La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado que se embarguen las cantidades y bienes de Ana Julia Quezada, la mujer que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz, para hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el decreto firmado el pasado 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia por el que se procedía a embargar el dinero de la penada, que se basa en el sueldo que recibe por sus trabajos en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple su pena –en torno a 200 euros– así como cualquier otra cantidad o asignación que pueda recibir por otra vía.

La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales. Asimismo, cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.

Recurso de Quezada

Según avanza además Prensa Ibérica, la penada habría abonado desde entonces apenas 467 euros a los padres del pequeño, cariñosamente conocido como el Pescaíto, pese al periodo de tiempo transcurrido desde el primer fallo judicial, que devino en firme en febrero de 2020 por parte del TSJA.

Por su parte, la defensa de Quezada ha recurrido dicha decisión al entender que la cantidad que tiempo atrás ha percibido por sus trabajos en el interior de prisión no alcanzan el salario mínimo y, por tanto, resultarían “inembargables”, toda vez que el resto de lo que consta como su patrimonio se correspondería con ayudas que remiten sus allegados.

M.A.R.Q., la pareja sentimental de Ana Julia Quezada a la que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga por supuestas amenazas a la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez ha negado este lunes ante la jueza cualquier tipo de gesto intimidante hacia la denunciante. La madre del pequeño asesinado en 2018 en Almería denunció haber recibido amenazas directas desde prisión Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen, que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del menor.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que durante la declaración de la pareja de Ana Julia –efectuada a petición propia mediante videoconferencia– la mujer únicamente ha contestado a las preguntas de su letrado, al tiempo que ha rechazado, conforme a su derecho de defensa, responder a las del resto de las partes y la instructora.

La declaración, que ha durado una media hora, llega después de que la investigada se negara a declarar el pasado mes de julio, cuando fue citada por la jueza. En esa ocasión, su representante legal alegó no haber tenido acceso completo a las actuaciones.

Un testigo alertó del posible riesgo

La versión de la investigada dista de la prestada por algunos de los testigos que han declarado en el marco de las actuaciones, entre ellos varias reclusas y también un tarotista al que M.A.R.Q. recurría para realizarle consultas sobre la situación de Ana Julia Quezada y al que trasladaba sus inquietudes. Fue este tarotista uno de los que advirtió a la madre del pequeño apodado 'pescaíto'.

Este testigo habría dado cuenta de la animadversión que la investigada mostraba hacia Patricia Ramírez, especialmente a raíz de la rueda de prensa en la que denunció la grabación de un documental desde la prisión por parte de Ana Julia Quezada con la supuesta connivencia de algunos funcionarios, quienes le habrían brindado un teléfono móvil a cambio de sexo, lo que se investiga en una causa paralela.

Asimismo, se mostró convencido de que esas supuestas amenazas de muerte de Ana Julia Quezada hacia Patricia Ramírez después de que se desvelara la intención de rodar un 'true crime' podrían verse materializadas a través de M.A.R.Q.. “M. hace todo lo que Ana Julia le pide, temo que a Patricia pueda hacerle algo”, manifestó en su declaración avanzada este lunes en 'El Programa de Ana Rosa'.

La letrada de la acusación, Verónica Guerrero, señaló entonces que este testigo corroboró lo dicho ante la Policía y aportó “material audiovisual” con las supuestas amenazas. “Ha hecho una labor excelente poniéndose en contacto con Patricia y contándole todo lo que estaba recibiendo”, valoró la letrada.

La denunciante demanda protección

Patricia Ramírez, quien también declaró en julio como perjudicada, ratificó la denuncia interpuesta el pasado 31 de diciembre al ser conocedora de posibles represalias por parte de la condenada al verse frustrada la grabación de un documental sobre el caso del menor, según ha mantenido.

“Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular”, manifestó ante los medios.

La causa fue inicialmente archivada de forma provisional, pero se reabrió tras un recurso de la acusación y la solicitud de nuevas pruebas. La jueza instructora ha adoptado como medida de protección la anonimización de todos los datos personales de Patricia Ramírez en la causa, tanto en Almería como en Ávila. La propia denunciante ha agradecido esa medida y ha subrayado que el juzgado “está tomando interés” en el caso.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado citar a Ana Julia Quezada, la mujer que cumple prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, en el marco de las diligencias abiertas por presuntas amenazas de muerte desde la prisión de Brieva (Ávila) a la madre del pequeño, Patricia Ramírez, quien denunció los hechos el pasado 31 de diciembre.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el juzgado ha decidido tomar declaración a la presa tras el testimonio prestado el pasado 2 de junio por una mujer que coincidió con Ana Julia Quezada en el centro penitenciario y habría escuchado tales amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la denunciante.

A la espera de determinar día y hora para la citación, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigo a otras de las reclusas que fueron nombradas por la primera de las declarantes, quienes también habrían presenciado esas amenazas de muerte. De igual modo, se ha acordado escuchar en sede judicial a Patricia Ramírez en calidad de perjudicada.

Por su parte, la representación letrada de la madre del niño Gabriel, la abogada Veróncia Guerrero, ha solicitado además que, en el marco de este proceso, se tome también declaración a una tarotista con la que habría contactado la pareja de Ana Julia Quezada.

Fue una denuncia ante la Guardia Civil interpuesta por la madre del 'pescaíto' el pasado 31 de diciembre la que dio origen a unas diligencias que, si bien se archivaron provisionalmente en un principio, fueron reabiertas en recurso para la práctica de pruebas.

Según explicó Patricia Ramírez, tuvo conocimiento de las supuestas amenazas por una confidente quien el aseguró que Ana Julia Quezada la quería “matar” por haber “boicoteado” un documental que la presa grabaría desde prisión sobre el caso de niño Gabriel Cruz mediante la obtención de teléfonos móviles con la ayuda de funcionarios de la prisión; un asunto que se dirime en otro proceso investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila.

“Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental”, manifestó en rueda de prensa la madre del niño Gabriel, quien aseguró que pasó “miedo” y entró “en alarma” al saber que la reclusa se quería “vengar” de ella, para lo que sospechaba además que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Los cacheos que se han realizado hasta el momento en la cárcel de Brieva (Ávila), en la que se encuentra internada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en la provincia de Almería en el año 2018, no han hallado por ahora ningún terminal de teléfono móvil.

Así lo ha apuntado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, a preguntas de los periodistas al hilo de la rueda de prensa que este pasado miércoles ofreció en Almería la madre del pequeño asesinado, Patricia Ramírez, al hilo de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mediante las que se investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva facilitaron teléfonos móviles a cambio de sexo a Ana Julia Quezada.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha aprovechado esta cuestión para expresar públicamente su “solidaridad, apoyo y cariño” hacia esa “madre que vivió y sigue viviendo tan trágicas circunstancias” derivadas del “asesinato de su hijo”, suceso que “a todos nos dejó absolutamente consternados y traumatizados”, según ha subrayado.

