El pasado 22 de junio se conoció que el Tribunal Supremo condenaba al exministro José Luis Ábalos a la pena de 24 años y tres meses de prisión. Ahora, justo un mes después de conocer la sentencia, quien fuera secretario de Organización del PSOE se dirige tanto al juez de Vigilancia Penitenciaria como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar que podría ser víctima de “represalias o de una sanción indirecta” en el centro penitenciario de Soto del Real.

En el escrito de queja dirigido por su defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que el pasado 20 de julio estaba autorizada y programada una comunicación íntima entre el exministro y su actual pareja, un vis a vis, pero en el momento del acceso de la visitante al centro “un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella”. La defensa lamenta que como consecuencia exclusiva de ese marcaje se impidió la celebración de la comunicación. Y pone el foco en que esa negativa de acceso se acordó sin comprobación posterior alguna, puesto que no consta “que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro” en aras de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos.

“La denegación se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior”, abunda, para luego recordar que el reglamento penitenciario recoge que los internos tienen “derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad”. Añade que el artículo 45 de esa norma regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual.

En este sentido, destaca que el reglamento solo contempla un único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación: el cacheo y, por tanto, “no se contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis”: “Es un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación”.

Por otro lado, la defensa de Ábalos explica que se da una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión para someter a su pareja al examen de perros policías porque “existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo. Por ello, pide al juzgado que declare que la denegación de ese vis a vis vulneró sus derechos, que garantice que no lo pierde y puede celebrar esa comunicación, y que advierta a la administración penitenciaria de la ilegalidad de tal proceder, ”requiriéndole para que se abstenga de reiterarlo y para que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante resolución motivada“.

Por otro lado, en la carta dirigida a Grande-Marlaska le pide que investigue ese episodio porque considera que puede tratarse “de una posible represalia y sanción encubierta”. Cree que el ministro debe tomar cartas en el asunto porque los hechos son graves y, por tanto, debe intervenir.

La represalia por una entrevista

Al ministro, además de contarle el devenir temporal de ese episodio que acabó en marcaje, le explica que se produjo “en estrecha proximidad temporal con la difusión en medios de comunicación de una entrevista grabada” por su hijo Víctor Ábalos en relación con su situación. “Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue”, añade.

Considera que, de ser ciertas sus sospechas, se estaría ante una sanción impuesta “al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—”. Esto, explica, sería “una desviación de poder” y por eso le pide al ministro que instruya a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan “si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia”.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico indican, sin entrar a hablar del caso concreto de Ábalos, que en las visitas se hacen controles con perros. Si uno de los canes hace un “marcaje lapa” porque huele o detecta una sustancia prohibida, es síntoma de que hay algo que no es correcto en esa visita y no se le permite entrar, añaden.

El término marcaje lapa hace referencia, según fuentes abiertas consultadas, a una técnica de adiestramiento canino pasivo que se utiliza principalmente por unidades caninas policiales y penitenciarias para detectar drogas. Se trata de una técnica idónea para este tipo de establecimientos porque el perro cuando detecta la sustancia solo se pega al foco exacto y lo señala con la trufa o la boca pero sin morder, rascar o romper.

Los funcionarios del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han tenido que intervenir durante la noche de este domingo en un incendio provocado por un interno, mientras se celebraba la final del Mundial disputada por España, que ha derivado en un episodio de autolesiones, aparte de una atmósfera de tensión y agitación entre los demás internos.

El sindicato Acaip-UGT y CSIF han trasladado en sus respectivos comunicados que el personal del centro también tuvo que atender un episodio de autolesiones y diversas alteraciones del orden, ante lo que han insistido la falta de personal en el centro y ha reclamado medidas para reforzar la seguridad y la atención a los internos.

De esta manera, los funcionarios del turno entrante y del saliente han tenido que hacer frente al incendio provocado en la habitación del interno, que ha sido trasladado a una celda de seguridad con videovigilancia. Posteriormente, según Acaip-UGT en una información recogida por el diario El Pespunte, el mismo recluso se ha autolesionado utilizando fragmentos de metacrilato y arrancando parte de la instalación de la cámara de vigilancia.

Tensión y gritos

Paralelamente, el resto del módulo de agudos ha registrado momentos de tensión con gritos, insultos y alteraciones del orden dirigidas contra los funcionarios y la jefa de servicios. A raíz de la respuesta dada, ambos sindicatos han felicitado a la plantilla por la intervención realizada, a la vez que ha denunciado “la grave y crónica falta de personal” que padece el Hospital, como la falta de TCAE que ha sido denunciada a Inspección de Trabajo por parte de CSIF.

A su vez, Acaip-UGT reclama el traslado del interno implicado, al considerar que la reiteración de los incidentes protagonizados por este supone un “elevado riesgo”, así como una reestructuración de las plantillas para adaptar los recursos humanos a las necesidades actuales de los hospitales psiquiátricos penitenciarios. “Esta sucesión de desórdenes regimentales en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla no es casual y derivan de la situación que se vive en este tipo de centros en España”, también apuntan desde CSIF.

Este suceso se añade al doble asesinato que ocurrió hace unos días en el mismo Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Además, hace unos meses hubo otro incendio provocado por el que se tuvo que alojar a una treintena de personas. Las reclamaciones de los sindicatos van centradas a la suma de más plantilla y recursos materiales, además de que haya más centros dedicados a la atención en salud mental para los internos, como el de Alcalá de Guadaíra, que todavía no tiene fecha de apertura y “llegará a acumular un retraso de casi un año”.

El presunto asesinato de dos internos a manos de un tercero en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla en la madrugada del pasado lunes ha provocado una nueva denuncia pública por parte de CSIF, que tilda las instalaciones como “obsoletas”. Además, indican que las condiciones de las infraestructura obligan a aglutinar reclusos: “Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”. Quejas que vienen de atrás, como refleja el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, en el que se da cuenta de la “sobresaturación” de uno de los tres centros habilitados en el país para atender a los presos con dificultades psíquicas.

La Policía Nacional investiga al presunto autor del homicidio, de 26 años, que acabó con la vida de sus compañeros de celda, de 26 y 54 años. Las primeras hipótesis que se barajan son que, en un caso, hubo estrangulamiento, mientras que la segunda persona falleció a causa de los golpes recibidos. Este hecho ha tenido lugar un mes y cinco días después de que otro interno intentara incendiar su celda y forzara la evacuación de 30 personas, otro episodio más desde que el sindicato pidiera la dimisión tanto del director gerente como de la subdirectora médica del centro.

Abierto en 1990, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro sevillano son internos judiciales que cumplen una medida de seguridad por haber sido declarados inimputables. En España solo hay tres instalaciones de este tipo: dos de ellas dependen de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Alicante y la propia Sevilla, y la tercera sería la Unidad de Hospitalización Psiquiátrico del Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, por lo que las competencias están transferidas a Cataluña. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene poder de gestión, así que el sindicato ya elevó una denuncia por el déficit de personal a Inspección de Trabajo.

A preguntas de este medio, las fuentes penitenciarias dan una relación de los puestos de trabajo que hay para atender a los 148 internos que hay en la actualidad: cinco psiquiatras, dos médicos, cuatro psicólogos, 15 enfermeros, 13 auxiliares de clínica y otros tres que se incorporarán la semana que viene, y 18 celadores.

Faltan auxiliares de enfermería y funcionarios

“Pedimos que se complete y aumente la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que, entre otras cosas, faltan TCAE, que son auxiliares de enfermería que ayudan tanto al reparto de la comida como a la propia higiene de los internos. De una plantilla de 24 personas, solo quedan cuatro”, afirma José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones a nivel provincial. En abril ya se notificó a la Subdirección General de Recursos de Instituciones Penitenciarias la “situación crítica” que había, según ha podido comprobar este medio, debido a que había nueve vacantes.

Otra de las faltas estructurales que identifica en el personal es el relacionado con los funcionarios. “A la hora de que haya un problema, como una pelea, hay solo un funcionario por módulo cuando debería haber tres o cuatro”, explica. “Se informa por walkie del incidente, en el que no puedes intervenir para solucionarlo hasta que llegue el resto de compañeros”, dejando margen para que suceda un incidente mayor en unas instalaciones que tiene capacidad para 100 personas.

En el caso del presunto asesinato, sostiene que los funcionarios no registraron ningún tipo de enfrentamiento entre las víctimas y el presunto agresor durante el día anterior, pero lo que sí denuncia es que “se están ligando internos de diferentes tipos”. ¿Qué quiere decir? En las prisiones se divide a los internos en distintos departamentos y celdas según sus características. Entonces, aquellos que sufren una psicopatía son puestos en módulos separados del resto de internos para evitar incidentes.

“Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”, defiende, con lo que da cuenta de la falta de camas que hay en la infraestructura carcelaria. “La dejadez con este tipo de hospitales es de responsabilidad nacional”, es decir, del Ministerio del Interior, “que es quien tiene que invertir en personal y medios materiales”, ya que, asegura, todo está “muy anticuado”, como los sistemas de incendios, las cámaras, las alarmas del edificio o la propia apertura de puertas, que se hace con llaves. “Demandamos que se abran más centros de este tipo porque hay muchos internos que necesitan un hospital psiquiátrico y se encuentran en las prisiones normalizadas”, mantiene.

La falta de construcción de psiquiátricos penitenciarios obliga a que haya cada vez más casos de internos con problemas psiquiátricos que provocan mayores dificultades en el resto de cárceles, apunta Montero. “Necesitan un tratamiento diferente con especialistas, como los psiquiatras, que estén en su día a día para realizar la visita y supervisión de su estado”, subraya.

“Aglomeración”, y sin fecha para Alcalá de Guadaíra

Queda pendiente la reapertura del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra, que se cerró en abril de 2024 para su reconversión en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario provincial en sustitución del actual. Una rehabilitación licitada por 5,8 millones de euros en 2023 por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) que aún no está finalizada. El nuevo edificio debería contar, según constaba en el pliego, con una unidad de crisis/agudos, una unidad de complejos, otra de estables, además de otro módulo para las mujeres y una unidad abierta o de “minirresistencia”. Todo ello, acompañado por espacios verdes que contrastarían con las pequeñas dimensiones y el cemento recargado que hay en las instalaciones que siguen operativas.

En este sentido, las fuentes penitenciarias determinan que aún está en construcción y la función de Alcalá de Guadaría será “descongestionar” y “trasladar” a los más de cien reclusos a un centro “más grande, amplio y moderno”. Otra instalación que aún está pendiente de construir es la de Siete Aguas, en Valencia. Un proyecto que lleva en vilo casi dos décadas y ha sufrido distintas transformaciones, pero que está contemplado en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), informa Las Provincias, y está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación.

El Defensor del Pueblo

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ya reflejó en 2020 las penosas condiciones del Psiquiátrico, para el que se pedía “una ampliación sustancial del tamaño de las instalaciones”, “una remodelación integral” y “considerar la ubicación de los pacientes en unas dependencias que reúnan una condiciones más adecuadas para la función rehabilitadora que se persigue”. La falta de personal tanto en número de auxiliares, celadores y psiquiatras, la suciedad o el déficit del sistema de videovigilancia ya eran motivo de queja hace seis años. La última visita se produjo en 2023, tal y como refleja el informe del órgano dependiente del Defensor del Pueblo.

Hace tres años, los observadores indicaban en sus conclusiones principales que había una existencia de sobremedicación, también de espacios reducidos, falta de individualización de los pacientes, así como ausencia de psicoterapias, reclusión con escasas posibilidades de salidas fuera del hospital, desarraigo y aglomeración. Asimismo, se reflejó una “escasez crónica” de personal, que continuaba tras tantos años, en especial, aquellos de primera línea, y se recomendó a la Administración que estableciera una consulta de psicología clínica, una cuestión que no se aceptó. Los datos que aportan las fuentes penitenciarias consultadas por este medio relacionados con los puestos de trabajo indican que ha habido una mejora en este trienio, pero las reivindicaciones de los sindicatos persisten para mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos.

Toni Chavero acaba de salir en libertad tras pasar 18 años en la cárcel. Se ve desnortado, envuelto por una realidad para la que no le prepararon, y arrastra una inestabilidad mental que aplaca, como puede, junto a sus padres. No siempre se tiene tanta suerte de tener un lugar al que ir una vez excarcelado. En esos casos, la burocracia que se impone en las organizaciones del tercer sector ralentiza unos procesos que no pueden esperar. Una vez fuera de prisión, el cuidado de esa persona no es competencia de Instituciones Penitenciarias.

Ahí aparecen esas otras entidades, paradójicamente las que gozan de menos subvenciones, para conseguir un espacio en el que el excarcelado pueda pasar sus primeros días, lo que puede llegar a crear algún conflicto si la persona presenta un deterioro cognitivo severo o algún problema de salud mental.

Ana Gordaliza, educadora social en la prisión de Valdemoro (Madrid), considera que “a veces la institución penitenciaria es el último depósito de todas las problemáticas sociales”. Dada su experiencia, sostiene que las cárceles llegan a albergar a “personas con trastornos mentales graves, incluso autistas”. Y el problema llega con la excarcelación definitiva: “Ahí vemos el cometido de la institución. Más allá de hacer cumplir la finalidad retributiva de la pena, también debe preparar para la reinserción y la gente lo que se encuentra a la salida es un desierto”, comenta esta profesional.

La maraña burocrática que trabajadoras como ella se afanan constantemente en superar para que las personas excarceladas puedan encontrar un lugar digno en el que rehacer su vida se ve torpedeada por la falta de recursos, competencia habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos. “Hay gente que sale de la cárcel sin saber dónde va a dormir esa noche. Te ves en situaciones muy sangrantes, con personas muy vulnerables socialmente y sin ninguna respuesta”, sostiene la educadora de Valdemoro.

La gravedad aumenta cuando la persona sufre un deterioro cognitivo o padece algún problema de salud mental. “La prisión empieza a no ser el último, sino único recurso para ellos. Insisto en que la cárcel es el único lugar en el que siempre hay plaza y sin lista de espera”, confiesa la misma Gordaliza. La institución penitenciaria parchea esta realidad, pero saltan las costuras. “Personas con este deterioro tienen muchas dificultades para cumplir regimentalmente las normas, así que se ven en primer grado gran parte de su condena”, añade.

Como solución, esta experta propone sacar el tratamiento sanitario de estas personas a la red comunitaria de las comunidades autónomas, que no depende del Ministerio del Interior. Así, se facilitarían las derivaciones y el entrar en las listas de espera para una plaza en una residencia pública, por ejemplo. Además, ello permitiría dejar de tener una mirada tan focalizada en la retribución de la pena y más orientada en la incorporación de la persona en la sociedad que se encontrará.

Excarcelado e ingresado en un hospital en apenas horas

Lo que destaca Gordaliza tendría efectos concretos que podrían redundar en una mejora del proceso de excarcelación. No habla en abstracto. “Hace unos días, salió un hombre de 70 años que antes de ingresar vivía en su coche. Llegó a prisión con una cierta discapacidad leve diagnosticada, pero aquí comprobamos que de leve no tenía nada. Cuando hubo que ponerle en libertad, no tenía a dónde ir”, introduce la educadora social. Algunas empresas del tercer sector se ven obligadas a trabajar con una burocracia laberíntica impuesta por la Administración que no responde a tiempo a las necesidades. Por eso, en tantas ocasiones son las entidades más pequeñas, que no reciben tantas ayudas públicas, las que hacen el trabajo.

Encontraron una solución en la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar). Ingrid Muñoz, coordinadora del proyecto ‘Y después de la cárcel, ¿qué?’ de esta asociación, apunta que la situación de estos presos “es dramática desde el momento en que no están lo suficientemente atendidos en el centro penitenciario”. Fue en uno de los cinco pisos de acogida que Apromar tiene en Entrevías (Vallecas, Madrid) donde el hombre del que hablaba Gordaliza pasó sus primeras horas en libertad.

“Aquí llegan personas con trastorno de la personalidad no diagnosticado y con ciertas deficiencias que descubres a lo largo de su estancia o ves en la convivencia, pero normalmente no tienen un gran deterioro cognitivo”, asume Muñoz. Sin embargo, aquel día fue diferente. El hombre, por la tarde, defecó y lanzó sus heces por la ventana y estaba algo violento con sus compañeros de piso. Tras llamar al 112, fue ingresado en el hospital Infanta Leonor, de donde se escapó, y volvió a ser ingresado en el 12 de octubre.

“Nosotras hemos comprobado cómo la gente sale adelante cuando se le dan los recursos, y eso es lo que necesitamos, más recursos para poder atender a estas personas”, recalca la también psicóloga. Desde Apromar, donde intentan luchar contra los bulos que estigmatizan a la población presa, sostienen que estos casos suelen ser habituales.

Un informe de la Confederación Salud Mental España, publicado en 2022, ya concluía que “se han de poner en marcha urgentemente alternativas terapéuticas a los tratamientos punitivos, ya que vulneran los derechos humanos y resultan inútiles, porque no se consigue una reinserción real en la sociedad, sino más bien una entrada a una puerta giratoria alejada de la atención sanitaria”.

