A lo largo de la próxima semana las piscinas de Bilbao volverán a abrir sus puertas después de que los trabajadores de mantenimiento, que llevaban en huelga desde el pasado 20 de mayo, llegaran a un acuerdo con la empresa empresa gestora UTE Giroa Ansareo que mejora sus condiciones laborales. La empresa es subcontratada por Bilbao Kirolak, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. El acuerdo, que afecta a 22 personas, contempla una subida salarial del 5,7% para el 2023, un 3,6% para el 2024 y subidas de IPC más el 0,75% y un 0,25% más variable para los años 2025, 2026, 2027 y 2028. Además, durante la vigencia del convenio se dará una reducción de jornada, llegando a las 1.592 horas en 2027. Otra de las principales reivindicaciones de la plantilla era la mejora del plus festivo, que ahora pasará de 20 euros a ser de 80 euros por festivo trabajado. Hasta ahora, la plantilla cobraba como un día laborable ordinario los domingos trabajados. Ahora, con el nuevo acuerdo, cobrará 60 euros en 2024 y 2025, 70 euros 2026 y 2027, y 80 euros en 2027. Asimismo, también se han conseguido 16 horas para poder acudir al médico y un día de libre disposición.

“Estamos contentos, es un buen acuerdo que mejora las condiciones del convenio sectorial”, reconoce a este periódico Eneko Martín, monitor, socorrista desde hace 18 años en el polideportivo de Errekalde y representante de la sección sindical de ELA. Martin se refiere al convenio firmado el pasado 7 de junio por UGT, CCOO y LAB. El sindicato ELA se opuso al considerar que las mejoras no eran suficientes y que el nuevo acuerdo “no garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo”, por lo que continuó con la huelga para exigir un convenio para cada centro. 

72 días después, el acuerdo para los trabajadores de mantenimiento ha llegado con mejoras, sin embargo, los 230 monitores y socorristas gestionados por la empresa Emtesport siguen sin tener noticias de la empresa desde que comenzaron con los paros. A pesar de ello, han decidido paralizar la huelga en agosto para “no afectar más a los usuarios”. “En una asamblea hemos decidido volver a trabajar en agosto y dar una margen de confianza a la empresa. Queremos mostrar nuestra buena voluntad para que el peso de este conflicto no siga recayendo en los usuarios. Nos damos de plazo hasta otoño, si la empresa no pone de su parte y nos ofrece un acuerdo, volveremos a la huelga”, reconoce Martín.

Para Martín, el acuerdo de los trabajadores de mantenimiento es una “posible hoja de ruta” para que Emtesport proponga uno adaptado al resto de trabajadores. “Es un buen ejemplo que se puede ajustar y reproducir”, sostiene. De no ser así, alerta. “Tenemos clarísimo que volveremos a la huelga. Somos conscientes de que no es una situación fácil y a nadie le gusta llegar hasta aquí, pero entendemos que son nuestros derechos laborales”, asevera.

Al igual que los trabajadores de mantenimiento, los monitores y socorristas también solicitan subidas salariales por encima del IPC, ya que, según denuncian los trabajadores, la gran mayoría tienen jornadas a tiempo parcial, sin llegar a los 1.000 euros mensuales, jornadas de 1592 horas anuales en dos años, pluses por la preparación de las clases y por los festivos que se trabajen y horas de asuntos propios como para poder acudir al médico. “No estamos pidiendo una locura, son derechos laborales básicos”, sostiene Martín.

Preguntado por si el calor de la última semana ha precipitado el acuerdo al menos para los de mantenimiento, Martín indica que era algo que “es posible”. “No nos ha ayudado el verano que llevamos, si hubiera sido como el del año pasado, con días de más calor, es posible ese calor hubiera hecho más presión y que el conflicto se hubiera resuelto antes. Entendemos que el primer escollo que han querido resolver desde el Ayuntamiento de Bilbao y la empresa ha sido el de los trabajadores de mantenimiento, porque no queda bien con el calor tener las piscinas cerradas”, concluye.

Este jueves han comenzado con las labores de limpieza y llenado de las tres piscinas municipales exteriores, las de Artxanda, Txurdinaga y Errekalde. Tras los controles de calidad requeridos, las piscinas abrirán la próxima semana, pero no quieren adelantarse a concretar un día específico. El año pasado las piscinas abrieron a principios de junio, por lo que los usuarios de Bilbao Kirolak comenzaron una recolecta de firmas en la plataforma Change.org para que la empresa escuchase a los trabajadores. “Bilbao Kirolak tiene una gran responsabilidad hacia su comunidad, que incluye asegurarse de que todas las instalaciones públicas sean accesibles y disfrutables para todos. Desafortunadamente, en los últimos años, las condiciones laborales de los empleados de las piscinas exteriores de Bilbao Kirolak se han deteriorado. La precariedad laboral es inaceptable y está afectando la disponibilidad y utilidad de las piscinas durante el verano. Esto no solo perjudica a los empleados, sino a toda la comunidad que depende de estos servicios”, sostiene el escrito, que ha superado las 1.700 firmas.

Cruz Roja Cantabria ha realizado hasta el cierre de julio más de 2.400 intervenciones en las playas de los 13 municipios de Cantabria en los que se encarga del servicio de salvamento y socorrismo este verano.

En concreto, la organización cuenta este verano con 61 puestos de socorrismo y un despliegue de 280 profesionales para velar por la seguridad y la salud de bañistas y visitantes en los municipios de Alfoz de Lloredo, Bareyo, Camargo, Comillas, Laredo, Noja, Piélagos, Ribamontán al Mar, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña y Suances.

En lo que va de temporada estival, en la que la bandera verde ha ondeado el 75% de los días, los profesionales de Cruz Roja han realizado 2.416 intervenciones, un 10% más que el verano pasado (2.176), según ha informado en un comunicado Cruz Roja.

La mayor parte de las intervenciones realizadas han estado relacionadas con heridas y traumatismos leves (956 atenciones), picaduras y alergias (935, de ellas 52 son contactos con medusas) o golpes de calor, crisis de ansiedad o patologías previas cardio-vasculares, respiratorias, digestivas o psiquiátricas en las personas usuarias que manifestaron síntomas durante su estancia en la playa (234).

Entre otras intervenciones, el personal socorrista ha rescatado a 53 personas, un 33% menos que el verano pasado en las mismas fechas. También han evacuado a 71 personas a centros hospitalarios y han atendido a 56 menores en situación de extravío en la playa.

En cuanto a la presencia de medusas en las playas, el director de Socorros de Cruz Roja en Cantabria, Agustín Salán, ha indicado que “la incidencia en cuanto a picadura de medusa está siendo baja y las picaduras se han dado en playas de toda la costa cántabra de forma puntual”.

No obstante, ha señalado que “desde Cruz Roja recomendamos precaución a la hora de darse un baño y acudir inmediatamente al personal socorrista en caso de contacto o si vemos algún ejemplar”.

En cuanto a los perfiles de las personas atendidas, por un lado, mayores de 65 años, niños y niñas debido a heridas, contusiones leves, golpes de calor o extravíos, personas con patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores como el efecto de las altas temperaturas o la deshidratación y jóvenes que en algunos casos adoptan conductas inseguras por omisión o desconocimiento, como el acceso a zonas no permitidas o peligrosas, zambullidas o por alejarse demasiado de la costa.

En las playas de Los Peligros (Santander), La Salvé (Laredo) y Trengandín (Noja), se cuenta con servicio de baño adaptado, “un extra que asegura que las personas con movilidad reducida o con discapacidad puedan disfrutar de un día de playa y baño gracias a las ayudas técnicas y la asistencia del personal de Cruz Roja.

Durante este verano, 95 personas ya han utilizado el servicio de baño adaptado en estas playas a través del uso de las sillas anfibias u otras ayudas técnicas y la asistencia de socorristas para el baño.

De manera paralela, el personal de playas también realiza una importante labor de concienciación con mensajes preventivos. “La prevención es la parte más esencial de nuestro trabajo ya que los riesgos, al contrario de lo que muchas personas piensan, están en todos los baños, incluso cuando hay bandera verde. En muchas ocasiones las condiciones del mar engañan y cambian constantemente y podemos entrar en una zona peligrosa”, ha explicado.

La playa del Sardinero acogerá la primera Copa de España Internacional de Primavera de Playa Spanish Spring Beach Cup en inglés, que se celebrará los días 27 y 28 de abril en la ciudad santanderina y al que se podrán inscribir socorristas de las categorías cadete, juvenil, júnior y absoluta.

El calendario nacional de competición de salvamento y socorrismo se ha actualizado con la Spanish Spring Beach Cup, después de que el pasado 1 de febrero la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a propuesta de la Dirección Deportiva, aprobase la sustitución del Circuito Internacional de Aguas Abiertas por dos competiciones independientes, la Spanish Spring Beach Cup-Copa de España Internacional de Primavera de Playa y la Spanish Summer Beach Cup-Copa de España Internacional de Verano de Playa.

Se trata de un nuevo formato para aumentar el interés competitivo y la participación de deportistas nacionales como extranjeros en ambas convocatorias.

Así lo ha informado la Federación en un comunicado, en el que explicado que con este acuerdo ya no se tienen en cuenta los puestos obtenidos en las dos pruebas pertenecientes al Circuito para el establecimiento de la clasificación final y, en consecuencia, ambas competiciones son independientes a todos los efectos.

La pasada edición, bajo la denominación de Circuito Internacional de Aguas Abiertas, contó con una participación de 231 socorristas de veinte clubes procedentes de siete comunidades autónomas, que disputaron las pruebas de playa en el mismo lugar donde se celebrará la próxima Spanish Spring Beach Cup, en la Playa del Sardinero.

Un hombre llega a la playa y se dirige al mar. Acude solo y entra al agua. Es primera hora de la mañana. Tal vez el final de una tarde de verano que se alarga hasta casi la noche. Los socorristas o bien aún no han empezado o ya han terminado su jornada laboral. No hay nadie vigilando. El hombre, de nacionalidad española y más de 65 años, muere por ahogamiento. Lo que se describe no es un caso concreto, sino el perfil final de las estadísticas que cada año elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), que este año notifica mes a mes las cifras más dramáticas de los últimos años.

Este junio ha sido el peor desde 2015, cuando la federación comenzó a publicar el seguimiento de casos; mayo, con un 35% más de muertes que en 2022, es el peor desde 2016; y abril marcó el registro más oscuro desde 2017. En el primer semestre del año fallecieron, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), 169 personas. Es la cifra más alta en ese periodo desde 2017, cuando hubo 209 muertes. Esa cifra ya se ha superado. En lo que llevamos de año han muerto ahogadas en espacios acuáticos 238 personas, 67 de ellas en lo que va de julio, con esta última semana aciaga y sin contar a las personas que pierden la vida intentando llegar a las costas españolas.

“Terminaremos el año rondando los 400 muertos, que son cifras elevadísimas”, vaticina el director de prevención y seguridad de la RFESS, Francisco Cano. En los últimos ocho años, los fallecidos han estado entre los 481 de 2017 y los 373 de 2018. En 2021, con el coronavirus todavía en el día a día, hubo tan solo 260 muertes por ahogamiento. Pero, pese a que este 2023 se encamine a superar los peores marcadores, “encontrar una causa concreta (al aumento registrado hasta ahora) es muy difícil por la casuística de cada persona”, reconoce Cano, que reclama campañas de prevención durante todo el año.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones son la segunda causa de muerte externa no provocada en España, por detrás de las caídas, y la primera hasta llegar a los 45 años. La Organización Mundial de la Salud apunta que los ahogamientos son la tercera causa de defunción por traumatismos no deliberados en todo el mundo y estima que mueren por este motivo 236.000 personas cada año, con el 90% concentradas en países de ingresos bajos y medios.

Aunque es difícil encontrar una causa concreta que explique el incremento de casos, por encima de la media, algunos factores ayudan a entender el fenómeno. “Existe una relación directa entre más días de sol y de calor y los ahogamientos y, con el cambio climático, hay más días de altas temperaturas”, explica el coordinador del grupo de socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Roberto Barcala. Este mes de abril, por ejemplo, se registraron temperaturas propias de julio. Y si el termómetro aprieta, suben las ganas de ponerse a remojo en un momento en el que la mayoría de arenales no cuentan con servicios de socorrismo.

