El Consejo de Gobierno, que se ha retrasado esta semana por una conferencia de Eneko Andueza en Bilbao, ha dado luz verde este martes a dos acuerdos anunciados en julio. Por un lado, se ha puesto negro sobre blanco el primer convenio de las Prisiones vascas, transferidas por el Estado en 2021 y que, en estos años, han sido objeto de todo tipo de controversias laborales e incluso de traslados de funcionarios a la red del Estado. Por otro lado, ha quedado visado el “plan de empleo” para la Ertzaintza, otro foco de conflictividad en los últimos años, que pospone a 2030 el objetivo de cumplir con la plantilla de 8.000 efectivos acordada con el Estado en 2004 y que, salvo en un momento muy concreto en 2011, nunca se ha alcanzado.

La consejera socialista María Jesús San José ha presentado el desarrollo del acuerdo alcanzado en verano con ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, y CCOO. Está dotado con 2,7 millones de euros y comporta mejoras retributivas con carácter retroactivo desde abril (pluses de peligrosidad de 175 euros mensuales para funcionarios con contacto directo con los presos o de nocturnidad de 250 euros mensuales, además de elevar el pago de horas las extras de 15 a 30 euros la hora) y cambios en otros ámbitos a partir de 2026, como la jornada laboral, que se equipará ya a la del resto de servicios autonómicos. Es una pretendida paz social para “cinco años”.

Son tres las cárceles vascas, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa. Se ha prometido que será en 2026 cuando se ponga en marcha la nueva penitenciaría de Zubieta, mucho más moderna y amplia. Según San José, este acuerdo laboral permitirá “gestionar a más de 800 personas trabajadoras y atender a unas 1.700 personas reclusas” y desarrollar un modelo basado en los “derechos humanos” y “reinserción”. La consejera ha apuntado a las mejoras también en ámbitos como euskera, formación o igualdad.

El Gobierno vasco ha logrado desbloquear esta legislatura, igualmente, tanto el convenio del profesorado de la red pública, con una mejora salarial del 7%, como el convenio de la Ertzaintza, con decenas de nuevos pluses y la promesa de 4.200 euros más hasta 2028. Precisamente en la Policía vasca se ha presentado ahora el “plan de empleo” complementario al convenio y que se cerró con los mismos firmantes, Erne, Esan y Sipe. El consejero del PNV Bingen Zupiria ha dicho que no solamente se trata de alcanzar la cifra mágica de 8.000 efectivos sino de “mantener en el tiempo ese contingente”.

Aunque en la nota informativa del Consejo de Gobierno se apuntaba a 2028 como momento para completar la plantilla, Zupiria ha admitido que será en 2030, como él mismo ya había avanzado en primavera. El motivo es que, aunque el plan de empleo se agote en 2028, los ertzainas que se puedan formar entonces se incorporarían a todos los efectos dos años después. Actualmente, la plantilla tiene 7.300 efectivos, es decir, 700 vacantes. El consejero de Seguridad ha descartado “de momento” plantear que el Estado pueda aceptar una ampliación de la dotación por encima de los 8.000 agentes.

La primera medida es activar una OPE extraordinaria de un mínimo de 150 plazas para atender las plazas no cubiertas de la actualmente en marcha, la promoción número 34, con 473 puestos ofertados pero un elevado número de suspensos. La cifra definitiva de esa promoción 35 será la necesaria para cubrir todas las vacantes y se harán algunos pequeños ajustes en la evaluación dadas las cifras de no aprobados anteriores. Pero Zupiria ha explicado que no se trata solamente de incorporar a nuevos ertzainas, sino también la necesidad de “hacer sitio” a nuevos funcionarios de la escala básica con convocatorias de promoción, ascenso y especialización para los que actualmente ocupan esas plazas.

Tras meses de tensión y negociaciones, los sindicatos de Prisiones ACAIP (asociado con UGT y mayoritario tras la transferencia) y CCOO han firmado un preacuerdo con el Gobierno vasco, que gestiona esta competencia desde 2021, para los próximos cinco años. El preacuerdo anunciado esta semana y que tendrá que ser ratificado el próximo 15 de julio en la mesa sectorial, recoge condiciones específicas para estos funcionarios. Entre otras cuestiones, pluses de peligrosidad de 175 euros mensuales para funcionarios con contacto directo con los presos, de nocturnidad de 250 euros mensuales, además de elevar el pago de horas las extras de 15 a 30 euros la hora. Juan Carlos Díaz Díaz, coordinador autonómico de ACAIP, considera que es un pacto muy positivo, “que ha sido muy difícil ” de conseguir y que convertirá a Euskadi en referente en cuanto a condiciones de los funcionarios de prisiones. “Estaremos en una media entre un 10 o un 15% por encima de otros funcionarios estatales”, dice.

Califican el principio de acuerdo con el Gobierno vasco de “gran avance”, pero entiendo que no se solucionan los problemas por lo que llevan cuatro años quejándose, como la falta de personal. Les van a pagar más por hacer horas extras, pero van a tener que seguir haciéndolas.

Esa es una parte, pero también viene recogido en el acuerdo que, en tanto en cuanto no salga la OPE, se va a seguir contando con la contratación de interinos. Ya se ha publicitado una nueva bolsa de empleo, bueno, se ha ampliado la que había anteriormente, y hay de plazo hasta el 15 de julio para que los interesados se puedan inscribir. Y aunque no es el medio más idóneo, al menos sí va a posibilitar que haya más personal en muy breve espacio de tiempo que se empezarán a incorporar después del verano, y a expensas de que lógicamente se convoque una OPE para regularizar la situación y que el personal que entre, sea funcionario de carrera y no tenga el carácter interino. En el acuerdo firmado se ponen las bases para que esa situación de problemas de personal que tenemos en los centros, poco a poco se vayan solucionando.

Es decir, no temen que el hecho de que se les pague ahora más por las extras consolide el sistema

No, no. Lo de las horas extras es algo temporal. Tiene que darse porque si no ahora mismo sería muy difícil cubrir los servicios en los centros. Pero tiene un punto final. Para eso se ha recogido en este acuerdo todo este sistema de selección de personal interino, para evitar que esto se cronifique y que se tengan que seguir pagando prolongaciones de jornada u horas extras a lo largo del tiempo.

¿Se están haciendo muchas horas extras,o 'peonadas' actualmente?

Pues depende de los centros y de la situación, pero sí, se están haciendo. No te puedo cuantificar. Dio los datos en su momento el director de Servicios Penitenciarios desde que se realizó la transferencia (reconoció dos millones coste por más de 136.000 horas). Pero también es cierto que se ha ido incorporando algo más de gente de la bolsa de trabajo inicial que se constituyó. ¿Se van a tener que seguir haciendo? Pues sí, porque además ahora estamos en verano, la gente tiene que tomar vacaciones y tiene que coger también sus permisos... Pero vamos, la intencionalidad es que vayan disminuyendo progresivamente por la incorporación de nuevos trabajadores.

Dígame cuáles son los puntos más destacados del acuerdo.

Hay mejoras que afectan al tema de las cadencias y horarios, mejoras retributivas y otra parte de la adaptación de la normativa autonómica a lo que te acabo de comentar, en el caso de la generación y la contratación de interinos, en el caso de las comisiones de servicio y las adscripciones provisionales de aquellos puestos como puedan ser los puestos directivos que cesan en su puesto, que también hay que regularlo y adaptarlo a la normativa autonómica. Hasta la fecha se estaba haciendo de forma excepcional y ahora ya con el acuerdo, se regula de una forma más concreta. También otro de los aspectos importantes que destacamos es la regulación de la segunda actividad de aquellos trabajadores que llevan 25 o 30 años trabajando en el área de vigilancia y seguridad y que se habilita también un sistema similar, aunque ampliado, a lo que teníamos con cuando dependíamos de Madrid, para aquellos trabajadores que con 57 años, con unos requisitos de antigüedad, puedan pasar a una actividad más suave o al menos con un contacto inferior o nulo con los internos. Y en cuanto a las mejoras retributivas, pues evidentemente hay unas mejoras sustanciales en relación con el personal del área de seguridad y vigilancia que entendíamos que era uno de los aspectos principales que veníamos demandando durante este tiempo. Porque una vez que se aprueba la RPT y se hace la valoración de puestos de trabajo, el sistema que tiene el Gobierno vasco, es un caso singular y habían quedado distintos puestos con las mismas retribuciones, pese a que hacían horarios diferentes, algunos no hacían nocturnidad, otros tenían unas responsabilidades mayores, como son los gestores. Con este acuerdo se regulariza esa situación con incrementos que a nuestro juicio son importantes.

