Este mediodía se ha desatado un incendio forestal en un paraje de la urbanización Encinasola de la localidad toledana de Méntrida (Toledo), que ha obligado a regular el tráfico en la carretera CM-530, entre los puntos kilométricos 1 y 3 en ambos sentidos. El Plan Infocam informaba a las 19.40 horas que se había restablecido el tráfico tras descender a nivel 0 de situación operativa, después de haber permanecido varias horas en nivel 1 por afección de humo desde su inicio. Poco antes de las ocho de la tarde, el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) lo consideraban controlado.

El fuego era detectado por un particular que avisaba a los servicios de emergencias sobre las 14.58 horas de este viernes.

Pasadas las cinco de la tarde, se encontraban trabajando en el lugar del incendio 2 medios aéreos, 4 medios terrestres y 24 efectivos entre bomberos forestales y agentes medioambientales. Trabajaba también una brigada helitransportada perteneciente al cuerpo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, tal y como han informado a partir de su perfil en la red social X.

Nuevo incendio casi un año después

Hace menos de un año, un incendio forestal en esta misma localidad toledana obligó a confinar la urbanización Calypo Fado de más de 2.500 personas, tras permanecer activo durante cuatro días y calcinar más de 3.000 hectáreas de terreno. Las columnas de humo pudieron divisarse desde Madrid capital.

El sindicato CCOO en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha lamentado que el dispositivo de incendios forestales en Castilla-La Mancha se encuentre al 44 por ciento al inicio de la campaña, que comenzó este 1 de junio, cuando el riesgo es “alto”, por lo que ha reclamado que este dispositivo esté activado al cien por cien.

Así lo han explicado Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO y el presidente del Comité Intercentros de la empresa pública Geacam; Iñaki Blanco, delegado de CCOO en la provincia de Guadalajara y bombero forestal, y Javier Rubio, delegado de CCOO en Toledo y bombero forestal en Navahermosa.

A nivel regional, este dispositivo lo componen 2.500 trabajadores, los mismos que en la campaña pasada. Tal y como precisa el sindicato, el dispositivo que empezó el día 1 de junio está al 44% en Albacete, al 55% en Ciudad Real, en Toledo al 55%, en Cuenca al 42% y “un lastimable 28%” en la provincia de Guadalajara.

Desde CCOO consideran “inadmisible” que cuando el periodo de incendios es alto, la región solo cuente con menos del 50 por ciento de medios para luchar contra los incendios forestales.

“Queremos que los bomberos forestales estén en las condiciones óptimas y el dispositivo sea el óptimo y al 100%, porque es peligroso para los bomberos forestales, para la ciudadanía de Castilla-La Mancha y para el medio ambiente de nuestra región, que es lo que estamos defendiendo”, ha afirmado Amores.

El dispositivo al cien por cien solamente está activado 95 días de los 122 días que dura el periodo alto y extremo de incendios en Castilla-La Mancha (del 1 de junio al 30 de septiembre), tal y como ha lamentado Manuel Amores, que recuerda que desde 2020, año en el que empezaron “los recortes” no se mantiene el número total de efectivos.

Así, ha precisado que un año después del incendio de Riba de Saelices en Guadalajara (2005) se firmó “por ley” con el Gobierno regional que desde el 1 de junio al 30 de septiembre el dispositivo estuviera al cien por cien, pero en 2020 comenzaron a reducirse estos medios.

En este punto, han lamentado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, haya presentado “un dispositivo fenomenal y espléndido”, a la que han reclamado un encuentro para negociar las condiciones del convenio colectivo de los empleados de Geacam, que se lleva abordando desde el mes de enero.

No tenemos vestuarios, aseos, no tenemos ni luz eléctrica y en algunos casos ni agua potable. Tenemos que meternos en nuestro coche y llevarnos nuestras sustancias cancerígenas y peligrosas a nuestra casa

A Gómez le ha afeado que no se haya reunido con estos representantes de Geacam en “tres años”, una implicación que sí la tuvo su antecesor en el cargo, José Luis Escudero. Amores ha criticado que la consejera aluda a un “aumento presupuestario”, cuando hay una “orden de la Consejería de Hacienda de que hay cero euros para negociar el convenio colectivo de la empresa pública”.

También ha lamentado las condiciones de habitabilidad de los puntos de encuentro tal y como dicta la ley de prevención de riesgos laborales. “No tenemos vestuarios, aseos, no tenemos ni luz eléctrica y en algunos casos ni agua potable. Tenemos que meternos en nuestro coche y llevarnos nuestras sustancias cancerígenas y peligrosas a nuestra casa, donde luego entrarán nuestras familias, nuestros hijos”, ha lamentado el representante del Comité Intercentros de Geacam.

En este punto, ha alertado de que el sindicato presentará las denuncias necesarias en la Inspección de Trabajo en los lugares que no reúnan las condiciones necesarias. También convocarán el Comité Intercentros para que los sindicatos que forman parte de este órgano, tomen las medidas sindicales oportunas.

Situación “chapucera” en Guadalajara

De su lado, el delegado de CCOO en Guadalajara ha lamentado el proceso “chapucero” de Geacam en la selección de personal, que ha provocado que “a día 5 de junio aún haya llamamientos a trabajadores”, cuando aún les falta un proceso de formación, lo que provocará que “el 16 o 20 de junio sea cuando se incorporen”.

A su juicio, la Consejería de Desarrollo Sostenible “no ha aprendido nada” y “vuelven a activar los medios de forma escalonada, como ya llevan haciendo siete años”.

“El año pasado, en Guadalajara, vi cómo perdíamos 3.000 hectáreas en el Pico del Lobo, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en Castilla y León por la negligencia de quien decidió que a día 21 de septiembre hubiera 8 personas trabajando en toda la provincia”, ha afirmado Iñaki Blanco.

El incendio forestal originado el miércoles al mediodía en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo quedaba extinguido a las 23.15 horas, la misma hora a la que se le daba por controlado, según la información del Sistema de Informacion de Incendios Forestales y tras permanecer varias horas en nivel 2 por la afección de humo en las cercanías de la localidad de Nambroca, a escasos kilómetros de la capital.

Allí el Ayuntamiento envió por la tarde un mensaje a los vecinos en el que se informaba de la evacuación preventiva de una parte de la urbanización Las Nieves. La alcaldesa de Nambroca, Bernadette García Sánchez, señalaba en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, que se ha habilitado el pabellón del municipio toledano “para aquellas personas que así se sintieran más seguras”, aunque la opción también fue la del confinamiento.

Las informaciones fueron contradictorias entre las diversas administraciones públicas, en torno a este incendio. El delegado del Gobierno de España José Pablo Sabrido explicó después, pese al aviso de evacuación por parte del ayuntamiento, que no había sido necesario evacuar a los vecinos de la urbanización, pero sí se recomendó el confinamiento.