La red que te salva

Sucede con Toni Chavero, excarcelado hace unas semanas tras pasar casi 20 años en prisión. Un amigo le recibió a la salida del penal de Texeiro (A Coruña). Recuerda aquel momento con gran emoción. Las lágrimas brotan en sus ojos cuando dice que “debe ser un momento tristísimo salir y que no haya nadie, no tener arraigo”. Este madrileño de 55 años asegura que tener una red social fuerte “te puede salvar”. Y con salvar se refiere a no volver a caer en las drogas o tener que delinquir para sobrevivir.

Una vez libre, Chavero es consciente de cómo han disminuido sus facultades mentales en prisión. Ya no son solo los cambios a nivel social o tecnológicos, sino el estado de su salud: “Los únicos que me han ofrecido ir a un psicólogo han sido los Traperos de Emaús. Yo me he salvado por ellos y por mi red, porque siempre he estado metido en grupos de apoyo anarquistas y anticarcelarios”, determina.

Con este tipo de realidades conviven también desde la Asociación Solidarios para el Desarrollo, que trabaja tanto con personas en situación de calle como el colectivo de presos. Álvaro Crespo es el responsable de su programa ‘Cultura en Prisiones’: “Las conexiones entre el centro penitenciario y la sociedad funcionan con medios precarios. Hay personas que se quedan en un limbo de atención y que terminan en la calle por la falta de espacios a los que ir”, indica.

Este especialista en el sector admite que la institución penitenciaria ha afrontado un problema de salud mental entre los internos que “ya ha rebosado el vaso”. “La incidencia de problemas de salud mental entre las personas privadas de libertad puede triplicar a la de las personas del exterior”, cifra. El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, de la Confederación, apunta a que uno de cada tres presos ha sido diagnosticado de un trastorno mental. El Defensor del Pueblo también abordaba la problemática en su balance de 2025, donde señala el “problema estructural de la escasez de personal sanitario en prisión”.

Las dificultades para encontrar recursos

Instituciones Penitenciarias asegura a elDiario.es que ofertan programas formativos orientados a la población penitenciaria que los preparan para la libertad. Por otra parte, inciden en que su plantilla, entre la que se encuentran educadoras y trabajadoras sociales y psicólogos, “está orientada exclusivamente (por mandato legal) para intervenir con los internos mientras que se encuentran bajo” su “ tutela”.

Asimismo, detallan que “la excarcelación de las personas penadas se prepara desde los equipos técnicos, cuando las circunstancias lo requieren y especialmente en casos de personas con enfermedad mental”. Sin embargo, que lo requieran no significa que siempre lo permitan: “Los trámites a seguir en estas situaciones no los establece Instituciones Penitenciarias, sino los ayuntamientos y comunidades autónomas”.

Ante dicho extremo, añaden que “es innegable que hay serias dificultades de encontrar un recurso”. Por un lado, a la escasez existente, a nivel general de la sociedad, se unen las dificultades de ser personas que se encuentran cumpliendo una condena. Por otro lado, las profesionales no tienen un fácil acceso a los recursos comunitarios al pertenecer a diferentes administraciones, concluyen desde Instituciones Penitenciarias.

El nuevo centro penitenciario de Donostia, en Zubieta, abrirá sus puertas este lunes, el 15 de junio. Sustituirá al viejo Martutene. Construido por el Estado y cedido ahora al Gobierno vasco, titular desde 2021 de las competencias de Prisiones en Euskadi, se publicita como un espacio en que la arquitectura y los equipamientos ayudarán a la apuesta por la reinserción social.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha hecho de guía este jueves a los medios de comunicación en las entrañas del nuevo centro penitenciario de Zubieta. La instalación, construida con una inversión de 45,5 millones de euros, contará con capacidad para más de 400 personas y dispondrá de una plantilla formada por 255 funcionarios..

La nueva cárcel señala que se busca un modelo “más humano”. Martutene se concibió en la dictadura, justo después de la Guerra Civil, y en Zubieta hay un frontón, biblioteca o módulo para madres, un añadido que solamente hubo en el viejo presidio hace unos pocos años. San José ha insistido en que “la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos”. Según ha explicado, el sistema penitenciario debe garantizar el cumplimiento de las penas y la protección de la sociedad, pero también ofrecer herramientas para que las personas presas puedan “reconstruir su proyecto de vida”.

Zubieta se ha levantado sobre una superficie de 80.714 metros cuadrados, casi el doble que Martutene, que ronda los 36.000. Sus instalaciones tienen un carácter “urbano”, hasta el punto de hacer sentir que se trata de “una pequeña ciudad”, según ha descrito Alfredo Gómez, director tanto del nuevo centro como antes de Martutene. El recinto cuenta con amplios espacios al aire libre, algunas zonas verdes y varios edificios muy luminosos por dentro distribuidos en seis módulos residenciales, además de áreas deportivas, culturales, sanitarias, de servicios básicos y de comunicaciones. Durante la visita, Gómez no ha evitado las comparaciones entre ambas cárceles, resumiendo el cambio como el paso “de un sistema de control y vigilancia a uno de reinserción social”.

Todos los módulos residenciales disponen en su planta baja de espacios comunes equipados con futbolín, mesa de ping-pong, televisión y patios abiertos. En la primera planta se ubican las celdas compartidas, donde dos personas conviven en una habitación con litera, escritorio individual y un pequeño baño. Cinco de los seis módulos están destinados a hombres y suman un total de 208 celdas.

El módulo femenino incorpora una singularidad respecto al resto: una unidad para madres ubicada en la segunda planta. En total, las mujeres dispondrán de 16 celdas, cuatro de ellas adaptadas para madres con hijos menores de tres años. Estas habitaciones se asemejan a pequeños apartamentos, con espacios diferenciados para el descanso y la convivencia con los bebés, además de baño privado. Las zonas comunes de esta planta presentan también una decoración más colorida que la del resto del centro.

Además de los espacios de ocio de los módulos residenciales, las personas internas dispondrán de instalaciones para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la lavandería. En este mismo edificio se ubica el aula destinada a la formación profesional culinaria, la cual se asemeja al estudio del programa 'Masterchef'. San José ha confirmado que el centro ofrecerá programas en colaboración con Lanbide relacionados con la cocina, la peluquería, la construcción o los cuidados y el acompañamiento.

El área sanitaria es dos plantas. Las consultas de medicina general, psiquiatría y odontología ya están equipadas con material moderno. En la planta superior se encuentran siete habitaciones destinadas a aquellas personas internas que necesiten permanecer ingresadas durante la noche por motivos de salud. Esto está gestionado por Osakidetza.

Junto a la enfermería se sitúa el edificio de comunicaciones, donde los internos y sus visitantes acceden por entradas separadas. La planta baja está reservada para encuentros familiares, mientras que la superior alberga los vis a vis: dieciséis destinados a familiares y cinco de mayor tamaño para reuniones con abogados.

El centro dispone también de un amplio espacio deportivo y cultural. Además de una cancha polideportiva, un gimnasio aún no montado, y un frontón al aire libre, alberga un salón de actos destinado a eventos y representaciones teatrales. Las personas internas tendrán acceso asimismo a una biblioteca dotada de numerosos libros y una zona de estudio. Destaca también la presencia de murales y obras artísticas distribuidas por distintos puntos del recinto.

El próximo 15 de junio será inaugurado oficialmente el centro penitenciario de Zubieta. Tal y como se anunció en febrero, el traslado de las personas presas desde Martutene se realizará efectivamente a mediados de junio y, según ha explicado Gómez, se espera completar “en un día” durante la próxima semana. Pero sólo se ha cumplido el último de los plazos. Antes todo han sido retrasos.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse en 2005, las obras no arrancaron hasta 2021. Inicialmente estaba previsto finalizar la construcción en 2023 y abrir las instalaciones en 2024. Dos años más tarde, la infraestructura que busca sustituir a Martutene se ha convertido finalmente en realidad. El viejo Martutene será derribado para dejar paso a viviendas en la ciudad con los precios más caros.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Jesús Martín nuevo director del Centro Penitenciario de Cuenca tras la jubilación de Jesús Javier Mora, quien ha sido su director desde 2023.

Jesús Martín, salmantino y graduado en Derecho, ingresó en la Administración Penitenciaria en el Cuerpo de Ayudantes en 1991, desempeñando diversas funciones en los centros penitenciarios de Ocaña II, Tenerife y Valencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

En 2020 promocionó al Cuerpo Especial y estuvo destinado en la prisión de Teruel. Sus siguientes destinos fueron las subdirecciones de Régimen del Centro Penitenciario de Cuenca y del Centro de Inserción Social de Valencia en 2021. Dos años después asumió la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario de Valencia hasta la actualidad.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.

Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.

Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.

Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.

