El grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón ha solicitado a la Mesa del Parlamento que recabe de la letrada mayor y de los servicios jurídicos de la Cámara un informe “escrito, motivado y suficientemente fundamentado” sobre si la actuación de la presidenta, María Navarro, en la sesión plenaria de este jueves se ajustó al Reglamento.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo del PSOE, Jesús Morales, ha señalado que la intervención de Navarro “plantea serias dudas desde el punto de vista reglamentario y del respeto a la neutralidad institucional que debe tener quien preside las Cortes”. Ha recordado que la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, propuso con anterioridad guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria en memoria de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles en un centro hospitalario de Madrid tras ser desahuciada de su vivienda.

La Junta de Portavoces se reunió este jueves antes del inicio del pleno para debatir esta propuesta, que no prosperó por el voto en contra de PP y Vox. Durante la sesión, en la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, sobre política de vivienda, intervino el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, quien “en uso de su tiempo decidió mantener ese minuto de silencio” y la presidenta de las Cortes “interrumpió la intervención de ese diputado para leer un texto propio, algo inaudito”, ha continuado Morales.

Ha subrayado que este texto “no había sido ni consensuado ni pactado” en la Junta de Portavoces, tras lo que ha manifestado que “la presidenta no puede confundir la institución con su opinión personal” porque “representar a la cámara no significa hablar en representación de todos”. Además, “varios portavoces habían manifestado su oposición a que se leyera ese texto”.

Jesús Morales ha aclarado que la cuestión no es si el PSOE estaba de acuerdo con el contenido de ese texto, sino que “el problema era que ese texto no estaba aprobado” por la Junta de Portavoces, “no se habían seguido los cauces ordinarios y no se disponía del escrito para poderlo analizar”, de forma que María Navarro “hizo de su capa un sayo, algo que no se puede consentir”.

El portavoz adjunto del PSOE ha pedido a Navarro “que se lea el Reglamento de las Cortes”, que regula en su artículo 275 las declaraciones institucionales, que requieren la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para ser calificadas.

El documento

El escrito dirigido a la Mesa, fechado este mismo jueves y firmado por Pilar Alegría, relata que Navarro leyó “desde su posición institucional” un texto propio que ya había leído minutos antes en la Junta de Portavoces, donde no contó con el acuerdo de sus integrantes y varios de ellos pidieron que no se leyera en el pleno.

Según el documento, la presidenta manifestó expresamente que hablaba “en nombre de la institución”, con lo que atribuyó a la Cámara unas manifestaciones “cuya aprobación por los órganos parlamentarios competentes no consta”. A continuación propuso guardar un minuto de silencio por las personas fallecidas en situaciones de vulnerabilidad, que finalmente se llevó a cabo en el hemiciclo.

El PSOE sostiene que estos hechos “suscitan dudas jurídicas relevantes” y pide que el informe se pronuncie expresamente sobre seis cuestiones. La primera, si la presidenta puede efectuar una declaración elaborada por iniciativa propia, sin respaldo previo de la Mesa o de la Junta de Portavoces, afirmando que habla en nombre de la institución. La segunda, si el texto leído puede considerarse “materialmente” una declaración institucional sometida a los requisitos del artículo 275.

Los socialistas preguntan también qué consecuencias reglamentarias tiene que una propuesta no se apruebe en la Junta de Portavoces y si la Presidencia puede introducirla después en el pleno y presentarla como una manifestación de la Cámara. Igualmente, si la lectura de un texto propio con valoraciones sobre un asunto que se estaba debatiendo constituye una participación en el debate a efectos del artículo 125, que regula la intervención de los miembros de la Mesa, y qué obligaciones habría debido observar Navarro en ese caso.

Las dos últimas cuestiones son si la Presidencia puede promover y dirigir por decisión propia un minuto de silencio de carácter institucional sin acuerdo previo de los órganos competentes, y qué precedentes, resoluciones interpretativas, informes jurídicos y jurisprudencia resultan aplicables. En este punto, el grupo pide que se indique qué medidas deberían adoptarse para garantizar “el respeto al Reglamento, la neutralidad institucional y los derechos de los representantes parlamentarios”.

Además de los artículos 275 y 125, el escrito invoca el 54 y el 55, sobre las funciones de representación y dirección de los debates de la Presidencia, y el 120, que fija las condiciones para interrumpir una intervención parlamentaria.

El PSOE reclama que se pongan a disposición de los servicios jurídicos la transcripción íntegra del episodio, el texto completo leído por la presidenta, las propuestas examinadas en la Junta de Portavoces con sus actas o certificaciones y los informes jurídicos o antecedentes que, en su caso, hubieran fundamentado la actuación de la Presidencia.

El grupo socialista, que afirma actuar “sin prejuzgar el resultado” de la valoración jurídica, solicita que el informe se emita “con la mayor brevedad posible”, se le remita íntegramente y se dé a conocer a los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

El pleno de las Cortes de Aragón ha vivido este jueves una situación insólita, con tres minutos de silencio y un bronco enfrentamiento, que ha comenzado durante la intervención del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, que ha interrumpido la presidenta de la Cámara, María Navarro (PP), a cuenta del homenaje a Maricarmen, la anciana de 87 años fallecida tras ser desahuciada de su vivienda en Madrid.

El encontronazo ha tenido lugar durante la comparecencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, solicitada por él mismo para informar sobre el balance y el futuro de la política de vivienda de su Gobierno. La controversia había comenzado antes del pleno cuando la portavoz socialista, Pilar Alegría, solicitó a última hora del miércoles que las Cortes guardaran un minuto de silencio por Maricarmen, fallecida después de permanecer hospitalizada desde su desahucio. La petición motivó una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que retrasó veinte minutos el inicio de la sesión y concluyó sin acuerdo por la oposición de PP y Vox.

Los populares justificaron su negativa alegando que rendir un homenaje específico a Maricarmen supondría utilizar políticamente su fallecimiento y que existen muchas otras personas que atraviesan situaciones de sufrimiento por las que tampoco se guarda un minuto de silencio institucional.

Pueyo desafía a la presidenta

La tensión ha estallado cuando Jorge Pueyo ha tomado la palabra y, antes de entrar en el debate sobre vivienda, ha anunciado que CHA dedicaría un minuto de su intervención a recordar a Maricarmen. “Hoy esta Cámara ha impedido guardar un minuto de silencio en recuerdo de Mari Carmen”, ha denunciado, antes de trasladar el cariño y respeto de su formación a familiares y allegados.

En ese momento, María Navarro ha interrumpido al diputado para explicar lo sucedido en la Junta de Portavoces y leer una declaración que, según ha precisado, había trasladado previamente a los grupos. La presidenta ha defendido la necesidad de establecer un criterio “objetivo, coherente y aplicable a todos” para los homenajes institucionales, evitando distinguir entre fallecimientos por su repercusión pública, mediática o política.

Navarro ha enumerado situaciones como el cáncer, las enfermedades raras, los suicidios, los problemas de salud mental, la soledad de las personas mayores, la exclusión social o la discapacidad, para argumentar que todas las víctimas y sus familias merecen idéntico respeto. “No creemos que debamos establecer diferencias entre unas muertes y otras en función de su repercusión pública, mediática o política”, ha afirmado, antes de proponer un minuto de silencio por todas las personas fallecidas en esas circunstancias que ha sido secundado por todos los diputados de la Cámara. Era el primer minuto de silencio.

La intervención ha provocado la inmediata protesta de Pueyo, que ha reprochado a la presidenta haber utilizado su turno de palabra para realizar una declaración institucional que no había sido consensuada. El portavoz de CHA ha calificado de “histórico” que la presidencia interrumpiera a un diputado para efectuar una declaración no aprobada por la Cámara y ha acusado a Navarro de intentar diluir el problema de la vivienda. “Le pido por favor a la presidenta que no me vuelva a interrumpir y que no se vuelva a alterar el orden de esta Cámara con política hecha por parte de una presidenta que no acepta que tiene que ser neutral”, ha protestado.

Navarro le ha respondido que podía utilizar su tiempo como considerase oportuno y ha advertido de que seguiría computándose el tiempo de su intervención. Pueyo ha replicado con ironía: “¿Quién lo iba a decir, que puedo hacer lo que quiero con mi tiempo? ¿Verdad, presidenta?”.

El diputado ha mantenido su decisión de guardar el minuto de silencio y ha invitado a sumarse a quienes quisieran hacerlo y que ha sido seguido por PSOE, CHA, IU y Teruel Existe, mientras la bancada de PP y Vox permanecía sentada esta vez. Pueyo ha resumido después el sentido de su protesta con una frase: “Diez minutos de palabras vacías no equiparan un minuto de silencio”. Y ha terminado recordando a Maricarmen, que murió lejos de su hogar, con una defensa de la vivienda como espacio de dignidad personal y familiar.

Y llegó el tercer minuto de silencio

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha seguido posteriormente el mismo camino que Pueyo, dedicando un minuto de su intervención a recordar a la anciana desahuciada, con el mismo resultado: Los diputados de PP y Vox han permanecido sentados.

“Hay silencios que dicen mucho más que las palabras”, ha comenzado Alegría, antes de explicar que había solicitado el homenaje institucional como un gesto de humanidad, al margen de las diferencias políticas sobre las soluciones al problema de la vivienda.

La portavoz socialista también ha reprochado a Vox su discurso sobre la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, recordando una publicación de esa formación en redes sociales en la que se refería a la fallecida con la expresión “Moro Carmen”. “¿Dónde queda la prioridad nacional para los hombres y mujeres de este país que están siendo expulsados de sus hogares?”, ha preguntado.

En su turno de cierre, Azcón ha reiterado sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida, pero ha acusado a la izquierda de aprovechar políticamente su muerte. “La instrumentalización política, la utilización partidista de una tragedia humana a ustedes les retrata”, ha afirmado. Y ha ido más allá al asegurar que, a su juicio, la izquierda cree que el fallecimiento de Maricarmen le beneficia políticamente.

La polémica institucional ha terminado por marcar una comparecencia que el propio presidente aragonés había solicitado para explicar su política de vivienda, que ha comenzado con una extensa crítica al Gobierno central, al que ha responsabilizado de la crisis inmobiliaria y de otros problemas políticos, económicos y sociales del país.

Ha acusado a Pedro Sánchez de encabezar el peor Gobierno de la democracia, ha repasado distintos casos de presunta corrupción vinculados al PSOE y ha criticado la política migratoria, los servicios públicos y la falta de presupuestos estatales. También ha arremetido contra los decretos de vivienda rechazados por el Congreso, al considerar que generan inseguridad jurídica y reducen la oferta de alquiler.

Un debate con trasfondo de campaña electoral

El presidente de Aragón ha contrapuesto la gestión de su Ejecutivo a la de los anteriores gobiernos socialistas. Ha mantenido su mantra (desmentido por PSOE y CHA) de que entre 2015 y 2023 únicamente se construyeron 86 viviendas públicas, frente a las 3.600 que su Gobierno afirma haber impulsado.

Azcón ha anunciado que más de 1.000 viviendas públicas se entregarán a principios de 2027 y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 impulsadas durante su etapa de gobierno. También ha adelantado que el próximo presupuesto autonómico destinará 52 millones de euros a construcción de vivienda, frente a los 36 millones del anterior, un incremento del 45%.

