El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado la rehabilitación de dos inmuebles contiguos en el barrio San José de Boo y que quedarán comunicados para albergar un nuevo edificio municipal, en el que se ampliarán las actividades destinadas a vecinos y servirá también de punto de reunión de asociaciones.

Los trabajos supondrán una inversión de más de 500.000 euros y consistirán en la reforma integral de los números 14 y 15. Uno fue consultorio hasta 2021 y, luego, centro de mayores, y el otro es el local donde se impartían las clases de pintura, incluido el bajo que era una vivienda.

Los dos quedarán comunicados mediante un nuevo volumen central, en el que se habilitarán las zonas de almacén de ambas plantas y se instalará un ascensor. Esta actuación dotará al pueblo de Boo de cuatro grandes salas funcionales de servicio público: dos de 90 metros cuadrados y las restantes de 50.

En las nuevas instalaciones se seguirán impartiendo actividades municipales, como cursos y talleres de pintura, kárate, pilates o las del programa de promoción del envejecimiento activo, y servirán de punto de encuentro para asociaciones, como la de mayores, o para comunidades de vecinos también, ha informado el Consistorio.

El entusiasmo del Gobierno del Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga a la hora de promocionar el proyecto del centro de datos Altamira contrasta con las cautelas y el escepticismo que está generando en la oposicion política la falta de información sobre esta iniciativa privada para invertir 3.600 millones de euros y generar 1.500 empleos en Cantabria.

Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dossier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado Stoneshield, el fondo de inversión del hijo de Ana Botín, ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.

“Estamos ante un proyecto demasiado opaco para ser tan importante para Cantabria”, considera el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en declaraciones a este periódico. Pedro Hernando critica que no conocen a la empresa promotora, Tavira 424, “de la que el consejero nunca ha hablado en el Parlamento”, ni sus datos de inversiones y empleo reales, ni la viabilidad económica “porque en la memoria estos datos aparecen borrados”. Tampoco conocen el informe de la Universidad sobre las cuestiones técnicas “porque no existe” -subraya- “como así lo ha confirmado el consejero ante los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo”.

Estas circunstancias conducen a los regionalistas a pensar que “las dudas son fundadas”. “Mucha inversión, mucho empleo -más que Google y Amazon juntos en Aragón-, mucho consumo de energía y nada de información, ni un dato concreto, ni una cifra real”, advierte Hernando.

“Los regionalistas solo nos ponemos la camiseta de Cantabria y de momento el proyecto de Tavira 424 nos genera más dudas que certezas”, subraya. Con todo, el PRC espera “que salga bien, por el interés de todos” y advierte de que “solo estaremos muy vigilantes”. “Adhesiones inquebrantables como la que ha pedido Arasti, ninguna” -confirma- “hasta no verlo todo blanco sobre negro y no negro sobre blanco que es de momento la memoria que conocemos”.

Por su parte, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, considera que se está tramitando “bajo un manto de oscurantismo, falta de transparencia y opacidad que un gobierno no puede permitirse y que el PP no solo se está permitiendo, sino que está haciendo gala de ello”. Primero, admitiendo que no existe el informe de la Universidad que avala el proyecto del centro de datos ‘Altamira’ y que Buruaga daba por confirmado y “ahora censurando un dossier con documentación sobre esta inversión millonaria al Parlamento de Cantabria”.

El PSOE califica esta circunstancia de “tremenda irresponsabilidad” y que es una falta de transparencia evidente “que da idea de la desesperación que el Gobierno del PP tiene para apropiarse algún proyecto para intentar sacar la cabeza, aunque la inversión sea privada” -añade- “porque no tienen ningún proyecto propio para Cantabria ni ninguna inversión propia en Cantabria que no sea herencia recibida del gobierno anterior o iniciativa del Gobierno de España”.

“El proyecto Altamira es el espejo de las contradicciones entre la euforia de Buruaga y la dura realidad de la parálisis de Cantabria” -subraya Quiñones- “un proyecto con inversión 100% de capital privado del que Buruaga se ha hecho su principal valedora”.

En este sentido, el PSOE de Cantabria señala una contradicción: el proyecto necesitará mano de obra altamente cualificada en conocimientos de energías renovables, “talento que tendrá que venir de fuera de Cantabria porque a la vez que avalan este proyecto niegan la necesidad de desarrollar el centro de Formación Profesional en Viérnoles para capacitar a personas en conocimientos en materia renovable”.

“El proyecto Altamira es el espejo de las contradicciones entre la euforia de Buruaga y la dura realidad de la parálisis de Cantabria”, concluye la portavoz socialista.

El Gobierno de Cantabria del Partido Popular, presidido por María José Sáenz de Buruaga, ha confiado todas las esperanzas y energías de esta legislatura al proyecto Altamira, un macro centro de datos de 500 megavatios que impulsa Stoneshield, el fondo de inversión del hijo de Ana Botín, entre los municipios de Villaescusa y Piélagos, y que promete un horizonte épico en una comunidad necesitada de inversiones: 3.600 millones de inversión y 1.500 empleos.

