Los bomberos de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel han salido este jueves a las calles de Zaragoza para reclamar más efectivos y medios y denunciar las carencias que, según sostienen, afectan actualmente a los servicios de prevención y extinción de incendios de Aragón.

La manifestación, convocada por CSIF, ha comenzado en la plaza de España y ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. La protesta pone el foco principalmente en la falta de personal y en las dificultades que esta situación genera para garantizar las dotaciones necesarias ante una emergencia.

Según los datos difundidos por el sindicato, las tres diputaciones cuentan actualmente con 477 bomberos, frente a los 641 establecidos como mínimo por el Decreto 158/2014. CSIF cifra así en un 30% el déficit respecto a la plantilla mínima fijada por la normativa. En Zaragoza hay 163 bomberos frente a los 282 que establece el decreto; en Huesca, 167 frente a 215, y en Teruel, 117 frente a 144. Una diferencia que se traduce en problemas para cubrir los servicios y en un aumento de las horas extraordinarias.

Según las estimaciones de CSIF, los tres servicios provinciales realizan más de 117.000 horas extraordinarias al año, con un coste de tres millones de euros anuales. Solo en la Diputación de Zaragoza, el sindicato contabiliza 218.584 horas extra entre 2021 y 2025, según sus cálculos, equivale a la jornada completa de 30 bomberos.

A esta reivindicación se suman las peticiones de renovación de medios materiales y de una mayor coordinación entre los diferentes servicios de bomberos de Aragón. CSIF también reclama reducir las horas extraordinarias estructurales y alcanzar las plantillas mínimas fijadas por el Decreto 158/2014.

Además, el sindicato asegura haber trasladado sus denuncias al Gobierno de Aragón, a las tres diputaciones y al Justicia de Aragón. Etre las propuestas planteadas por CSIF se encuentra también la creación de un Consorcio de Bomberos de Aragón.

La guerra de la Xunta contra lo que considera “absentismo laboral” –una etiqueta bajo la que engloba tanto las ausencias injustificadas como las incapacidades temporales– ha encontrado un nuevo objetivo. En este arranque de curso escolar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha puesto al profesorado bajo el foco. Meses después de verse envuelto en la polémica por acusar a este colectivo de “trabajar poco”, Rodríguez se escudó en un elevado número de bajas, “1.400”, para justificar las vacantes que permanecían sin cubrir al inicio de las clases. Una estrategia que la Xunta ya utilizó durante la oleada de incendios de agosto de 2025, la peor desde que existen registros, para justificar por qué había motobombas paradas mientras reclamaba más medios al Gobierno central. Entonces, los cuadrantes de los parques de bomberos demostraron que no era así. Hoy, los sindicatos educativos esgrimen las propias cifras oficiales para desmontar ese mismo argumento.

El domingo 20 de septiembre, después de ocho días lectivos, Rodríguez lanzaba en la Cadena SER un mensaje que, para la oposición, “criminalizaba” a los docentes. A esa hora, la aplicación de la Consellería de Educación mostraba todavía 176 vacantes sin cubrir, 142 en secundaria. De estas, sólo 58 eran bajas médicas. El resto, cerca del centenar, correspondían a motivos muy diferentes: permisos de maternidad o lactancia, excedencias por cuidado de familiares, reducciones de jornada, interinidades sin adjudicar... Causas que no son precisamente inesperadas como sí sucede con una enfermedad o un accidente laboral.

Doce días antes, la víspera del comienzo de curso, CIG-Ensino –el primer sindicato del sector en Galicia– recopilaba 1.148 vacantes en la aplicación de la Xunta, más de la mitad en secundaria. Otras 817 habían sido ya cubiertas. “Esto hay que explicarlo muy bien para desmontar ese bulo”, respondía en su entrevista radiofónica el conselleiro. “Las vacantes son cuando hay bajas. Desde el 1 de septiembre hasta el 15 hubo 1.400 [1.393, afinaría después]. Desde que entra la petición hasta que se cubren pasan dos o tres días, pero utilizar ese dato para intentar decir que no hay profesores es un poco desesperado”.

Oficialmente, el sistema público gallego alcanza este curso los 32.712 docentes, 956 más, una cifra que la CIG –con el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales (CADP) en la mano– rebajó a 396. Rodríguez aseguró que, como “media”, cada día hay 3.000 profesionales de baja. “Ese es el dato y por eso es tan necesario un plan para que aquellas personas que sí, por circunstancias obvias, tienen que estar de baja pues la tengan, y evaluar a aquellos que non están en condiciones para hacerlo”.

Las palabras del titular de Educación no sólo indignaron a la oposición. Esta vez, incluso CCOO –líder del grupo de sindicatos minoritarios que han firmado un “acuerdo de mejoras” con la Xunta– dio un tímido paso al frente al hablar de “enfoque desacertado”. En un comunicado, rechazó que se pusiese “bajo sospecha” al personal de baja y pidió a la Consellería “rigor” en los datos.

La CIG fue más allá y su secretaria nacional compareció para responder a las acusaciones de Rodríguez. “Él es quien manipula las cifras”, aseguro Laura Arroxo. “Dijo que la media diaria de bajas es de 3.000 cuando, en marzo, dio el dato de que había 2.354 docentes de baja, con un porcentaje sobre el total del 7,2%, inferior a la media gallega que está en un 7,4%”. “Da la sensación de que hay una intencionalidad de criminalizar al profesorado con estas afirmaciones”, concluyó Arroxo.

Recordó que las casi 1.150 vacantes sin cubrir en el inicio del curso “eran conocidas desde el 1 de septiembre o incluso antes” por lo que “no es cierto que se cubran dos o tres días después de su comunicación por los centros” y volviendo a las 176 que seguían sin cubrir el domingo 20, subrayó: “Lo que sí es relevante es que a estas alturas aún haya alumnado sin esos 176 docentes en las aulas”.

El precedente de los incendios de Ourense

No es la primera vez que la Xunta culpa a las bajas de la escasez de medios humanos. En agosto de 2025, Galicia sufrió la peor oleada de incendios forestales desde que existen registros, unos fuegos gigantescos que se cebaron especialmente con la provincia de Ourense. Con toda la provincia en situación de alerta 2, el presidente gallego, Alfonso Rueda –al frente del operativo con su barba de varios días y su chaleco rojo–, insistía en reclamar medios al gobierno central. Entre ellos, 30 motobombas con sus conductores.

elDiario.es pudo demostrar en medio de aquella crisis como, mientras Rueda repetía cada día sus demandas, los parques comarcales de la provincia más afectada carecían de personal para sacarle todo el provecho a sus propias motobombas. El cuadrante mensual del distrito forestal XIII, el de Valdeorras-Trives –donde se registró el mayor incendio de la historia gallega– demostraba cómo, con el personal asignado, solo cuatro de los ocho vehículos podían funcionar a pleno rendimiento.

Rueda había intentado frenar esas acusaciones matando al mensajero y, también, achacándolas a bulos: “Se están diciendo muchas cosas que no son verdad”. Los sindicatos CCOO y CIG venían denunciado desde el principio del operativo la falta de 200 trabajadores para cubrir las necesidades del servicio, 80 de ellos en la provincia de Ourense. Cuando el 15 de agosto –tres días después de declarar la situación 2 en la provincia y con 40.000 hectáreas ya arrasadas–, Medio Rural lanzó dos nuevos llamamientos para ocupar los puestos vacantes, Rueda negó que fuese debido a esa carencia estructural y aseguró que se hacía “para cubrir las bajas que se han ido produciendo” a lo largo de las labores de extinción. Cambiando el monte por los centros educativos, es el mismo argumento que ahora usa Rodríguez.

Sin embargo, quince días después de aquel llamamiento, con la crisis ya superada y Rueda de vuelta al traje, corbata y el apurado diario, el presidente gallego ofreció una nueva versión de lo sucedido. Aquellas motobombas ya no estaban en el garaje sólo porque sus conductores estuviesen –supuestamente– de baja, sino porque el servicio de extinción carecía de trabajadores suficientes para darles relevo. “No hubo otras motobombas paradas que aquellas que se derivaban del descanso” de un personal que “no podía trabajar 24 horas”. Como tampoco pueden los profesores.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un acuerdo entre la administración autonómica y las organizaciones sindicales de los bomberos forestales que moviliza más de 15,4 millones de euros para la mejora del salario y el refuerzo de plantilla de los trabajadores de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE).

El jefe del Consell ha destacado que el acuerdo alcanzado con los bomberos forestales de la Comunitat Valenciana “es mucho más que una firma: representa la política de los hechos, la política de convertir los compromisos en decisiones, las decisiones en recursos y los recursos en mejoras para quienes protegen nuestro territorio”.

Así se ha manifestado tras la firma del Acuerdo en materia retributiva y de negociación para el primer convenio colectivo de la SGISE, un documento que se ha materializado entre la entidad pública y los representantes de las organizaciones sindicales CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD.

Pérez Llorca ha explicado que el compromiso contempla la inversión por parte del Consell de más de 8,7 millones de euros para mejorar las condiciones retributivas de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos que, según la categoría profesional, alcanzan hasta los 458 euros mensuales. Además, se suman 4 millones de euros para reforzar la plantilla con 64 nuevos puestos; en concreto, 42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa. El texto también contempla la adecuación de la relación de puestos de trabajo de la SGISE y la posibilidad de crear plazas adicionales.

De igual modo, el acuerdo refleja un incremento retributivo de 300 euros mensuales para el personal administrativo.

