La silueta de la fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo se alza todavía hoy como un recordatorio persistente de uno de los mayores desastres industriales de Europa. Lo que en su día fue el epicentro de la producción de lindano es hoy un esqueleto de hormigón y hierro que, pese a los planes de las administraciones, se resiste a desaparecer. El proceso para borrar esta 'zona cero' de la contaminación sigue siendo un camino tortuoso tras más de tres décadas, marcado por la complejidad técnica y un baño de realidad presupuestaria que ha transformado una promesa de derribo inminente en un desafío de décadas.

El proceso de desmantelamiento, tras años de avances comedidos como el control de vertederos de Bailín y Sardas, comenzó a acelerarse en agosto de 2020, cuando el Gobierno de Aragón, entonces con el socialista Javier Lambán al frente, declaró la urgencia para la expropiación forzosa necesaria para llevar a cabo las obras de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo. La superficie ocupada por la antigua fábrica también fue declarada como “suelo contaminado”.

Hasta ese momento, la gestión de la ruina estaba hipotecada por la logística: el único acceso era un camino privado de la empresa Ercros, lo que obligaba a trámites diarios que ralentizaban cualquier labor de mantenimiento.

La construcción de este nuevo acceso, finalizada en junio de 2023 con una inversión de 660.000 euros, fue recibida con entusiasmo por el Consistorio. La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, destacaba entonces la importancia de este paso previo y señalaba que el vial no solo facilitaría el tránsito de maquinaria pesada para el desmantelamiento, sino que en el futuro quedaría integrado en el entramado urbano para ampliar el polígono de Aurín. Hoy, sin embargo, el vial está cerrado y sin uso. La alcaldesa explica que se construyó para acceder a la fábrica y no atravesar el casco urbano y además había un proyecto avanzado de desmantelamiento con un presupuesto de casi 6 millones de euros.

Sin embargo, tras la euforia de la inauguración del vial en 2023, las cifras empezaron a ensombrecer el calendario. Aunque Aragón ya ha destinado más de 85 millones de euros a la lucha contra el lindano desde la década de los 90, el consejero de Medioambiente en funciones, Manuel Blasco, descartó el proyecto en 2025 al ser preguntado en una sesión de control en las Cortes de Aragón y se escudó en un informe técnico de 2016 que cifraba en más de 500 millones el coste para revertir definitivamente toda la contaminación y un plazo de 25 años.

Actuaciones quirúrgicas

A pesar de que en 2023 se presupuestaron 6 millones de euros para avanzar en los trabajos, actualmente el proyecto se ha fragmentado en actuaciones quirúrgicas, como derribos parciales de edificaciones menores, como los vestuarios, que además de lindano contenían amianto y la contención hidráulica que trata de evitar que la contaminación llegue al río Gállego, incluyendo la redacción de proyectos para crear barreras hidrogeológicas y tratar las aguas pluviales antes de que se filtren al subsuelo. Además, se aplican ensayos de 'biorremediación' (uso de microorganismos para limpiar el suelo) con la esperanza de aplicarlos a gran escala. Se están invirtiendo 1,2 millones de euros en seguimiento hidrogeológico y barreras para proteger el agua del río Gállego, garantizando el suministro a las poblaciones de aguas abajo.

La UE aprobó en 2024 un proyecto liderado por Aragón para la descontaminación del lindano, por el que la comunidad aragonesa contará con 400.000 euros para este proyecto que pretende avanzar en la aplicación de técnicas biológicas de descontaminación de suelos. La pasada semana los diez socios europeos del proyecto Naturem para la descontaminación de residuos de lindano que lidera Aragón mantuvieron la última reunión en la que la alcaldesa de Sabiñánigo participó telemáticamente y en la que se comparten avances y técnicas innovadoras mediante una red colaborativa.

La alcaldesa de Sabiñánigo valora positivamente la investigación para la mejora de los suelos con bacterias que degradan los residuos que ya no se pueden trasladar con técnicas ya utilizadas, así como los trabajos de cambio de lámina que protegía las balsas de los vertederos. No obstante, Berta Fernández, lamenta que siguen “sin fecha para el desmantelamiento” y que no saben “cuándo seguirán los trabajos para seguir descontaminando”. A la regidora municipal le gustaría avanzar más rápido en todos los procesos, pudiendo compatibilizar algunos proyectos como el del estudio de suelos y el desmantelamiento. “Me gustaría ver una apuesta más decidida que actualmente no veo y hay que derribar la fábrica que está en pleno casco urbano. Nosotros dimos la cara y queremos cerrar este capítulo que ha marcado a la localidad”.

Calendario futuro

Tras el derribo del edificio de vestuarios en 2025, ya que se encontraba en riesgo de derrumbe por la caída de un árbol, las barreras que se van a poner en funcionamiento, tanto en Sardas como en Bailín en 2027 son barreras biorreactivas con bioestimulación con bacterias autóctonas.

En 2026-2027 se está trabajando en el estudio de los tecnosuelos (suelos artificiales con suelos afectados y residuos de los emplazamientos -como sedimentos de las balsas de escorrentía y carbón activo agotado- y otros productos de bajo valor económico), con una triple finalidad: restauración paisajística, descontaminación de suelos y rocas y reducción de escorrentías del vaso viejo de Bailín.

Según el Gobierno de Aragón, por el momento se están analizando varios aspectos por separado: análisis de biodisponibilidad de material particulado, tolerancia de especies vegetales a distintas concentraciones de HCH, ensayo de nascencia, ensayos de infiltración-capilaridad, etc. Está previsto que en 2027 se pueda iniciar algún piloto de campo en suelos.

Marco legal europeo exigente pero no determinante

En este contexto, el papel de la Unión Europea ha sido relevante, aunque no determinante en términos de solución final. La normativa comunitaria obliga a controlar y reducir la presencia de contaminantes peligrosos como el lindano, especialmente a través de directivas como la del agua o la regulación sobre contaminantes orgánicos persistentes. Estas normas exigen a España garantizar que masas de agua como el Gállego alcancen un buen estado químico y evitar nuevas emisiones de sustancias peligrosas. Sin embargo, no existe una orden concreta que obligue a eliminar completamente la contaminación histórica en un plazo determinado. El enfoque europeo se centra en la prevención, el control y la mejora progresiva, no en la resolución inmediata de problemas heredados de décadas anteriores.

Donde sí ha tenido un impacto claro es en la financiación y en el impulso a la investigación. Los proyectos europeos han permitido desarrollar tecnologías y adquirir conocimiento que difícilmente se habrían conseguido únicamente con recursos propios. Aun así, ese apoyo no sustituye la necesidad de una intervención sostenida por parte de las administraciones nacionales y autonómicas.

El proyecto NATUREM, desarrollado en el marco del programa Interreg Europe, tiene como objetivo principal mejorar las políticas públicas de gestión de suelos contaminados mediante el uso de soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. Para ello, reúne a una red de socios europeos formada por el Gobierno de Aragón (España), como entidad líder, junto con regiones y organismos de distintos países, entre ellos Sajonia-Anhalt (Alemania), Île-de-France (Francia), Yugozapaden (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Bohemia del Sur (República Checa) y la administración ambiental de Macedonia del Norte, además de otros organismos regionales y agencias especializadas hasta completar una decena de participantes.

A través de esta cooperación internacional, el proyecto busca intercambiar conocimientos, desarrollar experiencias piloto y fomentar técnicas como la biorremediación y la fitoremediación, con el fin de sustituir o complementar los métodos tradicionales, más costosos y menos sostenibles.

De este modo, NATUREM contribuye a la restauración de los suelos contaminados, la protección de la salud humana y el avance de las estrategias ambientales de la Unión Europea a largo plazo. En este contexto, el caso de Sabiñánigo se convierte en un ejemplo clave dentro del proyecto, ya que su grave problema de contaminación por lindano sirve como referencia para aplicar y evaluar estas nuevas soluciones, al tiempo que se beneficia del intercambio de experiencias con otras regiones europeas que enfrentan desafíos similares.

Barakaldo Naturala ha denunciado una espera de más de tres años para recibir respuesta del Ararteko a una denuncia que esta asociación ecologista presentó en octubre de 2022 “por notable contaminación del aire por lindano” con motivo de las excavaciones para la construcción de un parque y bloques residenciales en Serralta, en el barrio de Lutxana. En el escrito, pedían a la Defensoría del Pueblo vasca su intervención “al objeto de valorar la posible afección a los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medioambiente saludable, así como la actitud de la Administración al respecto”, haciéndose eco de las llamadas realizadas al 112 por el vecindario. La asociación ha recibido la respuesta la pasada semana, el 11 de febrero con firma ya del nuevo titular del Ararteko, Mikel Mancisidor.

“Al parecer, la salud pública no fue considerada por la oficina del Ararteko una cuestión de la suficiente entidad como para activar su actuación ante los organismos competentes, y ahora piden disculpas justificando la demora por acumulación de tareas, un cajón desastre que sirve para todo, pero que no es excusa válida”, han denunciado desde el grupo ecologista.

La carta enviada por el Ararteko a Barakaldo Naturala arranca efectivamente con las disculpas por la tardanza. “En primer lugar, quiero disculparme por el tiempo transcurrido”, dice. “Si bien es práctica habitual de esta institución dar información de nuestras actuaciones en un período más breve, la acumulación de tareas lo ha impedido en este caso”, señala.

A partir de ahí, indica que el expediente en cuestión “pone de manifiesto el papel que desempeña la denuncia ambiental como instrumento de colaboración ciudadana en la detección de posibles infracciones de la normativa medioambiental y en la activación de las potestades públicas de inspección, control y, en su caso, sanción”, y destaca que la asociación promotora de la queja “actuó poniendo en conocimiento del órgano ambiental competente la existencia de un depósito de residuos potencialmente contaminantes, en ejercicio de la acción pública ambiental y con la finalidad de provocar una actuación administrativa dirigida a la comprobación de los hechos denunciados”.

No obstante, señala que “desde la perspectiva del ordenamiento jurídico vigente, la persona denunciante ambiental actúa como colaboradora necesaria de la Administración en la protección de un bien jurídico de titularidad colectiva, como es el medio ambiente”. Pero esto no le confiere “la condición de parte interesada en un procedimiento sancionador”, aunque activa el deber de la Administración de registrar la denuncia, valorarla de forma efectiva y adoptar una decisión expresa y motivada sobre la procedencia de iniciar actuaciones administrativas, de conformidad con los principios de legalidad y buena administración.

En este sentido, el Ararteko reconoce que el expediente en cuestión evidencia “la conveniencia de avanzar en la configuración de un estatuto jurídico del denunciante ambiental en la vía administrativa, que permita sistematizar los derechos y garantías que le asisten cuando actúa en ejercicio de la acción pública ambiental, reforzando la trazabilidad de las denuncias, la transparencia de la actuación administrativa y la eficacia del sistema de control ambiental, sin menoscabo del respeto a las exigencias procedimentales y a los derechos de las personas presuntamente responsables”.