El mapa penitenciario es el primer síntoma: de las decenas de prisiones estatales, solo dos son centros exclusivos para mujeres: Madrid I y Ávila, donde cumplen condena 593 internas. Las 3.020 restantes se ven obligadas a habitar módulos femeninos incrustados en cárceles de hombres o en los escasos módulos mixtos existentes. Esta convivencia bajo un modelo masculino implica, en la práctica, peores espacios, actividades reducidas y un control de movimientos más asfixiante.

Extremadura: el castigo del desarraigo

En Extremadura, la situación se reproduce con precisión quirúrgica. A fecha de 11 de febrero de 2026, la región cuenta con 61 mujeres presas (incluyendo a quienes cumplen en semilibertad): 31 adscritas al Centro Penitenciario de Cáceres y 30 al de Badajoz.

Al no existir centros exclusivos ni unidades de madres en la comunidad autónoma, el sistema empuja a estas mujeres a una encrucijada cruel. Si tienen hijos menores de tres años, deben ser trasladadas a centros como el de Sevilla para no ser separadas de ellos, perdiendo el contacto con su entorno extremeño. Si deciden quedarse cerca de sus familias en la región, deben renunciar a la crianza directa, dejando a los menores bajo acogimiento familiar o institucional.

En el Centro Penitenciario de Cáceres, las 31 mujeres conviven en un único espacio sin una clasificación criminológica real. Mientras los hombres son divididos por edad, peligrosidad o comportamiento, ellas comparten módulo independientemente de su perfil. Esta falta de segregación mezcla trayectorias incompatibles, derivando en conflictos y una participación casi nula en actividades formativas.

El espejo del patriarcado y la salud en paréntesis

Para ADHEX, la prisión es un reflejo intensificado de la sociedad global patriarcal. El perfil de la mujer presa en Extremadura está atravesado por la vulnerabilidad: ocho de cada diez son madres y el 80% han sido víctimas previas de violencia de género. Además, la tasa de analfabetismo cercana al 49% y la sobrerrepresentación de mujeres gitanas y extranjeras añaden más capas de exclusión.

Uno de los puntos más críticos es la desatención sanitaria, especialmente en Cáceres. Pese a haber cinco plazas médicas presupuestadas, actualmente solo hay un facultativo a media jornada para toda la población reclusa. La ausencia de psiquiatras en plantilla y la falta de atención ginecológica especializada —pese a las recomendaciones del Consejo de Europa— vulneran derechos básicos. Alfageme cita el caso de “María” (nombre ficticio), interna de 39 años con historial de maltrato que solo recibe apoyo psicológico de forma puntual “cuando lo necesitaría de manera constante”.

Hacia la perspectiva de género: la respuesta institucional

En este escenario de precariedad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende un cambio de paradigma iniciado en 2019 tras un análisis integral de las necesidades de las reclusas. Este proceso se consolidó en 2021 con una orden de servicio que busca impregnar toda la ejecución penal de una perspectiva feminista real.

La Administración ha comenzado a aplicar nuevos protocolos de ingreso que, por primera vez, tienen en cuenta la historia personal de las internas. Según ha confirmado el Gobierno a preguntas de elDiario.es Extremadura, las entrevistas iniciales incorporan ahora preguntas específicas sobre situaciones de violencia machista, experiencias de prostitución o responsabilidades de maternidad, y todo el lenguaje administrativo se ha revisado para adoptar fórmulas inclusivas. Esta perspectiva se extiende también a los programas de tratamiento, rediseñados para romper con los roles de género tradicionales y actualizar procedimientos especialmente sensibles, como el protocolo de prevención del suicidio.

Asimismo, se ha fomentado la creación de espacios de convivencia común para normalizar la vida en prisión y evitar el aislamiento de las mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con 22 unidades terapéuticas mixtas para el tratamiento de adicciones y 8 módulos de respeto mixtos. Todo este despliegue está supervisado por el Departamento de Igualdad, creado en mayo de 2021 con el mandato de evaluar que el acceso a la formación y al trabajo sea equitativo y no perpetúe la infrarrepresentación femenina por ejemplo en ciertos talleres.

Pese a este despliegue normativo, desde ADHEX se insiste en que la “neutralidad” del sistema sigue siendo su mayor injusticia. Mientras la atención médica especializada y el fin del desarraigo geográfico no sean una realidad palpable en los módulos de Badajoz y Cáceres, la reinserción será, para estas 61 mujeres, poco más que una declaración de intenciones. El reto para este 2026 no es solo actualizar los protocolos, sino garantizar que la prisión deje de ser ese espacio ciego que castiga doblemente a quien ya llega golpeada por la desigualdad. Es obvio, que se está en el camino, pero solo eso, porque la meta se vislumbra aún bastante lejana y llena de obstáculos para las mujeres privadas de libertad y de tantos otros derechos básicos que deberían estar garantizados.

José Luis Martín Martín ha dedicado 35 años a la institución penitenciaria, pero su implicación con la población reclusa ha ido más allá de limitarse a cumplir con una jornada laboral y un horario. Su vocación, unida a su formación como educador y psicólogo, ha sido una de las claves para que su metodología centrada en el tratamiento haya sido capaz de estimular a las personas que cumplen una pena privativa de libertad para lograr hacer efectiva la palabra reinserción.

Una de sus principales obsesiones siempre ha sido dar visibilidad y ofrecer alternativas a la población reclusa. No se explica cómo hay tanta falta de empatía en la sociedad: “Hay un barrio equidistante entre Gijón, Oviedo y Avilés que se llama Centro Penitenciario de Asturias, con 1.000 habitantes, de los cuales el 90% son asturianos”.

Reinserción con contenido

José Luis Martín nació en la ciudad alemana de Frankfurt hace 61 años. Hijo de emigrantes extremeños que se instalaron a vivir en el Nuevo Gijón, un barrio obrero asturiano, siempre tuvo claro desde que opositó a Instituciones Penitenciarias que la palabra reinserción no era una expresión manida vacía de contenido.

Su “brújula de orientación” hasta el pasado mes de septiembre, cuando le llegó la hora de la jubilación, ha sido el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Un trabajo vocacional

Ha aplicado su experiencia profesional en varias prisiones del país. Ha trabajado en las cárceles de El Dueso, en Cantabria, y Alhauín de la Torre, en Málaga.

Durante tres años ejerció como educador en la prisión de Picassent, en Valencia, donde se hizo cargo de dos módulos: el módulo de madres donde las presas convivían con sus hijos e hijas de cero a seis años, y el módulo de presas comunes.

Cumplidos los 30 años, aterrizó en Asturias donde se incorporó al equipo del educador Faustino García Zapico, donde se desarrolló un modelo, exportado a otras cárceles del país, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos afectados por graves adicciones y politoxicomanías. La creación de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se convertía así en un espacio libre de drogas.

Evitar la estigmatización

“Coordinaba educación para la salud. En aquella época moría mucha gente de VIH y comencé a hacer grupos emocionales para que la población reclusa afectada no se sintiera estigmatizada”, explica José Luis.

Durante casi una década trabajó en la UTE hasta que tuvo “una crisis de metodología”, como él mismo señala: “es la falacia de la dicotomía. José Saramago decía que la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu propio punto de vista es la única realidad. No puedes decir que un punto de vista es verdadero sin ver otras alternativas”.

Estuve seis años en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, exclusivo de mujeres. Su transformación en un módulo de respeto fue un hito porque puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60

Un set de rodaje en la prisión

Él estaba convencido de que había otras formas de abordar el tratamiento con la población reclusa y dio un salto y dedicó todo su esfuerzo y sus energías a transformar el denominado módulo 10, exclusivo de mujeres, en un módulo de respeto.

“Puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60 mediadoras”, dice con orgullo.

El minuto de gloria de las reclusas

Durante esta etapa, las internas disfrutaron de su minuto de gloria con el estreno de su primer proyecto cinematográfico, como protagonistas y figurantes. Recuerda cómo las reclusas se implicaron en un cortometraje que las directoras de cine Ángeles Muñiz Cachón y Teresa Marcos, propietarias de la productora audiovisual De Souna, rodaron en la cárcel asturiana en 2010.

Por primera vez en la historia de la prisión, un equipo de rodaje accedió al interior y logró que un grupo de presas atraparan la sensación de libertad sin salir del recinto penitenciario.

Actrices y figurantes

Ángeles Muñiz echó a rodar la iniciativa en mayo de 2009 tras contactar con Mercedes González, de la Asociación Prisión y Sociedad. Quería conocer qué pensaban y cómo vivían las presas y José Luis no dejó pasar la oportunidad y le propuso realizar inicialmente una obra de teatro con las internas que surgía a través de un plan de salud sobre el sida que se desarrollaba en la cárcel y en septiembre de ese mismo año se incorporó la cineasta Teresa Marcos.