Dicho esto, ha aclarado que ha habido ya reuniones “con el secretario de Estado de Seguridad” y “con el secretario general de Instituciones Penitenciarias”, así como ha confirmado que “hay abierta una investigación judicial en Ávila para determinar si, efectivamente, ha habido algún tipo de interconexión telefónica desde la propia prisión hacia Patricia” Ramírez.

En ese punto, el delegado ha precisado que “no hay constancia en este momento de la existencia de ese terminal” móvil, y ha aclarado que “hay una investigación abierta también desde el punto de vista administrativo” a partir de “los hechos que se denunciaron”, con la que “se investiga si hay o no una posible colaboración de algún funcionario de la prisión” con respecto a la condenada “que pudiera propiciar el que le hubiera facilitado algún tipo de terminal”.

Pedro Fernández ha indicado que esa “investigación abierta en el ámbito administrativo” está “en este momento interrumpida, en suspenso como consecuencia de la apertura” de la “investigación judicial” en Ávila, que “es la que tendrá que determinar si finalmente hay o no hay algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación”, ha abundado.

En todo caso, el delegado ha insistido en señalar que “no le consta a Instituciones Penitenciarias, en los registros, en los cacheos que se llevan a cabo de forma ordinaria y habitual”, que haya aparecido “ningún tipo de terminal, ningún tipo de móvil”, si bien el asunto “está en plena investigación”, ha remachado.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que por parte del Gobierno no hay “ningún tipo de problema” en mantener con la madre de Gabriel “cuantas” reuniones “sean necesarias”, y ha reiterado que ya las ha habido con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Además, ha indicado que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha trasladado toda su solidaridad con Patricia para mostrarle todo el cariño y toda la colaboración necesaria para averiguar lo que sea necesario”.

En todo caso, el delegado ha incidido en que “absolutamente todo el procedimiento” se encuentra ahora “judicializado” por parte de un juez, y “todas las investigaciones están abiertas”.

“Yo lo que le puedo decir es que hay entera disposición por parte del Ministerio (del Interior) para clarificar y llegar hasta el fondo del asunto”, ha aseverado el delegado del Gobierno antes de concluir que “hay que estar atento a esa investigación judicial que cuenta con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Guardia Civil y del propio Ministerio”.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen y ha lamentado la que considera “total falta de protección institucional”, al no poder personarse como acusación particular en la investigación contra Quezada que ella misma inició al destapar que disponía de un teléfono móvil en la prisión.

En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una “revictimización constante” de familias afectadas por este tipo de casos.

Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena de prisión permanente revisable, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

“La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello”, ha afirmado.

Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: “A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga”.

En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en “vengarse” de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Sin personación en la investigación del cohecho

Ramírez habría recibido estas amenazas mientras el juzgado de instrucción 4 de Ávila investiga la presunta comisión de un delito de cohecho por un funcionario que habría facilitado un teléfono móvil a Quezada a cambio de sexo.

Según ha denunciado la madre del niño Gabriel, el juez ha rechazado su personación como acusación particular en esta investigación. “Creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia”, ha manifestado, quien ha contado que ella misma inició el procedimiento hace justo un año después de interponer una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil mediante los datos y testimonios que le trasladaban confidentes de dentro y fuera de la prisión en relación al posible rodaje de un 'true crime' sobre la asesina, con la participación de la misma desde dentro de la cárcel. Ramírez sostiene que Quezada habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones.

La madre del 'pescaíto' ha denunciado que está sufriendo “indefensión” no solo al no poder participar como acusación particular en la causa, sino por el “ninguneo” que, según ha afirmado, ha sufrido al intentar aportar documentos y datos al proceso.

Ramírez ha recalcado que para ella fue un “duro golpe” que el juzgado denegara su personación como perjudicada en la causa, que pidió el 28 de octubre del pasado año, después de estar “aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando”, al tiempo que trataba de poner en conocimiento de las autoridades los datos que recababa.

Quezada está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral, por lo que Ramírez cree que está claro su rol de “perjudicada” al amparo del estatuto de la víctima. “Puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto”, ha dicho a la hora de describir sus intentos de contactar con el instructor, así como con la Fiscalía de Ávila, tanto de forma directa como a través de la oficina de asistencia a las víctimas, con infructuosos resultados.

Amenazas y chantajes

Ramírez ha narrado además que el 31 de diciembre interpuso una segunda denuncia ante la Guardia Civil de Almería tras haber tenido constancia por fuentes cercanas a ella que Ana Julia Quezada habría manifestado que la “quiere matar” por haber “boicoteado” el documental que, según sostiene, aún está “en ciernes”.

“Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental”, ha manifestado la madre del niño Gabriel, quien ha asegurado que pasó “miedo” y entró “en alarma” al saber que la reclusa se quería “vengar” de ella, para lo que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila, para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Asimismo, interpuso una denuncia en Almería que si bien se archivó en un primero momento, después fue recurrida y ha permitido mantener abierta una investigación que está a la espera de recabar testimonios de esas presuntas amenazas.

Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: “Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas”, ha asegurado.

Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: “No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa”, ha dicho entre lágrimas.

También ha denunciado la existencia de “funcionarios implicados” en estas irregularidades: “A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?”, se ha preguntado.

Responsabilidad civil sin resolver

Ramírez ha explicado que todo esto sucede mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin estar resuelta.

“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental”, ha lamentado.

Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”, ha continuado. “Esto lo que hace es revictimizarnos. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz”.

En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: “Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola”.

Un juzgado de Ávila mantiene abierta una investigación contra varios funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva por un delito de cohecho que habría sido cometido al facilitar un teléfono móvil a la reclusa Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018. Los investigadores creen que los funcionarios mantuvieron relaciones sexuales con Quezada a cambio de facilitarle el terminal. Patricia Ramírez, madre del niño, denunció hace ahora un año que Quezada tenía un teléfono en la prisión y estaba usándolo para preparar un documental sobre la muerte del niño.

La investigación, desvelada por El País y confirmada por fuentes oficiales a elDiario.es, fue abierta hace casi un año por el juzgado de instrucción 4 de Ávila, tras una denuncia de la Guardia Civil. Quezada no sólo habría logrado introducir un móvil en la prisión, sino que lo habría usado para grabar sus encuentros sexuales con la finalidad de chantajear a la dirección de la prisión y conseguir un traslado a Barcelona, según las pesquisas, basadas en testimonios de reclusas, un educador social y la actual pareja de Quezada, quienes habrían relatado que el funcionario que le entregó el terminal avisaba a Quezada para que lo escondiera antes del registro de la celda.

El funcionario habría sido detenido el 4 de septiembre como supuesto autor de un delito de abuso de función pública. En cambio, no están siendo investigados ni Quezada ni el cocinero de prisión, supuesto cómplice para la entrega del móvil. El Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según explican fuentes judiciales.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por elDiario.es Andalucía explican que hay un procedimiento disciplinario abierto y suspendido a la espera de lo que resulte del procedimiento judicial. .