Pasadas las ocho de la tarde, la alcaldesa comentaba que el incendio “no está controlado del todo, pero ha mermado. Lo que más preocupa es el humo”. En esta urbanización, decía, “pueden residir unas 2.500 personas”, aunque la alcaldesa ha precisado que la mayoría son viviendas de segunda residencia. “No hay situación de riesgo inminente”, señalaba el delegado del Gobierno a última hora de la tarde.

La humareda de este incendio, originado a las 13.32 horas, también se extendión a la zona de confluencia de las carreteras CM-40 y A-42, donde se procedió a la regulación del tráfico y se pidió precaución en la circulación. El humo era visible desde varios puntos de la ciudad de Toledo, así como municipios cercanos como Cobisa o Almonacid de Toledo, encontrándose este último a uno 20 kilómetros de distancia.

El presidente de Castilla-La Mancha informó a través de su perfil en la red social X de que a media tarde se habían desplegado seis helicópteros, cinco medios terrestres y 35 efectivos del Plan Infocam en la gestión de este incendio coordinado. Además, Emiliano García-Page apuntó a la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de manera preventiva. Según la alcaldesa de Nambroca, el centro operativo para el seguimiento del incendio se ha instalado en la vecina localidad de Burguillos.

Poco después llegaba la UME, hasta 40 efectivos, según el delegado del Gobierno, que 'desembarcaban' en la ciudad en autobús, acompañando a los habituales vehículos de extinción. Incluso hasta el lugar se desplazó un helicóptero de la Unidad de Medios Aéreo (UMA) de la DGT, debido a la situación en todo el perímetro de circunvalación de la ciudad.

La anécdota la ha dejado, precisamente, un vehículo de la UME durante las labores de extinción del fuego.

En los primeros momentos, la gestión operativa del incendio corrió a cargo del Gobierno de España, al declararse el fuego en terrenos militares de titularidad nacional. Con la expansión del fuego, fuera de los límites de la Academia de Infantería, el Gobierno de Castilla-La Mancha entró en el operativo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, publicó en sus redes sociales su visita a Nambroca para interesarse por la situación, aunque el ayuntamiento no ha dado información sobre el desarrollo del incendio.

Queda mucho trabajo y también mucha coordinación con la UME porque hay muchas zonas dentro del perímetro de la Academia de Infantería que son zonas de exclusión, en las que no se puede entrar con ningún tipo de personal

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

La última en comparecer ayer fue la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras una reunión del CECOPI, activado tras elevarse a nivel 2 la situación operativa. “Estamos en vías de poder controlarlo”. Ha descartado el “riesgo” tanto para la vía de comunicación que bordea la ciudad, en torno a la que se desarrolla el incendio, como para la población.

Hablaba de “relativa tranquilidad” a última hora de la tarde, comentó que se seguiría trabajando, “probablemente durante toda la noche” y que quedaba “mucho trabajo y también mucha coordinación con la UME porque hay muchas zonas dentro del perímetro de la Academia de Infantería que son zonas de exclusión, en las que no se puede entrar con ningún tipo de personal y hay que tener cierta paciencia para terminar con el incendio”.

Sin embargo, apenas unas horas después el incendio se dio por controlado y extinguido, antes de la medianoche.

Incendio en vísperas del Corpus que no ha frenado la celebración

El incendio se ha producido en la víspera de la fiesta grande de la ciudad, el Corpus Christi. Con las labores de extinción en activo, el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo paseaba esta tarde por el Casco Histórico de Toledo, engalanado para la fiesta religiosa que tendrá lugar mañana, junto al presidente del PP regional Paco Núñez y el alcalde de Toledo.

En una breve comparecencia sin preguntas ante los medios, Feijóo no hizo alusión al incendio que sigue activo escasos kilómetros. El Grupo Municipal del PSOE abandonó la conocida como 'carrera procesional', calificando el acto de Feijóo como “electoralista”, y también optaron por hacerlo dos ediles de Vox “ante el lamentable espectáculo del PP”. El 'incendio' (político) también estaba ayer en las calles más céntricas de la ciudad.

También el presidente regional, Emiliano García-Page, llevaba a cabo el tradicional 'paseo' por las calles más céntricas de la ciudad, junto al periodista Carlos Herrera.

Mientras, el incendio no ha sido todavía controlado y desde el toledano barrio de Santa Bárbara, a los pies de la zona que ocupa la Academia de Infantería, todavía se apreciaban las llamas del incendio poco antes del anochecer.

Una temporada de incendios “más larga y más destructiva”. La Comisión Europea ha anunciado este martes que el riesgo de incendios forestales está en aumento en toda Europa por lo que va a ayudar a financiar y coordinar “el despliegue de un número récord de bomberos, aeronaves y expertos en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil”.

Más de un millón de hectáreas ardieron en 2025 en la Unión Europea. Un 43 % de esa cifra se quemó en los grandes incendios ocurridos en España y Portugal durante el verano, mientras que Grecia y Chipre fueron también dos países que perdieron una gran cantidad de masa forestal por los incendios, según un informe del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Bruselas va a ayudar a desplazar 777 bomberos de 14 países europeos que serán distribuidos en zonas de alto riesgo de Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. Ante la amenaza de una temporada veraniega donde los incendios se van a multiplicar, se ha puesto en marcha el nivel más alto de participación desde el lanzamiento de este programa en 2022.

En España, del contigente total se repartiran 185 bomberos europeos en las zonas de Galicia, Cataluña y Castilla La Mancha durante los meses de julio y agosto.

Junto a los casi 800 bomberos también van a participar en este operativos 22 aviones de extinción de incendios y cinco helicópteros de la flota de la UE, que estará listos para apoyar a los países que tenga mayor presión por culpa de los incendios.

Flota de verano 2026 de Protección Civil de la UE

Croacia: dos aviones anfibios medianos.

Chipre: dos aviones ligeros (además de cuatro aviones ligeros financiados por otros instrumentos de la UE).

Chequia: dos helicópteros.

Francia: cuatro aviones anfibios medianos y un helicóptero.

Grecia: cuatro aviones anfibios medianos.

Italia: dos aviones anfibios medianos.

Macedonia del Norte: dos aviones ligeros.

Portugal: dos aviones ligeros.

Rumanía: un helicóptero.

Eslovaquia: un helicóptero.

España: dos aviones anfibios medianos.

Suecia: dos aviones ligeros.

Además de estos medios, Bruselas ha ha establecido una reserva estratégica de capacidades de emergencia diseñada para proporcionar apoyo adicional durante crisis de gran escala bajo el nombre rescEU. Este grupo incluye aviones y helicópteros de extinción de incendios, capacidades de evacuación médica, hospitales de campaña y reservas estratégicas de suministros esenciales. Los activos de rescEU están financiados por la UE y pueden desplegarse cuando las capacidades nacionales y del grupo europeo no son suficientes.