Nuestras condiciones estarán una media de entre un 10 y 15% por encima del resto del los centros del Estado

Ahora las condiciones de los funcionarios de prisiones vascas estarán por encima de las de los del Estado

Sí, sí. Con esto que se ha firmado vamos a tener condiciones superiores a lo que hay en el resto de los centros del Estado y vamos a estar en su mayoría por encima de las condiciones de los trabajadores penitenciarios catalanas, que también tienen unas condiciones diferentes. Es una mejora muy importante económica para una parte sustancial y mayoritaria de los trabajadores que desempeñamos nuestro servicio en los centros penitenciarios, que es el área de seguridad y vigilancia, que es el principal. Por eso valoramos como muy positivo el acuerdo, porque ha sido muy difícil conseguirlo y se ha conseguido desbloquear a raíz del encierro que hicimos el 15 de abril, la situación cambia, y ciertas cuestiones en materia retributiva no se podía, pues empezaron a verse de otra manera por parte básicamente del departamento de Empleo público y de esa manera pues hemos llegado a la situación que tenemos hoy.

¿En qué porcentaje estarán por encima de sus compañeros del resto del Estado?

No puedo hacer un cálculo porque son muchos puestos de trabajo en distintas áreas, pero tranquilamente se podría rondar entre una media de un 10 o un 15% por encima. Además, hay unas condiciones en cuanto a horarios y días que no tiene el resto del personal a nivel nacional. Y luego con la valoración de los puestos que en su momento se hizo, también hay otra parte del personal técnico y con horarios generales que ha mejorado su situación económica en cuanto a lo que estaba percibiendo y se les atribuía cuando se dependía del Estado.

Se firmó una transferencia sin saber lo que se transfería. Sí lo sabía el Estado, pero no lo sabía el Gobierno vasco

Con la tensión que ha habido estos cuatro años da la sensación de que la transferencia de prisiones no ha beneficiado precisamente a los funcionarios. ¿Este acuerdo lo compensa, entonces?

Bueno, desde un inicio se han dado dos circunstancias. La primera, que se firmó una transferencia sin saber lo que se transfería. Sí lo sabía el Estado, pero no lo sabía el Gobierno vasco, con lo cual todo dificultó en demasía el proceso, entre otras cosas porque el Departamento de Justicia en su momento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que era como se llamaba anteriormente cuando lo gestiona el PNV, les pilló de repente con algo complejo, con algo que no habían gestionado nunca y con unas singularidades que no tenía ningún otro departamento. Y eso añade a mayores, la carga de trabajo sin tener los profesionales o el personal preciso para gestionarlo. Y otra de las razones que también ha influido mucho en el retardo en llegar a este acuerdo fue las elecciones autonómicas que se celebraron el año pasado. De repente hay un cambio de gestión por el reparto que hace la coalición PNV-PSE-EE, y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos lo empieza a gestionar el PSE-EE y pasa algo parecido. A ellos se les da cuenta lógicamente de lo que se ha venido haciendo, pero el trabajo está sin culminar, entonces es otra vez gente nueva, una renovación de cargos y una renovación en la cúpula del departamento. Esto ha generado muchos muchos problemas a la hora de definir, no solo el acuerdo, sino las condiciones laborales que van asociadas a al mismo. Pero bueno, al final en estos prácticamente seis meses en los que ha estado el PSE-EE con el departamento, una vez que se designa al actual director de Servicios Penitenciarios, hay que reconocer el esfuerzo y el talante que ha tenido y clara la intencionalidad de llegar a un acuerdo y llegar a unas condiciones laborales que calmaran a todos los empleados, por la situación que estamos viviendo, y que también se reconociera el esfuerzo que se desarrolla en los centros penitenciarios, que no es fácil.

Nuestra intención siempre ha sido colaborar desde la lealtad y desde el punto de vista de mejorar un modelo penitenciario, que ahora mismo pues tiene las carencias

¿Este acuerdo habría sido posible con la consejería en manos del PNV?

Sí, podría haber sido posible, pero cuando hay un cambio, el problema es que eso te supone que los puestos y los cargos de decisión, claro, no están. Con el PNV seguramente también se hubiese llegado a un acuerdo, pero te cambia todo en el momento en que las personas son diferentes, y las responsabilidades las ejercen otras y las dinámicas y las políticas son otras. Entonces, claro, tenemos que empezar de cero. Pero bueno, luego se ha empezado a trabajar, hemos tenido múltiples, múltiples reuniones a todos los niveles y bueno, y en la parte que nos toca siempre les dijimos tanto al antiguo equipo del PNV con los acuerdos que firmamos, que fueron cuatro y al actual equipo del Departamento de Justicia, que nosotros estamos para mejorar las condiciones de los trabajadores y que nuestra intención siempre ha sido colaborar y siempre desde la lealtad y desde el punto de vista de mejorar un modelo penitenciario, que ahora mismo pues tiene las carencias. Todos estamos en la línea de buscar lo mejor para todos, tanto para el personal como para los propios internos, que también se ven afectados por este tipo de cuestiones.

¿Y a qué se refiere cuando dice que se transfirió esta competencia sin que se supiera realmente qué es lo que se recibía?

Pues que la transferencia se hizo de forma política. Fue una decisión política sin preparar con carácter previo lo que se iba a transferir. Hace unos 11 años se transfirió el personal sanitario que desempeña su actividad en los centros. Hablamos de médicos, enfermeros y auxiliares de clínica, un colectivo de unos 30 trabajadores que era personal sanitario. Y cuando se hizo eso en su momento y se transfirió y estos profesionales se integraron en Osakidetza, dos años antes de hacer la transferencia se constituyeron dos comisiones de trabajo, una entre los centros y el Gobierno vasco, para ver qué era lo que tenían o lo que iban a asumir, y otra entre el Gobierno vasco y Madrid, la Secretaría general, Instituciones Penitenciarias, para ir puliendo esas situaciones o esos posibles problemas que se podían dar cuando se transmitiese la competencia. Y cuando se hace la transferencia, dos años después, esas comisiones siguieron funcionando para resolver esos posibles problemas de coordinación que tenía, en este caso un ente público como era Osakidetza, de la cual ya dependían los médicos transferidos y la propia institución penitenciaria. Eso es hacer una transferencia organizada y coordinada. No lo que se hizo con la transfeferencia de prisiones, que se hizo sin tener los medios, los recursos y sin haber dimensionado el propio Departamento de Justicia con un personal que supiese lo que tenía que gestionar y no tener que empezar de cero desde que te dicen 'oiga, aquí tiene usted esto ya'

¿Este acuerdo garantiza paz social para cinco años?

Sí, es una parte muy importante de las demandas que veníamos haciendo los sindicatos y nosotros como sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario creemos que con lo que aquí se ha rubricado, se genera una paz social que nosotros entendemos que va a aguantar estos cinco años. Además, en el propio acuerdo se genera una comisión de seguimiento de los sindicatos firmantes y eso también te permite hacer un seguimiento y sustanciar aquellos problemas o aquellas dudas que se puedan ir generando a lo largo de este periodo. Si no se hubiese conseguido el acuerdo, francamente tendríamos un problema mayor porque el personal está ya saturado, está cansando, viendo como la administración no daba un paso hacia adelante. Y me refiero no solo al Departamento de Justicia, sino a los departamentos implicados que en este acuerdo tienen también arte y parte, como es Hacienda o como es de Empleo Público, que depende de Gobernanza.

El acuerdo lo va a firmar ACAIP UGT y CCOO, que son mayoría. Pero ELA afirma que el acuerdo el Gobierno ha firmado en minoría.

Nos sentamos a negociar cuatro sindicatos: ACAIP-UGT, CCOO, ELA y LAB. Sí es cierto que en lo que es Administración general autonómico LAB sería el primero y ELA el segundo. Pero en los centros penitenciarios la presencia de ELA es muy limitada y LAB, ni siquiera tiene. Y ELA no firma acuerdos con la administración, ya lleva muchos años que está a la contra. Ellos lo que hacen es política ideológica, sindical, no política en beneficio de los trabajadores. Va a ser muy difícil que justifiquen ante sus afiliados por qué no se ha firmado un acuerdo donde se mejora sustancialmente las condiciones de todos los trabajadores penitenciarios. De todos, porque todos al final se les ha reconocido algún beneficio, llámese compensación horaria o llámese compensación retributiva. Y otra cosa, tanto nosotros como como CCOO antes de firmar el acuerdo hemos pedido la opinión a nuestros afiliados. Y nosotros hemos obtenido el respaldo de más de un 70% de la afiliación. Ellos van a tener que explicar por qué no firman, porque insisto en que si lo comparamos con lo con los acuerdos que se han ido firmando o rubricado en Madrid durante los últimos años con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, este es un acuerdo que con diferencia es mejor y supera a los que se han venido firmando con Madrid. El País Vasco va a ser un referente en cuanto a las condiciones laborales que tenemos todos los empleados penitenciarios.

