El Canódromo balear ya ha abierto al público y lo ha hecho con un horario de 07.00 a 00.00 horas en verano, que pasará de 08.00 a 20.00 horas en invierno.

Según ha informado el Ajuntament de Palma este viernes en una nota de prensa, el Canódromo ya está abierto a la ciudadanía, con un horario de 07.00 a 00.00 horas en verano, que pasará a ser de 08.00 a 20.00 horas en invierno. Se puede acceder a esta zona verde de 16.000 metros cuadrados por las calles Carles I y Llorenç Cerdà.

Además de renaturalizar este lugar de Palma, se han conservado y restaurado los elementos patrimoniales, como la acequia histórica que conectaba con el ámbito del Tirador, que se encontró durante las obras.

Un lugar con historia

El Canódromo Balear fue una pista de carreras de galgos de Palma, que estuvo activa entre los años 30 y los 90 y se ubica entre sa Riera y el Camí de Jesús.

Ahora ya se ha convertido en un gran parque público, donde se ha recuperado la vegetación existente y se ha plantado nueva para crear un gran bosque urbano que forme parte de la Falca Verde.

Este proyecto contribuye a mejorar Palma en aspectos diversos, pues con él habrá más espacios naturales para disfrute de la ciudadanía; servirá para combatir el cambio climático y la isla de calor -incremento de las temperaturas en las zonas urbanas-; y se recuperará y se dará uso a un espacio abandonado durante años.

“Este proyecto es clave en la lucha contra el cambio climático. Introducimos vegetación y naturaleza dentro del centro de Palma, rodeada por una alta densidad de población”, ha dicho la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, quien ha pedido “disculpas” por el retraso en el final de obras.

La intervención en el antiguo Canódromo ha consistido en una obra de restauración paisajística y de regeneración de un entorno que conserva buena parte de las huellas del pasado.

El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado “la década perdida” para terminar las viviendas del Canódromo, aunque confía en que su reactivación “suponga un revulsivo para Schamann, sus vecinos, comercios, la Zona Comercial y el Mercado de Altavista”.

Espera la llegada de “decenas de nuevas familias” para que así se dinamice la vida social y económica del barrio, destaca el comunicado de la formación política.

La portavoz del PP Pepa Luzardo ha recalcado que el criterio de su partido “es el que prevalece” porque es “el más beneficioso para el interés general y el que es avalado por la justicia, justo lo que ha pasado con el Canódromo”.

Considera que tras una década “ya era hora que el PSOE reconociera su legalidad”, a pesar de “la cantidad de años que estuvo desprestigiándolo e, incluso, atacando a los técnicos municipales y cargos públicos del PP”.

Para Luzardo, es “una pena” que hayan tenido que pasar “tantos años para llegar de nuevo al punto de inicio” por la “cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación en balde, así como la cantidad de puestos de trabajo, economía, oportunidades de vivienda y socioeconómicas para Schamann y Escaleritas que se han ralentizado de forma innecesaria”.

Los populares han considerado que escuchar al PSOE ahora defender estas viviendas es “de un ridículo político espantoso”, pues trataron de “desacreditar” la operación urbanística del Canódromo que “ahora reactivan ellos mismos”.

Luzardo ha recordado que el PSOE “acusó al PP de cometer todo tipo de delitos en materia urbanística en relación a estas dos torres durante años y torpedeó hasta la extenuación” el proyecto de las viviendas.

“Ahora Hidalgo concederá las licencias de esas casas que no paró de criticar haciendo un ridículo político como pocas veces se ha visto en la ciudad”, ha dicho.

Sin embargo, para la portavoz, lo “verdaderamente importante” es que esta noticia de la reactivación de las viviendas “es buena para la ciudad y eso es lo único que importa”.

El Tribunal Supremo ha dado un paso más en el conocido como caso Canódromo, que enfrenta a la Asociación de Vecinos Avecalta contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, después de que éste último permitiera la construcción de las torres tras acceder a una permuta que le ocasionó pérdidas.

El TSJC validó en 2016 la construcción de las dos torres de quince plantas con 120 viviendas en total en Schamann, al desestimar un recurso de Avecalta contra el acuerdo de la Cotmac que validó la incorporación de las torres al Plan General de Ordenación en 2012.

Sin embargo, según informa Canarias 7, la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo analizará ahora si hubo arbitrariedad en la inclusión de las viviendas en el planeamiento. De hecho, el Alto Tribunal considera que el TSJC no entró a valorar en su sentencia si esta decisión fue arbitraria e injustificada.

El auto judicial señala que “esta Sala aprecia que existe, en efecto, interés casacional objetivo (...) ya que la resolución que se recurre resuelve un proceso en el que se impugnó directamente una disposición de carácter general (la aprobación del Plan General de Ordenación)”.

Con las torres paralizadas hace años por la nulidad de las licencias de obra, el Canódromo ha sido el caso de presunta corrupción más sonado en el Ayuntamiento capitalino a lo largo de las dos últimas décadas, desde que con José Manuel Soria en la alcaldía (1995 - 2003) se iniciara una operación para recuperar los terrenos de uso deportivo en la parte alta de la ciudad, y que acabó con un Plan Especial aprobado por su sucesora, Pepa Luzardo (2003 -2007), que dio cobertura a la construcción de dos torres de viviendas.