El ejecutivo de Buruaga ha activado una campaña de apoyo, a la que se ha sumado la Universidad de Cantabria, y ha tramitado con toda celeridad su catalogación como primer Proyecto Estratégico autonómico y ha redactado en tiempo récord el atajo urbanístico: el Proyecto Singular de Interés General (PSIR). Pero, pese a la entusiasta promoción pública del proyecto la información técnica y económica del mismo no se conoce con toda su exactitud.

La memoria presentada por los promotores del futuro macro centro de datos Altamira para justificar la declaración de Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria es un dossier de 15 páginas que ha llegado capado al Parlamento de Cantabria. Concretamente, está censurada la información relativa a las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera: los apartados más determinantes y significativos a la hora de realizar la evaluación. Datos que la empresa privada considera confidenciales.

Un documento que se remitió después que el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, se quejase de que algunos medios de comunicación tenían más información que los propios diputados sobre el proyecto del que estaban debatiendo sin conocerlo en el hemiciclo y que avanza con celeridad. El Gobierno de Cantabria ya ha aprobado el proyecto estratégico, ha redactado el documento urbanístico del PSIR, ha vendido los terrenos a la promotora privada y ha iniciado una campaña para que toda Cantabria “se ponga la camiseta” de apoyo a esta iniciativa. Los socialistas también criticaron la falta de transparencia al no disponer del informe.

En la comparencia ante el Parlamento del consejero de Industria, Hernando advirtió de que los impulsores del proyecto Altamira compraron un centro de datos en Madrid por 40 millones a Indra “y en un año le dieron el pase”. “Está en el informe Spaindc.com que es la sociedad que se ocupa de los data center, que además tiene una conocida expolítica de relaciones institucionales, la señora Villacís”, añadió.

El portavoz del PRC garantizó el apoyo al proyecto “pero queremos nos aclaren las dudas y que no se vean metidos en un lío”. “Lo que quiero es que me de los papeles donde ellos garantizan que eso no va a ocurrir y eso es público. Esto no es privado, esto es público”, concluyó su intervención.

Lo que recibió del Gobierno de Cantabria ha sido una memoria que condensa en 10 hojas la explicación del proyecto para avalar una inversión de 3.600 millones de euros, puesto que cuatro de las 15 páginas totales son planos y fotografías, y otra es un correo electrónico con instrucciones del responsable del proyecto, Javier Ibáñez, que se registró cuatro días después. Este mensaje explica que los tres apartados censurados “contienen datos de carácter confidencial” que en caso de divulgarse a terceros requerirán “consulta previa”.

La última página del informe también incide en estas cautelas: “En la medida de lo posible el Gobierno de Cantabria comunicará y consultará con Stoneshield Capital la potencial divulgación de la información contenida en esta presente memoria”. También incide en que se limite el acceso o que se practique “la oportuna disociación de datos”.

El anuncio del proyecto se hizo en febrero de 2025. El Gobierno de Cantabria presentó como promotor a Stoneshield Capital, el fondo de inversión de Felipe Morenés (hijo de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín) y Juan Pepa. Una marca que enseguida pasó a un segundo plano.

En esa comparecencia estaban Javier Ibáñez, encargado de adquisiciones de Stoneshield, y Javier Gonzalo, gerente de XDC Properties, una filial de la primera empresa que tomó las riendas del proyecto y que, en otro giro de guion, dejó en manos de una tercera sociedad: Tavira 424 Servicios Corporativos S.L., una consultora recién constituida.

Financiación del proyecto

El documento del proyecto del Campus Tecnológico de Cantabria se presentó el 22 de mayo en el registro del Gobierno de Cantabria. Cuatro semanas después, el consejero de Industria cumplió el trámite de presentarlo oralmente en el Parlamento (no había entregado la memoria a los diputados) y tres días más tarde, el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira' se convirtió en la primera iniciativa empresarial en obtener la declaración de proyecto estratégico. Lo aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión ordinaria del 19 de junio. En esa fecha todavía no se había constituido la Unidad Aceleradora de Proyectos que anunció el Gobierno.

En cualquier caso, la categoría de proyecto estratégico no implica su aprobación, ni la autorización de su puesta en marcha. Para eso hará falta el correspondiente procedimiento administrativo y la obtención de las necesarias autorizaciones y licencias.

No obstante, la Ley de Simplificación ya preveía la figura del proyecto estratégico que otorga tres beneficios: reduce a la mitad los plazos de los trámites y facilita y da preferencia para acceder a las líneas de financiación y avales del Gobierno de Cantabria o de sus entidades dependientes.