El president ha señalado que esta firma supone “un paso decisivo” hacia el objetivo de aprobar el primer Convenio Colectivo de la SGISE, para cuya negociación se destinan otros 2,7 millones de euros. Pérez Llorca ha puesto en valor la labor de un colectivo “esencial para proteger nuestros montes, nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestros ciudadanos”.

En este sentido, ha reafirmado la apuesta de la Generalitat de “seguir mejorando y reforzando este servicio, dotándolo de más medios, mejor equipamiento, más efectivos y mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías”.

Diálogo social para la consecución de pactos

El jefe del Consell ha remarcado su compromiso con “el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos que siempre deben estar por encima de la confrontación”, al tiempo que ha defendido que “escuchándonos, buscando puntos de encuentro y trabajando desde la responsabilidad, podemos alcanzar acuerdos importantes para nuestra sociedad”.

En esta línea, destacan los pactos alcanzados en materia de mejora retributiva para los trabajadores de Justicia, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Generalitat Valenciana, así como las mejoras de las condiciones laborales acordadas con CESM-CV en Sanidad o la firma del convenio colectivo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

En el área de Educación, sobresale el acuerdo con las organizaciones sindicales de la concertada para la aplicación de la jubilación parcial y la mejora horaria en los centros de FP y de Educación Especial. Asimismo, los docentes de la Comunitat Valenciana comenzarán a percibir el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales con CSIF y ANPE a partir de este mes de septiembre.

El president ha concluido que “los acuerdos alcanzados este año son fruto de esa voluntad de diálogo y de una forma de hacer política basada en sumar y avanzar juntos. Por ello, mantenemos la mano tendida para construir mejoras que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana”.

Los bomberos de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel han puesto este jueves sobre la mesa los problemas que, según denuncian, comparten los tres servicios provinciales: falta de efectivos, jornadas por debajo de los mínimos establecidos y una elevada dependencia de las horas extraordinarias para mantener la cobertura. CSIF ha reunido a representantes de las tres provincias en una rueda de prensa celebrada a las 11:00 en su sede de Zaragoza, donde ha reclamado un aumento de las plantillas y ha anunciado una manifestación para el próximo 1 de octubre.

Los servicios de bomberos de las tres diputaciones cuentan con 447 efectivos, frente a los 641 que fija como mínimo la normativa aragonesa. Son 194 bomberos menos de los establecidos por ley, un déficit del 30% que según CSIF, se compensa con más de 117.000 horas extraordinarias al año.

En Zaragoza, los bomberos han centrado parte de su intervención en las consecuencias que está teniendo la decisión de no realizar horas extraordinarias. La Diputación Provincial establece en 27 los efectivos que deberían estar diariamente de guardia entre todos los parques. Sin embargo, los trabajadores aseguran que esa cifra no se alcanza cuando no se realizan horas extra.

“Si dejamos de realizar horas extraordinarias, que es lo que está sucediendo ahora, como señal de protesta, no nos encontramos con que ningún día alcanzamos esos 27 efectivos”, ha explicado Luis Sánchez, bombero de la Diputación de Zaragoza.

La falta de efectivos también obliga, según los bomberos, a movilizar personal de otros parques cuando se produce una emergencia en una zona cuyo servicio no está cubierto. Esto puede aumentar los tiempos de desplazamiento y dejar otras áreas con menos capacidad de respuesta.

“Si hay una emergencia en el área de intervención de esos parques, pues no hay bomberos. Tienen que ir bomberos de otros parques”, ha explicado Luis Sánchez.

Los representantes de Zaragoza cifran en 54.000 las horas extraordinarias realizadas durante 2025, una cantidad que, según sus cálculos, equivale a la jornada de 37 bomberos. También han puesto sobre la mesa el estado de algunos vehículos del servicio.

“Muchas veces tenemos vehículos de más de 30 años que han quedado absolutamente obsoletos”, ha denunciado el representante de la Diputación de Zaragoza, para que estos medios sean sustituidos.

Huesca: 16.464 horas extra en cinco meses

En Huesca, Gonzalo Aguado, bombero de la Diputación de Huesca, ha acudido a la rueda de prensa con un análisis de 153 días de servicio entre marzo y julio y 1.224 guardias. Durante esos cinco meses se contabilizaron 16.464 horas extraordinarias, con una media de 137 servicios extraordinarios al mes y 4,5 al día. “Si ocurre una vez, es extraordinario. Si ocurre todos los días, ya no es una contingencia”, ha resumido.

Los trabajadores sostienen que esta situación no responde únicamente a los últimos meses. Según han explicado, la Diputación de Huesca ya reconoció en octubre de 2025 la existencia de un problema y se alcanzaron acuerdos relacionados con la ampliación de plantilla y el incremento de las dotaciones. Un año después, consideran que los datos siguen mostrando una plantilla insuficiente.

En Teruel, huelga desde el 18 de agosto

El representante de Teruel, Eduardo Alegre, ha puesto el foco en la extensión territorial de la provincia, que cuenta con casi 15.000 kilómetros cuadrados y 276 municipios. Según los datos aportados, uno de cada cuatro municipios se encuentra fuera del plazo máximo de respuesta establecido por la normativa.

El problema, según ha señalado, es que la distribución de los efectivos no permite garantizar los tiempos de respuesta en todo el territorio. “Uno de cada cuatro municipios de la provincia está fuera de ese plazo”, ha afirmado.

A esta situación se suma, según los trabajadores, la demora en la cobertura de plazas. Eduardo Alegre ha señalado que existen 40 plazas de bombero convocadas en agosto de 2024 que todavía no se han incorporado al servicio. “Después de dos años, en lugar de resolver las plazas, las bolsas de empleo se han convertido en mecanismo para sostener ese déficit de plazas actual que tenemos”, ha denunciado.

En cuanto a las jornadas de trabajo, los bomberos de Teruel aseguran que el servicio funciona por debajo de los mínimos fijados por la propia Diputación. Según los datos presentados, el 70% de las jornadas de 2026 se habría prestado con menos efectivos de los establecidos. “Dos de cada tres días, la provincia ha sido cubierta por menos efectivos de los que marca la propia Diputación”, ha señalado el representante.

En Zaragoza, los trabajadores mantienen su decisión de no realizar horas extra. En Teruel, la plantilla continúa en huelga desde agosto, y en Huesca reclaman que se cumplan los compromisos adquiridos para reforzar el servicio.

CSIF ha anunciado que llevará estas reivindicaciones a la calle el próximo 1 de octubre en Zaragoza, con una manifestación que partirá de las inmediaciones de la Diputación Provincial. La organización también ha comunicado sus reclamaciones al Gobierno de Aragón y a las tres diputaciones.

El sindicato CCOO ha anunciado hoy su intención de presentar una reclamación ante los tribunales - en el ámbito de lo Social de las cinco provincias de Castilla-La Mancha- exigiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce que los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a reclamar daños morales cuando llevan más de tres años con un contrato de interinidad.

CCOO recuerda que, en la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), a la que están adscritos los bomberos forestales de prevención y extinción de la comunidad, hay “un 90% de interinos que superan esa antigüedad”. A estos trabajadores les ha ofrecido asesoría jurídica, teniendo en cuenta que ya existen una treintena de sentencias favorables en España sobre esta cuestión que han reconocido daños morales por esta situación cuantificados entre 1.000 y 10.000 euros por persona.

Además, hoy, el presidente del Comité de empresa de Geacam Manuel Amores aprovechaba también para afear la reducción de efectivos con la llegada del mes de septiembre, como ya recordaba también CSIF la semana pasada.

Ha recordado que “otras comunidades limítrofes a la nuestra mantienen el dispositivo de extinción al 100% hasta el 15 de octubre”, dentro del que se considera “periodo alto de incendios forestales”, y sin embargo eso no ocurre en Castilla-La Mancha.

Ha criticado que la Consejería de Desarrollo Sostenible esté “transformando” contratos indefinidos en fijos-discontinuos con las plazas indefinidas de compañeros que se van jubilando, y eso según asegura ha provocado que retrocedan “casi 40 años” en una situación que Manuel Amores ha calificado de “lamentable”.

Acompañado por el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco; del responsable de CCOO Geacam en Toledo, Javier Rubio, y del delegado en Geacam en Cuenca, Alejandro García, ha pedido también que la bolsa de interinos sustituya todas las vacantes que hay sin cubrir en la región. Ascienden a 672, pese a que en la bolsa hay solo 500 interinos.

Al respecto, Javier Rubio ha explicado que desde 2008 han “perdido más de 640 puestos de trabajo” y que la voluntad de la Consejería del ramo “no es revertir esta situación”, lamentando que en los meses de noviembre y diciembre solo haya dos personas por turno, preguntando al departamento del Ejecutivo autonómico qué se puede hacer con esta cantidad de efectivos ante situaciones como inundaciones, nevadas o incendios.

Por su parte, el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara ha criticado “que cada año se las ven negras para venir a trabajar cien días”, buscando alquileres “donde no hay casas” o dándose “palizas de kilómetros todos los veranos para ejercer la profesión que les gusta”.

A lo anterior, Alejandro García añadía que en las zonas rurales más despobladas se ofrecen contratos de tres meses y sin una oferta de trabajo estable “la gente no va ir a los pueblos”.

“Si Page no tiene ni idea de lo que está pasando que escuche”, ha añadido Ignacio Blanco, quien ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que “el año que viene hay elecciones” y se vota “y mintiendo las patas son muy cortas”, ha zanjado Javier Rubio.

Siguen los “recortes”, según CCOO

Por otro lado, y pese a un intenso verano de incendios, como el ocurrido en La Mierla, el presidente del Comité de empresa de Geacam ha asegurado que “sigue habiendo recortes”, y actualmente solo están activados el 76% de los medios en al región pese a que “estamos en periodo alto de incendios”.