La madre denuncia “desprotección institucional y judicial”

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz (Pescaíto), denunció hace ahora un año que Quezada se había hecho con un móvil en la prisión y estaba usándolo para avanzar en la preparación de un documental. Inició entonces una lucha en dos frentes: uno particular, denunciando la situación con Quezada en la cárcel de Brieva y el intento de grabar un documental sobre el caso instrumentalizando su dolor, según expuso; y otro público, reclamando un nuevo marco de protección de víctimas de delitos violentos como ella o Ruth Ortiz, madre de los dos niños asesinados por José Bretón y un “tratamiento mediático adecuado” de las noticias de sucesos. En una comparecencia inédita en el Senado, Ramírez reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos true crime cuando afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.

Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles, en la que denunciará públicamente una situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”. En la convocatoria anuncia que abordará lo que considera una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada.

La mujer ha denunciado en reiteradas ocasiones el dolor añadido que le ha supuesto conocer que la asesina de su hijo habría intentado justificar su participación en dicho documental para obtener ingresos con los que pagar la responsabilidad civil impuesta por la condena o ayudar a su familia.

Además, recientemente se ha pronunciado contra la publicación de libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de crímenes especialmente graves, como en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, ha revelado que la productora de la docuserie sobre el caso le ha manifestado su voluntad “de parar esta producción”. “Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida”, ha afirmado Ramírez.

Ramírez ha afirmado que “hay que aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos” de forma responsable. “El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo”, ha dicho, para después solicitar “una verdadera implementación” del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación“ para personas como ella, que se les ampare con justicia gratuita, que ”los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria“, y que ”lo doten económicamente“.

Así lo ha dado a conocer este martes Patricia Ramírez durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia, donde ha explicado las supuestas “irregularidades” que se estarían dando dentro la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y “la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso”.

Patricia Ramírez ha explicado que, “gracias a la mediación de la Guardia Civil” que le propuso a la productora que la llamaran, habló con la productora y su dueña le “manifestó la voluntad de parar esta producción”. De hecho, la madre de Gabriel la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se “olvidaba de tres años de miedo”.

En su comparecencia, la madre del niño Gabriel ha pedido a los senadores un pacto de Estado, ya que es “un asunto de especial trascendencia”, porque “puede afectar a cualquiera” y “no tiene nada que ver” con la política o lo que “cada partido represente”. “Son derechos humanos que creo que cada ideología los tiene en común”, ha defendido.

Ramírez ha argumentado que el último pacto de Estado fue el de 2017 contra la violencia de género, que ha permitido que se “desarrollen aún más las leyes” en esta materia, así como “una cohesión social tremenda y que hoy eso permite que nadie pueda publicar determinados titulares, que nadie pueda volver a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato, que tengan los servicios y las asistencias que merecen, aunque quede mucho camino por delante”.

En concreto, ha pedido que lo que se pactó en materia de violencia de género “se traslade a cualquier víctima de violencia” grave como agresiones sexuales, pederastia y violaciones, “pero no solo por parte de hombres”; un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas “en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal y mediática”.

“Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente”, ha subrayado.

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo. La producción audiovisual contaría con la participación directa de su asesina, pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

“Le diría a Ana Julia Quezada, que por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel, no lo hagas”, ha manifestado la madre del pequeño en una de las pocas ocasiones en las que durante su comparecencia, en la que ha estado acompañado de su psicólogo, Francisco Martín Murcia, ha nombrado a la mujer que acabó con la vida de su hijo. Asimismo, le pediría que “no vuelva a ponerse un micrófono” para hablar del caso que tuvo lugar hace ya seis años ya que, de lo contrario, volverán a denunciarla por “lesiones” y un presunto delito “contra la integridad moral”.

Visiblemente afectada ante una nueva comparecencia pública, Patricia Ramírez ha explicado que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un true crime, para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada. Se habrían producido dos encuentros incluso durante la última semana, según ha advertido, pese a sus intentos por denunciar dicha situación tras haberla puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Entrevistas “sin permiso”

La madre del Pescaíto, sobrenombre familiar con el que se conocía a Gabril, ha especificado que las querellas que se van a interponer en los próximos días por un presunto delito de cohecho se dirigirán tanto a funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas “sin permiso” de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa “fuera de la cárcel”. También se emprenderán acciones contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.

Patricia Ramírez ha asegurado que ha tratado, en calidad de víctima, contactar con el juez de Vigilancia Penitenciaria para hacerle llegar las “irregularidades” sobre lo que ocurre en prisión, ya que la interna incluso tendría en su poder un teléfono móvil con el que facilitaría determinadas grabaciones. De paso, quiere saber qué ocurre con la responsabilidad civil que aún no está resuelta y que asciende, en total, a medio millón de euros a favor de los padres.

“La contestación fue denegarme la personación, que pudiera comunicarme con ellos y presentar un recurso”, ha apuntado ante la última respuesta recibida durante la noche de este mismo viernes en el acto celebrado en el Palacio Provincial de Almería. Este escenario acogió en 2018 la capilla ardiente de Gabriel Cruz, en la que fue despedido por “miles de personas”, y ha sido elegido de nuevo para “honrar su memoria”.

Un primer proyecto paralizado

La mujer ha explicado el periplo vivido por ella y el padre de Gabriel, Ángel Cruz, en los tres últimos años cuando, por primera vez, un “grupo multimedia” acudió a Almería a informarles de la intención de hacer un documental con Ana Julia Quezada a propuesta de su abogado, el letrado Esteban Hernández-Thiel, a quien ha señalado como el gestor la proyecto.

Patricia Ramírez ha indicado que ese proyecto inicial se paralizó por la presión social que movilizó al respecto, toda vez que durante este tiempo se han producido una serie de hitos legislativos con la inclusión en la Ley Orgánica de Protección del Menor de un artículo para hacer constar el consentimiento expreso de los padres a la hora de usar la imagen de menores, incluso fallecidos, u otras figuras de protección del honor de menores en la leyes autonómicas.

Asimismo, ha explicado su rechazo a exponer de nuevo la imagen de su hijo en otros proyectos audiovisuales enfocados a dar su opinión sobre la prisión permanente revisable así como las acciones realizadas para retirar otros productos, como un pódcast de un medio de comunicación, que se denunció y acabó con el archivo del caso.

“Pagarle para que nos veje”

También ha detallado las iniciativas emprendidas tras enterarse, hace un año y medio aproximadamente, que a Ana Julia Quezada se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio bajo el argumento de que se obtendrían “ciertos beneficios” que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles.

“Pagarle para que nos veje”, ha resumido Patricia, quien ha criticado que durante este tiempo aún no se ha depurado la situación económica de Ana Julia Quezada al no haberse investigado sus bienes en República Dominicana ni su estado actual. Aquello dio lugar al inicio de contactos para personarse como víctima.