Soluciones técnicas

La memoria no especifica, por tanto, los detalles de la solución técnica del centro de datos de 500 megavatios para refrigerar la instalación. Se limita a un enunciado: “Refrigeración no evaporativa presentando un WUE [efectividad del uso del agua] próximo a cero”. En otro apartado se aclara que se abastecerá de energías renovables con paneles fotovoltaicos y un sistema de recogida de agua de lluvia. Eso sí, requiere crear una nueva infraestructura eléctrica y de redes de fibra óptica.

De hecho, todo el proyecto depende principalmente de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, de que la instalación pueda enchufarse a la cercana subestación eléctrica de Penagos, con capacidad para 220.000 voltios y -según el Gobierno- actualmente “infrautilizada” que podría proporcionar la potencia requerida por las obras: 100 megavatios en 2028 y 500 en 2030.

Los regionalistas han mostrado su preocupación por si el Centro de datos agota la “fortaleza energética” y resulta que otros proyectos estratégicos que se pueden colocar, por ejemplo, en la cuenca del Besaya, no van a tener energía y agua, “porque lo usa todo este proyecto”. “Estoy seguro que no es así y que eso va a estar en la memoria que ustedes tenían que haber traído” -censuró- “como el plan de viabilidad económico-financiero, con indicación de cuáles son los recursos disponibles”.

Creación de empleo

El Gobierno y los promotores del proyecto han manejado algunas previsiones del empleo que generará el proyecto. La fase de construcción -levantar el edificio, instalar paneles solares y sistemas de refrigeración sostenibles- se estima que proporcionará un trabajo lógicamente eventual a 1.500 personas, desde arquitectos e ingenieros hasta operarios.

Una vez terminada la infraestructura los cálculos son que de empleo a 350 personas de forma directa, entre seguridad, mantenimiento de las instalaciones, técnicos en refrigeración y técnicos y especialistas en ciberseguridad. Además, estiman que se crearán otros 1.100 empleos indirectos en transporte, logística, mantenimiento y servicios auxiliares.

Decenas de personas han participado este domingo en la marcha solidaria organizada por Cantabria Solidaria que ha recorrido los municipios de Piélagos y Villaescusa, con el objetivo de recaudar 7.700 kilos de alimentos no perecederos para Cruz Roja, Cáritas, la Cocina Económica y el Banco de Alimentos.

Así, vecinos de ambos municipios, junto con personas procedentes de diferentes puntos de la región e incluso de otras comunidades autónomas, han iniciado la marcha a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Piélagos en Renedo, y han recorrido 13 kilómetros hasta el pabellón municipal de La Concha de Villaescusa.

Allí ha finalizado con una comida solidaria y las actuaciones de Mario San Miguel; Airiños da Terra; Vuelven los Lobos; Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco. Además, se ha hecho un reconocimiento especial a Cheda DJ, ha informado el Consistorio de Piélagos.

Bajo el lema 'Sí a la paz', esta marcha ha cumplido su edición número 141 y continuará en Santander el 7 de mayo, donde hará un recorrido que comenzará en el Ayuntamiento y seguirá por la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Cantabria, la Cocina Económica (donde se entregarán los alimentos recaudados) y finalizará en el Parlamento.

Partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Piélagos, en concreto PSOE, PRC y @AVIP, han abandonado el Pleno al inicio de la sesión de este jueves en protesta contra la actitud “autoritaria” del alcalde, Carlos Caramés (PP) --que cuenta con mayoría absoluta--, al que acusan de recurrir a las “amenazas personales, bloqueos sintomáticos y manipulación” para “silenciar” su labor de oposición.

Los ediles de la oposición, excepto el de Vox, han acudido al inicio de la sesión plenaria pero solo para entregar al secretario municipal un escrito firmado por todos los concejales de PSOE, PRC y @AVIP en el que detallan los motivos para no participar en el Pleno y solicitar que fuesen recogidos en el acta.

Tras la entrega del escrito, que ha hecho en nombre de la oposición la secretaria general del PSOE y portavoz municipal, la exalcaldesa Verónica Samperio, los representantes de los tres grupos han abandonado el salón de Plenos.

En el escrito, socialistas, regionalistas y el edil de @AVIP denuncian que una de las razones de esta acción que llevan a cabo fue el incidente en el que el alcalde profirió “graves amenazas” contra el concejal socialista Javier Luis Tomás Fernández, durante una comisión municipal, en “un ataque directo contra los principios democráticos y una intimidación personal hacia quienes representamos a la ciudadanía desde la oposición”, hechos que el edil del PSOE denunció el pasado 27 de septiembre ante la Guardia Civil.

Además de las amenazas, según han señalado los partidos de la oposición, Caramés ha recurrido a “mentiras públicas para desviar la atención de sus acciones, minando así la confianza en las instituciones municipales”.

“La democracia requiere respeto mutuo, transparencia y un debate honesto, principios que hoy en día están siendo pisoteados en Piélagos”, por lo que “nos vemos obligados a alzar la voz, no con nuestra presencia, sino con nuestra ausencia. Es un acto de responsabilidad política”, han justificado desde PSOE, PRC y @AVIP en su escrito en el que han subrayado que han decidido así “no legitimar con nuestra presencia en el Pleno a un alcalde que utiliza la intimidación como herramienta política”.