En su réplica final, ha insistido en que las viviendas requieren tiempo para proyectarse y construirse, ha defendido las actuaciones en municipios pequeños y en zonas turísticas y ha acusado al PSOE y a CHA de haber reducido los recursos destinados a vivienda durante sus años de gobierno.

La portavoz de Izquierda Unida, Marta Bengochea, ha reprochado a Azcón que dedicara más tiempo a confrontar que a explicar soluciones. Ha denunciado que Aragón ha perdido la mitad de su oferta de alquiler, que los fondos de inversión han duplicado su presencia y que la comunidad carece de un parque público suficiente de vivienda social. También ha defendido las movilizaciones ciudadanas contra la especulación inmobiliaria.

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha acusado al presidente de dedicar casi siete minutos al “politiqueo” y ha advertido de que impulsar viviendas no equivale a entregarlas. Su intervención se ha centrado en los desequilibrios territoriales: ha señalado que la mayor parte de las promociones se concentran en Zaragoza y las capitales, mientras las cabeceras de comarca y los pequeños municipios siguen sin soluciones suficientes. También ha criticado la exigencia de cinco años de empadronamiento para acceder a vivienda pública de alquiler, por considerar que dificulta la llegada de nuevos habitantes al medio rural.

Jorge Pueyo, por su parte, ha denunciado que los salarios no permiten afrontar los actuales precios inmobiliarios. Ha expuesto que un trabajador joven con ingresos de unos 1.100 euros mensuales difícilmente puede ahorrar para adquirir una vivienda de 200.000 euros sin ayuda familiar. Ha acusado al PP y a Vox de favorecer la liberalización de suelo y la desregulación en lugar de intervenir sobre la especulación.

Pilar Alegría ha centrado sus críticas en las competencias autonómicas. Ha recordado que el artículo 71 del Estatuto de Autonomía atribuye a Aragón competencias exclusivas en vivienda y ha reprochado a Azcón que responsabilice al Gobierno central mientras se niega a aplicar los mecanismos de contención de alquileres previstos en la legislación estatal.

Según los datos expuestos por la portavoz socialista, un aragonés con un salario neto de entre 1.400 y 1.500 euros debe afrontar alquileres que rondan los 950 o 1.000 euros mensuales. Alegría ha asegurado que en Zaragoza solo había siete viviendas anunciadas por debajo de los 700 euros, ninguna de más de 40 metros cuadrados, y ha contrapuesto las cifras de vivienda protegida de anteriores gobiernos a las de la actual legislatura.

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha acusado a la izquierda de instrumentalizar la muerte de Maricarmen y ha vinculado la crisis de vivienda con la inmigración, defendiendo la prioridad nacional en el acceso a las promociones públicas.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, ha defendido el modelo de Azcón y ha responsabilizado a la legislación estatal de agravar la crisis y ha acusado a la izquierda de utilizar políticamente la muerte de Maricarmen.

Tomasa Hernández ha presentado este viernes su renuncia como diputada del PP por Teruel en las Cortes de Aragón, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre. La exconsejera abandona así la primera línea política después de haber formado parte del primer Gobierno de Jorge Azcón y haber protagonizado algunas de las decisiones que mayor controversia generaron durante la pasada legislatura, primero desde Presidencia, Interior y Cultura y después al frente de Educación, Cultura y Deporte.

El PP ha atribuido su salida a “motivos profesionales” y ha agradecido sus años de trabajo tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Parlamento. Hernández había vuelto a obtener escaño por Teruel en las elecciones del pasado 8 de febrero, en las que ocupó el número cinco de la candidatura popular. Su sustituto será precisamente el siguiente integrante de aquella lista, Miguel Ángel Navarro Vicente, alcalde de Villafranca del Campo, que tomará posesión como diputado autonómico.

Magistrada de profesión, Hernández regresó a la primera línea política en 2023 de la mano de Azcón como consejera de Presidencia, Interior y Cultura. Desde ese puesto tuvo que pilotar uno de los asuntos más controvertidos del Gobierno de coalición entre PP y Vox: la sustitución de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, derogada en febrero de 2024 con los votos de ambos partidos, por el denominado Plan para la Preservación de la Concordia.

Hernández fue la encargada de presentar un plan que el Ejecutivo aprobó finalmente el 3 de julio de 2024 y que situaba como referencias la Constitución de 1978 y el espíritu de la Transición. El Gobierno de Azcón tumbó la Ley de Memoria de Aragón entre las primeras medidas adoptadas tras su primer acuerdo con Vox. Frente a las críticas de partidos políticos y asociaciones memorialistas, defendió que su objetivo era reconocer a las víctimas de la violencia por motivos ideológicos y favorecer la “concordia, la reconciliación y la convivencia”, si bien de la ejecución de dicho Plan no se supo más, pese a las preguntas de la oposición al respecto.

La ruptura de Vox con el PP en julio de 2024 provocó la primera remodelación del Ejecutivo de Azcón y Hernández cambió de cartera. Dejó Presidencia e Interior, aunque mantuvo Cultura, y asumió Educación, Cultura y Deporte, un departamento en el que tampoco faltaron los conflictos.

Uno de los primeros que heredó fue el de Caneto, después de que su antecesora, Claudia Pérez Forniés, hubiera ordenado cerrar el espacio educativo donde se impartía clase a una veintena de niños por las “deficiencias de seguridad” de sus instalaciones, lo que generó una gran contestación social y política. Hernández eligió precisamente esta pequeña localidad de La Fueva para su primera visita como consejera de Educación y anunció un cambio de rumbo: entregó a las familias la resolución que iniciaba el expediente para crear una escuela pública y aseguró que trabajaría para conseguir una “auténtica escuela legalizada”.

La tregua, sin embargo, no acabó con el conflicto. El incendio de una de las aulas en diciembre de 2024 volvió a enfrentar a Educación con las familias. El Departamento acudió al juez para exigir el cumplimiento de las condiciones de seguridad de unas instalaciones que continuaban abiertas en virtud de medidas cautelares. El informe de los servicios de extinción señalaba deficiencias en materia de protección frente a incendios.

Pero la decisión que acabó marcando especialmente su paso por Educación fue la extensión de los conciertos al Bachillerato, defendida por el Gobierno de Azcón en nombre de la libertad de elección de las familias y duramente contestada por sindicatos, asociaciones de padres y organizaciones defensoras de la enseñanza pública. La medida terminó en los tribunales y, en junio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón acordó suspender cautelarmente la orden que abría la puerta a financiar con fondos públicos esta etapa educativa.

Su gestión estuvo acompañada además por sucesivas protestas de la comunidad educativa por cuestiones como los cupos de profesorado, las ratios, el personal administrativo o la situación de algunos centros. A finales de 2025 se produjo uno de los episodios más delicados dentro de su propio departamento: la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, María Jesús Cruz Gimeno, presentó su dimisión alegando expresamente la “falta de respaldo” que había sentido por parte de Hernández y del secretario general técnico en los momentos más complicados de su gestión.

Tras las elecciones anticipadas de febrero de 2026, Hernández dejó el Gobierno pero continuó como diputada autonómica. Ahora abandona también las Cortes y pone fin, al menos por el momento, a una etapa política en la que pasó por dos de las carteras con mayor exposición del Ejecutivo de Azcón y en la que Cultura permaneció bajo su responsabilidad durante todo su recorrido como consejera.

Su salida para regresar a la carrera judicial permitirá entrar en las Cortes a Miguel Ángel Navarro, número seis de la candidatura del PP por Teruel en las últimas autonómicas. Navarro es alcalde de Villafranca del Campo y figuraba inmediatamente después de Hernández en una lista en la que el PP obtuvo cinco escaños por la provincia.

Izquierda Unida reclamará en el próximo pleno de las Cortes de Aragón la reactivación de la comisión de investigación sobre los centros de datos, aprobada en la pasada legislatura pero que quedó paralizada en 2025 por el adelanto electoral. Su portavoz parlamentaria, Marta Abengoechea, considera necesario recuperar este órgano para “planificar, reflexionar y ordenar” el despliegue de una industria llamada a tener un peso creciente en el futuro de la comunidad.

Abengoechea ha defendido la necesidad de abrir un debate en profundidad ante las demandas de información y transparencia que, según ha señalado, están planteando tanto el tejido asociativo como la ciudadanía. “Si sobre este reto va a pivotar el futuro de Aragón, necesitamos transparencia, superar los titulares inflados de fantasía y realizar un estudio de impacto”, ha señalado.

La portavoz de IU ha puesto como ejemplo los primeros proyectos de Amazon anunciados hace seis años por el Gobierno de Javier Lambán para El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca. Según Abengoechea, frente a los 1.500 puestos de trabajo anunciados inicialmente, los tres centros habrían generado alrededor de 200 empleos, lo que a su juicio demuestra que las previsiones sobre creación de puestos de trabajo han estado muy por encima de los resultados reales.

IU reconoce que Aragón se ha convertido en un polo de atracción para esta industria por factores como la disponibilidad de energía, las ventajas fiscales, la extensión de suelo y la calidad de las comunicaciones digitales. Abengoechea ha cifrado en 34 los proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo o tramitación en la comunidad.

Sin embargo, ha advertido de que la experiencia acumulada con el despliegue de las energías renovables obliga, en su opinión, a extremar las cautelas para evitar una nueva “burbuja” y fenómenos especulativos.

Una de las principales críticas de IU se dirige al uso de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA). Abengoechea ha recordado que se trata de mecanismos extraordinarios que deben estar especialmente justificados y sometidos al interés general, pero considera que se están utilizando para facilitar inversiones privadas que ya cuentan por sí mismas con un fuerte atractivo económico.

“Mientras aquí decimos a todo que sí, con PIGA a la carta y desvirtuando esta figura, en otras partes del mundo se plantean moratorias o medidas para limitar los efectos de la implantación masiva de centros de datos”, ha afirmado. La portavoz de IU ha citado los debates y restricciones planteados en lugares como Singapur, Irlanda, Estados Unidos o Países Bajos.

Entre los impactos que IU quiere analizar en la comisión figuran la elevada demanda eléctrica, el consumo de agua, los posibles efectos sobre el precio de la energía, la generación de islas de calor y la relación entre los recursos utilizados y el empleo generado.

“Reclamamos que se nos diga cuáles son los beneficios reales en comparación con los impactos y perjuicios”, ha insistido Abengoechea, quien considera que la comisión permitiría disponer de información suficiente antes de seguir avanzando en la implantación de nuevos proyectos.

La portavoz ha advertido además de la falta de información que, a su juicio, existe en los territorios afectados y ha reclamado “transparencia y responsabilidad” para diseñar políticas públicas que respondan al interés general.

“No queremos ser la Virginia de Europa”, ha resumido Abengoechea, en referencia a la fuerte concentración de centros de datos existente en ese estado estadounidense. Para IU, el crecimiento de esta industria en Aragón no debe producirse sin un debate público sobre sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales.

Críticas por la supuesta filtración sobre el incendio de Riglos

En otro orden de cosas, Abengoechea se ha referido a la polémica por la supuesta filtración de información reservada relacionada con una información institucional sobre el incendio de Riglos.