No había un guión predeterminado y cada interna aportaba su idea y resultó todo un éxito. 'Módulo 10' se presentó a festivales y obtuvo el reconocimiento del 48 Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio al mejor cortometraje ex-aequo Día d'Asturies y del VIII Festival de Cine Asturianu, al alzarse con el segundo premio al mejor cortometraje.

El cortometraje 'Módulo 10' donde las internas participaban como actrices y figurantes vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza y se hacen visibles. Pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas

Nuevos hitos

Fue un acicate más para el educador: “este cortometraje vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza, se hacen visibles y fue todo un hito. En ese momento pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas”.

José Luis, siempre pergeñando nuevas iniciativas para ilusionar e implicar a la población reclusa en cuantos proyectos emprendía, no dudó en poner sus conocimientos en Psicología al servicio de la creación del denominado 'Programa para la Prevención de Recaídas y Conductas Delincuenciales'.

Del 'Precod' al 'Odiseo'

Este programa, conocido como 'Precod', iba dirigido a aquellas personas que presentaban una problemática adictiva tanto desde los módulos del Centro Penitenciario como desde el Centro de Inserción Social (CIS).

Como coordinador del CIS impulsó un nuevo proyecto, denominado 'Odiseo', basado en la organización de coloquios compartidos por personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión en medio abierto.

No coquetear con las drogas

Con 'Odiseo' busca concienciar al alumnado de los institutos asturianos de la importancia de que no caiga en el consumo de drogas, logrando asimismo un impacto positivo de reconstrucción en las personas penadas que participan en los coloquios.

El Proyecto Odiseo es una forma de prevenir al alumnado para que no caiga en el consumo de drogas y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil

“El proyecto Odiseo lo creé hace dos años junto con la Asociación de Familiares y personas con enfermedad mental de Asturias (AFESA) y Miriam Basante, técnica del Programa Reincorpora de esta asociación, para realizar una labor de prevención con adolescentes”, comenta.

Prevención y catarsis

El objetivo es darles a conocer qué acciones les puede llevar a acabar en una cárcel y es una forma de que las personas que viven esa experiencia se lo cuenten de primera mano para que tomen conciencia. Es una forma de prevenir a los alumnos y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil“, describe.

Medalla al mérito penitenciario

La implicación de José Luis en la metodología del tratamiento le valió el reconocimiento público cuando la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, propuso que se le concediera la medalla de bronce al mérito penitenciario “por su decidida apuesta, desde su ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el año 1991 y a lo largo de toda su trayectoria profesional, por hacer efectivo el espíritu de reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española”.

En septiembre de 2024, el secretario general del Ministerio del Interior le comunicó su concesión “por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denotan una especial iniciativa y dedicación”. Conseguía así dar la visibilidad a la población reclusa por la que tanto ha luchado a lo largo de los 35 años de ejercicio profesional.

Compromiso con la inclusión

Y como todo llega, el pasado mes de septiembre la jubilación llamó a su puerta. Como José Luis es una persona muy activa, no quería que su pase a esta nueva etapa vital frenara en seco toda la motivación que le hace sentirse vivo cada día ayudando siempre a los más vulnerables. Como no podía ser de otra manera, se implicó aún más con la oenegé Asociación Fraternidad, muy comprometida con la inclusión de las personas con diversidad funcional.

Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles

La gerente Mayca González Collado le propuso hace tres años trabajar con ellos como vocal y él aceptó sin dudarlo. Ambos se conocían con anterioridad porque ella trabajó en Plena Inclusión y colaboraba con él en el Centro Penitenciario de Asturias con población reclusa con diversidad funcional.

“Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles”, lamenta José Luis.

En la Asociación Fraternidad ha encontrado mucho apoyo en Antonio García Suárez, con quien aparece en la imagen que acompaña estas líneas, ya que le aporta una visión diferente al ser una persona con diversidad funcional. Esta es la primera vez en Asturias que una persona con discapacidad intelectual forma parte de la Junta Directiva y las iniciativas y sugerencias que propone son imprescindibles para conocer mejor las inquietudes y expectativas del colectivo.

“Creo mucho en las personas y pienso que hay que mirar siempre a los ojos y tirar de los ángeles que llevan dentro”. Así es José Luis, el educador y psicólogo que transmite su metodología del tratamiento en su día a día, tanto con concertinas intramuros en una prisión como en libertad.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de CSIF y Acaip-UGT han advertido de un “grave altercado” producido el pasado viernes 30 en el centro penitenciario de Huelva a raíz de un amotinamiento de decenas de presos y “la agresión a los funcionarios que trataban de abortarlo” en el módulo cuatro. Sin embargo, fuentes penitenciarias han matizado que el altercado se ha saldado sin heridos.

En concreto, las mencionadas fuentes, consultadas por Europa Press, han precisado que “no ha habido ningún motín” y que “no se ha perdido el control”, al tiempo que han indicado que “unos internos se han opuesto a que se los llevaran a aislamiento”. Pese a que “ha habido que usar la fuerza física”, han concretado que no hay heridos tras el incidente.

En cambio, CSIF Huelva ha relatado en un comunicado que un preso “ha agredido brutalmente a otro interno residente, necesitando asistencia sanitaria por heridas” durante el traslado de un “interno conflictivo” a uno de los módulos habilitados para este tipo de reclusos. Ante esta situación, critica la “inseguridad imperante” en el centro penitenciario.

Barricada con mesas y sillas

Por su parte, Acaip-UGT ha señalado en una nota que los hechos se iniciaron “cuando un interno agredió violentamente a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto”, momento en el que los funcionarios de servicio “procedieron a trasladar al agresor al módulo de aislamiento”.

Posteriormente, según ha apostillado el sindicato, varios internos del módulo al que el agresor pretendía ser trasladado “reaccionaron de forma violenta, llegando a levantar una barricada con mesas y sillas en la sala de día, desde donde increparon y amenazaron a los funcionarios”, y han cifrado entre diez y doce los internos que mantuvieron “una actitud claramente violenta y desafiante”.

A raíz de lo sucedido, los sindicatos exigen una clasificación interior de la población reclusa acorde a su comportamiento, así como el traslado y dispersión de los internos protagonistas del suceso, aparte de un procedimiento sancionador actualizado y contundente con los incumplimientos normativos y la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios. También, requieren más formación específica y medios para los trabajadores.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio –el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares– hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Audiencia ha considerado que Carcaño “tiene garantizado su mínimo de subsistencia” a través de la cobertura del régimen penitenciario, al tiempo que ha apostillado que la nómina “no resulta necesaria” para cubrir las necesidades básicas de dignidad humana.

Por ello, ha argumentado que el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el centro penitenciario, sino a la reparación de las víctimas de los hechos. No obstante, la Audiencia ha establecido que Carcaño podrá disponer de 200 euros mensuales para cubrir sus gastos personales dentro del centro.

El centro penitenciario de Cuenca sufrirá una “adaptación del número de internos” ante el avance de esa reforma que lleva ya varios meses en marcha, según han confirmado fuentes penitenciarias a Europa Press, mientras que desde la sección sindical de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras hablan más bien de un “cierre provisional” que les ha sido comunicado este lunes por la administración.

En el centro penitenciario de Cuenca se están ejecutando una reforma integral de la que se encarga una empresa y por otro, del aislamiento térmico del centro que ejecutará otra diferente.

Según la información del sindicato, en un principio no había intención de trasladar a ningún interno a otros centros penitenciarios cercanos. Sin embargo, la administración les ha comunicado que ha decidido vaciar el centro para poder llevar a cabo la reforma integral y no entorpecer el trabajo de las empresas.

En esta prisión con capacidad para unas 130 personas, ya se habían trasladado a algunos internos antes de que comenzarán las obras y Comisiones Obreras informa de que ahora van a trasladar a la mayoría de los 30 internos que quedan. “Dejarán únicamente a los que tienen asignado algún destino de trabajo en ese centro”, precisan desde la sección de Prisiones.

Por su parte, la plantilla fija de ese centro continuará adscrita al mismo.

Si algún trabajador o trabajadora del centro quiere solicitar una comisión de servicios a otro centro, la administración lo valorará favorablemente, mientras que el personal funcionario de prácticas sí va a ser trasladado a otros centros. En este caso hay 5 personas afectadas.

En la prisión de Cuenca trabajan habitualmente unas 112 personas. La previsión de finalización de las obras es para finales de 2025.

Aparición de amianto

Por otro lado, la central sindical CCOO ha revelado el hallazgo de amianto en varias instalaciones del centro, una sustancia confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como carcinógena del primer grupo en humanos.