La UE también pondrá en marcha este año una nueva estación regional de lucha contra incendios en Chipre para reforzar las capacidades de preparación y respuesta ante incendios forestales en Europa y la región del Mediterráneo sur. Esta estación permitirá el preposicionamiento de seis aeronaves y también albergará formaciones y ejercicios para profesionales de protección civil con el objetivo de apoyar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre los países de la UE.

El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo autonómico de lucha contra incendios forestales, a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo y en un contexto marcado por la abundancia de combustible vegetal y las elevadas temperaturas.

El sindicato ha denunciado este martes en una rueda de prensa la falta de planificación, la ausencia de calendarios de guardias para parte del personal, el incumplimiento de normativa laboral y la insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que prevé especialmente complicada.

El coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, ha advertido de que la Comunidad afronta el verano con “mucho peligro” debido a la acumulación de vegetación en los montes y a temperaturas que ya superan los 30 grados, mientras que los recursos disponibles “no son ni mucho menos los prometidos, ni los que todos esperábamos ni los necesarios”.

A su juicio, el operativo se sostiene sobre “pies de barro” debido a problemas estructurales que arrastra desde hace años y a la falta de desarrollo normativo de aspectos esenciales como el decreto de guardias.

Según ha explicado, el 15 de mayo debería haber estado aprobado el calendario de guardias del personal, pero ha asegurado que muchos trabajadores siguen sin conocer cuándo deberán prestar servicio.

“Malestar general”

“Hay un malestar general en todos los colectivos”, ha afirmado Hernández, quien ha acusado a la Consejería de Medio Ambiente de no haber atendido durante años las reivindicaciones de agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

Ante esta situación, CCOO ha convocado asambleas informativas y concentraciones ante las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias.

Las protestas se celebrarán el 10 de junio, salvo en Valladolid, donde tendrán lugar el día 11, víspera del inicio de la campaña de alto riesgo.

Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, ha asegurado que el operativo atraviesa una situación de “caos absoluto” y ha sostenido que la organización de los recursos es “mucho peor que la del año pasado”.

El sindicalista ha afirmado que algunas provincias cuentan actualmente con una disponibilidad de medios cercana al 30 % y ha acusado a la Consejería de carecer de capacidad de reacción pese a que las condiciones meteorológicas ya anticipaban un escenario de riesgo elevado.

“La situación es muy parecida a la que pasó en Zamora en 2022”, ha advertido sobre el año en el que se produjo el peor incendio de la historia de la Comunidad.

CCOO también ha denunciado la falta de adaptación del operativo a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de personal y la existencia de diferencias entre las condiciones laborales de los trabajadores públicos y los pertenecientes a empresas privadas contratadas por la Administración.

Entre las críticas figura además la ausencia de calendarios de trabajo, la acumulación de jornadas que, según el sindicato, pueden alcanzar las 17, 20 o incluso 22 horas y la incorporación de personal con formación insuficiente para participar en tareas de extinción.

El sindicato ha recordado asimismo que mantiene una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no ha descartado nuevas medidas de presión durante las próximas semanas.

Finalmente, Hernández ha asegurado que no le gustaría estar “en el pellejo” del futuro consejero de Medio Ambiente por la situación que heredará al inicio de la campaña de incendios, aunque ha reclamado que una de sus primeras decisiones sea el cese del actual director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.

El sindicato considera que la gestión de los últimos años ha sido un fracaso y sostiene que el nuevo Ejecutivo deberá afrontar de forma urgente la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la ampliación de plantillas y la reorganización de un operativo que considera “obsoleto”.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se encuentra reunido con los representantes de la patronal de empresas de extinción de incendios, Asemfo. La Junta de Castilla y León ha accedido a escuchar las peticiones de la asociación tras el anuncio la semana de pasada de que dejarían de prestar servicio sus 950 trabajadores al no atender sus peticiones.

Las compañías tomaron la decisión de no mandar a sus trabajadores a los incendios a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, por la “inseguridad jurídica” en las que se encuentran tras tener que lidiar con sanciones continuas de Inspección de Trabajo por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

Según apuntaban, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales. Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

Asemfo lleva pidiendo una solución desde marzo de 2025

La patronal afirmó que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta es “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, también criticaban que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según explicaron, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León señaló que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, a quien señaló como responsable.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, afirmó el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo la semana pasada. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

La Junta también recordó a las empresas que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo no se pronunció sobre posibles expedientes o sanciones.

El PSOE de Castilla y León calificó de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”,como expresó el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez. El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activará la campaña contra incendios forestales 2026 a partir del 1 junio, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), y contará con 2.600 efectivos.

Así se adelantó este mes de mayo tras la primera reunión de coordinación de la campaña y a la que acudió el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román.

También participaron representantes de los cabildos insulares, de las áreas de Protección Civil y de Gestión, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado la Consejería regional de Política Territorial en nota de prensa.

En la reunión se informó de las actualizaciones realizadas en los protocolos establecidos en el INFOCA en caso de producirse un incendio forestal, así como de los medios y recursos con los que contarán las islas para esta campaña y que superan los 2.600 efectivos, unos 100 más que en 2025.

Asimismo habrá 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos. Además la principal novedad para esta campaña es la incorporación de un tercer helicóptero EIRIF, que estará compartiendo base con el del GES en El Hierro.

También este año se incorporan tres autobombas forestales ligeras, con capacidad de 2.300 litros, de la mano de los EIRIF, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a lo que se sumarán 23 drones, seis pertenecientes al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y 17 a los EIRIF, para reforzar la vigilancia y la prevención.

Los drones, explican, tienen cámara térmica, utilizadas principalmente en incendios forestales para la localización de puntos calientes durante la noche y en apoyo al personal de tierra para facilitar la localización y remate de dichos puntos.

En la reunión también se acordó la necesidad de seguir impulsando ejercicios del uso de las comunicaciones entre los recursos de las distintas administraciones, así como de simulacros que permitan chequear la coordinación de todas las administraciones implicadas. El año pasado solo se activó el INFOCA de forma preventiva.

El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El PSOE ha alertado este viernes del “colapso” del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León al contar con cerca de mil efectivos menos procedentes de las empresas privadas que no se han sumado a las labores de extinción.

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han mostrado, en un comunicado, su preocupación por el hecho de que 950 bomberos forestales de empresas privadas forestales no se hayan incorporado, entre ellos entre 100 y 120 en Zamora, que es una de las provincias que ha sufrido “consecuencias devastadoras” por los fuegos de las últimas campañas.

El PSOE ha calificado de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”, ha declarado el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez.