La portavoz de IU ha asegurado que, de confirmarse esa filtración, se trataría de un hecho “muy grave” y una “irresponsabilidad”, motivada, a su juicio, por una “urgencia por buscar un chivo expiatorio para desviar” la atención de la gestión del Gobierno de Aragón y ha cuestionado las “desafortunadas” declaraciones realizadas sobre este asunto por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y por la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, que llegó a vincular públicamente el incendio con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. En un mensaje publicado en X aseguró que el investigado por provocar presuntamente el fuego se había acogido a esa regularización y atribuyó a esta medida su presencia en España. Sin embargo, el investigado, de origen colombiano, había llegado al país el 14 de julio, cuando ya había finalizado el proceso al que se refería la directora general.

A juicio de Abengoechea, lo ocurrido y la gestión posterior de la polémica evidencian “irresponsabilidad y falta de credibilidad”.

“Bochornoso”, “lamentable” o “ridículo histórico”. La evacuación de los bienes del monasterio de San Juan de la Peña el pasado 13 de agosto, en los momentos más duros del incendio de Riglos, ha llegado a las Cortes de Aragón, donde el PSOE ha criticado la tardanza en actuar y ha pedido “responsabilidades” al Gobierno autonómico. El Ejecutivo ha defendido su respuesta, en la que primó la “anticipación” y el “criterio técnico”.

Ha sido una interpelación del diputado socialista Marcel Iglesias la que ha llevado el debate a la Cámara autonómica. En ella, el parlamentario ha empezado destacando la “importancia” del patrimonio que guardan los muros del monasterio viejo de San Juan de la Peña: “El Panteón Real más importante de Aragón y me atrevo a decir que de España”. A continuación, ha criticado el “episodio bochornoso” vivido esa tarde, con imágenes que recorrieron todo el país con los militares de la UME llevándose en urnas buena parte de los bienes. La actuación denotó, según el representante socialista, una “falta de competencia política del Gobierno de Aragón”, se vivieron “escenas lamentables que han quedado en la retina de todos los aragoneses y todos los españoles”.

“¿Por qué no se bajaron los bienes de San Juan de la Peña hasta el día 13 por la tarde? ¿Por qué se pusieron en riesgo no solo los bienes, sino a los miembros de la UME?”, ha preguntado Marcel Iglesias, quien ha atacado al Ejecutivo por pedir a los militares “una primera intervención” para retirar el patrimonio “sin asesoría y asistencia de los técnicos en el lugar”.

En su respuesta, la vicepresidenta Mar Vaquero, al frente del Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, ha acusado al diputado del PSOE de “total falta de sensibilidad y de conocimiento”. “Gracias a Dios estos incendios estuvieron bajo la gestión de un Gobierno del PP y de Vox. Con uno del PSOE, hoy los bienes no estarían a salvo en el Museo de Huesca”, ha contraatacado Vaquero, que ha continuado: “Nadie relacionado con la devoción o el mantenimiento de San Juan de la Peña tuvo ninguna crítica, pero ustedes, como aves rapaces, intentan aprovechar cualquier circunstancia para sacar rédito político”.

Sobre el operativo, la vicepresidenta lo ha calificado como “un ejemplo de anticipación a dos acontecimientos, de capacidad de coordinación y de sensibilidad”. Vaquero también ha incidido en la “buena coordinación” entre Interior y Medio Ambiente, por un lado, y de Patrimonio con Turismo, por el otro, en ambos casos repartidos entre el PP y Vox.

“Deprisa y corriendo”

La réplica de Iglesias ha comenzado con una alusión a las palabras de la vicepresidenta: “Los bienes de San Juan de la Peña, restos de nuestros primeros reyes no se salvaron gracias a Dios: se salvaron gracias a la UME, a los técnicos de Patrimonio y a la Guardia Civil”, ha apuntado.

Iglesias ha insistido con las fechas para reflejar la supuesta tardanza en el rescate de los bienes. “Desde el día 10 por la tarde ya se decía que el fuego podía ir hacia San Juan de la Peña. ¿Qué hicieron desde hasta el 13, cuando hubo que hacer una operación deprisa y corriendo?”, ha cuestionado, antes de acusar a Vaquero: “Defiende lo indefendible. Los técnicos hicieron un gran trabajo, pero alguien no los mandó cuando había que haberlos mandado. Y esto requiere asumir responsabilidades políticas”.

La “reacción tardía” del Ejecutivo autonómico, ha aludido el parlamentario socialista, provocó “indignación en la gente de los pueblos”, que vieron cómo se tenían que desviar medios a la evacuación de los bienes en vez del incendio, y también “entre los expertos de cultura y de patrimonio”. “El propio jefe de la UME explicó que se hizo una primera actuación en la que se les llamó para que sacaran lo que pudieran, que no conocían el patrimonio e iban recibiendo las órdenes por teléfono entre el humo con las llamas cerca. Sin saber lo que tenían que sacar ni cómo. Los propios militares se tuvieron que retirar porque sus vidas corrían peligro”, ha explicado Iglesias.

“Es evidente que se actuó tarde. Es una responsabilidad política del Gobierno de Aragón que alguien debería asumir. Fue un ridículo histórico”, ha concluido el diputado del PSOE.

Al cerrar la interpelación, la vicepresidenta ha insistido en su argumentación inicial, de que “gracias a Dios” había un gobierno PP-Vox, y ha vuelto a valorar la actuación llevada a cabo. “Un operativo que se coordinó desde el 112, se actuó con anticipación, con criterio técnico. Opinar desde fuera cuando ya ha pasado el riesgo es muy fácil. Fue un ejemplo de anticipación a los acontecimientos”, ha descrito Vaquero.

Nueve puestos de trabajo nuevos, dos amortizados y tres que se quedan sin sueldo asignado. Esta es la nueva estructura de personal que la Mesa de las Cortes de Aragón prevé aprobar la próxima semana con la reforma de su relación de puestos de trabajo (RPT). La operación, que iba a ser aprobada en la junta de portavoces de este jueves pero que ha sido pospuesta, supondrá un incremento neto del gasto de personal de unos 317.000 euros al año, según el cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas.

La propuesta incorpora nuevos perfiles para la institución. Entre ellos, un arquitecto para atender las necesidades de conservación y mantenimiento del Palacio de la Aljafería y las nuevas actuaciones de modernización estructural; un técnico superior de contratación, ante el aumento de la complejidad y el volumen de la contratación pública; y un analista de sistemas, cuyo puesto se justifica por las necesidades de ciberseguridad y por la intención de reducir la dependencia de servicios externos.

También se crea un técnico medio de mantenimiento, prevención de riesgos laborales y gestión de emergencias, un segundo conductor y un ujier para el área de Biblioteca, Documentación y Archivo. En el caso del conductor, las Cortes argumentan que permitirá cubrir los desplazamientos de la Mesa, sustituir al conductor de Presidencia cuando sea necesario y atender otros servicios de transporte de la institución.

A estos puestos se suman tres oficiales de protocolo. En este caso, las plazas se crean como vacantes no dotadas, es decir, se incorporan a la RPT pero no cuentan inicialmente con financiación para ser ocupadas. Las Cortes justifican su creación por el volumen de actos institucionales y la actividad representativa que se desarrolla en el Palacio de la Aljafería.

La reforma contempla además dotar una plaza de periodista que ya existía en la RPT, pero que permanecía vacante y sin dotación. El puesto pasará a ser funcionarial y asumirá parte de las tareas de información, web y cobertura audiovisual que actualmente se realizan mediante un contrato externo. El complemento específico de la plaza será de 1.063,93 euros mensuales. No se trata, por tanto, de una subida salarial para un periodista que ya esté trabajando en las Cortes, sino de activar presupuestariamente una plaza que ya existía pero que hasta ahora no estaba cubierta.

Cinco puestos salen de la estructura

Frente a los nueve nuevos puestos, la reforma amortiza o deja sin dotación otros cinco. La propuesta plantea la amortización o desdotación de tres plazas —Oficial de Informática y dos de Auxiliar Administrativo— sin especificar qué ocurre con el personal que las ocupa. Según una plantilla de las Cortes de Aragón fechada el 19 de marzo de 2026, los tres puestos figuraban entonces como cubiertos con nombramiento definitivo, a diferencia de otras dos plazas amortizadas en la misma reforma —Técnico de Sistemas y Ujier Conductor Accidental—, que aparecían como vacantes. Este periódico ha preguntado a las Cortes de Aragón si esos tres puestos siguen ocupados y qué previsión existe para su personal en caso de aprobarse la reforma, pero no aportan información relativa a los acuerdos de la mesa.

El cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas sitúa en unos 415.000 euros anuales el coste de los nuevos puestos y las modificaciones salariales, mientras que los cinco puestos que se amortizan o dejan de estar dotados supondrían unos 156.000 euros de ahorro. La diferencia ronda los 260.000 euros anuales, antes de sumar las cotizaciones a la Seguridad Social y los trienios, que supondría 317.000 euros. La cifra es una estimación realizada a partir de las retribuciones recogidas para cada puesto y no aparece como tal en la propuesta de la Mesa. Las Cortes tampoco han confirmado por ahora ese impacto económico. Además, el gasto no se produciría íntegramente desde el primer momento: los tres puestos de protocolo nacen sin dotación y, por tanto, no implican de entrada el coste de tres nuevos trabajadores.

Siete plazas en la oferta de empleo público

La reforma de la RPT se acompaña de la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla siete plazas: una de Analista de Sistemas, dos de Técnico Corrector, una de Técnico de Sistemas, una de Oficial Administrativo y dos de Ujier.

De esas siete plazas, solo una —la de Analista de Sistemas— corresponde a un puesto creado con esta reforma de la RPT. Las otras seis ya existían y se incluyen en la oferta por diferentes motivos: vacantes dotadas, jubilaciones, plazas pendientes de procesos anteriores o puestos actualmente ocupados de forma interina.

La documentación prevé además la provisión mediante concurso durante 2026 de los puestos de arquitecto, técnico superior de contratación, periodista, técnico de mantenimiento y prevención de riesgos, tres jefaturas de negociado y el nuevo conductor.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia en las Cortes de Aragón del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y del director general de Desregulación para que informen sobre las actuaciones y directrices dictadas en relación con los menores acogidos en centros del sistema público de protección.

En concreto, los socialistas han registrado una petición para que Nolasco comparezca ante el Pleno de las Cortes con el fin de explicar la política de su departamento respecto a los menores tutelados por la Administración. Paralelamente, reclaman que la directora gerente del IASS y el director general de Desregulación acudan a la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia para informar sobre las actuaciones y las directrices realizadas y recibidas en relación con estos menores.

Las solicitudes llegan en plena polémica por la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad, una medida anunciada esta semana por Nolasco y que el Ejecutivo justifica por motivos de legalidad y por el ahorro de 180.000 euros anuales que, según sostiene, permitirá financiar hasta siete plazas en residencias de mayores.

La decisión ha abierto varios frentes en los últimos días. El Ministerio de Juventud ha denunciado ante la Fiscalía de Sala de Menores la medida, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio para recabar información sobre su fundamento y ámbito de aplicación y Amnistía Internacional ha remitido una carta al presidente, Jorge Azcón, en la que pide que se revoque la decisión por considerar que supone una medida discriminatoria contra la infancia migrante.