Esta temporada estamos teniendo cifras (de ahogamientos) por encima de lo habitual que alarman pero hay que esperar a ver la evolución del verano

Miguel Ángel Sánchez Arrocha — Responsable de Playas de Cruz Roja

“El año pasado nos llamaba la atención el número de rescates que estábamos haciendo en la zona de Cantabria. Al analizarlo, vimos que era donde más banderas verdes y mejor meteorología había habido en los últimos años”, señala Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable nacional del servicio de playas de Cruz Roja. “Esta temporada estamos teniendo cifras (de ahogamientos) por encima de lo habitual que alarman, porque toda persona que fallece en el ámbito de la playa nos tiene que hacer reflexionar, pero hay que esperar a ver la evolución del verano”, indica el experto, que apunta como otra de las posibles causas que este es el primer periodo estival de normalidad total tras la pandemia: “Si vamos sumando, puede provocar que estén yendo más personas a la playa”.

Las zonas donde se registran más fallecimientos por ahogamientos en entornos acuáticos son las regiones del levante peninsular y Andalucía y Canarias. “Evidentemente, está relacionado con la cantidad de gente que va a las costas de estas comunidades, que reciben muchísimo turismo, no solo extranjero, sino nacional”, explica Cano. De los 169 fallecimientos del primer semestre del año, 101 eran de nacionalidad española; 26, europea; 10, africana; una, americana; dos, asiáticas; y 29 no han sido identificadas por la RFESS.

Si bien hay un perfil estadístico que sobresale, los ocho muertos que se han registrado en las últimas horas ejemplifican bien los escenarios más habituales. El martes, dos hombres de 60 años y una mujer de 62 murieron ahogados en la playa dels Marenys, en Tavernes de la Valldigna, en Valencia. Se trata de un espacio natural con cartelería de 'prohibido el baño' y sin servicio de socorrismo, según ha indicado la propia alcaldesa de la localidad, Lara Romero, que decretó tres días de luto oficial. En la playa del Miracle, de Tarragona, un joven de entre 25 y 30 años perdía la vida tras haber tenido “dificultades para salir del agua”.

Ese mismo día, una niña de dos años murió ahogada en una piscina particular en l'Ametlla de Mar, en Tarragona, y un hombre, que no sabía nadar, falleció ese mismo día en Santa Ponça, Mallorca, al intentar rescatar a su hijo de tres años, que falleció este miércoles en el hospital. Un pequeño de ocho años corrió la misma suerte en una piscina municipal de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona.

Una de las claves del ahogamiento de niños es que ocurren en piscinas particulares, en casa, entre las tres y las seis de la tarde, en la sobremesa de los adultos

Roberto Barcala — Coordinador del grupo de socorrismo de SEMES

“Una de las claves del ahogamiento de niños es que ocurren en piscinas particulares, en casa, entre las tres y las seis de la tarde, en la sobremesa de los adultos”, explica Barcala, que es también profesor de la facultad de educación y deporte de la Universidad de Vigo. Además, estos accidentes suelen tener un desenlace rápido. Por eso, la recomendación de los expertos es que, ante la ausencia de un niño o una niña, “el primer sitio donde hay que ir a buscarle es donde haya agua”. Los adultos, sin embargo, tienden a confiarse en la playa. “Las personas mayores ahora tienen un ocio efectivo y usan estos espacios como un medio recreativo, el problema es que ya no tienen las mismas condiciones que los jóvenes”, añade.

Aparte de la cifra de ahogamientos mortales, existe otra más invisible, pero que no está exenta de provocar daño. “Por cada ahogado mortal, se estima que entre tres y cinco personas ahogadas reciben cuidados de los servicios de urgencias y, de ellas, una parte pueden quedar con secuelas y daño neurológico severo”, desarrolla Barcala, a consecuencia del tiempo en el que el cerebro está privado de oxígeno. “En España estamos en torno a 2.000 anuales, que es un barbaridad”, añade.

Cruz Roja se encarga de alrededor del 10% de los servicios de salvamento y socorrismo de las playas españolas. De los cerca de 3.000 habilitados en España, está presente en unos 250. Según sus últimos datos, sus socorristas han realizado entre el 21 de junio y el 23 de julio un total de 414 rescates. “Hay personas a las que se reanima y han terminado sin secuelas, pero en algunos casos sí pueden quedar”, indica Sánchez Arrocha.

Cuando hay una persona dentro del agua podemos intentar ayudarla, pero teniendo muy claro que no vamos a una situación que nos ponga en riesgo, porque entonces habría dos víctimas en lugar de una

Francisco Cano — Director de prevención y seguridad de la RFESS

Los consejos de los expertos consultados para la población son claros. El primero es bañarse donde haya servicio de socorrismo en activo, hacerlo acompañado, con una persona que pueda dar la voz de alarma en caso de peligro, y si el bañista es un niño o una persona mayor o con problemas de movilidad, que esa compañía esté también en el agua. Y, por supuesto, hacer caso a las recomendaciones de cada lugar.

“Cuando hay una persona dentro del agua y no tenemos conocimiento o nociones (sobre cómo ayudar), lo primero que hay que hacer es avisar al servicio de emergencias. Tras esa llamada, si tenemos algún indicio de que podemos ayudar a esa persona, podemos intentar ayudarla, pero teniendo muy claro que no vamos a una situación que nos ponga en riesgo, porque entonces habría dos víctimas en lugar de una”, explica Cano.

Para poder socorrer a un bañista en aprietos, hay que derribar algunos mitos difundidos en series y películas. Barcala, que ha publicado un artículo sobre esas falsas creencias y mitos, explica que “una persona que se ahoga no levanta los brazos por encima del agua. Eso pasaba en Los vigilantes de la playa, pero no es así”. ¿En qué fijarse entonces? “Es una persona que está prácticamente inmóvil, con la mirada fija y la cabeza en el límite de hundirse y los brazos apenas saliendo de la superficie, como si tratase de escalar”, explica el experto.

Todas las voces consultadas coinciden en señalar la importancia de la prevención y de las campañas de sensibilización, tanto para la población general como en los colegios. Y todas ponen el mismo ejemplo: el semáforo. “La gente tiene 15 días de vacaciones y si hay un semáforo en rojo, esperas, pero si lo que está en rojo es la bandera de la playa piensa que cómo no se va a meter. Y se mete. Y se ahoga”, ejemplifica Barcala. Y es que, como recuerda Cano, esa indicación señala la prohibición del baño. “La amarilla nos indica que no debemos bañarnos más allá de donde nos cubra por la cintura, para tener buena tracción al suelo, y no utilizar materiales de flotación, como flotadores grandes o tablas, que pueden provocar que nos desplacemos donde no debemos”, añade.

Continúa la lucha de los socorristas en la isla de Eivissa por mejorar sus condiciones laborales. Una profesión que, en palabras de sus representantes sindicales, “no está valorada”. Y es que un trabajador en este sector cobra entre 1.000 y 1.070 euros netos al mes. Este verano, los socorristas de las doce playas de Santa Eulària des Riu y las cuatro de Sant Joan de Labritja que cuentan con la cobertura del servicio de vigilancia y socorrismo arrancaron un incremento salarial del 10% (con efecto retroactivo) para toda la temporada en que se contempla este servicio (del 1 de mayo al 15 de octubre), que en las playas del norte de Eivissa explota Cruz Roja Balears mediante un convenio con los dos ayuntamientos.

Esta subida se consiguió tras una reunión que tuvo lugar a principios de agosto entre CGT Eivissa y Formentera (que representa a trabajadores y trabajadoras) y Cruz Roja Balears, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB). El acuerdo, además, evitó que los socorristas fueran a la huelga, que habían anunciado para el 13 de agosto. “También conseguimos que se nos reconociera el plus de supervisión”, explica a elDiario.es Carles Tur, delegado sindical de CGT Eivissa y Formentera en el sector, que, sin embargo, insiste en que la lucha principal está en negociar un convenio colectivo autonómico que deje atrás “las carencias” con las que consideran que desarrollan su actividad estos profesionales.

Un convenio autonómico es “la solución”, señala la CGT

Entre otras cuestiones, reivindican que en el convenio colectivo autonómico que negocian CGT, CCOO y UGT y la Agrupación Empresarial SALVIB (que incluye empresas como Marsave Mallorca S.L., Emergències Setmil S.L. o el Institut Balear de Emergències S.L.) haya una mejora de las condiciones salariales, se incluyan días de asuntos propios, se aumente en un día las vacaciones (pasando de 30 a 31 días naturales anuales), se estipule con mayor claridad el proceso mediante el cual se subroga a los trabajadores (es decir, la manera en que los empleados pasan de una empresa a otra, en caso de que se produzca un cambio después de que los ayuntamientos saquen el servicio a licitación y concurso público).

Los trabajadores también piden que en el convenio colectivo autonómico se estipule la baja por maternidad, la incapacidad temporal y las horas extras, que son otros puntos de conflictividad, según señalan desde la CGT. “Luchar por un convenio autonómico es muy difícil, pero la verdad es que vi que era realmente una solución a todos los problemas, siempre que esté bien”, asegura Tur.

Este convenio también buscaría evitar que los socorristas que trabajan en la piscina de un hotel no tengan las mismas condiciones que aquellos que trabajan en playas porque, según denuncia Tur, el convenio de hostelería “permite externalizar el servicio”, lo que redunda en que el empresario puede fijar el sueldo al trabajador en función de su convenio de empresa, que en cualquier caso tiene que respetar el Estatuto de los Trabajadores.

Precisamente, este es otro de los problemas que tienen, sostiene la CGT. Los socorristas de las doce playas de Sant Josep de sa Talaia que cuentan con este servicio trabajan para Marsave Mallorca S.L., adjudicataria para los años 2020-2024, con las condiciones que establece el convenio de empresa. En este caso particular, ello no afecta a sus condiciones salariales, que vienen determinadas en el pliego de condiciones que redacta el Ajuntament de Sant Josep. “Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada (y que hace referencia a lo que indica el Estatuto de los Trabajadores, que es de ‘mínimos’)”, se queja Tur.

Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada

Carles Tur — Delegado sindical de CGT Eivissa y Formentera

El convenio de Marsave Mallorca S.L., que se puede consultar a través de la resolución de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Govern balear, publicada el 7 de abril de 2016 en el BOIB, detalla en su artículo 4 del capítulo 1 su carácter temporal, señalando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. “Este convenio colectivo podrá ser prorrogado expresa o tácitamente. Se entenderá prorrogado tácitamente por períodos anuales si no mediara aviso de denuncia formulado por cualquiera de las partes con al menos tres meses de antelación a la finalización de su vigencia o en su caso de la prórroga en curso”, establece el texto.

La reforma laboral aprobada en 2012, con Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social del primer ejecutivo de Mariano Rajoy, limitaba a un año la ultraactividad de los convenios colectivos. Es decir, transcurrido un año desde la pérdida de vigencia sin que se hubiera llegado a un acuerdo para su renovación, este dejaba de estar en vigor, siendo sustituido por uno de ámbito superior, según explica el Col·lectiu Ronda, cooperativa experta en el ámbito jurídico y laboral (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022).

Con la nueva reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, en caso de denuncia del convenio (a diferencia de lo que establecía la anterior reforma), se mantendrá vigente en tanto duren las negociaciones para su renovación. El año pasado los representantes sindicales de los socorristas de Sant Josep denunciaron el convenio a la Inspección de Trabajo del Ministerio por “lesividad”, según la versión de CGT.

De momento, los trabajadores de Sant Josep han conseguido negociar una mejora de la remuneración de las horas extra, fijada en 13 euros brutos la hora, 14,60 euros brutos la hora en el caso de los supervisores, mientras que la empresa, según CGT, ofrecía 8 y 9 euros la hora, respectivamente, unas condiciones que, según Tur, son mejores que las que tienen sus compañeros y compañeras de los municipios de Eivissa y Sant Antoni de Portmany. En dichos municipios, el servicio de vigilancia y socorrismo está gestionado por Emergències Setmil S.L. (del grupo IBE) y Marsave Mallorca S.L., respectivamente.

También señalan que este sector se ha visto beneficiado en los últimos años por las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzó los 900 euros brutos con Magdalena Valerio y los 1.000 euros brutos (en 14 pagas) con Yolanda Díaz al frente de la cartera de Trabajo. 