Se ha preguntado además qué tiene que pasar para dejar de vivir la misma situación “año tras año” y ha recordado que en los incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora fallecieron cuatro personas en 2022 y en los del pasado año se perdieron otras tres vidas en la Comunidad.

Ha agregado que aunque estos días se sufre en la Comunidad una ola de calor que dispara el riesgo de incendios, el operativo no está preparado y la Junta de Castilla y León sigue “en pausa” pese a la amenaza que eso supone para los pueblos.

Los procuradores socialistas por Zamora han considerado “especialmente grave” que, después de las tragedias vividas en los últimos años, “no se hayan producido cambios profundos en la gestión política” del operativo.

Han exigido al Gobierno autonómico que actúe “con urgencia” para garantizar “la estabilidad del operativo” y deje de afrontar cada campaña de incendios “desde la improvisación”.

Martínez exige explicaciones a Quiñones por la gestión de la campaña de incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este viernes la gestión de la Junta en materia de incendios forestales a las puertas de una nueva campaña de verano y ha exigido explicaciones por ello al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Martínez ha acusado, en declaraciones a los medios, al consejero de “presumir” de gestión mientras comienzan a aparecer dificultades derivadas, según ha señalado, de la privatización de determinados servicios vinculados a la prevención y extinción de incendios.

El dirigente socialista ha advertido de que algunos trabajadores no podrán incorporarse a sus puestos por problemas burocráticos que, a su juicio, la Administración autonómica “ha tenido tiempo suficiente para resolver”.

“Alguien tendrá que rendir cuentas. No pueden tener en vilo a una comunidad autónoma”, ha afirmado Martínez, quien ha mostrado su preocupación por la situación del operativo forestal ante el inicio de los meses de mayor riesgo de incendios.

El líder autonómico del PSOE ha insistido en la necesidad de garantizar una planificación adecuada y estabilidad para los profesionales encargados de la lucha contra el fuego, especialmente en una comunidad como Castilla y León, marcada en los últimos años por graves incendios forestales.

UGT critica este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, ha criticado este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta de Castilla y León en materia de incendios forestales pese a que se están dando “todos los condicionantes” para que se repita la situación del año pasado, ha recordado que “el fuego no se detiene porque no haya gobierno” y ha pedido medidas “urgentes”.

La autonomía, ha asegurado, está “a merced de la suerte o de un milagro” porque “quien tiene que vigilar la seguridad de los ciudadanos y de la masa forestal de Castilla y León es un gobierno que no está, porque sigue en funciones” y que, cuando estaba, “no hizo nada” ni para limpiar los montes, ni para formar a los agentes forestales ni para ampliar las plantillas.

“No sabemos quién va a ser el consejero de Medio Ambiente, por lo que no tenemos ni siquiera un interlocutor a quien trasladarle las reivindicaciones, ni de quien obtener información sobre cuáles son los planes para este verano”, ha insistido Pérez este viernes en una rueda de prensa en León.

El gobierno de Castilla y León ha mostrado durante todo el año, a juicio del sindicato, una “apatía” y un “desinterés” que contrasta con las condiciones meteorológicas que se han dado: una primavera muy lluviosa y mucho calor para esta época.

“Han pasado doce meses y no se ha desbrozado ni limpiado, es el combustible perfecto” para que se reproduzcan las condiciones del año pasado, cuando ardieron 220.000 hectáreas en Castilla y León, 150.000 de ellas en la provincia leonesa, ha dicho.

Ha insistido en que las condiciones climáticas “no dependen de nosotros, pero todo lo demás sí” y ha alertado de que los expertos ya han indicado que los incendios ya no son como en el pasado, sino que se han convertido en fuegos de sexta o séptima generación. “Hay que evitarlos, porque extinguirlos es muy difícil”.

El Gobierno autonómico comprometió que en un periodo de cuatro años gran parte del operativo privado pasaría a ser público, pero no ha sido así, ha denunciado Pérez.

A esta situación se suma que “los más de mil trabajadores que dependen de empresas privadas es posible que no acudan a apagar incendios, porque las empresas ya han dicho que no pueden asumir los costes para cumplir con la prevención de riesgo, por lo que harán un cierre patronal”, ha asegurado.

En cuanto a los medios materiales, ha criticado que dos torres de vigilancia de las dieciocho existentes están cerradas por deficiencias y que, de una flota de dieciséis camiones autobomba, el fin de semana pasado sólo estaban trabajando tres.

En relación con los helicópteros, ha asegurado que “ha quedado desierta” la licitación relativa a los dos de refuerzo que se iban a incluir en el operativo. 

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su “gran labor y profesionalidad”.

Intencionalidad

En la zona permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El Gobierno andaluz ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en la extinción de fuegos a partir de este jueves. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea de la patronal ASEMFO celebrada el pasado 22 de mayo, afecta a cerca de 950 bomberos forestales y se justifica por lo que la patronal considera una situación de “absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”. Las compañías toman esta decisión a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, e inmerso el operativo en el proceso de reversión al sector público de forma parcial.

En el comunicado, han señalado que “la negligencia” de las administraciones públicas “pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte”.

La decisión, que la organización califica de “límite e insostenible”, deriva de más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Según ha apuntado, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales.

ASEMFO ha asegurado asegura que las empresas han quedado “atrapadas entre dos criterios incompatibles” que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales.

Inseguridad jurídica

Esta contradicción, como han señalado las empresas, ha derivado en una inseguridad jurídica “absoluta”, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

La patronal ha afirmado que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta ha sido “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Para ASEMFO la falta de medidas ha desembocado en un escenario “límite e insostenible” que impide seguir prestando el servicio con garantías legales.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

ASEMFO insiste en que la decisión de retirarse del operativo no pretende ejercer presión sobre la Administración. “La retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica”, señala la organización, que reclama una respuesta “urgente, concreta y verificable” por parte de las administraciones implicadas.

La sustitución por Tragsa no mejora el Operativo

Asimismo, ASEMFO ha afirmado que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según han explicado, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

La patronal también critica el proceso de sustitución de empresas privadas por Tragsa en algunas bases del operativo. Según ASEMFO, el cambio está generando perjuicios laborales para parte de los trabajadores al no reconocerse, a su juicio, derechos previstos en la legislación estatal de bomberos forestales, como la subrogación o el mantenimiento de determinadas condiciones laborales.

Pese a ello, la organización ha asegurado que no cuestiona que la gestión pueda ser pública o privada y defiende que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios. Lo que ha reclamado, añade, es un marco legal y operativo que permita desarrollar el trabajo sin la incertidumbre actual.

Para la patronal, la prioridad debe ser “un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada”.

“Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. La asociación exige una respuesta urgente, concreta y verificable”, han concluido.