CCOO ha exigido la intervención urgente del servicio de prevención de riesgos laborales para que evalúe el riesgo y proteja al personal, adoptando los protocolos y medidas preventivas que exige la normativa.

El sindicato ha señalado que los próximos días visitará este centro el Siepse, la empresa pública encargada de gestionar el Plan de Amortización y creación de Establecimientos Penitenciarios (Pacep) entre otras infraestructuras del Ministerio del Interior, para tener un conocimiento directo de la ejecución de estas obras y los problemas surgidos.

Este jueves por la mañana han finalizado las diferentes exposiciones, charlas o representaciones teatrales de la semana cultural dedicada a Miguel Hernández en el centro penitenciario Murcia II Campos del Río que comenaron el pasado 16 de junio. Durante el acto de clausura, tres internos han recitado sendos poemas del autor oriolano y, finalmente, otros dos internos han plantado en el huerto terapéutico de la prisión, que desde hoy adquiere el nombre del poeta de Orihuela, un esqueje procedente de la higuera de la casa de Miguel Hernández, cedido por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha asistido a la clausura y ha señalado que “Miguel Hernández es una figura inspiradora en términos vitales y creativos, si en su caso pudiera separarse una cosa de la otra, pues solo alguien con esa dimensión humana sería capaz de hilvanar algunos de los versos más conmovedores de la historia de la literatura española”.

La delegada del Gobierno ha pedido a los internos e internas, que han participado activamente en todos los actos programados durante la semana, que tuvieran en cuenta el ejemplo del poeta, que, según ha dicho, “fue capaz de transformar toda la rabia, tristeza y desesperanza de su situación en prisión en la apabullante belleza de sus versos”.

“Por eso, queridos internos, igual que él aplacaba la soledad y la melancolía con el recuerdo de su mujer y su hijo, necesitamos de vuestra actitud, compromiso y voluntad de promoción y crecimiento personal, pensando en vuestras familias y en toda esa gente que hay ahí fuera y que también os quiere y necesita, para que logréis una reinserción plena y satisfactoria”, les ha trasladado.

Guevara también ha reconocido el trabajo y la implicación de los funcionarios de prisiones durante esta semana cultural y ha destacado “la inconmensurable labor social que realizan en su tarea diaria”.

Al acto también han asistido el secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Vicente Pina, la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, entre otros.

Recuerdo la primera vez que entré en prisión como abogada. Fue en el año 2016 y no tenía experiencia ni estaba familiarizada con el mundo penitenciario. En la APDHA, la asociación para la que colaboro como activista por la defensa de los derechos de las personas presas, habíamos recibido una carta de un preso que se encontraba cumpliendo condena en Puerto I, prisión de máxima seguridad que se encuentra ubicada en El Puerto de Santa María, Cádiz, y que data de la década de los 80. En esa carta nos hacía un relato de la situación en la que se encontraba para finalmente solicitar ayuda, sin especificar qué tipo de ayuda precisaba.  

A lo largo de todos los años que llevo entrando en prisión me he dado cuenta de que, cuando en las cartas no se concreta, la ayuda que se solicita trasciende de lo jurídico. Porque las cartas imprecisas suelen venir de los módulos de aislamiento. 

El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las personas clasificadas en primer grado y también se utiliza como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en una cárcel dentro de la cárcel.  

La falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento

El aislamiento implica una limitación de las salidas al patio (entre 2 y 4 horas al día), limitación de contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, comidas en solitario, negación de permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior y negación o limitación de actividades, entre otras cuestiones.  

Esta falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento.  

Además, se trata de espacios de escasa transparencia que favorecen los abusos e irregularidades, resultando inviable pensar en la reinserción de las personas que se encuentran en dicha situación. 

La normativa penitenciaria indica que este régimen se aplica a personas clasificadas en primer grado por su “peligrosidad extrema” o “manifiesta inadaptación al régimen ordinario”. Sin embargo, la realidad es que muchas personas con patologías mentales acaban cumpliendo condena en aislamiento, siendo estas personas no tanto de “extrema peligrosidad” sino más bien de “extrema vulnerabilidad”.  

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable

Por otra parte, las graves carencias de psiquiatras y la ausencia de psicólogos clínicos impiden descartar patologías y problemas de salud mental que deberían ser abordados de forma especializada, en lugar de agravados por el propio aislamiento y la falta de atención médica. 

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable. 

Varias entidades de la sociedad civil trabajamos juntas desde hace años en una campaña por la abolición del aislamiento penitenciario, en la que hemos concluido que dicho régimen de vida es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a las Reglas Mandela, las Reglas de Bangkok y a las Normas Penitenciarias Europeas, y atenta contra la dignidad de las personas.  

Así se expuso en las jornadas celebradas en Madrid el pasado 29 de noviembre de 2024 para la presentación del informe de dicha campaña, en las que participaron médicos, juristas y miembros de asociaciones internacionales que trabajan por la abolición del aislamiento en España y en Europa. 

Por todo ello, desde la APDHA concluimos que es urgente acabar con el aislamiento penitenciario porque resulta incompatible con los fines de reeducación y reinserción del artículo 25 de la Constitución Española, al que están orientadas las penas privativas de libertad, porque supone un trato inhumano y degradante de las personas presas y porque constituye tortura.

Un desahogo, una forma de expresarse, unas palabras que sustituyen el deseo de una segunda oportunidad, un alivio para quien cometió un error, una “equivocación puntual”. “Señalados” por la sociedad que reclaman su sitio, arrepentidos que saben que “el fracaso es parte de la vida” pero que “si no fracasas no aprendes y, si no aprendes, no cambias” (Abraham Clemente). “Mis días en prisión transcurrían como quien pasa las hojas en blanco de un bloc de notas vacío, siempre igual, siempre lo mismo” (Ulgar Arroyo).

El Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla ha acogido este martes la presentación de 'Equipaje para la libertad', un libro que recoge relatos escritos por personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios. La iniciativa, liderada por la Asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, tratar de visibilizar el poder de la escritura como herramienta de expresión, reflexión y transformación personal desde dentro de los muros de una cárcel, “un lugar para no entrar, y los que ya hemos estado, no volver a entrar más” (Antonio C.S.).

El acto ha sido presentado por el octavo teniente de alcalde de Sevilla, José Luis García, y el presidente de Zaqueo, Francisco Yoldi, y ha contado con la participación representantes de instituciones penitenciarias en los centros de Sevilla. Pero hoy los protagonistas han sido ellos, los internos, las personas que privadas de libertad han querido expresar sus sentimientos y compartir sus experiencias desde la prisión para ser conocidos “más allá de lo que muestra el cine o la televisión”, y ayudarse a sí mismos a “la reconstrucción de sus vidas”. “Un viaje a través de las palabras, una ventana hacia la mente y el corazón de aquellos que han encontrado en la escritura su forma de liberación”, según destaca Amparo Morillo, psicóloga en Zaqueo y creadora de esta “bendita locura” según se ha resaltado en el acto.

El “grito mudo de quienes no tienen voz”

La descripción del primer día entre rejas, unas estrofas dedicadas a una madre (“la dueña de mi alma”) o las relaciones con los funcionarios de prisiones son algunos de los ejemplos de esta recopilación que sirve “puente hacia la comprensión y el reconocimiento de la humanidad que reside en cada historia compartida” y que trata de “superar los estereotipos”, como han coincidido alguno de los participantes en la presentación de este certamen literario de relatos penitenciarios.

Con una audiencia joven en su mayoría, compuesta por estudiantes de Trabajo Social, los propios internos han dado lectura a alguno de sus relatos donde comparten sus vivencias y reflexiones personales. Personas como Abraham, quien aprendió a “viajar” entre los libros de la biblioteca de la prisión, esos que “no te señalan” por “un error” sino que te enseñan el mundo a través de sus páginas, según ha expresado. O Pablo, cuyo dibujo ha servido para ilustrar la portada del libro, con unas manos piadosas que sirven de “grito mudo de quienes no tienen voz” y que quieren “una vida que aún puede ser redimida”.

“Una vida, un viaje. Como todo viaje, se empieza, pero también se acaba”, como escribió M.D.M. “Atrapados en esta materia oscura de hormigón, sobreviven seres extraordinarios con sus capacidades y simplezas particulares. Aunque si te sentaras en un rincón del patio a observarlos, podrías pasar horas sin notar su presencia, igual que una vieja papelera desconchada en una esquina olvidada”, relató Moisés Muñoz en otro de los pasajes del libro, cuyos autores han protagonizado también conversaciones informales, ofreciendo una perspectiva cercana y humana sobre el impacto de la escritura en su proceso de reintegración social.