Además, ha asegurado que el viernes próximo, día 25, solo quedará el 33% de todos los medios de extinción y vigilancia, lo que supone “un tercio del dispositivo en un periodo alto de incendios forestales”.

Ha incidido en que los recortes “traen consecuencias graves para el medio ambiente de la región”, como ocurrió el pasado año con el incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara. Por eso ha insistido en que los servicios de prevención y extinción “no deberían desactivarse en septiembre”.

Finalmente ha recordado que llevan tres años y medio esperando una reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Los dispositivos de extinción de incendios de La Rioja combaten esta tarde dos incendios forestales declarados en los términos municipales de Igea y Aguilar del Río Alhama, dos núcleos separados de apenas 10 kilómetros. Para dirigir las labores de extinción y optimizar los recursos sobre el terreno, dos técnicos de coordinación trabajan de forma simultánea desde la sala central de mando.

En el municipio de Igea, el incendio ha motivado el despliegue de un operativo aéreo y terrestre integrado por un helicóptero con su brigada helitransportada, junto a dos aviones de carga en tierra aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sobre el terreno actúan además un retén de bomberos forestales, una autobomba y un agente forestal al frente del seguimiento de las llamas.

Según la última actualización de las 18:30 horas, el incendio activo en Igea ha afectado ya a una superficie estimada de 25 hectáreas de matorral y arbolado, a falta de confirmación oficial definitiva. Para combatir las llamas se ha desplegado un amplio contingente formado por 56 personas. A las 20.30 horas, el Gobierno de La Rioja ha informado que el fuego estaba controlado.

Entre los medios movilizados por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje destacan tres agentes forestales, tres unidades de bomberos forestales, dos autobombas y un conductor. El dispositivo aéreo está compuesto por el helicóptero Mike Sierra con su brigada helitransportada y dos aviones de carga en tierra aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sobre el terreno también colaboran efectivos de la Guardia Civil y Cruz Roja.

De forma paralela, el fuego registrado en la localidad de Aguilar del Río Alhama ha movilizado a los bomberos del CEIS Riojano procedentes de los parques de Calahorra y Arnedo, apoyados por un retén de bomberos forestales, una autobomba y dos agentes forestales. El despliegue se completa con la presencia de efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia en posición preventiva para garantizar la seguridad de la zona.

La intervención de las dotaciones ha permitido acotar el avance del fuego en el sector de Inestrillas, dentro del término de Aguilar del Río Alhama, logrando darlo por controlado a las 17:02 horas. Tras la estabilización de este foco, el dispositivo se ha dimensionado en la zona, donde permanecen un agente forestal y efectivos del CEIS de Arnedo realizando tareas de refresco y vigilancia para evitar reactivaciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que el dispositivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) afrontará una “desactivación masiva de medios” en las próximas semanas, pese a que “el riesgo de emergencias no desaparece con el final del periodo estival”.

Hoy mismo está previsto que se desactive el 22% del dispositivo y el próximo 25 de septiembre dejará de de estar operativo otro 60%, según este sindicato. “De este modo, en apenas una semana, el 82% del operativo quedará fuera de servicio, dejando únicamente 17 autobombas operativas en toda Castilla-La Mancha, a pesar de que el riesgo continúa siendo alto”, lamenta.

CSIF rechaza el modelo actual que, dice, está “condicionado por un calendario rígido que no responde a la evolución real de las emergencias” porque, recuerdan, los bomberos y bomberas forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) “ya no intervienen únicamente en incendios forestales, sino también en inundaciones, danas, nevadas, episodios de viento extremo y otros fenómenos meteorológicos adversos”.

“Los incendios han cambiado, son de una virulencia mucho mayor. Las emergencias han cambiado. Nuestro modelo también tiene que cambiar. No somos temporeros del fuego, somos un servicio de emergencias”, señala Ana Nares, trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM.

“Una de las campañas más nefastas”, por el incendio de La Mierla

El sindicato hace además balance de campaña de extinción de incendios de este año y cree que “no podía ser más negativo: nos encontramos con una de las campañas más nefastas que ha vivido Castilla-La Mancha”, sostiene CSIF.

Suma unas 41.000 hectáreas quemadas - 33.000 solo en el incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara- y 1.187 incendios desde el pasado mes de enero hasta la actual semana frente a las 4.100 hectáreas arrasadas y los 1.197 incendios registrados en el mismo periodo del año anterior.

“Es decir, prácticamente 37.000 hectáreas más que el año pasado en una campaña nefasta cuyos datos evidencian los graves problemas que afectan al dispositivo”, incide CSIF.

“700 trabajadores temporales y plantilla insuficiente”

CSIF cuestiona además las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez sobre la contratación de trabajadores fijos discontinuos como una práctica “habitual” en la empresa pública GEACAM.

Para el sindicato, cerca del 32% de la plantilla, unas 700 personas, continúa trabajando en condiciones de temporalidad, con contratos de apenas 103 días y pudiendo llegar a encadenar durante mucho tiempo, incluso hasta nueve años, esta situación antes de alcanzar una estabilidad laboral.

Esta precariedad, lamenta, “está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados”. Hasta el punto de que, durante la propia campaña, se ha recurrido al SEPE para incorporar trabajadores, incluso en puestos de responsabilidad, con apenas cinco días de formación y sin haber entrenado previamente con su unidad.

La precariedad laboral está provocando dificultades crecientes para atraer y retener profesionales cualificados

Ana Nares — Trabajadora y delegada de CSIF en GEACAM

Para CSIF, un dispositivo de emergencias no puede limitarse a cubrir puestos sobre el papel: necesita profesionales “formados, experimentados y preparados”. Y es que, “leer un incendio, anticiparse a un cambio de viento o saber cuándo retirarse no se aprende en cinco días. Se construye con formación y experiencia”, subraya Juan Saiz, también delegado y trabajador de CSIF en GEACAM.

El sindicato denuncia que el Plan INFOCAM lleva años funcionando con dotaciones “insuficientes” y pone como ejemplo que existan vehículos de nueve plazas que salen con solo cinco trabajadores, autobombas con capacidad para seis profesionales que operan con cuatro y medios aéreos preparados para ocho personas que llegan a funcionar con cinco.

“Caminamos durante horas entre humo, calor y pendientes imposibles. Quienes consolidamos perímetros, protegemos viviendas y trabajamos directamente sobre el combustible y seguimos allí cuando el fuego sigue avanzando, de día y de noche. Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse”, añade Saiz.

Es preciso aumentar la plantilla y no perder a los profesionales que hemos formado y después pretender afrontar los incendios con quienes apenas han tenido tiempo de prepararse

Juan Saiz — delegado de CSIF y trabajador de GEACAM

CSIF destaca la profesionalidad demostrada por los trabajadores durante un verano especialmente complicado que ha arrasado más de 41.000 hectáreas. Mientras se atendían grandes incendios en Guadalajara, Madrid o Ávila, Castilla-La Mancha registraba más de 90 incendios, obligando a los profesionales a desdoblarse para garantizar la respuesta.

El sindicato alerta, además, de las condiciones de trabajo soportadas durante estas emergencias: jornadas de 12 horas enlazadas sin descanso durante varios días, temperaturas extremas, insuficiencia de agua y logística, relevos escasos y falta de material.

Las infraestructuras son asimismo “deficitarias, con barracones donde los efectivos han permanecido en turnos de 36 horas, con 12 horas activados en incendios, sin sábanas en las camas, sin toallas, sin material higiénico, sin ventilación a pesar de temperaturas muy altas y con un solo enchufe para cargar todas las emisoras, dispositivos GPS y móviles”.

CSIF denuncia asimismo situaciones “especialmente preocupantes, como presiones para superar las velocidades establecidas durante los desplazamientos o alojamientos con hasta ocho personas en una habitación, sin ventilación, ventanas o suficientes enchufes” o que los trabajadores llegan a “organizar turnos para cargar emisoras, teléfonos y equipos durante sus periodos de descanso”.

CSIF pide una campaña de al menos seis meses

Desde la organización sindical consideran que “ya no existen excusas y que ahora corresponde a la Administración estar a la altura del esfuerzo realizado por sus profesionales”.

CSIF recuerda que lleva más de dos años solicitando una reunión con la consejera para trasladar sus propuestas y vuelve a reclamar diálogo para abordar el futuro del dispositivo.

La organización considera necesario avanzar hacia una campaña de extinción de al menos seis meses frente a los escasos 103 días de la actual campaña de extinción teniendo en cuenta que cada año se prolongan los periodos de altas temperaturas y se debe atraer profesionales, conservar la experiencia acumulada y responder durante todo el año a unas emergencias que ya no entienden de temporadas.

La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales

Iván Moncada — Trabajador y delegado de CSIF en GEACAM

“No podemos exigir profesionales preparados mientras ofrecemos temporalidad, salarios de 1.300 euros y disponibilidad 24/7”, subraya Iván Moncada, delegado y trabajador de CSIF en Geacam, quien argumenta que “las condiciones meteorológicas están cambiando, con primaveras más secas y menos lluviosas y temperaturas más elevadas, lo que provoca que el verano comience con un mayor estrés hídrico y aumenta el riesgo de grandes incendios incluso en septiembre. Además, los incendios son cada vez más rápidos y virulentos”.

Ante esta nueva realidad, el dispositivo debe adaptarse y reforzarse, con más bomberos, dotaciones completas y formación y entrenamiento durante todo el año. “La reivindicación es clara: contar con un servicio de emergencias preparado durante todo el año, con profesionales estables que puedan ejercer como bomberos forestales y dejar de ser ”temporeros del fuego“, concluye Moncada.