La Junta atribuye el problema con las empresas de incendios a un Decreto del Gobierno central

La Junta de Castilla y León ha asegurado que trabajará para encontrar una solución que permita mantener el servicio. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, que endurece las exigencias en materia de seguridad y salud laboral para las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, ha afirmado Carriedo tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha defendido que la nueva normativa incorpora “nuevos requisitos y nuevos costes” que preocupan a las adjudicatarias del operativo y ha asegurado que la Junta está dispuesta a colaborar para facilitar su adaptación. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

Lo que no ha concretado el portavoz en funciones es qué va a pasar si hay un incendio que necesite de los 950 empleados de las empresadas privada. La Junta ha recordado en que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo ha eludido pronunciarse sobre posibles expedientes o sanciones y ha agregado que el objetivo del Gobierno autonómico es “buscar una solución” y mantener la colaboración con las empresas mientras duren las adjudicaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia un operativo íntegramente público conforme vayan venciendo los contratos actuales. “La idea es que en tres años el operativo sea completamente público”, ha apostillado.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

Los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han denunciado la precariedad de medios con la que, por momentos, se ha combatido el fuego declarado el domingo –y todavía activo– en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje Rincón del Membrillo ubicado en término de Almonte (Huelva). Por ello, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones.

En paralelo, sigue la lucha contra un incendio activo pese a que se dio por estabilizado en la noche del martes. Un centenar de bomberos forestales se mantienen sobre el terreno, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado a lo largo del miércoles pese a que inicialmente se descartó la incorporación de nuevos medios aéreos. Y mientras el propio Antonio Sanz insiste en que hay “islas muy importantes sin quemar” en la zona afectada, la Estación Biológica de Doñana-CSIC (el organismo responsable de la supervisión científica del parque) ha reiterado el “alto valor ecológico” del paraje, aunque su director, Eloy Revilla, se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”.

El Gobierno andaluz, ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Comparecencia en el Parlamento

En el plano político, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no sólo ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Sanz, sino que ha reclamado al propio presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, que dé “explicaciones inmediatas” porque es “evidente que algo están escondiendo”. Ha denunciado un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la comparecencia Sanz en la Diputación Permanente porque “queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo y cuál es el impacto ecológico y medioambiental”, ya que se han producido situaciones que son una auténtica barbaridad“ fruto de la ”falta“ de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes ”sin cubrir“ así como ”cientos de interinidades sin cubrir“.

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, ha explicado García.

“Negligencia” y “falta de medios”

En la misma línea de falta de medios ha incidido el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para quien lo ocurrido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. “Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca”, ha lamentado.

Además de pedir también la comparecencia parlamentaria de Antonio Sanz, Maíllo ha puesto el acento en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). “No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPI adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones”, ha insistido.

La Junta de Andalucía, en cambio, incide en que ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. El consejero Antonio Sanz ha insistido hoy en que hay “islas muy importantes” que no se han quemado y con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha vuelto a apuntar a las “muchas sospechas” que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona “se produjeron varios incendios” en el mismo día“, un hecho que ”ni es lógico ni es habitual“. Igualmente, ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo ”hacía dos días que no pasaba“ ningún romero. ”El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades“.

“Mucha capacidad de recuperación”

Desde la la Estación Biológica de Doñana, su director, Eloy Revilla, ha incidido en el “alto valor ecológico” de la zona afectada por el incendio, aunque se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que “tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio”, pero ha insistido en que es “pronto”, ya que “primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto”.

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, “en una zona de alto valor ambiental” y en unos días “de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas”. A esto se ha unido que ha hecho “mucho viento también del este y del sureste”, lo cual ha dificultado “mucho”, junto con “las condiciones topográficas del sitio”, el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Además, ha detallado que la zona afectada es “compleja orográficamente”, ya que “aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también”.

Jesús Gómez, bombero forestal de la Generalitat, ha pintado este martes ante la jueza de la dana un cuadro dramático de su departamento el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. El testigo aguardaba aquel día que lo activaran: “Ese día nos faltaban 250 personas operativas. Se juntó el caos organizativo con la situación”, ha dicho.

El bombero forestal ha explicado que “normalmente” trabajan 106 personas al día y un operativo de refuerzo supone un incremento de unas 20 o 25 personas, hasta llegar a un total de 130.

“Así tienes 130, hasta 805 nos tendrían que haber obligado al resto a ir a trabajar desde el minuto cero y eso no pasó, estábamos a la expectativa si nos llamaban o no. Fue un caos. No había cadena de mando para mandar y hacer lo que se tenía que hacer”, ha afirmado Gómez.

El día de la dana, según ha sintetizado el bombero forestal, a la falta de personal operativo se sumó el “caso” y la ausencia de mando.

La abogada de una de las acusaciones le ha preguntado al testigo quién tendría que haber activado los refuerzos operativos. “El mando de la emergencia”, ha contestado Gómez, en referencia a la Generalitat Valenciana.

Las dos unidades de bomberos forestales desplegadas para vigilar los caudales de los barrancos el día de la dana fueron retiradas a sus respectivas bases, en una decisión que investiga la jueza instructora. Un técnico declaró que la decisión dejó “a ciegas” al Centro de Emergencias.

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Almería y Huércal de Almería suma ya siete medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado desplazado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan contener el avance de las llamas que afectan a una vasta área de matorral impulsado por el viento y las altas temperaturas de la jornada.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado desde donde se coordinan las labores de extinción ante un incendio cuyo origen se ubicó inicialmente en Alhama de Almería pero que Martín ha concretado en el paraje El Pocico situado en la zona minera de La Vagoneta, en Almería.

Martín ha detallado que las llamas no han alcanzado el término municipal de Enix aunque ha confirmado que durante la jornada de este jueves hubo un segundo foco de incendio, que quedó en conato, en el término municipal de Benahadux a raíz de que prendieran unos generadores, de modo que el Ayuntamiento llegó a activar su plan de emergencias al situarse en un espacio cercano a la población.

Las altas temperaturas obligaron durante la jornada de este jueves a que dos bomberos tuvieran que ser “despejados” temporalmente, aunque luego volvieron a operar para frenar este fuego que se produce fuera del periodo de alto riesgo de incendios forestales, que arranca oficialmente el próximo 1 de junio.

Fase de preemergencia

Así, se mantiene la fase de preemergencia activada en la región, donde en las últimas horas se han dado fuegos también en Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén, sin que por el momento se plantee subir a situación operativa 1, ya que no se observa peligro para los ciudadanos.

La delegada ha valorado la incorporación de nuevos medios, algunos de ellos procedentes de Granada, junto con cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción de incendios, una unidad médica y camiones autobomba, entre otros medios a los que se unirán dos nuevas brigadas con un técnico de operaciones.