Por ello cierra el expediente, aunque anunciando que se valorará “la conveniencia de formular en ulterior recomendación general dirigida a reforzar el estatuto jurídico del denunciante ambiental y a mejorar los protocolos administrativos de tramitación de las denuncias en materia medioambiental”.

Además, da cuenta de las diversas actuaciones comunicadas por las administraciones en relación con las quejas. Por ejemplo, que tras denuncias por olores en octubre y noviembre de 2022, se realizaron inspecciones por la Ertzaintza, la Policía Municipal y una empresa especializada, “confirmándose la presencia de trazas de lindano en tierras excavadas. Se tomaron muestras y se notificó al Ayuntamiento de Barakaldo para la gestión de los residuos”. Además, se pidió por parte del Ayuntamiento de Barakaldo la instalación de una cabina de medición de calidad del aire en diciembre de 2022, aunque su despliegue se pospuso hasta el reinicio de las obras.

Además de la tardanza en la respuesta del Ararteko, Barakakdo Naturala señala que en los terrenos de Serralta “nos encontramos ante un problema de ineficacia (y sospechamos que también de mentiras), ya que en 2007 el Gobierno vasco certificó su descontaminación tras la retirada de tierras contaminadas, con el empecinamiento del Ayuntamiento en convertirlo en zona residencial y los primeros trabajos de excavación en octubre de 2022 se hace presente el lindano con alta emisión aérea, y se dijo que sólo era un foco que estaba solucionado. Entre 2023 y 2024 el Ayuntamiento de Barakaldo otorgó licencias de obra a promotoras como Metrovacesa para edificar sobre rasante, asumiendo que los focos eran aislados; pero en abril de 2025, ”aparecen de nuevo tierras contaminadas con el cancerígeno lindano en Serralta en la zona de los futuros pisos protegidos“. El parque se inauguró en febrero de 2025 con dos años de retraso sobre la fecha prevista.

“Todo ello, nos hace cuestionar la fiabilidad de las acciones del Gobierno vasco y la utilidad (o más bien, inutilidad) de acudir al Ararteko buscando amparo por la indefensión de la población ante un hecho tan grave como el riesgo para su salud presente y futura”, denuncian Recuerdan que el lindano se trata de “un pesticida tóxico, cancerígeno y bioacumulativo. Nadie asume su responsabilidad, pero la población se ve obligada a asumir las consecuencias”. “Echando la mirada atrás y hasta hoy, lo que realmente se percibe es que un tema tan grave como es la contaminación por lindano se ha tratado con meras actuaciones superficiales, dando la apariencia de problema solucionado, que con el tiempo reaparece una y otra vez. Y todo ello, sin querer entrar a valorar la gravedad de los perjuicios que provocará en la salud de las personas”.

El Gobierno vasco no reúne la Mesa de Acción Institucional y Social ante la contaminación por lindano desde 2022. Esto significa que este foro sólo se ha reunido en dos ocasiones desde que se constituyó ese año por mandato del Parlamento Vasco como un espacio de búsqueda de solución al problema con la función de “desarrollar una acción coordinada a nivel autonómico, estatal y europeo, para intercambiar conocimientos y para movilizar los fondos autonómicos, estatales y europeos necesarios para abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación”. Según la información proporcionada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente, la mesa no se reúne, en concreto, desde el 5 de mayo de 2022, convocada por la que entonces era entonces viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo, ahora consejera de otra cartera.

La reunión de ese mes de mayo era la segunda que tenía lugar, y en ella se acordó “convocar un próximo encuentro una vez se hayan producido novedades significativas en relación con la problemática del HCH -hexaclorociclohexano o lindano- en la comunidad autónoma del País Vasco”. Según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria, no se ha producido una nueva reunión porque no se han registrado dichas novedades, y el mandato del Parlamento no fija “ninguna periodicidad concreta para la celebración de los encuentros”.

No obstante, indica el Industria, Transición Energética y Sostenibilidad que es su intención “convocar nuevamente la mesa entendiendo que es un instrumento necesario para compartir entre todos los agentes implicados, los avances dados en cada una de las actuaciones encaminadas a la solución ambiental de las problemáticas derivada del HCH”. “El próximo encuentro se convocará una vez que se hayan producido novedades significativas en este ámbito, aspecto que este Departamento, a través de la viceconsejería de Medio Ambiente, valorará próximamente”, dice Mikel Jauregi.

La mesa la constituye la representación del Gobierno vasco, a través de Medio Ambiente, Ihobe o Ura; el Departamento de Salud y Seguridad, de las diputaciones forales, y ayuntamientos. Además de organizaciones como Ekologistak Martxan, o Aclima. Los acuerdos que se cerraron en la última reunión se refieren al desarrollo de actuaciones relacionadas con la afección del HCH en el medio hídrico (como en el Ibaizabal o Loiola), y la afección del HCH en suelos, a través de celdas de seguridad, vertederos con HCH, otros emplazamientos inventariados e investigados donde se ha detectado HCH, además del impulso de proyectos de colaboración y de transferencia de conocimiento y actuaciones derivadas de diferentes Instrumentos de planificación.

Filtraciones desde antiguos vertederos

Se da la casualidad de que actualmente hay varios puntos en los que se sigue denunciando la localización de este compuesto, extremadamente peligroso, al agua o a la tierra, sobre todo por fugas desde vertederos que están si sellar o mal sellados. El parlamentario del PP Álvaro Gotxi pregunta por varios de ellos al consejero Jauregi: el antiguo vertedero de Lleuri, bajo el centro comercial Artea en Leioa; el vertedero de Artxanda, la localización de lindano en las aguas de la ría del Nervión.

En concreto, Gotxi interpela al consejero por el motivo de que “una alta concentración de HCH-Lindano en la estación de control LL01 que recoge los lixiviados del vertedero de Lleuri”. El consejero puntualiza que las instalaciones de este vertedero situado en Leioa, “fueron diseñadas con un carácter estanco al objeto de mantener los residuos totalmente sellados y aislados del exterior”, y aclara además que “el punto LL01 se ubica en un drenaje de aguas pluviales del entorno de Artea, no se trata de un cauce”. No obstante, señala que los resultados de las analíticas practicadas en el río Gobela, aguas abajo de la incorporación de este aporte al dominio público hidráulico, “indican que se cumplen las normas de calidad de HCH establecidas, y, por tanto,no existe impacto significativo de este drenaje sobre las aguas del Gobela”.

En este sentido, considera que “no se puede afirmar que los lixiviados del vertedero de Lleuri se filtren al río Gobela y mucho menos que acaben en el Nervión”. Aún así, indica que se está planteando “realizar estudios complementarios que permitan avanzar en la determinación del origen de la presencia de HCH en las aguas y orientar a la adopción de las medidas más adecuadas correspondientes”.

En cuanto al vertedero de Artxanda, Gotxi pregunta por las acciones del Gobierno vasco para “evitar que contaminantes como HCH-lindano se sigan filtrando y provocando una contaminación en los ríos del entorno tal y como demuestra el último informe de URA encargado a Azti”. Como es habitual en este tipo de cuestiones relacionadas con el sellado de vertederos, el departamento que se ocupa del Medio Ambiente señala, de entrada, que el proceso de sellado del vertedero es una cuestión que no depende del Gobierno, sino de los propietarios del vertedero. “Dicha responsabilidad corresponde a la persona física o jurídica causante de la contaminación. Subsidiariamente, esta obligación corresponde, por este orden, a las personas físicas o jurídicas propietarias de los suelos y posteriormente a sus poseedoras”, señala.

Indica, además, que en estos momentos, el órgano ambiental está estudiando solicitud de prórroga presentada el pasado 27 de julio en las actuaciones de puesta en seguridad del antiguo vertedero de Artxanda, que se ubica en los términos municipales de Bilbao, Sondika y Erandio. Los trabajos de seguridad de los terrenos los está llevando a cabo la empresa Berriz Recycling Company. En cuanto al sellado del vertedero señala el departamento que primero es “necesaria una estabilización del mismo de manera que las actuaciones posteriores de remediación se puedan ejecutar de manera segura”.

El parlamentario del PP interpela también al consejero de Industria Transición Energética y Medio Ambiente sobre si desde la Agencia Vasca del Agua se ha realizado alguna recomendación en el sentido de suspender pruebas deportivas en la ría del Nervión, o del consumo de sus peces, después de que estudios de Azti para URA hayan constatado la presencia de lindano en sus aguas procedentes de filtraciones de vertederos y de la herencia del carácter industria de ambas márgenes de la ría de empresas contaminantes. El Gobierno responde que “no se ha realizado ninguna recomendación sobre la cuestión planteada” porque entre las funciones que se le asignan a la Agencia Vasca del Agua, “no se encuentra la de realizar recomendaciones sobre el riesgo sobre la salud”.

El hexaclorociclohexano (HCH), conocido comercialmente como ‘lindano’, es una sustancia utilizada como pesticida agrícola y sanitario y prohibida por la UE desde 2008 por su toxicidad. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) la considera cancerígena en seres humanos. Es, además, un tóxico persistente, muy volátil y bioacumulativo.

Aunque ya no se fabrica en el España, Ecologistas en Acción asegura que sigue presente en el medio ambiente, particularmente en suelos y ríos, como consecuencia de su uso histórico como pesticida y del mantenimiento de suelos contaminados por los vertidos incontrolados de los residuos de su fabricación. Destacan situaciones como la de Sabiñánigo, O Porriño (Galicia) y la cuenca del Bajo Nervión-Ibaizabal y Gardelegi en Vitoria. 

Tras presentar el informe ‘Lindano, presente de un legado tóxico’, Ecologistas en Acción, junto a varios colectivos locales afectados de Aragón, País Vasco y Galicia, vuelve al Parlamento Europeo para reclamar soluciones a este problema medioambiental y de salud pública. En esta ocasión lo hará de la mano de la europarlamentaria Sira Rego (IU) y el eurodiputado Pernando Barrena (EH Bildu), ambos integrantes del grupo GUE/NGL.

El informe sobre el lindano está elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Vasca del Agua (URA). Recoge los datos correspondientes a los años 2017 y 2018 (excepto el último trimestre), que confirman la presencia de esta sustancia peligrosa persistente en prácticamente todas las cuencas hidrográficas del Estado.

Sobrepasa los límites en las aguas superficiales y está presente en la madera de árboles

En algunas ocasiones esta presencia sobrepasa los límites exigidos por la normativa de calidad ambiental de aguas superficiales. Concretamente se han detectado superaciones en la cuenca del Guadalquivir y Cantábrico Oriental (en los dos años) y Duero y Segura (en 2018).

