y en esa providencia fechada el 16 de noviembre pasado aparece Acosta como “imputado”.

En su decreto remitiendo el caso al Decanato, la Fiscalía considera que de los hechos investigados “se deduce la posible existencia de un delito societario” en la gestión de la empresa, e interesaba que se tomara declaración en sede judicial al administrador y al auditor de Gesturpa, Blas Acosta Cabrera y Miguel Ángel Ramírez Delgado, respectivamente.

El Ministerio Fiscal apunta que al analizar las auditorías de la sociedad de los años 2012 y 2013 “se observa que las cuentas anuales no son una imagen fiel de la situación de la empresa” y enumera una serie de presuntas irregularidades.

Entre ellas, “se recoge un saldo deudor por valor de 100.000 euros” en el balance de la empresa municipal al finalizar el año 2012. “Este saldo corresponde a una transferencia, realizada por la entidad el día 23 de abril de 2010” y el auditor de la empresa advertía de que no había dispuesto de la documentación que acreditara ese movimiento. “Por todo ello”, concluía el auditor, “existen dudas razonables sobre la autenticidad y recuperación de dicho saldo”.

La Fiscalía también destacaba otras advertencias de las auditorías: en el ejercicio 2012 se contabilizaron unos 472.000 euros como un derecho a “crédito fiscal” por impuestos diferidos.

Sin embargo, la auditoría refleja que ese activo “no debería haberse reconocido” porque “no resulta probable que la sociedad disponga de ganancias futuras” que permitiese aplicarlo y, “en consecuencia”, las “pérdidas” de aquel año deberían “aumentarse” en los citados 472.000 euros.

También se incluyó como “aprovisionamientos” de la empresa un saldo de 897.000 euros que correspondía a los gastos derivados de una factura de Mahlec Mantenimientos SL por el alumbrado público de Cañada del Río, a pesar de que la propiedad no pertenecía a Gesturpa y que la obra le fue “encomendada” al Ayuntamiento de Pájara, que debería haber efectuado “un ingreso” a favor de la empresa municipal.

Sin información del banco

Gesturpa se constituyó en julio de 1996 y la empresa se ha utilizado para la construcción de viviendas o locales, y la administración y alquiler de inmuebles, entre otras actividades como la venta de parcelas.

En julio del año pasado, la Junta general de socios de la sociedad, participada en su totalidad por el Consistorio sureño, acordó la “disolución” de la empresa.

En sus últimas cuentas presentadas, las de 2016, el auditor, Miguel Ángel Ramírez Delgado, mantiene una salvedad que ya reflejaba la Fiscalía en los orígenes de la causa penal: a pesar de haber requerido “a todas las entidades bancarias con las cuales ha operado la sociedad durante el ejercicio 2016”, no se ha recibido “certificación alguna de Bankia”.

Por ello, no se ha podido “verificar toda la información necesaria sobre las operaciones de dicha entidad”. Una de las acciones que ya reclamaba la Fiscalía hace más de dos años y medio es que se recabara “una relación de todas las cuentas bancarias” de Gesturpa y que se ordenara a los bancos, “en concreto a la entidad Bankia”, para que aportaran los “extractos”.

La desaparecida Caja Insular de Ahorros de Canarias, ahora Bankia, fue la principal entidad bancaria volcada en el desarrollo urbanístico del sur de la isla. La Caja operó durante años con Gesturpa, que desde principios del mandato del PSOE en Pájara se convirtió en el cajón de sastre de muchas operaciones.

En aquella época, Blas Acosta también saltó a los papeles judiciales por el conocido como caso Grupo Europa, la denuncia del gerente de esa promotora de viviendas que acabó con cinco condenas de cárcel por corrupción política y empresarial en el municipio grancanario de Telde, y la absolución del actual senador del PP Jorge Rodríguez, que ejercía de relaciones políticas de la empresa ante ayuntamientos.

En el caso de Blas Acosta, el denunciante también le incluyó en el lote de políticos que su empresa había tocado, pero tras saltar el caso y derivarse una pieza a los juzgados de Puerto del Rosario, el ex gerente de Grupo Europa se retractó en sede judicial de la parte concerniente al todopoderoso secretario insular del PSOE.

