“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.

Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.

Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.

Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.

El mapa penitenciario es el primer síntoma: de las decenas de prisiones estatales, solo dos son centros exclusivos para mujeres: Madrid I y Ávila, donde cumplen condena 593 internas. Las 3.020 restantes se ven obligadas a habitar módulos femeninos incrustados en cárceles de hombres o en los escasos módulos mixtos existentes. Esta convivencia bajo un modelo masculino implica, en la práctica, peores espacios, actividades reducidas y un control de movimientos más asfixiante.

Extremadura: el castigo del desarraigo

En Extremadura, la situación se reproduce con precisión quirúrgica. A fecha de 11 de febrero de 2026, la región cuenta con 61 mujeres presas (incluyendo a quienes cumplen en semilibertad): 31 adscritas al Centro Penitenciario de Cáceres y 30 al de Badajoz.

Al no existir centros exclusivos ni unidades de madres en la comunidad autónoma, el sistema empuja a estas mujeres a una encrucijada cruel. Si tienen hijos menores de tres años, deben ser trasladadas a centros como el de Sevilla para no ser separadas de ellos, perdiendo el contacto con su entorno extremeño. Si deciden quedarse cerca de sus familias en la región, deben renunciar a la crianza directa, dejando a los menores bajo acogimiento familiar o institucional.

En el Centro Penitenciario de Cáceres, las 31 mujeres conviven en un único espacio sin una clasificación criminológica real. Mientras los hombres son divididos por edad, peligrosidad o comportamiento, ellas comparten módulo independientemente de su perfil. Esta falta de segregación mezcla trayectorias incompatibles, derivando en conflictos y una participación casi nula en actividades formativas.

El espejo del patriarcado y la salud en paréntesis

Para ADHEX, la prisión es un reflejo intensificado de la sociedad global patriarcal. El perfil de la mujer presa en Extremadura está atravesado por la vulnerabilidad: ocho de cada diez son madres y el 80% han sido víctimas previas de violencia de género. Además, la tasa de analfabetismo cercana al 49% y la sobrerrepresentación de mujeres gitanas y extranjeras añaden más capas de exclusión.

Uno de los puntos más críticos es la desatención sanitaria, especialmente en Cáceres. Pese a haber cinco plazas médicas presupuestadas, actualmente solo hay un facultativo a media jornada para toda la población reclusa. La ausencia de psiquiatras en plantilla y la falta de atención ginecológica especializada —pese a las recomendaciones del Consejo de Europa— vulneran derechos básicos. Alfageme cita el caso de “María” (nombre ficticio), interna de 39 años con historial de maltrato que solo recibe apoyo psicológico de forma puntual “cuando lo necesitaría de manera constante”.

Hacia la perspectiva de género: la respuesta institucional

En este escenario de precariedad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende un cambio de paradigma iniciado en 2019 tras un análisis integral de las necesidades de las reclusas. Este proceso se consolidó en 2021 con una orden de servicio que busca impregnar toda la ejecución penal de una perspectiva feminista real.

La Administración ha comenzado a aplicar nuevos protocolos de ingreso que, por primera vez, tienen en cuenta la historia personal de las internas. Según ha confirmado el Gobierno a preguntas de elDiario.es Extremadura, las entrevistas iniciales incorporan ahora preguntas específicas sobre situaciones de violencia machista, experiencias de prostitución o responsabilidades de maternidad, y todo el lenguaje administrativo se ha revisado para adoptar fórmulas inclusivas. Esta perspectiva se extiende también a los programas de tratamiento, rediseñados para romper con los roles de género tradicionales y actualizar procedimientos especialmente sensibles, como el protocolo de prevención del suicidio.

Asimismo, se ha fomentado la creación de espacios de convivencia común para normalizar la vida en prisión y evitar el aislamiento de las mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con 22 unidades terapéuticas mixtas para el tratamiento de adicciones y 8 módulos de respeto mixtos. Todo este despliegue está supervisado por el Departamento de Igualdad, creado en mayo de 2021 con el mandato de evaluar que el acceso a la formación y al trabajo sea equitativo y no perpetúe la infrarrepresentación femenina por ejemplo en ciertos talleres.

Pese a este despliegue normativo, desde ADHEX se insiste en que la “neutralidad” del sistema sigue siendo su mayor injusticia. Mientras la atención médica especializada y el fin del desarraigo geográfico no sean una realidad palpable en los módulos de Badajoz y Cáceres, la reinserción será, para estas 61 mujeres, poco más que una declaración de intenciones. El reto para este 2026 no es solo actualizar los protocolos, sino garantizar que la prisión deje de ser ese espacio ciego que castiga doblemente a quien ya llega golpeada por la desigualdad. Es obvio, que se está en el camino, pero solo eso, porque la meta se vislumbra aún bastante lejana y llena de obstáculos para las mujeres privadas de libertad y de tantos otros derechos básicos que deberían estar garantizados.

José Luis Martín Martín ha dedicado 35 años a la institución penitenciaria, pero su implicación con la población reclusa ha ido más allá de limitarse a cumplir con una jornada laboral y un horario. Su vocación, unida a su formación como educador y psicólogo, ha sido una de las claves para que su metodología centrada en el tratamiento haya sido capaz de estimular a las personas que cumplen una pena privativa de libertad para lograr hacer efectiva la palabra reinserción.

Una de sus principales obsesiones siempre ha sido dar visibilidad y ofrecer alternativas a la población reclusa. No se explica cómo hay tanta falta de empatía en la sociedad: “Hay un barrio equidistante entre Gijón, Oviedo y Avilés que se llama Centro Penitenciario de Asturias, con 1.000 habitantes, de los cuales el 90% son asturianos”.

Reinserción con contenido

José Luis Martín nació en la ciudad alemana de Frankfurt hace 61 años. Hijo de emigrantes extremeños que se instalaron a vivir en el Nuevo Gijón, un barrio obrero asturiano, siempre tuvo claro desde que opositó a Instituciones Penitenciarias que la palabra reinserción no era una expresión manida vacía de contenido.

Su “brújula de orientación” hasta el pasado mes de septiembre, cuando le llegó la hora de la jubilación, ha sido el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Un trabajo vocacional

Ha aplicado su experiencia profesional en varias prisiones del país. Ha trabajado en las cárceles de El Dueso, en Cantabria, y Alhauín de la Torre, en Málaga.

Durante tres años ejerció como educador en la prisión de Picassent, en Valencia, donde se hizo cargo de dos módulos: el módulo de madres donde las presas convivían con sus hijos e hijas de cero a seis años, y el módulo de presas comunes.

Cumplidos los 30 años, aterrizó en Asturias donde se incorporó al equipo del educador Faustino García Zapico, donde se desarrolló un modelo, exportado a otras cárceles del país, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos afectados por graves adicciones y politoxicomanías. La creación de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se convertía así en un espacio libre de drogas.

Evitar la estigmatización

“Coordinaba educación para la salud. En aquella época moría mucha gente de VIH y comencé a hacer grupos emocionales para que la población reclusa afectada no se sintiera estigmatizada”, explica José Luis.

Durante casi una década trabajó en la UTE hasta que tuvo “una crisis de metodología”, como él mismo señala: “es la falacia de la dicotomía. José Saramago decía que la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu propio punto de vista es la única realidad. No puedes decir que un punto de vista es verdadero sin ver otras alternativas”.

Estuve seis años en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, exclusivo de mujeres. Su transformación en un módulo de respeto fue un hito porque puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60

Un set de rodaje en la prisión

Él estaba convencido de que había otras formas de abordar el tratamiento con la población reclusa y dio un salto y dedicó todo su esfuerzo y sus energías a transformar el denominado módulo 10, exclusivo de mujeres, en un módulo de respeto.

“Puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60 mediadoras”, dice con orgullo.

El minuto de gloria de las reclusas

Durante esta etapa, las internas disfrutaron de su minuto de gloria con el estreno de su primer proyecto cinematográfico, como protagonistas y figurantes. Recuerda cómo las reclusas se implicaron en un cortometraje que las directoras de cine Ángeles Muñiz Cachón y Teresa Marcos, propietarias de la productora audiovisual De Souna, rodaron en la cárcel asturiana en 2010.

Por primera vez en la historia de la prisión, un equipo de rodaje accedió al interior y logró que un grupo de presas atraparan la sensación de libertad sin salir del recinto penitenciario.

Actrices y figurantes

Ángeles Muñiz echó a rodar la iniciativa en mayo de 2009 tras contactar con Mercedes González, de la Asociación Prisión y Sociedad. Quería conocer qué pensaban y cómo vivían las presas y José Luis no dejó pasar la oportunidad y le propuso realizar inicialmente una obra de teatro con las internas que surgía a través de un plan de salud sobre el sida que se desarrollaba en la cárcel y en septiembre de ese mismo año se incorporó la cineasta Teresa Marcos.

No había un guión predeterminado y cada interna aportaba su idea y resultó todo un éxito. 'Módulo 10' se presentó a festivales y obtuvo el reconocimiento del 48 Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio al mejor cortometraje ex-aequo Día d'Asturies y del VIII Festival de Cine Asturianu, al alzarse con el segundo premio al mejor cortometraje.

El cortometraje 'Módulo 10' donde las internas participaban como actrices y figurantes vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza y se hacen visibles. Pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas

Nuevos hitos

Fue un acicate más para el educador: “este cortometraje vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza, se hacen visibles y fue todo un hito. En ese momento pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas”.