En 2002 el Ayuntamiento acordó el cambio de la parcela que hoy ocupa el parque del Canódromo, en Schamann, mediante un convenio urbanístico que se incorporó al Plan General vigente con la aprobación de un Plan especial. El convenio fue negociado entonces por el concejal de Urbanismo, el exalcalde y actual concejal en la oposición Juan José Cardona, siendo primer regidor José Manuel Soria, pero el Plan Especial se aprobó cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo.

Tanto el Gobierno de Canarias, como el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Realia se opusieron a la admisión a trámite del recurso de casación de Avecalta.

La concejala de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha manifestado este miércoles que el grupo de gobierno se alegra de la nueva sentencia dictada sobre el caso Canódromo, porque evitará pagar una indemnización millonaria.

La nueva sentencia sobre este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) que validó la adaptación de ordenación urbanística del Canódromo al Plan General de Ordenación de 2012.

El TSJC desestima también la pretensión de nulidad aducida por la Asociación en sus conclusiones por falta de motivación y justificación, al entender la Sala que lo debió de alegar en su demanda.

La edil socialista, ante este pronunciamiento, ha lamentado, sin embargo, el hecho de que el edificio de viviendas construido se trate de un “mamotreto horroroso”, pero que no se pudo culminar en Ciudad Alta.

La concejal ha recordado que se trata de una actuación que responde a la época en la que fue alcalde José Manuel Soria, PP, y Juan José Cardona concejal de Urbanismo, y ha manifestado que la gestiones urbanísticas que este partido suele llevar a cabo generan casi siempre polémica.

No obstante, ha insistido en el hecho de que con el nuevo pronunciamiento judicial el caso no lo costará dinero a Las Palmas de Gran Canaria.

“Como schamanera que soy, sigo estando en contra de ese mamotreto horroroso, que solo quita visibilidad y no pinta nada en esa zona de la ciudad”, ha afirmado Medina, quien ha dicho que los servicios jurídicos y la corporación tendrán que estudiar como queda finalmente la actuación, porque quedaba una torre pendiente de edificar.

Así mismo, ha lamentado que el antiguo parque de canódromo no haya podido convertirse en una zona de disfrute para los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta) contra el acuerdo de la Cotmac que validó la incorporación de las torres del Canódromo de Las Palmas de Gran Canaria al Plan General de Ordenación en 2012.

En una sentencia notificada este martes, el TSJC da validez a la construcción de dos torres de quince plantas con 120 viviendas en total en Schamann. Así lo informan este miércoles los periódicos Canarias 7 y La Provincia.

Los vecinos argumentaban que el Plan General de Ordenación de 2012 recogía las determinaciones urbanísticas de los planes de 2000 y 2005, que fueron anuladas en un fallo del propio TSJC en 2008, donde se reconocía que el Ayuntamiento capitalino había incurrido en desviación de poder.

El Consistorio recurrió y el Tribunal Supremo anuló la sentencia de 2008 y ordenó a la Sala que dictase una nueva sentencia, aunque no hubo pronunciamiento explícito sobre la concurrencia de desviación de poder.

Por ello, Avecalta consideró que el Tribunal Supremo dejó intacta la comisión de desviación de poder por parte del Ayuntamiento y que se había producido “indefensión a los vecinos en el proceso judicial”.

Ahora, el TSJC rechaza esta argumentación basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 por la que se anulaba la decisión de 2008, en la que se reconocía la desviación de poder en la acción municipal. Además, entiende que no cabe discutir en este momento procesal la falta de motivación de las decisiones municipales.

El Tribunal Supremo ha rechazado, por el momento, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga que indemnizar a la empresa Realia por haber suspendido las obras que realizaba en el barrio de Schamann para construir dos torres de 120 viviendas en el Canódromo.

El Consistorio había autorizado en 2006 a Realia a levantar dos torres de 14 plantas, en la confluencia de las calles Henry Durant y Obispo Romo, en la Ciudad Alta, pero la empresa no pudo terminarlas, porque las licencias fueron declaradas ilegales una vez que la Justicia dejó sin validez el plan especial del Canódromo.

Realia pretendía que Las Palmas de Gran Canaria le pagase una indemnización de 2,30 millones de euros, más intereses, por los daños que asegura haber sufrido durante el tiempo que las obras estuvieron suspendidas a la espera de una sentencia firme.

El Supremo confirma la respuesta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había dado a la empresa, al denegar su solicitud, pero lo hace en una sentencia que da a entender, sin prejuzgar al fondo del asunto, que esta puede no ser su contestación definitiva a este litigio entre Realia y la capital grancanaria.

La Sala de lo Contencioso Administrativo precisa que no cuestiona “la tesis sostenida por la recurrente de que es posible reclamar indemnización por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la suspensión de una licencia de obras, con reserva a de acciones para solicitar indemnización por otros daños y perjuicios que pudieran derivarse de la anulación de la licencia”.