El incendio que había sido sofocado esta madrugada en Derio (Bizkaia) se ha reavivado y a las 15:00 horas los Bomberos seguían trabajando en el lugar para sofocar el fuego, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las 20:30 de este pasado lunes y, alrededor de las 3:15 de la madrugada, se logró sofocar. En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona resultó herida. Se quemaron en torno a 95 hectáreas. Los Bomberos y agentes forestales han permanecido esta noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Sobre la 13:00 horas de este martes se ha recibido el aviso de que nuevamente se había reactivado el fuego en la zona, en concreto en el alto Mantuliz hacia Lauro. A las 15:00 continuaban trabajando en el lugar Bomberos y un helicóptero y se están realizando descargas de agua para sofocar definitivamente el incendio.

Trabajo en una ELIF (brigada helitransportada) de la Junta de Castilla y León. Nos contrata TRAGSA, una empresa que dispara con pólvora del rey –dicen que es pública– y declaró 81.500.000€ de beneficio en el pasado ejercicio. Como toda empresa intermediaria, apenas aporta valor pero se queda parte de mi sueldo, la diferencia que me llegaría si este dispositivo tercermundista fuera 100% público.

Hablemos de dinero, aunque sea de mal gusto

Valor de hora ordinaria: 7’04€*. Esta pírrica cifra influye en todo lo demás, pues es la base para calcular los pluses. Cuando volamos en helicóptero, participamos en la extinción o hacemos trabajos preventivos “en altura superior a 1.400 metros sobre el nivel del mar”, la cosa mejora: hay que añadir el plus de riesgo, un 25% de dicho valor. Esto es, jugártela en Casavieja (Ávila) en un incendio desbocado, ya asciende a unos estratosféricos 8’8€/hora*. Aún puede mejorar: el plus nocturnidad suma un 40% más sobre el valor de referencia. Desde el 1 de julio, el turno de tarde de 14 a 22h pasó a ser de 18 a 2h por capricho e imposición. A partir de las 22h cobraremos a 9’85€/hora*. Serán más de cuatro horas en las que no habrá helicóptero pero sí bomberos forestales “helitransportados”, un sinsentido.

Sabes cuándo sales no cuándo vuelves

El jueves 25 de junio salí de casa a las 9:30h. A la tarde, poco después de las 18h, iría con mi pareja a coger cerezas, a regar la huerta, al cine a Béjar o a hacer las últimas revisiones de cajas nido de la temporada. Volví el sábado a las 15:30h. Entremedias, estuve en los incendios de Congosto, Vega de Valcarce y Paradasolana, en la provincia de León. Fui en helicóptero desde nuestra base en El Barco de Ávila y volví conduciendo un todoterreno desde la base de Cueto.

Mi único día libre lo pasé entre conducir y reencontrarme en casa, pues acabas por no saber qué día es ni cuándo vuelves a trabajar, si de mañana, si de tarde, si a la Junta de Castilla y León se le ocurrirá cambiar otra vez el horario... No tengo criaturas a mi cargo, imagínate si eres papá o mamá (lo de conciliar ya si eso…). Pero esto también te lo recompensan: cada día que duermes fuera de casa pasas de cobrar media dieta (12’62€/día*, importe fijado en 2011, fecha del actual Convenio de TRAGSA) a cobrar dieta completa (35€/día*). Esto es, la diferencia entre dormir en casa o hacerlo fuera son 22’38€*. El coste de la vida apenas se ha encarecido desde 2011, ¿no?

Allí en León hicimos horas extras, suma un 70% sobre el valor ordinario. Esto es, a 11’96€/hora*. Y, además, si estas extras son festivas, ahí sí que te crees Elon Musk porque se pagan al doble, ¡14’08€/hora*! Estas últimas se me aplican, por ejemplo, por las 4h40’ de conducción del sábado 27.

Y llegará el final de la Época de Peligro Alto (EPA) en Castilla y León en tan señalada fecha. Recopilé mediante encuesta la situación de las brigadas helitransportadas de Castilla y León. Con una muestra del 80% (contestaron 16 de 20 bases) puedo decir que de lxs 355 bomberxs forestales que empezaron la EPA, 98 (27’37%) tienen contrato indefinido, 126 (35’2%) un fijo discontinuo de 4-6-8-9… meses y 133 (37’15%) eventuales. Temporeros, como quienes vendimian o recogen fresas. ¿Acaso con cuatro nóminas se fija población, se crean proyectos familiares, se pagan hipotecas? Y la profesionalidad, ¿con cuatro meses es suficiente? Preguntas que deberá responder la Junta de Castilla y León.

*Cifras brutas, hay que descontar IRPF.12 de octubre, nada que celebrar

El comité de huelga de los bomberos forestales de Aragón lamenta que el documento que el Gobierno de Aragón se comprometió a presentar ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para avanzar en la negociación se limite a un mero “índice” de asuntos a tratar y no contenga compromisos concretos de mejora de las condiciones labores de un colectivo que se mantiene en huelga indefinida desde el pasado 18 de agosto.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que el pasado jueves 27 de agosto se celebró una reunión de varias horas en el SAMA con representantes de la Dirección General de Presupuestos, la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente y Turismo, y los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

En ese encuentro el comité de huelga expuso las deficiencias estructurales y laborales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, según remarcan los representantes sindicales, la parte del Gobierno autonómico se comprometió a elaborar un documento con medidas y costes para poder analizarlo antes de la próxima reunión prevista para este próximo lunes 7 de septiembre en el SAMA.

Un planteamiento que no cumple lo presentado por el Ejecutivo, puesto que se circunscribe a “un índice, un listado de epígrafes sobre los que hablar en futuras reuniones, pero sin desarrollar propuestas concretas. Eso no era lo acordado”, señalan desde el comité de huelga.

Así, desde la parte sindical defienden que “un índice no permite negociar de forma eficaz ni resuelve ninguna de las carencias denunciadas”. Entre ellas, recuerdan, la falta de personal de más de 200 efectivos para evitar jornadas que superan las 20 horas y descansos incompletos, la mejora de medios materiales y del avituallamiento, y bases y centros de trabajo en condiciones dignas.

Reclaman “seriedad”

La decepción en el colectivo, advierten, “es profunda, ya que se esperaba poder avanzar de forma significativa en la reunión del lunes”. “Los bomberos y bomberas forestales necesitamos soluciones a las reivindicaciones ahora, no dentro de seis ni de diez meses”, reclaman, por lo que exigen “seriedad” porque aseguran que no están dispuestos a que las reuniones “no sirvan para nada y salvo para dejar pasar el tiempo sin llegar a acuerdos concretos”.

Además, critican que a las condiciones laborales “ya precarias” ahora se añade “la negativa de pagarles todas las horas extras realizadas en los incendios de este verano”. Una decisión no comunicada de manera previa a la plantilla ni negociada con la representación sindical.

Un exceso de horas extras que, señalan, “refleja la falta de personal en el operativo de emergencias. ”Llama especialmente la atención que lo que ahora pretenden no abonar económicamente son trabajos que hemos realizado dirigidos a reforzar los servicios de emergencia en el medio rural aragonés“, apuntan.

Por todo ello, el Comité reafirma la huelga indefinida y valora nuevas acciones en los próximos días: “La confianza en mejorar el operativo de incendios pende de un hilo fino que no debería romperse. El objetivo debería ser el mismo para todas las partes: un operativo ”a la altura“ de una importante Comunidad autónoma como es Aragón y unos Bomberos y Bomberas Forestales que tengan unas condiciones laborales dignas”, reivindican.

Mientras tanto, recuerdan, el operativo sigue cubriendo el 100% de los servicios mínimos, “al pie del cañón” como ha estado siempre. “Queremos interlocución real, un documento desarrollado con medidas y costes tal y como se acordó por ambas partes y un calendario de cumplimiento. Un índice no es una propuesta. Sin eso, no hay negociación”, recalcan.

El comité de huelga tiene previsto concentrarse este lunes 7 de septiembre –9.30 horas– a las puertas del SAMA antes de la reunión de mediación con el Gobierno de Aragón y Sarga.

Los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid han firmado un nuevo acuerdo con la empresa pública Tragsa que recoge una serie de beneficios para los trabajadores, incluida una subida salarial, y con el que ponen fin a la huelga convocada hace ya más de un año, aunque mantienen como “reivindicación estratégica” la gestión directa del servicio por parte de la Comunidad y no de Tragsa.

Así lo ha confirmado el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales en su perfil en redes sociales, donde han destacado que se trata de una “victoria colectiva” que, gracias al “esfuerzo, sacrificio y unidad” conlleva una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.

Así, los Bomberos Forestales madrileños han conseguido dos complementos nuevos en nómina, que representan una subida salarial del 20%; así como el fin de la temporalidad al extender sus servicios a los doce meses del año y no solo a la temporada estival.

Además, el nuevo acuerdo con Tragsa incluye también mecanismos de conciliación y de protección frente a agentes cancerígenos, así como el compromiso de avanzar hacia una Ley Básica de Bomberos Forestales.

Sin embargo, el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales mantiene como “reivindicación estratégica” la gestión directa del servicio por parte de la Comunidad de Madrid, y no a través de Tragsa, según se desprende de un comunicado del colectivo.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press insisten en que la gestión ya depende del Ejecuivo regional, que emplea Tragsa como “un medio propio” al igual que hace el Gobierno central y otras comunidades.