El PSOE gobierna en Pájara con Rafael Perdomo en la Alcaldía, si bien Blas Acosta ha ejercido hasta 2015 el control de las áreas de mayor peso como Urbanismo, Turismo, Economía y Hacienda, siendo el hombre fuerte del partido en el municipio y en la isla. Ahora se dedica en exclusiva a cogobernar el Cabildo de Fuerteventura, en alianza con Coalición Canaria del presidente Marcial Morales.

Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, ha negado este jueves su implicación en la trama de extorsión al empresario Gregorio Pérez Saavedra, expresidente de la Cámara de Comercio majorera, por el supuesto impago de una deuda. El líder de los socialistas en la isla ha asegurado que tuvo conocimiento “real” de estos hechos a través de la prensa, aunque ya declaró ante dos inspectores de la Policía Nacional el pasado 4 de febrero, casi dos meses antes de que se publicara la primera información al respecto en el diario La Provincia.

El magistrado Florencio Barrera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha tomado declaración este jueves a Acosta en calidad de testigo para tratar de esclarecer si existe algún vínculo entre una deuda contraída por el padre de Pérez Saavedra con el político, que hace una década actuó de intermediario de aquel en la venta de un hotel en Morro Jable, y las amenazas y extorsiones que habría sufrido el conocido empresario del sur de Fuerteventura por parte de cuatro individuos, de los cuales tres han sido encarcelados.

Acosta señaló a la salida de su comparecencia ante el juez, que se prolongó cerca de treinta minutos, que la deuda quedó saldada “hace muchos años”. Según las informaciones publicadas, el actual vicepresidente del Cabildo pactó una comisión del 3% por asesorar a la empresa de Gregorio Pérez en la operación de compraventa del hotel Cactus Garden, que cerró con el grupo Dunas por una cantidad de 8 millones de euros.

El negocio se habría gestado entre 2002 y 2003, aunque la venta del complejo se produjo en 2005. Acosta, que tomó posesión como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara en junio de 2003, ha querido desligar su actividad política del pago de esta operación empresarial anterior. “Yo he ejercido una actividad profesional no solo legal, sino también ética en el pasado como profesional liberal que fui”, ha afirmado el dirigente socialista.

Acosta no ha precisado las fechas en las que se produjeron los pagos pese a la confusión que se ha generado al respecto. En la declaración policial reproducida por La Provincia, el político afirmó que una parte se abonó en el momento de cerrar la operación y, la otra, “hace unos cinco años”. Sin embargo, en la rueda de prensa que ofreció el pasado martes aseguró que el dinero fue devuelto a la asesoría en los plazos acordados entre 2002 y 2005. “No hay ninguna contradicción, yo he dicho que a mí ese señor no me debe cantidad alguna desde hace muchos años y me mantengo en ello”, ha sentenciado.

El juez investiga la filtración

Según el vicepresidente del Cabildo majorero, el juez ya está investigando la filtración al periódico de su declaración ante la Policía. “El juez ha entendido mi enfado por este tipo de filtraciones. Sabe que de su juzgado no ha sido, pero tiene sus sospechas”, ha manifestado Acosta, que ve detrás de las informaciones “un claro ataque político” que tiene como objetivo hacerle daño.

“Lo más grave es que han puesto en peligro una investigación que está todavía en marcha y además sobre unos hechos tan graves como son las amenazas que ha sufrido un empresario importante en el sur de Fuerteventura. Las filtraciones pueden poner en peligro la investigación y la propia seguridad de esta persona”, sostiene el político, que ha vuelto a negar que haya compartido información con terceras personas sobre su actividad profesional con el padre de Gregorio Pérez. “Yo no comparto información absolutamente con nadie, ni en la vida privada ni en la vida pública. Sé perfectamente diferenciar cada cosa y no digo nada a nadie de lo que haga o no haga o haya hecho en el pasado”, ha aseverado.

Gregorio Pérez Saavedra denunció este caso ante la Jefatura Superior de Policía de Canarias en noviembre de 2013 tras haber sido amenazado por tres personas con las que se había reunido en una cafetería de Gran Canaria para hablar, supuestamente, de una propuesta de negocio. En la misma, según la versión del empresario, uno de ellos le dijo que su propósito era cobrar la deuda que mantenía “con un político muy conocido”. La operación se saldó con la detención de cuatro personas, de las que tres ya han ingresado en prisión.