Sin embargo, considera que la sentencia del propio Tribunal Supremo que hace dos años sancionó definitivamente la nulidad del plan especial del Canódromo pone de manifiesto que la decisión de 2009 de suspender cautelarmente las obras era “conforme a derecho” y “necesaria para evitar futuros y mayores perjuicios”.

El problema consiste, añade el Supremo, en que “es este caso concreto” resulta inviable reclamar por separado daños y perjuicios por la suspensión de la licencia y daños y perjuicios por su posterior anulación, unas cantidades que ni siquiera llega a deslindar el perito que asesoró a la Sala en este litigio.

“Por todo lo expuesto, sin perjuicio de las acciones que la recurrente pueda ejercitar (...), desestimamos el recurso contencioso administrativo deducido contra las resoluciones impugnadas”, concluye el ponente de esta sentencia, el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso.

El conocido como caso Canódromo, la cruzada judicial por la que la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) emprendió un camino de tribunales contra el uso que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue dándole al terreno que ocupaba el antiguo canódromo de la capital, ahora convertido en un parque, ha dado un nuevo y definitivo giro con la última sentencia al respecto del Tribunal Supremo. Esta cruzada es una historia de asimetría, responde a un relato sobre la desproporción, pero también se asimila al mito del pequeño contra el gigante, del pueblo contra el poder, de David contra Goliat; y la moraleja va directamente ligada con la noción de justicia.

El pasado 14 de marzo de 2014, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia en firme por la que estimaba el recurso de casación interpuesto por Avecalta contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de abril de 2012. Aquella sentencia se anulaba y se estimaba parcialmente el recurso entonces planteado, declarando la nulidad de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 26 de diciembre de 2000. Aquel Plan General contenía un apartado referente a la citada zona del Canódromo, ubicada sobre el Barranquillo Don Zoilo, que hace esquina con la calle Obispo Romo y Sor Simona. En él se definía a los terrenos del Canódromo como suelo urbano no consolidado. También se anulaba el Plan Especial de Ordenación El Canódromo, aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2003. La sentencia del 14 de marzo del Supremo pone de relieve que tiene razón la recurrente cuando señala la ordenación aprobada por el Consistorio en 2000 suponía “un considerable incremento de la edificabilidad residencial en el ámbito del Canódromo” y que “el barrio de Schamann en el que se encuentra inserto el Canódromo es un área de edificabilidad agotada”.

La asociación Avecalta, presidida por la reivindicativa María de los Ángeles Sánchez, comenzó en 2003 con la protesta y el litigio judicial para reivindicar la ilegalidad de las obras del viejo canódromo, una iniciativa que fue respaldada por Nardy Barrios y el partido que preside, Compromiso por Gran Canaria, “porque entendíamos que era ilegal”, alega la propia Barrios.

“Hace diez años que surgió este problema y nadie le hacía caso”, dice la grancanaria: “Es el gran triunfo de unos vecinos que, sin dinero, han sido capaces de defender la legalidad, durante 10 años. Han ganado todos los pleitos excepto uno, que fue con el Supremo, y que ahora el Supremo al final les ha tenido que dar la razón”. La candidata a la alcaldía recuerda que sólo los miembros de Avecalta “han denunciado este tema y se han dado cuenta de que siempre lo público es lo que pierde, porque por 11 millones de euros hubieran podido expropiar y construir 10 parques en Schamann, como bien dicen los vecinos. Y han conseguido que se reconozca que aquella permuta y el Plan Especial de Reforma Interior del Canódromo fue una ilegalidad, tal como recoge por fin la sentencia del Supremo, que entra en el fondo del asunto, que no es recurrible y que anula por ilegal el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000 y el Plan Especial del Canódromo. Y lo han hecho sin recursos y contra una maquinaria terrible, que es la del Ayuntamiento y la de la empresa (Realia), que se personó con un montón de abogados, dinero e informes frente a estos vecinos”.

Pero Barrios se pregunta: “¿Qué es lo que han ganado los vecinos?”. Barrios recuerda que “el Plan General de 2000 para Las Palmas de Gran Canaria ha recibido unos pequeños retoques, en el 2005 y en el 2012”. Se refiere a la Ley del Territorio de Canarias, que obligaba a los planes generales de los municipios a hacer modificaciones, en especial en lo referente al suelo. Por esta ley, el plan de 2000 ha permanecido prácticamente igual y las modificaciones han sido formales, no de fondo. “Por eso el plan del 2000 es la piedra angular de esta anormalidad y de esta ilegalidad, porque en la exposición de motivos se recogía que en la zona de Schamann, donde después se elaboró el Plan Especial del Canódromo, que el barrio de Ciudad Alta era la zona de toda Canarias más colmatada de viviendas, y con menos metros cuadrados de espacio verde”, desgrana Barrios. De ahí que aquel plan negara cualquier tipo de construcción nueva en la zona. Sin embargo, y aquí está el intríngulis del asunto, “al mismo tiempo que el Plan General daba estos motivos, el Ayuntamiento elaboró el Plan Especial del Canódromo, con el que, sorprendentemente, hace una recalificación del suelo y una zona que aparecía como un parque, una zona verde, la convierten en suelo urbano”. ¿Con qué finalidad? Barrios empieza por citar que el que se conoce ahora como el Parque del Canódromo, cuya empresa propietaria la había adquirido por 500 millones de pesetas, fue objeto de permuta al Ayuntamiento cuando el actual alcalde, Juan José Cardona, era concejal de Urbanismo. Con este convenio, la empresa Realia arreglaba el espacio del Canódromo poniéndole suelo, unos bancos, un parque infantil, el alumbrado público y una fuente. “El arreglo y la pavimentación del parque se valoraron en entre 300.000 y 400.000 euros, y a cambio el Ayuntamiento permutó el suelo”, rememora Barrios, donde hoy están los cadáveres arquitectónicos de las torres del Canódromo, en un terreno anexo al del Canódromo y que estaba calificado como espacio verde. Además se concedió a la empresa la licencia para construir dos torres de 15 alturas cada una, amén de dos solares más: uno en Almatriche, justo al lado de Hoya Andrea y dando a la carretera general, y otro en Las Torres.