Además, la Orden y los conciertos actualmente vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que el Gobierno trasladó a las entidades gestoras la instrucción de dejar de abonarlo con efecto inmediato, pese a que la modificación de los nuevos conciertos todavía no tiene fecha.

El insoportable calor en las aulas en los últimos días de mayo, cuando la ola de calor elevó las temperaturas hasta 27 grados pese a no haber siquiera llegado a junio, no ha sido óbice para que una diputada de Vox, la expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández, se haya mofado de las protestas de la oposición, pero también de los alumnos, de los padres y madres y de los docentes. “Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha manifestado la representante de la extrema derecha en un alegato en el que además ha vuelto a poner en duda el cambio climático.

Ha sido durante una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para solicitar al Gobierno central que cumpla con un compromiso de 2022, anunciado precisamente por la entonces ministra de Educación Pilar Alegría, para invertir 200 millones en la climatización de los centros escolares de toda España. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los populares y de Vox y, en su explicación de voto, Marta Fernández se ha mofado de las críticas por las altas temperaturas.

“Quería bajar el balón al suelo. No sé si soy la única de este Hemiciclo que en su infancia ha cogido la bicicleta y se ha ido por caminos a 40 grados. Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha proclamado la diputada, quien también ha relativizado el calor registrado: “Esta semana estamos a punto de acabar el cole y precisamente calor no ha hecho. Ustedes [en referencia a la diputada de CHA Isabel Lasobras] ha dicho que en el Gobierno climatizaron algunos colegios, pero el calor yo creo que no viene del año 2015, es algo que ocurre todos los veranos, con más intensidad unos que otros. Y esta semana hemos pasado frío”, ha insistido, en un discurso negacionista habitual en Vox.

La intervención posterior ha sido del diputado socialista Fernando Sabés, que ha puesto el acento en esta cuestión: “Escucho a una diputada que apoya a este gobierno negar el cambio climático”, se ha sorprendido. “Que no se lo cree nadie”, le ha replicado Fernández, según ha repetido el propio Sabés. “Suerte que los micros solo recogen lo que quien está interviniendo dice”, ha repuesto el representante socialista.

“Dejación de funciones”

Antes, la diputada del PP Silvia Casas ha aprovechado para cargar contra Alegría por la promesa de la que las comunidades autónomas siguen “sin tener noticia”. “Los centros docentes no necesitan improvisación”, ha aseverado Casas. Sabés le ha afeado que los populares “solo” miren “al Gobierno de España” y que persistan en “su dejación de funciones”, apuntando que en tres años lo único que han hecho es enviar un cuestionario a los centros educativos “para saber si hace frío o calor”.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha anunciado su voto en contra “por dignidad parlamentaria y coherencia política” porque la PNL es “una cortina de humo diseñada para confrontar con el Gobierno de España utilizando la salud como munición electoral”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha valorado que se trata de un programa “grave” y ha considerado que la respuesta del Gobierno de Aragón “es claramente insuficiente”.

Finalmente, la diputada de IU Marta Abengochea ha preguntado al Ejecutivo autonómico “qué han hecho hasta ahora”, apuntando que el Departamento de Educación solo ha climatizado 40 aulas con fondos europeos. “Cero gobernar para el Gobierno aragonés y hacer oposición al Gobierno estatal”, ha sentenciado Abengochea.

Las Cortes de Aragón investigarán los viajes realizados a la comunidad por el exministro de Transportes José Luis Ábalos durante la pandemia de la covid-19, pero no examinarán la gestión y el coste del nuevo estadio de La Romareda. Todos los grupos salvo IU, que se ha abstenido, han votado a favor de crear, a iniciativa del PP, una comisión de investigación sobre los desplazamientos del exdirigente socialista a Aragón. Sin embargo, populares y ultran han rechazado otra impulsada por el PSOE para analizar los acuerdos, deliberaciones y plan de negocio de la sociedad Nueva Romareda, así como el incremento del coste del estadio –que se acerca ya a los 200 millones de euros–, al considerarla “innecesaria”.

La iniciativa sobre Ábalos pretende esclarecer los viajes realizados por el entonces ministro a Zaragoza y Teruel durante las restricciones sanitarias, después de las informaciones que apuntan a que se habrían utilizado recursos públicos para facilitar encuentros de carácter sexual.

La diputada popular Elena Allué ha defendido la investigación alegando razones de “transparencia, higiene democrática y dignidad de Aragón” y ha asegurado que las Cortes tienen la “obligación política y moral” de aclarar unos hechos que calificó de “enorme gravedad”. Además, ha dirigido sus críticas contra la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en la comunidad, a quien ha acusado de haber mirado “a otro lado”.

Desde Vox, Santiago Morón ha justificado la comisión por la presunta utilización de recursos públicos para actividades privadas y ha reclamado que se depuren tanto las responsabilidades judiciales como las políticas. También ha cuestionado el papel de Alegría durante aquellos desplazamientos.

Pese a las acusaciones de PP y Vox, el PSOE ha votado a favor de la comisión. Pilar Alegría ha asegurado que su partido no tiene “nada que esconder” y ha calificado la iniciativa de “paripé” y “show político” destinado a desviar la atención de los problemas de Aragón. La dirigente socialista ha defendido que ya se han dado explicaciones sobre este asunto y ha reprochado a los grupos promotores que intenten convertir las Cortes en un escenario de confrontación con el Gobierno central.

La misma mayoría parlamentaria que ha impulsado la investigación sobre Ábalos ha tumbado, sin embargo, la propuesta del PSOE para crear una comisión sobre La Romareda. La iniciativa pretendía analizar los acuerdos adoptados por la sociedad Nueva Romareda, el plan de negocio del futuro estadio y el incremento de su coste, después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de que la inversión podría superar los 200 millones de euros y señalara la ausencia de información sobre algunos gastos asociados al proyecto.

El portavoz adjunto socialista, Jesús Morales, ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer las condiciones económicas de una operación que, ha recordado, se presentó inicialmente como un proyecto sin coste para las arcas públicas. “Hemos pasado de cero millones a 76”, ha dicho, al tiempo que ha reclamado explicaciones sobre la viabilidad financiera de la iniciativa y el impacto que puede tener la situación deportiva del Real Zaragoza en el futuro del proyecto.

PP y Vox han rechazado la comisión al considerar que resulta “innecesaria”. La diputada popular Lorena Tabanera ha argumentado que el informe de la Cámara de Cuentas ya está siendo analizado en una ponencia parlamentaria específica y ha sostenido que las comisiones de investigación deben reservarse para asuntos que no dispongan de otros mecanismos de control. Por su parte, el diputado de Vox Juan Vidal ha acusado al PSOE de actuar con “hipocresía” y ha defendido que las desviaciones presupuestarias señaladas tienen explicación técnica.

La postura de los grupos minoritarios

Sobre la investigación a Ábalos, la diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha lamentado que las mujeres en situación de explotación sexual aparezcan “en el centro del debate” en esta “batalla política” y ha defendido que las mujeres prostituidas “son personas que sufren, no son munición política”. Ha mostrado su preocupación porque algunos partidos solo se acuerden de la existencia de mujeres explotadas cuando existe confrontación política. No obstante, ha considerado que, si se demuestra que alguien utilizó recursos públicos para fines particulares, debe ser condenado. También ha recordado la condena al PP por la trama Gürtel y ha sostenido que el PSOE “no puede seguir escondiendo la cabeza como los avestruces porque les seguimos viendo”.

Respecto a La Romareda, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha pedido “respeto para los zaragocistas” y ha asegurado que “Zaragoza quiere un campo, pero no a toda costa”. Asimismo, ha defendido el informe de la Cámara de Cuentas, que sitúa el coste del proyecto en 178 millones de euros y apunta que determinados gastos deberían ser asumidos por la propiedad del club. Pueyo ha acusado al presidente aragonés, Jorge Azcón, de ignorar la reclamación de un plan de negocio y ha cuestionado la protección que, a su juicio, el PP brinda a los propietarios de la entidad.

Desde Aragón-Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha calificado de “inaceptable” lo ocurrido en el Parador de Teruel, tanto por el posible uso de recursos públicos como por la utilización de prostitución en plena pandemia, algo que ha considerado de “una bajeza moral tremenda”. Además, ha criticado la creación de la comisión de investigación al entender que responde a una utilización partidista de las Cortes y que tendrá escasa utilidad práctica, ya que los hechos ya se investigan en el Senado y el Gobierno de España no suele comparecer en las comisiones autonómicas.

En relación con el estadio, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha cuestionado que el Real Zaragoza pueda explotar durante 75 años una infraestructura pública “a cambio prácticamente de nada”. También ha advertido de que el proyecto puede convertirse en “un gigante con pies de barro jurídico” y ha recordado que inicialmente se aseguró que no tendría coste para las arcas públicas.

Por parte de IU, Marta Abengochea ha defendido su abstención en la comisión sobre Ábalos al considerar que los hechos ya están siendo investigados judicialmente. Además, ha cargado contra lo que ha denominado una “estrategia de acoso y derribo” contra el Gobierno central y ha reclamado al PSOE un “giro radical” para impulsar medidas contra la corrupción.

La diputada de IU sí ha respaldado la creación de una comisión sobre La Romareda al considerar que se trata de un asunto de gran relevancia pública. Abengochea ha criticado el proyecto por estar pensado para “los amiguetes de siempre”, ha señalado que el informe de la Cámara de Cuentas evidencia importantes carencias y ha cuestionado la ausencia de un plan de negocio viable. A su juicio, el PP trata de ocultar información sobre una operación sufragada con fondos públicos.

Los Premios Atades han vuelto a poner el foco en lo esencial: las personas. En su XVII edición, que ha tenido lugar este martes en el palacio de la Aljafería de Zaragoza, la gala ha celebrado el impacto real de proyectos que hacen posible una vida plena, impulsando la autonomía, la visibilidad y el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo.

Este año, además, los Premios dan un paso decisivo en su historia al abrir sus fronteras a América con la creación del I Premio Americano Atades-Fundación Hiberus, consolidando su vocación de ser altavoz de buenas prácticas sin límites geográficos.

Los proyectos premiados comparten un mismo propósito: mejorar el día a día de las personas desde ámbitos complementarios para construir una sociedad más inclusiva: la innovación tecnológica de Elliot, de Fundación A LA PAR; la comunicación de servicio público del programa ´De seda y hierro´, de la 2; y la inclusión económica a través del empleo con el proyecto Mbarete, de Fundación Saraki.

Decidir por uno mismo: el verdadero avance hacia una vida independiente

La Fundación A LA PAR* ha sido reconocida por Elliot, una herramienta que transforma la vida diaria de las personas con discapacidad intelectual al facilitar algo tan esencial como elegir y decidir. Gracias a la integración de inteligencia artificial, apoyos digitales y entornos del hogar adaptados, Elliot permite afrontar con mayor seguridad tareas cotidianas: gestionar una agenda, organizar una rutina, tomar decisiones en casa o desenvolverse con más autonomía en su entorno.

Más de 3.400 personas ya utilizan esta aplicación que no solo aporta tecnología, sino confianza, tranquilidad para las familias y, sobre todo, la posibilidad real de construir un proyecto de vida propio. Porque detrás de cada uso de Elliot hay algo más que una acción cotidiana: hay una decisión en libertad, un paso hacia la independencia y una vida vivida con mayor dignidad.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, y la directora de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación A LA PAR, Myriam Becerril, han recogido este galardón. “Este premio reafirma que la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas con discapacidad intelectual, permitiéndoles elegir su propio proyecto vital.