José Luis, siempre pergeñando nuevas iniciativas para ilusionar e implicar a la población reclusa en cuantos proyectos emprendía, no dudó en poner sus conocimientos en Psicología al servicio de la creación del denominado 'Programa para la Prevención de Recaídas y Conductas Delincuenciales'.

Del 'Precod' al 'Odiseo'

Este programa, conocido como 'Precod', iba dirigido a aquellas personas que presentaban una problemática adictiva tanto desde los módulos del Centro Penitenciario como desde el Centro de Inserción Social (CIS).

Como coordinador del CIS impulsó un nuevo proyecto, denominado 'Odiseo', basado en la organización de coloquios compartidos por personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión en medio abierto.

No coquetear con las drogas

Con 'Odiseo' busca concienciar al alumnado de los institutos asturianos de la importancia de que no caiga en el consumo de drogas, logrando asimismo un impacto positivo de reconstrucción en las personas penadas que participan en los coloquios.

El Proyecto Odiseo es una forma de prevenir al alumnado para que no caiga en el consumo de drogas y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil

“El proyecto Odiseo lo creé hace dos años junto con la Asociación de Familiares y personas con enfermedad mental de Asturias (AFESA) y Miriam Basante, técnica del Programa Reincorpora de esta asociación, para realizar una labor de prevención con adolescentes”, comenta.

Prevención y catarsis

El objetivo es darles a conocer qué acciones les puede llevar a acabar en una cárcel y es una forma de que las personas que viven esa experiencia se lo cuenten de primera mano para que tomen conciencia. Es una forma de prevenir a los alumnos y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil“, describe.

Medalla al mérito penitenciario

La implicación de José Luis en la metodología del tratamiento le valió el reconocimiento público cuando la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, propuso que se le concediera la medalla de bronce al mérito penitenciario “por su decidida apuesta, desde su ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el año 1991 y a lo largo de toda su trayectoria profesional, por hacer efectivo el espíritu de reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española”.

En septiembre de 2024, el secretario general del Ministerio del Interior le comunicó su concesión “por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denotan una especial iniciativa y dedicación”. Conseguía así dar la visibilidad a la población reclusa por la que tanto ha luchado a lo largo de los 35 años de ejercicio profesional.

Compromiso con la inclusión

Y como todo llega, el pasado mes de septiembre la jubilación llamó a su puerta. Como José Luis es una persona muy activa, no quería que su pase a esta nueva etapa vital frenara en seco toda la motivación que le hace sentirse vivo cada día ayudando siempre a los más vulnerables. Como no podía ser de otra manera, se implicó aún más con la oenegé Asociación Fraternidad, muy comprometida con la inclusión de las personas con diversidad funcional.

Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles

La gerente Mayca González Collado le propuso hace tres años trabajar con ellos como vocal y él aceptó sin dudarlo. Ambos se conocían con anterioridad porque ella trabajó en Plena Inclusión y colaboraba con él en el Centro Penitenciario de Asturias con población reclusa con diversidad funcional.

“Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles”, lamenta José Luis.

En la Asociación Fraternidad ha encontrado mucho apoyo en Antonio García Suárez, con quien aparece en la imagen que acompaña estas líneas, ya que le aporta una visión diferente al ser una persona con diversidad funcional. Esta es la primera vez en Asturias que una persona con discapacidad intelectual forma parte de la Junta Directiva y las iniciativas y sugerencias que propone son imprescindibles para conocer mejor las inquietudes y expectativas del colectivo.

“Creo mucho en las personas y pienso que hay que mirar siempre a los ojos y tirar de los ángeles que llevan dentro”. Así es José Luis, el educador y psicólogo que transmite su metodología del tratamiento en su día a día, tanto con concertinas intramuros en una prisión como en libertad.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de CSIF y Acaip-UGT han advertido de un “grave altercado” producido el pasado viernes 30 en el centro penitenciario de Huelva a raíz de un amotinamiento de decenas de presos y “la agresión a los funcionarios que trataban de abortarlo” en el módulo cuatro. Sin embargo, fuentes penitenciarias han matizado que el altercado se ha saldado sin heridos.

En concreto, las mencionadas fuentes, consultadas por Europa Press, han precisado que “no ha habido ningún motín” y que “no se ha perdido el control”, al tiempo que han indicado que “unos internos se han opuesto a que se los llevaran a aislamiento”. Pese a que “ha habido que usar la fuerza física”, han concretado que no hay heridos tras el incidente.

En cambio, CSIF Huelva ha relatado en un comunicado que un preso “ha agredido brutalmente a otro interno residente, necesitando asistencia sanitaria por heridas” durante el traslado de un “interno conflictivo” a uno de los módulos habilitados para este tipo de reclusos. Ante esta situación, critica la “inseguridad imperante” en el centro penitenciario.

Barricada con mesas y sillas

Por su parte, Acaip-UGT ha señalado en una nota que los hechos se iniciaron “cuando un interno agredió violentamente a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto”, momento en el que los funcionarios de servicio “procedieron a trasladar al agresor al módulo de aislamiento”.

Posteriormente, según ha apostillado el sindicato, varios internos del módulo al que el agresor pretendía ser trasladado “reaccionaron de forma violenta, llegando a levantar una barricada con mesas y sillas en la sala de día, desde donde increparon y amenazaron a los funcionarios”, y han cifrado entre diez y doce los internos que mantuvieron “una actitud claramente violenta y desafiante”.

A raíz de lo sucedido, los sindicatos exigen una clasificación interior de la población reclusa acorde a su comportamiento, así como el traslado y dispersión de los internos protagonistas del suceso, aparte de un procedimiento sancionador actualizado y contundente con los incumplimientos normativos y la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios. También, requieren más formación específica y medios para los trabajadores.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio –el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares– hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Audiencia ha considerado que Carcaño “tiene garantizado su mínimo de subsistencia” a través de la cobertura del régimen penitenciario, al tiempo que ha apostillado que la nómina “no resulta necesaria” para cubrir las necesidades básicas de dignidad humana.

Por ello, ha argumentado que el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el centro penitenciario, sino a la reparación de las víctimas de los hechos. No obstante, la Audiencia ha establecido que Carcaño podrá disponer de 200 euros mensuales para cubrir sus gastos personales dentro del centro.

El centro penitenciario de Cuenca sufrirá una “adaptación del número de internos” ante el avance de esa reforma que lleva ya varios meses en marcha, según han confirmado fuentes penitenciarias a Europa Press, mientras que desde la sección sindical de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras hablan más bien de un “cierre provisional” que les ha sido comunicado este lunes por la administración.

En el centro penitenciario de Cuenca se están ejecutando una reforma integral de la que se encarga una empresa y por otro, del aislamiento térmico del centro que ejecutará otra diferente.

Según la información del sindicato, en un principio no había intención de trasladar a ningún interno a otros centros penitenciarios cercanos. Sin embargo, la administración les ha comunicado que ha decidido vaciar el centro para poder llevar a cabo la reforma integral y no entorpecer el trabajo de las empresas.

En esta prisión con capacidad para unas 130 personas, ya se habían trasladado a algunos internos antes de que comenzarán las obras y Comisiones Obreras informa de que ahora van a trasladar a la mayoría de los 30 internos que quedan. “Dejarán únicamente a los que tienen asignado algún destino de trabajo en ese centro”, precisan desde la sección de Prisiones.

Por su parte, la plantilla fija de ese centro continuará adscrita al mismo.

Si algún trabajador o trabajadora del centro quiere solicitar una comisión de servicios a otro centro, la administración lo valorará favorablemente, mientras que el personal funcionario de prácticas sí va a ser trasladado a otros centros. En este caso hay 5 personas afectadas.

En la prisión de Cuenca trabajan habitualmente unas 112 personas. La previsión de finalización de las obras es para finales de 2025.

Aparición de amianto

Por otro lado, la central sindical CCOO ha revelado el hallazgo de amianto en varias instalaciones del centro, una sustancia confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como carcinógena del primer grupo en humanos.

CCOO ha exigido la intervención urgente del servicio de prevención de riesgos laborales para que evalúe el riesgo y proteja al personal, adoptando los protocolos y medidas preventivas que exige la normativa.

El sindicato ha señalado que los próximos días visitará este centro el Siepse, la empresa pública encargada de gestionar el Plan de Amortización y creación de Establecimientos Penitenciarios (Pacep) entre otras infraestructuras del Ministerio del Interior, para tener un conocimiento directo de la ejecución de estas obras y los problemas surgidos.

Este jueves por la mañana han finalizado las diferentes exposiciones, charlas o representaciones teatrales de la semana cultural dedicada a Miguel Hernández en el centro penitenciario Murcia II Campos del Río que comenaron el pasado 16 de junio. Durante el acto de clausura, tres internos han recitado sendos poemas del autor oriolano y, finalmente, otros dos internos han plantado en el huerto terapéutico de la prisión, que desde hoy adquiere el nombre del poeta de Orihuela, un esqueje procedente de la higuera de la casa de Miguel Hernández, cedido por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha asistido a la clausura y ha señalado que “Miguel Hernández es una figura inspiradora en términos vitales y creativos, si en su caso pudiera separarse una cosa de la otra, pues solo alguien con esa dimensión humana sería capaz de hilvanar algunos de los versos más conmovedores de la historia de la literatura española”.