Según la información que maneja la madre de Gabriel Cruz, desde al menos noviembre del pasado año se estaría grabando “un documental dentro de la prisión con la asesina” ante lo cual, acabó por reunirse el 27 de diciembre del pasado año con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria, a quienes hizo constar que la presa contaba con un teléfono móvil y con dinero que le habrían hecho llegar bajo la “complicidad” de los funcionarios en sucesivos vis a vis.

Pese a que se le aseguró que desde Vigilancia Penitenciaria eran contrarios a otorgar permisos para grabar a este tipo de presos, Patricia Ramírez asegura que este mismo mes de abril “dentro de la cárcel se la sigue grabando” y que “la producción ya está prácticamente”, toda vez que se ha contado con otros testimonios cercanos a ella.

“Nos informan de que sigue siendo gestionada por su abogado y de que además va a tener ciertos beneficios”, se ha quejado la madre de Gabriel Cruz, quien entiende que se estaría grabando “de forma ilícita”, por lo que ha señalado las “irregularidades” que se estarían cometiendo en prisión.

Ruego a las plataformas audiovisuales

Además de esa cascada de querellas, Patricia Ramírez también ha detallado que ha pedido la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, toda vez que ha informado a Interior de sus iniciativas, por lo que confía en que “paralicen esta situación que jamás debería haberse dado”.

Igualmente, ha reclamado el apoyo popular a través de una concentración que tendrá lugar en la tarde de este sábado en la Ballena de Gabriel, al tiempo que ha rogado a las plataformas audiovisuales que no adquieran este tipo de productos. “Que se imaginen que estoy sentada a su lado, o que soy su hijo, su hermana, su madre, y que no lo hagan”, ha solicitado.

Durante la comparecencia, en la que ha estado apoyada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, se ha proyectado también un vídeo con un mensaje de Ángel Cruz, quien actualmente reside en el extranjero, en el que ha mostrado también su rechazo para este proyecto.

“No vamos a formar parte de esto”, ha asegurado antes de advertir que “no es necesario volver a emitir” las imágenes de la búsqueda que tuvo lugar durante 11 días de su hijo así como las posteriores relativas al juicio, ya que son “muy dolorosas” para sus progenitores. “La asesina de nuestro hijo nos infligió el máximo dolor posible”, ha recordado a la hora de pedir “respeto” a la memoria de su pequeño y rechazar una sociedad en la que “por un puñado de euros, se vuelva a hablar del tema”, ha lamentado.

De otro lado, la madre de Gabriel ha agradecido el apoyo recibido durante estos días a través de las redes sociales y ha relatado su esfuerzo para tratar de normalizar. “Si atacan su honor, están atacando el mío y el de su familia. Si manchan su memoria, atacan lo más sagrado para alguien que ha perdido un ser querido. Por tanto, me comporto como cualquier madre o padre que tiene hijos y los ama”, ha dicho.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha reclamado a medios de comunicación y redes sociales que “respeten a las víctimas adecuadamente” y las “protejan del dolor innecesario”, anteponiendo la “decencia y la profesionalidad frente a intereses particulares o económicos”.

“Les ruego que den un paso adelante y den un ejemplo de país y pongan la ética y el buen hacer frente a la conveniencia”, traslada en un comunicado publicado en la red social X cuando se cumplen seis años del crimen del pequeño de ocho años.

La madre de Gabriel lamenta las “malas prácticas” y el “sensacionalismo” en las que ha estado envuelto su “caso y otros casos violentos mediáticos en España” y subraya la “necesidad” de “un tratamiento adecuado de las noticias de sucesos” que evite la “vulneración de derechos fundamentales”.

“Les pido que retiren 'lo feo' de sus cuentas y dominios, lo que mancha su memoria, sus titulares escabrosos, vídeos, podcasts morbosos e innecesarios, y les ruego reflexionen si podría resultar bueno para proteger su profesión”, indica.

Señala que comparte lo que “siente” en este comunicado en la creencia de que “este tipo de malas prácticas pueden cambiar” y en “memoria” de su “pequeño Gabriel”, al tiempo que expresa su agradecimiento a “la marea de buena gente” que nos han “apoyado sin soltarnos durante estos seis años”.

Patricia Ramírez alude al “dolor” que le produce “que se promocionen los mismos contenidos desde hace seis años” o que “se utilice” su caso, y rechaza que se “culpe” a las víctimas por “buscar ayuda por todos los lados y cualquier medio a su alcance por encontrar o salvar a su hijo, hija, hermano, mujer, marido, abuelos”.

Afea, en esta línea, que se “ayude a las víctimas a cambio de exponerles continuamente y utilizar su historia a conveniencia” y considera que “más que ayuda resulta aprovecharse de personas vulnerables necesitadas de cuidado y protección porque sus vidas cambiarán para siempre de forma drástica y brutal”.

“Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización del caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo en nuestras vidas”, subraya para concluir que resulta “triste que, en estos seis años”, cuando ha salido a la opinión pública “para solicitar que no se nos hicieran más perrerías en defensa de nuestros derechos”, lo hiciera “con miedo a que lo utilizasen para ponerme en contra de otras víctimas o afín a un partido político o ideología”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha anunciado su voluntad de liderar el proyecto socialista en Huelva, con la premisa de “unir al PSOE”. Y es que, sostiene, “solo un partido unido, que aglutine, será capaz de darle respuesta a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía”.

El también secretario local lo ha comunicado en la tarde de este miércoles a su Ejecutiva municipal, a la que ha transmitido su “voluntad de aunar todas las sensibilidades que hay en el partido, buscando siempre el consenso y la suma de todas las partes, multiplicando la capacidad de trabajo”, según ha informado el PSOE onubense en una nota.

Cruz ha asegurado que su prioridad es “ser útil y dar respuestas efectivas a la sociedad onubense: para ello, es fundamental cohesionar un partido que tiene un valor humano incalculable, que es nuestro principal valor para crear confianza y conseguir ser lo más efectivo posible ante los retos de la ciudadanía”.

El socialista ha asegurado que se postula con el firme convencimiento de “impulsar el municipalismo como punta de lanza de los cambios sociales que tienen que llegar de manera urgente para afrontar el futuro con ambición y fuerza”.

Además, “hay que trabajar en la conexión con las personas, los movimientos sociales y estar al lado de la gente, y en esa labor tenemos que integrarnos todos. Cada militante, cada socialista suma en ese compromiso con la sociedad onubense y sus retos”.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que fue asesinado en febrero de 2018 en una finca de Rodalquilar, en Níjar (Almería), ha expresado este domingo su deseo de que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo (TS) al revisar la condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por dicho crimen, “se ajuste a la terrible realidad de lo que allí sucedió”.

Así lo ha expresado la madre de Gabriel en un comunicado difundido a los medios después de que esta semana se haya sabido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo 15 de diciembre a puerta cerrada dicha condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño, ocurrido hace ya casi tres años.