Asimismo, la oposición ha criticado que el comportamiento “autoritario” del regidor les ha “impedido y dilatado el acceso a la información y la documentación”, y ha generado “un constante bloqueo para debatir y tratar las propuestas que legítimamente presentamos en beneficio de la ciudadanía de Piélagos, silenciando las voces de miles de ciudadanos representados por nuestros grupos, algo inaceptable en una democracia”.

Los socialistas, además de rubricar el escrito conjunto de la oposición, han manifestado en un comunicado que estas amenazas, “escuchadas por varios testigos” en el Ayuntamiento, no solo representan un “ataque personal, sino también una violación de los principios democráticos y del respeto institucional”.

Según han detallado, esta acción de no participar en el Pleno, “no es un abandono de la lucha por Piélagos, sino una reafirmación del compromiso de la oposición para defender los derechos de la ciudadanía y garantizar que las instituciones locales respeten los principios democráticos”.

Por su parte, la edil regionalista, Susana Iglesias, ha exigido públicamente “un cambio inmediato de actitud” en el equipo de Gobierno 'popular', al que insta a “reconducir la actitud del alcalde y recuperar la transparencia en la gestión, poniendo fin a las prácticas partidistas y antidemocráticas que están deteriorando la convivencia y el progreso de Piélagos”.

“La mayoría absoluta no puede ser una excusa para imponer un régimen autoritario que ignora los derechos de la oposición y, en última instancia, de todos los vecinos del municipio”, ha concluido Iglesias.

Modificación de asignaciones

En este marco, el Pleno ha aprobado, con los votos de los concejales que quedaban en la sesión de PP y Vox, una modificación del régimen de asignaciones económicas a todos los grupos municipales de cara a ofrecer una ayuda extraordinaria a las 71 familias de los estudiantes de Bachillerato afectadas por el incremento del coste del transporte escolar del IES Valle de Piélagos de Renedo.

En concreto, según ha explicado el portavoz del PP, Marco Antonio Pelayo, el coste del transporte, que no cubre la Consejería de Educación para esta enseñanza, ha aumentado de 250 euros habituales a 650 por la contratación de un autobús con mayor capacidad, por lo que se ha acordado fijar en 30 euros el componente fijo mensual por grupo municipal a propuesta del equipo de Gobierno.

Los 'populares' han calificado esta modificación como una solución “responsable” ya que “no va a tocar partidas presupuestarias que supongan una merma en la atención o prestación de servicios al resto de los vecinos”, y “sostenible” ya que “afecta a todos los grupos municipales por igual”.

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este jueves, a propuesta del equipo de gobierno y por unanimidad, la cesión de uso gratuito de una parcela de titularidad municipal ubicada en Boo a favor del Gobierno de Cantabria para la construcción del nuevo centro de salud de la zona norte del municipio.

“Ahora podemos decir que Piélagos sí ha cumplido”, ha asegurado el alcalde, Carlos Caramés (PP), quien ha dejado claro que el Consistorio hace la cesión, pero es la Consejería la que aprueba la recepción de la misma con el compromiso de construir un centro de salud que atendería a más de 10.000 vecinos de la zona norte en un municipio que “no deja de crecer”.

“Por fin es cierto, existen los primeros euros destinados verdaderamente para este proyecto”, ha recalcado el alcalde, quien ha lamentado que, “hasta la fecha, el único gasto para el centro de salud de la zona norte había sido el de la foto”.

Caramés ha dicho no tener duda de que el Gobierno de Cantabria cumplirá porque tiene el compromiso expreso de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y se ha mostrado confiado de que en esta legislatura se pueda ver la primera piedra y la construcción.

Durante su intervención en el Pleno de septiembre, del que ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Caramés ha señalado que en abril de 2017, la consejera socialista de Sanidad, la alcaldesa socialista y concejales del PSOE-PRC se hicieron una foto “anunciando prácticamente la construcción, sin haber realizado ningún trámite más y que después de aquellas elecciones nunca más se supo”.

“Es una buena noticia que el PP haya dado continuidad al trabajo del tripartito”, ha opinado la portavoz del Grupo Regionalista, Susana Iglesias, quien ha acusado al equipo de Gobierno de “andar como pollo sin cabeza”; mientras que para el portavoz de VOX, Francisco Manuel Gutiérrez Calderón, la cesión de la parcela municipal representa “un avance para dar servicio a la gente que lo necesita”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal @VIP, Luis Sañudo, ha tachado de “situación esperpéntica” la construcción de algo que, en su opinión, “no vamos a poder dotar”. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Verónica Samperio, ha reconocido que en su formación están “muy contentos de que se traiga esta cesión”. “No lo logramos nosotros, pero si lo logra el equipo de gobierno actual pues bien logrado estará”, ha apostillado.