La delegada del Gobierno ha pedido a los internos e internas, que han participado activamente en todos los actos programados durante la semana, que tuvieran en cuenta el ejemplo del poeta, que, según ha dicho, “fue capaz de transformar toda la rabia, tristeza y desesperanza de su situación en prisión en la apabullante belleza de sus versos”.

“Por eso, queridos internos, igual que él aplacaba la soledad y la melancolía con el recuerdo de su mujer y su hijo, necesitamos de vuestra actitud, compromiso y voluntad de promoción y crecimiento personal, pensando en vuestras familias y en toda esa gente que hay ahí fuera y que también os quiere y necesita, para que logréis una reinserción plena y satisfactoria”, les ha trasladado.

Guevara también ha reconocido el trabajo y la implicación de los funcionarios de prisiones durante esta semana cultural y ha destacado “la inconmensurable labor social que realizan en su tarea diaria”.

Al acto también han asistido el secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Vicente Pina, la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, entre otros.

Recuerdo la primera vez que entré en prisión como abogada. Fue en el año 2016 y no tenía experiencia ni estaba familiarizada con el mundo penitenciario. En la APDHA, la asociación para la que colaboro como activista por la defensa de los derechos de las personas presas, habíamos recibido una carta de un preso que se encontraba cumpliendo condena en Puerto I, prisión de máxima seguridad que se encuentra ubicada en El Puerto de Santa María, Cádiz, y que data de la década de los 80. En esa carta nos hacía un relato de la situación en la que se encontraba para finalmente solicitar ayuda, sin especificar qué tipo de ayuda precisaba.  

A lo largo de todos los años que llevo entrando en prisión me he dado cuenta de que, cuando en las cartas no se concreta, la ayuda que se solicita trasciende de lo jurídico. Porque las cartas imprecisas suelen venir de los módulos de aislamiento. 

El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las personas clasificadas en primer grado y también se utiliza como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en una cárcel dentro de la cárcel.  

La falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento

El aislamiento implica una limitación de las salidas al patio (entre 2 y 4 horas al día), limitación de contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, comidas en solitario, negación de permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior y negación o limitación de actividades, entre otras cuestiones.  

Esta falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento.  

Además, se trata de espacios de escasa transparencia que favorecen los abusos e irregularidades, resultando inviable pensar en la reinserción de las personas que se encuentran en dicha situación. 

La normativa penitenciaria indica que este régimen se aplica a personas clasificadas en primer grado por su “peligrosidad extrema” o “manifiesta inadaptación al régimen ordinario”. Sin embargo, la realidad es que muchas personas con patologías mentales acaban cumpliendo condena en aislamiento, siendo estas personas no tanto de “extrema peligrosidad” sino más bien de “extrema vulnerabilidad”.  

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable

Por otra parte, las graves carencias de psiquiatras y la ausencia de psicólogos clínicos impiden descartar patologías y problemas de salud mental que deberían ser abordados de forma especializada, en lugar de agravados por el propio aislamiento y la falta de atención médica. 

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable. 

Varias entidades de la sociedad civil trabajamos juntas desde hace años en una campaña por la abolición del aislamiento penitenciario, en la que hemos concluido que dicho régimen de vida es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a las Reglas Mandela, las Reglas de Bangkok y a las Normas Penitenciarias Europeas, y atenta contra la dignidad de las personas.  

Así se expuso en las jornadas celebradas en Madrid el pasado 29 de noviembre de 2024 para la presentación del informe de dicha campaña, en las que participaron médicos, juristas y miembros de asociaciones internacionales que trabajan por la abolición del aislamiento en España y en Europa. 

Por todo ello, desde la APDHA concluimos que es urgente acabar con el aislamiento penitenciario porque resulta incompatible con los fines de reeducación y reinserción del artículo 25 de la Constitución Española, al que están orientadas las penas privativas de libertad, porque supone un trato inhumano y degradante de las personas presas y porque constituye tortura.

Un desahogo, una forma de expresarse, unas palabras que sustituyen el deseo de una segunda oportunidad, un alivio para quien cometió un error, una “equivocación puntual”. “Señalados” por la sociedad que reclaman su sitio, arrepentidos que saben que “el fracaso es parte de la vida” pero que “si no fracasas no aprendes y, si no aprendes, no cambias” (Abraham Clemente). “Mis días en prisión transcurrían como quien pasa las hojas en blanco de un bloc de notas vacío, siempre igual, siempre lo mismo” (Ulgar Arroyo).

El Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla ha acogido este martes la presentación de 'Equipaje para la libertad', un libro que recoge relatos escritos por personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios. La iniciativa, liderada por la Asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, tratar de visibilizar el poder de la escritura como herramienta de expresión, reflexión y transformación personal desde dentro de los muros de una cárcel, “un lugar para no entrar, y los que ya hemos estado, no volver a entrar más” (Antonio C.S.).

El acto ha sido presentado por el octavo teniente de alcalde de Sevilla, José Luis García, y el presidente de Zaqueo, Francisco Yoldi, y ha contado con la participación representantes de instituciones penitenciarias en los centros de Sevilla. Pero hoy los protagonistas han sido ellos, los internos, las personas que privadas de libertad han querido expresar sus sentimientos y compartir sus experiencias desde la prisión para ser conocidos “más allá de lo que muestra el cine o la televisión”, y ayudarse a sí mismos a “la reconstrucción de sus vidas”. “Un viaje a través de las palabras, una ventana hacia la mente y el corazón de aquellos que han encontrado en la escritura su forma de liberación”, según destaca Amparo Morillo, psicóloga en Zaqueo y creadora de esta “bendita locura” según se ha resaltado en el acto.

El “grito mudo de quienes no tienen voz”

La descripción del primer día entre rejas, unas estrofas dedicadas a una madre (“la dueña de mi alma”) o las relaciones con los funcionarios de prisiones son algunos de los ejemplos de esta recopilación que sirve “puente hacia la comprensión y el reconocimiento de la humanidad que reside en cada historia compartida” y que trata de “superar los estereotipos”, como han coincidido alguno de los participantes en la presentación de este certamen literario de relatos penitenciarios.

Con una audiencia joven en su mayoría, compuesta por estudiantes de Trabajo Social, los propios internos han dado lectura a alguno de sus relatos donde comparten sus vivencias y reflexiones personales. Personas como Abraham, quien aprendió a “viajar” entre los libros de la biblioteca de la prisión, esos que “no te señalan” por “un error” sino que te enseñan el mundo a través de sus páginas, según ha expresado. O Pablo, cuyo dibujo ha servido para ilustrar la portada del libro, con unas manos piadosas que sirven de “grito mudo de quienes no tienen voz” y que quieren “una vida que aún puede ser redimida”.

“Una vida, un viaje. Como todo viaje, se empieza, pero también se acaba”, como escribió M.D.M. “Atrapados en esta materia oscura de hormigón, sobreviven seres extraordinarios con sus capacidades y simplezas particulares. Aunque si te sentaras en un rincón del patio a observarlos, podrías pasar horas sin notar su presencia, igual que una vieja papelera desconchada en una esquina olvidada”, relató Moisés Muñoz en otro de los pasajes del libro, cuyos autores han protagonizado también conversaciones informales, ofreciendo una perspectiva cercana y humana sobre el impacto de la escritura en su proceso de reintegración social.

Montserrat González fue condenada a 22 años de cárcel como autora confesa del asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación Provincial y del PP de León, perpetrado en 2014. Ante el tribunal del jurado reconoció, el 20 de enero de 2016, que no estaba arrepentida: “Lo volvería a hacer; si dijera lo contrario, mentiría”. Su hija, Triana Martínez, recibió una pena de 20 años de prisión como cooperadora necesaria en la comisión del asesinato. Ahora, cuando están a punto de cumplirse once años del crimen, las dos alegan que están “arrepentidas”.

Su anterior letrada, Anabel Prieto Torices, ha renunciado a seguir representando a madre e hija. La abogada ha confirmado a elDiario.es Asturias que decidió abandonar su representación legal a raíz de que conociera que habían contactado con otro abogado sin comunicárselo a ella.

“Decidí renunciar a continuar con su representación legal cuando me enteré de que estaban llamando a otro abogado a mis espaldas. La relación profesional entre un abogado y su cliente se basa en la confianza. En este caso concreto, tras haber trabajado durante mucho tiempo con ellas, ha habido una falta de confianza absoluta hacia mí y así no podía seguir”, ha explicado.

El relevo en la defensa

A lo largo de estos diez años y ocho meses transcurridos desde el asesinato, nunca habían mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento, ni a través de mensajes dirigidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ni a la familia de Isabel Carrasco.

Por eso ha sorprendido en medios judiciales este cambio de comportamiento en las dos reclusas, que ha coincidido en el tiempo con el relevo en la representación legal.

Su nuevo abogado es el penalista Fernando Pamos, que está personado en la causa desde hace tres meses. Tiene despacho en Madrid y lleva 30 años en ejercicio.