Es decir que va a ser una base para negociar fuera de aquí.

Seguramente lo van a empezar a utilizar. Pero bueno, aquí también siempre se ha defendido, por parte de la administración y por todos los agentes sociales, un modelo penitenciario propio, con unas singularidades determinadas. Si quieres generar un sistema modélico, un sistema innovador dentro de la aplicación de la normativa que tienes que aplicar, porque esa es general, no es autonómica, tiene que haber una parte de reconocimiento y de valoración del trabajo que hacen los profesionales de los centros, que no es fácil y sobre todo en un momento muy difícil, porque ya sabes que ahora tenemos mucha conflictividad.

Ahora la situación que estamos viviendo es complicada porque no hay capacidad suficiente para poder tener a los internos con garantías en los centros

¿Y por qué la situación es ahora más complicada que antes? ¿El perfil de los reclusos es muy diferente o hay mucha saturación en las cárceles y ?

Ahora mismo se dan esas dos circunstancias. Por un lado, la cantidad de internos que tenemos sobrepasa lo operativo o lo que sería deseable en nuestros centros. Y luego, pues sí, ha cambiado de repente el perfil de los reclusos en estos tres años de una manera radical. Ahora mismo tenemos un perfil de internos que son muy problemáticos y que nos lleva a una etapa compleja, delicada y difícil de gestionar. Mucho interno, joven, mucho interno de origen magrebí, que ocupa un porcentaje muy amplio de lo que tenemos en los centros y con una problemática tremenda en todos los sentidos, de comportamiento, de consumo de sustancias y eso está generando un sinfín de problemas de seguridad, de convivencia, con agresiones... Y claro, todo eso genera un malestar y un estrés que nos pasa factura a todos los que trabajamos en los centros. Y todo eso también hace que la Administración haya reconocido ese esfuerzo y lo haya valorado. Pero esto también es un inicio. Ahora la situación que estamos viviendo es complicada porque no hay capacidad suficiente para poder tenerlos con garantías en los centros.

¿La apertura del nuevo centro de Zubieta en Gipuzkoa, será suficiente para solucionar el problema?

Una parte se solventará cuando se abra este centro, que parece ser que será a final del año que viene. Eso aliviará en parte la congestión que tenemos en los centros. Pero hay otra parte que no va a poder hacerse si no se evacúan a otros centros del Estado. Son tres centros los que tenemos ya la comunidad, no hay más. Zaballa como centro de referencia, que es el que más plazas tiene, Zubieta cuando abra puede llegar a 800 plazas como mucho. Y luego Basauri, que es un centro que claro que tenemos una capacidad limitada porque es un centro que básicamente estaba orientado para presos preventivos. El decreto de la transferencia ya contempla que pueda salir presos a otros centros de la península.

¿El centro de Zaballa ya está ahora por encima de los 900 reclusos, no?

Ahora tiene unos 940 internos, que es mucho para lo que para lo que es el centro. Saturados estamos los tres. Pero claro, todo lo que sale de Martutene o de Basauri, va a Zaballa. Claro. Entonces en Zaballa al final se atasca. Bizkaia es el territorio que más internos genera por la población que tiene. Al fnal pasan por el centro de Bizkaia, pero cuando ya no hay espacio tienes que llevarles a Zaballa.

El Gobierno vasco es el que gestiona esta institución y le corresponde dotar de los medios para que el ambiente laboral en las prisiones sea seguro

¿Entonces, con esta saturación en lo que se refiere a recursos, la cantidad de personal que entrará con la OPE es suficiente?

Serían unos 290 trabajadores ahora mismo son los que quedarían por cubrir en relación con el número de funcionarios que tenemos en este momento. Entendemos que se tendrán que ampliar porque ya les dijimos cuando se aprobó que para nosotros no era suficiente. Pero bueno, en RPT siempre se puede actualizar, se puede modificar, se puede aumentar y esperamos que así sea cuando Zubieta empiece a funcionar, porque con ese número de puestos que estarían pendientes de cubrir, no será suficiente para satisfacer las demandas de los centros. Serían unos 800 funcionarios que entendemos que será poco para poder atender con garantía todos los módulos de los centros.

Entonces, esa es la el nuevo punto de negociación a partir de ahora.

Ese será uno de los puntos que tendremos que ir mirando dentro de lo que es el seguimiento del acuerdo que vamos a hacer con la Administración. Y no sólo eso. También queremos, por ejemplo, formación específica para, inmovilizar a alguien cuando está en un estado de peligrosidad, de ansiedad o que genera un riesgo hacia otros internos o hacia los propios funcionarios. Tienes que adoptar las medidas o los dispositivos que te amparan en base al reglamento penitenciario. Entonces, claro, si hemos pedido nosotros que se genere un grupo específico de personal que sepa atender con garantías esas situaciones complejas y que posibilitaría, pues al menos no tener los problemas que venimos teniendo cuando, cuando con el grado de conflictividad que hay ahora mismo en los centros, se genera todos los trabajadores un riesgo importante, porque no tenemos una formación. No es porque el Gobierno vasco la haya dado, es algo que viene de atrás. Pero ahora son ellos los que gestionan esta institución y también les corresponde a ellos dotar de los medios para que el ambiente laboral sea seguro.

Hace 25 años, en julio de 1997, Euskadi vivió unas semanas convulsas. En la madrugada del primero de mes, ETA liberó de su cautiverio al empresario Cosme Delclaux después de que su familia abonara 1.000 millones de pesetas, (unos seis millones de euros). La noticia llegó mientras entre 300 y 400 agentes de la Guardia Civil encabezados por el juez Baltasar Garzón estaban a punto de irrumpir en un pabellón industrial de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón donde, según se sospechaba, la banda terrorista había tenido secuestrado durante más de 500 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, ahora en Vox. En aquella fábrica, la Guardia Civil se topó con un “mecanismo fantástico desde el punto de vista de ingeniería” y pasó horas hasta descubrir el engranaje que abría una trampilla en el subsuelo hacia el zulo que ocultaba a Ortega Lara. El golpe policial, en cambio, obtuvo como respuesta otro secuestro tan solo unos días después. El concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco fue torturado y asesinado como chantaje al Gobierno de España para lograr el acercamiento de los presos.

El coronel de la Guardia Civil Francisco Vázquez, ahora jefe de los equipos antiterroristas especializados en la lucha contra el yihadismo, era entonces teniente en la comandancia de Gipuzkoa. El agente, participante activo de aquella larga investigación policial para localizar con vida a Ortega Lara, ha contado en los últimos días en un podcast realizado en colaboración con el Memorial de víctimas del terrorismo de Vitoria algunos detalles de lo sucedido desde que ETA secuestró en Burgos en enero de 1996 a Ortega Lara, a quien hacían seguimientos también en su destino, la cárcel de Logroño. “ETA era, de largo, la organización terrorista del mundo más tecnificada en esos momentos. Reto a cualquiera a confrontar metodologías del IRA o de las FARC, organizaciones tremendamente notorias de las que ETA ha sido instructora. Esto no era un secuestro en un agujero excavado en el monte. No estaba en un sitio en absoluto fácil. Era la transformación del zulo de Julio Iglesias [Zamora, apresado en 1993]. Era gente con muchas habilidades técnicas. Era una especie de grupo de I+D. Copiaban y replicaban armas. Compaginaron esa habilidad con la construcción de un zulo”, señala el mando policial.

Ortega Lara estaba retenido en el sótano de una fábrica llamada Jalgi. Cuando los agentes irrumpieron, era una nave diáfana normal con su maquinaria, sin habitáculos a la vista. El sistema de apertura del zulo “requería la combinación” de palancas en diferentes puntos. El “mecanismo de iniciación” era un brazo articulado que levantaba una tapa circular con un “ascensor cilíndrico”. “Queda muy mal decirlo, pero era un mecanismo fantástico desde el punto de vista de la ingeniería”, afirma. Asume que hubo un punto de duda al comprobar el interior de un espacio que habían estado vigilando durante semanas. La primera fue al conocer, antes de proceder y en plena madrugada, que ETA había liberado a Delclaux en otro punto, en Elorrio. La Policía desconocía si en Arrasate-Mondragón había una persona o si los dos secuestrados estaban juntos y analizaron si la organización tenía capacidad logística para sostener dos tapaderas semejantes. Pero decidieron fiarse de su investigación, de detalles como que los terroristas metían allí barras de pan y latas de conserva aunque luego comieran fuera en otro lugar. “No nos hubiésemos ido jamás de allí [sin encontrarle]. Si hay que tirar la fábrica, se tira la fábrica. Había que tener un convencimiento, porque allí no había ningún signo de que hubiera un habitáculo”, explica.