El informe incluye también la detección de elevadas concentraciones de HCH-lindano en la madera de árboles, en las inmediaciones de suelos contaminados. En este caso, los muestreos y análisis se realizaron directamente por Ecologistas en Acción en 2019, en las proximidades de vertederos de Sabiñánigo y Enekuri y Jata, en Bizkaia.

Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la “paradoja y contradicción que supone que la normativa europea y española sobre aguas para consumo humano permita valores de HCH-lindano hasta 2,5 veces superiores a los establecidos para la calidad ambiental de aguas superficiales”. En este sentido, la organización ecologista trabaja para lograr una adaptación legislativa que considera urgente. En su momento se presentaron alegaciones en el proceso de revisión de las directivas europeas sobre calidad de aguas de consumo (marzo de 2018) y en enero de 2020 se presentaron sendas iniciativas los grupos del Parlamento español y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora insisten en la necesidad de modificar la legislación y equiparar esos valores límite. “Hay que ser tan exigente, al menos, con la calidad del agua para consumo humano como con el agua para otros usos (regadío, baño, consumo animal...)”, ha manifestado la organización.

Ecologistas en Acción pide también la adopción de otras medidas de control y remediación de las situaciones de contaminación de HCH-lindano, como la armonización de normas de análisis y la búsqueda e intervención sobre los suelos contaminados por esos residuos. “El legado tóxico de los residuos de lindano debe erradicarse ya. Y para ello hay que implementar medidas de detección de depósitos controlados e incontrolados y de rehabilitación y descontaminación de suelos y aguas”, declara Javier Vázquez, coordinador del informe.

El BOA publicará en los próximos días el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la utilidad pública de las obras incluidas en el “Proyecto de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo, a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución y la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa que sea necesario iniciar para la ejecución del proyecto citado”.

La empresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A. (INQUINOSA) estuvo ubicada en el polígono industrial de la Fosforera, en la localidad de Sabiñánigo. Comenzó su actividad hace más de treinta años. Durante el periodo en el que desarrolló su actividad, desde 1974 hasta 1992, la empresa produjo y formuló el pesticida lindano y generó residuos derivados de su fabricación depositándolos principalmente en los vertederos de Sardas y emplazamiento de Bailín.

Paradójicamente el único acceso rodado a la antigua factoría es a través de un camino de propiedad privada que forma parte de un complejo industrial. Éste complejo industrial ha pasado a estar considerado “Infraestructura crítica” por la Secretaria General de Seguridad del Estado, suponiendo demoras en la tramitación de los permisos individuales y diarios para utilizar este acceso privado.

Para poder trabajar con agilidad en las labores de seguimiento y control de la ruina industrial se ha considerado necesario construir un vial de nueva planta sin restricciones de uso. El nuevo vial tendrá una longitud de 593 metros y permitirá el acceso desde la calle Cañada Real.

Además del vial asfaltado, se construirán conducciones de agua y energía eléctrica para suministrar futuras instalaciones de mantenimiento, descontaminación y control. También incluye el encauzamiento de las aguas de pluviales de los alrededores de la antigua fábrica. En una fase posterior estas aguas se derivarán a una depuradora móvil para su descontaminación. Se lleva trabajando desde el año 2016 en la caracterización del suelo de fuera de las naves y en la contaminación de los paramentos en pie de los edificios.

Toda la superficie de la antigua factoría ha sido declarada como suelo contaminado, por superar los niveles genéricos de referencia del Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Estas declaraciones de suelo contaminado se han inscrito en el Registro de la Propiedad, para la salvaguardia del interés general.

La expropiación y futura construcción de este vial de acceso se trata de una fase previa a la descontaminación de la antigua fábrica. Esta actuación tendrá dos fases bien diferenciadas. La primera de derivo de los edificios y una segunda de caracterización del suelo del interior de las naves para su posterior descontaminación. El actual estado de ruina de las cubiertas impide el acceso de maquinaria de sondeo al interior de las naves en condiciones seguras para los trabajadores. Las vibraciones generadas podrían producir desprendimientos de la cubierta de fibrocemento y forjados.

Esta expropiación ha sido considera de Utilidad Pública e Interés Social por el Gobierno de Aragón. Se prevé concluir la expropiación de los 13.000 metros cuadrados necesarios para el nuevo vial en 2021 y construir el vial de acceso en 2023. Este vial ha sido consensuado con los técnicos de ayuntamiento de Sabiñánigo, y en el futuro, cuando terminen las actuaciones formará parte del entramado urbano de la capital del Alto Gallego. Se trata de un paso más para aumentar la seguridad y control de los emplazamientos afectados por los residuos de la fabricación de lindano en Aragón. 

El mapa fluvial de Aragón está salpicado por unas inquietantes manchas. Corresponden a la contaminación que aparece en los ríos y provocada, sobre todo, por la actividad humana: los vertidos, la ganadería intensiva o la acción de los purines se dejan notar a lo largo de la geografía de la Comunidad Autónoma. Hasta el punto de impedir en algunas localidades el consumo de agua de boca y obligar a restricciones que también afectan a los propios agricultores y ganaderos. Un círculo vicioso.

El Gobierno de Aragón publicó el pasado 8 de julio la orden por la que se designan y amplían las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Se trata de “un fenómeno cada vez más acusado” que “se manifiesta especialmente en un aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, contribuyendo a la eutrofización (la acumulación de residuos) de los embalses, estuarios y aguas litorales”.

El artículo 4 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, prevé que las zonas vulnerables designadas deberán ser examinadas y, en su caso, modificadas o ampliadas por las comunidades autónomas a fin de tener en cuenta los cambios o factores que no hubiesen sido previstos en el momento de su designación. Esta modificación consiste en la designación de nuevas zonas y la adición de municipios en zonas ya designadas.

Estas zonas son 17 y afectan a 130 municipios de las tres provincias aragonesas. Hasta un 20 % de los aragoneses están expuestos a aguas contaminadas por nitratos o sulfatos, según datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El más reciente informe de calidad del agua de consumo humano elaborado por el Gobierno de Aragón en 2018 informa de que en 30 abastecimientos que atienden a unas 12.000 personas se detectó por lo menos un incumplimiento de los niveles máximos de nitratos establecidos para el agua de boca.

Varias localidades de las inmediaciones de la Sierra de Guara, en Huesca, padecen este problema. Según el Sistema Nacional de Agua de Consumo (Sinac), Banastás y Chimillas se sitúan en torno a los 100 miligramos de nitrato por litro cuando el límite para la tolerancia para la salud humana que establecen las autoridades sanitarias se sitúan en los 50. En esa misma zona, Lierta está en los 83, Plasencia del Monte en 93, Alerre en 99 y Quinzano en los 102 miligramos.

El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. Puede ser producido tanto por fuentes naturales como a través de la mano del hombre. Así, los residuos industriales constituyen una fuente importante de nitratos en las aguas; como industrias más contaminantes se contabilizan los mataderos, destilerías, azucareras, industrias de levadura, de almidón, textiles y fertilizantes.

Ganadería intensiva

Más preocupante es la contaminación por nitratos provenientes de la agricultura y ganadería intensiva. En las zonas donde se practica una agricultura intensiva se utilizan enormes cantidades de abonos químicos a los que se suman los naturales que provienen de los excrementos animales. Estos suelen contener una cantidad importante de compuestos nitrogenados, como los nitratos, que en proporciones adecuadas mejoran el crecimiento de las plantaciones y aumentan su rendimiento.

Sin embargo, cuando estos compuestos se encuentran en cantidades demasiado altas para que sean absorbidos por las plantas se infiltran a través del suelo y alcanzan las aguas subterráneas, contaminando pozos y acuíferos. Análogamente, los excrementos procedentes de animales de granjas también aumentan la concentración de nitratos en el suelo, de donde pueden pasar a los acuíferos que hay bajo ellos.

El Gobierno de Aragón establece un código de buenas prácticas agrarias para los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones se encuentren dentro de una zona vulnerable e incluye diferentes directrices sobre la aplicación de fertilizantes y la gestión y utilización del estiércol y los purines. El decreto de gestión de purines aprobado este mismo año recoge por otra parte la gestión de los subproductos generados desde su origen hasta su aplicación como fertilizante.

Vertido de lindano

Para atajar el desastre del vertido de lindano en las aguas del río Gállego a su paso por la localidad de Sabiñánigo, que costará unos 550 millones de euros y 25 años de arduos trabajos, las administraciones trabajan de manera denodada y entre las últimas medidas activadas se encuentran la activación de un laboratorio en Sabiñánigo y el proyecto de limpieza del barranco de Bailín.

Pirenarium alberga desde enero un nuevo laboratorio para la descontaminación de residuos derivados de la fabricación de lindano. En él se ha invertido un millón de euros y constituye el embrión de un centro de referencia internacional en la investigación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). El objetivo es “transformar el reto de la gestión de los residuos de lindano en una oportunidad de desarrollo socioeconómico en el municipio de Sabiñánigo y una alternativa al actual modelo sustentado en empresas químicas convencionales”.

El Plan Integral para la Descontaminación del Lindano presenta una hoja de ruta con el horizonte fijado en 2040. Creado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, aspira a garantizar el abastecimiento de agua potable y la calidad del agua de riego, aislar los residuos, descontaminar los suelos superficiales y sustratos rocosos y, en suma, eliminar el problema también con el derribo de lo que queda de las instalaciones de Inquinosa, la empresa donde se originó este grave problema de salud pública.

Aragón, una región golpeada por la fuerza contaminante del lindano, se ha puesto a la cabeza de la investigación para paliar sus efectos a través de un proyecto europeo de cooperación denominado Lindanet y dedicado a la lucha por la descontaminación de los residuos producidos por la fabricación del pesticida y la mejora de las zonas contaminadas. Junto con Galicia, encabeza una red que aglutina a otras regiones afectadas por el mismo problema de la República Checa, Holanda, Italia, Polonia y Alemania y que está coordinada desde una universidad finlandesa.

Lindanet persigue el intercambio de experiencias y conocimientos, establecer un plan de acción enfocado a la solución del problema a nivel regional o sensibilizar al público sobre la contaminación. Tendrá una duración de tres años y medio y un presupuesto de 1,5 millones de euros cofinanciado hasta el 85 % por el programa Feder de la Unión Europea.

Otros de los afanes del proyecto son mejorar y desarrollar políticas regionales mediante la promoción de la participación de los ciudadanos en la economía circular o concienciar sobre el consumo sostenible de acuerdo con los principios de la jerarquía de residuos de la Unión Europea, que priorizan la prevención y reducción de residuos a través de la preparación de un plan de acción.