Los casos mediáticos

Fernando Pamos ha llevado casos muy mediáticos. Entre otros, ha ejercitado la defensa de Antonio Puerta en el caso de la agresión al profesor Jesús Neira, así como de la que fuera miembro de la banda terrorista ETA, ya acogida a la Vía Nanclares cuando asumió la defensa, Idoia López Riaño. También ha llevado la representación procesal de algunos de los implicados en el ‘Tamayazo’, el célebre caso de transfuguismo del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Entre su bagaje profesional cita la defensa del caso de las “Escuchas del CESID” que costó el puesto en los años 90 del siglo pasado al vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al ministro de Defensa Julián García Vargas; la defensa, como letrado director, de los denominados sumarios de Argentina y Chile de la Audiencia Nacional, en la persona de los exmilitares argentinos Adolfo Francisco Scilingo, Ricardo Miguel Cavallo y del que expresidente chileno Augusto Pinochet, así como la colaboración en la defensa de otros exmilitares detenidos en España, y fuera de España, en sede de la petición de extradición de la República Argentina y chilena por crímenes de genocidio y “Delitos contra la Humanidad”. 

Ellas han querido y han pedido perdón. Lo han hecho de motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento

Fernando Pamos de la Hoz — Abogado penalista. Ha asumido la representación legal de Montserrat y Triana

Fernando Pamos no entiende por qué ha causado tanta sorpresa que madre e hija hayan decidido mostrar su arrepentimiento y exponer sus argumentaciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

A la pregunta realizada por este periódico sobre si el posible acceso a beneficios penitenciarios está detrás del cambio de actitud de la madre, quien llegó a admitir en el juicio que “no se arrepentía y volvería a cometerlo”, el letrado ha respondido con otra pregunta: “¿Cuántos años han pasado ya?”, y ante la respuesta de “más de diez años”, él ha contestado: “Pues la pregunta se contesta sola”.

“En estos años han podido reflexionar”

Un tiempo que, a juicio del letrado, es más que suficiente para que ambas hayan podido reflexionar y pedir perdón, sin que se les haya exigido desde estamento alguno.

“El ser humano se diferencia de los animales en que estos no tienen capacidad de pensar y ellas han reflexionado sobre lo que es su vida”, ha dicho.

El abogado incide en que ese arrepentimiento ha sido espontáneo de madre e hija, sin que hayan influido terceras personas y sin que mediara una recomendación suya: “Ellas son dos personas mayores en edad y en gobierno”.

“Han querido y han pedido perdón. Lo han hecho motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento”, ha afirmado.

Los informes de la Junta de Tratamiento

La madre tiene informes a favor de los permisos por parte de dos o tres personas que forman parte de la Junta de Tratamiento, el problema es que no hay mayoría a favor de su disfrute, mientras que la hija ya ha tenido varias salidas programadas en la cárcel de Asturias.

No obstante, Fernando Pamos puntualiza un aspecto que cree que no se está teniendo en cuenta y es la naturaleza de estos permisos.

“Parece que aquí los permisos son como la puerta a la libertad y, sin embargo, se trata de permisos de dos o tres días para estar con la familia y luego vuelves a prisión. Además, te tienes que presentar todos los días en la comisaría. No es la libertad. Es algo que ya se contempla”, añade.

Su paso por varias cárceles españolas

El primer destino de madre e hija fue la cárcel de Villahierro en Mansilla de las Mulas (León), de ahí pasaron al centro penitenciario de Valladolid, también conocido como Villanubla, y finalmente fueron trasladadas a la cárcel de Asturias, donde cumplen la condena y comparten celda.

Fuentes penitenciarias aseguran que sus traslados de cárceles se han debido a su mal comportamiento que se tradujo en la apertura de varios expedientes penitenciarios que derivaron en sanciones.

Su comportamiento en la prisión de Asturias

Sin embargo, en Asturias, el equipo de tratamiento, integrado por un trabajador social, un psicólogo, un jurista y un educador, resaltó el buen comportamiento, la integración y participación de Triana en variadas actividades intramuros.

En un informe del equipo multidisciplinar que integra la Junta de Tratamiento, al que ha tenido acceso este periódico, se ha posicionado, por unanimidad, a favor de conceder permisos ordinarios a Triana como una forma de incorporarse a la sociedad de forma paulatina.

Una apreciación que comparte el abogado Fernando Pamos, quien ha señalado que tanto Montserrat González como Triana Martínez mantienen actualmente un comportamiento “excelente” en la prisión asturiana.

El asesinato

El próximo 12 de mayo se cumplirán once años del asesinato. En 2014, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, Isabel Carrasco se dirigía desde su casa situada en el paseo de la Condesa hasta la sede provincial del PP, en el paseo de Salamanca, en León, donde iba a reunirse con compañeros de partido para acudir a un mitin en Valladolid donde iba a participar el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el momento en que la política cruzaba la pasarela sobre el río Bernesga, Montserrat González se acercó a ella, empuñó el arma que llevaba y disparó a corta distancia y por la espalda a su víctima.

Montserrat González primero efectuó dos disparos y, cuando Isabel Carrasco cayó desplomada en el suelo, la remató con un tiro en la nuca. La presidenta de la Diputación de León falleció en el acto.

Montserrat González fue detenida junto a su hija tras intentar huir en coche por el centro de la ciudad en la calle Gran Vía de San Marcos.

La venganza, como móvil

Un policía en segunda actividad había presenciado los hechos y las había seguido. Dos días más tarde se detuvo a la entonces policía local Raquel Gago, acusada de complicidad, al tener en su coche el arma con la que se había consumado el asesinato y que Triana le había introducido en su vehículo.

La madre argumentó que la venganza por el despido de su hija de su puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación de León había sido el móvil del asesinato.

El juicio con jurado y las condenas

El juicio se celebró ante un tribunal del jurado en el año 2016 y se saldó con la condena de las tres acusadas: Montserrat, como autora material, recibió una pena de 22 años de cárcel; su hija una pena de 20 años como coautora y Raquel Gago una pena de cinco años por encubrimiento.

Las condenas fueron recurridas primero ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y posteriormente ante el Tribunal Supremo.

Tras revisar las condenas, finalmente las penas para madre e hija quedaron intactas, mientras que la condena se elevó para Raquel Gago que pasó de los cinco años de cárcel iniciales a una pena de 14 años de prisión.

La Audiencia Provincial de León dictó en un auto, en febrero de 2016, donde declaraba el mantenimiento de la situación de libertad condicional de Raquel Gago e imponía una fianza de 30.000 euros.

Las quejas de Triana

En septiembre de 2024, con nueve años y medio de pena ya cumplidos, elDiario.es Asturias publicaba la queja de Triana Martínez por la denegación “sistemática” de la posibilidad de acceder a permisos de salida ordinarios, a pesar de que contaba con informes favorables emitidos por el equipo de tratamiento de la prisión y los posibles “agravios comparativos” con otros internos.

Ahora, madre e hija se han dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para mostrar su arrepentimiento por el asesinato de Isabel Carrasco, en una petición que, según su nuevo letrado, no es un requisito para la obtención de permisos penitenciarios y que nadie “les ha exigido”.

Como cada año, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, marca el comienzo de 16 días de activismo en una campaña de la ONU que persigue movilizar a toda la sociedad ante la alarmante escalada de la violencia contra las mujeres y que termina coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos

Las condenas por violencia machista son hoy la tercera causa de ingreso en prisión, según Instituciones Penitenciarias, seguidas de los delitos contra el patrimonio y la salud pública. Una razón de mucho peso por la que los centros penitenciarios no están, no podrían, quedar al margen de la valiosa tarea de sensibilización y rehabilitación de la conducta agresora para disminuir el riesgo de reincidencia, una vez cumplida la condena que aparta a los violentos de la sociedad 

En ocasiones esta implicación recibe el agradecimiento de las instituciones y por eso José Javier García Aroca y su equipo del Centro Penitenciario de Albacete es uno de los Premios Menina 2024 que otorga la Delegación del Gobierno a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

Todo es voluntario, pero ellos y ellas acuden. Hay un trabajo previo de psicólogos y educadores. Tratamos el mensaje para que les cale y modifique los aprendizajes adquiridos que son desadaptativos, que aprendan un nuevo estilo relacional

“Es un premio para todo el equipo de profesionales penitenciarios y entidades no gubernamentales que nos ayudan a ejecutar este trabajo”, dice este albaceteño, psicólogo de prisiones, que desde 2022 dirige al equipo técnico responsable del tratamiento de los internos en el único centro mixto que tiene hoy Castilla-La Mancha, con 240 hombres y 14 mujeres.

La prisión promueve variadas actividades para sensibilizar a la población reclusa en materia de violencia machista. Talleres, monólogos, concursos de relatos … “Todo es voluntario, pero ellos y ellas acuden. Hay un trabajo previo de psicólogos y educadores. Tratamos el mensaje para que les cale y modifique los aprendizajes adquiridos que son desadaptativos, y que aprendan un nuevo estilo relacional. Que desarrollen un pensamiento crítico y se den cuenta del tipo de violencia que ejercen”.

Intervenir con los agresores desde una perspectiva clínica 

García Aroca defiende el Programa PRIA de intervención psicosocial en violencia de género que busca facilitar a los juzgados y a los Servicios Sociales Penitenciarios la intervención con hombres penados por este tipo de delitos. Y preguntado por el tabú de poner el foco en los maltratadores debido a un convencimiento de que no pueden cambiar, dice que “durante el tiempo que están en prisión es necesario que hagan una revisión del comportamiento que les ha llevado a esa situación y por eso se interviene con estas personas, para reducir el riesgo posterior”.