Los socorristas amenazan con “ir a la huelga”

Las negociaciones para firmar el convenio colectivo autonómico están, en estos momentos, “estancadas y en una fase muy inicial”, asegura Tur, delegado sindical de CGT de los socorristas de Eivissa. Según explica, a partir de este año empezaron las conversaciones entre los sindicatos CGT, CCOO y UGT y la patronal, Agrupación Empresarial SALVIB. Después de haber viajado a Palma en tres ocasiones para tratar este asunto, espera que en septiembre se pueda reanudar el diálogo con todos los actores implicados.

“Si las negociaciones en septiembre no van bien, plantearíamos ir a la huelga el 30 de septiembre, también con los trabajadores de Cruz Roja”, manifiesta Tur. elDiario.es se puso en contacto con Marsave Mallorca S.L. por primera vez el 30 de agosto, para recabar su versión acerca de las quejas de los socorristas de Sant Josep y el estado de las negociaciones del futuro convenio autonómico, sin haber obtenido respuesta, hasta este momento.

Más del 90% de las muertes por ahogamiento en las playas se producen por falta de vigilancia. Ahora, los servicios de salvamento y socorrismo cuentan con un inesperado e inimaginable aliado hace apenas unos años: los drones. La empresa valenciana afincada en Sagunt General Drones ha desarrollado un dron capaz de colaborar con éxito en rescates en la playa, tal y como avala su experiencia, que ha sido ya recogida por medios internacionales como el Washington Post o la CNN.

Desde que en 2017 pusieron a trabajar su primer aparato en la costa, concretamente en el Puerto de Sagunto, han sido numerosas las intervenciones y rescates realizados. El primero de ellos fue en 2018 y esta temporada, los drones ya han actuado de forma directa en ocho “rescates críticos”, además de participar en múltiples intervenciones. Esta misma semana, un aparato ha participado en el rescate de una joven en Santa Pola y hace apenas unas semanas, otro dron tuvo una intervención activa en el salvamento de un niño de catorce años en una de las playas saguntinas.

Actualmente, 22 drones de salvamento y socorrismo operan en otras tantas playas valencianas en virtud de un contrato con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que el pasado año implementó este servicio de forma piloto en 10 localidades y, vistos los resultados obtenidos, este verano ha decidido duplicar los puntos de costa en los que están operativas estas pequeñas aeronaves no tripuladas. “Es de agradecer que personas como la consellera Gabriela Bravo, a quien no conocíamos de nada cuando se interesó por nosotros, se la jugara y apostara por la puesta en marcha de una iniciativa tan novedosa”, apunta Adrián Plazas, CEO y fundador de la empresa, quien recuerda que las veinte playas en las que trabajan en virtud del acuerdo con la Generalitat se suman a las dos de Sagunt que fueron pioneras en la implantación de los drones de vigilancia y salvamento.

Estos aparatos tienen unas características muy concretas, ya que son capaces de adaptarse a las condiciones específicas del terreno en el que trabajan -humedad, salinidad, viento...-. Están diseñados específicamente para realizar tareas de vigilancia y salvamento en la costa: cuentan con un piloto especializado y los aparatos tienen un peso de diez kilos y están equipados con dos salvavidas, cámara y pueden llevar también un altavoz. El precio de venta es de 40.000 euros por unidad. “Su principal virtud es la detección de situaciones de peligro y la rapidez en la respuesta, que permite ofrecer al bañista un medio para aguantar hasta la llegada de los socorristas”, comenta Plazas, que explica que el dron es el primero en llegar hasta la persona que está en dificultades y le lanza el salvavidas: “Nunca antes habíamos tenido un aparato volando en la playa en tareas de socorrismo, estamos ante una herramienta disruptiva que nace en España y que marca un hito en el salvamento marítimo”.

Las aeronaves, dirigidas por pilotos experimentados -“Tenemos una academia y nosotros mismos formamos a nuestros pilotos con cursos de dos semanas y 10 horas diarias de pilotaje”-, realizan una media de tres vuelos diarios en cada playa. “Mínimo uno a primera hora, antes de que los socorristas hayan llegado a las torres, otro a última hora, cuando los profesionales ya han abandonado sus puestos de vigilancia, además de todas las veces que se requiera porque se haya detectado alguna situación que puede ser peligrosa”, tal y como comenta Plazas.

Experiencia en salvamento

Adrián Plazas, ingeniero industrial, fundó General Drones junto a su compañero Enrique Fernández, en 2015. Ambos habían tenido experiencia como socorristas en el pasado y, tal y como reconoce Plazas, les marcó un ahogamiento que vivieron en persona y que no pudieron evitar pese a acudir al rescate en la moto de agua: “Nunca se nos había muerto nadie en la playa”. Es en 2015 cuando deciden emprender esta aventura, diseñar un aparato desde cero de forma específica que fuera capaz de responder rápidamente y de forma adecuada a las condiciones climatológicas en las que debe actuar, ya que “cada escenario tiene unas características muy concretas en las que el aparato debe volar”: “Nos pusimos a hacer bocetos y a finales de ese año ya teníamos listo para el vuelo el primer prototipo”.

En fase de expansión

El éxito en su trabajo les ha llevado a verse abrumados con multitud de solicitudes de todo el mundo: “Hemos recibido un auténtico bombardeo”, con solicitudes procedentes de India, Indonesia, Reino Unido, México, Francia, Estados Unidos... Plazas, quien reconoce que también han recibido el apoyo explícito del Gobierno de España, explica que el próximo mes de septiembre viajarán al extranjero para intentar expandir su actividad a alguno de estos países que se han interesado por sus drones 'salvavidas': “Es algo que tenemos claro que va a suceder a corto plazo, e incluso hay inversores internacionales que quieren colaborar en la expansión del proyecto”.

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia y alcaldes de varios ayuntamiento avisan de que la comunidad encara el verano con un déficit de socorristas para vigilar las playas gallegas. Será previsiblemente, más común, encontrarse con paneles informativos sobre seguridad al llegar a los arenales.

La presidenta de la federación, Nuria Rodríguez, culpa de la falta de candidatos a los requisitos que ha impuesto la Xunta, sobre todo los que se refieren a las horas de formación, que son 420 para lograr al certificado profesional. Hace diez años solo se requerían unas 80. El problema, recalca, es “importante” y era previsible con el cambio de requisitos. “Se esperaba que hubiese un déficit, pero se rompieron las previsiones”, insiste. Antes de la reforma de 2012 que elevó las exigencias habría tres vías para ser socorrista en una playa gallega: a través de la Federación de Salvamento, con la Cruz Roja o con Protección Civil. Ahora, quienes estén certificados deben estar también anotados en el registro de la Xunta.

Algunos alcaldes coinciden con el diagnóstico de la situación. El de Valdoviño, Alberto González, asegura que este déficit se da en Galicia, pero no en otras comunidades autónomas, según Europa Press. “Hay que aplicar la racionalidad en los cursos”, pide. El regidor propone aplicar exigencias de formación diferentes según la peligrosidad de los arenales.

Nuria Rodríguez apunta que los salarios no son iguales en todos los ayuntamientos, de modo que los aspirantes se suelen presentar a varias playas y luego optan por “la que más les conviene”. Las horas de formación, la poca duración de un trabajo vinculado al periodo estival y el salario hace que los jóvenes, que señala que son el perfil de socorristas para estas fechas, prefieran otros sectores. Tras la pandemia, “algunos volvieron, pero no tantos”.

La Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo contará con el apoyo de Plátano de Canarias para su participación en el próximo Campeonato de España por Comunidades, que tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre en la provincia de A Coruña.

La Federación, encargada de la formación de socorristas para todo el Archipiélago, cuenta entre sus deportistas con 4 miembros de la Selección Española de Salvamento y Socorrismo.

Con este acuerdo, la Federación podrá acudir por primera vez al Campeonato de España por Comunidades Autónomas, en el que se espera un buen papel de los deportistas canarios, dados los buenos resultados de la temporada pasada.

Con este apoyo, la Federación y sus deportistas promocionarán activamente las cualidades nutricionales del Plátano de Canarias durante todos los días de competición, así como en sus propias redes con los hashtags #stopahogados y #salvamentocanarias.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, mediante decreto, ha adjudicado a la empresa Salvament Aquàtic el servicio de socorrismo de la playa por vía de urgencia por una duración de dos meses a través de un contrato menor, han informado a La Palma Ahora un portavoz. El servicio, añade, comenzará a prestarse en los próximos días.

La playa se encontraba sin este servicio desde el pasado 18 de abril al no renovarse el mismo con la empresa que realizaba esta actividad desde la puesta en marcha, en abril de 2017, de la nueva zona de esparcimiento de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento apuntan que, paralelamente, se están elaborando los pliegos del concurso para llevar a cabo la contratación del servicio por un período de uno o dos años prorrogable.

Ciudadanos (Cs) ha denunciado este miércoles que “la mala gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, gobernado por el PSOE y CC, ha dejado sin servicio de socorrismo a la playa capitalina”. 

Al respecto, el portavoz municipal de Cs en el Consistorio de Santa Cruz de La Palma, Juan Arturo San Gil, en una nota de prensa, ha señalado que “por culpa de la falta de planificación municipal, la empresa adjudicataria del servicio ha decidido no renovar la concesión, excusándose principalmente en las numerosas deficiencias que aún tiene la playa de la capital”. 

No obstante,  se añade en la nota, el concejal de Cs ha explicado que la empresa “avisó hace más de un mes de que dejaba el servicio, y la falta de planificación municipal ha hecho que este jueves la playa capitalina amaneciese sin servicio de socorrismo, porque PSOE y CC ni han tenido un plan b, ni han licitado un nuevo concurso para tenerlo resuelto y que no se diese esta situación”. 

“Una vez más la capital es testigo de la desidia y la falta de planificación del equipo de Gobierno local al no haber sacado a concurso la concesión de dicho servicio”, ha reiterado San Gil. 

“Por ello, y porque Santa Cruz de La Palma no se puede permitir el lujo de tener la playa sin servicio de socorrismo y vigilancia”,  apunta, “debido a que este hecho constituye un peligro para la seguridad de sus usuarios”, Ciudadanos “ha urgido al Gobierno local a resolver cuanto antes esta situación”. 

En este sentido, el concejal de Cs ha recordado que “son muchos los residentes y turistas que usan esta playa, a lo que hay que sumar además que es época de llegada de cruceros”. 

“Por todos estos motivos, y porque no se puede jugar con la seguridad de los bañistas”, Ciudadanos ha pedido a CC y PSOE que “dejen de mirar para otro lado, y solucionen este problema ya”.

Casi una de cada cinco personas que han perecido ahogadas en playas, piscinas u otros espacios acuáticos en España en lo que va de año murió en Canarias, según datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que cifra en 84 los fallecimientos por este tipo de accidentes hasta el 30 de noviembre.

Un total de 453 personas han muerto por ahogamiento en espacios acuáticos en España entre los pasados meses de enero y noviembre, dieciséis más que en todo el año 2016.

En noviembre se han producido 16 fallecimientos, nueve de ellos en Canarias, a los que hay que sumar dos en la Comunidad Valenciana, otros tantos en Baleares y uno en Asturias, Galicia y Murcia.

En el conjunto de lo que va de año también es Canarias la comunidad autónoma con más fallecidos por ahogamientos, con 84 (el 18,5% del total), por delante de Andalucía con 72, Comunidad Valenciana con 66, Galicia con 55 y Cataluña con 42.

Le siguen Baleares con 25, Cantabria con 22, Murcia con 18, Castilla y León con 15, País Vasco con 12, Asturias con 10, Aragón con nueve, Extremadura con ocho, Comunidad de Madrid con cinco, Castilla-La Mancha con cuatro, La Rioja con dos, Navarra con uno, mientras que Ceuta ha registrado tres y Melilla ninguno.

El perfil de la persona ahogada es un hombre, en un 80% de los casos, de nacionalidad española (73%), que fallece en una playa (53%) o en cualquier caso en un espacio sin vigilancia (89%) entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde (71,7%) y de 35 o más años (72%).

El portavoz del Grupo Municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha dado a conocer este viernes que el Ayuntamiento de Santander ha impuesto una sanción de 24.663,98 euros -el ocho por ciento de la cuantía total del contrato- a la empresa Aunar Group por “incumplimientos graves” en la prestación del servicio de salvamento, socorrismo y baño adaptado en playas, extremo que, a su juicio, “confirma la chapuza” que supuso retirar a Cruz Roja de los arenales de la ciudad.