Los magistrados deliberarán sin vista los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado mes de febrero ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Almería a prisión permanente revisable.

La madre de Gabriel ha expresado este domingo el deseo de los padres del niño de que, con dicha revisión del Supremo, el “largo procedimiento judicial” que empezó tras la desaparición del pequeño el 27 de febrero de 2018, “finalice con una sentencia firme” e “irrevocable”.

Patricia Ramírez aboga por “una sentencia que le haga justicia no sólo a Gabriel y su familia, sino a todas aquellas personas que, en el afán de encontrar a mi pequeño, trabajaron duro, doblando turnos, sin dormir, con lluvia o sin ella, con profesionalidad, pero sobre todo mucha vocación de servicio, para que se pudiese hacer justicia”.

“Que se ratifique la sentencia de asesinato”

La madre de Gabriel ha explicado que, el próximo 15 de diciembre, el TS tendrá que decidir, por un lado, acerca de las peticiones de la defensa de Ana Julia Quezada, que pasan por una solicitud de “repetición de juicio”, otra de “absolución del delito de asesinato para que se considere que fue un homicidio en un momento de arrebato”, y la “absolución de los dos delitos contra integridad moral” de los que fue condenada.

Por su parte, la acusación particular que ejercen los padres de Gabriel solicitan al TS que “no estimen el recurso presentado por su defensa para que no se repita el juicio y, sólo en el caso de que decidiesen repetirlo, se tenga en cuenta” su “petición de ensañamiento en base a las pruebas presentadas”.

De igual modo, la acusación particular solicita que “no se tenga en cuenta la petición de su defensa y se ratifique la sentencia de asesinato dictada en los dos juicios anteriores y, como consecuencia, la aplicación de la pena de prisión permanente revisable”.

Los padres del niño solicitan igualmente que “no se tenga en cuenta” la petición de la defensa de Ana Julia Quezada de “absolución de los delitos de integridad moral” referidos, así como que “se vuelva a admitir el delito de lesiones (psíquicas) por el que ya fue condenada por unanimidad en la Audiencia Provincial de Almería y absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduciendo su condena en seis años”.

“Y por último, pero no por ello menos importante en la defensa de Gabriel, pedimos a la sala se tengan en cuenta los testimonios e informes presentados por la acusación basándose en las pruebas de imagen, informes forenses y científicos de la Guardia Civil, la reconstrucción de hechos y las declaraciones de los forenses, en los que se demuestra que los hechos fueron muy diferentes a los que la acusada declara y la gravedad de las lesiones son constituyentes del delito de ensañamiento, muy a nuestro pesar por el dolor que nos comporta”, añade la madre de Gabriel en su comunicado.

En nombre de “todos aquellos que lo aman y conocieron, así como el resto que lo hicieron parte de su vida”, Patricia Ramírez espera y desea “que se haga justicia en honor a su memoria, y que la sentencia nos asegure que toda esta lucha por defender a nuestro hijo, y a nosotros mismos del daño que nos causó, se ajuste a la terrible realidad de lo que allí sucedió”.

“Sólo de esta manera podemos resarcir el daño a su memoria, que el dolor al menos se acompañe de una justa respuesta del sistema de protección judicial y salvaguardar a la sociedad para que estos hechos nunca puedan repetirse”, concluye la madre del niño Gabriel.

Tres asociaciones judiciales han emitido un comunicado ante el inicio del juicio por el presunto delito de asesinato del menor Gabriel Cruz el próximo 9 de septiembre. La asociación judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura y Juezas y Jueces para la Democracia han recordado que en este caso “algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres de que se respete la memoria de su hijo y no se haga un 'circo mediático'”.

Estos colectivos también alertan de que en las coberturas que se han realizado sobre este caso se ha llegado a difundir “información que pudiera incumplir el Estatuto de la Víctima y vulnerar el derecho a la intimidad familiar”.

Ante la inminencia del inicio del procedimiento judicial los magistrados inscritos en estos colectivos piden a los periodistas que cubran este caso que “se respete de la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada, mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes”.

En el comunicado que han difundido a través de sus redes sociales, estas asociaciones insisten en que “se incumple sistemáticamente” un epígrafe del Estatuto de la víctima del delito, que establece que los medio se autorregularán “en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas”. Este articulado plantea que “estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social”.

No se dirigen solo a la familia de menor, también inciden en la importancia del “escrupuloso respeto a la presunción de inocencia”. “Se difunden datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso y, a menudo, asistimos a debates televisivos y en prensa en los que se da por sentada su culpabilidad”, señalan en este documento.

Gabriel Cruz volverá a ser el alcalde de Huelva, y lo hará con una mayoría absoluta holgada, en un Ayuntamiento en el que el PP pierde cuatro de los ocho concejales que tenía, y es precisamente un antiguo militante de este partido, Wenceslao Font, el que ha hecho que Vox entre en el Consistorio, aunque con sólo dos ediles.

No es de extrañar la euforia que se vivía la noche de este domingo entre los socialistas onubenses, que aparte de los resultados de la provincia, recuperando municipios como Ayamonte o Valverde del Camino, conseguían lo que hace cuatro años parecía imposible: contar con una mayoría absoluta en la capital que el PP le arrebató en 1995.

Los datos son claros: Gabriel Cruz será el alcalde de la capital onubense con mayoría absoluta al conseguir 25.964 votos y 14 concejales frente a los 20.776 votos y 11 ediles de 2015. Se quedó con el 45,16% de los votos. Aporta además un dato más que llamativo, ya que es la única capital andaluza con mayoría absoluta.

Los resultados del Partido Popular dan para una reflexión en la gente de Pablo Casado en la provincia. Mantiene su papel de segunda fuerza más votada en la ciudad, pero su 16,08 % de los sufragios le deja con cuatro concejales, la mitad de los que tenía tenía hace cuatro años.

La que no se mueve de su espectro es Ciudadanos, que sigue como tercera fuerza con el 9,69 % de los votos y los mismos tres concejales que logró en 2015. A la gente de Rivera en Huelva no le ha funcionado el movimiento de contar como número 2 con Guillermo García de Longoria, estandarte durante varios años del PP en la provincia, que hace semanas anunció que dejaba el partido tras ningunearlo en las listas de las generales y autonómicas.

A la baja son los resultados de Adelante Huelva, confluencia de Podemos e IU en la capital onubense, que no llega al 10 % de los votos (logra un respaldo del 9,31 %) y se queda co dos concejales (pierde dos, en función de que hace cuatro años, por separado, IULV-CA tenía tres y Participa Huelva uno.

Por la izquierda, la Mesa de la Ría, con un apoyo del 7,78 %, consigue dos concejales, dobla el único de 2015. El activista Ramón García se queda fuera del Ayuntamiento.