Montserrat González fue condenada a 22 años de cárcel como autora confesa del asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación Provincial y del PP de León, perpetrado en 2014. Ante el tribunal del jurado reconoció, el 20 de enero de 2016, que no estaba arrepentida: “Lo volvería a hacer; si dijera lo contrario, mentiría”. Su hija, Triana Martínez, recibió una pena de 20 años de prisión como cooperadora necesaria en la comisión del asesinato. Ahora, cuando están a punto de cumplirse once años del crimen, las dos alegan que están “arrepentidas”.

Su anterior letrada, Anabel Prieto Torices, ha renunciado a seguir representando a madre e hija. La abogada ha confirmado a elDiario.es Asturias que decidió abandonar su representación legal a raíz de que conociera que habían contactado con otro abogado sin comunicárselo a ella.

“Decidí renunciar a continuar con su representación legal cuando me enteré de que estaban llamando a otro abogado a mis espaldas. La relación profesional entre un abogado y su cliente se basa en la confianza. En este caso concreto, tras haber trabajado durante mucho tiempo con ellas, ha habido una falta de confianza absoluta hacia mí y así no podía seguir”, ha explicado.

El relevo en la defensa

A lo largo de estos diez años y ocho meses transcurridos desde el asesinato, nunca habían mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento, ni a través de mensajes dirigidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ni a la familia de Isabel Carrasco.

Por eso ha sorprendido en medios judiciales este cambio de comportamiento en las dos reclusas, que ha coincidido en el tiempo con el relevo en la representación legal.

Su nuevo abogado es el penalista Fernando Pamos, que está personado en la causa desde hace tres meses. Tiene despacho en Madrid y lleva 30 años en ejercicio.

Los casos mediáticos

Fernando Pamos ha llevado casos muy mediáticos. Entre otros, ha ejercitado la defensa de Antonio Puerta en el caso de la agresión al profesor Jesús Neira, así como de la que fuera miembro de la banda terrorista ETA, ya acogida a la Vía Nanclares cuando asumió la defensa, Idoia López Riaño. También ha llevado la representación procesal de algunos de los implicados en el ‘Tamayazo’, el célebre caso de transfuguismo del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Entre su bagaje profesional cita la defensa del caso de las “Escuchas del CESID” que costó el puesto en los años 90 del siglo pasado al vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al ministro de Defensa Julián García Vargas; la defensa, como letrado director, de los denominados sumarios de Argentina y Chile de la Audiencia Nacional, en la persona de los exmilitares argentinos Adolfo Francisco Scilingo, Ricardo Miguel Cavallo y del que expresidente chileno Augusto Pinochet, así como la colaboración en la defensa de otros exmilitares detenidos en España, y fuera de España, en sede de la petición de extradición de la República Argentina y chilena por crímenes de genocidio y “Delitos contra la Humanidad”. 

Ellas han querido y han pedido perdón. Lo han hecho de motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento

Fernando Pamos de la Hoz — Abogado penalista. Ha asumido la representación legal de Montserrat y Triana

Fernando Pamos no entiende por qué ha causado tanta sorpresa que madre e hija hayan decidido mostrar su arrepentimiento y exponer sus argumentaciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

A la pregunta realizada por este periódico sobre si el posible acceso a beneficios penitenciarios está detrás del cambio de actitud de la madre, quien llegó a admitir en el juicio que “no se arrepentía y volvería a cometerlo”, el letrado ha respondido con otra pregunta: “¿Cuántos años han pasado ya?”, y ante la respuesta de “más de diez años”, él ha contestado: “Pues la pregunta se contesta sola”.

“En estos años han podido reflexionar”

Un tiempo que, a juicio del letrado, es más que suficiente para que ambas hayan podido reflexionar y pedir perdón, sin que se les haya exigido desde estamento alguno.

“El ser humano se diferencia de los animales en que estos no tienen capacidad de pensar y ellas han reflexionado sobre lo que es su vida”, ha dicho.

El abogado incide en que ese arrepentimiento ha sido espontáneo de madre e hija, sin que hayan influido terceras personas y sin que mediara una recomendación suya: “Ellas son dos personas mayores en edad y en gobierno”.

“Han querido y han pedido perdón. Lo han hecho motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento”, ha afirmado.

Los informes de la Junta de Tratamiento

La madre tiene informes a favor de los permisos por parte de dos o tres personas que forman parte de la Junta de Tratamiento, el problema es que no hay mayoría a favor de su disfrute, mientras que la hija ya ha tenido varias salidas programadas en la cárcel de Asturias.

No obstante, Fernando Pamos puntualiza un aspecto que cree que no se está teniendo en cuenta y es la naturaleza de estos permisos.

“Parece que aquí los permisos son como la puerta a la libertad y, sin embargo, se trata de permisos de dos o tres días para estar con la familia y luego vuelves a prisión. Además, te tienes que presentar todos los días en la comisaría. No es la libertad. Es algo que ya se contempla”, añade.

Su paso por varias cárceles españolas

El primer destino de madre e hija fue la cárcel de Villahierro en Mansilla de las Mulas (León), de ahí pasaron al centro penitenciario de Valladolid, también conocido como Villanubla, y finalmente fueron trasladadas a la cárcel de Asturias, donde cumplen la condena y comparten celda.

Fuentes penitenciarias aseguran que sus traslados de cárceles se han debido a su mal comportamiento que se tradujo en la apertura de varios expedientes penitenciarios que derivaron en sanciones.

Su comportamiento en la prisión de Asturias

Sin embargo, en Asturias, el equipo de tratamiento, integrado por un trabajador social, un psicólogo, un jurista y un educador, resaltó el buen comportamiento, la integración y participación de Triana en variadas actividades intramuros.

En un informe del equipo multidisciplinar que integra la Junta de Tratamiento, al que ha tenido acceso este periódico, se ha posicionado, por unanimidad, a favor de conceder permisos ordinarios a Triana como una forma de incorporarse a la sociedad de forma paulatina.

Una apreciación que comparte el abogado Fernando Pamos, quien ha señalado que tanto Montserrat González como Triana Martínez mantienen actualmente un comportamiento “excelente” en la prisión asturiana.

El asesinato

El próximo 12 de mayo se cumplirán once años del asesinato. En 2014, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, Isabel Carrasco se dirigía desde su casa situada en el paseo de la Condesa hasta la sede provincial del PP, en el paseo de Salamanca, en León, donde iba a reunirse con compañeros de partido para acudir a un mitin en Valladolid donde iba a participar el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el momento en que la política cruzaba la pasarela sobre el río Bernesga, Montserrat González se acercó a ella, empuñó el arma que llevaba y disparó a corta distancia y por la espalda a su víctima.

Montserrat González primero efectuó dos disparos y, cuando Isabel Carrasco cayó desplomada en el suelo, la remató con un tiro en la nuca. La presidenta de la Diputación de León falleció en el acto.

Montserrat González fue detenida junto a su hija tras intentar huir en coche por el centro de la ciudad en la calle Gran Vía de San Marcos.

La venganza, como móvil

Un policía en segunda actividad había presenciado los hechos y las había seguido. Dos días más tarde se detuvo a la entonces policía local Raquel Gago, acusada de complicidad, al tener en su coche el arma con la que se había consumado el asesinato y que Triana le había introducido en su vehículo.

La madre argumentó que la venganza por el despido de su hija de su puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación de León había sido el móvil del asesinato.

El juicio con jurado y las condenas

El juicio se celebró ante un tribunal del jurado en el año 2016 y se saldó con la condena de las tres acusadas: Montserrat, como autora material, recibió una pena de 22 años de cárcel; su hija una pena de 20 años como coautora y Raquel Gago una pena de cinco años por encubrimiento.

Las condenas fueron recurridas primero ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y posteriormente ante el Tribunal Supremo.

Tras revisar las condenas, finalmente las penas para madre e hija quedaron intactas, mientras que la condena se elevó para Raquel Gago que pasó de los cinco años de cárcel iniciales a una pena de 14 años de prisión.

La Audiencia Provincial de León dictó en un auto, en febrero de 2016, donde declaraba el mantenimiento de la situación de libertad condicional de Raquel Gago e imponía una fianza de 30.000 euros.

Las quejas de Triana

En septiembre de 2024, con nueve años y medio de pena ya cumplidos, elDiario.es Asturias publicaba la queja de Triana Martínez por la denegación “sistemática” de la posibilidad de acceder a permisos de salida ordinarios, a pesar de que contaba con informes favorables emitidos por el equipo de tratamiento de la prisión y los posibles “agravios comparativos” con otros internos.

Ahora, madre e hija se han dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para mostrar su arrepentimiento por el asesinato de Isabel Carrasco, en una petición que, según su nuevo letrado, no es un requisito para la obtención de permisos penitenciarios y que nadie “les ha exigido”.