El elevador era tan estrecho que el cabo de Intervención al que correspondía bajar en primer lugar no cupo. Fue otro agente más menudo el que localizó a Ortega Lara con vida. Era una persona con “mirada perdida”, “asustado” y “buscando una referencia conocida” tras 532 días sin ver la luz. Estaba famélico y presentaba una barba larga y poblada. Precisamente el Memorial ha reproducido ese zulo en su espacio museístico de Vitoria. En la inauguración, el propio jefe del Estado, el rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedieron a él. Era una suerte de caseta de madera encajonada bajo el nivel del río con un camastro casi en el suelo. Mide no más de tres metros de largo y dos metros y medio de ancho. Cuenta el coronel Vázquez que ETA tenía un sistema de comunicaciones a través de un mensaje en clave en una sección del diario 'Egin' para que el comando supiera cuándo soltar o ejecutar al secuestrado.

Explica este jefe de la Guardia Civil que las caídas de la cúpula de Bidart y otras operaciones llevaron a los dirigentes terroristas a sofisticar sus comunicaciones y a pasarse a sistemas heterodoxos de cifrado. Sin embargo, unas anotaciones sobre “BOL” permitieron llegar más de 300 días después del secuestro a tener una primera pista sobre el pabellón. “BOL” era el inicio de Bolinaga, segundo apellido de uno de los captores, Josu Uribetxeberria. Estuvo presente en el registro de la nave y ni colaboró ni “en ningún caso mostró ningún síntoma de humanidad”, según el podcast.

La “jodida” situación de los funcionarios de prisiones

José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, sindicato de funcionarios de prisiones, relata a este periódico los “años duros” para sus colegas durante la existencia de ETA. “Siempre hemos sido, además, uno de los colectivos olvidados. La gente visualiza la amenaza a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, pero no a los que tratábamos dentro con ellos en los centros penitenciarios y sufríamos concentraciones cuando íbamos a trabajar”, explica López, que recuerda que durante aquellos 500 días la relación con otros reclusos condenados por terrorismo era muy compleja, ya que usaban como amenaza la situación de Ortega Lara. En Logroño, a muy pocos kilómetros de la frontera con Euskadi, hubo encierros solidarios de funcionarios. “Teníamos muy pocas esperanzas de que apareciese con vida. Fue un milagro. Afortunadamente salió bien”, rememora López.

Según los datos de ACAIP, una docena de trabajadores de Instituciones Penitenciarias han sido víctimas directas del terrorismo. El GRAPO mató en 1978 al entonces director general de Prisiones, Jesús Haddad Blanco, y el resto son víctimas de ETA. El último, en el año 2000, fue Máximo Casado, trabajador en Nanclares de la Oca, la cárcel de Álava. El caso más grave se produjo en 1991 en Sevilla-I cuando explotó un paquete-bomba en la zona de visitas. Murieron cuatro personas. “La situación fue muy jodida, porque había familiares de los presos y los presos comunes querían linchar a los de ETA”, explica López. En 2021, las cárceles y el personal fueron transferidos al Gobierno vasco, un gesto que se presentó como un símbolo de normalidad política diez años después del final del terrorismo de ETA y casi un lustro después de su desaparición como organización.

Aquellos hechos de julio de 1997 también tuvieron importantes derivadas políticas. Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, entiende que aquellos días trajeron un “cambio de tono” del Gobierno de José María Aznar hacia el nacionalismo vasco, una “ofensiva” para hacer ver “que todo el nacionalismo estaba en el mismo barco”. Del momento dulce entre PP y PNV de la investidura de 1996 se pasó al pacto de Lizarra de 1998, que unió a la entonces HB con el nacionalismo institucional y con Ezker Batua. Cuenta Anasagasti que el PNV tenía “exploradores” sondeando al entorno de ETA para buscar un cese de la violencia, “Juan María Ollora, Joseba Egibar [todavía hoy portavoz parlamentario] y Gorka Agirre”. Tras el secuestro, Ortega Lara participó en candidaturas del PP en Burgos pero abandonaría este partido. En 2014, de la mano de Santiago Abascal hijo, fue uno de los fundadores de un nuevo proyecto llamado Vox. En 2021, a raíz de la inauguración del memorial, Ortega Lara afeó en El Mundo a Sánchez que acudiera a inaugurar un espacio impulsado por el Gobierno de España al considerar que es un presidente que “beneficia a terroristas” y que “gobierna con el brazo político” de ETA, en referencia a EH Bildu.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que es el competente en materia de Prisiones, tiene prevista la inauguración inminente -“a mediados de junio”, según las fuentes consultadas- de la primera unidad maternal en las cárceles vascas, gestionadas desde 2021 por la comunidad autónoma. Antes de la transferencia, las reclusas que solicitaban convivir con sus hijos -una posibilidad hasta los tres años- podían ser trasladadas a otros centros del Ministerio del Interior y ahora ha habido que acondicionar unas instalaciones en Martutene para construir cinco habitaciones aunque, por el momento, se estima que solamente una o dos serán ocupadas a corto plazo. En las obras han participado los propios presos, incluidos tres de ETA dentro de sus programas de reinserción.

“En el momento en que se produjo el traspaso a la comunidad autónoma de Euskadi de la competencia en la materia no existía ninguna unidad de madres. En la actualidad se está finalizando el acondicionamiento de un espacio polivalente equipado para funcionar como unidad de madres si fuera necesario [...] dentro del centro penitenciario de Gipuzkoa, que dispondría de cinco habitaciones acondicionadas en tal sentido”, explica la consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, en una documentación enviada al Parlamento Vasco a instancias del representante de PP+Cs Luis Gordillo.

Son tres los penales operativos en Euskadi y cinco los edificios objeto de transferencia de una u otra manera. Las cárceles son las de Basauri en Bizkaia -sin módulo de mujeres-, la de Zaballa a las afueras de Vitoria -con 72 celdas disponibles para las presas- y la de Martutene en Gipuzkoa -15 celdas-. Además, se cedió la vieja prisión de Nanclares de la Oca, un complejo en el que también había viviendas de funcionarios, y se ha de entregar desde el Gobierno central el nuevo complejo de Zubieta una vez finalizada una obra que acumula importantes retrasos, lo que supondrá su permuta por Martutene. El Ejecutivo vasco concede que la reforma en el actual presidio guipuzcoano es una “solución transitoria” y que tocará “habilitar” un espacio similar cuando se produzca la mudanza.

La nueva instalación se destinará igualmente a “comunicaciones convivenciales”, esto es, será el lugar donde los menores con familiares encarcelados hagan las visitas. Estas fuentes indican que se estudió crear esta unidad de madres y visitas en Zaballa, la cárcel más grande y moderna de las tres. Sin embargo, se entendió que la zona adecuada para ello estaba muy en el interior del complejo, lo que obligaba a que los pequeños tuvieran que adentrase mucho en un edificio no muy amable. En Martutene se ha logrado un espacio con un acceso “lo más independiente posible” y con salida a un “patio con columpios”. En la vista que se hizo en mayo, Artolazabal se dejó fotografiar junto a un oso de peluche gigante.

Se da la circunstancia de que una veintena de internos han colaborado en el proceso de acondicionamiento, entre ellos tres condenados por su pertenencia a ETA después de años en que este colectivo boicoteaba el trabajo penitenciario. Tras el cambio de gestión se creó la agencia Aukerak para favorecer estos procesos.

Preguntado el Gobierno vasco si contempla ampliar los espacios para mujeres en las cárceles o estas unidades de madres, explica Artolazabal que “la dotación actual se corresponde a la demanda existente”. “En todo caso, la planificación de las infraestructuras penitenciarias tendrá en cuenta esta variable junto al resto de necesidades de equipamientos que puedan darse en el futuro”, indica la consejera en su respuesta a PP+Cs.

División sindical en las Prisiones vascas

Por otro lado, este jueves se ha reproducido la polémica entre sindicatos que se vive en las Prisiones vascas y que se explica en parte por el choque de legitimidades entre los dos bloques de centrales que se han conformado. ACAIP, organización vinculada a UGT, ganó las elecciones en los centros vascos cuando estaban gestionados por el Estado pero la transferencia ha situado como foro de negociación la mesa general de la Administración autonómica, con ELA como referencia. Esta central, con menos nivel de afiliación en Prisiones que en otras áreas, ha participado en una concentración en Zaballa con CCOO o CSIF, entre otros, en la que insistido en cuestionar los acuerdos entre el Gobierno y ACAIP-UGT, a la que consideran “minoritaria” pero que el Ejecutivo no trata como tal.