Mientras, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha iniciado los trabajos de construcción de un by-pass que permitirá derivar las aguas caídas en la parte alta del barranco de Bailín, en Sabiñánigo, en situaciones de lluvias intensas para evitar que lleguen al río Gállego impregnadas del lindano. La actuación, con una inversión inicial prevista de 1,8 millones de euros, está incluida en el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Aragón en el marco del Plan Integral de Descontaminación del río Gállego.

Las obras acometidas se derivan de un estudio de las alternativas más viables para impedir que las aguas afectadas por lindano en episodios de fuertes lluvias puedan llegar al cauce. La derivación proyectada permitirá reducir el caudal circulante por el barranco en momentos de precipitaciones intensas a fin de que la depuradora construida en el antiguo vertedero de Bailín disponga de capacidad suficiente para tratar todas las escorrentías registradas en la zona afectada.

Los técnicos han planteado al tiempo la necesidad de modificar el actual dique habilitado en la zona baja del barranco para aumentar la capacidad de almacenamiento previo al proceso de depuración. Las obras prevén la construcción de una conducción principal que recogerá las aguas de lluvia exentas de contaminación de la parte alta del barranco y de otra secundaria que recogerá los caudales de una subcuenca lateral, así como de dos cunetas de intercepción de escorrentías.

Las tierras sobrantes derivadas de la ejecución de los trabajos, que presentarán distintas concentraciones de lindano, serán depositadas en el mismo recinto del vertedero, en una zona habilitada para su almacenamiento. Estos trabajos se suman a las analíticas de seguimiento de aguas que se realizan de forma continua en diversas zonas del río Gállego aguas abajo de Sabiñánigo y cuyos resultados se remiten a los municipios ubicados en el cauce y al Ejecutivo aragonés.

550 millones de euros de inversión

Estos trabajos se enmarcan en un Plan Estratégico de Lucha Integral contra el Lindano en Aragón, con acciones definidas que alcanzan hasta el año 2040 y que exigirán una inversión que rondará al final del proceso los 550 millones de euros. Hasta la fecha, las distintas administraciones implicadas, gobiernos central y aragonés y Unión Europea, han invertido desde 1992 unos 63,2 millones de euros para descontaminar el lindano generado por la desaparecida planta industrial de Inquinosa en Sabiñánigo.

Además, el proyecto de investigación puesto en marcha para hacer frente a la contaminación por el pesticida lindano de la antigua fábrica ha comenzado a arrojar resultados prometedores. El objetivo del ensayo, denominado “Aislamiento y cultivo de consorcios bacterianos para la degradación de lindano y derivados en sustratos contaminados”, tiene como fin obtener una metodología para descontaminar sedimentos con residuos de este producto mediante el uso de bacterias autóctonas.

Fuentes del Gobierno de Aragón señalan que el proyecto, desarrollado durante los años 2017 y 2018 en Bailín, ha concluido con resultados positivos. Según los responsables, la finalidad perseguida era aumentar la capacidad de ciertos microorganismos autóctonos (bacterias, hongos o levaduras) de obtener energía de los propios contaminantes antes de ser depositados en los sedimentos a descontaminar.

Las conclusiones del ensayo establecen que con concentraciones de residuos de la fabricación de hasta un gramo por kilo de sedimento se puede reducir hasta el 95 % de la contaminación. El producto final del proceso es la consecución de un sustrato prácticamente descontaminado y de los productos resultantes de la degradación del contaminante, como cloro generador de sales, CO2, agua y un 5 por ciento de elementos degradados intermedios.

Los sedimentos obtenidos, después de ser tratados durante dos meses, se transforman en tierra vegetal utilizable para restaurar los emplazamientos de Bailín, Sardas o Inquinosa, donde se concentran los residuos. Según los expertos, los sedimentos tienen un “buen comportamiento” como suelo para albergar plantas de restauración, mientras que la poca contaminación restante continúa en un proceso continuo de degradación. Además, el paso lento de la lluvia a través de esta tierra vegetal ayuda a descontaminar la zona.

Las instalaciones de Inquinosa en Sabiñánigo, cerradas en 1989, vertieron 120.000 toneladas de hexaclorociclohexano (HCH) en las aguas del río Gállego y 150.000 más solo en Bailín desde el comienzo de su actividad en 1974 y hasta que la Unión Europea prohibió su elaboración debido a la alta toxicidad y los problemas medioambientales que podían causar el lindano.

Pirenarium, en Sabiñánigo (Huesca), alberga ya un nuevo laboratorio para la descontaminación de residuos derivados de la fabricación de lindano. En él se ha invertido un millón de euros y constituye el embrión de un centro de referencia internacional en la investigación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).

El objetivo, han explicado, es “transformar el reto de la gestión de los residuos de lindano en una oportunidad de desarrollo socioeconómico en el municipio de Sabiñánigo y una alternativa al actual modelo sustentado en empresas químicas convencionales”.

Se trata de una iniciativa “pionera a nivel internacional, que persigue la búsqueda de soluciones basadas en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías químicas y biológicas de enfoque verde”. Confían en hallar soluciones “que sean aplicables al resto de los lugares europeos donde exista ese problema”, ha añadido el presidente de Aragón, Javier Lambán, en el acto de inauguración del centro.

Ha explicado también que se está realizando una obra que consiste en “asegurar el suministro de agua potable de los municipios aguas abajo de Sabiñánigo para evitar cualquier riesgo de contaminación de las aguas”. Estará terminada en ocho meses y supondrá “eliminar cualquier riesgo, por mínimo que sea, de contaminación para el suministro de agua potable a estos municipios”.

El desmantelamiento de Inquinosa

El presidente ha señalado que los pasos dados hasta el momento permiten que el desmantelamiento de Inquinosa “esté cada día más cerca”. Hasta el momento las administraciones han invertido un total de 63,2 millones desde 1992 para descontaminar el lindano de Inquinosa, que está considerado el mayor reto medioambiental de Aragón.

La misión del centro pasa por la puesta a punto de estas tecnologías con el propósito de transferirlas a gran escala para la eliminación de este tipo de residuos en la multitud de emplazamientos contaminados existentes en todo el mundo. El Plan estratégico de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón del Ejecutivo autonómico apuesta por la descontaminación de los residuos in situ, de manera que se evite o minimice el transporte y movilización de los ingentes volúmenes de residuos a tratar y se respeten los principios de la economía circular.

Hasta ahora, existía un laboratorio analítico situado en el vertedero de Bailín, “fundamental en el control, gestión y vigilancia para la prevención por la contaminación por lindano en Aragón”, donde en el año 2018 se realizaron 4.099 analíticas de agua y 1.050 de suelos. Pero la carga de trabajo que sostenía hizo necesario su trasladarlo a un espacio más funcional y amplio.

Las instalaciones de Pirenarium, con una superficie de 497 metros cuadrados, permitirán aumentar el número de muestras y sobre todo obtener una mayor precisión en las analíticas al trabajar de forma segregada en dos líneas independientes de preparación y extracción de muestras.

Una línea recibirá las muestras con bajo nivel de contaminación y otra las muestras grises, con mayor nivel. Asimismo, servirá para realizar el trabajo de laboratorio en mejores condiciones de aislamiento.

Para el análisis de las muestras se han adquirido dos nuevos cromatógrafos (uno con detención de gases y otro con detección de masas) y se trasladarán los equipos de los que se dispone en Bailín. En total, el laboratorio cuenta con cuatro cromatógrafos para analizar muestras. Uno de los nuevos equipos permite detectar un nanogramo de contaminación por litro, es decir, una milmillonésima por litro. En el laboratorio trabajarán cinco personas, dando servicio los siete días de la semana.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha abierto un expediente sancionador a una comunidad de regantes de Vitoria, Arrato, por impedir el acceso de inspectores de este ente dependiente del área de Medio Ambiente a sus instalaciones el pasado 18 de julio. Según ha podido saber eldiarionorte.es, existen indicios de que la comunidad de regantes no realiza una depuración adecuada del agua que capta del río Zadorra y que, como ya se conoció en Vitoria el pasado año, tiene probabilidades de tener restos de hexaclorociclohexano, más conocido como lindano, que se filtra desde el vertedero de Gardelegi. Este agua se destina a regar productos de consumo humano y también para consumo animal.

Arrato tiene una concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desde hace dos décadas para tomar agua de la salida de la depuradora de Crispijana. Según un comunicado emitido por URA el pasado 4 de septiembre, “el objetivo de la visita de la inspección era tanto comprobar la adecuación de sus instalaciones a la concesión de reutilización de aguas depuradas regeneradas en vigor como promover su adecuación” a la normativa vigente, que fija “condiciones básicas” para ese agua. Se buscaba “tomar muestras de los caudales de entrada y salida de la instalación” y, ante el veto, los técnicos sólo recogieron agua del caudal de salida.

Las fuentes consultadas indican que “la instalación de depurado terciario” del agua captada de Crispijana “está en desuso” y son necesarias nuevas inversiones para volverla a poner en marcha. Así las cosas, las aguas del río son empleadas sin mayores cauciones que ese filtro secundario en la comunidad de regantes, con el consiguiente riesgo de afección de los pequeños vertidos de lindano registrados en ese cauce fluvial.

El hexaclorociclohexano procede de unas bolsas localizadas en el vertedero de Gardelegi, adonde habrían llegado tres décadas antes procedentes de las fábricas de Bizkaia (en Barakaldo y Erandio) que producían insecticidas y otros productos con derivados de esta sustancia altamente contaminante y perjudicial para la salud. Se filtra al Zadorra y, por ello, el Ayuntamiento de Vitoria tiene ya proyectada la construcción de una depuradora en la base de Gardelegi, así como un plan de sellado de los vasos del depósito de residuos.

Los vertidos son “pequeños” y, en el caso específico de Arrato, “puede que haya restos pero nunca en una proporción dramática”. Con todo, se trata de agua que se utiliza para cultivar productos de consumo humano y también para consumo animal. Por ello, según URA, la comunidad de regantes debe garantizar unos “estándares de calidad”. “Son más fáciles de cumplir si las aguas para el riego se reutilizan tras la aplicación de un adecuado tratamiento terciario [...], lo que permitiría retirar la carga orgánica residual y los contaminantes que el tratamiento secundario no elimina”, se puede leer en el comunicado de la Agencia Vasca del Agua. 

El hexaclorociclohexano (HCH), el principal residuo de la fabricación de lindano en las instalaciones de Inquinosa en Sabiñánigo, cerradas hace ya 29 años, sigue presente en las aguas del río Gállego tres años después del vertido provocado con el traslado de los residuos al nuevo vertedero de Bailín a mediados de 2014, según confirma el Informe de Sustancias Peligrosas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) referente al 2017.