El objetivo, según ha comentado, es que el incendio no se propague hacia zonas de difícil acceso y que las llamas corran “a lo largo de toda la Sierra de Gádor”. “En principio parece que los trabajos están funcionando bien. Nosotros, como siempre, confiamos en los medios aéreos”, ha explicado Martín.

Se desconocen las causas

La representante de la Junta se ha mostrado “prudente” a la hora de determinar las causas del incendio, del que aún no se han ofrecido estimaciones oficiales de terreno afectado, puesto que el origen aún está en fase de investigación por parte de la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local del área metropolitana, además de por los propios medios del Infoca.

En cualquier caso, ha incidido en las dificultades que entraña su extinción dada la masa forestal de matorral y monte bajo existente, que supone “mucho combustible” en la zona. “Vamos a hablar seguramente de un gran número de hectáreas, pero estamos hablando de una vegetación que se regenera muy rápidamente”, ha añadido.

La campaña andaluza ha incorporado en su recta final un nuevo frente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el conflicto enquistado desde hace años con los bomberos forestales y el personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA). Apenas cuatro días antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, el sindicato CGT -mayoritario porque representa a aproximadamente el 40% de los profesionales dentro del operativo INFOCA- mantiene convocada una concentración este miércoles frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz, pese al preacuerdo anunciado el lunes entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

No en vano, la protesta llega en un momento especialmente delicado. No solo porque haya que pasar por las urnas en apenas unos días, sino porque Andalucía también se encuentra a semanas del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios y tras un invierno especialmente lluvioso que, según advierten los propios profesionales, ha dejado una gran acumulación de combustible vegetal en el monte. “Lo que cayó en febrero ya está seco”, explica Antonio Castellanos, bombero forestal y portavoz de CGT.

Por eso, dado el contexto, la Junta se afana por presentar el nuevo pacto como “un avance histórico” para los más de 4.000 trabajadores del dispositivo. El preacuerdo firmado contempla la creación de un “Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional” que el Gobierno andaluz vende como una solución jurídica para compensar la antigüedad del personal del INFOCA y EMA. Pero no es el complemento de antigüedad que históricamente reclaman en el cuerpo por ser, además, casi los únicos empleados públicos que no lo perciben en toda Andalucía.

Para contrarrestar esta circunstancia, el Ejecutivo de Moreno sostiene que las restricciones de la Ley General Presupuestaria impiden implantar directamente los trienios, por lo que ha diseñado una fórmula alternativa que comenzaría a aplicarse progresivamente desde enero de 2026. “El Gobierno andaluz culmina así un avance histórico tras años de trabajo”, defienden desde la Junta, que vincula además este acuerdo a otra de las reivindicaciones históricas del operativo: la ampliación a 12 meses de trabajo durante todo el año y no sólo en campaña de incendios.

“Presión sindical”, defienden los firmantes

Sin embargo, el anuncio no ha servido para desactivar el conflicto. Más bien al contrario. CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de INFOCA (SIBFI) y la Asociación Movimiento INFOCA, rechazan frontalmente el acuerdo y denuncia que se ha negociado “a puerta cerrada” con organizaciones sindicales minoritarias dentro del operativo. El sindicato sostiene que el documento estaba cerrado desde el pasado 15 de abril y que se les remitió apenas 48 horas antes para estudiarlo. “Nos dejan sin posibilidad de analizarlo con nuestros servicios jurídicos”, denuncian.

La crítica principal de CGT se basa precisamente en qué manera se aborda la antigüedad de la plantilla. El sindicato sostiene que la Junta no la reconoce realmente, sino que sustituye ese derecho por un complemento variable vinculado al desempeño profesional. “Ganamos un complemento variable a cambio de renunciar a uno seguro y fijo: la antigüedad”, critican. Además, alertan de que el nuevo sistema podría absorber las cantidades que algunos trabajadores ya tienen consolidadas por antigüedad y retrasar los incrementos salariales, al computarse cada seis años en lugar de cada tres. “Siguen riéndose de nosotros y tratándonos como trabajadores públicos de segunda”, sostienen desde la organización sindical.

Fuentes sindicales firmantes del preacuerdo alcanzado con la Junta apuntan que las reivindicaciones se iniciaron hace años en unidad sindical con CSIF, UGT, CCOO, CGT y UITA pero que los dos últimos se cayeron. “Están en su derecho de tomar la postura que consideren, pero lo cierto es que son CSIF, UGT y CCOO los tres sindicatos que han sacado adelante este acuerdo, que consideramos muy positivo para el personal del INFOCA”. “Los bomberos forestales llevan años luchando para que se reconozca el valor de su trabajo, su experiencia, su especialización y otras cuantas cuestiones, y este acuerdo por fin lo hace tras la presión sindical que hemos ejercido durante todo este tiempo tanto en la calle como en las mesas de negociación”, añaden.

El conflicto alrededor de los trienios lleva años enquistado dentro de la agencia pública. Los bomberos forestales denuncian que siguen siendo de los pocos trabajadores públicos andaluces que no perciben complemento de antigüedad pese a desempeñar un servicio esencial. Castellanos asegura que el nuevo acuerdo “bloquea cualquier margen de negociación hasta 2030” y acusa tanto a la Junta como a los sindicatos firmantes de haber escenificado una “negociación fake” para desactivar el malestar interno antes de las elecciones.

Más problemas laborales

Pero las reivindicaciones del operativo van mucho más allá de los salarios. Los sindicatos movilizados denuncian también que pese a que desde la Consejería de Presidencia se prometió que toda la plantilla estaría estabilizada durante los 12 meses del año y no solo durante las campañas de alto riesgo de incendios, hay técnicos y bomberos que aún no tienen contratos anuales. Un problema que merma los dispositivos de prevención que han de operar continuamente.

Pero también señalan problemas de movilidad y conciliación familiar, retrasos en procesos internos, falta de transparencia en concursos y bolsas de empleo, además de carencias materiales que, aseguran, afectan directamente a la seguridad del servicio. Entre ellas, señalan la existencia de vehículos “inadecuados” para la extinción de incendios forestales o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes y adecuados. Según denuncian, algunos trabajadores deben declararse “inoperativos” para poder recibir nuevo material, quedando temporalmente fuera de servicio.

La situación, sostienen, se ha agravado tras la separación entre EMA y AMAyA. Castellanos describe una agencia “desbordada” administrativamente y cuestiona incluso si el problema responde ya a “voluntad política o incapacidad operativa”. “Somos esenciales para la propaganda política”, critica el portavoz sindical. “Cuando hay un problema se hacen fotos en el puesto de mando, pero luego no diseñan lo que tiene sentido para la operación de emergencia”.

El momento escogido para la movilización tampoco es casual. La concentración tendrá lugar frente al Palacio de San Telmo en plena campaña electoral y justo antes del arranque oficial del periodo de alto riesgo. “Después es más complicado mover a la gente”, admite Castellanos.