“El Gobierno continúa con su política de parcheo permanente mediante acuerdos parciales con la minoría sindical, sin dar una solución a los problemas reales”, entienden desde ELA, que ha expuesto cinco reivindicaciones. Entre ellas, la siguiente: “Todas las personas que realizan las mismas tareas han de tener las mismas condiciones de trabajo”. Esto surge porque, con fecha de 24 de febrero, alrededor de una sesentena de funcionarios del Estado llegaron en un concurso de traslados y se unieron a la plantilla transferida desde el 1 de octubre. Y, en su caso, no cuentan con unos “días especiales de descanso” que se crearon en su momento en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra por la amenaza de ETA, que asesinó o secuestró a personal penitenciario.

Fuentes de ACAIP-UGT plantean que toda la situación actual es de transitoriedad porque está acordado un margen de dos años para determinar la estructura (RPT) y las condiciones para todo el personal, los transferidos y los que se vayan incorporando. Hay que encajar a personal con un convenio de 37,5 horas semanales con las 35 horas de la Administración autonómica, por ejemplo, lo que obliga a replantear todos los turnos y calendarios. Hasta entonces, defienden que “todos los que han venido ganan más de lo que cobraban antes” y que no tienen esas libranzas “especiales” dado que no las tenían en sus destinos anteriores.

ACAIP-UGT y ELA -y aquí también CCOO- chocan igualmente por una bolsa de sustituciones que se ha creado para cubrir bajas, cuando ambas centrales piden que lo que urge es una OPE con plazas fijas. “En Zaballa estimamos que hacen falta 90 trabajadores. En Martutene, sólo en oficinas, hay 16 bajas. En Basauri tenemos un problema de jubilaciones y, entre verano y otoño, perdemos una docena de compañeros. Hay una sangría de personal. Claro que queremos una OPE pero, hasta que llegue, hay que posibilitar los instrumentos para prestar el servicio”, contestan desde la central asociada a UGT, que critica que ELA fuerce la situación cuando “por ideología luego nunca firma nada en la Administración” -como ha ocurrido en Educación en fechas recientes- y CCOO cuestione una bolsa en Euskadi cuando la ha validado para las Prisiones del Estado.

Instituciones Penitenciarias ha decidido posponer la orden de cierre de los pabellones de viviendas que mantiene la cárcel de Álava y que ocupan en la actualidad unos 170 de los 290 funcionarios, además de sus familias, una medida inicialmente prevista para el próximo 31 de octubre porque la habitabilidad de esas casas no es óptima. Así lo ha comunicado en rueda de prensa el sindicato UGT-Acaip, mayoritario en el sector, tras reunirse con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y denunciar que “no existe ningún informe” sobre el mal estado de los pisos.

Como muchos penales antiguos de España, la vieja cárcel de Nanclares de la Oca tenía unos pabellones residenciales para el personal del centro. En 2011, cuando las nuevas instalaciones de Zaballa ya estaban operativas y se decretó el cierre de las viejas, se mantuvo expresamente la zona de viviendas y también parte del presidio para atender a presos en tercer grado (el CIS atiende ahora a 64 personas). UGT-Acaip interpreta que la medida no sólo afecta a un “número muy importante de trabajadores” (más de la mitad de los destinados en Zaballa) y a sus familias sino que, ante la inminencia de un concurso de traslados, se verían afectados también quienes habían solicitado plaza en Álava con la expectativa de contar también con una “solución habitacional”.

La ocupación de estos pisos, cuyo tamaño varía en función del número de personas ocupantes, tiene un canon que puede alcanzar los 280 euros mensuales. Parte de ello está destinando a mantenimiento. El sindicato calcula que Prisiones ingresa alrededor de 65.000 euros anuales por ese concepto y denuncia que si entiende que las casas tienen problemas debería explicar a qué ha destinado lo que ha ido recaudando por ese concepto desde 2011.

El secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza, y del Acaip, José Ramón López, han pedido que el proceso se resetee y que Prisiones busque el diálogo con los sindicatos para encauzar la situación. De momento, se felicitan de que esté “suspendida” la fecha límite del 31 de octubre y avisan de que pelearán tanto ante el Ministerio del Interior como en los tribunales, llegado el caso, para que se respeten los derechos de los funcionarios afectados.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado un aumento en los casos de sarna en las cárceles españolas, donde se ha pasado de 58 a 176 internos afectados en cinco años.

En el caso de Murcia, desde septiembre de 2018 se han registrado 46 casos de sarna en la prisión de Campos del Río. El año pasado se tuvo que realizar una intervención ante el brote más grave registrado, con 39 personas afectadas.

“En siete meses de este año hay más casos que en todo el año pasado”, ha apuntado a Europa Press el responsable de Salud Laboral de Acaip, Alberto Téllez. “Hay un repunte a nivel general, pero no es menos cierto que en prisiones hay un déficit de personal sanitario tremendo”, ha añadido.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en 2015 se registraron 58 casos de sarna en las prisiones españolas. Al año siguiente, el número se redujo a 45, disparándose en 2017 hasta los 95 casos.

La estadística sufrió un repunte mayor aún en 2018, con 160 reos afectados. Este año, hasta el 31 de julio, ya hay más casos que en todo el año anterior: 176 personas sufren esta enfermedad cutánea, que provoca picazón en la piel.

Lamentan el “desprecio” de la administración a los trabajadores

El caso más grave se ha producido en la prisión de Las Palmas 1, donde se ha pasado de cuatro afectados en 2018 a 33 en lo que va de año. En Albacete y Algeciras, el pasado año solo hubo un preso afectado por prisión: en 2019 ya son 13 en cada centro.

La falta de personal es una de las principales razones apuntadas por Acaip como causa del repunte, pero no la única. “Hay centros que tienen solo un 20% de los médicos que deberían tener. Ante esa falta de gente, es más fácil que tarde en detectarse la enfermedad”, ha explicado Téllez.

Según ha recordado el propio responsable de Salud Laboral, el año pasado en la prisión de Murcia 2

Unido al repunte de casos de esta enfermedad está, según señalan desde Acaip, el “desprecio hacia los trabajadores” de las cárceles que se contagian por el contacto directo o indirecto con los reclusos.

“La administración nunca reconoce que ha sido en el trabajo. El funcionario, además de sufrirla, tiene que reclamar judicialmente que se ha contagiado en el trabajo. Lo más grave es que ponen en tela de juicio su enfermedad”, ha denunciado Téllez.

Más de 150 funcionarios de prisiones aragoneses participaron esta semana en la gran movilización que protagonizó este colectivo en Madrid para exigir mejoras salariales y la contratación de nuevos efectivos que reduzca la sobrecarga de trabajo que asumen. Sostienen que el sistema penitenciario va abocado al “colapso” y que ellos sufren las consecuencias en primera persona. La falta de personal afecta a su salud laboral y a su seguridad, en centros donde se produce una agresión al día, según datos oficiales del Ministerio de Interior, aunque, desde los sindicatos, aseguran que son muchas más.

Actualmente, en la cárcel de Zuera (Zaragoza) trabajan 445 funcionarios de prisiones, cuando la Relación de Puestos de Trabajo fija para este centro penitenciario 507 efectivos. Es decir, faltan 62 plazas, a las que habría que sumar 17 vacantes del área de vigilancia, donde trabajan 300 funcionarios, que se han quedado sin cubrir, explica a este diario Mariano Sanz, delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) en Zuera. En la cárcel de Daroca, se repite la misma situación, con 45 vacantes, indica el delegado sindical Daniel Vicente.

Pero, además de los funcionarios de prisiones, en estos centros trabaja también personal laboral. Médicos, enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales que también han sido convocados a la movilización y que también sufren la merma de plantilla. En la cárcel de Zuera, este colectivo lo componen 25 trabajadores cuando debería haber 56, afirma Sanz. “Tendríamos que tener ocho médicos y ahora solo hay cinco, pero es que hemos llegado a tener solo tres. Y con las trabajadoras sociales ocurre lo mismo, tendría que haber 14 y están solo ocho”, sostiene.

“Si me viene alguien con una parada cardiorrespiratoria se me muere allí mismo”

Marian Andrés es enfermera en la cárcel de Zuera, donde lleva trabajando once años. Explica que durante un año tanto ella como sus compañeras han tenido que hacer guardias solas ante la falta de médicos por jubilaciones o bajas que no se han cubierto.

“Nos vemos obligadas a tomar decisiones para las que no estamos capacitadas, yo me he visto sola sin el médico atendiendo una sobredosis por consumo de sustancias. Si me viene alguien con una parada cardiorrespiratoria se me muere allí mismo”, relata. Para atender estos casos, acaban llamando a las ambulancias UVI móvil cuando son incidencias que podrían solucionarse en el mismo centro si hubiera un médico, sin necesidad de reclamar recursos externos, que “están para atender otras emergencias”.