También por unanimidad el Pleno ha acordado designar el viernes 13 de junio (San Antonio) y el lunes 8 de septiembre (Virgen de Valencia) como fiestas locales para 2025.

La cantera La Verde de la empresa Laherrán en Arce, en el municipio de Piélagos, continúa con su actividad pese a tener una sentencia que decreta su clausura, ha denunciado Ecologistas en Acción. Laherrán ha vuelto a recurrir el cierre, lo que ha llevado a la organización conservacionista a presentar un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que se rechace.

Según este colectivo, la nueva apelación de la empresa incurre en causa de inadmisibilidad, por ser una cuestión ya juzgada y sentenciada. Y es que existen hasta tres sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso del TSJC que confirman la orden de cierre de las actividades en la cantera Laherrán dictada por el Ayuntamiento de Piélagos el 25 de febrero de 2016.

Además, este órgano corroboró hace mes y medio que la sociedad no puede llevar a cabo dicha actividad, al desestimar su apelación contra la resolución de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno de Cantabria, que en septiembre de 2022 denegó la solicitud de legalización de la explotación minera, en suelo no urbanizable.

La empresa Laherrán ahora ha vuelto a presentar recurso contencioso contra una última resolución municipal de cierre ordenada con fecha 30 de noviembre de 2023. Esta resolución municipal la dictó el Ayuntamiento como consecuencia de una nueva denuncia de la asociación ante “la dejadez y paralización municipal ante las sentencias firmes de los tribunales que fueron sucesivamente dictadas ante los reiterados recursos presentados por la empresa Laherrán ante el Ayuntamiento, ante la Consejería de Medio Ambiente y ante la CROTU, para evitar el cierre de las actividades totalmente ilegales”.

“Aunque los recursos judiciales que ha presentado Laherrán durante estos últimos años, ante las diferentes administraciones, no han prosperado y ha recibido sentencias contra la actividad ilegal de la cantera y actividades auxiliares, los diferentes ayuntamientos de Piélagos desde el año 2016 no han cumplido adecuadamente con su función de control de la actividad ilegal de la citada empresa, a pesar de las reiteradas sentencias que han aclarado que dichas actividades mineras e industriales carecen de todas las licencias municipales preceptivas y de la declaración ambiental exigible a este tipo de actividades”, han señalado a través de un comunicado.

“La negligencia y los errores municipales han dado pie a que la empresa presentara multitud de recursos que, aunque han sido rechazados hasta ahora por sentencia, le han permitido seguir funcionando sin autorizaciones, fuera de la legalidad. El cierre de la actividad de la cantera no tiene recurso posible, pero la empresa se niega a dejar entrar a la policía municipal que, incompresiblemente, acepta la negativa de la empresa y, después de varias denuncias vecinales y de nuestra asociación, presentó el 22 de febrero de 2024 en el juzgado autorización para entrar en domicilio particular, cuando desde el 3 de enero de 2024 nos trasladó que lo iba a hacer”, han añadido desde el colectivo.

“Siguiendo el relato de Ecologistas en Acción, el 14 de marzo, el juez ha concedido al Ayuntamiento el permiso para la entrada en las instalaciones de Laherrán, para clausurar la actividad de extracción de piedra, pero, a día de hoy, la cantera sigue funcionando pese a tener orden municipal de clausura y autorización judicial para proceder al precinto de la cantera”, han explicado. 

Último recurso de la empresa

Como viene haciendo desde el año 2016, la empresa presentó un recurso contencioso “y de nuevo estamos ante los tribunales para resolver judicialmente un asunto que ya está juzgado y sentenciado desde el año 2018”.

Por ese motivo, Ecologistas ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 del TSJC un nuevo escrito para que se rechace el recurso de Laherrán porque incurre en causa de inadmisibilidad, por ser una cuestión ya juzgada y sentenciada. “Esperamos que este Juzgado atienda a nuestras peticiones y el Ayuntamiento ya no tenga ninguna opción de permitir que la empresa Laherrán siga funcionando de forma ilegal desde el año 1950”, ha concluido Ecologistas en Acción.  

El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés (PP), ha incorporado a las concejalías del Ayuntamiento las áreas de gestión de Familia, Atención al Vecino, Accesibilidad y Voluntariado, que estarán a cargo de los 13 integrantes del nuevo equipo de Gobierno, cuyas retribuciones se reducirán “un 22%” respecto al anterior.

Caramés ha apuntado que los nuevos ediles son siete hombres y seis mujeres, “expertos en gestión pública y privada” y “conocedores de las necesidades de los 12 pueblos y de sus vecinos”, que llegan al cargo “con conocimiento y visión de conjunto”.

Según ha indicado, las nuevas áreas de gobierno tienen como finalidad potenciar aquellas políticas prioritarias para el PP como la atención a las familias, reforzando los programas de conciliación y prestando especial atención a los menores con necesidades especiales; o las relaciones con las juntas vecinales, retomando un diálogo y colaboración “permanente” que “no ha existido durante las dos últimas legislaturas”.