“Un trabajo impagable”

A Gabriel Cruz le era muy difícil aguantar la euforia, “Podemos decir que después de muchísimos años el PSOE va a poder gobernar el Ayuntamiento de Huelva con mayoría absoluta”, explicaba ante su militancia, admitiendo que “la fragmentación del electorado hacía tener dudas, pero siempre he dicho que la ciudadanía se expresa con su voto, y si ha confiado en nosotros es por toda la gente que ha hecho un trabajo impagable por Huelva. Huelva se merece mucho cariño y que la mimen. Se merece trabajo, lealtad y responsabilidad de todos los grupos que tendrán representación en el Ayuntamiento”.

“Es bonito llamar a esto mayoría absoluta, pero no seremos sectarios sino un gobierno abierto a todas las fuerzas políticas para defender a Huelva. No vamos a renunciar al diálogo y a la búsqueda de encuentros porque el interés de todos los grupos es el interés de Huelva. Cuando vamos todos unidos nos va muchísimo mejor”, explicaba.

En el lado contrario, Pilar Marín admitía que el PP había tenido unos resultados para olvidar. La candidata que ha intentado darse a conocer en la ciudad en los últimos meses admitía que “vamos a tener que darle solidez a este grupo que tenemos y lo vamos a conseguir. Hemos conseguido ser la segunda fuerza política, que es importante porque éramos la cuarta, aunque sabemos que los resultados no son buenos. Uno de los motivos de este resultado es que la derecha está fraccionada”.

“No estoy triste porque hemos hecho un trabajo duro y vamos a seguir peleando por Huelva. Le agradecemos a todo el mundo que ha peleado en este camino por nosotros y recordamos que vamos a seguir haciéndolo. Yo no vivo de la política pero espero poder seguir alternando mi trabajo en la Universidad de Huelva con esto para ayudar a que Huelva siga hacia adelante porque le queda mucho por hacer y hay un índice de desempleo muy grande”.

Por delante, quedan cuatro años con muchas preguntas por resolver en la oposición, ante un alcalde con una mayoría y una capital que vuelve a tener dominio de izquierdas tras casi 25 años.

La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable por el delito de “asesinato con alevosía” para la acusada Ana Julia Quezada Cruz por el asesinato del menor Gabriel Cruz Ramírez, el 27 de febrero de 2018 en la pedanía de Rodalquilar de Níjar.

El escrito provisional de la calificación del Ministerio Público ha sido remitido al Juzgado de Instrucción nª 5 de Almería, previo a la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial ante un tribunal con Jurado, según informa en un comunicado la Fiscalía Superior de Andalucía.

El escrito del Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.

También solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.

Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.

Asfixia mecánica por sofocación

El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima.

“Con la finalidad de encubrir su actuación criminal- señala el escrito fiscal- la acusada, ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras” y trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar siendo localizadas por la Guardia Civil en su investigación.

La calificación del Ministerio Fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de “aflicción, compungida y apesadumbrada involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo”, todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor.

Incluso durante la búsqueda, ésta llegó a propiciar el hallazgo de una de las prendas de la víctima en un cañaveral apartado y de difícil acceso que ella había frecuentado únicamente con una anterior pareja sentimental, persona que vivía en las inmediaciones del lugar ello “con la evidente finalidad de despistar en la búsqueda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso con el propósito de dirigir sospechas contra la referida expareja y ante la presión que le suscitaba la presencia cada vez mayor de efectivos de las Fuerzas de Seguridad, voluntarios y de medios de comunicación”, señala el escrito del Ministerio Público en su calificación.

Finalmente, refiere el escrito de acusación del Ministerio Fiscal que “como consecuencia del trágico desenlace y del conocimiento que con posterioridad han tenido los padres de la implicación directa de la acusada y del proceder de la misma, tras la muerte del menor, en el desarrollo de los hechos acaecidos, persona integrada en su más íntimo entorno familiar, ambos progenitores están padeciendo una afectación psíquica importante en su estado de salud”.

Andy y Lucas intentaron zanjar este sábado la polémica generada por la exhibición en un concierto de la imagen de Gabriel Cruz, el niño almeriense asesinado, después de que los padres del mismo censuraran el uso de su imagen “junto a un eslogan político” y sin haber dado su consentimiento para ello ni haber sido avisados con anterioridad.

La polémica se inició este viernes, cuando Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del Gabriel, criticaron el uso de la imagen de su hijo en un concierto de los cantantes a través de un comunicado.

Gabriel Cruz, que tenía 8 años, desapareció el 27 de febrero en Níjar (Almería) y días después su cadáver fue encontrado cuando lo trasladaba la expareja de su progenitor, Ana Julia Quezada, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Los padres de Gabriel critican que no dieron su permiso

En un comunicado remitido a los medios, los padres del menor lamentaban que se hubiera utilizado “recientemente la imagen de Gabriel junto a un eslogan político” y apuntó que consideraba que era necesario pronunciarse, puesto que “pasar por alto este tipo de acciones en pro de no aumentar más nuestro grado de tensión evitando cualquier confrontación o posible malestar no sería lo acertado”.

Asimismo, advertían de que “se han traspasado algunos límites en el momento que se decide colocar la foto, en pantalla gigante o impresa en una camiseta” de Gabriel pidiendo 'Justicia ya', en el contexto de un concierto musical“. Los progenitores aseguraban que se había pasado por alto el derecho que tienen a estar informados y a poder decidir sobre este tipo de cuestiones.

“Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace más que aumentar nuestro dolor”, decía Patricia, quien pidió que se “reflexione” y señala que, “si se habla precisamente de justicia, lo que no es justo es que su foto esté usándose como reclamo de ésta, sin hacerle justicia ni a él ni a su familia”.

Lucas responde “enfadado”

Lucas González, uno de los dos cantantes del grupo, respondió “sorprendido” y “muy enfadado” al comunicado de Patricia Ramírez. “¡Qué vergüenza!”, dijo el cantante andaluz en un vídeo en su cuenta de Twitter, que posteriormente ha borrado, en el que, tras pedir disculpas a los padres del pequeño, ha negado su intención de alinearse políticamente. “¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!”, argumentaba.

En cantante rechazaba en su respuesta que él o su compañero pretendieran obtener algún tipo de rendimiento para su fama con este acto. “Somos populares desde hace 16 años, no nos aprovechamos de la causa”, decía. También manifestaba que lo único que pretendían era “que la causa no muriera” y “ayudar para que esos hijos de puta que asesinan a niños no se salgan con la suya”.

“¡Yo también soy padre y si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado al suyo, Dios no quiera, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia!”, proseguía muy malhumorado en su réplica.

El vídeo, aparecía acompañado del texto “reitero, el mundo al revés”. En él, González denunciaba además que “este país se está volviendo loco, loco, pero luego pedimos firmas y nos echamos fotos con los políticos”.