Es clave ofrecer oportunidades reales para decidir, participar y vivir con dignidad, como cualquier persona. El proyecto Elliot demuestra que este modelo es posible gracias al liderazgo de las propias personas con discapacidad intelectual, que con su valentía están liderando este cambio. Y también de todas las personas que las acompañan: familias, profesionales y redes de apoyo, que están transformando modelos y miradas. A todas ellas, gracias. Este premio es de todos“, ha indicado su presidenta.

Cuando contar la vida tal como es también transforma la sociedad

El programa ‘De seda y hierro’*, de La 2 de RTVE, ha sido reconocido por su capacidad para transformar la manera en que la sociedad mira la discapacidad, acercándola al día a día de las personas con sensibilidad, respeto y verdad. A través de sus historias, el programa no solo muestra realidades, sino que las hace comprensibles, cercanas y humanas, ayudando a romper estigmas y a generar empatía en miles de espectadores.

Cada episodio pone rostro a la discapacidad, la salud mental o la dependencia, demostrando que detrás de cada historia hay una vida con retos, pero también con talento, sueños y dignidad. Un impacto que va más allá de la pantalla: contribuye a crear una sociedad más inclusiva, en la que comprender es el primer paso para incluir.

Patricia Martínez Marcos de León, directora del programa, recogió el galardón, junto a Cristina López Sacristán, realizadora. Este premio, en palabras de su directora, “es muy importante para todo el equipo de ”De seda y hierro“ (TVE), porque reconoce nuestro compromiso de servicio público al contar historias reales con respeto y profundidad. Nada de esto sería posible sin la generosidad de quienes confían en nosotros y comparten sus historias. Ellas son el corazón del programa”. Asimismo, ha querido agradecer a Atades su labor y sensibilidad: “Agradecemos especialmente a Atades por este reconocimiento, por su labor y por compartir una mirada tan necesaria. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando para dar visibilidad a todas las realidades y contribuir a cambiar la mirada”.

Construir futuro desde lo cotidiano: empleo, autonomía y dignidad

El proyecto Mbarete, de la Fundación Saraki*, ha sido reconocido por su capacidad para transformar la vida diaria de las personas a través del acceso real a oportunidades económicas. A través de la formación, el empleo y el impulso al emprendimiento, esta iniciativa permite que muchas personas con discapacidad dejen de ver el futuro como una incertidumbre para empezar a construirlo con autonomía. Mbarete genera algo esencial en el día a día: la posibilidad de trabajar, tomar decisiones propias y contribuir activamente a su entorno. Un impacto que no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también transforma comunidades enteras, demostrando que la inclusión no es solo un derecho, sino una fuerza capaz de generar desarrollo, dignidad y nuevas oportunidades para todos. Un proyecto que se desarrolla desde el año 2017 y del que ya se han beneficiado más de 400 personas.

El galardón fue recogido por María José Cabezudo, presidenta de la Fundación Saraki, quién ha expresado que “recibir este premio honra a Paraguay y a todas las personas que hacen posible la inclusión. En Saraki creemos que la inclusión de las personas con discapacidad no es solo un acto de justicia, sino una fuerza capaz de transformar comunidades, empresas y países. Mbarete significa fuerza y valentía: la fuerza que transforma vidas. Cada persona que accede al trabajo, emprende o encuentra un entorno que cree en su potencial, transforma también la forma en que la sociedad entiende la discapacidad. Recibimos este reconocimiento con profunda emoción y el compromiso de seguir abriendo oportunidades, impulsando autonomía y construyendo dignidad.”

El premio Americano se ha puesto en marcha en colaboración con Fundación hiberus: “Este premio representa un paso muy importante para Fundación hiberus, ya que supone nuestra primera iniciativa internacional dentro de una estrategia con la que buscamos maximizar el impacto social que generamos a través de la tecnología. Junto a ATADES queremos contribuir a que proyectos que impulsan la inclusión, la autonomía y las oportunidades puedan cruzar fronteras y llegar también a Latinoamérica”, ha señalado Iñigo de Yarza, presidente de Fundación hiberus.

Atades, llena de historias reales

Más allá de los proyectos, la gala puso rostro al impacto con historias concretas que reflejan el sentido del trabajo de Atades: Noa, una niña que descubre el mundo gracias a la tecnología; Sergio, construyendo su autonomía paso a paso; Nieves, expresando su creatividad; Mariano y Amparo, compartiendo un proyecto de vida en pareja; o Mariví, disfrutando cada día a sus 80 años.

Todas ellas representan ese impacto cotidiano que va mucho más allá de los datos. En palabras de su presidente, Antonio Rodríguez Cosme, “hoy celebramos algo más que unos premios. Celebramos el impacto de una vida plena. Una vida que se construye con oportunidades, apoyos y afectos a lo largo de toda la vida”. “En Atades no hablamos de servicios, hablamos de proyectos de vida. No gestionamos recursos, transformamos realidades”.

La gala, celebrada en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, contó con el respaldo de las principales autoridades, reflejando el compromiso institucional con la inclusión y el apoyo de las máximas autoridades. Asistieron, entre otros, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; la alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, junto a representantes del tejido social y empresarial.

La XVII edición ha reunido un total de 108 candidaturas, incluyendo las 47 presentadas en la nueva categoría americana, reflejo del creciente compromiso social con la inclusión. Este impulso se sustenta en una sólida estructura formada por 1.141 profesionales, 587 socios y 316 personas voluntarias, que permiten acompañar cada día a miles de personas. Porque, como se recordó durante la gala, el verdadero impacto no se mide en grandes cifras, sino en pequeñas historias: en una oportunidad, en una decisión en libertad, en una vida vivida con dignidad.

La crisis del Real Zaragoza, que acaba de descender a Primera RFEF, se ha colado este viernes en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha respondido a una pregunta de CHA asegurando que le dolía “tremendamente” la situación del equipo blanquillo, ha dicho apoyar a “todos los equipos que representan a esta Comunidad Autónoma” y, pese a sus propios antecedentes, se ha sincerado: “Lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”.

Azcón ha señalado que, como anunció la vicepresidenta Mar Vaquero, se va a poner en marcha un plan de ayudas que tenga por objetivo “que los equipos aragoneses vuelvan a las más altas categorías”. “Hay que establecer prioridades en las ayudas deportivas”, ha considerado el jefe del Ejecutivo, para quien “vamos por buen camino” si un criterio es el arraigo, mostrándose partidario del mismo.

“Aunque los colores de mi equipo son el blanco y el azul, mi responsabilidad es que todos los equipos representan a esta comunidad” y deben hacerlo “en las mejores condiciones”. Para Azcón, los responsables de la situación del Real Zaragoza son “todos los que están al frente del club, desde los jugadores a los directivos”.

En respuesta a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que le llama la atención que Pueyo pregunte por el Real Zaragoza y no por otros equipos, como el Huesca SD, el Tarazona o el Bada Balonmano. “No sé si usted busca el bien del deporte o está buscando otra cosa”, ha deslizado.

Ha espetado a Pueyo que si quiere que el Gobierno diga a los equipos lo que tienen que hacer “eso era cuando ustedes estaban en el Gobierno y Agapito en el Real Zaragoza”, subrayando que “lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”, pero Pueyo “viene a decirme que mezclemos” ambos ámbitos.

“Dolor profundo”

El portavoz de CHA ha sido tajante: “Los zaragocistas estamos cansados de que nos hayan robado el alma al equipo, la identidad, las esperanzas y Aragón el fútbol profesional”, manifestando su “desazón”. “Es tan grande el dolor, tan profundo, que no entiendo que otros partidos hagan leña del árbol caído”.

Ha comentado que muchos zaragocistas se dirigen a CHA para preguntar “qué se puede hacer ahora” y ha preguntado “con total honestidad” quiénes son los culpables de la situación del Real Zaragoza. También, si la concesión de ayudas se va a condicionar a que la propiedad obtenga resultados o tenga “cierto arraigo” con la ciudad y la Comunidad Autónoma.

El portavoz de CHA ha indicado que, en baloncesto, el Casademont “sí tiene ese arraigo, sí merecería las ayudas”, criticando –en alusión al Real Zaragoza– a quienes “están en Miami y han pisado esta tierra en dos ocasiones para hacerse la foto”. También ha dicho que “el respeto tiene que ser el mismo” para otros equipos, como el Huesca o el Teruel.

La sesión de control en las Cortes de Aragón ha vivido este viernes un momento atípico, al menos en la comunidad autónoma: por primera vez, una diputada del PP –Elena Allué– ha utilizado el tiempo de fiscalización al Gobierno para interpelar a una consejera del PP –Mar Vaquero–. Como es lógico, no ha habido discusión. El PSOE ha criticado el “jabón” dado a la vicepresidenta y esta le ha respondido justificando que la iniciativa cumple con el reglamento de la Cámara y además es una práctica que se da en otros territorios.

Fue en una junta de portavoces a principios de mes cuando se constató que en esta nueva legislatura, y por primera vez en democracia en Aragón, los partidos de gobierno –en este caso, PP y Vox– iban a intervenir en las sesiones de control al Ejecutivo, pese al oxímoron que supone. Entonces, los grupos de la oposición lamentaron el “rodillo” aplicado por las dos formaciones y que redujeran el “pluralismo político” con esta medida. Los populares recordaron que el reglamento de la Cámara no lo prohíbe y que de hecho es algo habitual en parlamento como el de Catalunya.

“Frente a quienes quieren debilitar los derechos legítimos de Aragón, hoy contamos con un Gobierno firme y decidido, no solo para ser capaz de traer los bienes sino para ponerlos en valor”. Allúe ha interpelado a Vaquero, responsable de las competencias en materia de Cultura, sobre los bienes de Sijena, y más que controlar al Ejecutivo se ha dedicado lógicamente a alabarlo y, de paso, para cargar contra la Generalitat de Catalunya y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Hoy le interpela este grupo parlamentario en la confianza de que este nuevo Gobierno será el que ponga punto y final a años de maniobras dilatorias” por parte de la Generalitat, ha argumentado la diputada popular, quien ha querido “ensalzar” la labor del Ejecutivo de Azcón en este ámbito. Frente a esto, ha atacado al president Salvador Illa y al “Gobierno de Sánchez y sus acólitos” por los “procesos dilatorios” en el regreso de los bienes de Sijena. “Quiero poner en valor la coherencia de este gobierno frente a la actitud de Cataluña y del Ejecutivo central”, ha insistido.

En su respuesta, la vicepresidenta Vaquero le ha dado las “gracias” por la interpelación, ha destacado que su gabinete estará “vigilante” para que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo y también ha aprovechado para criticar las “actitudes” de la Generalitat, “amparadas en un marco de cesiones por parte del Gobierno de España”. “Por muchos focos de dilaciones, obstáculos e intentos de incumplimiento de la sentencia que se pongan, esos bienes acabarán viniendo a Aragón”, ha insistido.