Estos tres solares, Canódromo, Almatriche y Las Torres, fueron valorados en 11 millones de euros, “y sin embargo, lo que recibieron las arcas del Ayuntamiento capitalino fueron un parque que costó cerca de 500.000 euros más los citados arreglos que ascendieron a 300.000 euros, que nadie se lo cree que ascendieran a tanto” subraya Barrios. Es decir, que Realia obtuvo cerca 11 millones de beneficio en esta permuta, y a cambio, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y del barrio de Schamann, recibieron el actual parque, que ha sufrido un drástico lavado de cara en los últimos años, con la instalación de un ascensor desde el Barranco Don Zoilo hasta la calle Obispo Romo, totalmente remodelada.

Antecedentes

En los años 70 del siglo pasado, Schamann contaba con un canódromo profesional, en el que se acogían jornadas de carreras caninas al uso y una suerte de ambiente lúdico periódico que se materializaba en las apuestas de los paisanos, atentos a los movimientos del conejo mecánico que atraía la atención de los cánidos sobre un raíl. Esta costumbre menguó hasta desaparecer en la década siguiente y el recinto, de cerca de 20.000 metros cuadrados, se abandonó por completo. El deterioro invadió el lugar con el paso del tiempo mientras los propietarios trataban de venderlo al Ayuntamiento en un devenir de cambio de dueños, tentativas de expropiación e incluso una subasta reclamada por los antiguos trabajadores. En 1989, el Plan General de Ordenacición Urbanística decretado entonces adjudicó el uso deportivo de la zona, y en 1995, con José Manuel Soria (Partido Popular) como alcalde, el Consistorio retorna a las negociaciones para la compra sin mayor éxito que antes.

Entonces aparece la empresa Inprocansa, que se hace propietaria del Canódromo y propicia el interés del ejecutivo municipal comandado por Soria para comprar los terrenos. Aquí se opera el siguiente movimiento: El Plan General de 2000 cataloga la parcela como de uso dotacional y condiciona su desarrollo a la firma de un convenio urbanístico entre el nuevo propietario y el Consistorio, y determina también la posibilidad de sustraer una franja de terreno para uso residencial, pese a que la zona es de edificabilidad agotada. Con la llegada a la alcaldía de Pepa Luzardo (Partido Popular), el proyecto avanzó con la firma de un convenio por el que el Consistorio compraba a Inprocansa el Canódromo, lo que implicaba la cesión de suelo en distintos sectores de la ciudad.

Con la firma del convenio, en 2002, el intermediario Inprocansa vende las dos propiedades a Realia, transcurrido un mes y medio. Algunos vecinos de Schamann se revuelven entonces contra lo que consideran una ilegalidad, y al día siguiente de que Realia consiguiera los permisos municipales para construir dos torres residenciales de 15 plantas en el terreno anexo al Canódromo acude a denunciar el proceso en los juzgados, bajo el prisma de una más que posible irregularidad en la valoración económica del suelo que se hizo en el convenio y sobre la ilegalidad que supone la construcción de dos edificios de tamaña estatura en una zona saturada, en la que además alteraba el paisaje de forma drástica.

Mientras las sentencias que declaran nulo el Plan Especial y suspenden la licencia de obras se hacen firmes, se apura la construcción y se ultima uno de los dos edificios. Entonces accede el PSOE al Ayuntamiento capitalino, mientras una pena indemnizatoria acechaba a la inmobiliaria desde los tribunales. La empresa, al parecer, se presentaba como desconocedora de la compleja situación pese a haber obtenido una licencia para construir y ahora su imagen y economía corría peligro de descarrilar.