A pesar de todo, estas mismas fuentes insisten en que “esa reivindicación podrá ser estudiada a futuro”, si bien actualmente la Comunidad de Madrid está “muy satisfecha” con el acuerdo y recuerda que hizo un “gran esfuerzo” modificando el encargo a Tragsa el pasado enero para incluir mejoras de las que ya gozan los trabajadores.

“Lo tienen más que merecido por la gran entrega y profesionalidad que han demostrado estos años y este verano especialmente, enfrentándose al peor incendio de la historia de la región”, han señalado desde la Consejería.

Otras demandas que esperan a ser atendidas

En este sentido, incluyen en su listado de demandas sin satisfacer el reconocimiento de los complementos sobre peligrosidad, penosiddad, toxicidad, disponibilidad y antigüedad, entre otros, si bien es cierto que confían en que no sea necesario “reabrir un nuevo conflicto” para conseguir estos avances.

Con este acuerdo se pone fin a una huelga que comenzó hace más de un año, a mediados de julio de 2025, aunque las primeras manifestaciones y movilizaciones se llevaron a cabo ya en febrero de aquel año. Durante este tiempo, los Bomberos Forestales han mantenido una “posición firme” contra la “precariedad” en un “servicio esencial” de protección de los montes y la población.

Desde el Comité de Huelga han celebrado que este acuerdo constituye “una victoria colectiva” para unos trabajadores que durante más de un año han defendido sus reivindicaciones “con una enorme determinación”. “Nada de lo conseguido habría sido posible sin una plantilla organizada, unida y convencida de la justicia de sus reivindicaciones”, apuntan.

Así, desde el colectivo destacan que durante este tiempo los profesionales han tenido que compatibilizar su responsabilidad laboral en un servicio esencial, especialmente en los periodos de mayor riesgo de incendios, con una movilización enfocada en defender unas condiciones de trabajo “dignas” y un “mejor” modelo de servicio.

“Lo conseguido no ha sido una concesión gratuita. Es fruto de más de un año de huelga, movilización, esfuerzo, sacrificio y resistencia colectiva de una plantilla que decidió no resignarse”, han remachado desde el Comité de Huelga.

Un incendio forestal ha arrasado con 40 hectáreas de terreno este miércoles en el término municipal de Cervera del Río Alhama, donde se ha desplegado un operativo de extinción compuesto por recursos tanto de la comunidad autónoma como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El jueves por la tarde se ha informado de que el incendio se ha declarado extinguido.

En la zona han intervenido tres agentes forestales, dos unidades de bomberos forestales, una autobomba, un helicóptero Mike Sierra con la cuadrilla helitransportada, un técnico de coordinación, un técnico de extinción con conductor y un técnico de apoyo.

Además, desde el ministerio se ha movilizado a dos aviones de carga en tierra, BRIF Lubia y un técnico analista EPAIF.

En la zona han estado también efectivos de SOS Rioja, un técnico de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Ambulancias, y bomberos del CEIS de Arnedo y Calahorra.

La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, el mayor de la historia reciente de España que arrasó 37.800 hectáreas, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, explica EFE.

La Guardia Civil detuvo a finales de julio a una persona e investigó a otra como presuntas autoras del incendio forestal de Burgohondo, que obligó activar por primera vez la emergencia nacional por su capacidad destructiva. El Seprona determinó que el origen habría sido una chispa provocada por maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibido, después de localizar indicios de esta actividad durante una inspección técnica. A ambas personas se les atribuían de forma inicial presuntos delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente, con agravantes por la proximidad del fuego a zonas habitadas y los graves daños a los sistemas naturales.

El incendio de Burgohondo se declaró el pasado 22 de julio y calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles abulenses del Alberche y de Tierra de Pinares y del Alto Tiétar, obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000. También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

Dos bomberos en un parque que, según los turnos y las necesidades del servicio, debería contar con cuatro o cinco efectivos. Es una situación que denuncian a lo largo y ancho de Aragón los efectivos de las tres diputaciones provinciales y del servicio del Gobierno de Aragón, el Infoar. La falta de personal es el principal problema que señalan los trabajadores, junto a las deficientes condiciones de algunos parques y bases desde los que tienen que salir a atender emergencias.

La situación ha cobrado especial relevancia este mes de agosto, después de que un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza muriera durante las labores de extinción de un incendio en Calatorao. Un día después, sus compañeros se concentraron ante la sede de la institución para rendirle homenaje y reclamar mejoras en las condiciones en las que trabaja el servicio provincial. La protesta se produjo además mientras los bomberos forestales de Sarga mantenían su primera semana de huelga indefinida, iniciada el 18 de agosto para reclamar más personal, medios y el desarrollo de la ley de bomberos forestales aprobada en 2024.

Los dos conflictos son distintos y las competencias también lo son, pero las reclamaciones son similares. En Zaragoza, los bomberos denuncian que hay parques con dos o cuatro efectivos cuando para determinadas intervenciones serían necesarios seis o siete. En Huesca, hablan de parques en los que solo hay dos trabajadores de guardia y calculan que necesitan 30 bomberos más. En Teruel, denuncian que no se alcanza de forma habitual el mínimo de 19 efectivos diarios fijado por la propia Diputación. Y en Infoar, los sindicatos reclaman 352 efectivos más para empezar a evitar las jornadas de más de 20 horas.

“Lo más sangrante es la falta de personal”, explica Diego González, de CGT Huesca. En algunos parques, asegura, hay únicamente dos bomberos de guardia, una dotación que considera insuficiente para formar un equipo de emergencia y afrontar con garantías actuaciones como la movilización de un herido en un accidente. “Hacen falta mínimo cuatro, muchas veces estamos dos”.

En Zaragoza, Eduardo Aznar, de CCOO, asegura que los sindicatos llevan años reclamando mejoras en el número de efectivos, la seguridad, las condiciones de trabajo, los vehículos y los parques. “Llevamos 12 años con esta corporación en los que no ha habido ninguna mejora”, sostiene. La situación ha llegado incluso a los tribunales: los sindicatos presentaron denuncias ante Inspección de Trabajo y llevaron a juicio el incumplimiento de la legislación de riesgos laborales. Según Aznar, los trabajadores obtuvieron una resolución favorable y posteriormente se realizó una evaluación de algunas de las situaciones denunciadas, pero las medidas propuestas no se han aplicado. “Tenemos 4.000 páginas y medidas y no se ha implementado ninguna”, afirma.

Una de las principales reivindicaciones es precisamente la dotación de los parques. Aznar explica que para intervenir con seguridad en un incendio de vivienda consideran necesarios seis o siete bomberos, mientras que hay parques que funcionan con entre dos y cuatro. La posición de la Diputación, según relata, es que esos cuatro efectivos pueden comenzar a trabajar y que posteriormente llegarán otros dos para completar la dotación. “Mientras no haya vidas en riesgo”, expone, la instrucción es que los bomberos trabajen sin entrar en el edificio y esperen a contar con más efectivos; cuando hay vidas en riesgo, sin embargo, “no tenemos que esperar porque es nuestra obligación”.

El problema, añade, es que la plantilla arrastra numerosas vacantes. Los mínimos con los que trabaja el servicio son 27 personas al día y, a medida que se acumulan vacantes y bajas, esa cifra va disminuyendo. Según Aznar, desde 2021 se han ido cubriendo esos huecos mediante horas extra y excedentes de jornada de los propios trabajadores. La plantilla actual es de 167 personas y los sindicatos calculan que serían necesarias 190 para cubrir el servicio. Cifran en un millón de euros lo que llegó a pagar la Diputación en un año por horas extraordinarias.

En Teruel, el operativo diario pasó de 12 a 19 bomberos después de que la Diputación modificara su reglamento, algo que el presidente de la institución, Joaquín Juste, considera una mejora importante de esta legislatura. Los sindicatos, sin embargo, denuncian que esos 19 efectivos no se alcanzan de forma habitual. Según los datos que aportan, en 2025 no se llegó a ese mínimo el 70% de los días. También denuncian que el 67% de las plazas de mando no están cubiertas de forma definitiva y que existe una elevada temporalidad.

En Huesca, Gonzalo Aguado, bombero de la Diputación y delegado sindical de CSIF, calcula que hacen falta unos 42 efectivos más para poder cubrir los turnos con seguridad: “Aun así, sólo estaríamos en los mínimos indispensables, el servicio seguiría sin estar espongeneizado para soportar eventos extraordinarios ni eventuales”

En algunos parques, explica, solo hay dos bomberos de guardia cuando deberían ser tres o cuatro. “La primera manera de cubrir una baja no es la hora extra, es no tener la ausencia. La normalidad de funcionar bajo mínimos ha sido siempre la norma de la administración”, afirma. Considera que las horas extra se han convertido en horas estructurales que, “sumadas a la precariedad salarial controlan al personal”, pero no pueden ser la solución. “Hacemos horas extra, sí, no es la solución ni la primera medida”, la primera medida sería planificar correctamente el calendario, sostiene.

Los datos registrados por los propios trabajadores de la Diputación de Huesca en los ocho parques muestran que la dotación real estuvo de media entre un 23% y un 28% por debajo de la nominal durante mayo, junio y julio. En mayo hubo una media de 24,26 efectivos frente a los 32 previstos; en junio fueron 23,03 y en julio, 24,77. En julio, además, se registraron 42 turnos sin oficial al mando, frente a los 34 que hubo en mayo y los 33 de junio. Uno de los casos más llamativos es Villanueva. El parque tiene una dotación nominal de cuatro efectivos, pero no alcanzó esa cifra ningún día de mayo ni de julio y solo lo hizo un día de junio. En julio, trabajó con una media de 2,48 efectivos y acumuló 13 turnos sin oficial de guardia.