El regionalista ha explicado en un comunicado que el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de octubre recoge la imposición de la penalización, que se basa en “incumplimientos del contrato de carácter grave” y otros leves.

El primero de los incumplimientos es por falta del personal comprometido, ya que en diversas inspecciones realizadas tanto por el Ayuntamiento de Santander como por el Gobierno de Cantabria faltaba un ayudante con titulación en TTS (Técnico en Transporte Sanitario) en la ambulancia de Soporte Vital Básico inscrita al puesto sanitario de la Segunda playa de El Sardinero.

El segundo incumplimiento -“mucho más grave si cabe”, según el regionalista- es relativo a las condiciones del material de los puestos y las mejoras a las que Aunar Group se comprometió y que, según el propio acta de la Junta de Gobierno Local, “contribuyeron notablemente” a la concesión del contrato a esta empresa. En concreto, se trata de dos unidades de embarcaciones de tipo C, dos ambulancias y la ampliación del número de puestos de socorro en cuatro unidades.

A todo ello, se suman cuatro infracciones leves: falta de marca del logotipo del Ayuntamiento de Santander en el vestuario; falta de rotulación de bases y vehículos, falta de hojas de reclamaciones y, finalmente, la no presentación de presupuesto desglosado.

Para Fuentes-Pila, la imposición de esta penalización y, especialmente, los motivos por los que se llega a ella, constituyen la “prueba evidente del gravísimo error” que cometió el Ayuntamiento de Santander en la redacción de un contrato que primaba los aspectos económicos e impidió que Cruz Roja prestase el servicio, “tal y como llevaba haciendo veinte años”.

“Nos enteramos ahora que hemos tenido velando por la seguridad menos personas y menos equipamientos que los necesarios”, ha criticado, al tiempo que ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP “no haya creído conveniente informar de este asunto”.

Priorizar el ahorro

Según ha recordado el regionalista, su Grupo fue “muy beligerante” cuando se conoció el pliego y la adjudicación del servicio a esta empresa, ya que la redacción, sostiene, “priorizaba el ahorro de 19.8000 euros sobre la seguridad de los santanderinos”. En concreto, Aunar Group presentó una oferta con una rebaja de menos de 24.000 euros sobre el precio de licitación de la oferta y 19.800 más barata de la presentada por Cruz Roja.

“Ahí ya vimos una concepción de la seguridad de las personas muy peligrosa”, ha dicho Fuentes-Pila, ya que la oferta económica se valoró con 70 puntos (44 para la oferta económica en sí misma y 26 más para las mejores en equipamiento). La propuesta de Aunar se valoró con 70 puntos, mientras que Cruz Roja obtuvo 10,42. En cambio, continúa, la valoración de los treinta puntos restantes -que evalúan las condiciones técnicas- “dejó muy a las claras la superioridad” de Cruz Roja, que obtuvo 28, por 11 de la otra empresa.

“Se adjudicó el concurso en base a un mínimo ahorro económico y a unas mejoras que no se han producido, que no han estado en las playas y que pudieron suponer un peligro para los santanderinos”, ha criticado el regionalista, quien ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a que encargue a los servicios jurídicos que analicen si hay base legal para rescindir el contrato.

En este sentido, ha recordado que la adjudicación era por dos años e incluye el que viene, 2019. “De nada sirve una penalización económica a posteriori, los contratos hay que cumplirlos y más este, del que depende la seguridad de miles de bañistas cada año”, ha finalizado.

Cuando llega el verano, la piscina es uno de los sitios más anhelados por los niños. Si fuera por muchos de ellos, se pasarían el día entero allí. Pero hay que tener cuidado, porque también es uno de los más peligrosos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la edad constituye uno de los mayores factores de riesgo de ahogamiento: a escala mundial, los índices más elevados de muerte por esta causa corresponden a la franja etaria de 1-4 años, seguida por la de 5-9 años.

En España, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último lustro del que se han publicado los registros (2011-2015), han muerto 103 niños de entre 1 y 4 años y 42 de entre 5 y 9 años. La Asociación Española de Pediatría (AEP), por su parte, apunta que -a diferencia de los ahogamientos de adultos, que en su mayoría se producen en playas, ríos y otros entornos naturales- el 86% de los ahogamientos se producen en piscinas domésticas. Por ello, se aconseja extremar las medidas para evitar los accidentes en tales espacios.

Es la causa de que tanto la OMS como la AEP, el Ministerio de Sanidad y muchos otros organismos e instituciones especializadas pongan especial énfasis en la prevención de esta clase de accidentes. El siguiente decálogo para la seguridad infantil en piscinas está elaborado a partir de sus datos y recomendaciones.

1. Vigilancia continua

Esta es la máxima número uno: nunca dar la espalda a los niños ni distraerse cuando ellos están en el agua. Según un documento elaborado por la Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS), en colaboración con la Escuela Segoviana de Socorrismo, “solo se precisan 27 segundos para que un menor que no sabe nadar comience a ahogarse y de 3 a 5 minutos para que quede con graves secuelas o fallezca como consecuencia de un ahogamiento”. Además, los bebés y niños pequeños se pueden ahogar con un nivel de apenas 6 centímetros de agua.

2. Respetar la 'norma 10/20'

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil, que ha lanzado una campaña -titulada con el hashtag #OjoPequealAgua- para concienciar a la población acerca de estos asuntos, recomienda cumplir con la 'norma 10/20'. Se trata de que los adultos observen la piscina al menos cada 10 segundos y que puedan llegar hasta los niños (a sujetarlos del brazo) en no más de 20 segundos. En sus “estrategias que se han comprobado efectivas para la prevención de ahogamientos”, la AEP va más allá y habla de que la vigilancia adecuada se da “cuando la distancia al menor es inferior a la longitud del brazo del cuidador”.

3. Evitar las distracciones

Pequeñas distracciones o descuidos, como ir a atender el teléfono o abrir la puerta, pueden ser causa de ahogamiento de bebés. Si hay más de un adulto, se pueden establecer turnos para que la principal responsabilidad de vigilancia recaiga sobre distintas personas, pero todos deben procurar estar atentos siempre. Y también evaluar las posibilidades de que el niño pueda llegar a la piscina solo en un descuido, y en tal caso tomar medidas para impedir que eso ocurra.

4. Dispositivos de protección

El mejor dispositivo de protección para una piscina es el vallado perimetral, que impide que el niño pueda llegar solo hasta el agua. Según la AEP, “su implementación puede disminuir las muertes por ahogamiento hasta en un 95%, como sucede en algunos países de la Unión Europea”.

No existe legislación vigente al respecto, pero se recomienda que el vallado sea lo bastante alto para que el niño no lo pueda saltar (1,20 metros como mínimo), que carezca de puntos de apoyo por los que el niño pudiera trepar, y con un espacio menor a 10 centímetros entre el borde inferior y el suelo, para que el niño no pueda colarse por debajo. No debe impedir la visión de la piscina. La puerta se debe cerrar de manera automática y el pestillo debe quedar fuera del alcance de los niños.

5. Educación

La AEP recomienda enseñar a los niños a nadar a partir de los 4 años de edad, aunque aclara que se trata de una decisión de los padres y que “existen estudios que afirman que iniciar las clases entre los 1 y 4 años disminuye el número de ahogamientos”. Pero no es ese conocimiento el único que hay que inculcar a los pequeños.

La guía para familias 'Disfruta del agua y evita los riesgos', elaborada por el Ministerio de Sanidad y Cruz Roja, enumera consejos para que los niños se comporten con seguridad: elegir lugares seguros para bañarse, avisar siempre que vayan a entrar al agua, no tirarse de cabeza al agua a menos que se tenga la seguridad de que la profundidad es de al menos 1,80 metros, respetar las normas de la piscina, etc.

6. Dispositivos de rescate

Junto a toda piscina debe haber dispositivos para eventuales rescates, como pértigas, salvavidas y un teléfono para llamar a emergencias si fuera necesario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los flotadores, manguitos, tablas y otros elementos flotantes son de ayuda para los niños, pero pueden dar una falsa sensación de seguridad. Es importante no rebajar la atención más allá de la utilización de esos complementos.

7. Orden para crear un entorno seguro

Cuando ya no se usan, hay que retirar de la piscina y sus inmediaciones todos los juguetes y otros objetos que los niños usan mientras se bañan. De este modo se evita que, en un descuido de los adultos, los pequeños intenten sacar algo de la piscina y caigan al agua por accidente, o que puedan tropezar cerca del borde y caer al agua.

8. Cuidado con el sol y la temperatura

Los peligros de la piscina no se relacionan solo con la posibilidad de ahogamiento. Además de tener cuidado con la acción de sus rayos, para lo cual es importante saber cuáles son las cremas protectoras adecuadas, siempre hay que prevenir la hidrocución, eso que las abuelas llamaban “corte de digestión”. Se produce cuando la temperatura del cuerpo es muy alta y la del agua, muy baja.

Como explica la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la consecuencia es que baja la frecuencia cardiaca y en casos extremos “puede haber pérdida de conocimiento e incluso paro cardiaco”. Por eso, si el agua está fría, se recomienda refrescar antes el cuerpo de la niña o el niño con pequeños chorros, que entre a la piscina lentamente y que salga de inmediato si se siente mal.

9. Si hay un accidente, actuar de inmediato

Si pese a todas las precauciones hay un accidente, es fundamental actuar de inmediato según las llamadas maniobras PAS: proteger, avisar, socorrer. Lo primero, desde luego, es sacar al niño del agua. Si respira se le debe acostar de lado; si no, hay que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) lo antes posible, incluso antes de llamar al 112.

La ausencia de oxígeno durante más de cuatro minutos puede causar lesiones cerebrales irreversibles, de modo que, por muy rápido que lleguen los servicios de emergencias, cuando lo hagan puede ser ya demasiado tarde. De allí la importancia de conocer las maniobras de RCP, que son sencillas y están al alcance de cualquiera, como se explica en este vídeo:

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Un total de 24 personas, una más que el pasado año, integran el dispositivo  que a partir de mañana, sábado, prestará el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Noja durante la época estival.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Medio Ambiente y máximo responsable de este servicio, Javier Martín, quien ha destacado el “esfuerzo” llevado a cabo por el Ayuntamiento para “mejorar la gestión y dignificar el trabajo” de estos empleados durante los dos últimos años.

En este sentido, Martín ha criticado la “herencia” recibida del anterior equipo de gobierno municipal del PP, al que ha acusado de gestionar “poco y mal” y de “no preocuparse” del mantenimiento material, lo que “nos ha obligado a renovar la práctica totalidad de los equipos e instalaciones”.

Así, ha explicado que, a diferencia de la etapa anterior, cuando el servicio estaba dirigido por un gestor “que cobraba cerca de 22.000 euros y que ni siquiera estaba en Noja, ya que delegaba sus funciones en un socorrista, tanto el pasado verano como éste hemos destinado ese dinero a comprar material y a dotar de más y mejores medios al personal”.

Entre esta lista de mejoras realizadas, y además de la ampliación de plantilla, el concejal de Medio Ambiente ha citado entre otros “la compra de ropa nueva para todos los socorristas, la reposición de equipos de comunicaciones, la dotación de megafonía y de nuevos prismáticos en todos los puestos, así como la reparación de la zodiac y moto de agua utilizadas en este servicio, o la instalación en la playa de un módulo más acorde funcional y visualmente”.

De cara a esta nueva temporada, Martín ha indicado que se han adquirido “chalecos, equipos de comunicaciones y distinto material y se ha dotado de vestuario y de un baño con ducha y lavabo a la central de socorrismo”, ubicada en los bajos del polideportivo Playa Dorada.

Según ha destacado, “estas inversiones en material, reparaciones y suministros superaron el pasado año los 26.700 euros lo que, pese a ello, representa un ahorro de más de 11.400 euros con relación al gasto realizado por el PP en 2015”.

“Nuestra intención es continuar este año por la misma línea, con una gestión directa por parte del Ayuntamiento y sin empresas intermediarias, lo que estamos convencidos redundará en una mejor y más ágil atención a los ciudadanos”, ha subrayado el edil de Medio Ambiente.

El servicio contratado para esta nueva temporada veraniega estará integrado por 21 socorristas, repartidos en siete puestos de socorrismo –uno más que la temporada pasada–, y tres patrones de embarcación que velarán por la seguridad de los bañistas desde el mar.