La decisión del Alto Tribunal

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que viene a hacer es anular el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000, pero las licencias en virtud de las cuales se construyeron las torres se dieron en base al Plan General de 2005. Ese Plan de 2005 no ha sido impugnado, de modo que esas licencias de construcción (de 2006) son válidas en puridad, “lo que pasa es que en base a esas licencias las obras tenían un plazo de dos años, prorrogable por otros dos, que acabó ya. Se prorrogó en 2008 con varias interrupciones en medio por las toma de medidas cautelares. Ahora hay que declarar la caducidad de esas licencias, y hay que dar una nueva licencia. La nueva licencia que se vaya a acordar se tiene que dar en base al Plan General que está en vigor hoy, el de 2012”, explica Yeray Alvarado, abogado que lleva la causa de Avecalta desde 2003. Este plan de 2012 sí que ha sido impugnado por los vecinos.

Sobre su recurso, ahora validado por el Supremo, Alvarado expone lo que él ha descrito como un juego de muñecas rusas: “El plan de 2012 lo que hace es asumir para el Canódromo la ordenación generada en 2005 por el Plan General, un plan que asumía lo dispuesto en el Plan Especial de 2003. El Plan de 2003, lo que hacía era desarrollar lo que decía el Plan de 2000. Luego el Plan de 2012 es una especie de muñeca rusa gigante que se traga otras muñecas”, a cada cual más pequeña, a saber: el Plan de 2005, el de 2003 y el de 2000. Es el de este último año el que contiene la ilegalidad. Si el Plan de 2005 asume la ordenación del Canódromo como la que venía establecida en el Plan Especial de 2003 y lo inserta como propio, como un área de planeamiento incorporado, el Plan General de 2005, aunque no se haya impugnado, es nulo, porque está incrustándose en una nulidad. “Porque igual el Tribunal Supremo dice que el Plan de 2003 es nulo, la ilegalidad sigue estando dentro del plan de 2012”, alega el letrado.

Del otro lado, el Ayuntamiento no ha respondido todavía, a la espera de que ofrezcan un contraargumento a raíz de que el Supremo haya dado la razón a Avecalta. “La sentencia del Supremo nos ha sacado del ataúd”, razona Alvarado sobre la causa de los vecinos; una causa que estaba “en el nicho, pudriéndose”, después de que les habían “declarado muertos” a los de Avecalta en su causa, pero “ahora el Supremo ha abierto el ataúd y nos ha resucitado”. A su parecer, “Realia invirtió en un producto de riesgo esperando obtener un alto beneficio económico y lo que ha pasado ahora es que al final se va a caer el castillo de naipes”. Y adelanta sobre una indemnización: “No puedes pedir una indemnización como si fuese un tercero de buena fe, que no sabía nada”. En todo caso, el abogado recuerda que “lo que los vecinos quieren, simplemente, es que no se construya en Schamann y que haya un derribo de las torres, los vecinos no quieren que esté eso allí”.

[Este es un contenido Premium de CANARIAS AHORA SEMANAL. Hazte Lector Premium para leerlos todos y apoyar a sus periodistas]

El PSOE, NC y Compromiso por Gran Canaria, partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, han afeado este miércoles al alcalde, Juan José Cardona, la “frivolidad” con la que creen que ha valorado el último fallo del TS sobre el proyecto urbanístico del canódromo.

La portavoz del grupo municipal del PSC-PSOE, Isabel Mena, ha recriminado a Cardona que haya considerado esta sentencia “como una victoria personal” y ha manifestado que el alcalde “es un irresponsable y un imprudente que pretende celebrar como una victoria una sentencia que no es más que otro varapalo a su nefasta gestión como alcalde y como concejal de Urbanismo hace unos años”.

Según Mena, el fallo del TS “deja bien claro que anula el plan especial del Canódromo que promovió Cardona cuando era concejal por mucho que le de la vuelta para disfrazarla como favorable”.

El PSC-PSOE confía en que “el disparate del canódromo no acabe en otra indemnización millonaria que el Ayuntamiento tenga pagar a Realia con dinero de todos los ciudadanos”

El portavoz municipal de NC, Pedro Quevedo, ha considerado en un comunicado que Cardona ha sido “imprudente” a la hora de valorar una sentencia en la que “resulta evidente que el Tribunal Supremo ha censurado su manera de hacer las cosas”, por lo que le ha reclamado que “pida perdón”.

“Es insólito que Cardona saque pecho ante una sentencia que lo desautoriza y que censura su acción como concejal de Urbanismo, al anular la parte del Plan General de Ordenación de 2000 que afecta a la parcela del Canódromo, y el Plan Especial de 2003 de ese mismo espacio, ha referido el portavoz municipal de NC.

Pedro Quevedo ha dicho que su partido “esperaba una comparecencia del alcalde para pedir disculpas por el daño hecho a la ciudad, al saltarse los procedimientos administrativos para construir unas torres en una zona colmatada y birlar a Ciudad Alta de un espacio verde más amplio, como el previsto en el planeamiento”.

Para NC, “sorprendentemente” el alcalde se manifestó “eufórico” con este fallo, del que, en opinión de los nacionalistas, ha hecho “una interpretación temeraria”, al asegurar la continuidad de las obras.

Por su parte, la portavoz de Compromiso por Gran Canaria, Bernarda Barrios ha considerado en otro comunicado que Cardona “se ríe de los ciudadanos con su interpretación” de esta sentencia, “que es firme y entra a analizar el fondo del asunto, al declarar que la ordenación del canódromo es ilegal y confirmar que la recalificación de una zona verde en solar urbano, donde se ha construido uno de los dos edificios proyectados, es arbitraria”.