Para Aguado, la falta de personal no es solo un problema de organización, sino una cuestión directamente relacionada con la seguridad. “La plantilla es la solución a la fatiga, al cansancio, a los riesgos”, defiende. En su opinión, contar con efectivos suficientes permite organizar las intervenciones de forma más segura y evitar que el servicio dependa de que los trabajadores prolonguen su jornada para cubrir los huecos. La misma preocupación aparece en la cobertura territorial. Aguado denuncia que la distribución de los parques no siempre responde a criterios técnicos y recuerda que la normativa autonómica establece unos tiempos de respuesta que, según sostiene, no se cumplen en todos los puntos de la provincia. “La ley del fuego dice que se atenderán en 35 minutos, hay pueblos a más de una hora”, afirma. A su juicio, abrir o reforzar determinados parques mientras otros municipios quedan alejados no garantiza una cobertura adecuada del territorio.

Cierre de parques al dejar de hacer horas extra

En Zaragoza, los cuatro sindicatos —CSIF, CCOO, UGT y CGT— han decidido dejar de hacer horas extra para que se vea cuál es la capacidad real del operativo sin ese refuerzo. La medida puede provocar el cierre o reagrupamiento de parques cuando no haya efectivos suficientes. Daroca o Calatayud, explica Aznar, ya han estado cerrados en determinados momentos. “Estamos muy cansados de salvar la papeleta”, señala.

La decisión se tomó después de la muerte de su compañero durante el incendio de Calatorao. Aznar señala que en aquella intervención coincidieron varios de los problemas que llevan tiempo denunciando: “Había poca gente, no había vehículo de agua, el de la zona estaba en el taller, con falta de personal y de material”. Los cuatro sindicatos se han unido para reclamar medidas sobre personal y medios y han sido citados por la Diputación para abordar estas cuestiones. “A raíz de la muerte del compañero no nos vale negociar, queremos soluciones ya”, resume.

Durante la concentración celebrada ante la sede de la DPZ, Luis Sánchez, bombero destinado en el parque de Calatayud, también puso el foco en la falta de efectivos. “Tendríamos que estar en los parques seis bomberos y estamos cuatro. En algunos casos estamos dos”, señaló. Explicó además que durante el incendio de Alpartir fue necesario llamar a entre 12 y 14 compañeros que estaban fuera de servicio.

Este jueves, los representantes sindicales se reunieron con la Diputación. El encuentro, según CCOO, fue “una tomadura de pelo”. La DPZ ha puesto sobre la mesa una propuesta para ampliar la plantilla del SPEI, redistribuir los efectivos entre los parques y revisar el actual sistema de guardias de 24 horas. La institución plantea tres posibles modelos de organización, con plantillas de entre 222 y 223 plazas frente a las 163 actuales, además de cambios en las jornadas para mejorar la seguridad y reducir, en determinados casos, la necesidad de esperar a refuerzos de otros parques.

Sin embargo, desde el sindicato consideran que el aumento planteado es “a todas luces insuficiente” y lamentan que la propuesta “no aborde otros problemas que afectan al servicio, como la renovación y mejora de los vehículos, la adecuación de los parques de bomberos y la mejora de las condiciones de trabajo”. “Estos aspectos los dejan abiertos para más adelante, pero no creemos en la palabra de esta Administración y de esta corporación porque sabemos que incumple sus compromisos de manera sistemática”, ha afirmado el representante sindical.

Ante la falta de acuerdo, los representantes sindicales y de la plantilla se levantaron de la mesa. Las medidas de presión previstas se mantienen, entre ellas el cumplimiento estricto de la jornada laboral. Los sindicatos y los trabajadores han acordado, además, trabajar conjuntamente en una propuesta alternativa y consensuada que será presentada en la próxima reunión.

Naves que no están preparadas y vehículos sin mantenimiento

En Huesca, Diego González asegura que algunos parques “no son de bomberos, son naves acondicionadas”. En Sabiñánigo, explica, los equipos de protección individual están almacenados en contenedores y existe una única salida para toda la flota. En Villanueva, denuncia, “ni siquiera tienen agua corriente”.

En Zaragoza, Aznar asegura que hay parques que incumplen la normativa de seguridad laboral y de higiene. Los bomberos trabajan con contaminantes y necesitan zonas de descontaminación y espacios limpios para cambiarse, pero, según denuncia, “eso es inexistente”. También asegura que hay parques sin extintores reglamentarios. “Nos dicen que somos bomberos para apagarlo”, cuenta, pero recuerda que en las instalaciones también puede haber personal de limpieza o mantenimiento que no tiene esa formación y puede quedarse solo en el parque.

A las condiciones de los parques se suma la antigüedad de los vehículos. Aznar habla de una flota con vehículos de más de 30 años y denuncia problemas de mantenimiento. “Hace poco un compañero se quedó sin frenos, a otro un neumático le explotó en la autovía”, explica. A su juicio, “la inseguridad a nivel material es alta” y en ocasiones se obliga a utilizar vehículos que, según sostiene, “no pasarían una ITV”.

Aguado también pone el foco en la seguridad durante los desplazamientos. Cuestiona que un bombero pueda tener que desplazarse solo con un vehículo pesado por las carreteras del Pirineo para transportar agua. “No se puede ir solo, que no hacemos algo normal, irte por los montes con un vehículo de 18 toneladas”, sostiene. La falta de personal, explica, hace que en ocasiones haya que repartir entre muy pocos trabajadores la conducción de varios vehículos y las tareas propias de una intervención. Es habitual que en una emergencia cada bombero conduzca un vehículo, explica: “Si hay que intervenir con Bomba Rural Pesada, con Autoescala y a veces con Nodriza o ligero o vehículo especial, habitualmente nos faltan bomberos para llevar todos los vehículos que se necesitan”.

En Teruel, entre las reivindicaciones de los trabajadores figuran también la renovación de la flota, mejoras en los protocolos de seguridad y descontaminación y un segundo equipo de protección individual. Los sindicatos denuncian además problemas con la equipación de algunos trabajadores recién incorporados.

En Infoar, las denuncias son también sobre las condiciones básicas de las bases. Carlos Martínez, delegado de OSTA y presidente del comité de empresa de Sarga, asegura que existen centros “sin luz, sin agua, sin sanitarios, gente teniendo que hacer sus necesidades en la calle”. Rubén García Arévalo, delegado de CGT y bombero forestal de la brigada helitransportada de Brea, reclama bases con “urinarios, con agua caliente” y unas condiciones adecuadas para afrontar las jornadas de trabajo.

Huelga indefinida en Infoar

La falta de personal se traduce además en jornadas más largas y descansos más cortos en el operativo forestal. Lourdes Muñoz, delegada de UGT y bombera forestal de la brigada R-36, explica que una jornada puede comenzar con la activación durante el horario ordinario y continuar con el desplazamiento, las doce horas de extinción y el regreso. En muchas ocasiones, asegura, el conjunto supera las 20 horas y puede llegar a las 24. “El problema ya no es tanto las horas que tenga que estar, sino los descansos que hay entre medias que son insuficientes”.

La denuncia de los forestales ha desembocado en una huelga indefinida que comenzó el 18 de agosto. La movilización cuenta con unos servicios mínimos del 100%, por lo que los efectivos continúan trabajando en los incendios y en el resto de emergencias mientras mantienen sus reivindicaciones. La protesta ha coincidido con el final del incendio de Riglos, en un verano marcado por la virulencia del fuego en toda la comunidad. “Estamos dando todos el 100% como siempre, a pesar de que ya estamos extenuados y cansados”, explicaba Muñoz durante una de las concentraciones.

Las reivindicaciones de los bomberos forestales también estuvieron presentes el pasado sábado en Jaca, donde unas 6.000 personas, según los convocantes, participaron en una manifestación por el futuro del medio rural aragonés. La marcha, convocada por el Movimiento por la Dignidad de la Montaña, cargó contra la gestión de los incendios de este verano y reclamó responsabilidades políticas, además de respaldar expresamente la huelga indefinida de los bomberos forestales. Los convocantes reclamaron más trabajadores forestales, medios adecuados y financiación para la prevención, bajo la idea de que “los incendios se apagan en invierno”.

Carlos Martínez cifra en 352 los efectivos adicionales necesarios para empezar a evitar estas jornadas. “Las carencias que tiene el operativo son por la falta de inversión. Hacen falta medios, materiales y medios humanos”, sostiene. Los trabajadores reclaman también que se haga efectivo el reconocimiento de su categoría profesional, pendiente de desarrollo tras la aprobación de la ley de bomberos forestales de 2024.

Rubén García Arévalo relaciona las jornadas prolongadas con el riesgo de accidentes. “Al final la vocación es la que nos lleva a pensar más en el incendio que incluso en la huelga”, afirma. Los trabajadores aseguran que, en ocasiones, compañeros que están libres acuden para cubrir relevos y evitar que el operativo quede todavía más reducido. La huelga, insisten, no ha surgido únicamente por la situación de este verano. Las reclamaciones sobre falta de inversión, medios y personal vienen de años atrás. “Esto no viene de este año”, ha señalado García Arévalo. Para los trabajadores, aumentar las plantillas permitiría además reforzar durante el invierno los trabajos de prevención y limpieza de montes y mejorar la respuesta ante otras emergencias en el medio rural.

Las administraciones responden con refuerzos y nuevas propuestas

En Teruel, el presidente de la Diputación, Joaquín Juste, defiende el aumento del operativo diario de 12 a 19 efectivos. La institución reconoce que no siempre se alcanza esa cifra y atribuye las dificultades a la falta de candidatos disponibles. La Diputación plantea recurrir a bolsas anteriores y al INAEM para cubrir las necesidades más urgentes.