En esta situación, con tan solo cuatro médicos, han estado durante un año, con una dotación insuficiente para cubrir las guardias nocturnas y las de fin de semana.

Ahora, tras la incorporación de un médico de baja y la llegada de una interina, hay seis médicos en la cárcel de Zuera. “Pero es temporal porque ya sabemos que va a haber más bajas y estas no se cubren. En el momento en el que bajamos de seis médicos volvemos a hacer solas las guardias”, manifiesta.

Pero, además, este personal sanitario, que depende del Ministerio de Interior, aunque llevan años reclamando su integración en el Servicio Aragonés de Salud, sufren también la falta de funcionarios de prisiones. “He tenido que hacer análisis de sangre yo sola con el preso, sin la presencia de un funcionario, con el peligro que supone porque pueden agredirnos sin que nadie nos escuche”, comenta y añade que se está dejando “morir” a la sanidad penitenciaria cuando los reclusos, opina, también tienen derecho a estar bien atendidos.

No llegan a cubrir los servicios mínimos

La cárcel de Zuera tiene ahora una ocupación de 1.400 internos con una capacidad de 1.008 celdas. El número de funcionarios de prisiones para esta población reclusa es deficitario, tanto que no llegan a cubrir los servicios mínimos en las jornadas de huelga.

“Una noche normal en Zuera estamos 20 funcionarios, un jefe de servicios y un enfermero, pero los servicios mínimos fijan que estemos un funcionario más, 21, lo que indica que estamos en cuadro”, precisa Sanz. Esta situación también se repite durante el día. “En la vigilancia de los módulos estamos habitualmente 45, pero los servicios mínimos nos marcan 48 o 49”, recalca.

Esta falta de efectivo también provoca situaciones de inseguridad y estrés a los empleados, sobre todo cuando ocurren incidentes. Este problema es más acuciante si cabe en los módulos más conflictivos, donde actualmente hay 90 internos, que son vigilados desde una cabina en la que en ocasiones solo hay tres funcionarios. “Por lo menos deberíamos estar cinco”, indica.

Las estadísticas oficiales aseguran que en 2017 se produjeron en los centros penitenciarios más de 300 agresiones, y en el periodo 2014-2017, Zuera figura entre los centros con más incidentes de este tipo en España.

“Trabajar en una cárcel en condiciones normales ya es estresante pues con falta de plantilla todavía más, te genera mucho estrés porque tienes que estar hiperactivo en todo momento, porque si no es ingobernable”, subraya Sanz.

En la cárcel de Daroca las reclamaciones pasan también por el aumento de plantilla, además de una mejora de las condiciones laborales. El delegado sindical de ACAIP allí, Daniel Vicente, asegura que ahora mismo en el centro, donde trabajan 240 funcionarios de prisiones, hay un 20 % de plazas vacante, la mayoría procedente de bajas de larga duración o excedencias que no se han cubierto. Actualmente hay 22 funcionarios por turno para 390 presos.

Los psicólogos no abarcan todos los programas de reinserción

La escasez de psicólogos para llevar a cabo los programas de reinserción de los internos y la atención a sus familiares es también otro denominador común en las cárceles españolas, según los sindicatos. En Daroca, actualmente hay tres para 390 internos. “Ha habido momentos en los que solo ha habido un psicólogo, por lo que ahora estamos mejor en comparación con otros sitios, pero no es suficiente para hacer todos los programas de inserción porque tenemos que atender también otras cuestiones, es decir la atención psicológica es limitada y, por eso, se deriva muchas a la labor de oenegés, pero a Daroca no vienen”, comenta uno de ellos.

Por ello, aunque los protagonistas de esta movilización son los funcionarios de prisiones, la protesta abarca también todo el personal que trabaja en los centros penitenciarios. Porque el “sistema” va abocado al “colapso”, no solo porque la negociación está paralizada sino porque la plantilla está envejecida (la media de edad en Zuera es de 56 años), y no se están sacando a concurso nuevas plazas, comenta Vicente. A nivel nacional reclaman más de 3.500 efectivos.

Manifestación en Zaragoza el 20 de diciembre

Por ello, los trabajadores continuarán con las movilizaciones. Después de la manifestación en Madrid, en la que recorrieron las sedes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, preparan una más en Zaragoza para el 20 de diciembre, que partirá de la plaza España hacia Delegación de Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar.

Por ahora, tras seis jornadas de huelga que en Aragón tuvieron un seguimiento masivo, los sindicatos no tienen previsto convocar nuevos paros en diciembre, aunque no descartan volver a la carga en enero. Exigen al Ministerio de Interior recuperar la inversión de 123 millones de euros que en septiembre ofreció en la mesa de negociación y que fue retirada a los pocos días por falta de presupuesto. Esa cuantía supondría una mejora de sus condiciones laborales. Además, plantean la contratación de 3.500 efectivos en el conjunto del país y suprimir las nueve categorías existentes en el sistema de retribución, que provoca, dicen, diferencias de hasta 700 euros en el salario mensual ejerciendo la misma función.

Los funcionarios de prisiones han protestado de nuevo a las puertas de las cárceles españolas este jueves para denunciar “la impunidad” con la que trabajan ya que se produce “una agresión al día” de media a los trabajadores, según Nacho Gutiérrez, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, uno de los sindicatos convocantes.

Los sindicatos señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior. El pasado 23 de julio un funcionario tuvo que ser sometido a una cirugía plástica tras recibir el mordisco de un interno que le arrancó un trozo de oreja. 

Para mejorar la seguridad, proponen la redacción de un protocolo contra agresiones “que establezca medidas contundentes como la mejora de la clasificación de los internos” recuerda Gutiérrez, ya que el actual, elaborado hace un año y medio, únicamente “cumple una función estadística”, afirma. 

Con un paro de media hora frente a los centros penitenciarios, los funcionarios han reclamado que “de manera urgente sean considerados como agentes de la autoridad” y que “se ocupen las 3.400 vacantes que hay sin cubrir desde hace más cinco años” según ACAIP, ya que ven en la falta de medios una de las causas fundamentales de las agresiones. Consideran que las 800 plazas anunciadas para este año son “insuficientes”.

Además, el colectivo pide la equiparación salarial entre centros penitenciarios de España. En Cataluña, por ejemplo, las diferencias salariales oscilan de los 1.600 hasta los 25.000 euros según los puestos, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.

El 20 de agosto se reúnen con el secretario general de Instituciones Penitenciarias y, si no hay novedades, el 1 de septiembre convocarán manifestaciones por todo el país.    

Las prisiones de la Comunitat Valenciana, a pesar de la disminución de la población reclusa, siguen por encima de su capacidad, con un 54 % más de internos de los que debería haber para cumplir con la normativa legal de un recluso por celda, según un informe del sindicato Acaip a 1 de junio de 2016.

Este porcentaje llega a ser del 77 % en el centro penitenciario de Castellón y del 76 % en establecimiento penitenciario de Valencia (Picassent), lo que convierte a estos centros en unos de los más sobreocupados del sistema penitenciario español.

En concreto, en las cárceles de la Comunitat hay 6.681 reclusos, 6121 hombres y 560 mujeres, de los que 2.620 lo están en centros de la provincia de Valencia, 2.119 en los de Alicante y 1.942 en los de Castellón.

Además, el número de plazas funcionales en el conjunto de centros es de 4.175, lo que supone una tasa de masificación del 154,11 %, 54 puntos por encima de la normativa legal.

Capacidad reducida en algunos centros

Según el sindicato mayoritario en el ámbito carcelario, las obras que se desarrollan en cuatro de los centros han reducido la capacidad operativa del conjunto de prisiones casi un 10 % (440 plazas), lo que supone que cuando se cierra un módulo por obras se ubique a los internos en otros, que se sobrecarguen.

El informe refleja que se mantiene el rejuvenecimiento de la población reclusa preventiva que ha producido en los últimos años en las cárceles valencianas, con un incrementado importante del número de internos preventivos menores de 30 años.

En concreto, hay 251 reclusos preventivos de hasta 30 años, 260 de entre 31 y 40 años, 265 de entre 41 y 60 años y 21 mayores de esa edad.

En cuanto a población penada, entre 18 y 30 años hay 1.293 internos, por 1.966 entre 31 y 40 años, 2.167 entre 41 y 60, y 220 de más de 60 años.

Envejecimiento de la plantilla

Ello contrasta con el envejecimiento de las plantillas de funcionarios de prisiones, que se ve agravado con la falta de nuevos ingresos por la ausencia de Ofertas de Empleo Público.