Barrios ha reprochado a Cardona que “haya preferido lavar su cara de concejal de Urbanismo que actúo ilegalmente, en lugar de proceder como alcalde responsable, al hacer una interpretación a su favor, cuando sabe que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a los vecinos”.

La edil de Compromiso también ha estimado que el alcalde debe “pedir perdón a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria” y ha manifestado la preocupación de este partido “por los comportamientos y actitudes” del primer edil, que ha garantizado que los edificios previstos en los terrenos que ocupaba el canódromo pueden seguir construyéndose.

La presidenta de Compromiso por Gran Canaria espera que el fallo permita reconducir la "ilegalidad".

La presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, cree que el Tribunal Supremo (TS) “ha actuado correctamente, pero muy tarde”, al anular el PGO de Las Palmas de Gran Canaria que autorizó construir sobre su antiguo canódromo, lo que permitirá reconducir esa “ilegalidad”.

Barrios ha manifestado este martes a Efe su satisfacción porque el TS haya hecho justicia con los vecinos del barrio de Schamann y la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta, que preside María de los Ángeles Sánchez, ya que, en solitario, han estado en la lucha por defender la legalidad y sus derechos.

“Volvemos al inicio. La operación Canódromo perjudicó notablemente los intereses del Ayuntamiento, puesto que permutó y recalificó un suelo que era un parque para convertirlo en urbano y, además, le añadió al promotor dos parcelas más, una en Las Torres, y otra en Almatriche”, ha rememorado la edil del Consistorio.

Bernarda Barrios ha añadido que su partido “tuvo claro desde el principio que esta operación, llevada a cabo por Juan José Cardona y José Manuel Soria -por entonces edil de Urbanismo y alcalde, respectivamente- perjudicaba notablemente los intereses y la economía del Ayuntamiento”, por lo que “ha apoyado los recursos” de Avecalta y ha advertido de que “era una ilegalidad que el Ayuntamiento tenía que reconducir”.

“Nos fuimos del gobierno municipal cuando el PP y, luego el PSOE, legalizaron esta operación urbanística y hoy nos satisface saber que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los vecinos”, ha subrayado la concejal.

Bernarda Barrios ha considerado que “los promotores” de los dos edificios construidos en el antiguo solar del canódromo “conocían la ilegalidad desde el principio” y ha recordado que “incluso fueron denunciados por Avecalta”.

No es un consejo. Juan José Cardona definitivamente ha montado un circo. No hay alcalde en España que en un lapso tan breve de tiempo acumule más reveses judiciales que el de Las Palmas de Gran Canaria, que sólo en una semana se ha tenido que tragar su relación de puestos de trabajo (RPT) y las torres del Canódromo, sin contar el recurso de Rajoy a su modelo de funcionarización del Ayuntamiento, el hallazgo de petróleo en su mega-gimnasio de la Cícer y sus antológicos patinazos políticos y judiciales con la empresa mixta de aguas, Emalsa. La crecen los enanos por doquier y, lo que es peor, no quiere darse por enterado de que, por esos derroteros, conduce a toda una ciudad proa al marisco. La sentencia del Tribunal Supremo tumbando las torres del Canódromo necesita que los especialistas profundicen un poco más para dilucidar el alcance justo que tendrá. Particularmente, que los expertos juristas del Ayuntamiento se devanen los sesos a ver cómo encajan un revés judicial de este calibre porque, aunque es cierto que la licencia a Realia fue impugnada sin éxito, el nuevo escenario que ahora se abre (concesión de la licencia en base a una ordenación anulada) puede dar pie a su revisión. En fin, un embrollo jurídico que confirma la bondad del aquel adagio que sostiene que lo que mal anda, mal acaba. Desde aquel convenio urbanístico firmado por Cardona con Urbacan (Inprocansa) en base exclusivamente a una opción de compra, ese pelotazo de 9 millones de euros ha pasado por tantas vicisitudes como plantas tiene la torre inacabada que se levanta como un insulto en medio del barrio de Schamann. Y el culebrón no termina aquí: ya se encargó el alcalde este mismo martes, en una intervención pública digna de un irresponsable, de decir que la sentencia no tiene efectos prácticos. Se vuelve a equivocar de parte a parte.

La teoría de las muñecas rusas

Hemos consultado con los expertos en Derecho Urbanístico, y tras la lectura de la sentencia del Supremo conocida ayer y un vistazo al Plan General de 2005, la conclusión es definitiva: la licencia concedida en 2006 es nula porque nulo es el Plan Especial de 2003, que hizo suyo el planeamiento de 2005, como hace el Plan General de 2012 asumiendo también el ordenamiento ahora anulado. Estamos, como recalca el abogado de los vecinos de Schamann, ante la aplicación de la teoría de las muñecas rusas: por muchas capas que le pongan al Plan Especial de 2003 en los sucesivos planes generales aprobados con posterioridad, el ordenamiento está contaminado por la anulación decretada por el alto tribunal. Cierto: el Plan General de 2005 incluye una figura que se llama API 13, que traspone el Plan Especial de 2003, que viene siendo el ámbito de planeamiento impugnado y tumbado. Si, como sostiene Yeray Alvarado, vencedor de este nuevo pleito en nombre de los vecinos, el Plan General de 2012 insiste en la misma ordenación, de poco valen los esfuerzos del alcalde por quitar hierro al varapalo judicial porque, al igual que el plan de 2003, también el de 2012 fue recurrido y está ahora en manos del Supremo, que difícilmente va a pronunciarse en contra de su propia resolución.