En Infoar, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido esperar a septiembre para abordar las negociaciones y ha defendido que los trabajadores ya cuentan con contratos de doce meses. También ha anunciado que los próximos presupuestos contemplarán partidas importantes para mejorar las condiciones laborales, las bases y los medios del operativo. “Hay que mejorar sus condiciones laborales, sus bases, sus medios”, ha señalado.

Desde la Diputación Provincial de Huesca no han respondido de momento a las preguntas planteadas por este medio sobre las denuncias de los trabajadores y la situación de sus respectivos servicios.

Las cifras no son comparables entre los cuatro servicios y cada administración tiene sus propias competencias y problemas. Pero las reclamaciones que llegan desde los parques y bases de las tres provincias y desde Infoar vuelven una y otra vez sobre las mismas cuestiones: falta de personal, jornadas que se alargan para cubrir los huecos y medios e instalaciones que los trabajadores consideran insuficientes. Tras la muerte del bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza, Aguado reclama además que las intervenciones no se den por buenas simplemente porque el resultado final no haya sido peor. “Hay que ver cómo hacerlo mejor, de forma más rápida y más segura”, plantea.

La rápida movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para atajar el reciente incendio de la Devesa de El Saler —con un impacto de apenas 37 hectáreas— no supone un hecho aislado en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. Este episodio se ha convertido en una dinámica habitual de la Generalitat, en la que recurrir al Ejército ha pasado de ser el último escalón de auxilio ante catástrofes extremas a convertirse en un mecanismo habitual de contención del riesgo (tanto físico como político). La declaración del nivel 2 de preemergencia en las primeras horas de un fuego permite a las autoridades autonómicas solicitar la intervención militar, una estrategia que los sindicatos y la oposición interpretan como una cobertura preventiva ante la falta de recursos propios.

Este último caso, el del incendio declarado en la tarde del jueves en el paraje natural de la Devesa de El Saler -que las investigaciones apuntan a que pudo ser intencionado- ha provocado que se explicitara un malestar latente en la plantilla autonómica de los bomberos forestales. Mientras los partes oficiales destacaban el control del perímetro tras el despliegue nocturno, la sección sindical de CCOO en los Bomberos Forestales de la Generalitat censuró que el dispositivo valenciano “ha tocado fondo definitivamente” al requerir la presencia de la UME en un siniestro que ha afectado a una reducida extensión. Así, los representantes de los trabajadores llaman la atención sobre el hecho de que la llamada acelerada al Ejército revela la incapacidad de la administración autonómica para ofrecer una respuesta contundente con medios exclusivamente propios, por la dispersión de competencias entre consorcios provinciales, entidades locales y la propia Generalitat, además de por la falta de un mando único autonómico tras la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Esta tendencia se observa también en los otros cinco incendios que han golpeado el territorio valenciano a lo largo del mes de agosto, con episodios de gran envergadura como el de La Vall d'Uixó, donde resultaron calcinadas más de 9.500 hectáreas. La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ya denunció entonces que el 75% de los efectivos que participaron en las tareas de extinción correspondían a la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Los socialistas insistían en que la Conselleria de Emergencias abusa de la elevación rápida de la alerta para solicitar la intervención del Ejército, con el propósito de camuflar la escasez de brigadas y evitar el desbordamiento de las llamas por la vía de los hechos.

Hasta la fecha, la inervención de las fuerzas armadas ha sido reclamada por las autoridades valencianas hasta en cinco ocasiones, aunque han actuado en seis incendios. Además de los ya comentados de la Vall d'Uixò y El Saler, la UME fue requerida para los incendios forestales Soneja, donde el fuego devastó 183 hectáreas; Segorbe, donde se quemaron 395 hectáreas; y Serra d'en Galcerà, que arrasó 45 hectáreas, y desde donde los militares se trasladaron hasta el fuego declarado en Tirig, donde se calcinaron 404 hectáreas.

El día a día de las brigadas de bomberos forestales confirma las dificultades de la Generalitat para mantener sus unidades terrestres en condiciones óptimas. La reiterada petición de asistencia voluntaria al personal en turno saliente o en días de descanso —un mecanismo aplicado en numersas ocasiones durante los meses de julio y agosto— constata la presencia de vacantes sin cubrir y brigadas inoperativas, especialmente en áreas de alto riesgo como la provincia de Castellón. “Esto no es planificación, es improvisación”, alertaba la oposición, para advertir de que la sobrecarga de los brigadistas en activo es “pan para hoy y hambre para mañana”, al minar la capacidad de respuesta frente a episodios simultáneos de fuego.

En definitiva, la propensión a solicitar la UME responde a una doble salvaguarda: por un lado, una vía rápida para derivar o compartir el peso operativo con la administración central, sin asumir el coste directo de un dimensionamiento adecuado de la plantilla autonómica de bomberos; por otro, una especie de salvavidas política para amortiguar el impacto reputacional en caso de un gran incendio descontrolado. No obstante, la acumulación de requerimientos a la UME en escenarios de reducida envergadura deja en evidencia las costuras de un modelo de emergencias que requiere reformas organizativas urgentes, suficiencia presupuestaria y una verdadera planificación de su personal.

La ràpida mobilització de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per a atallar el recent incendi de la Devesa del Saler —amb un impacte de només 37 hectàrees— no suposa un fet aïllat en la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana. Aquest episodi s’ha convertit en una dinàmica habitual de la Generalitat, en què recórrer a l’Exèrcit ha passat de ser l’últim escaló d’auxili davant catàstrofes extremes a convertir-se en un mecanisme habitual de contenció del risc, tant físic com polític. La declaració del nivell 2 de preemergència en les primeres hores d’un foc permet a les autoritats autonòmiques sol·licitar la intervenció militar, una estratègia que els sindicats i l’oposició interpreten com una cobertura preventiva davant la falta de recursos propis.

Aquest últim cas, el de l’incendi declarat la vesprada de dijous al paratge natural de la Devesa del Saler —que les investigacions apunten que podria haver sigut provocat—, ha provocat que s’explicitara un malestar latent en la plantilla autonòmica dels bombers forestals. Mentre els comunicats oficials destacaven el control del perímetre després del desplegament nocturn, la secció sindical de CCOO en els Bombers Forestals de la Generalitat va censurar que el dispositiu valencià “ha tocat fons definitivament” en requerir la presència de l'UME en un sinistre que ha afectat una extensió reduïda. Així, els representants dels treballadors criden l’atenció sobre el fet que la ràpida crida a l’Exèrcit revela la incapacitat de l’Administració autonòmica per a oferir una resposta contundent amb mitjans exclusivament propis, per la dispersió de competències entre consorcis provincials, entitats locals i la mateixa Generalitat, a més de per la falta d’un comandament únic autonòmic després de l’eliminació de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

Aquesta tendència també s’observa en els altres cinc incendis que han colpejat el territori valencià al llarg del mes d’agost, amb episodis de gran envergadura com el de la Vall d’Uixó, on van resultar calcinades més de 9.500 hectàrees. La portaveu d’Emergències del PSPV a les Corts, Alicia Andújar, ja va denunciar aleshores que el 75% dels efectius que van participar en les tasques d’extinció corresponien a la Unitat Militar d’Emergències i al Govern d’Espanya. Els socialistes insistien que la Conselleria d’Emergències abusa de l’elevació ràpida de l’alerta per a sol·licitar la intervenció de l’Exèrcit, amb el propòsit de camuflar l’escassetat de brigades i evitar el desbordament de les flames per la via dels fets.

Fins ara, la intervenció de les forces armades ha sigut reclamada per les autoritats valencianes fins en cinc ocasions, encara que han actuat en sis incendis. A més dels ja comentats de la Vall d’Uixó i el Saler, l’UME va ser requerida per als incendis forestals de Soneja, on el foc va devastar 183 hectàrees; Segorbe, on es van cremar 395 hectàrees; i Serra d’en Galceran, que va arrasar 45 hectàrees, i des d’on els militars es van traslladar fins al foc declarat a Tírig, on es van calcinar 404 hectàrees.

El dia a dia de les brigades de bombers forestals confirma les dificultats de la Generalitat per a mantindre les seues unitats terrestres en condicions òptimes. La reiterada petició d’assistència voluntària al personal en torn eixint o en dies de descans —un mecanisme aplicat en nombroses ocasions durant els mesos de juliol i agost— constata la presència de vacants sense cobrir i brigades inoperatives, especialment en àrees d’alt risc com la província de Castelló. “Això no és planificació, és improvisació”, alertava l’oposició, per a advertir que la sobrecàrrega dels brigadistes en actiu és “pa per a hui i fam per a demà”, en minvar la capacitat de resposta davant episodis simultanis de foc.

En definitiva, la propensió a sol·licitar l’UME respon a una doble salvaguarda: d’una banda, una via ràpida per a derivar o compartir el pes operatiu amb l’Administració central, sense assumir el cost directe d’un dimensionament adequat de la plantilla autonòmica de bombers; de l’altra, una espècie de salvavides polític per a esmorteir l’impacte reputacional en cas d’un gran incendi descontrolat. No obstant això, l’acumulació de peticions a l’UME en escenaris de reduïda envergadura deixa en evidència les costures d’un model d’emergències que requereix reformes organitzatives urgents, suficiència pressupostària i una verdadera planificació del seu personal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) la estabilización del incendio forestal en la Devesa de El Saler, lo que permite la autorización del regreso a sus casas de los vecinos desalojados de la pedanía, de la Torre 1 y del camping. Para facilitar este retorno, el consistorio ha activado un servicio especial de la EMT con salidas desde la Fonteta de Sant Lluís.