La atención se prestará en los arenales de Joyel, Ris y Trengandín y la playa rural de Helgueras en horario de 11,30 a 19,30 horas, hasta el próximo 1 de octubre, si bien durante esta primera quincena junio y la última de septiembre este dispositivo solo estará operativo durante los fines de semana.

La Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, “desintegrada” de la española y sin clubes, ha estado presidida desde hace diecisiete años por la misma persona, que accedió al cargo en unas elecciones anuladas por los juzgados. Ese presidente, Juan José Sánchez Maspons, está ahora inhabilitado e investigado por un juzgado por expedir “licencias fraudulentas” y la Federación, sometida a una auditoría y sin fondos.

La historia de la entidad en los últimos años está cuajada de denuncias, expedientes y hasta resoluciones del Defensor del Pueblo que, inexplicablemente, no han hecho mella en el control que ha ejercido Sánchez Maspons. Los juzgados han reiterado hasta en cuatro ocasiones en vano que las elecciones que le llevaron a la presidencia fueron irregulares y debían repetirse.

Sánchez Maspons, cuya inhabilitación por un año venció el pasado jueves, se hizo con el control de la FASS en las elecciones federativas del año 2000, anuladas por una sentencia judicial dictada en febrero de 2002. El juzgado contencioso-administrativo 4 de Sevilla resolvió que se habían celebrado utilizando un censo fraudulento. Los juzgados han repetido hasta en cuatro ocasiones que las sucesivas elecciones (en 2004, 2008 y 2012, que ni se realizaron) eran igualmente nulas, porque se celebraban con normas y censos diseñados para burlar la ejecución de la sentencia de 2002. La última sentencia la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 21 de enero de 2014, confirmando un auto por el que se acuerda “declarar la nulidad de todos los actos dictados tras el proceso electoral del año 2000, formación de censo y otros”. Sin embargo, nada de esto ha servido para que se hayan celebrado nuevas elecciones libres de sospecha.

José Manuel Trillo, que ha denunciado todos los procesos, asegura que el modus operandi consistía en rechazar clubes andaluces contrarios a la gestión de la junta directiva, dar de alta clubes que no compiten y falsear árbitros, técnicos y deportistas: “Hizo una patraña, rellenó las actas y se las dio a la Consejería. En 2004 yo me presenté con un notario de guardia para comprobar los censos electorales y no me dejaron entrar”. Trillo dirigía en 2002 un club puntero y denuncia que desde entonces sus nadadores han sido sistemáticamente vetados como represalia.

15 años sin ejecutar una sentencia

Nadie se explica cómo puede tardarse 15 años en corregir unas elecciones nulas. La actual gestora fue nombrada por la Consejería de Turismo y Deporte en enero de este año ante el “desgobierno” (según la propia Consejería) de la Federación. Uno de sus encargos es, precisamente, elaborar un censo y celebrar elecciones.

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, tiene funciones de vigilancia y control sobre las federaciones deportivas, sus actividades y sus cuentas, pero si este control existió, fue ineficaz. La Dirección General de Deportes disponía de informes emitidos por sus propios inspectores en los que alertaban de que la FASS no les aportaba su contabilidad. En el tercero de esos informes, emitido en agosto de 2014, el inspector señala: “Sigue sin cumplimentarse el requerimiento de los libros de contabilidad de los tres últimos años”.

Entre los métodos para burlar los pronunciamientos judiciales y administrativos, diversas fuentes aluden a maniobras para evitar las notificaciones y dilatar procedimientos. En una resolución, el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva asegura que están “acreditadas” las “múltiples dificultades” para notificar debido a “la actitud obstruccionista de la FASS”. Por esta razón la Federación Española tuvo que repetir la desintegración de la Andaluza, pese a existir un dictamen del Consejo Superior de Deportes favorable a la desintegración.

Este medio informó la semana pasada de que muchas veces se cobraban los cursos en metálico y que la Gestora desconoce qué se ha hecho con el dinero. La Federación, que también recibe subvenciones públicas y ayudas privadas, está sin fondos y sometida a una auditoría financiera que no termina de arrancar. Además, la Secretaría General de Consumo abrió varios expedientes, con multas propuestas de al menos 6.500 euros. Isabel García Sanz, presidenta de la Federación Española, cree que la administración andaluza tiene “mucho que decir”. 

Una familia vinculada al socorrismo

Juan José Sánchez Maspons, bombero jubilado, ha resistido al frente de la Federación desde aquellas elecciones anuladas y hasta su inhabilitación, pese a estar cuestionado en todos los frentes: el federativo (el proceso de “desintegración” de la Federación Española se remonta a 2013), el judicial, el administrativo y el interno: la FASS es hoy una entidad sin clubes ni deportistas federados, formalmente “desintegrada” de la Española porque “incumplió” sus obligaciones y carecía de gestión deportiva.

En los últimos años la FASS se ha dedicado de forma principal y casi única a la formación: cobraba entre 400 y 500 euros por alumno, en cursos de 15 a 50 alumnos. Esos cursos siguieron impartiéndose incluso cuando el Presidente estaba inhabilitado, con diplomas antedatados y sin firma. El juzgado de instrucción 12 de Málaga acaba de abrir diligencias por si estos hechos pudieran constituir usurpacíón de funciones públicas y falsedad documental.

Durante años, Juan Jesús Sánchez Maspons compatibilizó su cargo de presidente de la Federación con el de socio y director de una empresa con sede en Melilla, Fornamed, S.L., dedicada a impartir cursos de buceo. En octubre de 2013, La Luz de Melilla desveló con abundancia de datos y documentación la existencia de decenas de movimientos bancarios entre las cuentas de la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo y las de Fornamed. Sánchez Maspons ha rechazado responder a las preguntas de eldiario.es/Andalucía.

Se da la circunstancia de que su hermano, Domingo, ya fue presidente de la entidad a mediados de los 90. En 1994 Domingo fue denunciado ante la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía por “convertir a la Federación en un negocio familiar”, según puede leerse en una pieza de la hemeroteca de ABC. “No es admisible que el Sr. Sánchez Maspons [Domingo] maneje a su antojo la FASS ignorando a sus órganos de gobierno y representación y convirtiendo la Federación en una escuela de socorristas, con el fin de obtener unos ingresos que hasta ahora no se sabe en qué se emplean”, decía la denuncia. La situación de desgobierno era muy parecida a la actual.

Otro hermano, Jesús, es a su vez el administrador de Medios Acuáticos, una empresa de formación y servicios adjudicataria de gran parte de las concesiones de playas en la provincia de Málaga, donde está la sede de la Federación Andaluza. Medios Acuáticos es habitual concesionaria de servicios de vigilancia y salvamento en Málaga capital, Benalmádena, Marbella o Fuengirola.

El dinero procedente de los cursos organizados en nombre de la Federación Andaluza de Socorrismo no ha sido ingresado en ninguna de sus cuentas al menos desde el 19 de enero, según explica a eldiario.es Andalucía un miembro de la actual gestora. Cuatro fuentes han asegurado que este dinero se cobraba habitualmente en metálico. Ante los indicios de irregularidades, la Consejería de Turismo y Deportes remitió la documentación a la Fiscalía el pasado mes de febrero y encargó a la gestora que realizara una auditoría financiera de la entidad.

Este diario informó de que algunas personas habían aprovechado el “desgobierno” de la federación para emitir certificaciones de cursos que ahora la gestora no reconoce. La gestora tampoco reconoce la representatividad de las delegaciones, que sin embargo han organizado y promocionado cursos de socorrismo. Uno de sus vocales dijo a eldiario.es Andalucía no saber quién tiene el dinero cobrado desde entonces por los cursos que se han impartido. Tampoco aclara si ingresó y tiene registrados los cursos impartidos con anterioridad.

Cuatro fuentes diferentes aseguran a eldiario.es Andalucía que los supuestos responsables de la Federación Andaluza cobraban este dinero en metálico. La finalidad principal de una federación es la de fomentar el deporte y organizar competiciones. En el caso de las de socorrismo, esto se complementa con la formación.

“La formación es una fuente de ingresos. Lo que no puede ser es que alguien utilice una federación para generar recursos, y no destinarlos a lo que por ley y estatutos se tienen que destinar. Si no lo destinas a hacer deporte, a hacer competición, a hacer prevención, ¿qué ha pasado con ese dinero?”, se pregunta Isabel García, presidenta de la Federación Española. Las cuentas de la Federación Andaluza están actualmente bloqueadas como consecuencia de un expediente con la Agencia Tributaria.

El negocio boyante de los cursos de socorrismo

Las certificaciones, licencias y títulos de cursos de socorrismo esconden un negocio boyante. A 400 euros por alumno, por un curso de 20 alumnos se ingresan 8.000 euros. Sin embargo, ni son títulos oficiales, ni habilitan para el ejercicio en todo el Estado.

Según fuentes cercanas a la Federación, cada delegación provincial organizaba seis o siete cursos anuales con entre 15 y 50 alumnos. Las cuotas se cobraban habitualmente en metálico y se entregaban a los responsables de la federación, que se desplazaban hasta el lugar donde se impartía. “Siempre se ha trabajado así”, aseguró a eldiario.es/Andalucía José Antonio Mejías desde la delegación de Sevilla. Otra fuente que prefiere mantener el anonimato confirma esta dinámica: “Se pedía en mano, y a los alumnos que pagaban en metálico les permitía pagar una parte cada uno de los cinco fines de semana del curso”. Hay decenas de cursos similares, muchos impartidos mediante convenios con ayuntamientos.

Es el caso, por ejemplo, de Alhaurín el Grande, que ha prestado a los cursos en cuestión su sello y promoción. Su concejal de Deportes, Marcos Manzanares, prometió a este periódico explicar cómo y con quién firmó esos convenios. Los cursos municipales se celebraron en marzo de 2017 y, por tanto, no son reconocidos por la propia Federación. “Es algo que me preocupa, voy a reunirme con los alumnos, a recabar la información y la semana que viene le atiendo cuando usted me diga”, aseguró. Pasada esa semana, sin embargo, Manzanares rehuyó el asunto y no ha contestado a las llamadas y mensajes de este medio.

“Investigar y detener cursos”

Pese a que la gestora tomó posesión en enero con la supuesta voluntad de enderezar el rumbo de la Federación, alguien siguió utilizando los anagramas y sirviéndose de las cuentas en redes sociales para seguir generando ingresos. Lo mismo habría ocurrido con las páginas web: la web fassandalucia.com, desde la que se publicitaron algunos de estos cursos, ya no es accesible, y la única legitimada es fassandalucia.es.

La Federación, por boca de su gestora, asegura ahora que se propone “investigar y detener cursos no autorizados ni reconocidos” que se impartían hasta ahora. Un día después de que este medio publicase el escándalo, la página de Facebook “Federación Andaluza de Salvamento-Sevilla” colgó un post en el que informaba de que “la temporada de formación de socorristas” había sido “cerrada” por “el previo comienzo de la temporada estival”, aunque luego un responsable de esos cursos admitió que se habían cancelado por la compleja situación federativa y porque la gestora les obligaba a ello.

Expresidente, inhabilitado

La situación en la federación, entidad privada de utilidad pública, es caótica desde hace años y se acentuó con la inhabilitación temporal de su presidente, Juan José Sánchez Maspons, con efectos desde mayo de 2016. Sánchez Maspons fue inhabilitado por la Junta de Andalucía, que le encontró responsable de la “expedición de licencias fraudulentas”, emitidas bajo la falsa premisa de su oficialidad y de estar respaldadas por la propia Junta.

Tampoco la Administración autonómica intervino, pese a que estaba informada del caos financiero de la Federación al menos desde el verano de 2014. En un acta que se levanta el 4 de junio de 2014 los inspectores de Deportes denuncian la “negativa o resistencia a la actividad inspectora” de los anteriores responsables, y advierten de que no aportan los libros de contabilidad de los últimos tres años, como se les exige.

El 21 de julio de ese mismo año el inspector emitió un segundo informe, alertando de que la Federación seguía sin aportar la contabilidad. Cuando desde la Federación Española solicitaron las cuentas de la Andaluza, sus responsables dijeron que les habían robado esos papeles, según explica Isabel García.

Entre las tareas que la Consejería encomendó a la gestora está precisamente la realización de una auditoría financiera. Pese a haber recibido cuantiosas subvenciones públicas para celebrar competiciones (no reconocidas ni validadas) las cuentas de la Federación están prácticamente a cero y hasta tres fuentes advierten de la posible desaparición de material como embarcaciones o quads.

La Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo ha sido “desintegrada” de la Federación Española. En varias reuniones celebradas el jueves en Málaga, la presidenta de la española explicó a empresas y clubes andaluces cuáles son los pasos a seguir para el posible reconocimiento de los títulos emitidos por la Federación Andaluza, cuya validez está en cuestión, y cómo retomar las inscripciones y las competiciones deportivas, paralizadas en Andalucía desde 2009.

La Federación Andaluza está regida actualmente por una gestora nombrada por la Junta de Andalucía, toda vez que su presidente desde el año 2000, Juan José Sánchez Maspons, fue inhabilitado con efectos desde el 16 de mayo de 2016 por la emisión fraudulenta de licencias. Sin embargo, desde entonces y hasta hace apenas semanas, la Federación ha seguido emitiendo diplomas que supuestamente habilitan para ejercer como socorrista, muchos de ellos sin fecha y firmados por tres personas diferentes, que no se identifican, como informó eldiario.es/Andalucía.

A esto se suma que la propia gestora emitió una nota informando de que los títulos emitidos en nombre de su federación después del 19 de enero “no tienen validez”. La Federación Española ha recibido reclamaciones de alumnos en posesión de esos diplomas. “Que alguien firme como presidente cuando no lo es constituye un fraude y quien hayan firmado deberán responder”, explica Isabel García, presidenta de la Federación Española.

El caos en la emisión de títulos, que podría desembocar en un gigantesco fraude a cientos de alumnos, ha sido el último capítulo de un historial trufado de irregularidades. La gestión de la Federación Andaluza ha dado lugar a un reguero de procedimientos judiciales y de expedientes administrativos que hasta ahora han topado dificultades insalvables para ejecutar sentencias y resoluciones.

Con la desintegración, la Federación Española también pretende ofrecer una solución a la parálisis deportiva, permitiendo a clubes, deportistas, técnicos y árbitros andaluces inscribirse directamente en la Española, obtener licencias deportivas y poder participar en competiciones oficiales de Salvamento y Socorrismo, lo que no ocurre desde hace años. 

La Federación Española lleva desde 2013 intentando desvincularse de la Andaluza. Finalmente, la Asamblea General de la Federación Española refrendó la desintegración el pasado 26 de marzo, alegando el “incumplimiento de sus obligaciones” y la “ausencia de gestión deportiva” en Andalucía. Isabel García, explica que el fin principal de cualquier federación, el fomento del deporte, no se cumple desde hace años en el caso de la andaluza y que la institución se ha utilizado “para otros fines”. Su explicación coincide con la que aportan otras fuentes del sector consultadas por eldiario.es/Andalucía.

En el caso de la andaluza, la formación  se convirtió en su objeto principal y casi único, según todas las fuentes consultadas. Cada curso costaba 400 euros por alumno, y se impartía para entre 15 y 50 alumnos, seis o siete anuales en cada delegación provincial.    

La presidenta de la gestora, vinculada al presidente inhabilitado

Horas después de la reunión entre la Federación Española con clubes y empresas, la gestora, que no ha respondido a las últimas llamadas de este medio, emitió un comunicado en el que informaba de que también ella abría el plazo para la inscripción de clubes. El comunicado, fechado el 12 de mayo, da cuenta de una supuesta reunión de la comisión gestora celebrada el 26 de abril, y de la que no había informado hasta ayer, pasados 16 días. En ese encuentro, según la gestora, se levantó acta notarial de la documentación existente en la Federación Andaluza, se acordó “solicitar una auditoría contable” y la realización de convenios formativos con empresas.

La administración autonómica encargó a la gestora, que tomó posesión en enero, la elaboración de un censo, la celebración de elecciones y una auditoría financiera. “Estamos en mayo y no se ha hecho nada de esto”, lamenta la presidenta de la Federación Española. Varias fuentes dudan de la voluntad real de la gestora de depurar responsabilidades por la gestión pasada en la Federación y califican su actividad como “un lavado de cara”. La presidenta de la gestora, Sara Valverde, fue designada tesorera por Sánchez Maspons, el presidente inhabilitado, según consta en una resolución del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, lo que vendría a reforzar la tesis de la continuidad.

La Federación Andaluza de Socorrismo y Salvamento, o alguien en su nombre, lleva casi un año emitiendo y promocionando títulos que no sólo no tienen validez oficial, como proclamaban, sino que no podían expedir por estar inhabilitados o dimitidos los miembros de la anterior junta directiva. “Los títulos emitidos con fecha posterior a 19 de enero de 2017 no tienen validez y se estudiarán las medidas necesarias en cada caso afectado”, dice la gestora de la Federación Andaluza en una nota. Sin embargo, las dudas alcanzan a todos los certificados expedidos después de la inhabilitación, que se hizo efectiva en mayo de 2016. Muchos jóvenes que han obtenido acreditación de socorrista de la Federación pensando que con él podrían trabajar en la campaña de verano podrían quedarse sin su certificado.

El desgobierno de las enseñanzas no regladas y de las certificaciones para ejercer de socorristas, del que informó este medio hace meses, puede desembocar ahora en un fraude masivo. Pese a que la federación quedó descabezada con la dimisión de sus miembros y la inhabilitación de su presidente, algunas personas han seguido entregando certificaciones en su nombre e ingresando dinero por cursos que no podían validar. Por cada uno de esos títulos se pagaban 400 euros. Por cincuenta euros más, se entregaba también un título de monitor de natación.

La gestora, que tomó posesión el 19 de enero de 2017 ante el desgobierno en la Federación, es clara en su comunicado: los títulos emitidos después de esa fecha no son válidos. Desde la gestora prefieren no aventurar cuántos títulos estarían afectados. Pese a que no lo aclare, las dudas se extienden también a gran parte de los expedidos en 2016, porque la resolución que inhabilitó al presidente tiene efectos desde el 16 de mayo de 2016. Según esa resolución, “desde esa fecha la FASS no cuenta con ninguna persona que legalmente pueda ejercer su presidencia”.

Los cursos en el limbo se han realizado durante 2017, aunque las certificaciones de algunos tienen fecha de 2016 y están, en algunos casos, selladas por la Federación pero sin firma. Este mismo fin de semana se ha realizado un curso en Reserva del Higuerón (Fuengirola), publicitado como si estuviese impartido por la Federación. Fuentes del sector ponen también en duda las convalidaciones de títulos TAFAD (Técnico Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas) en licencias federativas que habilitaban para el ejercicio profesional del socorrismo.

La actual gestora, nombrada por la Consejería de Turismo y Deporte, también aclara que la entidad no tiene actualmente delegados que la representen. Sin embargo, muchas de sus delegaciones (Málaga, Sevilla, Marbella, Cádiz, Jerez de la Frontera o Huelva) han realizado cursos de socorrismo en este primer trimestre de 2017, promocionándolos en una web que los actuales responsables no reconocen como propia (fassandalucia.com, ya sin servicio, en lugar de fassandalucia.es) y en sus redes sociales, cuyas claves habrían seguido en mano de antiguos responsables. Se han publicitado títulos de socorrista de apenas 40 horas presenciales (180 en total). Una fuente del sector cree que con estos títulos se fomentaba “el intercambio de dinero por un certificado” y se pregunta: “¿Qué ocurriría si se produce un ahogamiento en una playa, una piscina o un parque acuático donde el socorrista no cuenta con titulación válida?”.

La Federación, en proceso de desintegración

La Federación Andaluza está inmersa en un proceso de desintegración que arranca con las denuncias, reiteradas durante años, del uso desleal que se hacía de ella. Después de investigar durante dos años, el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva inhabilitó al presidente de la Federación, Juan José Sánchez Maspons, por la “expedición fraudulenta de licencias”. Era el único que aguantaba de su junta directiva, dimitida a finales de 2015. En la resolución del Comité, con efectos desde el 16 de mayo de 2016, y a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, se detalla cómo la Federación había expedido licencias deportivas para una actividad profesional como el ejercicio del socorrismo.

Una fuente de la gestora asegura que pretenden que a partir de ahora el deporte sea “la base de la estructura federativa”. Los anteriores responsables, Sánchez Maspons y su equipo aprovecharon la doble naturaleza de la federación (de utilidad pública y privada, según su actividad) para, según la resolución, expedir “licencias para el socorrismo acuático, que es una actividad profesional y no deportiva”, y convalidar en licencias deportivas “actividades privadas ajenas al ámbito deportivo” mediante convenios suscritos con varias empresas. El gancho era la pátina de oficialidad que le daba su carácter federativo y el sello de la Junta de Andalucía, que utilizaban recurrentemente pese a las advertencias en contra del Defensor del Pueblo Andaluz.

Condena por competencia desleal y publicidad engañosa

De esta forma, la Federación Andaluza utilizaba expresiones como “título oficial” o “único título validado”, lo que le ha valido, además de la inhabilitación administrativa, una reciente condena por competencia desleal y publicidad engañosa en el Juzgado Mercantil 2 de Málaga. En la sentencia, dictada el 17 de enero, el juzgado concluye que la Federación emitía títulos de “Técnico en Salvamento y Socorrismo, para los que no tiene competencia”. Además, pese a impartir cursos que no estaban ni siquiera homologados o subvencionados por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza utilizaba el logo de la administración autonómica y de la Unión Europea, lo que constituye un “claro supuesto de publicidad engañosa” haciendo creer a los clientes que obtenían títulos oficiales.

El sistema aprovechaba el vacío en la regulación de esta profesión, en la que lo mismo ejerce un graduado en Ciencias de la Actividad Física o un técnico superior, que quien ha obtenido un certificado de entidades privadas sujetas a unos requisitos que ni la propia administración es capaz de aclarar. Un miembro de la actual comisión gestora resume un sentir generalizado: hay un vacío que da margen para que “muchas empresas y cualquier entidad con nombre ”salvamento“ monten su chiringuito. Mañana viene alguien que dice que imparte cursos, y adelante”.

Tras la información publicada en eldiario.es el 17/08/2016 (Caos legislativo, cursos 'online' y precarización laboral en el socorrismo acuático) ejerzo mi Derecho a la réplica exponiendo los apartados y fundamentando los motivos.

En líneas generales está muy bien el artículo y hace una radiografía muy veraz de lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo del socorrismo acuático con algunos matices. Lo que carece de rigor, es el no haber contrastado todo aquello que le indican o responden, así como verificar si las fuentes son las que dicen ser y a qué o quienes dicen representar.

Durante muchos años en España la formación de un socorrista ha sido realizada por Cruz Roja y las Federaciones Deportivas. Como era una formación NO FORMAL o NO REGLADA, estas instituciones se encargaron de formar mediante sus criterios. En la actualidad somos muchas empresas a nivel nacional, las que también formamos a socorristas acuáticos. Y como en botica hay de todo, bueno, no tan bueno y menos malo. Lo que ocurre es que Federaciones Deportivas, Asociaciones, Fundaciones…. han visto peligrar una fuente de ingresos muy fructífera y cargan para intentar eliminar del mercado a las empresas privadas o mediatizar que no es conveniente su formación. El vacío legal al cual hacen mención, facilita que ellos estén insertados en un sector profesional que nada tiene que ver con el deporte o con obras sociales, ya que hablamos de profesionales que cobran unos salarios por su trabajo y dedicación.

Es cierto que la competencia voraz y sin escrúpulos en muchas ocasiones ha acarreado una precariedad laboral al presupuestar tan bajo.

A continuación, paso a exponer parte del artículo que me considero agraviado por no ser cierto y fundamento el por qué no es correcto.

Vacío legal, inspecciones que no se hacen o se ignoran, formación en manos de “piratas” y como resultado, socorristas que a veces “no saben nadar”.

Es muy interesante que las fuentes consultadas carezcan de Centros de Formación dados de alta para la emisión de Certificados de formación NO FORMAL, y se permitan definir de esa manera al ser ellos Federaciones Deportivas, Asociaciones, Fundaciones o personas que crean una página web, no teniendo ni oficialidad, ni reconocimiento.

Según el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Registro de Salida: 201400035399 del 12 diciembre 2014. Ref.: IG/JLV Nº: Q13/3400, dice que:

“… si bien es cierto que lo que estas empresas expiden es un certificado de formación, no lo es menos que éste tiene la misma validez y efecto que la certificación expedida por la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, FASS, que no tienen la consideración de título reconocido ni homologado por la administración...”