Mientras tanto, el resto de sindicatos firmantes del acuerdo guarda silencio ante la convocatoria de protesta. La Junta, por su parte, intenta proyectar imagen de conflicto encauzado y de diálogo social cerrado. Pero la negativa del sindicato mayoritario a respaldar el pacto mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno andaluz en uno de los servicios públicos más simbólicos de la comunidad autónoma.

En cualquier causa judicial, suele haber un testigo que llama la atención. El jefe de los bomberos forestales de Alzira es uno de ellos. “Como ciudadano español puedo opinar y pensar una cosa u otra”, ha afirmado este viernes el testigo Alberto Pardo ante la jueza de la dana. Se trata del bombero forestal que acompañó a la entonces consellera Salomé Pradas a Carlet al mediodía del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Pardo declara por segunda vez tras su testifical inicial del 31 de marzo, en la que reconoció que Pradas le había avisado previamente de que le iban a llamar a declarar.

Alberto Pardo ha empezado la declaración con mal pie, al afirmar que consideraba que su nueva testifical era un “salseo”. La jueza, según fuentes conocedoras de la deposición, le ha espetado: “Lo del salseo sobra”.

El testigo ha asegurado que, en la visita a Carlet, Salomé Pradas “hizo lo que tenía que hacer”. Y ha explicado que los audios que aportó al procedimiento, en los que afirma sin aportar demasiados detalles que a Pradas no le dejaron hacer porque le cortaron “las alas” (en referencia a unos indeterminados “jefes”), son una mera opinión o interpretación suya. “Como ciudadano soy libre de pensar que le cortaron las alas”, ha reiterado.

Pardo también sostiene que a los bomberos forestales “también” les cortaron las alas, porque les “mandaron a casa” a las 18.30 del día de autos.

“Ella tiene por encima a más gente”

“Ella tiene por encima a más gente, estará el president. Por los programas que he visto luego creo que soy libre de pensar lo que quiera. Los audios son del 29 de febrero, año y medio después”, ha detallado.

El testigo ha abundado en que desde su primera declaración habló con la exconsellera, principal investigada en la causa, “porque se han dicho cosas en la prensa que no son ciertas”.

El audio “se lo podría haber mandado a mi madre, a mi primo, a mis amigos”, según ha apostillado. “Creo que soy libre de hablar con quien quiera”, ha manifestado el bombero.

Más allá de eso, el testigo no ha aportado nada al procedimiento. No escuchó ningún dato relevante de las conversaciones telefónicas que mantuvo Pradas durante la visita a Carlet.

“Ella no paraba de hablar, pero no sé con quién ni me lo dijo”, ha declarado.

Por su parte, fuentes de la defensa de la exconsellera, aseguran que Pardo refuerza la tesis de Pradas, que estuvo “al pie del cañón, preocupada y haciendo todo lo posible para atender la emergencia”.

La Generalitat Valenciana ha reconocido ante la jueza de la dana que retiró la práctica totalidad de sus efectivos de los bomberos forestales en plena catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así consta en un informe oficial incorporado a la causa, adelantado por El País y al que también ha tenido acceso este diario. El documento de la empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE), firmado por el director técnico operativo, el ingeniero Manuel Villanueva, explica que el servicio de bomberos forestales es de “naturaleza autonómica”. Su “dirección y encuadre operativo”, agrega, corresponde a la Generalitat Valenciana.

La jornada de la dana, la SGISE contaba con 25 unidades terrestres operativas y dos unidades helitransportadas. Sin embargo, solo dos de esas unidades prolongaron sus servicios hasta la madrugada del día siguiente. Las unidades de Requena, que se retiró a la base a las 5.00, y de Chelva, refugiada a las 2.00 en el parque de bomberos de Requena al no poder regresar a su base “por tener los accesos cortados”, fueron las únicas que prolongaron sus servicios, tras haber efectuado ambas rescates en Utiel.

El resto de unidades, situadas en otros puntos de la provincia de Valencia más o menos alejados de la zona de la catástrofe de la dana, se retiraron entre las 19.15 y las 19.30. Todas ellas (Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova Sinarcas y Los Isidros) “sin intervención” alguna ante la emergencia. La unidad de Villagordo realizó un servicio de salvamento y rescate en Utiel (fue movilizada a las 16.35 y se retiró a las 19.15).

Un “sistema” diseñado para asegurar la “coordinación operativa”

El personal de los bomberos forestales está dotado, según indica el informe, con un “equipo de meteorología adversa” (considerado como equipo de protección individual). También cuenta con varios equipos para el vadeo distribuidos por zonas operativas, así como de un remolque especial por cada provincia para el trabajo en inundaciones, dotado con electrobombas y generadores eléctricos.

La movilización operativa de los efectivos se realiza mediante protocolos y canales establecidos con los consorcios provinciales de bomberos. El “sistema” está diseñado para asegurar la “coordinación operativa con el resto de los recursos movilizados (bomberos de los consorcios provinciales, medios aéreos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios y otros organismos intervinientes)”, detalla el informe.

“Este modelo de movilización busca una gestión integrada y coordinada de las emergencias, especialmente relevante en incidentes de carácter complejo o multirriesgo, garantizando la coherencia del mando y de las comunicaciones”, apostilla.

“Situaciones de grave riesgo colectivo”

La SGISE también asegura que los forestales, según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, participa en el “seguimiento de caudales, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables”. A pesar de ello, los efectivos no fueron movilizados en la dana para esta tarea clave (se trata de una de las líneas de investigación de la jueza de Catarroja que instruye la causa).

Además, están integrados en el Plan Territorial Autonómico de Emergencias, interviniendo en “emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos tales como inundaciones, temporales de viento, episodios de nieve, servicios de salvamento y rescate, y otras situaciones de grave riesgo colectivo”. Y actúan “bajo la dirección operativa del plan correspondiente, en coordinación con los consorcios provinciales de bomberos y el resto de los organismos implicados”.

La Generalitat Valenciana ha reconegut davant la jutgessa de la dana que va retirar gairebé tots els seus efectius dels bombers forestals en plena catàstrofe de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. Així consta en un informe oficial incorporat a la causa, avançat per El País i a què també ha tingut accés aquest diari. El document de l’empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (Sgise), signat pel director tècnic operatiu, l’enginyer Manuel Villanueva, explica que el servei de bombers forestals és de “naturalesa autonòmica”. La “direcció i l’enquadrament operatiu”, afig, correspon a la Generalitat Valenciana. 

La jornada de la dana, la Sgise tenia 25 unitats terrestres operatives i dues unitats helitransportades. No obstant això, només dues d’aquestes unitats van prolongar els serveis fins a la matinada de l’endemà. Les unitats de Requena, que es va retirar a la base a les 5.00, i de Xelva, refugiada a les 2.00 al parc de bombers de Requena per no poder tornar a la seua base “per tindre els accessos tallats”, van ser les úniques que van prolongar els serveis, després d’haver efectuat ambdós rescats a Utiel.