Tanto en ese caso como en el del río Zadorra en Vitoria, otro de los focos históricos de contaminación por esta sustancia, la polución “procede de un vertedero de residuos en el que se depositó esa sustancia”.

En el caso del Gállego, el vertido, que obligó a cortar el agua de boca en varios pueblos de la ribera y a cerrar las aportaciones al embalse de La Sotonera para evitar que el residuo se distribuyera por el sistema de canales y acequias de Riegos del Alto Aragón, el mayor de la UE con 120.000 hectáreas, se produjo durante el traslado de los residuos del antiguo vertedero de Bailín a una nueva celda de seguridad situada a escasa distancia.

La falta de medidas de seguridad y la llegada de unas intensas lluvias provocó el derrame, según las investigaciones del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. El vertido dio lugar a un proceso judicial en el que llegaron a estar imputadas 14 personas, aunque el Juzgado número 1 de Jaca terminó por archivar la causa al no hallar responsables directos de lo ocurrido.

Los residuos, estimados en 120.000 toneladas, proceden de la actividad de Inquinosa, una empresa química que fabricó el insecticida conocido como lindano en su planta de Sabiñánigo durante quince años, entre 1974 y 1989, cuando la UE lo prohibió.

El Gobierno de Aragón estima que se tardarán al menos 25 años en limpiar la zona, en una operación cuyo coste se estima en 550 millones de euros y en la que, hasta ahora, ni el Gobierno central ni la UE han mostrado mucho interés en participar.

Dos positivos en Hostal de Ipiés

“Los casos más importantes de seguimiento por incumplimientos detectados en esta red de control son, un año más, los realizados por presencia de HCH en el río Gállego, en la provincia de Huesca (tras el episodio de contaminación en 2014) y en el río Zadorra en Álava”, señala el organismo de cuenca, que recuerda que el año pasado fueron detectadas en el primero de ellos, a la altura de Hostal de Ipiés, dos concentraciones por encima de lo admisible.

Concretamente, uno de los positivos fue detectado en al agua y otro en uno de los peces capturados en la zona durante los trabajos de muestreo, en los que llevaba dos años sin aparecer, lo que revela la presencia de ese residuo en el ecosistema. Ni allí ni tampoco en Villanueva de Gállego, no obstante, su presencia llegó a ser detectada en los sedimentos del cauce, lo que indica que su densidad está remitiendo.

Los técnicos de la CHE también detectaron varios positivos de HCH en la acequia de Urdán, que alimenta uno de los regadíos tradicionales de la ribera del Gállego, aunque en todos los casos “inferior al límite de cuantificación” que marca la normativa.

El informe concluye que “se ha retornado a cierta normalidad” y que “la situación es más estable” que cuando se produjo el vertido. “Los trabajos llevados a cabo por el Gobierno de Aragón durante estos años, especialmente en el entorno del vertedero de Bailín, han conseguido que la contaminación en el río Gállego haya remitido”, añade.

Los cuatro puntos de control del río, en los que se realizan controles con periodicidad semanal, mensual y anual, anota, “control muestran una situación estabilizada y normalizada, aunque se requiere mantener el dispositivo actual”.

Otros puntos con contaminación química

El Informe de Sustancias Peligrosas de la CHE señala la presencia de otros contaminantes químicos en la cuenca del río Gállego.

Así, reseña cómo fueron detectados dos positivos de selenio en el sedimento del cauce y en uno de los peces capturados en Villanueva de Gállego y otros dos de mercurio en esa localidad y en Hostal de Ipiés.

No obstante, el río aragonés con más sustancias contaminantes con niveles superiores a los que permite la normativa fue de nuevo el Huerva, a cuyo paso por Fuente la Junquera se detectaron concentraciones elevadas de níquel, cobre, selenio, zinc y fluoruros en el agua y también la presencia de antraceno en los sedimentos.

Le sigue el río Cinca a su paso por Monzón, donde las estaciones y los análisis del organismo de cuenca hallaron restos de DDT tanto en el agua como en los peces, hidrocarburos aromáticos policíclicos en el lecho y mercurio en la biota, en este caso con una concentración superior a los 200 microgramos por kilo.

El informe reseña la presencia de este último metal pesado en peces capturados en el Jalón a su paso por Grisén, en el Ebro tanto en el azud de Pignatelli (conde toma sus aguas el Canal Imperial) como en Pina, y en el Vero en Barbastro, donde varios peces presentaban también restos de cromo.

El Gobierno de España reconoce la “dificultad” de limpiar de lindano la zona afectada en Sabiñánigo y mantiene que el trabajo codo con codo con el Gobierno de Aragón es la única fórmula viable para hacer frente a un problema enquistado que costará décadas -y millones de euros- limpiar. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, compareció la pasada semana en el Senado para garantizar la implicación del Ejecutivo central, mientras que el autonómico ha presentado una serie de medidas propuestas por diferentes agentes, algunas de las cuales podrían llevarse a la práctica a la espera de las “innovaciones tecnológicas” necesarias y de las que todavía no se dispone.

Tejerina se refirió a la necesidad inaplazable de garantizar la calidad del agua de boca en los municipios que afrontan desde hace décadas esta situación, lo que debe llevar, a su juicio, a realizar concienzudos análisis que descarten cualquier nivel de toxicidad perjudicial para la salud pública tanto en las aguas del río Gállego como en el subsuelo.

“En este problema concurren competencias de la administración autonómica, estatal y municipal, aunque la más afectada es la autonómica, dado que el problema de contaminación se deriva de los residuos depositados en vertederos y es la comunidad autónoma la competente en materia de residuos y de abastecimiento de agua potable”, apuntó la ministra.

150.000 toneladas de residuos tóxicos

La empresa Inquinosa, ya extinta aunque todavía con un proceso judicial abierto, fabricó lindano en su planta de Sabiñánigo entre 1975 y 1989, lo que acarreó el vertido ilegal de 150.000 toneladas de residuos muy peligrosos. El coste estimado para la limpieza integral de la zona es de unos 550 millones de euros. De momento, la colaboración entre las administraciones ha brindado desde 2008 24 millones de euros en actuaciones concretas, en el marco de convenios de colaboración firmados con el Gobierno aragonés.

García Tejerina detalló estas actuaciones y obras llevadas a cabo para combatir este problema ambiental, con consecuencias para el abastecimiento de agua en la mayoría de los municipios que captan directamente las aguas del río, especialmente tras dos fuertes tormentas en septiembre de 2014 que provocaron altos valores de lindano en el río Gállego.

Asimismo, resaltó que gracias a las medidas adoptadas el río Gállego “no está contaminado”, y aludió a las actuaciones de emergencia puestas en marcha en octubre de 2014 para el seguimiento, control y corrección de la contaminación por lindano en varios municipios de Zaragoza y Huesca y, en diciembre de ese mismo año, destinadas a la extracción de sedimentos con residuos de lindano en el barranco de Bailín, en Sabiñánigo.

En 2015 se firmó un convenio entre ambas administraciones para el control de la contaminación en el entorno del barranco de Bailín destinado a minimizar la posible contaminación de las aguas, aumentar las infraestructuras de tratamiento y depuración, incrementar la investigación y acondicionar el abastecimiento de agua en los municipios afectados por valor de 9 millones de euros. El último acuerdo entre las dos partes data de 2017 para hacer efectiva hasta 2020 una subvención de 1,5 millones de euros al Gobierno de Aragón para llevar a cabo nuevas actuaciones de limpieza de suelos contaminados por lindano.

Medio Ambiente financiará la redacción de los proyectos de desmantelamiento de la antigua fábrica de Inquinosa y el tratamiento de escombros (306.000 euros); la eliminación de residuos abandonados en la antigua planta (300.000 euros); la construcción de mejoras de infraestructuras en el vertedero de Sardas (401.500 euros) y de una planta depuradora de filtro de carbono activo en Sardas (492.150 euros). El Gobierno de Aragón ejecutará estas actuaciones sufragadas por el Ministerio.

Cien soluciones para el barranco de Bailín

Al hilo de la certeza de que la limpieza integral del lindano requeriría de nuevas innovaciones tecnológicas, el Gobierno de Aragón ha realizado consultas a 32 entidades, sobre todo centros de investigación y empresas, en busca de soluciones. Han aportado un centenar. No era una encuesta vinculante ni un proceso de contratación, sino una puesta al día para conocer lo que ofrece el mercado para abordar esta clase de problemas.

El principal resultado de esta consulta ha sido la valoración de los resultados de dos ensayos paralelos que se han diseñado con el fin de comprobar la eficiencia de dos productos comerciales fuera de su uso ordinario en la descontaminación de materiales contaminados por lindano. Así, se va a ensayar la aplicación de productos oxidantes y de reductores en forma de nanopartículas disueltas para mermar la contaminación del enlucido interior de la antigua Inquinosa.

Si se producen resultados positivos, se aplicarían en el proceso de limpieza y desmantelamiento definitivo de la planta de Inquinosa en Sabiñánigo. No se descartan otros acuerdos de compra pública de innovación en el futuro, cuando exista un mayor apoyo a la financiación desde la Unión Europea y se puedan encontrar las facilidades y tecnologías necesarias para el empleo de las soluciones sugeridas.

Entre 1947 y 1964 la empresa Zeltia fabricó lindano en una planta del polígono de Torneiros, en el municipio de O Porriño, próximo a Vigo. El lindano era el principio activo más utilizado en los insecticidas que se comercializaron hasta finales de los setenta, cuando se prohibió su uso agrícola por ser cancerígeno. Durante décadas la fábrica acumuló más de 1.000 toneladas de residuos sumamente tóxicos. Sin embargo, tras abandonar la actividad, el lugar nunca fue descontaminado y, de hecho, sobre el terreno que ocupaba la fábrica se construyeron viviendas de protección oficial, un parque infantil, un centro de la tercera edad o una pista deportiva, que cubrieron y ocultaron los terrenos contaminados; incluso una zona verde, conocida popularmente como “el Parque del Lindano”.

Además, el problema se extendió a toda la comarca. Los residuos del lindano “compactaban muy bien” y fueron empleados por autoridades y residentes como grava en caminos particulares y firme bajo el asfalto de las carreteras. “Se permitió e incluso se incentivó que la gente se llevase el lindano, se lo llevaban en carros de bueyes a sus casas”, denuncian los vecinos. Y así llegamos a 2017, con un problema silenciado pero no resuelto, y con una comarca contaminada que camina sobre lindano.