El sindicato ha advertido de que si se mantiene esa tendencia “será preocupante, ya que cada vez habrá funcionarios más viejos que tendrán que controlar a internos más jóvenes”.

El porcentaje de internas reincidentes en el establecimiento penitenciario de Valencia (Picassent) es un 10 % superior a la media nacional y el más elevado de todos aquellos que albergan a internas.

Las prisiones de la Comunitat acogen a casi un tercio de las internas clasificadas en Primer Grado en todo el territorio nacional, consideradas las más peligrosas del sistema penitenciario.

Este centro alberga el 63 por ciento de las internas de este tipo en la Comunitat, lo que supone, además, casi el 188 % de todas las del conjunto del Estado.

Según Acaip, las condiciones de seguridad en los módulos del centro de Picassent donde están ubicados estas internas “no son las más adecuadas” si se comparan con los centros de construcción más moderna.

Hasta seis agresiones o intentos de agresión a trabajadores de la cárcel se han registrado en los seis primeros meses de 2017 en el establecimiento penitenciario de Picassent, según un informe que el sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha hecho público este jueves.

Solo en uno de los casos, ocurrido en febrero, cuando una interna que ya había protagonizado otros incidentes, se negó a un cacheo intentando morder a los funcionarios y lanzando puñetazos, una trabajadora resultó lesionada en los dedos y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. En el resto de los casos no hubo heridos o se produjeron lesiones leves.

Acaip hace hincapié en su reiterada demanda de que se incremente la plantilla de un centro que considera “uno de los más conflictivos” porque “alberga una mezcla muy diversa de internos e internas, jóvenes, adultos, mujeres en primer grado, y hombres en primer grado” (el que se aplica a los internos más peligrosos). “En la actualidad faltan más de 100 trabajadores sobre el número mínimo que debería haber”, señala.

Sin embargo, el número de incidentes es menor en comparación con el anterior informe, lo que atribuye el sindicato a que se ha producido un descenso de la ocupación por las obras en varios módulos que han llevado al traslado de internos a otros centros.

En la relación de incidentes elaborada por Acaip destacan 74 agresiones entre internos, 20 casos de autolesiones de los presos (“una de ellas de importancia”, apunta el informe), ocho casos de intoxicaciones graves por drogas y cinco quebrantos de condena de internos que no regresaron de sus permisos penitenciarios.

En ese apartado, Acaip narra el caso de un preso que se evadió durante una salida al hospital. Se quitó las esposas en la ambulancia en la que era trasladado, rompió el cristal de la puerta y saltó en marcha, sin que las fuerzas de seguridad que lo custodiaban pudieran darle alcance. Días después fue detenido.

Hasta en 201 ocasiones, según el sindicato de funcionarios, los internos se resistieron “de forma pasiva” al cumplimiento de órdenes de la normativa interior del centro. “Se han computado cuatro internos que se han puesto en huelga de hambre”, añade el informe.

El sistema penitenciari està a la vora del col·lapse, amb una situació “caòtica i penosa”, segons denúncia Acaip, el sindicat majoritari en el sector de les presons, que aquest dilluns ha realitzat un acte de protesta enfront de la delegació del Govern a València. Per a cridar l'atenció sobre els “greus problemes” que asseguren patir i davant els quals “no s'està escometent cap actuació” per part del secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Yuste, el sindicat ha repartit xoriços entre els vianants.

Els treballadors lamenten la “incompetència i la indecència” de la direcció d'Institucions Penitenciàries -“Yuste cobra fins i tot més que el president del Govern”- la qual cosa ha propiciat un amuntegament de la població reclusa i l'envelliment de les plantilles de funcionaris -uns 54 anys de mitjana-.

Un exemple d'açò ho trobem a València, amb la presó de Picassent com a principal exponent. “És la presó més gran d'Espanya, amb més de 2.300 interns quan no hauria de tenir més de 1.400”, explica des d'Acaip Alberto Téllez, qui apunta que aqueixa saturació junt a la falta de personal comporta que hi haja mòduls amb 140 o 150 interns on només hi ha dos funcionaris, “quan hauria d'haver-hi tres”.

“Picassent és una de les més problemàtiques, però també està Villena (Alacant II) o l'Hospital Psiquiàtric d'Alacant, on a tots aquests factors cal unir els interns amb patologies psiquiàtriques, que moltes vegades no estan detectades”, ressalta Téllez, qui no dubta a assegurar que les presons valencianes “són de les més conflictives d'Espanya”. “Els treballadors estem desmotivats i, en moltes ocasions, amb por a anar a treballar”, ressenyava el portaveu de Acaip.

3.500 places necessàries en tota Espanya

Acaip reclama la convocatòria d'una oferta pública d'ocupació per a cobrir les més de 3.500 places necessàries que sumar als al voltant de 22.000 funcionaris actualment en actiu. Així, insisteixen que segueixen sense ocupar-se el 15% de les vacants que van ser retallades en el seu moment per Institucions Penitenciàries.

Un altre aspecte sobre el qual criden l'atenció és sobre les agressions registrades en 2016: 360 en tota Espanya, la qual cosa suposa una mitjana pròxima a una diària “sense que es faça res”. Per a fer visible aquest problema, i com una acció simbòlica i solidària des d'Acaip posaran pròximament una altra iniciativa en marxa consistent a arreplegar donacions de sang intentant arribar a un nombre equivalent a aquestes 360 agressions: “Abans que els polítics ens xuclen la sang, preferim donar-la”.

El sistema penitenciario está al borde del colapso, con una situación “caótica y penosa”, según denuncia Acaip, el sindicato mayoritario en el sector de las prisiones, que este lunes ha realizado un acto de protesta frente a la delegación del Gobierno en Valencia. Para llamar la atención sobre los “graves problemas” que aseguran padecer y ante los que “no se está acometiendo ninguna actuación” por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, el sindicato ha repartido chorizos entre los viandantes.

Los trabajadores lamentan la “incompetencia y la indecencia” de la dirección de Instituciones Penitenciarias, “Yuste cobra incluso más que el presidente del Gobierno”, lo que ha propiciado un hacinamiento de la población reclusa y el envejecimiento de las plantillas de funcionarios -unos 54 años de media-. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en Valencia, con la cárcel de Picassent como principal exponente. “Es la prisión más grande de España, con más de 2.300 internos cuando no debería tener más de 1.400”, explica desde Acaip Alberto Téllez, quien apunta que esa saturación unida a la falta de personal conlleva que haya módulos con 140 ó 150 internos donde sólo hay dos funcionarios, “cuando debería haber tres.

“Picassent es una de las más problemáticas, pero también está Villena (Alicante II) o el Hospital Psiquiátrico de Alicante, donde a todos estos factores hay que unir los internos con patologías psiquiátricas, que muchas veces no están detectadas”, resalta Téllez, quien no duda en asegurar que las prisiones valencianas “son de las más conflictivas de España”. “Los trabajadores estamos desmotivados y, en muchas ocasiones, con miedo a ir a trabajar”, reseñaba el portavoz de Acaip.

3.500 plazas necesarias en toda España

Acaip reclama la convocatoria de una oferta pública de empleo para cubrir las más de 3.500 plazas necesarias que sumar a los alrededor de 22.000 funcionarios actualmente en activo. Así, insisten en que siguen sin ocuparse el 15% de las vacantes que fueron recortadas en su día por Instituciones Penitenciarias.

Otro aspecto sobre el que llaman la atención es sobre las agresiones registradas en 2016: 360 en toda España, lo que supone una media próxima a una diaria “sin que se haga nada”. Para hacer visible este problema, y como una acción simbólica y solidaria desde Acaip pondrán próximamente otra iniciativa en marcha consistente en recoger donaciones de sangre intentando llegar a un número equivalente a estas 360 agresiones: “Antes que los políticos nos chupen la sangre, preferimos donarla”.

Las secciones sindicales de Sevilla de ACAIP, CCOO y UGT han querido “volver a poner de manifiesto el precario ambiente laboral que continúan soportando los trabajadores del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra”, con un “continuo desprecio y menoscabo tanto personal como profesional al que son sometidos por parte de la dirección del mismo”, que ejerce Isabel Cabello.

Por “la reiterada provocación y hostigamiento, pidiéndose continuos informes, todo lo cual genera una permanente sensación de estar bajo sospecha, dificultando el ejercicio de su profesión con la tranquilidad y falta de interferencias necesarias”, reiteran su petición de cese de la directora, según informa en un comunicado la delegada sindical de Acaip, elaborado conjuntamente con CCOO y UGT.