No obstante, el Cecopal ha acordado el cierre preventivo de las playas de El Saler y de todo el entorno boscoso de la Devesa durante la totalidad del fin de semana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el trabajo de los bomberos en las labores de control y extinción definitiva.

En el ámbito de la movilidad, las autoridades mantienen cortadas las carreteras 401 y CV-500, de modo que solo los residentes en la pedanía de El Saler y los usuarios del camping podrán transitar por la CV-500 para acceder a sus destinos, con la prohibición expresa de acceso a los locales de hostelería del núcleo urbano.

Por su parte, los vecinos de los apartamentos de la zona, así como los residentes y clientes que deseen desplazarse a los establecimientos de restauración de El Palmar y El Perellonet, deberán realizar el trayecto de manera exclusiva desde el sur, con desvíos a través de Sueca mediante la A-38 y la Pista de Silla.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha finalizado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, que desescala a situación 1, según Emergencias, que también ha informado de que el Plan de Actuación Municipal ha bajado a Situación 2.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha valorado tras la última reunión del Cecopi la “coordinación de las administraciones” ante este incendio que ha afectado a 37 hectáreas con unos 5 kilómetros de perímetro.

“Hemos trabajado de forma coordinada, leal y responsable para responder a la ciudadanía como se merece y estando a la altura”, según Bernabé, quien ha asegurado que durante el fin de semana la playa de El Saler estará cerrada, así como el parque natural.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha incidido en que los servicios de Emergencias siguen trabajando en el incendio y ha valorado que su trabajo “duro y exigente” ha permitido estabilizarlo pero, al no estar todavía extinguido, “se van a mantener las limitaciones de acceso”.

La movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para combatir el incendio forestal de la Devesa de El Saler —que ha afectado a poco más de 31 hectáreas en un perímetro de cuatro kilómetros— ha reavivado el debate sobre el modelo de respuesta del Gobierno valenciano. La sección sindical de CCOO en los Bomberos Forestales de la Generalitat ha calificado la necesidad de apoyo militar en un fuego de estas dimensiones como la constatación de un fallo estructural. “Cuando en un incendio forestal de apenas 30 hectáreas se moviliza a la UME, el dispositivo valenciano de emergencias ha tocado fondo definitivamente”, han expuesto los representantes de los trabajadores.

El sindicato ha recordado que la extinción del fuego en la Devesa requirió durante la noche del jueves la intervención de cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat, ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de València y varias unidades de la UME desplegadas para el control de los puntos calientes. A juicio de la organización sindical, este despliegue fragmentado evidencia una crisis de modelo que CCOO denuncia desde hace años: “Necesitamos un Sistema Integral de Emergencias Autonómico. La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) fue un intento de modernizar la respuesta a las complejas realidades actuales que algunos grupos interesados se cargaron por motivos corporativistas y cortoplacistas”.

Desde la sección sindical señalan que la extinción de incendios en el medio natural exige personal con alta cualificación en la materia, una función que, aseguran, corresponde de forma directa a una plantilla que depende de la administración autonómica: “Hacen falta equipos especializados expertos en cada tipo específico de emergencia. En el caso de incendios forestales, los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana somos ese equipo especializado, experto y preparado”.

Asimismo, CCOO ha arremetido contra la dispersión de competencias entre las distintas administraciones y consorcios provinciales. “El modelo actual de respuesta a los incendios forestales, asentado en reinos de taifas corporativos, es ineficiente en incendios forestales y grandes emergencias. La delegación de funciones de la Generalitat ha de terminar tras 32 años así”, han remarcado. Por todo ello, el sindicato ha reclamado valentía a los responsables políticos para transitar hacia una estructura organizativa única que agrupe medios, personal y presupuestos en favor del servicio público.

Un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde del miércoles en el término municipal de Villoslada de Cameros se ha declarado controlado a primera hora del jueves. El fuego se produjo en el paraje conocido como La Irruz y en pocas horas, calcinó ya una superficie estimada de 40 hectáreas, a la espera de confirmación técnica oficial, con afección a los terrenos del Parque Natural de Sierra Cebollera.

Ante la evolución de las llamas y la necesidad de movilizar medios extraordinarios para proteger la masa forestal del parque protegido, se activó el nivel 1 del Plan INFOCAR de emergencia a las 16:00 horas. A las 23.00 horas el fuego quedaba estabilizado. El jueves por la mañana, tras el control del fuego, se ha bajado al nivel 0 el INFOCAR y quedan trabajando un helicóptero de medio natural y una brigada helitransportada, cuatro unidades de bomberos forestales de La Rioja, cuatro agentes forestales, dos autobombas, un buldócer, un técnico de extinción y un técnico de coordinación. Además, quedan movilizados efectivos de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y ambulancia de La Rioja Cuida.

El despliegue del miércoles en la zona contó con un amplio operativo terrestre y aéreo en el que colaboran efectivos del Gobierno de La Rioja, la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En el aire intervienen seis aeronaves: el helicóptero del Medio Natural riojano con su brigada helitransportada, dos aviones de carga en tierra del MITECO, dos helicópteros castellanoleoneses con cuadrilla, la brigada helitransportada de Lubia y un helicóptero de coordinación procedente de la comunidad vecina.

En tierra, han trabajado seis unidades de bomberos forestales (cuatro de La Rioja y dos de Castilla y León), diez agentes forestales, cinco autobombas y dos máquinas buldócer asignadas al movimiento de tierras para abrir cortafuegos. El dispositivo técnico lo componen un responsable de extinción, un técnico de coordinación, otro de apoyo, un técnico de reserva y personal de Protección Civil.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, ha acusado este martes al sindicato OSTA de buscar “la confrontación política” con un correo electrónico con propuestas de endurecimiento del conflicto sindical de los bomberos forestales de la empresa pública SARGA, que no ha asumido formalmente el Comité Intercentros (CIS). La organización sindical ha respondido apelando a la “confidencialidad” del diálogo entre sindicatos y criticando al Ejecutivo autonómico por su intento de “desestabilizar”.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón ha lamentado “el comunicado” atribuido a la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, en el que representantes de este sindicato plantean “endurecer el conflicto” y boicotear actos de los dos partidos que conforman el Ejecutivo aragonés.

El Ejecutivo regional rechaza que “el legítimo derecho de las brigadas forestales de exponer sus reivindicaciones laborales sea utilizado para alimentar y fomentar la confrontación política”. “Una situación insólita en la que el propio sindicato dejaría de lado la defensa de los trabajadores para trabajar junto con, según sus términos, 'la oposición', llegando incluso a plantear el acoso a las sedes de los partidos que actualmente forman parte del Ejecutivo y que fueron elegidos democráticamente”.

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo “no se entiende el rechazo de OSTA a que el análisis y, en su caso, la revisión de las condiciones laborales de las brigadas forestales de Sarga sean abordadas por las partes implicadas –la empresa y los representantes de los trabajadores–, dentro de los cauces establecidos y con el tiempo necesario para estudiar las propuestas y determinar su viabilidad laboral, técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, tal y como lo establece el convenio laboral vigente”.

“Deriva ajena al debate”

El Gobierno de Aragón considera que “esta deriva aleja el debate de las condiciones reales de los trabajadores y dificulta la búsqueda de acuerdos útiles para la plantilla”. También han aseverado que, “después de un verano especialmente duro en el que Aragón ha afrontado algunos de los incendios más graves de su historia reciente, y habiendo sido golpeados por terribles fallecimientos, el Ejecutivo considera indispensable actuar con responsabilidad, respeto institucional y una visión amplia y estratégica de las necesidades de nuestros montes y de la protección del medio rural y la vida en él, partiendo siempre de la indispensable solidaridad colectiva que soslaye una lucha partidista ineficaz”.

“La prioridad común es la de mejorar las condiciones de las brigadas, reforzar el operativo Infoar, proteger a los trabajadores y prevenir los incendios del futuro, reforzando la gestión forestal para evitar la generación de grandes incendios forestales y para desarrollar una extinción aún más eficaz en la protección de las personas, de nuestros pueblos, de bienes y las infraestructuras y de la riqueza de nuestro patrimonio natural”.

“Lamentable” para OSTA

El presidente del Comité Intercentros de Sarga y delegado de OSTA, Carlos Martínez, ha indicado por su parte que este órgano de representación de los trabajadores solo da voz a los acuerdos “que se consensúan”, en alusión al listado de reivindicaciones que forman parte de la huelga comenzada el pasado 18 de agosto, como la falta de medios materiales y humanos o la exigencia del reconocimiento de la categoría laboral de bombero forestal.

“Los delegados están sujetos al principio de confidencialidad”, ha dicho Carlos Martínez, señalando que “un email que mande cualquier sección sindical a otra en ningún momento se debe filtrar” y observando que este principio “está regulado” y es de obligado cumplimiento. Durante los debates, “las propuestas que se lanzan son infinitas”, ha zanjado.

Martínez ha negado que la huelga de los bomberos forestales sea “una cuestión política” contra PP y Vox, recordando que durante la anterior etapa de gobierno cuatripartito presidido por el PSOE también realizaron una huelga y que la siguiente se convocará ante “quien sea”, ya que “aquí se hacen huelgas frente a quienes están en ese momento en el Gobierno”, al ser una empresa cien por cien pública autonómica.

“Nos parece lamentable que justo ahora, antes del jueves, que tenemos una reunión en el SAMA, se hagan estas declaraciones –por parte del Gobierno de Aragón– con la intención de desestabilizar”, ha continuado el presidente del Comité Intercentros de SARGA, rechazando la política de “desviar la atención” y decir “tonterías”, ha zanjado.