Asimismo, el regidor se ha referido a la recuperación de la accesibilidad como una política “transversal e irrenunciable, que debe estar presente en todos los proyectos, servicios o actividades” promovidas por el Consistorio; o al impulso del voluntariado, “abandonado desde 2015 y fundamental para construir un municipio de todos y para todos”.

Caramés ha anunciado que Carmen Bedoya, además de primera teniente de alcalde, será la concejala de Educación, Igualdad, Bienestar Social y Familia; César Blanco, segundo teniente de alcalde y concejal de Obras Públicas, Movilidad y Eficiencia Energética; y José Manuel Alegría, tercer teniente de alcalde y concejal de Gobernación, Seguridad y Relaciones Institucionales.

Mientras, David Diego gestionará la Concejalía de Conservación, Espacios Públicos y Servicios Generales; Francisco Javier Toraya la de Cultura, Turismo y Medio Ambiente y Gloria Bárcena Oceja la de la Economía, Contratación y Patrimonio, Festejos y Atención al Vecino.

Además, Marco Antonio Pelayo será el concejal de Urbanismo; Valvanuz Díez, concejala de Promoción Agroalimentaria, Ganadería y Bienestar Animal; Borja López, de Juventud y Deporte; Inmaculada Araunabeña de Sanidad, Participación Ciudadana y Voluntariado; Almudena Ruiz, de Accesibilidad y Autonomía Personal; y Rosa María Revilla, de Personal, Empleo y Desarrollo Local.

Asimismo, como cargos de confianza designados por el nuevo equipo de gobierno municipal están Alfredo Alonso, como jefe de gabinete de la Alcaldía; Eduardo Mazón, coordinador de Deportes; María Jesús Sánchez, coordinadora de Cultura; y Daniel San Miguel, coordinador e inspector de servicios de conservación y mantenimiento de espacios públicos.

Reducción de las restricciones

Caramés ha recordado que el Ayuntamiento de Piélagos aprobó el pasado sábado en un Pleno extraordinario, a propuesta del equipo de gobierno del PP y con el voto en contra de PSOE, @VIP y VOX y la abstención del PRC, la concreción de los concejales con dedicación exclusiva o parcial, que se reducen de nueve a seis respecto a la legislatura anterior, así como la nueva retribución de éstos, que supondrá “un ahorro del 22 por ciento”.

Así, según ha informado el Ayuntamiento, la nueva masa salarial de los miembros del equipo de gobierno del PP es de 244.600 euros, frente a los 313.600 euros que percibía el anterior tripartito formado por PSOE, PRC y AVIP. Esto supone “un ahorro anual de 69.000 euros”, ha subrayado el regidor.

En la misma línea, ha hecho hincapié en que la reducción del número de concejales liberados del nuevo equipo de Gobierno municipal hará posible que los vecinos de Piélagos paguen 276.000 euros menos a lo largo de la legislatura 2023-2027.

El alcalde de Piélagos también ha apuntado que los salarios de los cuatro nuevos cargos de confianza, uno más que durante la anterior legislatura, tampoco supondrán un aumento de la masa salarial. De hecho, ha puntualizado que ésta se reducirá 50 euros anuales, ya que dos de ellos tendrán dedicación exclusiva y los dos restantes parcial del 75 y el 25 por ciento, respectivamente.

Mientras, el anterior equipo de Gobierno (PSOE-PRC-AVIP), formado por 11 miembros, tenía 9 liberados, 7 de ellos con dedicación exclusiva (la alcaldesa y seis concejales) y 2 con dedicación parcial. En el nuevo del PP, a pesar de contar con 13 ediles, “solo seis de ellos están liberados: 4 con dedicación exclusiva (tres concejales y el alcalde) y 2 con dedicación parcial”, ha recalcado Caramés.

El Ayuntamiento de Piélagos abre desde este martes, y durante un periodo de 20 de días hábiles, el plazo de solicitud de becas y ayudas al estudio, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 19 de julio.

Podrán beneficiarse de las mismas quienes tengan la patria potestad o tutela de los alumnos o éstos, siempre que sean mayores de edad o estén emancipados. Todos los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en el Ayuntamiento de Piélagos, con una antigüedad de, al menos, el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria y de forma continuada.

Los alumnos tendrán que estar matriculados en centros de enseñanza públicos o concertados; en curso de Educación preescolar, Infantil, Primaria y Secundaria; programas de cualificación profesional inicial y/o de garantía social; Bachillerato; Formación Profesional de Grado Medio y/o Superior; universidad pública o privada y enseñanzas universitarias de máster, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Educación, Luis Sañudo, ha señalado que las ayudas y subvenciones tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos que el inicio del curso escolar ocasiona a las familias en condiciones socioeconómicas más bajas como, por ejemplo, la adquisición de libros de texto y material didáctico o los gastos de transporte.