“Es una forma de proteger a la sociedad y evitar víctimas en el futuro. Más del 90% de los hombres que pasan por este programa de tratamiento específico, con una buena implicación, no vuelven a reincidir”. Este porcentaje que recuerda José Javier, es un dato Instituciones Penitenciarias que pasa bastante desapercibido entre la opinión pública.

Es una forma de proteger a la sociedad y evitar víctimas en el futuro. Más del 90% de los hombres que pasan por este programa de tratamiento específico, con una buena implicación, no vuelven a reincidir

También es voluntario participar en este programa de terapia cognitivo conductual que se considera eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo controlar mejor las situaciones estresantes de la vida. “Pero tratamos de animarles. Se busca que se responsabilicen del daño que han hecho, que reconozcan también la violencia psicológica y que entiendan que la conducta violenta es un tipo de respuesta aprendida y que el objetivo es modificar ese comportamiento”.

Enseñar a las internas a prevenir: “Un elevado porcentaje ha sufrido violencia”

A las mujeres se les ayuda a prevenir la violencia machista porque “un elevado porcentaje de internas la han sufrido durante su infancia, adolescencia o etapa adulta. Se trabaja la autoestima, el mito del amor romántico que muchas veces lleva a invisibilizar la violencia de la que son víctimas. Se les enseña a identificar factores de riesgo y estamos buscando a otras mujeres, profesionales, que les hagan llegar un mensaje de empoderamiento y podamos ayudarles en su proceso de reinserción cuando salgan de prisión. Este año se está implantando un programa que se llama Ser mujer”. 

Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2023, nueve de cada diez internos en las prisiones españolas son hombres (92,9 %) y esta situación no experimenta cambios significativos en relación con 2022. Sin embargo, la vulnerabilidad de la mujer determina su perfil.

Por eso, 2024 es el segundo año en el que el centro penitenciario de Albacete desarrolla unas jornadas, que son también mixtas, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se abordan temas consensuados con las internas y en la primera edición, desarrollada con la entidad Quorum Plus, se abordaron factores como la extranjería, la discapacidad o la pertenencia a la etnia gitana, que las hacen más vulnerables 

“Este año, entre los meses de febrero y abril, se han desarrollado otras temáticas como el papel de la mujer en las políticas públicas. El ambiente es muy dinámico en prisión. Hay módulos de respeto con el compromiso de mantener un comportamiento adecuado para resolver los conflictos y que se involucren en sus programas de tratamiento”. 

Los Premios Menina 2024 se entregaron en Toledo el pasado 21 de noviembre destacando a nueve personas y entidades “porque lamentablemente los datos nos indican que vuestra labor y vuestro ejemplo en la lucha contra la violencia machista es más necesario que nunca”, dijo durante el acto la Delegada del Gobierno, Milagros Tolón. 

El subdirector de Tratamiento de la prisión de Albacete se muestra agradecido. “No nos aburrimos y nos gusta tanto la labor que hacemos, que es súper satisfactorio que se reconozca. Te da el empuje para continuar”.

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado el lleno “absoluto” del centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, que actualmente dispone de menos de la mitad de su capacidad debido a la reforma integral de sus instalaciones, pese a lo cual sigue ingresando internos --algunos de ellos de primer grado-- a los que “no hay donde ubicar”.

Además, ha puesto de manifiesto las “decadentes” condiciones en las que se encuentran algunas dependencias y la falta de criterio a la hora de trasladar internos para dejar capacidad a los nuevos ingresos.

Así lo ha señalado este viernes el sindicado en un comunicado en el que ha criticado la “falta de previsión” por parte de la administración penitenciaria y que no se adoptan las medidas necesarias para el desarrollo de las obras --iniciadas en septiembre de 2023-- con las “oportunas garantías de seguridad y habitabilidad”.

Según ha explicado, actualmente el módulo 1 y el departamento de mujeres se encuentran “máximo” de su capacidad, con 156 internos y 17 internas, respectivamente. Mientras, en el módulo 2 quedan seis huecos libres.

Sin embargo, ha anunciado que este viernes, con la autorización de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (SGIP), “recibimos 19 internos, alguno de ellos en primer grado --los más peligrosos--, que permanecerán en el módulo de ingresos, donde no podrán salir al patio ni ducharse por las decadentes condiciones en las que se encuentra este departamento”, ha lamentado.

Al respecto, ACAIP-UGT ha censurado que este asunto ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los sindicatos, e incluso al defensor del Pueblo, pero “sin soluciones en sus respuestas”.

Por otra parte, la organización sindical ha explicado que la plantilla se “queja de la falta de criterio” a la hora de trasladar internos para dejar capacidad a los nuevos ingresos, así como de la “falta de atención” de la SGIP a las propuestas de traslado que se solicitan desde el centro.

En este sentido, han detallado que desde El Dueso se están trasladando a cárceles de otras provincias a presos con “buen comportamiento y arraigo familiar, que desempeñan algún puesto de trabajo o incluso están matriculados en la escuela y en la UNED”. Algunos de ellos, internos de apoyo, que sirven para acompañar a otros con protocolo de prevención de suicidios.

En cambio, han lamentado que en el penal santoñés se quedan internos “problemáticos”, que no desempeñan ningún tipo de actividad laboral o educativa y que no hacen sino “alterar la convivencia y aumentar las quejas de los internos que sí cumplen con las normas y los programas de tratamiento”.

Además, han añadido que con esta circunstancia, esos internos ven que su buen comportamiento “no es tenido en cuenta y son trasladados a otras cárceles con el perjuicio no solo para ellos y sus familias. Esto acaba derivando en el aumento de la crispación y los problemas de convivencia”, han sentenciado.

Por ello, desde el sindicato ACAIP-UGT solicitan a la dirección del centro penitenciario el cambio de criterio en la adopción de sus acuerdos de traslado, y a la administración penitenciaria la conducción de un número suficiente de internos para poder acoger a los nuevos que lleguen desde la calle.

“Solo el mes pasado recibimos 60 ingresos”, han asegurado desde el sindicato, que han exigido a la SGIP la “suspensión de las conducciones mientras duren las obras en el centro, ya que no tiene ningún sentido aceptar internos de otras prisiones cuando debemos vaciar la nuestra”, han concluido.

En mayo de 2003, la Ley del Sistema Nacional de Salud estableció en su Disposición adicional sexta que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias fueran transferidos a las comunidades autónomas “para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. En mayo de 2019, el Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley (PNL) de Adelante Andalucía para que la sanidad penitenciaria fuera transferida al Servicio Andaluz de Salud. Ni por un lado ni por otro, a octubre de 2024. Es más, la desconexión informática entre los sistemas penitenciarios y sanitarios sigue siendo una realidad. De forma paralela, también desde el punto de vista técnico, los centros penitenciarios ubicados en Andalucía acceden a la Red Corporativa de la Junta como sedes de la Consejería de Educación.

El convenio entre los gobiernos central y autonómico que permitía a los servicios médicos de los centros penitenciarios la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía expiró a finales de 2013. Cierto es que el Servicio Andaluz de Salud ha seguido prestando la asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios, facturando cada acto asistencial como prestaciones a terceros. “La normativa de protección de datos especialmente protegidos como son los datos de salud es estricta y requiere reglarlo todo con convenio detallado”, insisten desde el SAS tras la consulta de elDiario.es Andalucía a este respecto. Tampoco desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrecen mucho detalle en este sentido salvo que hay “contactos” para cerrar esa interconexión entre los sistemas informáticos de los centros penitenciarios y del SAS, y que “se está trabajando en ello”.

Lo cierto es que, precisamente tras aquella PNL de carácter genérico, se creó un grupo técnico de trabajo que pretendía abordar la elaboración de un nuevo convenio entre ambas administraciones que incluyera la interoperabilidad de 'Diraya' (el sistema que se utiliza en el SAS como soporte de la historia clínica electrónica) y el de Instituciones Penitenciarias en todas las cárceles de Andalucía como ya se hizo en el CP de Córdoba, donde se dispone de un perfil de acceso, pero exclusivamente para consultar la historia clínica de un paciente determinado, sin que se puedan escribir o modificar datos de la misma.

En la reunión que mantuvo en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el documento que trasladó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, constaba que “se sigue planteando suscribir un nuevo convenio en materia sanitaria entre la Secretaría General de IIPP y la Consejería de Salud y Familias que dé soporte legal a todas las actuaciones sanitarias que se están haciendo y fije una cantidad económica anual”. La última reunión del grupo técnico entre administraciones, para esta y otras cuestiones, fue el 7 de febrero de 2022. Ya en febrero de 2020, según la Junta, se remitió al Ministerio del Interior el borrador de un convenio para su revisión.

Transferencia también pendiente

Mientras tanto, unas 12.500 personas presas en Andalucía continúan “deambulando bajo dos sistemas sanitarios” y con “severas lagunas” en su asistencia en materia de salud, como ya denunciaba el Defensor del Pueblo Andaluz hace ya varios años, con la atención primaria por parte de funcionarios de las prisiones y la atención especializada por parte del SAS.