La licencia ya ha caducado

No tiene el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ni un solo motivo para la satisfacción o el desdén tras esta sentencia del Supremo. Porque a lo ya dicho sobre el papelón que se le plantea al Ayuntamiento, se suma que la licencia concedida en 2006 a Realia y la prórroga otorgada en 2008 ya han caducado sobradamente. Bastaría con que cualquier ciudadano ejerza su derecho a exigir la caducidad de la misma para que el Ayuntamiento se viera obligado a ejecutarla. O a producir una nueva prórroga en el límite mismo de la prevaricación: si está anulado el planeamiento en la zona y recurrido el Plan General de 2012, los argumentos jurídicos para informar favorablemente serían bastante endebles. Pero doctores tiene la iglesia, y políticos arriesgados como Cardona estamos cansados ya de ver tomar decisiones similares. Descartamos que en la actual coyuntura económica y ante el nuevo panorama jurídico, sea Realia quien pida nueva licencia cuando no ha sido capaz ni siquiera de terminar la primera de las dos torres autorizadas. ¿Y qué pasaría en el caso de dar por caducada la licencia? Pues, conocido como es el amplio abanico en que se mueven las resoluciones judiciales y administrativas, hasta podría darse la feliz circunstancia de que sea la promotora quien tenga que correr con los gastos de demoler la actual torre y devolver el canódromo a su estado anterior al convenio urbanístico que dio lugar a este hediondo culebrón.

Por 9.000 euros frente a 9 millones de pelotazo

La sentencia del Supremo es demoledora, por emplear un término ad hoc. Anula el planeamiento en el Canódromo y afea a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que pretendiera, sin que nadie le diera vela en el entierro, bendecirlo en base al Plan General de 2005, que no estaba en discusión en ese proceso porque nadie lo ha impugnado. Pero, eso sí, el alto tribunal inadmite las pretensiones de los vecinos recurrentes de condenar al Ayuntamiento por desviación de poder (utilizar el poder y la letra de la ley para conseguir un fin distinto al previsto en la norma). Y no porque crea la Sala que no pudo haber existido, sino porque los recurrentes no lograron demostrarlo. ¿Y eso por qué?, se preguntarán nuestros más inquietos lectores. Pues muy sencillo: porque para demostrar que hubo una valoración exagerada de la parcela del Canódromo con el fin de que el pelotazo fuera lo más abultado posible, por la vía de las compensaciones otorgadas a la propiedad, no disponían de los 9.000 euros que les pedían los peritos para hacer las tasaciones imprescindibles. Así que, con sus escasos recursos, los vecinos prefirieron concentrarse en la discusión sobre la ordenación y ver de ese modo alcanzable su objetivo de impedir las dos torres de viviendas en medio del barrio. Resulta curioso que unos no tuvieran 9.000 euros para demostrar un pelotazo y otros se llevaran cruditos esos 9 millones de euros gracias al mismo pelotazo.

Las premoniciones de Soria

La noticia de este nuevo varapalo judicial al pésimo urbanismo practicado por el PP en Las Palmas de Gran Canaria sorprendió a Soria en Berlín. Allí los periodistas le pidieron una valoración sobre la sentencia, y en el tono habitual en el individuo, contestó que no tenía ni idea de lo que le preguntaban pero que, en el peor de los casos, lleva más tiempo fuera del Ayuntamiento que el tiempo que estuvo allí. Haciendo destrozos irreparables, añadimos nosotros, conocedores como muchos lectores del reguero de pufos urbanísticos que Soria y sus equipos dejaron en la ciudad. Pero para esta ocasión sería bastante aplicable la frase que el mismo ministro pronunció cuando conoció la sentencia del TSJC ahora revocada por el Supremo: “El tiempo pones las cosas en su sitio y a cada uno en su lugar”. Efectivamente, apreciado ministro, así suele ser indefectiblemente.