Fuentes de la Consejería de Salud explican que a los socorristas se les “pregunta” por el título, pero “no se ha dado el caso” de títulos de empresas. Basta una búsqueda en Google para encontrar decenas de anuncios de cursos y títulos de empresas privadas. “No es competencia de Salud vigilar las cualidades y habilidades de los socorristas. Debería regularlo Educación”, añaden. Fuentes del sector aseguran que hay casos de homologaciones de empresas por silencio administrativo.

Le reitero que para expedir Certificados que NO TÍTULOS debes ser al menos un Centro de Formación dado de alta, con un aulario, piscina y materiales específicos para la formación.

Según el informe del Secretario General para el Deporte, Dº Ignacio Rodríguez Marín, 10 de julio del 2014, dice que:

“…En ningún caso la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, FASS, se encuentran respaldados, ni homologados, ni subvencionados por el Área de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ni su titulación es OFICIAL…”

Según el Consejo Superior de Deportes, dice que:

“… Las personas que superen el curso se socorrista acuático de la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, FASS, obtendrán un Diploma y NO una titulación oficial y por tanto la validez y legalidad de dichas acciones se amparan en el ámbito del Derecho privado…”

“La zorra cuidando de las gallinas” Hasta hace unos años, las federaciones y Cruz Roja copaban la formación, lo que generó fricciones con las empresas, que llegaron a solicitar un pronunciamiento del Defensor del Pueblo en el caso de Andalucía. Ahora, el vacío legal y la falta de inspecciones han facilitado la incorporación de empresas de mantenimiento o de servicios, que forman socorristas para “rellenar huecos”, según Marcos Pérez, en comunidades, hoteles y playas.

El motivo de mi Derecho a réplica es principalmente por el apartado anterior, ya que fui el que denuncie ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Le recomiendo que lea las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz que son bastante claras. En la formación tal como se contempla en la Constitución, no puede existir un monopolio de ninguna actividad.

Se puede ver la Marca Genérica de la Junta de Andalucía, asociada siempre a la información sobre los servicios que presta la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, FASS, y publicita, que vulneran el derecho a la información de usuarios de centros privados de enseñanza, al utilizar denominaciones establecidas para centros docentes. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad:

Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

– Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

– Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste alcance.

Artículo 4. Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a errores a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor.

Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a un error de los destinatarios.

Según el DECRETO 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no académicos.

Determina la sujeción de las normas del derecho común de los centros privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a la obtención de un título con validez académica, prohibiendo a dichos centros, la utilización de denominaciones establecidas para centros docentes, ni cualesquiera otras que pudieran inducir a error o confusión con aquellas.

* ARTICULO 1.- El presente Decreto es de aplicación a los Centros Privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a la obtención de un título con validez académica.

*  ARTICULO 2.- La publicidad que se realice por los Centros a los que se refiere el presente Decreto, cualquiera que sea el medio utilizado para realizarla, deberá ajustarse a los principios de legalidad, veracidad y autenticidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

* ARTÍCULO 3.- Punto 1. En la publicidad que se realice, no podrán utilizarse anuncios sobre titulaciones o términos que puedan inducir a confusión a los usuarios sobre la validez académica de las enseñanzas que se imparten, como tampoco el que el carácter oficial de las mismas esté reconocido o autorizado por la Administración. Prohibición que se hace extensiva a los títulos o certificados que se expidan.

Los mencionados Centros sólo podrán otorgar a los alumnos o usuarios documentos donde se acrediten los estudios realizados.

En este momento los títulos que en cuanto a Formación Profesional Reglada, expide el Ministerio de Educación y Cultura son los de Técnico Auxiliar, Técnico Especialista, Técnico y Técnico Superior, no estando reguladas por la Administración educativa las enseñanzas de Técnico en Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo Acuático.

Al no tener validez oficial. Y al ser exclusivamente de carácter federativo. Tienen la obligatoriedad de:

• Avisar en lugar destacado de la publicidad del carácter no oficial.

• No denominar a la formación de forma que dé lugar a confusión.

Realizan un uso indebido de la Marca Genérica de la Junta de Andalucía, ya que desde la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, FASS, no han procedido a las solicitudes de las autorizaciones para su uso ante la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, las cuales deben especificar explícitamente el carácter y la actividad por las que se les conceden su uso para exhibir la Marca Genérica de la Junta de Andalucía. La exhibición y utilización de los anagramas, logotipos y símbolos de la Junta de Andalucía tal y como se especifica en: Decreto 245/97 BOJA 130, Decreto 126/2002 BOJA 49 y Decreto 149/2007 BOJA 118, según la respuesta del Departamento de Identidad Corporativa. Gabinete de Comunicación Institucional. Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, en la cual se interpreta que toda persona física o jurídica, empresas, etc. que no pertenezcan a esta Administración no podrá hacer uso de los elementos en dichos Decretos publicados. Los símbolos y marcas de la Junta de Andalucía están protegidos por la legislación sobre marca y propiedad intelectual. Según el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía. Por lo que interpretamos que toda persona física o jurídica, empresas, etc. que no pertenezcan a esta Administración no podrá hacer uso de los elementos allí publicados, sin previa autorización.

Desde la Consejería de la Presidencia procedieron a requerir a la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo FASS, a que cesaran de manera inmediata en el uso indebido de la Marca Genérica o cualquier otro logotipo institucional de la JUNTA DE ANDALUCÍA, en cualquier soporte, debiendo certificar dichas entidades el cumplimiento de los requerimientos efectuados, sin perjuicio de otras acciones que se reserva ejerza esa administración.

Que según en las recomendaciones emitidas por del Defensor del Pueblo Andaluz, dice que:

“…Que adecue la publicidad que da a los cursos que viene convocando y publicitando en su página web, denominados como ”Técnicos en Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo acuático“, ya que se tratan de cursos federativos relacionados con la práctica profesional de la actividad de socorrista, que habilitan para ejercer esa actividad en piscinas de uso colectivo, y que en ningún caso son objeto de autorización por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ni reconocidos ni homologados por la misma…”

Según se establece en la nueva Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 140, el 22 de julio 2016, que dice que:

CAPÍTULO II. Formación, investigación e innovación deportivas en Andalucía. Artículo 82. Formación y enseñanzas deportivas.

PUNTO 2. La formación de técnicos deportivos en las modalidades o, en su caso, especialidades deportivas oficialmente reconocidas por la Administración deportiva estatal, y respecto de las cuales no se hayan aprobado los correspondientes títulos académicos conforme a lo regulado en la normativa reglamentaría que les sea de aplicación, corresponderá a la Consejería competente en materia de deporte.

Las federaciones deportivas andaluzas que impongan condiciones de titulación para el desarrollo de actividades de carácter técnico en clubes que participen en competiciones oficiales deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente reconocidos.

PUNTO 6. Las entidades o centros que imparten formaciones deportivas que no conduzcan a la obtención de un título oficial deberán consignar en un lugar destacado en la publicidad que emiten y en los diplomas o certificados que expidan el carácter no oficial de los estudios que imparten.

Artículo 94. Reserva de denominaciones.

PUNTO 1. Solo podrán utilizarse las denominaciones de las profesiones enumeradas en los artículos anteriores cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la presente ley y en las demás normas de aplicación.

PUNTO 2. No podrán utilizarse términos o expresiones que, por su significado o por su similitud, puedan inducir a error con las denominaciones profesionales reguladas en esta Ley.

Algunas hacen público el porcentaje de aprobados, que se acerca al total de presentados. “Cuando pones un cartel que pone ”100% de aprobados“, lo que dices es ”te vendo un aprobado y trabajas para mí“. ”Se compra el certificado de socorrista. Quieren chicos para todo“, completa Alfonso Pastor, vicepresidente de la Federación Andaluza.

La publicidad es 100% de alumnos APROBADOS con trabajo, un reclamo lícito publicitario para captar clientes. Todo lo expuesto es malinterpretar sin un fundamento que se pueda contrastar. Manipula unos eslóganes para su propio interés, realizando una lectura errónea, ya que no se venden puestos de trabajo sino cursos, que se intenta sean más interesantes por la oportunidad de acceder a un trabajo. Como empresario de formación y servicios, procuramos tener a los mejores profesionales para conseguir fidelizar a nuestros clientes. Carece de rigor el comentario, ya que a nadie le gustaría tener un problema contratado y si una buena solución.

En muchos casos, “no hay pruebas de técnicas de arrastre, simulacros con una parada cardio o para manejar el desfibrilador. Es pagar y aprobar. El título te lo puedo dar yo: te digo que vengas, te veo nadar y te doy el título. Y no has entrado en tu vida en la playa. Luego hay una ola de metro y medio y la gente no quiere meterse porque le tiene terror”, explica Marcos Pérez, presidente de la Asociación de Socorristas de Baleares.

En el supuesto de ser cierto estas afirmaciones, el formador o Centro formador es el responsable de la materia que enseña y tendría responsabilidades legales que se deriven de la actuación negligente del socorrista. Es muy alarmista el comentario y ayuda a desprestigiar a un Colectivo.

Alfonso Pastor, vicepresidente de la Federación Andaluza.

Expediente: Procedimiento extraordinario en materia disciplinaria deportiva 89/2014/CADD

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA ADOPTADA EN EL EXPEDIENTE 89/2014

Según tenemos constancia, la inhabilitación del Presidente de la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo, y su Junta Directiva, una vez concluido el correspondiente procedimiento extraordinario en materia disciplinaria deportiva que se instó ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva (CADD), que con fecha 29/04/2016 se ha publicado en el BOJA nº 81 el anuncio por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en materia de disciplina deportiva, concretamente el expediente nº 89/2014/CADD del procedimiento extraordinario en materia disciplinaria deportiva, en el que se notifica a determinados miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo la Resolución de 3 de marzo de 2016, del CADD adoptada en el citado expediente; anuncio que ha sido publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado( BOE) nº 109, de fecha 05/05/2016, todo ello según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la cita Ley 30/1992.

Es por lo que una vez más le reitero que me faciliten quién y cómo le ha puesto en contacto de este señor que dice que ostenta el cargo de Vicepresidente de la FASS, ya que como pueden apreciar no es cierto. Lo cual me parece muy grave, no contrastar si la persona que dice lo que representa, verifiquen si es cierto o no. Por lo que les ruego se pongan en contacto con la Secretaria General para el Deporte en Andalucía, quienes les podrán informar más y mejor sobre este asunto.

Le agradezco una vez más la oportunidad que me brindan de exponer mis motivos, Llevo más de 25 años en el sector y amo esta profesión que está abierta actualmente a empresas privadas, federaciones deportivas, asociaciones, fundaciones,…. en igualdad de condiciones y oportunidades. En el momento que se establezcan unas directrices, todos aquellos que quieran continuar en este sector tendrán que acogerse a las mismas.

Vacío legal, inspecciones que no se hacen o se ignoran, formación en manos de “piratas” y como resultado, socorristas que a veces “no saben nadar”. La radiografía de la profesión de socorrista es la de un cuerpo abandonado por las administraciones al mejor postor: la profesión se ha precarizado mientras se convertía en refugio temporal de aspirantes a pagarse la carrera y en nicho de empresas que lo mismo venden cloro que los servicios de quien debe salvar una vida.

Mientras, los ahogados son más de 400 cada año, y la cifra aumenta. “Te puedes encontrar todas las problemáticas que quieras. Es nefasto”, resume Marcos Pérez, que al frente de la Asociación de Socorristas de las Islas Baleares está intentando crear conciencia.

El primer problema es el caos legislativo. “A nivel nacional no hay normativa que regule ningún espacio acuático y la diferencia entre comunidades es brutal”, explica Ana Domínguez, coordinadora de la comisión de prevención de ahogamientos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Hay normas que establecen cuántos socorristas debe haber en una piscina, pero no hay ninguna que fije un mínimo para playas y ríos, donde se producen el 87% de los ahogamientos.

Lo más cercano es una norma dictada en los albores del landismo: la orden de 31 de julio de 1972 establece una tipología de playas y, en función de esos tipos, fija los servicios de auxilio y salvamento, sin mención alguna al número de socorristas que deben vigilarlas o su formación, o al número, la distribución y las características de las torres de vigilancia. El material al que se refiere la norma es el propio de los años 70.