Por otra parte, pero ligada a lo anterior, Andalucía sigue reclamando asumir las transferencias de sanidad penitenciaria, referidas a la asistencia primaria que hoy se presta con recursos propios de Instituciones Penitenciarias. Cabe recordar que la sanidad penitenciaria se encuentra transferida en Catalunya (desde 1983), País Vasco (desde 2011) y Navarra (desde 2021). El Senado pidió unánimemente en octubre de 2016 que las autonomías gestionaran la sanidad penitenciaria. El Ministerio del Interior anunció meses después, en abril de 2017, que sería en aquel año cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, si bien solo en este tiempo se ha formalizado en Navarra. En este sentido, las fuentes de IIPP aluden a “conversaciones” con las diferentes comunidades autónomas.

Organizaciones de médicos y de derechos humanos vienen pidiendo el fin del “precario acceso” a la sanidad dentro de las cárceles y el traspaso de las competencias, a lo que se han ido sumando colectivos de profesionales que trabajan en las prisiones y otras organizaciones colegiadas. El consenso es generalizado en la cuestión, incluso de todos los partidos en el Senado, como se ha señalado, pero los avances son lentos. El Defensor del Pueblo Andaluz también pidió directamente que “se promuevan los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía”.

El día a día de las mujeres presas en los centros penitenciarios de Zaballa y Martutene en Álava y Gipuzkoa, es distinto al de los hombres. Para ellas, por ser menos, de un total de 1.577 personas en privación de libertad 127 son mujeres, es más complicado crear grupos para desarrollar actividades o talleres, son más sancionadas que los hombres -o eso es lo que dicen sentir- cuando les penalizan por “hablar mal” a alguna funcionaria de la cárcel y, además, son discriminadas cuando, por ejemplo, tienen que ir al ginecólogo. “Las cárceles se hicieron pensadas para hombres y eso supone una discriminación de base para ellas. No solo en lo relativo a la maternidad, sino en su día a día, la forma de tratarlas y cómo las infantilizan”, sostiene la antropóloga e investigadora Carmen Meneses autora de la investigación 'Mujeres en centros de hombres', un estudio realizado en estas dos cárceles vascas y presentado este lunes en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco'.

Para elaborar la investigación, la antropóloga se ha adentrado a los módulos de mujeres y ha desarrollado entrevistas a nueve mujeres privadas de libertad y a 17 profesionales de los centros penitenciarios y profesionales externos. Haciendo un total de 26 entrevistas. Además ha realizado una encuesta a aquellas presas que han aceptado. Como dato, el 40% de esas encuestas se han realizado en euskera.

Entre las principales conclusiones que ha extraído Meneses, está el hecho de que en comparación con centros del resto del Estado, la situación de las mujeres en las cárceles de Zaballa y Martutene en cuanto a instalaciones y trato “es más positiva”. “La situación de los centros penitenciarios mejoró indudablemente tras la transferencia de su gestión del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2021. Me he encontrado con ventajas por ejemplo en cuanto al sistema sanitario, aunque las propias mujeres no perciben que el acceso a la sanidad dentro de la cárcel sea correcto, no están muy a gusto con la atención médica”, sostiene.

Otro de los beneficios para las presas desde la transferencia es la posibilidad de residir en la unidad maternal de Martutene en el caso de ser madres. Antes de la transferencia, las reclusas que solicitaban convivir con sus hijos -una posibilidad hasta los tres años- debían ser trasladadas a otros centros del Ministerio del Interior. En 2022 se acondicionaron las instalaciones de la cárcel guipuzcoana para que las reclusas tuvieran esta posibilidad sin tener que ser trasladadas.

Algunos trabajadores entrevistados no son conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres

En la otra cara de la moneda, una de las cuestiones negativas que más le han llamado la atención de las cárceles vascas a Meneses es el hecho de que las mujeres, al acudir al médico o al ginecólogo, lo hacen en su mayoría esposadas y durante todo el proceso siguen esposadas y con un Policía tras un biombo en la consulta. “Son situaciones discriminatorias y en ocasiones hasta violencia obstétrica. Cuando una mujer visita al ginecólogo y a la hora de realizarle alguna prueba debe limpiarse el líquido que le echan, pero como está esposada, dificulta mucho más una situación que ya de por sí es incómoda. Por no hablar de que un Policía está presente y escuchando toda la conversación. Es algo que nos debería hacer reflexionar porque atenta contra su dignidad, sobre todo, si están embarazadas. Además, es contradictorio, porque si damos por sentado que las mujeres privadas de libertad son menos peligrosas ¿por qué se considera necesario que estén esposadas incluso en el médico?”, se pregunta la investigadora.

En sus entrevistas a expertos y a trabajadores de los centros penitenciarios, cuando abordaba esta cuestión, muchos de ellos confiesan no saber que ocurría. Otros, según recalca, “no eran conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres”. “Ellas, además sienten una percepción de discriminación y desigualdad en cuanto al control que tienen dentro de la cárcel en comparación con ellos. Dicen que lo hacen para protegerlas de los propios hombres, pero que ellas no necesitan ser infantilizadas. También aseguran ser sancionadas por cuestiones por las que los hombres no, como cuando hablan mal a una funcionaria de prisión”, explica Meneses.

Es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas

Sobre las actividades que realizan unos y otras, la antropóloga destaca que con ellas es más complicado encontrar un grupo dispuesto a realizar alguna actividad o taller debido a que son menos. “Con los hombres en seguida encuentras un grupo dispuesto a hacer cualquier actividad, mientras que para ellas es más complicado crear iniciativas y también que estas duren en el tiempo”, sostiene. Preguntada por si puede favorecer en estos casos la creación de grupos mixtos a la hora de llevar a cabo actividades, Meneses reconoce que sí y que en ocasiones se realiza, pero no lo suficiente. “Sucede un poco como en los colegios en la época de Franco. Se separan a chicos de chicas por protección sobre todo para evitar situaciones de peligro entre ellos o simplemente por miedo a que se embaracen. Es el celo de la institución penitenciaria. Aunque, en mi opinión, es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas”, reconoce.

El estudio ha sido entregado al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y una vez publicado, la antropóloga se lo mostrará a las mujeres que han participado en su elaboración. “Para mí es importante que las personas que participan en las investigaciones se puedan beneficiar de ellas y no simplemente usarlas. Me interesa que conozcan la investigación y que opinen sobre el resultado”, concluye la antropóloga, que seguirá de cerca la situación de las mujeres en las cárceles vascas y de otros lugares del Estado para nuevas investigaciones.

La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, ha detenido a cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo supuestamente dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos de la prisión Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

La operación denominada 'Ergástulo' se inició a finales del año 2022 a raíz de una denuncia presentada por la pareja sentimental de uno de los internos del centro que manifestaba que su esposo había pedido un permiso penitenciario y que se encontraba pendiente de valoración, y que, aprovechando dicha circunstancia, otro preso le declaró que él podía ayudarle a través del personal que trabajaba para la prisión a cambio de una compensación económica.

De esta forma, los agentes iniciaron una investigación para dar con la supuesta trama corrupta que de manera concertada se estaría lucrando a través de la venta del tercer grado y otros permisos. Fruto de las investigaciones, la Guardia Civil pudo determinar que los cabecillas de la trama eran dos trabajadores de la propia prisión quienes, aprovechando su posición, ejercían influencia sobre otros trabajadores del centro penitenciario y obtenían información secreta o privilegiada que trasladaban a abogados y/o familiares de estos.

Asimismo, constataron que uno de los internos se dedicaba a captar a otros internos dispuestos a pagar por estos beneficios, así como a otra persona que llevaba a cabo en el exterior de la prisión las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen por obtener dichos beneficios penitenciarios. A los detenidos se les imputan delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión.

“Los internos son víctimas de la desatención, la desidia y el caos, circunstancias que dan lugar a no evitar que a muchos internos les cueste la vida”. Con ese denuncia pública por delante, miembros de la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión se van a concentrar este lunes en Sevilla, de 10.30 a 12.00 frente a los juzgados, en la avenida Menéndez Pelayo, y de 12.30 a 14.00 en la Puerta de Navarra de la Plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, para mostrar sus quejas ante Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Algunas de esas personas murieron dentro de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, por ejemplos los hijos de Victoria y Mari Ángeles. “El Estado era el último responsable de ellos”, sostuvieron a este periódico. La plataforma se manifestó en Madrid hace un año, después en Badajoz y de nuevo en Madrid ante sedes institucionales, antes de reunirse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Después, recibieron “el mismo modelo de escrito, frío e impersonal, con vaguedades y falsas promesas”. Solo cambiaba el nombre del familiar fallecido, lamentan fuentes de la plataforma.

En esa carta, desde la Subdirección General de Análisis e Inspección se les indicaba que “cada fallecimiento en prisión es objeto de una investigación pormenorizada para conocer lo que ha sucedido, actuándose siempre con máxima transparencia”. El responsable traslada las “condolencias por tan luctuoso hecho” e informa la familia de los protocolos que se siguen tras cada muerte dentro de un centro penitenciario, enviando dicha carta “en atención a la inquietud mostrada en relación al fallecimiento de...”.

Personal sanitario “insuficiente”

“Durante varios años, numerosos familiares y amigos venimos pidiendo justicia para nuestros seres queridos”, con “numerosas reclamaciones y quejas”, pero “no vamos a dejar de reclamar la debida atención a quienes, además de las evidentes consecuencias de la falta de libertad, se sienten desprotegidos y sin el debido cuidado, atención y asistencia, que también merecen quienes pudieron cometer algún error en su vida que le llevó a tener que cumplir una condena privativa de libertad”, aseguran desde la plataforma.