La decencia de Ildefonso Jiménez

Rodeado de un nutrido grupo de dirigentes y militantes de Nueva Canarias, compareció este martes ante la prensa en la sede de ese partido en Telde el exconcejal Ildefonso Jiménez, absuelto del delito de prevaricación por el que había sido injustamente condenado en 2012 por un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria. Su discurso, salpicado en varios momentos por la emoción y las lágrimas contenidas, tuvo pasajes que recordaban al juez Leonard White, que encarnaba en La hoguera de las vanidades el genial Morgan Freeman: “Déjenme que les diga lo que es la justicia: la justicia es la ley, y la ley es el débil esfuerzo del hombre por tratar de asentar los principios de la decencia. ¡Decencia! ¡Y la decencia no es un acuerdo, no es un punto de vista o un contrato o un chanchullo! La decencia es lo que sus abuelas les enseñaron (…) ¡Váyanse a casa y sean gente decente!” Por “decencia”, Ildefonso Jiménez no recusó a la juez que le condenó en primera instancia, a pesar de las muchas voces que se lo recomendaron por ser hija de un concejal del PP acusado en el caso Faycán (la fiscalía pide para él seis años de cárcel por prevaricación); por “decencia” ni siquiera pidió la dimisión de quien ejerció en ese proceso la acusación particular, Guillermo Reyes, con una actuación tan sospechosa que hasta era él quien aportaba a la justicia los documentos oficiales que habían desaparecido del Ayuntamiento. Por “decencia”, tuvo que explicar aula por aula y al claustro de profesores del instituto al que regresó tras dimitir (también por “decencia”) los motivos de su abandono de la política. Por “decencia” ayer calló los nombres de “los emisarios” que se le han acercado a pedirle que retire los cargos por falsedad documental contra el ex jefe de Urbanismo, que presentó a la causa ahora derrotada papeles falsos para acabar con su carrera política. Y por “decencia” sólo espera que los electores teldenses castiguen a quien ha empuercado la vida política y las instituciones de la ciudad, y que el Ayuntamiento se quite de encima a José Luis Mena porque es una vergüenza para los trabajadores públicos. “Me quisieron joder la vida; me quisieron joder el pan, el agua y la sal de mi familia, y esa parte no se la perdono”. Ildefonso Jiménez no volverá a la política pese a la demoledora sentencia de la Audiencia Provincial que le restituye su inocencia.

"Dejé de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2003. Ha pasado desde entonces más tiempo del que estuve"

La anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan Especial de Las Palmas de Gran Canaria ha cogido este martes por sorpresa al ministro de Industria, José Manuel Soria, de visita de trabajo en Berlín y alcalde de ese Ayuntamiento en el momento de su aprobación, en 2000.

“Me estoy enterando ahora, desde aquí, en Berlín. ¿Seguro? ¿Todo el plan general?”, ha preguntado, interrogado por esta cuestión, en un encuentro con medios españoles previo a su participación, el miércoles, en un foro económico y político organizado por el grupo mediático Axel Springer al que asimismo asistirá la canciller Angela Merkel.

Soria ha declinado hacer comentarios sobre esa noticia, con el argumento de que no estaba informado de ella, al tiempo que ha rechazado que hubiera sido el “proyecto estrella” de su gestión al frente de esa Alcaldía.

“Dejé de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2003. Ha pasado desde entonces más tiempo del que estuve (en el cargo)”, ha indicado, en tono relajado.

El Supremo ha anulado el plan que permitió calificar como suelo urbano los terrenos del antiguo canódromo de la ciudad y construir sobre éstos dos edificios.

Este plan fue aprobado por el Ayuntamiento de la Palmas de Gran Canaria en el año 2000, cuando era alcalde Soria, ahora titular del ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria que permitió calificar como suelo urbano los terrenos del antiguo canódromo de la ciudad y construir sobre éstos dos edificios, un plan aprobado por el Ayuntamiento en 2000, cuando era alcalde José Manuel Soria (PP).

En una sentencia divulgada este martes, el tribunal toma esta decisión pero aclara que no aprecia desviación de poder, al no haber pruebas de “fines espurios” en la actuación del Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo decreta así la anulación del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria del año 2000 y, consiguientemente, del Plan Especial de Ordenación El Canódromo, del año 2003 y apoyado en el anterior.

La sentencia estima el recurso de la Asociación de Vecinos Ciudad Alta, presentado cuando el Ayuntamiento pasó el suelo del canódromo de urbano consolidado a no consolidado, avalando así la construcción de torres de viviendas en la zona.

Aunque no haya desviación de poder, el Supremo le da la razón a los vecinos en cuanto a que la decisión del municipio no fue justificada porque no se motivó ni el plan, ni el cambio de categoría para el suelo.

Sin embargo, según la Sala, no se ha acreditado que esa actuación del Ayuntamiento responda a los fines que señalaron los recurrentes.

Éstos señalaron que no fue la necesidad de construir una vía subterránea en la zona -como alegaba la Corporación-, sino un convenio urbanístico para una intensa edificabilidad firmado con una empresa privada lo que motivó el plan.

El Supremo muestra además su discrepancia con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por incluir, “de manera innecesaria”, en su sentencia de instancia, la consideración de que, fuese cual fuese el pronunciamiento judicial, carecería de eficacia práctica pues las determinaciones aplicables al Canódromo serían las contenidas en el Plan General de Ordenación de 2005.

“Precisamente por no haber sido objeto de enjuiciamiento esa adaptación básica del Plan General aprobada el 9 de marzo de 2005, ningún juicio cabe aventurar acerca de la ordenación que en él se establece, ni en sí misma considerada, ni en su relación con las determinaciones del Plan General de 2000 y del Plan Especial de 2003 que hemos declarados nulas”, explica al respecto el Supremo.