Como cada año, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, marca el comienzo de 16 días de activismo en una campaña de la ONU que persigue movilizar a toda la sociedad ante la alarmante escalada de la violencia contra las mujeres y que termina coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos

Las condenas por violencia machista son hoy la tercera causa de ingreso en prisión, según Instituciones Penitenciarias, seguidas de los delitos contra el patrimonio y la salud pública. Una razón de mucho peso por la que los centros penitenciarios no están, no podrían, quedar al margen de la valiosa tarea de sensibilización y rehabilitación de la conducta agresora para disminuir el riesgo de reincidencia, una vez cumplida la condena que aparta a los violentos de la sociedad 

En ocasiones esta implicación recibe el agradecimiento de las instituciones y por eso José Javier García Aroca y su equipo del Centro Penitenciario de Albacete es uno de los Premios Menina 2024 que otorga la Delegación del Gobierno a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

Todo es voluntario, pero ellos y ellas acuden. Hay un trabajo previo de psicólogos y educadores. Tratamos el mensaje para que les cale y modifique los aprendizajes adquiridos que son desadaptativos, que aprendan un nuevo estilo relacional

“Es un premio para todo el equipo de profesionales penitenciarios y entidades no gubernamentales que nos ayudan a ejecutar este trabajo”, dice este albaceteño, psicólogo de prisiones, que desde 2022 dirige al equipo técnico responsable del tratamiento de los internos en el único centro mixto que tiene hoy Castilla-La Mancha, con 240 hombres y 14 mujeres.

La prisión promueve variadas actividades para sensibilizar a la población reclusa en materia de violencia machista. Talleres, monólogos, concursos de relatos … “Todo es voluntario, pero ellos y ellas acuden. Hay un trabajo previo de psicólogos y educadores. Tratamos el mensaje para que les cale y modifique los aprendizajes adquiridos que son desadaptativos, y que aprendan un nuevo estilo relacional. Que desarrollen un pensamiento crítico y se den cuenta del tipo de violencia que ejercen”.

Intervenir con los agresores desde una perspectiva clínica 

García Aroca defiende el Programa PRIA de intervención psicosocial en violencia de género que busca facilitar a los juzgados y a los Servicios Sociales Penitenciarios la intervención con hombres penados por este tipo de delitos. Y preguntado por el tabú de poner el foco en los maltratadores debido a un convencimiento de que no pueden cambiar, dice que “durante el tiempo que están en prisión es necesario que hagan una revisión del comportamiento que les ha llevado a esa situación y por eso se interviene con estas personas, para reducir el riesgo posterior”.

“Es una forma de proteger a la sociedad y evitar víctimas en el futuro. Más del 90% de los hombres que pasan por este programa de tratamiento específico, con una buena implicación, no vuelven a reincidir”. Este porcentaje que recuerda José Javier, es un dato Instituciones Penitenciarias que pasa bastante desapercibido entre la opinión pública.

Es una forma de proteger a la sociedad y evitar víctimas en el futuro. Más del 90% de los hombres que pasan por este programa de tratamiento específico, con una buena implicación, no vuelven a reincidir

También es voluntario participar en este programa de terapia cognitivo conductual que se considera eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo controlar mejor las situaciones estresantes de la vida. “Pero tratamos de animarles. Se busca que se responsabilicen del daño que han hecho, que reconozcan también la violencia psicológica y que entiendan que la conducta violenta es un tipo de respuesta aprendida y que el objetivo es modificar ese comportamiento”.

Enseñar a las internas a prevenir: “Un elevado porcentaje ha sufrido violencia”

A las mujeres se les ayuda a prevenir la violencia machista porque “un elevado porcentaje de internas la han sufrido durante su infancia, adolescencia o etapa adulta. Se trabaja la autoestima, el mito del amor romántico que muchas veces lleva a invisibilizar la violencia de la que son víctimas. Se les enseña a identificar factores de riesgo y estamos buscando a otras mujeres, profesionales, que les hagan llegar un mensaje de empoderamiento y podamos ayudarles en su proceso de reinserción cuando salgan de prisión. Este año se está implantando un programa que se llama Ser mujer”. 

Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2023, nueve de cada diez internos en las prisiones españolas son hombres (92,9 %) y esta situación no experimenta cambios significativos en relación con 2022. Sin embargo, la vulnerabilidad de la mujer determina su perfil.

Por eso, 2024 es el segundo año en el que el centro penitenciario de Albacete desarrolla unas jornadas, que son también mixtas, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se abordan temas consensuados con las internas y en la primera edición, desarrollada con la entidad Quorum Plus, se abordaron factores como la extranjería, la discapacidad o la pertenencia a la etnia gitana, que las hacen más vulnerables 

“Este año, entre los meses de febrero y abril, se han desarrollado otras temáticas como el papel de la mujer en las políticas públicas. El ambiente es muy dinámico en prisión. Hay módulos de respeto con el compromiso de mantener un comportamiento adecuado para resolver los conflictos y que se involucren en sus programas de tratamiento”. 

Los Premios Menina 2024 se entregaron en Toledo el pasado 21 de noviembre destacando a nueve personas y entidades “porque lamentablemente los datos nos indican que vuestra labor y vuestro ejemplo en la lucha contra la violencia machista es más necesario que nunca”, dijo durante el acto la Delegada del Gobierno, Milagros Tolón. 

El subdirector de Tratamiento de la prisión de Albacete se muestra agradecido. “No nos aburrimos y nos gusta tanto la labor que hacemos, que es súper satisfactorio que se reconozca. Te da el empuje para continuar”.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado el lleno “absoluto” del centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, que actualmente dispone de menos de la mitad de su capacidad debido a la reforma integral de sus instalaciones, pese a lo cual sigue ingresando internos --algunos de ellos de primer grado-- a los que “no hay donde ubicar”.

Además, ha puesto de manifiesto las “decadentes” condiciones en las que se encuentran algunas dependencias y la falta de criterio a la hora de trasladar internos para dejar capacidad a los nuevos ingresos.

Así lo ha señalado este viernes el sindicado en un comunicado en el que ha criticado la “falta de previsión” por parte de la administración penitenciaria y que no se adoptan las medidas necesarias para el desarrollo de las obras --iniciadas en septiembre de 2023-- con las “oportunas garantías de seguridad y habitabilidad”.

Según ha explicado, actualmente el módulo 1 y el departamento de mujeres se encuentran “máximo” de su capacidad, con 156 internos y 17 internas, respectivamente. Mientras, en el módulo 2 quedan seis huecos libres.

Sin embargo, ha anunciado que este viernes, con la autorización de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (SGIP), “recibimos 19 internos, alguno de ellos en primer grado --los más peligrosos--, que permanecerán en el módulo de ingresos, donde no podrán salir al patio ni ducharse por las decadentes condiciones en las que se encuentra este departamento”, ha lamentado.

Al respecto, ACAIP-UGT ha censurado que este asunto ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los sindicatos, e incluso al defensor del Pueblo, pero “sin soluciones en sus respuestas”.

Por otra parte, la organización sindical ha explicado que la plantilla se “queja de la falta de criterio” a la hora de trasladar internos para dejar capacidad a los nuevos ingresos, así como de la “falta de atención” de la SGIP a las propuestas de traslado que se solicitan desde el centro.

En este sentido, han detallado que desde El Dueso se están trasladando a cárceles de otras provincias a presos con “buen comportamiento y arraigo familiar, que desempeñan algún puesto de trabajo o incluso están matriculados en la escuela y en la UNED”. Algunos de ellos, internos de apoyo, que sirven para acompañar a otros con protocolo de prevención de suicidios.

En cambio, han lamentado que en el penal santoñés se quedan internos “problemáticos”, que no desempeñan ningún tipo de actividad laboral o educativa y que no hacen sino “alterar la convivencia y aumentar las quejas de los internos que sí cumplen con las normas y los programas de tratamiento”.

Además, han añadido que con esta circunstancia, esos internos ven que su buen comportamiento “no es tenido en cuenta y son trasladados a otras cárceles con el perjuicio no solo para ellos y sus familias. Esto acaba derivando en el aumento de la crispación y los problemas de convivencia”, han sentenciado.

Por ello, desde el sindicato ACAIP-UGT solicitan a la dirección del centro penitenciario el cambio de criterio en la adopción de sus acuerdos de traslado, y a la administración penitenciaria la conducción de un número suficiente de internos para poder acoger a los nuevos que lleguen desde la calle.

“Solo el mes pasado recibimos 60 ingresos”, han asegurado desde el sindicato, que han exigido a la SGIP la “suspensión de las conducciones mientras duren las obras en el centro, ya que no tiene ningún sentido aceptar internos de otras prisiones cuando debemos vaciar la nuestra”, han concluido.