Sostienen estas familias que “el número de personal sanitario de los centros penitenciarios es manifiestamente insuficiente”. “A veces ese escaso personal carece de una mínima sensibilidad y, en muchas ocasiones, los internos son víctimas de la desatención, la desidia y el caos, circunstancias que dan lugar a no evitar que a muchos internos les cueste la vida”. “No vamos a rendirnos hasta que se dote a los centros penitenciarios de los debidos recursos humanos y materiales, cuidando y vigilando la aptitud y la actitud de los funcionarios de prisiones, para que los internos no tengan un injusto e inhumano castigo añadido al que conlleva la privación de libertad durante meses o años”.

Los familiares exigen “una investigación a fondo de todos y cada uno de los casos de fallecimientos de internos durante su privación de libertad, que se vienen produciendo constantemente y que venimos denunciando insistentemente, pidiendo que se corrijan los errores que se vienen produciendo y se depuren las responsabilidades en las que hayan podido incurrir funcionarios de prisiones y, en especial, el personal sanitario, así como los directivos y responsables de los centros que no tengan el debido celo en su deber de control del personal que tienen a su cargo”.

Un preso despedido de forma irregular de su puesto de trabajo dentro de la cárcel también tiene derecho a una indemnización. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia pionera en la que da la razón a un preso de Sevilla despedido después de dos años trabajando en las cocinas del centro penitenciario. Su despido fue anulado y ahora los jueces reconocen por primera vez que, en estos casos, un preso tiene derecho a ser indemnizado como cualquier otro trabajador despedido irregularmente.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que el preso que ha llevado su caso hasta el Supremo cumplía condena en Andalucía y empezó a trabajar en las cocinas, como auxiliar, en el verano de 2017. Tres horas y media al día, un máximo de cinco días a la semana y con un sueldo de 11,02 euros por cada día trabajado.

El despido por parte de Trabajo Penitenciario, organismo dependiente del Ministerio del Interior, llegó en 2019, cuando un parte de dos funcionarios de la cárcel afirmó que su actitud laboral era “negativa” con respecto a sus funciones en las cocinas “haciendo caso omiso de las órdenes que se le dan” así como teniendo una relación “crispada” con sus compañeros, “perjudicando el buen funcionamiento del departamento”.

El preso recurrió y un juzgado de lo social Sevilla le dio la razón, declarando irregular su despido y reconociendo, además, su derecho a ser indemnizado con 6.012,93 euros. Un aspecto que, hasta este momento, el Tribunal Supremo no había dejado claro en dos décadas de sentencias sobre el tema: qué derechos laborales tienen los presos que trabajan en las cárceles y si una indemnización de este tipo forma parte de ellas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta cantidad y ahora ha sido el Supremo el que ha sentado su jurisprudencia sobre este asunto, especificando que un recluso que trabaja en la cárcel sí tiene derecho a este tipo de resarcimientos económicos su si despido es declarado irregular por un tribunal.

El Tribunal Supremo explica en su sentencia que ha estudiado hasta nueve casos similares en los últimos 23 años –como por ejemplo el de este preso de Murcia indemnizado– pero que ninguno cumplía los requisitos necesarios para forma una jurisprudencia que marcase el camino a las reclamaciones de otros reclusos despedidos de forma irregular. “Hasta ahora no puede considerarse que hayamos resuelto el interrogante que se nos traslada”, reconocen los jueces.

No hay una “desprotección absoluta” de los presos

Cuando un tribunal declara la improcedencia o la nulidad del despido de un trabajador, la obligación del empresario es readmitir al afectado y, además, pagar indemnizaciones tanto por los daños morales en función del caso y los salarios de tramitación que ha dejado de cobrar desde que tuvo que marcharse. En el caso de los presos, su relación laboral con la cárcel en la que cumplen condena es distinta: se regula por un Real Decreto de 2001 específico que solo invita a aplicar el Estatuto de los Trabajadores en supuestos concretos.

Por norma general, reconoce el Supremo, “en esta relación laboral especial no opera la legislación laboral”. Pero eso no significa, reconoce en esta sentencia, que exista una “desprotección absoluta” cuando un tribunal da la razón a un preso y declara que su despido fue irregular. Y el “respeto modalizado” de sus derechos debe ser la guía de “cualquier litigio” de este tipo, en este caso de un preso despedido ilegalmente que reclama una indemnización. “Resulta indudable que nos encontramos ante una terminación de la relación de trabajo por voluntad del empleador y que la misma no es ajustada a Derecho”, zanjan los jueces.

La solución, dice el Supremo, no pasa por reconocer sin más a los presos el derecho a cobrar un salario de tramitación como sucedería con cualquier otro trabajador del ámbito público o privado cuyo despido es declarado improcedente. “Pero sí debe compensarse los daños y perjuicios ocasionados a la persona privada de forma ilícita de su empleo”, recuerda, y que la cantidad coincida “de manera indiciaria y general” con el salario que dejó de cobrar “parece razonable”. En el caso de este preso que trabajó durante año y medio en las cocinas de la cárcel, en este caso cerca de 550 días a razón de 11,02 euros el día.

Según las últimas estadísticas de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo relativas al año 2021, en las cárceles españolas hay una media mensual de 11.539 presos trabajando de los más de 47.000 que completan la población reclusa española. La mayor parte de estos presos trabajan en tareas auxiliares (4.550), manipulados (2.145) y las cocinas (1.745) de las cárceles donde cumplen condena. Ese año, las estadísticas recogen un gasto de salarios de 823.000 euros, el más alto desde que hay registros de la última década.

'En El Dueso' es el título del poemario (Tantín, 2023) que recoge poesías elaboradas a lo largo de ocho años por internos del centro penitenciario cántabro cuyo nombre da nombre al libro. Se trata del resultado de un proyecto de intervención cultural desarrollado junto a los internos e internas del centro penitenciario y cuyo resultado se presentará este jueves en Santander (Escena Miriñaque, 19.30h).

El proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo de voluntarios formado por la poeta, escritora, cuentacuentos y docente Montse Barrero; por el artista multidisciplinar Juan Díaz Ales de Gavira; y por el músico, fotógrafo y profesor de Literatura José Antonio Gallego quien, junto a José Elizondo, y de forma periódica, han coordinado y realizado talleres de poesía, en diferentes formatos, que luego han tenido su espacio en el programa de radio 'Abre la muralla' que los internos e internas hacen desde el propio centro penitenciario.

De la mano de este grupo de trabajo, y a través de la asociación 'Amor Arte Espiral', diferentes escritores, artistas, poetas y ciudadanos anónimos han tenido El Dueso como lugar de encuentro. “Se podría decir que hay tantos duesos como personas que han pasado por allí. Diferentes etapas, cada una con su propia identidad, con su mirada. Un proyecto que continúa con la vocación de seguir mostrando, de compartir, todos los duesos que hay en El Dueso”, ha explicado un portavoz de la iniciativa.

Los beneficios de la venta de este libro irán destinados a los proyectos desarrollados en Mozambique por el Orfanato de San Roque.

“De esta manera se pone de manifiesto uno de los principales objetivos del proyecto, entender el arte, la poesía, como una herramienta transformadora, como forma de tejer redes, de romper barreras, de ofrecer un enfoque diferente, alternativo, crítico y reflexivo y a la vez incidir de manera positiva, visibilizando y apoyando a quienes luchan por cambiar y mejorar las cosas, por humanizar y dignificar espacios, re-significar miradas, situaciones y contextos, por denunciar y demostrar que hay otra forma de ver y hacer las cosas para construir una sociedad más libre, más solidaria y más justa” ha añadido.  

Uno de los técnicos especializados en medicina forense y psiquiatría que acompañaba la visita del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) del Defensor del Pueblo de España al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla advirtió de la situación: “los psiquiatras del centro realizan peritaciones psiquiátricas médico–legales sobre enfermos a los que están asistiendo y están tratando”. Un hecho “totalmente contrario a lo dispuesto en el Código de Deontología Médica”, que en su artículo 76.7 señala claramente que “el cargo de perito es incompatible con ser o haber sido médico asistencial de la persona peritada, habida cuenta de la lealtad que el médico debe a sus pacientes y de la imparcialidad que debe tener todo acto pericial”.

Se trata de uno de los dos centros de reclusión de salud que existen en España (el otro está en Alicante), visitado sin previo aviso los días 20 y 21 de febrero de este año por un equipo multidisciplinar del MNP en el marco del proyecto de Salud Mental emprendido por el Defensor para prevenir los malos tratos de todas aquellas personas con problemas de salud mental que se encuentran privadas de libertad. En Sevilla se observó la implementación de las recomendaciones y sugerencias formuladas en anteriores visitas, se prestó especial atención a las condiciones de vida y el funcionamiento del centro como hospital psiquiátrico, y al régimen de vida y tratamiento de las personas ingresadas, así como a la asistencia sanitaria prestada a los pacientes. Durante la visita, se mantuvieron entrevistas reservadas tanto con las personas privadas de libertad como con el personal del centro, y se recabó la documentación pertinente.