Su objetivo, según esta delegada, es “poner de manifiesto las precarias condiciones laborales en la que nos encontramos desde que osamos denunciar públicamente los beneficios otorgados a determinada interna”. A ese respecto, Acaip tachó el pasado verano de “gran farsa” la inspección que descartó trato de favor a Isabel Pantoja en esta prisión.

La Agrupación de Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha solicitado el cese del director del Centro Penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) y ha anunciado el inicio de un conflicto colectivo.

De esta manera, la organización sindical explicó que ha remitido un escrito al secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y a la delegada del Gobierno de Canarias, Maria del Carmen Hernández Bento, para pedirles dicho cese.

El sindicato señaló que entre los motivos para pedir el cese están el aumento de la conflictividad, agresiones y pérdida de respeto hacia el funcionario; la retirada unilateral de los medios coercitivos; o cambios en el horario del centro y uso de órdenes verbales, entre otros asuntos.

Por su parte, ACAIP comunicó al director de Las Palmas I el inicio de un conflicto colectivo, comenzando con varias medidas de presión, así como una concentración que se realizará en Las Palmas II el próximo 10 de noviembre, de 11.30 a 12.00, aprovechando que también estaba convocada dicha concentración desde el 19 de octubre a nivel nacional.

Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha presentado el 'Informe sobre la Información Reclusa en la Comunidad Valenciana a 1 de junio de 2015' según los datos oficiales facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que desvela que las cárceles valencianas están al 163,60% de ocupación, muy por encima de su capacidad, con una población reclusa de 7.119 internos en los centros valencianos.

De los siete centros de la Comunitat (Foncalent, Alicante Psiquiátrico, Villena, Castellón I, Castellón II, CIS Valencia y Picassent) tan sólo el centro psiquiátrico alicantino no está saturado, con una ocupación del 87,64% sobre una capacidad de 24 internos. Del resto, a excepción de Castellón II (124,11%), la ocupación supera el 150%, con casos como el de Picassent -con 2.295 reclusos-, que supera el 173% o CIS Valencia, con 477 internos y el 257,84% de ocupación.

Desde Acaip llaman la atención sobre el hecho de que las prisiones valencianas “siguen por encima de su capacidad, con un 63% más de internos de los que debería haber para cumplir con la normativa legal de un interno por celda”, un porcertaje que alcanza el 73% en Picassent, “el centro más grande de España y uno de los más sobreocupados”.

Incremento del número de internas

Precisamente, en el Establecimiento Penitenciario de Valencia se ha incrementado en el último año en un 20% el número de internas, “con un porcentaje de internas reincidentes un 10% superior a la media nacional y el más elevado de todos los que albergan a internas”.

Así mismo, desde Acaip llaman la atención de que el rejuvenecimiento de la población reclusa “contrasta con el envejecimiento de las plantillas de funcionarios de prisiones, que se ve agravado por la ausencia de oferta de empleo público”. Si se mantiene esa tendencia, “será preocupante, ya que cada vez habrá funcionarios más viejos que tendrán que controlar a internos más jóvenes”.

De igual modo, han desvelado que las prisiones valencianas acogen a más del 43% de las internas clasificadas de primer grado, las más peligrosas del sistema penitenciario“, de forma que Picassent alberga el 64% de las internas de este tipo en la Comunitat Valenciana, ”y casi el 28% de todas las del conjunto del Estado“.

En este sentido, llaman la atención sobre el hecho de que las condiciones de seguridad en los módulos del EP Valencia “no son las más adecuadas si se comparan con los centros de construcción más moderna”.

Una investigación “opaca, subjetiva, parcial y forzada”, “una gran farsa”. Las conclusiones de los Servicios de Inspección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que, a comienzos de este mes, descartaron trato de favor hacia la cantante Isabel Pantoja en la prisión de mujeres Alcalá de Guadaíra (Sevilla) “son tajante y rigurosamente absurdas, hilarantes y la mayoría falsas”.

De este rotundo modo se expresa la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, tras darse por concluido a efectos de la investigación los presuntos privilegios de la tonadillera dentro de prisión. Un “caso excepcional en la praxis administrativa penitenciaria”, impulsado “a iniciativa de un grupo de trabajadores” como presume Acaip, a la hora de denunciar un trato diferente a Pantoja desde antes incluso de su ingreso en la cárcel para cumplir la pena de dos años por blanqueo.

En una detallada contestación publicada en su página web, el sindicato lamenta que la actitud de la directora de la prisión, Isabel Cabello, consiste en “una absurda caza de brujas para intentar esconder lo obvio, su absoluta falta de profesionalidad”, denunciando “el amiguismo” mostrado hacia los inspectores durante los días en que estos tomaban declaración (“paseos, charlas, risas y desayunos conjuntos”), calificándo la situación de “inmoral y falto de ética”.

Pese a que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tras conocerse las conclusions de la investigación, saldara el asunto con un “queda todo claro” en una entrevista en RNE, el sindicato muestra su “rotunda oposición al modo de proceder de los servicios de inspección”. En ese sentido destaca que “el único fin perseguido” ha sido el de “cumplir con el guión preestablecido por el ministro del Interior”, Jorge Fernández, cuya actitud tildan de “reprobable”.

Colchones nuevos y un microondas

En ese sentido dice el documento que “echamos de menos un tercio de su interés en defensa de los millares de funcionarios públicos que bajo su responsabilidad trabajamos en condiciones laborales cada vez más penosas y precarias”. Critican “la utilización de la figura de la información reservada” para llevar a cabo la inspección con el fin de la “opacidad de la investigación” y califican de “arbitraria y tendenciosa” la selección de “aspectos parciales e inconexos” en la investigación para “construir una argumentación diseñada”.

Acaip lamenta que no se haya tomado declaración a todos los firmantes del escrito “para evitar” sus aportaciones y resume que fueron 56 los funcionarios apoyados por el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias los que pusieron en conocimiento del Ministerio la actitud profesional de la directora en relación a la cantante. “Que se publiquen íntegramente las declaraciones efectuadas por los funcionarios en Alcalá de Guadaíra”, solicitan, al tiempo que denuncian la “filtración interesada” de “contenidos parciales e incompletos”.

Entre los detalles que resalta Acaip está el hecho de que la Inspección “mezcla intencionadamente” las obras de mejora en el módulo A que estaban previstas con “las mejoras en la celda que se hicieron expresamente para acondicionarla para Doña Isabel Pantoja”. El documento relata que, antes de su ingreso en noviembre de 2014, se pintó el somier y las paredes, se pusieron colchones nuevos, se cambiaron los apliques de los interruptores y se le puso un microondas, que “venía reclamándose para la unidad de madres” para calentar los biberones. “Nunca antes ninguna presa 'estrenó' celda”, insisten.

Otra de las cuestiones denunciadas es que los libros de incidencias del módulo donde se encuentra Pantoja reflejan la “constante y diaria” presencia de la directora de la prisión, llegando a estar, según Acaip, más de una hora dentro de la celda de Pantoja “mientras la puerta permanecía encajada, provocando en más de una ocasión la lógica preocupación de los funcionarios”. Mientras, recuerda el documento, “en el módulo de madres con hijos se pasan las semanas sin ver a la señora directora” y “son muchas las internas que se hartan de echar instancias para poder hablar con ella y no lo consiguen”.

Según ha denunciado el sindicato de prisiones Acaip el establecimiento penitenciario de Picassent tiene una sobreocupación del 70% de reclusos, es decir, un 70% de reclusos comparten celda cuando la ley marca que tendría que haber una celda por recluso. La de Picassent es la cárcel con más población penitenciaria en la Comunitat Valenciana con un total de 2.257 presos, que es casi el doble que la segunda prisión valenciana, Alicante II, con 1.136 reclusos.

En el informe presentado por Acaip, a fecha de 1 de julio, el total de los centros penitenciarios valencianos tienen una masificación del 154%, con un total de 6.998 reclusos, que no obstante supone un descenso respecto del año pasado cuando había registrados un total de 7.300 presos.

El sindicato ha denunciado que “no hay un equilibrio en el sistema penitenciario español” porque no se repercute en la misma medida el descenso de número de internos. Señalan de este modo que mientras “en algunos se ha reducido casi un 16%, en otros apenas un 2%, y en alguno ha aumentado un 5% (Castellón I)”.

Finalmente Acaip también apunta que las prisiones de la Comunitat Valenciana, albergan casi el 40% de las internas más peligrosas del Estado clasificadas en Primer Grado. Además concretamente en Picassent está casi el 30% de los internos en Primer Grado de la Comunidad y más del 25% de todas las internas de este tipo existentes en España “que son los más peligrosos del sistema penitenciario español”. A esto se acompaña que “las condiciones de seguridad en los módulos de este centro donde están ubicados estos internos no son las más adecuadas si se comparan con los centros de construcción más moderna”.