Justo después ha sido el turno del diputado socialista, Darío Villagrasa, que ha comenzado su interpelación –también a Vaquero– ironizando acerca del episodio anterior: “Mi pregunta va a ser para aclarar conceptos y no solo para quitarle el jabón que le ha dado (Allué), después de que por primera vez en este Parlamento una diputada del grupo popular dedicara tiempo en tribuna para interpelar a una consejera del grupo popular sobre qué iba a hacer el grupo popular en una de las cuestiones. Esto sí que es histórico”, ha afirmado con sarcasmo.

En su respuesta, la vicepresidenta le ha recordado a Villagrasa que lo sucedido está amparado en el reglamento y que “pasa en muchos parlamentos de España”.

Más de dos siglos después de la muerte de Francisco de Goya, su obra sigue generando nuevas lecturas y despertando el interés de creadores contemporáneos que encuentran en ella una extraordinaria capacidad para dialogar con los problemas, inquietudes y sensibilidades del presente. Precisamente esa idea constituye el eje central de 'Goya al natural. Sonidos y movimiento', un ciclo artístico que propone una aproximación innovadora al universo goyesco a través de la lírica, la performance y la danza contemporánea.

Lejos de presentar a Goya como una figura histórica encerrada en los museos, el proyecto lo reivindica como un creador vivo cuya mirada sigue interpelando al espectador actual. El programa parte de una premisa clara: la obra del pintor aragonés trasciende los límites de la pintura y puede inspirar nuevas formas de expresión artística capaces de conectar con públicos contemporáneos. Para ello, el ciclo que llega a su segunda edición y se desarrollará entre el 4 y el 17 de junio de 2026, transforma diferentes espacios del Palacio de la Aljafería en escenarios donde patrimonio, historia y creación actual se entrelazan en una experiencia inmersiva.

La relación entre Goya y la música constituye uno de los primeros ejes del programa. El concierto inaugural del 4 de junio, titulado 'El sueño del amor produce monstruos', propone un recorrido por la lírica de la época a través de obras de Mozart, Boccherini, Barbieri y Enrique Granados. La selección musical permite reconstruir el ambiente cultural que rodeó al artista y explorar las conexiones entre la pintura, la música y la sociedad de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Especial relevancia adquieren las tonadillas de Granados inspiradas en las majas goyescas, personajes que simbolizan una parte esencial del imaginario popular reflejado por el pintor. La propuesta pone de manifiesto cómo la música puede convertirse en una herramienta privilegiada para comprender la sensibilidad de una época marcada por profundas transformaciones políticas y culturales.

La presencia de Ensemble Katharsis refuerza además la voluntad del ciclo de apostar por formatos innovadores. Desde su creación, esta formación aragonesa se ha caracterizado por combinar excelencia musical y propuestas escénicas capaces de acercar la música clásica a nuevos públicos. Su participación en el festival demuestra cómo el legado cultural asociado a Goya puede reinterpretarse desde perspectivas contemporáneas sin perder el vínculo con la tradición.

Uno de los momentos más singulares del programa llega el 10 de junio con 'Goya intramuro', una propuesta performativa concebida por el artista Samuel Hereza junto al músico Jorge Casasnovas. La acción convierte la Aljafería en un espacio de tránsito y reflexión donde el público acompaña a un Goya reinterpretado desde la sensibilidad del siglo XXI. El recorrido no busca reconstruir episodios biográficos del pintor, sino activar su pensamiento crítico y proyectarlo sobre los debates actuales. La experiencia culmina ante un gran muro concebido como superficie simbólica donde confluyen memoria, representación, conflicto y resistencia. En esta propuesta, la obra de Goya aparece vinculada a cuestiones plenamente contemporáneas como la violencia, la construcción de los relatos históricos o el papel del arte frente a las tensiones sociales y políticas de nuestro tiempo.

La dimensión sonora de esta performance resulta igualmente significativa. Las improvisaciones de Jorge Casasnovas utilizan la guitarra española como puente entre tradición y modernidad. A partir de referencias al romanticismo español, el músico desarrolla un lenguaje que incorpora elementos minimalistas y contemporáneos, creando una atmósfera que acompaña la experiencia visual y corporal. El resultado es un diálogo entre pasado y presente que refleja perfectamente el espíritu general del ciclo.

La guitarra ocupa también un lugar protagonista en el recital de Ana Carpintero, una de las intérpretes e investigadoras más destacadas en el estudio de la música de la época de Goya. Su programa recupera obras de compositores fundamentales para comprender el repertorio guitarrístico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. A través de autores como Fernando Sor, Federico Moretti o Isidro Laporta, el concierto del 11 de junio reconstruye el paisaje sonoro que acompañó la vida del pintor y permite al espectador aproximarse a los gustos musicales de una sociedad que comenzaba a definirse por nuevas formas de sensibilidad artística y cultural.

El ciclo culmina el 17 de junio con una de las propuestas más ambiciosas desde el punto de vista conceptual: 'Foreshortened' / 'Escorzos del cuerpo', de la compañía de danza LaMov. La pieza toma como punto de partida el escorzo, una técnica pictórica utilizada por Goya para generar profundidad y dinamismo en sus composiciones, y la transforma en lenguaje coreográfico. Los cuerpos de los bailarines se expanden, se contraen y se deforman en el espacio para traducir físicamente la intensidad visual presente en la obra del artista aragonés.

La propuesta no pretende ilustrar la pintura de Goya, sino hacerla sentir. A través del movimiento emergen temas recurrentes en su producción artística, como la guerra, la condición humana, la crítica social, lo grotesco, la espiritualidad o los conflictos del poder. La danza se convierte así en una herramienta para explorar las tensiones que atraviesan toda la obra goyesca y demostrar que muchas de sus preocupaciones continúan siendo plenamente actuales. El escenario se transforma en un lienzo vivo donde la belleza surge precisamente de la deformación, de la ruptura de los límites convencionales de la representación y de la búsqueda de nuevas perspectivas sobre la realidad.

El ciclo escénico coincide con la exposición 'Goya. Del Museo al Palacio' que puede visitarse en la Aljafería desde diciembre de 2024, una gran muestra que reúne 62 obras procedentes del Museo de Zaragoza mientras este permanece cerrado por obras de remodelación.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la presencia de Goya en el espacio público y a convertir Zaragoza en uno de los grandes centros internacionales de estudio, difusión y reinterpretación de su legado. De hecho, las administraciones e instituciones culturales ya trabajan en los preparativos del bicentenario de 2028, concebido como un gran proyecto de Estado que contará con exposiciones, publicaciones, proyectos audiovisuales, actividades educativas y nuevas infraestructuras culturales dedicadas al pintor aragonés.

Todas las actuaciones del ciclo comienzan a las 19.30 horas. El precio de la entrada general es de doce euros, mientras que las entradas reducidas, destinadas a menores de dieciocho años, titulares de carné joven, mayores de 65 años, personas con carné de familia numerosa y monoparental, demandantes de empleo y personas con discapacidad, tendrán un coste de siete euros.

Teruel Existe seguirá integrado en el grupo mixto de las Cortes de Aragón después de que PP y Vox hayan unido sus votos este jueves para rechazar la toma en consideración de la reforma del Reglamento parlamentario que habría permitido constituir grupos propios con solo dos diputados. La votación ha evidenciado además un giro de última hora del Partido Popular, ya que, según ha denunciado el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, los populares eran favorables a la modificación “hasta anoche” y cambiaron de posición “por presiones de Vox”. “Parece que había amenazado con tumbar este Gobierno”, ha afirmado Guitarte en una comparecencia posterior al pleno, en la que ha vuelto a preguntarse “quién manda en Aragón”. PSOE, CHA e IU han apoyado la iniciativa.

El dirigente de Teruel Existe ha cargado duramente contra la situación política del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que “desde que se ha formado este Gobierno, Aragón se ha convertido en el hazmerreír de España”. También ha reprochado al presidente aragonés, Jorge Azcón, que tenga “las calles incendiadas” y “manifestaciones en las poblaciones de todo Aragón”, recordando además los abucheos que recibió recientemente en Huesca.

La proposición defendida por Guitarte planteaba modificar el Reglamento de las Cortes para permitir la creación de grupos parlamentarios con dos diputados, una posibilidad que actualmente no contempla la cámara aragonesa. Durante su intervención, el portavoz de Teruel Existe apeló al principio constitucional del pluralismo político y defendió que las instituciones deben garantizar la participación de las minorías parlamentarias para reflejar “la pluralidad política expresada en las urnas”.

Guitarte sostuvo además que facilitar la presencia de fuerzas minoritarias en los órganos parlamentarios y en los debates “contribuye a enriquecer la deliberación democrática” y ayuda a que “todos los ciudadanos aragoneses se sientan bien representados” en las Cortes.

Sin embargo, Vox volvió a rechazar frontalmente la propuesta. El portavoz de la formación, Santiago Morón, acusó a Teruel Existe de buscar “más dinero” con esta reforma y defendió que el grupo ya dispone de “más tiempo de intervención y de recursos de los que le correspondería” por su representación parlamentaria. En la misma línea se ha pronunciado este jueves el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, quien ha celebrado como una “grandísima noticia” que no haya salido adelante una reforma que, a su juicio, pretendía hacer un reglamento “a medida” para conseguir “lo que no se consigue en las urnas”.

Nolasco ha asegurado que Teruel Existe buscaba “más pasta de la que le corresponde por ley” y ha defendido que el reparto de fondos entre grupos parlamentarios debe hacerse de forma proporcional. También ha cuestionado que Guitarte se reivindique como “la voz de los aragoneses” o “de los turolenses”, recordando que Vox cuenta con 14 diputados en las Cortes y tres escaños por la provincia de Teruel.

El vicepresidente autonómico ha celebrado además que el PP haya terminado respaldando la posición de Vox. “No se puede hacer legislación a la carta o modificar los reglamentos a la carta”, ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes. Preguntado por si Vox había planteado este asunto como una condición para mantener la estabilidad del Gobierno de coalición, Nolasco lo ha negado, aunque ha reconocido que trasladaron al PP un argumento que les “pareció lógico”. “Al final, el PP ha dicho: ‘oye, pues sí, tenéis razón’. Y así lo ha votado”, ha zanjado.

Desde el PP, el diputado Ramón Celma defendió durante el debate que la pluralidad política “está más que garantizada” en Aragón y recordó que “en ningún Parlamento se puede constituir un grupo con menos de tres diputados”. También subrayó que la legislación electoral aragonesa ya facilita la representación de partidos minoritarios al permitir obtener escaño con el 3% de los votos en una circunscripción.

Por el contrario, PSOE, CHA e IU respaldaron la propuesta al considerar que reforzaba el pluralismo político y la capacidad de representación de las fuerzas minoritarias. Los socialistas denunciaron el “rodillo” de PP y Vox, mientras que CHA habló de un “hachazo a la pluralidad política” en las Cortes.

Tras el rechazo parlamentario, Guitarte ha anunciado que Teruel Existe presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender que “la voz de los aragoneses y de los turolenses” siga teniendo presencia propia en el Parlamento autonómico.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón han escenificado este miércoles su sintonía en materia de vivienda con la presentación conjunta de una proposición no de ley que apuesta por aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. La iniciativa plantea que los recursos públicos se asignen de forma prioritaria a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” con el territorio.