Como se decía, según consta en el informe, “llamó la atención” de ese técnico externo la situación descrita respecto a los informes periciales por parte de los psiquiatras. Dentro de un procedimiento judicial, por el cual una persona con problemas de salud mental acaba en un psiquiátrico penitenciario (HPP) como el de Sevilla o Alicante, el juzgado que dicte sentencia o ingreso preventivo es el encargado de ordenar el peritaje de esa persona y ver si su salud mental ha tenido que ver con los delitos que haya podido cometer y por los que ha sido condenado, a expensas de los recursos y escritos que pueda ir presentando y donde ya esos peritos 'de juez y parte' forman parte del proceso.

Lealtad e imparcialidad

“La emisión de estos informes –advierte el informe del MNP del Defensor del Pueblo– supone para los psiquiatras un claro incumplimiento del Código y podrían tener repercusión deontológica ante su Colegio Profesional”. A juicio de Francisco Miguel Fernández Caparrós, del área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), “resulta preocupante la advertencia” que lanza en su informe el MNPT en relación con el personal de psiquiatría ya que “ha detectado que estos realizan peritaciones psiquiátricas personas a las que están asistiendo y tratando” en el propio centro. “Además de comprometer su lealtad e imparcialidad con el paciente, esta actuación puede ser objeto de expediente disciplinario por parte del Colegio de Médicos”, dice el experto.

Fernández indica que el informe es “tan exhaustivo como preocupante”. Por un lado, “reitera” una serie de recomendaciones “que lleva formulando desde hace años, tales como integrar los servicios médicos de Instituciones Penitenciarias en los servicios públicos de Salud, escasez crónica de personal o el cese del uso del módulo de agudos como medida disciplinaria”. Por otro, el MNPT también subraya “la importancia que tiene que este tipo de centros dejen de ser una extensión de la administración penitenciario para, en su lugar, asemejarse propias de los recursos del sistema nacional de salud, orientadas a una función asistencial y dotándolos de un mayor potencial de reinserción. Para ello, es esencial contar con una plantilla de personal adecuada tanto en términos cuantitativos como cualitativos”, opina el jurista de APDHA.

Solo un médico de atención primaria

La visita del equipo del MNP a Sevilla, efectivamente, dio mucho más de sí aparte de la advertencia hacia los psiquiatras. Un extenso informe en el que, además de alabar que se hayan arreglado el gimnasio y las duchas, y que los patios tienen un aspecto más amable, aunque siguen siendo pequeños, y que en la cocina se han sustituido las rejas de las ventanas por puertas correderas, “se confirma la escasez crónica de personal, especialmente auxiliares de enfermería, limpiadores y celadores.

“La falta de personal de primera línea redunda negativamente en la calidad de la asistencia prestada. No hay que olvidar que se trata de una población que precisa este tipo de asistencia en mayor medida que el resto de la población penitenciaria. La escasez crónica de personal médico en prisión genera una alerta que tiene su eco en la prensa actual y que elDiario.es Andalucía también ha venido recogiendo, incluso la falta de psiquiatras en el propio psiquiátrico penitenciario de Sevilla.

También se dice, como se ha expuesto en el Informe Anual del MNP de 2022, que “las prisiones siguen sin estar concebidas para el tratamiento y la reinserción social de las personas con enfermedad mental”, ya que “siguen sin contar con psiquiatras y especialistas en psicología clínica y la escasez de personal cada vez es mayor”, y “esto es especialmente alarmante en el caso de los HPP en que las personas residentes tienen como común denominador un diagnóstico de salud mental”.

Por otro lado, “durante la visita se pudo constatar que en este centro el déficit más importante se sucede en los médicos de atención primaria, de los que sólo existe uno cuando la RPT es de cuatro (25%) y que está próximo a su jubilación, por lo que sólo acude al HPP para hacer guardias”. “Ello ha obligado a que casi toda la asistencia de atención primaria recaiga sobre el subdirector médico ,que ha tenido que retomar dicha actividad de la que estaba excluido”, destaca en el informe.

El MNP sugiere que, “en tanto se complete la relación de puestos de trabajo del personal sanitario del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, se adopten medidas urgentes para mejorarla, desde los de primera línea hasta el personal médico, con la doble finalidad de prestar un servicio adecuado a las personas internas, y de compaginar la actividad asistencial ordinaria con el derecho al descanso”. También considera “necesario” instaurar “una consulta de psicología clínica ya que, aunque la única psicóloga de tratamiento realiza, según se nos dice, terapia grupal e individual, se antoja claramente insuficiente”.

Respecto a la calidad de la atención médica, “los internos consideran que es buena, los médicos son atentos y correctos y se sienten adecuadamente tratados”. En lo que se refiere al perfil asistencial en esta tipología de centro, “se viene insistiendo en el hecho de que los funcionarios de prisiones no tienen el perfil que sería el más adecuado para tratar a las personas con problemas de salud mental”.

Módulo de agudos para situaciones conflictivas

En cuanto al módulo de agudos, “debería reformularse en su totalidad ya que ni arquitectónicamente, ni funcionalmente se asemeja a una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de breve estancia”. El MNP advierte de que “se accede por unas escaleras angostas que dificultan el traslado de las personas internas en estado de agitación y que puede suponer un grave riesgo para la integridad física tanto de funcionarios como de internos”. Este módulo de agudos, diseñado inicialmente para atender casos de descompensación de patologías de base, no se utiliza exclusivamente para esa función.

Respecto a la estancia media en el módulo de agudos, “se pudo constatar que se prolonga en exceso”. “Uno de los internos llevaba más de un mes desde su ingreso. Este hecho no es aislado y parece que, ante una descompensación, la estancia se dilata en exceso. La estructura del módulo es más bien hostil, lo que no parece el ambiente terapéutico más indicado para favorecer la mejoría de los pacientes”, relata el informe. Se detalla que la dotación de las celdas en este módulo “es muy escasa” y “resulta difícil llamarlas habitaciones”, donde las personas internas “no tienen apenas pertenencia alguna, sólo disponen de televisión de forma excepcional, y no tienen nada que hacer el tiempo que se encuentran en la celda”.

Preocupa al MNP “el hecho detectado a la luz de las entrevistas realizadas, y no reconocido, de que el traslado a este módulo se utiliza como respuesta a situaciones conflictivas y conductas inadecuadas, pero no patológicas”. Por ello pide un protocolo de ingreso en la unidad de agudos “que objetive los motivos del ingreso de manera que se garantice que no se da una limitación de los derechos de las personas internas”. Todo ello “con el fin de evitar una estancia innecesaria, o más prolongada de lo imprescindible desde el punto de vista médico, en un módulo en el que existe una amplia limitación de derechos”.

“Encomiable” filosofía con las contenciones

“No se objetiva un abuso de las contenciones mecánicas, filosofía que resulta encomiable. Sin embargo, quedó constatado en la visita que este módulo es un espacio de privación en el que la coerción se hace presente de forma subrepticia, aunque no necesariamente a través de la contención mecánica”, señala también el informe del MNP.

En uno de los casos de aplicación de contención mecánica, un interno interpuso una denuncia por haber sufrido malos tratos. “Se documentó correctamente la idoneidad de la medida de contención, pero no el procedimiento administrativo referente a los malos tratos, que, aunque constan adecuadamente en el libro de registro, adolece de la documentación referida a la comunicación a las autoridades pertinentes”, indica el informe. En este caso, “no se pudieron extraer las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del momento de la aplicación de la contención mecánica en la que el interno denuncia haber sufrido malos tratos”. “Según alude la empresa encargada de la extracción, se produjo un error en el software del grabador. La misma empresa, además, informa que ya hubo otro problema igual en fechas anteriores”, explica el MNP.

Por otro lado, durante la visita se mantuvo entrevista con un interno en referencia a una denuncia contra un celador por presuntos tocamientos. Un juzgado de instrucción de Sevilla archivó el caso “llama la atención” del MNP que “en el informe del psiquiatra se refiera que 'el paciente se ha mostrado colaborador y ha recordado lo sucedido sin expresar sentimientos negativos'. Sin embargo, en la entrevista realizada durante la visita, el interno mostró un alto grado de preocupación por el hecho de que se tenía que volver a encontrar con dicho celador”.

Un suicidio al año

Según los datos proporcionados al MNP por la gerencia del HPP, en los últimos diez años se han producido cinco suicidios consumados en el centro, cuatro de ellos en los últimos cuatro años (a un ritmo de uno por año). Según las mismas fuentes, en el último año no ha habido ningún intento suicida. En este punto, el MNP se muestra preocupado porque “la inclusión en Programa de Prevención del Suicidio se utiliza como respuesta a situaciones conflictivas y conductas inadecuadas, pero no psicopatológicas”. “Los internos tienen esta percepción y así lo manifiestan sin excepción. Muchas han sido las anotaciones encontradas en las historias analizadas en las que se incluye al enfermo en el programa basándose exclusivamente en su agresividad sin hacer juicios de valor sobre su estado psicopatológico”, comenta el informe.

También se indica que, a la luz del análisis de algunas historias clínicas, “cabe mencionar que el centro debe ser especialmente escrupuloso con la negativa por parte de las personas internas al tratamiento médico, ya que existe el riesgo de emplear de manera coactiva el tratamiento forzoso”. “Lo que se desprende de toda la información recabada a este respecto es que los pacientes no son informados de la posibilidad de rechazar parcial o totalmente el tratamiento farmacológico y que tan solo se les informa de la posibilidad de renunciar una vez que ya han mostrado su desacuerdo”, señala el MNP.