El pasado verano, la apertura de unas zanjas para la instalación de tuberías de saneamiento en los barrios de Contrasto y Pereira dejó al descubierto parte de esta grava tóxica. Al contacto con estas bolitas blancas con olor a insecticida, algunos vecinos y vecinas sufrieron irritaciones en la piel y mareos. Ante la alarma generada en todo el ayuntamiento, la Xunta ordenó el cierre de siete pozos particulares en la parroquia de Torneiros -los mismos pozos de los que los habitantes de esta zona llevan décadas bebiendo- y recomendó “no consumir alimentos cultivados en la zona afectada”. Más de cuatro meses después, Xunta y Ayuntamiento aseguran que la situación en Contrasto ha vuelto a la normalidad, pero los habitantes de este lugar denuncia que el lindano aún cubre el suelo, llegando con las lluvias de las últimas semanas a los acuíferos y a los ríos.

La Consejería de Medio Ambiente ha prometido presentar antes de que termine el mes de enero un proyecto para retirar los restos del pesticida. Sin embargo, los habitantes del lugar se muestran justificadamente escépticos. En 1998 hubo unas importantes protestas en O Porriño por esta cuestión; la población era consciente del peligro que suponía el lindano acumulado y de la contaminación que generaba en las tierras y en los ríos. Las protestas fueron acalladas por la Xunta y el Gobierno local a través de una actuación que se limitó a retirar la capa más superficial del vertedero, sometiendo las inferiores a un proceso de impermeabilización y sellado.

El lindano fue enterrado, pero no encapsulado, y los vecinos denuncian que siguió filtrándose hasta las corrientes de agua. La entidad ecologista ADEGA recuerda que en algunos puntos del río Louro, en los ayuntamientos de O Porriño y Tui, se han encontrado de manera continuada desde 2010 concentraciones de lindano que llegan a multiplicar por 10 el nivel máximo admisible, según las mediciones efectuadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. El problema nunca fue solucionado, sólo aplazado.

Este otoño se conformó la Plataforma Antilindano de A Louriña, que llevó a cabo charlas informativas en distintos puntos de la comarca, se puso en contacto con fuerzas políticas que denunciaron la situación en el Parlamento gallego y en el Congreso y también con plataformas sociales que llevan años luchando contra problemas similares en otros puntos del Estado: Huesca, Soria, Palencia, Navarra, y sobre todo Vizcaya. Javier Vázquez, miembro de Ecologistas en Acción de Barakaldo y responsable de las acciones de denuncia sobre el lindano en el Estado, estuvo en noviembre en O Porriño y alertó a sus habitantes de que el lindano es una substancia cancerígena, de degradación muy lenta y que numerosos estudios científicos han mostrado como se acumula en el organismo humano por inhalación, ingestión y a través de la piel.

“Hablas con los vecinos y todo coincide. Hay estudios que asocian diferentes tipos de cáncer, leucemia o insuficiencias renales con una exposición lenta y continuada al lindano”, denuncia Patricia Sío, portavoz de la plataforma, que añade que en estas décadas “nunca se desarrollaron protocolos de actuación para las personas afectadas por el pesticida”. Caminan a oscuras, sin información, con muchas sospechas y pocas certezas. La situación recuerda a la que se vivía en la comarca de Ferrolterra en la década de los 80 y 90, cuando muchos trabajadores y ex-traballadores de los astilleros sufrían enfermedades pulmonares y todo el mundo comenzaba a sospechar que la mayor incidencia de estas dolencias no podía ser casual. Era el amianto. “Leo toda esta situación como una cuestión de clase, de conflicto capital-vida. La gente trabajadora se llevaba la muerte a la puerta de su casa y ahora tenemos pozos y ríos contaminados”, señala Sío.

La plataforma reclama que las distintos gobiernos se tomen en serio el problema. “Hay que saber donde está el lindano y retirarlo. Y eso tiene que hacerlo la administración, porque es su responsabilidad y es quien tiene la capacidad de hacerlo”. Demanda igualmente que “la zona cero” del vertido, el conocido desde hace años como Parque del Lindano sea cerrado hasta que se elimine todo riesgo para la salud. La plataforma acusa a Xunta y Ayuntamiento de “pasarse la responsabilidad de una administración a otra, alegando ocultación de información o falta de competencias en la materia, mientras las semanas pasan sin una solución clara y definitiva a este veneno”.

La Fiscalía ha abierto ya una investigación por el vertido de toneladas de residuos de lindano en O Porriño, atendiendo la denuncia presentada por el grupo municipal de Esquerda Unida. También En Marea ha elevado una pregunta al Gobierno gallego en el Parlamento. Eva Solla acusó a la Xunta de ignorar el problema y de actuar de forma improvisada: “La única recomendación que recibieron fue no consumir agua y no ducharse” -dijo- “mientras en Aragón utilizan trajes de protección especial para recoger el lindano, en O Porriño las vecinas pueden tocarlo con las manos”. Solla alertó además de que “la consellería no ha informado al personal sanitario de lo que deben hacer para atender casos de personas afectadas por lindano. No hay un protocolo”

De igual manera, aunque el Gobierno gallego busca minimizar el problema a través de su reducción a la parroquia de Torneiros o al Concello do Porriño, desde la Plataforma Antilindano de la Louriña se alerta de que los efectos tóxicos del lindano pueden afectar a toda la comarca, especialmente a los ayuntamientos de Mos y Ponteareas, e incluso a Tui, a través de la existencia de vertidos y depósitos incontrolados de este material contaminante, o bien a través de la red de ríos y aguas subterráneas, que ha llevado el problema ya hasta el río Miño. “El que piense que este es un problema localizado o que afecta sólo al ayuntamiento de O Porriño está muy equivocado. Este es un problema mucho más global y esperamos que las autoridades actúen lo más rápidamente posible para atajarlo”, señala a este respecto la bióloga Marina Alcalde, que colabora con la Plataforma.

Costará unos 550 millones de euros y 25 años de arduos trabajos, pero el Gobierno de Aragón se marca como prioridad absoluta limpiar todo rastro de lindano de las aguas del río Gállego y su entorno. Uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, superior en proporción al del Prestige, puesto que se ha vertido el doble de residuos que en la costa gallega

Para tratar de atajarlo, la Administración autónoma colabora de manera estrecha con la Universidad de Zaragoza en busca de la mejor manera de acabar con los residuos tóxicos. Entre las primeras acciones figuran la activación de un laboratorio en Sabiñánigo y el proyecto de limpieza del barranco de Bailín.

El denominado Plan Integral para la Descontaminación del Lindano presenta una hoja de ruta con el horizonte fijado en 2040. Creado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, aspira a garantizar el abastecimiento de agua potable y la calidad del agua de riego, aislar los residuos, descontaminar los suelos superficiales y sustratos rocosos y, en definitiva, eliminar el problema también con el derribo de lo que queda de las instalaciones de Inquinosa, la empresa donde se originó este grave problema de salud pública.

El Ejecutivo autonómico va a aprovechar las instalaciones de Pirenarium, un centro de ocio que ya cerró sus puertas, en la capital de la Comarca del Alto Gállego para ubicar el futuro centro de referencia en la lucha contra los denominados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), con el lindano a la cabeza. Apoyado por la Universidad de Zaragoza, encargada de la parcela científica, el Gobierno de Aragón hará frente así al “problema medioambiental más grave que tenemos”, en palabras del consejero Joaquín Olona. Se ha aprobado una partida plurianual de 600.000 euros para acondicionar Pirenarium en sustitución del laboratorio de Bailín, que no puede hacer frente en las actuales condiciones al análisis de más de 350 muestras mensuales de agua del río Gállego.

27 proyectos diferentes para Bailín

Bailín es uno de los espacios más afectados por el lindano porque allí se ubica, además de un vertedero empleado por la empresa Inquinosa, una planta depuradora. Se han dedicado esfuerzos ímprobos. Para la descontaminación del barranco donde fue a parar una buena parte de este pesticida se ha realizado un concurso público al que se han presentado 27 proyectos de diferentes centros de investigación y empresas.

El Gobierno de Aragón buscaba “soluciones innovadoras”. Las aportaciones principales se han centrado en la descontaminación del agua superficial de las inmediaciones del barranco con técnicas como la electroxidación, la fotocatálisis con utilización de ozono o el uso de nanopartículas de hierro cero valente, además del uso de bacterias y algas. Para la descontaminación del suelo se han aportado soluciones de técnicas de gestión de las bacterias existentes en los emplazamientos y aportación de bacterias naturales.

La clave puede estar en una lombriz

No es una bacteria sino una lombriz la que podría dar con la clave y abrir su empleo a la erradicación del lindano de Sabiñánigo. Un estudio del Instituto Pirenaico de Ecología, uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón, ha revelado que los suelos más contaminados son capaces de producir la muerte de las lombrices. Sin embargo, en superficies con menor carga contaminante la actividad de las lombrices facilita la extracción de residuos de la fabricación del lindano. El estudio se publicará en la revista ‘Ecotoxicology and Environmental Safety’.

El residuo que envenenó las aguas del Gállego durante 24 años es el lindano, un pesticida prohibido en toda Europa que se fabricó entre 1975 y 1989 en Sabiñánigo. Aunque señalarla en primer lugar supone condenarla como culpable cuando fue la principal víctima. La responsable es Industrias Químicas del Noroeste SA, Inquinosa, que durante ese periodo y sin ningún control externo lanzó más de 160.000 toneladas de lindano por tierra, agua y aire. Y no solo al río.

Esta sustancia cancerígena, utilizada sobre todo en agricultura y ganadería, se facturaba a solo 200 metros de la localidad, en las instalaciones ahora abandonadas de la empresa y sobre el cauce del Gállego. Sus efectos perniciosos se extendieron por toda la cuenca abajo de un río de 193,2 kilómetros de longitud. Se ha detectado lindano incluso en el Delta del Ebro y ha afectado a la actividad de aguas bravas de las empresas de deportes de aventura. Pero la consecuencia más negativa ha sido la restricción del consumo de agua de boca río abajo. Por suerte para Sabiñánigo, esta la toma 6 kilómetros más arriba, en el río Aurín.

Se siguió fraguando cuando, en 1978, Inquinosa obtuvo un permiso del Ayuntamiento de Sabiñánigo para enterrar los residuos tóxicos en el vertedero municipal de Sardas. Cuando este se llenó a rebosar se utilizó el de Bailín, que dio cabida a 60.000 toneladas más con una zona de uso exclusivo para la empresa, cuyos restos suponen otra amenaza para el medio ambiente.

Consumada la tragedia, unos hechos tan evidentes obligaron a su cierre y el periplo por los juzgados no ha servido para que se purgasen las acciones cometidas. El entonces director general de Inquinosa, Jesús Herboso, fue condenado en 1994 a dos meses de cárcel y a pagar un millón de pesetas como responsable directo de los vertidos. Y en 2003 la Audiencia de Huesca condenó a Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros en concepto de indemnización y otros 14 por intereses de demora que, hasta la fecha, no se han abonado. La Unión Europea prohibió el lindano en 1991 y es probable que los aragoneses se sigan acordando de él hasta más allá de 2040.