La propuesta, que ambos grupos defenderán este jueves en el pleno de las Cortes, incluye además la derogación de la ley estatal por el derecho a la vivienda y la eliminación de lo que consideran “regulaciones ineficaces” que han provocado “inseguridad jurídica” y la retirada de viviendas del mercado desde 2019.

En rueda de prensa, la diputada del PP Susana Cobos y el portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón, han defendido un endurecimiento de las medidas contra la ocupación. Entre otras cuestiones, plantean garantizar “la aplicación estricta y sin excepciones” de la legislación vigente para facilitar el desahucio inmediato de ocupas ilegales e impulsar cambios en la Ley de Bases de Régimen Local para impedir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente.

Morón ha vinculado la crisis de acceso a la vivienda con las políticas del Gobierno central y también con “la llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes”, asegurando que estas personas “lógicamente necesitan alojamiento”. El portavoz de Vox ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha debilitado la protección de la propiedad privada y ha favorecido la retirada de miles de viviendas del mercado.

Desde el PP, Cobos ha defendido que el acceso a la vivienda es “cada vez más difícil” por el aumento “insoportable” de los precios y ha reivindicado políticas “realistas y eficaces”. La diputada popular ha citado datos del Observatorio del Alquiler para afirmar que se han retirado 130.000 viviendas del mercado, 60.000 de ellas en zonas tensionadas.

Cobos también ha sacado pecho de la política de vivienda del Gobierno de Jorge Azcón, asegurando que en 33 meses se han impulsado más de 3.000 viviendas, y ha reclamado al Ejecutivo central que promueva una coordinación “real” con las comunidades autónomas y aporte estabilidad normativa al mercado.

La que fuera mano derecha de Javier Lambán tanto en el Gobierno de Aragón como en el PSOE aragonés, Mayte Pérez, ha dejado este martes la política activa después de más de 23 años, al ser relevada como senadora autonómica por el también turolense Rafael Guía, su sucesor al frente de la secretaría provincial del partido. Y lo ha hecho rompiendo el silencio que ha mantenido hasta ahora, con críticas a la dirección de Pilar Alegría por la forma en que le han cerrado la puerta: “Quien exige humanización de la política debería dar ejemplo con sus acciones”.

Así lo señala en una tribuna publicada este martes por 'Heraldo de Aragón' quien llegara a sonar incluso para relevar a Lambán como líder del partido en la comunidad. Hasta ahora, Pérez se había mantenido en un segundo plano, pese a no estar alineada con la nueva dirección socialista.

La también exconsejera de Presidencia y de Educación en el Gobierno de Aragón asegura que vuelve a su puesto de trabajo “con naturalidad y con gratitud”, con el conocimiento de que “el servicio público se ejerce en muchos lugares y de muchas maneras”. Pero a continuación desliza un reproche directo a Pilar Alegría: “Me habría gustado que mi salida del Senado se hubiera cuidado un poco más, porque quien ha dedicado tiempo a lo común merece, al menos, esa consideración y respetos”.

Hay que reseñar que Mayte Pérez aceptó en la pasada legislatura dejar su acta como diputada autonómica y renunciar a plantar batalla en el Congreso provincial para evitar un cisma en el partido en Teruel, donde contaba con destacados apoyos. A cambio, fue designada senadora autonómica.

“Lo que termina es un cargo; lo que permanece es una manera de ver, sentir y estar en el mundo”, asegura ahora la exdirigente turolense, quien alude a sus padres en el pensamiento de que “la palabra vale más que cualquier título”. “Ellos me enseñaron que la dignidad no se negocia, que la lealtad no se finge y que la honestidad es el camino, no un discurso”.

“La lealtad se demuestra con hechos”

Mayte Pérez también tiene un recuerdo para el fallecido Javier Lambán, que para ella ha sido una “escuela”. “Aprendí de él que la política no es un juego de intrigas, sino un ejercicio de responsabilidad. Que no se trata de agradar, sino de ser útil a un proyecto colectivo. Que la lealtad se demuestra en los momentos difíciles, no en los fáciles”, explica.

Sobre su desempeño y su trayectoria política –también en contraste con lo que observa ahora en el partido–, destaca en la misiva: “Jamás necesité traicionar a nadie para avanzar. Siempre creí que la lealtad se demuestra con hechos, no con gestos ruidosos”. Y cierra: “Prefiero recordar que en otros momentos fui yo quien sostuvo, acompañó y defendió. a quienes hoy no encuentran la manera de hacerlo conmigo. No lo digo con reproche, sino con la tranquilidad de saber que actué conforme a mis principios. Cada cual responde a su conciencia, y la mía está en paz”.

Las Cortes de Aragón han consumado la elección de los diputados Rafael Guía (PSOE) y Javier Alonso (Vox) como senadores de designación autonómica. El socialista ha recibido únicamente 18 votos –los de su grupo parlamentario–, mientras que Alonso ha recabado el apoyo de los 40 diputados que sustentan el Gobierno de Jorge Azcón. El resto de la oposición –CHA, Aragón-Teruel Existe e IU– han votado en blanco.

Tradicionalmente, los dos senadores que le corresponden a Aragón recaían en el PP y el PSOE, al ser estos dos partidos los más votados en Aragón. Sin embargo, el reparto de cargos entre los populares y Vox ha llevado a la primera formación a ceder este puesto a la extrema derecha, al igual que la Vicepresidencia primera de la Cámara –asumida por Carmen Rouco–.

Este pacto ha propiciado que el popular Eloy Suárez, que ejercía de presidente de la Comisión de Investigación del caso Koldo en la Cámara Alta, dejará su escaño, aunque ya tiene un nuevo destino: como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

El PP y Vox tratarán de seguir exprimiendo los dos viajes del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a Aragón en 2021, uno al Parador de Teruel y otro a Zaragoza capital. Ambas formaciones han registrado la creación de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para “el esclarecimiento de las circunstancias” que rodearon ambos desplazamientos y determinar “posibles responsabilidades políticas”. La iniciativa ha tenido respuesta del PSOE, que ha anunciado que votará a favor porque “nada hay que ocultar ni esconder”.

Según ha dado a conocer este lunes la portavoz popular en la Cámara autonómica, Ana Marín, en este partido aspiran a conocer “lo que ocurrió” en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza en 2021, durante la pandemia, “ante los sucesivos intentos de ocultar los hechos” por parte de la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, que entonces era la delegada del Gobierno en Aragón.

Los populares dan verosimilitud a lo publicado por medios de comunicación en los últimos días y propondrán asimismo “una condena del uso de prostitutas” por parte supuestamente de Ábalos y por “tratar a las mujeres como mercancía sexual”. También exigirán que se abra una investigación en el Ministerio de Transportes, el que dirigió Ábalos, y en la Delegación del Gobierno “para esclarecer cómo se pagaron los billetes de tren” de las mujeres, “cómo se falsificaron los salvoconductos necesarios y si hubo personas dependientes de la Administración implicadas en estos hechos”.

Según el texto de la propuesta registrada en las Cortes, el PP y Vox piden investigar los viajes oficiales realizados por el ministro “en plena pandemia de la COVID-19”, con un supuesto uso de “recursos públicos y desplazamientos vinculados al Ministerio de Transportes para facilitar encuentros de carácter sexual”. “La gravedad de las informaciones conocidas exige, desde la responsabilidad institucional y el deber de transparencia de los poderes públicos, el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjeron dichos desplazamientos, así como la determinación de las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivarse”, señala la propuesta.

Contra Pilar Alegría

Los populares intentan sin ambages incluir a la secretaria general de los socialistas, Pilar Alegría, en la polémica. Así, Ana Marín ha lamentado que la líder del PSOE aragonés “no cumple con su palabra”, ya que ante la Comisión Koldo del Senado dijo que si se demostraban estos hechos dimitiría, lo que no ha sucedido. A su juicio, “Alegría se presenta, una vez más, como una mujer víctima de ataques y campañas orquestadas por otros”, lo que “ya hizo cuando estalló el escándalo del Parador”. “Esta actitud es vergonzosa”, ha continuado Ana Marín, para quien la secretaria general del PSOE Aragón “utiliza su condición de mujer para hacerse la víctima e intentar escabullirse de sus responsabilidades”, lo que constituye “una actitud machista hasta el extremo”.

Ha recordado que cuando ocurrieron los hechos, durante la pandemia, había restricciones a la movilidad y de reunión que “eran tremendas y nos afectaban a todos” y la Delegación del Gobierno coordinó las actuaciones operativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional a este respecto. “Ya está bien de tomarnos el pelo, que digan la verdad”, ha continuado Marín.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Socialista en las Cortes de Aragón ha anunciado que votará a favor. En un comunicado, los socialistas aseguran que volverán a explicar “lo que ya se ha explicado desde el primer momento porque nada hay que ocultar ni esconder” y advierten de que esta iniciativa no frenará su labor de oposición: “Si creen que con esto van a evitar que fiscalicemos al Gobierno de Aragón, y que no hagamos nuestra labor de oposición firme y constructiva, están muy equivocados”.

“Uso torticero” de las instituciones

El PSOE aragonés lamenta profundamente el “uso torticero y partidista” que a su juicio el PP de Azcón está haciendo de las instituciones aragonesas y considera que convierte el Parlamento “en un instrumento al servicio de la peor política, un ejemplo más de la deriva del PP”, señalan. Frente a ello, aseguran defender “la buena política, la transparencia y la colaboración institucional” y reprochan al PP su negativa a las comisiones de investigación y a dar explicaciones en asuntos espinosos como la dana en la Comunidad Valenciana, los incendios en Castilla y León, los cribados de cáncer en Andalucía y, en Madrid, donde les imputan la muerte de 7.291 personas en las residencias.

Además, responden que estiman imprescindible que Azcón dé explicaciones: “Un año después de las últimas riadas en Aragón, todavía no ha ofrecido una explicación clara sobre el uso de recursos públicos para fines privados, como cuando se fue de boda y de festival a Galicia con fondos públicos, o cuando estaba en las Islas Baleares mientras Aragón sufría los efectos de una dana y él, como presidente, no estaba al lado de los aragoneses como debía”, le reprochan.

“De todas las formas de hacer y ejercer la política, el PP y Azcón siempre eligen la peor. Todo les vale si con ello consiguen señalar y arrollar al adversario político. En este caso, sentenciando a una mujer y haciéndola responsable de los comportamientos machistas y deleznables de un hombre”, finalizan los socialistas en su comunicado tomando parte de los argumentos esgrimidos este fin de semana por su líder, Pilar Alegría.

El nuevo Parlamento salido de las elecciones del pasado 8 de febrero ha traído nuevas caras… y también nuevas formas de diferenciar a unos colectivos frente a otros, según su afinidad con los intereses del Gobierno de Aragón y de los grupos parlamentarios que lo sustentan. Pese a que en anteriores ocasiones sí que habían podido entrar con camisetas reivindicativas, como los integrantes del colectivo Stop Sucesiones en diciembre de 2021, a los representantes de la escuela pública no solo les prohibieron acceder con esta prenda a la tribuna de invitados, sino que denuncian haber sufrido unos registros que los de la escuela concertada –presentes en la misma sesión– no afrontaron.