El PP de Piélagos defenderá una moción en el próximo Pleno municipal instando a que el Ayuntamiento reivindique y colabore con el Gobierno de Cantabria en la búsqueda de soluciones ante el “deterioro” del Parque Natural Dunas de Liencres y Costa Quebrada.

El portavoz 'popular' en el Consistorio, Carlos Caramés, ha anunciado esta iniciativa de su grupo ante la situación de “abandono” del Parque Natural y por extensión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada que, en su opinión, “han tocado fondo, el estado de abandono es tal que debería provocar sonrojo a las administraciones competentes”.

Caramés ha subrayado en un comunicado que desde la Junta Vecinal de Liencres, gobernada por el PP y “sensibilizada” con este problema, “ya se están buscando y proponiendo medidas para solucionarlo” y ha añadido al respecto que la iniciativa que se llevará a la sesión plenaria es un ejemplo.

La moción del PP, que se debatirá el viernes 6 de septiembre, plantea actuar con medidas sancionadoras ante los usos y actuaciones no permitidas en este entorno y pide que la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente “se ponga a trabajar dotando de medios suficientes al Patronato para que se lleven a cabo medidas urgentes que solucionen todos los problemas que existen por la zona”.

Así, entre estos problemas, Caramés ha detallado que el parking de las playas de Canallave y Valdearenas requiere urgentemente “medidas básicas de mantenimiento”, ya que “llevan varios años sin hacerse y proliferan los baches por doquier, el balizado está muy deteriorado, la señalización tanto vertical como horizontal está inservible, y no se ha repuesto mobiliario urbano, como papeleras o bancos”.

Igualmente ha señalado que “el uso que se realiza en gran parte del entorno para mantener encuentros de carácter sexual está generando innumerables conflictos e incomodidad entre los usuarios de las playas”.

Finalmente, Caramés ha advertido de la “proliferación de plantas invasoras y la degradación de la zona de acantilado” de 'Costa Quebrada', donde ha dicho que “existen aglomeraciones de vehículos y autocaravanas sin control y que es lugar habitual de 'botellón' -sobre todo en los alrededores de la Playa de Pedruquios y el entorno del Madero- que transforman la zona en un vertedero”.

La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio (PSOE), ha adjudicado por 12.251 euros la renovación del mobiliario de su despacho, tal y como consta en la resolución de contratos menores relativa al primer trimestre de este año publicada en el Boletín Oficial de Cantabria y consultada por eldiario.es.

A preguntas de este medio, la oposición ha considerado que el gasto es “completamente innecesario”, ya que el actual mobiliario “cumple perfectamente su función y no está deteriorado, independientemente de que sea más bonito o más feo”, ha sostenido la portavoz del PP, Eva Arranz.

Desde las filas de la oposición subrayan que “hay otras prioridades mucho más importantes” que gastar más de 12.000 euros en el despacho de la dirigente socialista, que llegó al cargo en junio de 2015 tras una votación no exenta de sorpresa.

Samperio (Quijano, 1980) se proclamó alcaldesa sin un pacto previo y a pesar de que la candidatura que lideró en los comicios municipales quedó, con el 14% de los votos y tres concejales, en cuarto lugar, por detrás de PP, PRC y AVIP.

“Es un gasto innecesario de un dinero que bien podría dedicarse al mantenimiento de las Escuelas Infantiles”, ha defendido el portavoz de IU, Rubén Vicente Carrillo.

En la misma línea, Luis Antonio Sañudo, portavoz de AVIP, ha resaltado que esta partida “no concuerda con el discurso oficial del equipo de Gobierno de que hay que ajustarse el cinturón”.

A este respecto, el concejal recuerda que “incluso el mismo interventor señala en la memoria económica de los presupuestos que hay que reducir el gasto corriente” ante la “espada de Damocles” que supone el Alto del Cuco. “Desconozco cómo está el despacho pero este gasto no parece muy proporcional ni procede en estos momentos, siempre yendo al compás de lo que ellos mismos manifiestan”, concluye.

Respuesta de alcaldía

Según figura en el Boletín Oficial de Cantabria, el equipo de Gobierno de Piélagos ha autorizado el gasto de 12.251,51 euros para renovar el “mobiliario despacho alcaldía”, así como otros 8.998,41 euros para “armarios con llave en las oficinas del Ayuntamiento”, adjudicados ambos trabajos a la empresa Tecosa.

Cuestionados por este asunto, desde la oficina de prensa del Consistorio aseguran que los 12.250 euros “no solo son para cambiar el despacho de alcaldía sino también para seguir incorporando más armarios”.

Según han apuntado fuentes municipales a este diario, las obras en el despacho de Samperio se ejecutarán cuando esta esté de vacaciones.