El padre de Mari Luz da las gracias a Andy y Lucas

Con la polémica ya encendida, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña onubense asesinada el 13 de enero de 2008, agradeció al dúo Andy & Lucas que mostrase la imagen de su hija en dicho concierto, por encima de las críticas de la madre del niño almeriense.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales oficiales, Cortés respondió a esta polémica dando “las gracias al corazón solidario y de gente como vosotros -el dúo-”, que va a ayudar a que su causa “vaya a seguir adelante”.

“Es una realidad, y reitero mi agradecimiento y el de la plataforma 18M hacia ese gesto que habéis tenido con mi hija y la causa que llevamos hacia adelante por una justicia justa en España”, dijo, añadiendo que “todas las veces que llevéis la foto de mi hija os voy a estar agradecido”.

La disculpa con reproche de Andy y Lucas

Posteriormente, este sábado por la noche los cantantes aprovecharon un nuevo concierto para pedir perdón a la madre de Gabriel y apuntaron que “no hubiera estado mal” que, en vez de con un comunicado, “esto se hubiese hecho por privado”.  

“Pensé que no le iba a molestar ese gesto”, aseguró Lucas en referencia a la madre. “Le pido perdón de verdad, señora, por lo grosero que fui ayer. Yo quiero zanjar esto y queremos pasar página y dejarlo aquí. Nosotros después de hoy no vamos a hacer ninguna declaración. No contestamos; aguantamos insultos, aguantamos críticas, aguantamos el odio... De verdad que, vuelvo a repetir, todos los seres humanos somos de un padre y de una madre, a todos no les podemos gustar”, añadió, antes de echar en cara a los padres que hicieran público el comunicado.

“Eso sí, no hubiera estado mal que esto se hubiese hecho por privado, ¿no creéis? Que a lo mejor ella nos hubiera llamado personalmente a nosotros y no haber hecho un comunicado, pero no pasa nada. La culpa es nuestra”, dijo Lucas ante su público.

Por otra parte, el cantante aseguró que en ningún momento se han declarado “favorables a ningún partido político”. Lucas negó que su eslogan estuviera “politizado”. “Eso no pega; nosotros, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba ni de abajo. Nosotros somos de causa, y esa causa nos ha tocado”, afirmó.

Finalmente, y tras agradecer al padre de Mari Luz su apoyo, los artistas invitaron a subir al escenario a la madre de Diana Quer, que también quiso dar las gracias a Andy y Lucas por su iniciativa.   

“Estoy muy agradecida. Han tenido el detalle de invitarme y quiero apoyarles porque creo que solamente de gente tan buena y con un corazón tan grande pueden surgir este tipo de iniciativas. Ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas, porque los necesitamos”, dijo la madre de la joven asesinada hace más de dos años.

“No es racismo ni xenofobia ni nada de eso, es una fiesta y así se lo he explicado a la Fiscalía”. El alcalde de Coripe (Sevilla), el socialista Antonio Pérez, ha defendido la “tradición” de la 'Quema de Judas', cuya última víctima fue la asesina confesa del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería). Antes fueron linchadas muñecos que representaban a Barbara Rey, Eva Sannum, Iñaqui Undargarín o el asesino de Marta del Castillo. “Llevo toda la vida en Coripe y siempre se ha hecho esa tradición”, comenta uno de los vecinos de la localidad que ha arropado al primer edil a las puertas de los juzgados de Sevilla. Así le han recibido tras su declaración como investigado:

Pérez ha declarado junto a la concejala de Festejos de Coripe, Irene García, después de que los hechos fueran denunciados por 'Movimiento contra la Intolerancia'. El alcalde, al que se le ha visto bastante afectado por su comparecencia judicial, ha dicho escuetamente a los medios que ha explicado “la fiesta” a la Fiscalía y que “todo el mundo puede ver en Wikipedia” cómo se elige anualmente a una persona para lincharla, ha dicho repetidamente ante las preguntas de los periodistas al respecto.

El alcalde y la concejala, investigados por posible delito de odio, han estado arropados por aproximadamente un centener de vecinos, que se han organizado para acudir en autobús a Sevilla y que tampoco han querido comentar mucho al respecto de la investigación sobre su “fiesta”.

El alcalde, que en su momento pidió disculpas a los padres de Gabriel por el “revuelo formado”, ha añadido ante la prensa que en la 'Quema de Judas' “un muñeco representa el mal y lo que se mata es el mal”, del mismo que anteriormente ocurrió “con políticos, banqueros, árabes,... Hay que conocer la fiesta”.

La denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia por la que se abrieron estas diligencias de investigación adjuntaba un vídeo del pasado Domingo de Resurrección. Para la asociación, los hechos ocurridos son “contrarios a los más elementales principios del derecho reparador” y “obvian el necesario interés del menor, que ha de ser protegido en todo momento”, ya que “públicamente” fomentan “el odio y la violencia hacia la muñeca representativa de la confesa criminal del niño Gabriel” y en ellos “podrían desarrollarse estereotipos y prejuicios de naturaleza racista, misógina y xenófoba”.

La muñeca de Ana Julia, según la asociación, fue llevada a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros que, antes de colgarla, le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad. Durante el transcurso de los hechos se escucharos expresiones “vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia”, y todo esto se realizaba en un contexto popular con “menores presenciando los hechos”, según subraya la asociación.

La Fiscalía de la Audiencia de Sevilla ha citado como investigado al alcalde de Coripe (Sevilla), Antonio Pérez (PSOE), a raíz de una denuncia del Movimiento contra la Intolerancia por una fiesta en la que fue quemada una figura que representaba a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz.

La denuncia fue presentada tras difundirse unos vídeos de la fiesta de Judas del pasado Domingo de Resurrección, en los que se apreciaban “vejaciones racistas y violentas” contra el muñeco que representaba a Ana Julia Quezada.

Se trata de una fiesta que se celebra cada año y que consiste en tirotear a un muñeco hecho de trapo y paja que representa a un personaje conocido que haya destacado por haber realizado alguna mala acción en el que se esconde un poco de gasolina hasta que comienza a arder.

Según el escrito de citación al que ha tenido acceso Efe, el alcalde tendrá que comparecer ante la Fiscalía el próximo 6 de junio a las 11.00 horas para responder ante un posible delito de odio y explicar el procedimiento que se sigue para elegir al personaje del Judas de cada año y quiénes eran las personas que habrían realizado las supuestas expresiones vejatorias.

El Ayuntamiento aseguró en su día que no se trató de una fiesta racista, sino de una tradición que además es Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que los vecinos que lo organizan decidieron este año que la protagonista fuese Quezada.

Pese a las cifras sobre menores de edad desaparecidos en España (2.273 búsquedas activas en 2017, un 37,5% de las 6.053 registradas totales en el último año) la desaparición de Gabriel el pasado 27 de febrero ha generado una respuesta ciudadana especialmente llamativa y una cobertura de los medios propia de un asunto de Estado.