La resta de les unitats, situades en altres punts de la província de València més o menys allunyats de la zona de la catàstrofe de la dana, es van retirar entre les 19.15 i les 19.30. Totes (Ontinyent, Xàtiva, la Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Iàtova, Sinarques i Los Isidros) “sense cap” intervenció davant l’emergència. La unitat de Villargordo va fer un servei de salvament i rescat a Utiel (va ser mobilitzada a les 16.35 i es va retirar a les 19.15). 

Un “sistema” dissenyat per a assegurar la “coordinació operativa”

El personal dels bombers forestals està dotat, segons indica l’informe, amb un “equip de meteorologia adversa” (considerat equip de protecció individual). També té diversos equips per a passar a gual distribuïts per zones operatives, així com un remolc especial per cada província per al treball en inundacions, dotat amb electrobombes i generadors elèctrics.

La mobilització operativa dels efectius es du a terme mitjançant protocols i canals establits amb els consorcis provincials de bombers. El “sistema” està dissenyat per a assegurar la “coordinació operativa amb la resta dels recursos mobilitzats (bombers dels consorcis provincials, mitjans aeris, forces i cossos de seguretat, serveis sanitaris i altres organismes intervinents)”, detalla l’informe.

“Aquest model de mobilització busca una gestió integrada i coordinada de les emergències, especialment rellevant en incidents de caràcter complex o multirisc, garantint la coherència del comandament i de les comunicacions”, postil·la.

“Situacions de greu risc col·lectiu”

La Sgise també assegura que els forestals, segons el Pla Especial d’Inundacions de la Generalitat, participa en el “seguiment de cabals, barrancs, sistemes de regulació i zones inundables”. Malgrat això, els efectius no van ser mobilitzats en la dana per a aquesta tasca clau (es tracta d’una de les línies d’investigació de la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa). 

A més, estan integrats en el Pla Territorial Autonòmic d’Emergències, intervenint en “emergències derivades de fenòmens meteorològics adversos com ara inundacions, temporals de vent, episodis de neu, serveis de salvament i rescat, i altres situacions de greu risc col·lectiu”. I actuen “sota la direcció operativa del pla corresponent, en coordinació amb els consorcis provincials de bombers i la resta dels organismes implicats”.

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la empresa pública de gestión ambiental de la comunidad autónoma, Geacam, por “torpedear la negociación del nuevo convenio de empresa de forma fraudulenta”. Una acusación frente a la que Geacam argumenta que en la mesa de negociación, en la que SIBF no participa, continúa avanzando con la mayoría social.

Según el sindicato, Geacam trató de convencer a la parte social de la negociación de asumir unas limitaciones superiores a las legalmente establecidas “todo con la intención de impedir una mejora salarial real y efectiva, así como para limitar la redefinición de aquellos grupos profesionales que pudieran verse afectados en los acuerdos que se intenten llevar a cabo”.

“Tanto desde la Junta de Castilla-La Mancha, como desde la empresa pública Geacam, no se hace otra cosa más que intentar poner obstáculos a la negociación para ir despojando poco a poco a los bomberos forestales de sus derechos, en vez de querer apostar por un servicio fuerte y estable en el dispositivo de lucha contra los incendios forestales”, han afirmado desde el sindicato.

Fuentes de Geacam consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha inciden en que este sindicato “que no es firmante del vigente convenio, se desmarcó tras la constitución de la mesa negociadora del proceso de negociación del nuevo convenio” y no está participando en la negociación, en la que se han mantenido ya seis reuniones.

“⁠El marco de negociación por tanto está vivo y abierto a los cuestionamientos que se planteen por todas las partes, en el marco de la negociación colectiva”, sostienen las mismas fuentes que inciden en que el desacuerdo del sindicato radica en “la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos, que enmarca el ámbito de la negociación en lo relativo a cuestiones económicas”.

CSIF La Rioja alerta de la falta de labores de prevención de incendios y la precaridad de medios con los que trabajan los agentes y bomberos forestales. Y además ponen en entredicho las palabras del portavoz del Gobierno reigonal, Alfonso Domínguez cuando hace una semana aseguraba que se iban a “mejorar las capacidades de prevención y lucha contra incendios” porque aseguran que “no se están realizando las labores fundamentales de prevención como desbroces o labores de limpia de pista lo que está poniendo en peligro de nuevo la masa forestal de La Rioja”.

La semana pasada, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez anunciaba la aprobación del decreto que recoge la funcionarización de bomberos forestales. Así el decreto recoge el procedimiento por el que se crea el cuerpo funcionarial de bomero forestal, trabajadores que en la actualidad pertenecen a categorías profesionales de personal laboral. “Se mejora la situación laboral de estos profesinales, pero las plantillas permanecen paradas porque no existe un plan de prevención”, puntualizan.

CSIF La Rioja celebra este la aprobación de este decreto. “Lo apoyamos en la Mesa de Negociación poruqe mejora las condiciones laborales de los bomberos forestales, pero las condiciones en las que estos profesionales y los agentes forestales desarrollan su trabajo son escandalosamente precarias”. Y añaden, “la falta de labores de prevención está poniendo en peligro el patrimonio natural de La Rioja”.

Y es que alertan de que “no hay un plan de prevención y se están dejando de hacer labores fundamentales para evitar incendios como son los desbroces o las labores de limpia de las pistas por las que se puede acceder a los montes”. Esto unido a la “escasez de plantillas y unos medios técnicos vergonzosos puede hacer que se repita la situación del año padado con los incendios”.

Así advierten de que “La Rioja volverá a afrontar un verano sin medios ni plantillas adecuadas, sobre todo en las brigadas forestales, para prevenir los incendios ya que no hay un plan de prevención de incendios forestales, ni medios adecuados y suficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones”. Un ejemplo, “los vehículos con los que trabajan estas brigadas tienen más 25 años y 250.000 kilómetros. Alguno de ellos incluso tiene agujeros en el suelo tapados con cartones. ¿Como es posible que con estas condiciones esta flota de vehículos pase la ITV sin problema cuando a cualquier particular se la denegarían?” preguntan.

Por todo ello, exigen al Gobierno de La Rioja “que deje de hacer anuncios a bombo y platillo de mejoras que debía haber realizado hace muchos años y active el Plan de Pervención de Incendios así como que mejore los medios con los que trabajan los agentes y bomberos forestales”. Y advierten, “la temporada estival aún no ha comenzado y ya se han producido algunos incendios por altas temperaturas y nadie quiere que se repita el desastre ecológico de años anteriores”.