La primera sesión plenaria de esta legislatura fue testigo de ello este jueves cuando, con motivo de la comparecencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, para explicar la decisión de su Gobierno de concertar el Bachillerato, la plataforma por la educación pública fue sometida a un severo registro antes de entrar al hemiciclo para seguir la intervención.

Representantes de la entidad ciudadana que asistieron a la sesión plenaria aseguraron a este periódico que tuvieron que afrontar un registro previo “muy frustrante y nunca antes sufrido en este Parlamento”. Además de requisarles las octavillas, no les dejaron vestir las camisetas verdes propias de la marea verde contra los recortes en educación, ni siquiera portar documentos con el distintivo de los sindicatos.

Aunque los servicios de seguridad de la entrada les dieron como razón que se atenían a una nueva instrucción que prohíbe la entrada al hemiciclo con elementos de carácter político, lo cierto es que no existe tal instrucción, como han confirmado fuentes de la Presidencia de las Cortes a este periódico. Además, no ocurrió lo mismo con los miembros del sindicato FSIE (de la educación concertada), que no vestían camisetas, pero sí portaban carpetas con el logotipo de sus siglas.

Los miembros de la plataforma por la educación pública se salieron con la suya pese a los registros y lanzaron una lluvia de papeletas verdes que provocó la suspensión del pleno durante unos minutos para limpiar el hemiciclo, tras una recriminación de la presidenta de la Cámara, María Navarro. Tras abandonar la grada reservada al público, los representantes de la escuela pública volvieron a ser identificados, pese a que ya lo habían sido a la entrada, dado que para acudir como público hay que estar inscrito previamente.

A lo largo de las legislaturas, son muchos los colectivos que han asistido como público a plenos en los que se debatían proyectos legislativos o medidas del Ejecutivo para mostrar su apoyo o descontento, aunque desde la grada está prohibido realizar manifestaciones al respecto.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, también ha mostrado su queja ante el hecho de que, por primera vez, se haya impedido acceder a esta zona del hemiciclo con las reconocibles camisetas verdes contra los recortes en la educación pública. Y ha recordado que han sido muchas las ocasiones en las que otros ciudadanos o colectivos han lucido diversas vestimentas reivindicativas sin que fueran vetadas, como los miembros de la plataforma Stop Sucesiones o los bomberos y brigadistas, portando cada uno de ellos atuendos propios de su profesión.

Condena institucional

Este viernes, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha vuelto a criticar la acción de la escuela pública, que ha calificado como una “falta de respeto en la casa del diálogo y la palabra” y ha pedido que este tipo de acciones no se repitan.

Ha asegurado que el Gobierno quiere debatir con respeto y con la legitimidad que le han dado las urnas. Asimismo, ha recordado que la concertación del bachillerato es también la reclamación de miles de familias “que tienen derecho para no cortar la vida académica de sus hijos y nosotros seguiremos defendiendo esta posición”.

Asimismo, ha recordado que los servicios jurídicos avalaron en su momento la medida, anunciada durante el periodo en funciones del anterior Gobierno mientras se negociaba el pacto con Vox.

El Ejecutivo autonómico sigue a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aunque mantiene su intención de implantar el bachillerato concertado el próximo curso. “No queremos condicionar al tribunal, pero sí ofrecer certidumbre a las familias”, ha explicado la portavoz, quien ha insistido en que el objetivo del Gobierno es ampliar las opciones educativas sin menoscabar la educación pública. “La apuesta por la educación pública ha sido clara y, al mismo tiempo, defendemos todas las modalidades”, ha concluido.

La primera sesión plenaria de esta legislatura del Parlamento aragonés ha comenzado con polémica. Comparecía este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ante el pleno de las Cortes autonómicas para explicar la decisión de su gobierno de concertar el Bachillerato, una medida cuya puesta en marcha fue anunciada estando el anterior gobierno en funciones y que ha sido recurrida por los sindicatos de la educación pública. Miembros de la plataforma de la Educación Pública han interrumpido su intervención lanzando cuartillas verdes al grito de “dinero público para la escuela pública”.

Representantes de la plataforma que han asistido a la sesión plenaria han asegurado que fueron sometidos a un registro previo “nunca antes sufrido en este Parlamento” y que han considerado “muy frustrante”. Además de requisarles las octavillas (no todas, como se ha demostrado después), no les han dejado vestir las camisetas verdes propias de la marea verde contra los recortes en educación, ni portar documentos con el logotipo de los sindicatos. La razón: una nueva instrucción prohíbe la entrada al hemiciclo con elementos de motivos políticos. No ha ocurrido lo mismo con las cruces y papeles del sindicato FSIE (de la educación concertada). A la salida han vuelto a ser identificados, pese a que ya lo habían sido a la entrada, dado que para acudir como público hay que estar inscrito previamente.

A los pocos minutos de comenzar la intervención del presidente, miembros de la plataforma de la educación pública han interrumpido su discurso lanzando octavilas al hemiciclo para después abandonar la tribuna del público desde donde han llevado a cabo su acción. Mientras lo hacían, dos miembros de la presidencia de las Cortes, los populares Fernando Ledesma (vicepresidente 1º) y Gerardo Oliván (secretario 1º) han intercambiado opiniones criticando que “esto representa la educación pública”. Posteriormente, también el presidente Azcón, al reanudar su discurso, ha criticado la actuación considerando que “es un flaco favor que quien quiere representar a la educación lo haga con mala educación” y ha reprochado a los grupos de la oposición que no hayan condenado la acción de la marea verde. Sin embargo, los partidos de izquierda se han levantado para limpiar el suelo de las papeletas, gesto que ha sido agradecido por los expulsados del pleno.

El debate posterior ha subido de tono en algunos momentos, especialmente con la intervención del portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que ha acusado a Azcón de provocar la acción al impedir asistir con las camisetas verdes que él sí vestía, de gobernar para sus votantes siguiendo “el modelo de Ayuso”. También ha hecho hincapié en que el coste anual es de 19 millones de euros, que no se destinarán a mejorar la pública en aspectos como los salarios de los docentes, a la climatización, al profesorado de apoyo o a las aulas TEA. “Aragón no es imparable, lo único imparable son sus chiringuitos”, ha reprochado Pueyo a Azcón, rechazando “el modelo ideológico” del PP. También ha indicado que “no había una reclamación social” a favor de la concertación y ha observado que “más allá de la Z-40” el modelo privado no está presente (en referencia a que el modelo concertado no interesa más allá de los límites de la capital aragonesa), rechazando el “ayusismo de secano” del PP Aragón, tildándole de “antisistema público”.

Por su parte, Azcón le ha espetado en su respuesta que “usted no es un antisistema, sino un maleducado”, tras llamarle “chulo” el primero en su intervención. Y le recriminado que llamar a los colegios privados “chiringuitos”, le parece una falta de respeto por la que tendría que disculparse. “Hay miles de familias de diversa procedencia y naturaleza. La falta de respeto merece que ofrezca una rueda de prensa para disculparse porque es gravísimo”.

El debate también se ha tensado con el PSOE, que ha recriminado a Azcón recortes en al menos diez colegios donde se han suprimido aulas, han dimitido equipos directivos por recortes en infraestructuras necesarias o se han movilizado familias de numerosos centros educativos de la ciudad de Zaragoza y en municipios de las tres provincias aragonesas. “Ustedes para dividir son un hacha”, ha asegurado Alegría, quien ha considerado que para la concertación “tiene que haber una necesidad educativa, una justificación” y que debe realizarse “un uso eficiente de los recursos públicos”, no “duplicar lo que ya tenemos”, en alusión a las plazas sin cubrir en la red pública.

Azcón ha cuestionado a la portavoz socialista, Pilar Alegría, por haber estado dispuesta a apoyar el presupuesto del PP que incluía la concertación del bachillerato para tratar de impedir la convocatoria de las elecciones del pasado 8 de febrero. “Entiendo que para ustedes cambiar de opinión es lo normal, pero mi gobierno cumple la palabra dada a los aragoneses”. Además, ha preguntado por qué cuando el PSOE gobierna en Navarra y en el País Vasco se puede concertar el bachillerato y en Aragón no, “por  qué cuando lo hace el PSOE hay que aplaudir, pero cuando lo hacemos nosotros es un ataque a la línea de flotación de la educación pública”.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado a Azcón “si va a gobernar solo para los que votaron o para todos los aragoneses”, afirmando que la educación pública es la única que puede ofrecer una formación igualitaria y de calidad “en todo el territorio, en cualquier punto de la Comunidad Autónoma” y no solo “en las grandes capitales”.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha asegurado que el Gobierno de Azcón “está atacando” a la educación pública, resaltando que la privada no está presente en el medio rural, no ofrece gratuidad, segrega al alumnado y en la mayoría de los casos pivota sobre el adoctrinamiento católico“.

Un mensaje emocionado, en el que ha lanzado agradecimientos, ha enfatizado la importancia de los servicios públicos, ha destacado el papel de Aragón en España, ha incidido en el problema de la vivienda... y en el que ha lanzado un toque a la oposición: “Es esencial para la democracia respetar el sentido de las urnas”, les ha recordado. Jorge Azcón ha tomado posesión este jueves y se convierte así en el primer dirigente del PP que repite en el cargo como presidente del Gobierno de Aragón.

En un acto cargado de solemnidad en el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre familiares, amigos, cargos institucionales y compañeros de partido, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero sin el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, Azcón ha empezado su parlamento expresando el “profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir” de nuevo el cargo y ha agradecido a continuación a Vox y a su propia formación el apoyo.

“Los dos grupos, con nuestras diferencias y nuestros encuentros, vamos a trabajar con lealtad y determinación para desarrollar un programa de Gobierno único pensado para mejorar la vida de los aragoneses”, ha aludido al acuerdo con la extrema derecha.

Y en este punto ha hecho alusión a la oposición política con un mensaje directo: ha querido dar las gracias a quienes “saben respetar esa voluntad popular y a las instituciones encargadas de plasmarla”. Los aragoneses, ha recordado, siempre han presumido de su “inclinación hacia el pacto” y de “fomentar los valores democráticos”. “Y eso incluye el respeto a los resultados de los procesos electorales, que deben ser aceptados no sólo cuando avalan nuestras posiciones, sino especialmente cuando colisionan con la ideología propia”, ha incidido, sin dar lugar a dudas al significado de sus palabras.

Tampoco se ha olvidado el ya jefe del Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras mencionar la alusión estatutaria sobre la colaboración con el Estado, basada “en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua”, ha urgido al Gobierno central a “abordar” con “celeridad aquellas infraestructuras” necesarias para el progreso de la comunidad y a dotar los recursos públicos de “financiación suficiente”.

Por otro lado, Azcón ha querido destacar el papel actual de Aragón, que “fue entendida como una tierra despojada de oportunidades” y ahora “construye con paso firme su propio futuro”. También, ha afirmado, es una “tierra de acogida”, aunque con matices: lo es “todos aquellos que vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores”.

Ha destacado la “referencia” de las dos leyes fundamentales, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de este ha puesto como ejemplo varios artículos.

Uno, el que promueve el derecho a una vivienda digna: “Esta es una de las encomiendas más importantes”, ha señalado, y se ha comprometido a “multiplicar por tres” el parque de vivienda pública en Aragón. El segundo, el que alude al pleno empleo de calidad. Y el tercero, el que habla “de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica”.