El Departamento de Medio Ambiente ha realizado nada menos que 4.878 actuaciones en materia de contaminación de suelos desde el año 2010, lo que incluye las autorizaciones de excavaciones o las declaraciones de calidad de un terreno. A ese trabajo, los técnicos medioambientales suman otra serie de acciones complementarias como la tramitación y el seguimiento de los cobros de tasas, las solicitudes al Registro Mercantil para localizar a los propietarios de las fincas afectadas y otras tareas burocráticas. Se da la circunstancia de que la sociedad pública Ihobe, que auxilia a los funcionarios y es “la que cuenta con una partida presupuestaria dedicada a la resolución de expedientes de suelos contaminados”, ha visto reducida su dotación de 207.206 euros en 2010 a 110.893 euros en 2016.

Estos datos constan en la documentación sobre la actividad del Gobierno en materia de contaminación del suelo enviada al Parlamento Vasco a instancias de Mari Carmen López de Ocáriz (PP). En Euskadi, según datos del propio ejecutivo, hay 14.000 localizaciones catalogadas como potencialmente contaminadas por todo tipo de sustancias y se hallan vertidos ilegales con regularidad, como es el caso de los restos de lindano de Lemóniz.

La estadística muestra que el Ejecutivo ha realizado casi 5.000 actuaciones relevantes en la materia desde 2010, lo que supone rozar los dos expedientes de media por jornada. Hasta el 31 de mayo, en 2017 ya se habían registrado 380 resoluciones.

El área de Medio Ambiente del Gobierno cuenta con el apoyo técnico de Ihobe “a fin de paliar la escasez de personal y reducir los plazos de respuesta”. La sociedad pública ha evacuado 4.181 documentos sobre contaminación de suelos desde 2010 (sin contar los datos de 2017). Sin embargo, los datos muestran que Ihobe no ha contado precisamente con un incremento de medios.

De hecho, la información oficial facilitada a la Cámara muestra cómo Ihobe tiene ahora prácticamente la mitad de presupuesto que en 2010, apenas 110.000 euros. No sólo eso, en 2011 y 2012 llegó a superar los 300.000 euros. Con la llegada de Ana Oregi como consejera de Medio Ambiente, en 2013, se pasó en un solo ejercicio de 323.602 euros a 135.672.

En este contexto, el PP preguntaba si se externalizaban algunos servicios relacionados con el análisis de suelos contaminados. La respuesta es afirmativa. Hasta 13 consultoras han realizado 2.999 actuaciones a instancias del Gobierno. Hay entidades como Dinam, Emgrisa o Tecnalia que pueden recibir más de 100 encargos cada año.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha confirmado la existencia de residuos de hexaclorociclohexano (HCH) o lindano en el vertedero de Jata, ubicado en el término municipal vizcaíno de Lemoiz, como denunció el colectivo Ekologistak Martxan en junio. Medio Ambiente recibió el aviso de los ecologistas a través del 112 y, en compañía de la Ertzaintza, verificó que el material hallado en la zona era lindano y, por lo tanto, potencialmente contaminante.

Según información enviada al Parlamento por Medio Ambiente a instancias de Mikel Otero (EH Bildu) y de Íñigo Martínez (IU, Elkarrekin Podemos), “una vez constatada la presencia de residuos de HCH y considerando 'a priori' este hecho como un indicio fundado de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en concentraciones que puedan suponer un riesgo, se ha procedido a [...] poner en marcha los procedimientos previstos en la ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo”. En este sentido, se ha reclamado al Ayuntamiento información registral sobre los propietarios del terreno para que asuma la descontaminación.

Según explica a eldiarionorte.es Iván Pedreira, director de Planificación Ambiental, se trata de poner en marcha un procedimiento denominado de “calidad del suelo”, que incluye una “investigación” de las “causas del vertido” y la determinación posterior de acciones concretas de limpieza, “alternativas” que dependerán del tipo de roca, de si hay o no aguas subterráneas afectadas o del tipo de impermeabilización del vertedero. Esa localización en Lemoiz ya constaba dentro del amplísimo catálogo de unos 14.000 puntos de Euskadi catalogados como suelos potencialmente contaminados desde 1989.

Dos compañías de capital alemán operaron en el industrializado Gran Bilbao para la obtención de hexaclorociclohexano. Bilbao Chemical, en la zona baracaldesa de Ansio, produjo unas 75.000 toneladas de residuos desde 1947 hasta 1987. Nexana, muy cerca de la anterior pero ya en Asua, Erandio, registró 7.000 toneladas. Sería el equivalente a vaciar 3.280 camiones llenos de sustancias contaminantes. Las empresas no sólo abandonaron los residuos en la zona al bajar la persiana, sino que transportaron algunos ilegalmente a zonas de Bizkaia o incluso a Soria o a Vitoria, el origen de los vertidos en puntos tan dispares. No hay constancia de cuál es el origen concreto del material hallado en Lemoiz, si bien para el Gobierno “cabe esperar” que los residuos se generaran en estas industrias.

En Euskadi, cuando hace un par de décadas se adquirió la conciencia del peligro del lindano, algunas grandes reservas se encapsularon por seguridad. Como en el aeropuerto de Loiu o en el entorno de Barakaldo. Esas burbujas tienen una vigencia de 30 años. Pronto habrá que valorar, subrayan los ecologistas, qué hacer con esas bolsas de sustancias contaminantes. Según Pedreira, actualmente no hay una “situación de emergencia” respecto a esas cápsulas y cuando expiren los permisos de 30 años se valorará “desde un punto de vista técnico” si es necesario prorrogar el “seguimiento” de las celdas.

El hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La Organización Mundial de la Salud consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

Más de 40 años (1974) desde que Inquinosa comenzara a elaborar lindano en su fábrica de Sabiñánigo. Casi 30 (1989) desde que cerró la fábrica -ergo, 15 extendiendo residuos químicos por el Pirineo-. Unos cuantos buscando soluciones que, hasta ahora, se antojan inanes. En resumen: 120.000 toneladas de restos tóxicos que se traducen en uno de los casos de contaminación más importantes de Europa.

La postrera intentona del Gobierno de Aragón para solucionar un problema que se dilata hasta cuestionables extremos es acudir a la Compra Pública de Innovación (CPI): “Una actuación administrativa de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública”, según se explica en la Guía sobre Compra Pública Innovadora del Gobierno de España.

O, sin exornar el lenguaje, un mecanismo al que se recurre cuando no se hallan otras medidas, como aseguró la directora de Gestión del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, María Bezunartea: “La condición básica y primordial de cualquier proceso de compra pública innovadora es no tener una solución clara al problema y en el caso del lindano así ocurre”. Lo que discrepa con la información dada por el Ejecutivo el pasado mes de febrero acerca del ensayo ISCO –anterior probatura–.

Los principales objetivos de la CPI, según la comentada guía, “son la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, fomentar la innovación empresarial e impulsar la internacionalización de la innovación empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia”.

Diez entidades presentaron sus propuestas

El pasado martes tuvo lugar la Consulta Preliminar al Mercado, con el propósito de obtener información sobre la capacidad del mercado, el estado de la ciencia o de la tecnología, e informar a los operadores económicos sobre los proyectos que, en este caso, el Gobierno de Aragón desea emprender en el marco de la Compra Pública de Innovación.

En el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se llevó a cabo una jornada informativa en la que se explicó la problemática de la contaminación, el proyecto piloto en la búsqueda de soluciones y se dio la oportunidad de presentar su propuesta a las empresas, instituciones y entidades interesadas.

Intervinieron APRIA Systems S. L.; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; DEKONTA A. S.; ERM Iberia S. A.; Grupo Gimeno; Nanotex SL; S.Y.T MICROBIOLOGIA VALENCIA; SLOGA Ingenieros S. L.; Universidad de A Coruña, Sarpi Constantí S. L. U. Aunque estuvieron presentes más de 40 empresas

En la actualidad, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón “tiene identificadas siete áreas de actuación para la descontaminación del barranco de Bailín, a nivel de los distintos tipos de suelos y aguas del emplazamiento, y solicita a las empresas y centros de investigación información respecto a la búsqueda de soluciones desde el punto de vista de la innovación y la sostenibilidad”, comentaron desde el Ejecutivo

La directora general de Sostenibilidad, Pilar Gómez, explicó que se habían presentado “propuestas muy interesantes que han sido probadas con éxito en otros países de la Unión Europea, Estados Unidos y el Sudeste Asiático”. Como resultado de esta Consulta Preliminar al Mercado, indicaron, pueden surgir, “bien expedientes de contratación ordinaria, si se identifican soluciones ya comercializadas, o bien expediente de Compra Pública de Innovación, si existen soluciones en desarrollo y que les falta un último empujón para definirse”.

También se mostró optimista Bezunartea, que espera que, “una vez acabe el proceso, podamos o bien adquirir un servicio de investigación o, lo ideal, conseguir que, además de investigar, se desarrolle un producto que el Gobierno de Aragón pueda comprar para atajar el problema”.

La previsión para poder efectuar la ejecución del contrato y cumplir la necesidad funcional tiene un valor estimado de 20 millones de euros. No obstante, en el procedimiento de Consulta Preliminar al Mercado se admiten propuestas que superen el valor estimado.

Otros proyectos de CPI

En 2016 se puso en marcha el Plan para el impulso y consolidación de la Compra Pública de Innovación en Aragón, gracias a un convenio entre la Dirección General de Innovación e Investigación de la Administración autonómica y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).

Hasta febrero de 2017, se habían celebrado siete seminarios, un curso técnico y una jornada sobre consultas preliminares al mercado. Este plan resultó premiado como la mejor iniciativa de CPI en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos.

El problema del lindano no es el único cuya solución se busca con este novedoso sistema. Ya se recurrió a él para la mejora del proceso farmacoterapeútico de los pacientes a los que se dispensan medicamentos desde la Unidad de Atención Farmacéutica de Pacientes Externos (UAX-PEX) del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, a través de la utilización de nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento de Vitoria ha diseñado un plan para controlar los vertidos de lindano en Gardelegi, cuya afección se había extendido al río Zadorra a través de filtraciones. Según ha explicado este lunes a la Cadena Ser el coordinador de Medio Ambiente de la ciudad, Alvaro Iturritxa, el proyecto pasaría por impermeabilizar y sellar el vertedero en primer lugar y por construir una depuradora “en la base” de esta instalación para “limpiar” el agua antes de que llegue al punto desde donde se canaliza el suministro para la población.