Desde el inicio, la madre y el padre de Gabriel han demostrado una entereza admirable, haciendo llamados a la solidaridad colectiva, a la justicia y a no alentar mensajes de venganza, incluyendo la reacción de rechazo ante la provocación de un tuit viral de uno de los representantes de VOX reclamando la pena capital. Tal y como señala Manuel Jabois, “hay algo casi matemático que es la distancia entre los mensajes de duelo y los mensajes de venganza. Cuanto menor es esa distancia, más adherida se siente la gente, porque estás dirigiéndote a personas conmocionadas”.

El llamado por parte de sus padres para encontrar a “nuestro pescaíto”, generó una inusitada oleada de mensajes y dibujos en redes sociales (#TodosSomosGabriel, #NoEstáisSolos), calles, comercios y colegios, convirtiéndose la búsqueda en una tarea colectiva que iba mucho más allá de las labores de los cuerpos y fuerzas de seguridad habituales. En la búsqueda se implicaron cerca de 1.200 personas que peinaron la zona durante 12 angustiosos días y cerca de 8.000 personas, entre las que se contaban numerosas familias con niños y niñas, se concentran en Almería inundando la plaza de peces de todos los colores. Incluso una iniciativa ciudadana en Change.org que ya ha recogido más de 12.000 firmantes, está pidiendo que el Acuario de Sevilla pase a llamarse: Pescaíto Gabriel Cruz, una clara voluntad ciudadana de homenajear y mantener el recuerdo de Gabriel.

Finalmente, la triste noticia de su asesinato congregó a más de 4.000 personas de todas las edades que acudieron a la capilla ardiente instalada en la Diputación Provincial de Almería, lo que implica que más de 1200 personas por hora dieron su último adiós al pequeño Gabriel.

¿Cuáles son los motivos que explican esta masiva respuesta, considerando que, casi sin excepción, asistimos a diario a noticias relacionadas con una violencia hacia niños y niñas que compromete sus vidas?

La infancia se hace noticia de forma habitualmente sensacionalista, sin que su tratamiento permita arraigar la idea de que es un bien cada vez más escaso, que el bienestar de niños y niñas debe entenderse como una responsabilidad colectiva pues forman parte cotidiana de la estructura social y, sobre todo, que es obligación de todos y todas que sus vidas se desarrollen garantizando todos sus derechos, como sujetos políticos que son.

Mientras esto no se convierta en un verdadero desafío colectivo en forma de política pública, muchas de las muertes violentas de las niñas y niños seguirán quedando en el silencio y en el olvido, y el dolor de esas pérdidas seguirá considerándose un acto exclusivo del ámbito privado. Es, por ello, un buen momento para reiterar que nuestro país necesita de forma urgente una ley integral contra toda forma de violencia sobre la infancia. Junto con la pobreza infantil y la situación de desigualdad, es uno de los principales retos en materia de derechos de infancia, y la mayoría de las organizaciones del sector vienen señalando la necesidad de esta ley desde hace ya varios años. El pasado mes de enero, el actual gobierno se comprometió ante Naciones Unidas a ello, pero aún queda un muy largo proceso hasta que esta pueda ver la luz y que tenga impactos positivos en las vidas de la infancia.

La pérdida de un niño, primero desaparecido y posteriormente hallado sin vida, es un episodio para el que la mayor parte de las personas no estamos preparadas emocionalmente. Si bien lo habitual es gestionar el drama entre la familia y sus allegados, sus padres apostaron por socializar su búsqueda y el duelo posterior de forma colectiva y pública. Así, Gabriel entró en nuestras casas, en todas nuestras “vidas digitales” y un mar de dibujos, especialmente infantiles, inundaron nuestras esperanzas de que apareciera con vida.

En medio del más doloroso episodio de sus vidas, han apelado a la justicia, la humanidad y la serenidad, con frases como “que lo que quede de este caso sean las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente” y “no quiero que esto quede en la rabia” pero, sobre todo, rechazando las voces de quienes siguen reclamando una venganza más basada en el racismo y la xenofobia que en la crueldad del hecho en sí.

Como en la magistral película del cineasta y sociólogo armenio Atom Egoyan, El dulce porvenir, que narra cómo cambia bruscamente la vida de un pueblo cuando un autobús escolar tiene un fatal accidente con la pérdida de la mayoría de los niños de la comunidad, Gabriel y sus padres han conseguido movilizar a una gran parte de la población almeriense y española como si de un flautista de Hamelín se trataran.

Este domingo a medio día ha tenido lugar una concentración a favor de la prisión permanente revisable, a la que han asistido el presidente Fernando López Miras y el alcalde José Ballesta junto a decenas de personas.

En el acto, celebrado en la Plaza de la Glorieta, se ha hecho especial mención el caso de Gabriel Cruz: “justicia para nuestro pescaíto y por todos los que un día fueron arrebatados a sus padres. Murcia está con vosotros”, se podía leer en una pancarta.

López Miras ha dicho que la concentración ha servido para “recordar a Gabriel y, junto a él, a todas las víctimas de estos crímenes horribles”, según informa Europa Press.

“Basta ya de estrategias partidistas” ha reprochado López Miras, que sigue sin entender cómo el PP “es el único partido que apoya sin fisuras la prisión permanente revisable”.

En este sentido, ha opinado que “no se pueden hacer más estrategias políticas ni se puede jugar con la tranquilidad de las familias ni con la seguridad de las personas”, en este sentido, ha prometido que “si hay líderes de otros partidos que aún no se han enterado, vamos a hacer que se enteren y que la sociedad se lo transmita”.

Por este motivo, ha pedido a la sociedad que se movilice ya que “esta sí es una causa noble y justa para estar todos en la calle”.

La convocatoria este domingo de una concentración en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz) en memoria del niño Gabriel Cruz, asesinado en Almería, llega precedida por la polémica después de que el PP haya incluido su logotipo en el cartel para llamar a la participación, cosa que no han hecho el resto de formaciones. Tal y como ha adelantado publico.es, en la propaganda distribuida con el #TodosSomosGabriel y el dibujo de un pescado con el que se ha identificado al pequeño de 8 años, dado su amor por el mar, los populares han incluido su logotipo con la frase “nos sumamos a la convocatoria”.

Desde los demás grupos de la oposición los han acusado de querer “instrumentalizar” un acto previsto a las 17.00 horas y en apoyo a una familia rota por la pérdida. Se da la circunstancia, además, de que el PP ya ha sido acusado de usar este caso, y el de otras familias con víctimas, para intentar defender su apuesta por endurecer la prisión permanente revisable, una medida debatida esta semana en el Congreso de los Diputados pero que sólo contó con el apoyo de C's y fue tumbada por el resto.

Estos hechos se producen cuando todavía sigue abierta la investigación en torno al infanticidio. Este jueves, el juez encargado de caso, bajo secreto de sumario, ordenaba el ingreso en prisión de Ana Julia Quezada, de 43 años y novia del padre de la víctima. Ha sido la única detenida por estos hechos, y tras declarar, ha confesado ser la autora de la muerte del niño, en la que el juez ha observado su voluntad por cumplir “un macabro plan criminal”.