Alfonso Pastor, de la Federación Andaluza de Socorrismo, cree que la Junta de Andalucía debería tipificar, pero desde la Consejería de Justicia e Interior se remiten a la orden de 1972. “Estas carencias, en la práctica, dan lugar a que existan playas de gran afluencia de bañistas de cuya seguridad ninguna autoridad se hace responsable”, escribe Félix Luy, presidente de la Fundación Salvamento y Socorrismo, en un artículo publicado en su web.

¿Cuál es la formación adecuada?

En materia de formación, la confusión normativa es total: se puede ser socorrista con certificados de profesionalidad expedidos por Empleo (370 horas), como técnico superior TAFAD, o con cursos de 20, de 80, de 120 horas, o hasta online, dependiendo de cada comunidad autónoma, que regula el acceso a la profesión y reconoce o no los títulos emitidos en otras regiones. “Hay descontrol, porque quien tiene las competencias en salvamento establece quién puede ejercer como socorrista. No hay estándares”, admite el CSD, vinculado a la cuestión a través de las federaciones.

En el caso de Andalucía, no queda claro cuál es la consejería competente para establecer los requisitos formativos que debe cumplir una empresa para emitir certificados de formación en salvamento, para fijar el contenido y las horas mínimas de los cursos y para vigilar su cumplimiento. Salud, Turismo y Deporte, Empleo, Educación y Justicia e Interior (responsable de salvamento y protección civil) dicen desconocer el asunto.

Fuentes de la Consejería de Salud explican que a los socorristas se les “pregunta” por el título, pero “no se ha dado el caso” de títulos de empresas. Basta una búsqueda en Google para encontrar decenas de anuncios de cursos y títulos de empresas privadas. “No es competencia de Salud vigilar las cualidades y habilidades de los socorristas. Debería regularlo Educación”, añaden. Fuentes del sector aseguran que hay casos de homologaciones de empresas por silencio administrativo.

Falla la vigilancia

En otras ocasiones lo que falla es la vigilancia. “Se supone que cada comunidad autónoma se encarga de auditar a esas empresas, pero hay de todo”, explica Domínguez.

El presidente de una federación de socorrismo se apuntó a un curso en Madrid la pasada Navidad: 70 alumnos por clase (se recomienda 25); las 80 horas de formación (el mínimo) no se cumplieron; de los ocho días, faltó cinco; fijó la fecha de una de las tres pruebas. Finalmente, aprobó el curso sin problemas y documentó las carencias ante la administración correspondiente. No hubo sanción alguna. En algunas comunidades han existido denuncias por la posible circulación de títulos falsos emitidos en Perú.

Alejandro Reyeros, director de Araspe, asegura que ha denunciado ante dos subdirectores generales el incumplimiento sistemático de los requisitos establecidos por la Consejería de Sanidad de Madrid para impartir cursos y emitir certificados: “jamás” ha habido una inspección. “Hay una normativa que marca los mínimos para la docencia, pero luego nadie comprueba que se hayan dado las horas, que los profesores están ahí… Nadie comprueba nada”.

Su descripción es cruda: “Yo empecé como socorrista en el 71 y lo que estoy viendo estos años no lo he visto jamás”.

José Luis Revuelta, presidente de la Federación madrileña, confirma que el único control sobre las empresas formadoras (más de un centenar en la comunidad) son los informes que ellas mismas emiten. “Problema: que el papel lo puede todo, y yo puedo decir que he hecho un curso donde no lo he hecho”.

“La zorra cuidando de las gallinas”

Hasta hace unos años, las federaciones y Cruz Roja copaban la formación, lo que generó fricciones con las empresas, que llegaron a solicitar un pronunciamiento del Defensor del Pueblo en el caso de Andalucía. Ahora, el vacío legal y la falta de inspecciones han facilitado la incorporación de empresas de mantenimiento o de servicios, que forman socorristas para “rellenar huecos”, según Marcos Pérez, en comunidades, hoteles y playas.

Muchos creen que las disfunciones se producen por la falta de “cultura socorrista” de las nuevas empresas y su doble juego. “No puedes abrir una piscina para 30 personas sin tener un socorrista, así que ellos mismos dan un curso como sea, titulan a la gente y ya tienes socorristas. Pones a la zorra a cuidar de las gallinas”, opina Alejandro Reyeros. Después de incorporarlos a su bolsa de trabajo, las empresas detraen una parte del sueldo para el pago del curso.

Algunas hacen público el porcentaje de aprobados, que se acerca al total de presentados. “Cuando pones un cartel que pone ”100% de aprobados“, lo que dices es ”te vendo un aprobado y trabajas para mí“. ”Se compra el certificado de socorrista. Quieren chicos para todo“, completa Alfonso Pastor, vicepresidente de la Federación Andaluza.

Por el camino, las exigencias bajan en los cursos privados: hay cursos online, en Canarias son de 20 horas, en Madrid son de 80 horas, y en Andalucía de duración desconocida (sin normativa conocida), por precios que van de los 150 a los 500 euros. Mientras, en Cantabria o País Vasco los cursos de sus respectivas federaciones suman entre 250 horas y 300 horas.

“No tiene sentido que en una profesión de tan alta responsabilidad haya tanta diversidad en los niveles de calidad”, critica José Palacios, profesor de la Universidad de A Coruña y coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo.

En mucho casos, “no hay pruebas de técnicas de arrastre, simulacros con una parada cardio o para manejar el desfibrilador. Es pagar y aprobar. El título te lo puedo dar yo: te digo que vengas, te veo nadar y te doy el título. Y no has entrado en tu vida en la playa. Luego hay una ola de metro y medio y la gente no quiere meterse porque le tiene terror”, explica Marcos Pérez, presidente de la Asociación de Socorristas de Baleares.

José Luis Revuelta, de la Federación madrileña, explica que ha impartido cursos de reciclaje a quien no había visto un tablero espinal: “Un profesor dice que les falta preguntar si se ponen delante o detrás”.

Manuel Jiménez, de la Asociación Española de Socorristas, asegura que en Canarias hay trabajadores en playa con titulación únicamente válida para piscinas o con cursos de 30 horas: “Y es legal”. “Yo he visto chavales para el reciclaje que no saben nadar, pero que dicen 'yo pagué y me dieron el título'”. Luego las empresas se declaran en concurso y los títulos siguen por ahí“.

“Al final, ¿qué quiere la gente? Que sea fácil, rápido y barato. Me enseñan en Sanidad cien títulos del online y yo voy con siete”, lamenta Reyeros. “Cuando cuentas que hay socorristas que no saben nadar, la gente se descojona. Luego le dices que se puede ahogar su hijo y se les borra la sonrisa. Nadie dice nada porque somos un país turístico, pero los que nos dedicamos a esto de manera seria estamos indignados”, concluye.

Semanas de 70 horas por 1.000 euros

La proliferación de empresas “sin escrúpulos” en un contexto de crisis económica ha provocado también el efecto perverso de precarizar el mercado de trabajo: muchos socorristas aseguran trabajar durante 70 horas semanales a cambio de sueldos que no llegan a los mil euros.

Alberto Morant gestiona desde hace dos años una web, conveniosocorrista.com, con información sobre derechos y deberes de los socorristas. Recopila convenios, legislación y jurisprudencia, y canaliza la asistencia jurídica. Alejandro Garrido ha llevado en los últimos tres años medio centenar de casos: “Visto uno, vistos todos: pagan una miseria en nómina y bajo cuerda un poquito más para que no levanten la voz; se les hace responsables del mantenimiento sin preparación; y hay gente que hace 12 horas diarias, sin descanso semanal”.

Los convenios empeoran las condiciones del Estatuto de los Trabajadores, y ni se cumplen. Morant ha llegado a ver casos de 2,9 euros por hora. Lo habitual son jornadas de nueve horas sin descanso semanal por sueldos que rondan los 1.000 euros, entre 5 y 5,5 euros por hora. Esos horarios permiten a las empresas contratar una sola persona por piscina, y a las comunidades y los hoteles pagar en torno a seis horas por cada hora de un socorrista, que también mantiene la instalación. Las horas extra no se pagan.

Los ejemplos abundan. Álvaro García trabajó en una piscina de Madrid nueve horas diarias, incluyendo domingos, durante los 93 días de la campaña de verano de 2015, por 875 euros al mes. “En el contrato ponía 40 horas. Había tres meses de prueba, y si me quejo me echan”. Explica que es frecuente que no haya cuadrantes y que la rotación sea continua para evitar que haya testigos de estas prácticas; este año, apenas comenzado agosto, ya ha pasado por tres.

Ricardo, que ha trabajado en piscinas de Madrid y Alicante, trabaja diez horas diarias de lunes a domingo. “El mercado está reventado y es el trabajador quien acepta condiciones cada vez peores”, lamenta Morant.

La otra pata del negocio son los ayuntamientos, que ahogados por la escasez de recursos económicos han privilegiado el criterio económico en los pliegos, empujando las ofertas a la baja. El municipio decide cuántos socorristas debe haber en una playa, de modo que en Andalucía, la comunidad con más kilómetros de costa, no hay normas sobre las condiciones de seguridad y en Canarias se canceló el intento de fijar un mínimo por el coste que supondría para los ayuntamientos, según Manuel Jiménez. “Se destinan menos recursos económicos para el servicio y lo primero que se hace, sin pensar en las consecuencias, es disminuir el número de socorristas. Un grave error”, según José Palacios.

Pese a que es una cuestión de salud pública, sólo una entidad privada como ADEAC fija un mínimo de dos por playa como requisito para conceder sus banderas azules, retiradas frecuentemente por el incumplimiento de esa condición. “Los ayuntamientos dicen que el socorrismo que les exigimos les resulta muy caro”, comenta José Ramón Sánchez Moro, presidente de ADAEC. La entidad, constituida como asociación sin ánimo de lucro, también imparte sus propios cursos de formación.

Algunos ayuntamientos optan por encargar el servicio a Protección Civil, algunos abonando como dietas lo que era un salario encubierto. El pasado mes de mayo un juzgado declaró que esta práctica, que había adoptado el Ayuntamiento de Torremolinos durante 20 años, era un fraude a la Seguridad Social. Pese a que se dictó una sentencia similar para Benalmádena hace dos años, Torremolinos siguió haciéndolo hasta el pasado mes de junio.

Una imagen deteriorada

La precarización y las malas prácticas han acabado trascendiendo a la imagen del socorrista, a quien no se percibe como autoridad. Son frecuentes las intervenciones y los ahogamientos en situaciones de bandera roja, pero las sanciones que fijan los municipios rara vez se aplican. El 7 de agosto falleció un bañista cuando en Torremolinos ondeaba la bandera roja, antes de que el socorrista empezara su jornada; otro fue rescatado gracias a una cadena humana de 30 personas.

“Hay bandera roja, pero entran. Pitas y les explicas el peligro y que no deben, pero te dicen 'yo he venido hasta aquí a bañarme'. Y no puedes hacer nada”, relata un socorrista a pie de playa en Málaga, harto de que, según él, se les imputen responsabilidades que no les corresponden. “No estoy obligado a entrar cuando hay bandera roja y no lo voy a hacer. Que me demanden. Mejor uno que dos muertos”, se queja.

414 personas fallecieron ahogadas en espacios acuáticos en 2015, según los datos recopilados por la Federación Española. El 58,2% en playas, el 29% en ríos y el 12,8% en piscinas. Las estadísticas de lo que va de 2016 son peores: 264 personas han fallecido ahogadas hasta el 31 de julio, el 20% más que en el mismo periodo de 2015.

“Se ve como algo pasajero, poco serio. Pero es serio cuando hay un problema”, opina Ricardo. “Cuando citan a un chaval por homicidio se le caen los palos del sombrajo al chaval y a los padres… por 700 euros al mes”, comenta Alfonso Pastor, que ha sido perito en varios juicios.

Desde la asociación, Marcos Pérez intenta trasladar a la opinión pública, las administraciones y las empresas que el socorrismo debe profesionalizarse y “romper el paradigma del socorrista vago, que se hace el guaperas y está ligando”. En Argentina, de donde viene, los cursos son de un año y de notable exigencia física. Hay una “cultura” que incide en cómo se percibe al socorrista y su función.

“Aquí pasa de todo y con mucha suerte no tenemos el doble de ahogamientos. No vamos a tener cero muertes, pero si el socorrista está bien capacitado se pueden evitar muchas. Hemos llegado a un punto en que esto no puede seguir así”, concluye.