Fueron informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) quienes empezaron a detectar hace un lustro los primeros indicadores de contaminación por hexaclorociclohexano en las aguas del Zadorra, principal río de Vitoria y afluente del Ebro. En principio, esos residuos de lindano se estarían filtrando desde el vertedero de Gardelegi, adonde habrían llegado tres décadas antes procedentes de las fábricas de Bizkaia (en Barakaldo y Erandio) que producían insecticidas y otros productos con derivados de esta sustancia altamente contaminante y perjudicial para la salud.

El hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La OMS consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

Fuentes municipales explican que la contaminación en Vitoria es “pequeña” -nada que ver con las grandes bolsas de lindano existentes en Bizkaia o en Sabiñánigo (Huesca)- pero colectivos como Ekologistak Martxan insisten en sus informes en que se trata de un producto muy resistente al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas y muy móvil, por lo que su efecto expansivo es muy importante. Vitoria, con apoyo del Gobierno vasco y de la agencia vasca Aguas (URA), asume los riesgos por mínimos que sean y entiende oportuno plantear medidas preventivas si bien se tratará de actuaciones “complejas” y “caras”.

La idea es que en 2017 se cierre la “planificación” de las actuaciones, aunque la ausencia de presupuesto específico este año impediría iniciar las obras este mismo ejercicio. La intención es acometer lo antes posible las fases “más urgentes”, quizás la impermeabilización y sellado del vertedero, y dejar para más adelante la nueva depuradora. Los trabajos podrían extenderse más allá de esta legislatura (2015-2019).

Hace apenas unos días Ekologistak Martxan llevaba al Parlamento un informe sobre los efectos perniciosos para el medio ambiente y para la salud de los residuos de lindano. A pesar de que esta sustancia tóxica dejara de producirse en Euskadi hace tres décadas, el documento hablaba aún de grandes bolsas de residuos y advertía también de que todavía el problema no estaba ni mucho menos resuelto, de que seguro que continuaban apareciendo vertidos ilegales de este producto que en su día su usó como insecticida. Ni tres días después el colectivo ecologista ha anunciado que, efectivamente, se ha hallado un nuevo vertido de residuos de hexaclorociclohexano, concretamente en el término municipal de Lemoiz, en Bizkaia.

Según la plataforma, los restos de lindano han sido hallados en el monte Jata, en la carretera entre las localidades de Barrika y Bakio, de la costa vizcaína. Los terrenos eran aparentemente un antiguo vertedero dentro del término municipal de Lemoiz, según estas mismas fuentes. Los ecologistas sospechan que los restos pueden haber llegado a la zona desde las plantas de Barakaldo y Erandio que hasta la década de 1980 trabajaron el hexaclorociclohexano y que ya derivaron residuos a zonas de Soria o a Vitoria, amén de a otras localidades del entorno del Gran Bilbao.

Miembros de Ekologistak Martxan, que han recogido muestras provistos de máscaras y guantes, han comunicado el hallazgo tanto a la Ertzaintza –que ha acordonado la zona y tomado fotografías- como a las autoridades medioambientales forales y autonómicas. La Policía vasca, si hubiera indicios de delito, dispone de una unidad especializada en Medio Ambiente.

¿Cuál es el motivo del alto riesgo del hexacicloclorohexano? La molécula de lindano es altamente persistente, lo que hace que su degradación sea lenta y difícil. Ese hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La OMS consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

Los residuos de hexaclorociclohexano (o más comúnmente lindano), una sustancia producida en el pasado en la Margen Izquierda vizcaína y en grandes cantidades para su uso como plaguicida o incluso como tratamiento contra piojos, son altamente resistentes al paso del tiempo, muy tóxicos (pudiendo llegar a ser cancerígenos) y presentan una gran movilidad. El entorno de las antiguas fábricas, en Barakaldo y en Erandio, y algunos vertidos ilegales como los de Vitoria constituyen aún hoy, 30 años después de que el lindano dejara de producirse en Euskadi, un verdadero foco de riesgo, según ha denunciado este martes en el Parlamento Vasco la plataforma Ekologistak Martxan, cuyos representantes han entregado a los partidos un informe con un diagnóstico de la situación y medidas para combatir este grave problema de contaminación.

Dos compañías de capital alemán operaron en el industrializado Gran Bilbao para la obtención de hexaclorociclohexano. Bilbao Chemical, en la zona baracaldesa de Ansio, produjo unas 75.000 toneladas de residuos desde 1947 hasta 1987. Nexana, muy cerca de la anterior pero ya en Asua, Erandio, registró 7.000 toneladas. Sería el equivalente a vaciar 3.280 camiones llenos de sustancias contaminantes. Las empresas no sólo abandonaron los residuos en la zona, sino que transportaron algunos ilegalmente a zonas de Soria o a Vitoria. Hay que tener en cuenta que por cada tonelada útil de lindano se generaban unas nueve de restos tóxicos.

Según el informe de Ekologistak Martxan, “la molécula de lindano es altamente persistente, lo que hace que su degradación sea lenta y difícil”. “Es un problema que van a pagar generaciones que aún no han nacido”, ha valorado Javier Vázquez, que recuerda también que es una sustancia fácilmente transportable por agua, aire o incluso a través de los animales y los humanos.

En Euskadi, cuando hace un par de décadas se adquirió la conciencia del peligro del lindano algunas grandes reservas se encapsularon por seguridad. Como en Loiu o en el entorno de Barakaldo. Esas burbujas tienen una vigencia de 30 años. Pronto habrá que valorar, subrayan los ecologistas, qué hacer con esas bolsas de sustancias contaminantes.

En otro casos, los vertidos ilegales se han ido detectando conforme se han realizado análisis, sobre todo de las aguas. En el embalse de Oiola, que suministraba agua a 130.000 vecinos de la Margen Izquierda, se limitaron los suministros. Sin embargo, las cabezas de ganado continúan pastando en la zona y son potenciales transmisores de problemas sanitarios.

Y en Vitoria también aparecieron desde 2013 niveles elevados de hexaclorociclohexano en las aguas, según informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aparentemente, fueron provocados por camiones llegados desde Bizkaia al vertedero de Gardelegi. Las filtraciones han llevado esas sustancias tres décadas después al entorno del río Zadorra. Según Ekologistak Martxan, al menos ha habido “suerte” de que el foco está “aguas arriba” de la depuradora que suministra a la ciudad, la de Crispijana, aunque es cierto que lodos de esa zona de Trespuentes se han empleado en algunas obras.

Bilbao Chemicals

El problema no es exclusivo de Euskadi. De hecho, el mayor foco de contaminación por lindano en Europa está en Sabiñánigo (Huesca), llamado por algunas voces como “el Chernóbil español”. Allí una filial de Bilbao Chemicals produjo lindano y, además, durante unos años incluso sin licencia. Los residuos quedaron abandonados y aún hoy no han recibido adecuado tratamiento en su totalidad. El río Gállego tiene elevadas concentraciones tóxicas, según algunas mediciones.

Los portavoces ecologistas han demandado en el Parlamento medidas urgentes ante un “problema europeo” y “no sólo medioambiental, sino de salud pública”. El hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La OMS consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

“Consideramos que el Gobierno español se ha implicado muy poco en toda la problemática del lindano, como tampoco lo han hecho los Gobiernos autonómicos”, denuncian desde Ekologistak Martxan, que además critican que las distintas instituciones han peloteado a cuenta de 15 millones de euros para descontaminación procedentes de la Unión Europea y que aparentemente se desconoce dónde están. 

En un decálogo de medidas, este colectivo reclama que “se localicen y caractericen” con carácter inminente los focos de contaminación y que “se garantice la limpieza integral” de todas esas zonas. Entretanto, se solicita que se declaren no aptas para el consumo de agua y que se evalúe la “exposición” de la población de esas zonas de suministro. En un último estadio, reclaman “responsabilidades” bien “penales, políticas o administrativas” para quienes hayan sido los “causantes” de este desastre ecológico y sanitario.

“Nos encontramos con hechos y actuaciones que se llevaron a cabo hace ya décadas y cuyas consecuencias medioambientales, sociales y económicas se están sufriendo en la actualidad. De hecho, lo están pagando y soportando una generación que ni siquiera había nacido cuando se produjeron los hechos. Desde el movimiento ecologista se afirma reiteradamente que las consecuencias de las acciones que se llevan a cabo contra el medio ambiente en muchos casos pueden sufrirlas también las generaciones venideras. Pues bien, el problema de la fabricación y uso del lindano en España es claramente uno de ellos”, concluye Ekologistak Martxan en su informe.

El Plan estratégico de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón, elaborado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, fue debatido en diciembre de 2016 en la Cortes de Aragón. De las aportaciones del resto de grupos parlamentarios surge ahora un documento que esta semana se presentó al Comité Institucional y ante el Comité Social.

La directora general de Sostenibilidad del Gobierno autónomo, Pilar Gómez, hizo hincapié en los principios de “transparencia y consenso” en los que se basa un plan que cuenta con la participación de todos los agentes implicados representados en los diferentes comités. Recordó que “el primer objetivo del plan es garantizar el agua potable a las poblaciones y comunidades de regantes aguas abajo del barranco de Bailín”, y se refirió a la “importancia de contener la contaminación y trabajar en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de descontaminación”.

La modificación del texto añade las ideas motor del plan estratégico que pasan por que “las actuaciones sean preferentemente in situ, para reducir los riesgos ambientales y aplicar las soluciones donde se encuentra el problema”. Así como una “apuesta decidida por los métodos biológicos catalizados con soluciones tecnológicas”.

De vital importancia, apuntó, “es que las acciones de descontaminación a desarrollar sean de bajo requerimiento energético, es decir, de baja temperatura y presión, como garantía para minorar los riesgos y aumentar la sostenibilidad de las soluciones. Además, los productos finales resultado de la descontaminación han de ser menos peligrosos que los originarios, de vida más corta y baja movilidad. También se tiene en cuenta la modernización de los procesos de descontaminación para prever su evolución y determinar la eficiencia de los resultados”.

Este plan estratégico, explicó Gómez, “es una herramienta dinámica, objeto de mejora y revisión permanente”. Existe, por añadidura, el compromiso de un mínimo de una adenda de actualización anual del plan. El documento se incorpora, como anexo, al Plan GIRA 2017-2022, en redacción, y, por tanto, se someterá al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica con forme a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

550 millones de euros

El Gobierno de Aragón prevé que será preciso afrontar una inversión total de 550 millones de euros durante los próximos 25 años, que es 10 veces lo invertido durante los últimos 25. Un esfuerzo que el Gobierno autonómico, señalan, “no puede asumir en solitario”.

Por ello, recurrirán al apoyo de las instituciones europeas y españolas, el cual, dicen, “debe justificarse por la complejidad del problema, por las garantías que ofrece la comunidad autónoma y por la importancia potencial de los beneficios económicos, sociales y ambientales de las experiencias y soluciones que pretenden implementarse en Aragón y que podrán transferirse a escala global”.