El equipo de Gobierno (PSOE-PRC) del Ayuntamiento de Piélagos continúa adelante con los trámites para cambiar el objeto social de las Escuelas Infantiles de Renedo y Boo y sustituirlas por jugotecas-guarderías. La Comisión de Sanidad aprobó este lunes, de forma inicial, la nueva ordenanza que fija los precios para este servicio.   

El cambio de objeto social supone la pérdida del proyecto educativo de los centros y no conlleva la subrogación del personal que hasta ahora ha venido trabajando en las escuelas, lo que ha provocado las críticas de las familias con niños matriculados, de los propios empleados y de parte de los partidos de la oposición. 

Tanto desde IU como desde AVIP habían reclamado al bipartito PSOE-PRC que paralizara el proceso hasta alcanzar un acuerdo con todas las partes implicadas. En este sentido, ambas formaciones demandan que se realice un estudio comparativo para conocer cuáles serían las diferencias económicas entre una gestión pública y una externalizada. Esta reivindicación también es compartida por familias y trabajadores.

Sin embargo, el equipo de Gobierno sigue adelante con los trámites. Ha eliminado la anterior ordenanza que regula los precios para las jugotecas y ha dado forma a una nueva adaptada al próximo servicio, la cual será aprobada, de forma inicial, este jueves en el Pleno. 

Así lo denuncia el concejal y portavoz de IU, Rubén Vicente Carrillo, que apunta que el siguiente paso será “sacar a concurso público la gestión de las futuras guarderías”. De este modo, el edil ha puesto en cuestión la “leve voluntad de negociación” mostrada por PSOE y PRC mientras continúan con el proceso administrativo de eliminación de las Escuelas Infantiles.

Así, IU exige al equipo de Gobierno que abra una mesa de negociación para buscar una solución consensuada en la que participen las familias, las trabajadoras y los partidos políticos que componen la Corporación. Por último, ha reiterado que “hay varias vías posibles para el mantenimiento de las Escuelas y seguimos defendiendo que la municipalización del servicio es posible y es la opción que mejor asegura el proyecto educativo a largo plazo”, concluye.

Falta de estabilidad

La gestión de las Escuelas Infantiles de Renedo y Boo ha estado marcada por una falta de estabilidad desde sus inicios. Los centros fueron construidos por fondos públicos -con cargo al Plan E-, pero su gestión ha sido siempre privada, salvo unos meses en los que el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo ante la renuncia de una de las empresas.

La primera concesaria -Yalmar, dedicada a la organización de eventos- fue expulsada por “gravísimas deficiencias”. Después de esta empresa “han pasado otras tres en un periodo inferior a los tres años”, lamentan las familias. 

“El nivel de desamparo del personal que trabaja allí es impresionante. Más de tres años sin estabilidad, haciendo labores de limpieza y cocina, aparte de cuidar a los niños de una manera que hace que todos los padres nos hayamos unido para defender la escuela, pero una escuela con ellas”, explicaron en declaraciones a eldiario.es.

Izquierda Unida (IU) no quiere que los responsables del desaguisado urbanístico del Alto del Cuco se vayan de rositas. Por eso, el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha presentado una moción en la que insta al Consistorio a iniciar un procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial contra los ediles que votaron a favor del proyecto y contra los funcionarios que lo avalaron con sus informes.

Para hacer frente al derribo de esta macroubanización de 200 chalés de lujo -declarada ilegal en el año 2011 por el Tribunal Supremo- y a la restauración ambiental de la zona, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 3,7 millones de euros.

Estos trabajos comenzaron en agosto del año pasado gracias al acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el Gobierno de Cantabria. Ante la incapacidad económica del Ayuntamiento de asumir el coste de las obras -un informe de los servicios técnicos municipales advertía de la necesidad de hacer importantes recortes en los servicios básicos e incluso tener que crear una tasa especial entre los vecinos-, el Ejecutivo autonómico aceptó adelantar los 3,7 millones, que serán devueltos por la administración local en los próximos diez años más un 1% de intereses.

A esa cantidad habrá que sumar la indemnización que los jueces determinen que le corresponde a la empresa constructora, Martinsa Fadesa, ya que esta levantó la urbanización con todos los permisos municipales en regla. Según señala IU en la exposición de motivos de la moción, que será debatida el próximo 11 de mayo, los administradores concursales de Martinsa Fadesa -que está en fase de liquidación- reclaman al Ayuntamiento 69 millones de euros por el lucro cesante.

Los responsables del Cuco

En la moción, consultada por eldiario.es, el concejal de IU expone que el exalcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP) -ya fallecido- “no es muchísimo menos el único responsable” de la “nefasta” operación urbanística del Alto del Cuco.

Tal y como relata, el Plan Parcial fue aprobado de forma provisional en diciembre de 2013, pese a que el entonces portavoz municipal del PRC, Manuel Quintanal, ya advertía de la conveniencia de no otorgar derechos edificatorios en una zona que pudiera verse afectada por los futuros planes regionales de ordenación del territorio y del litoral, que fueron aprobados tan solo unos meses después.

En febrero de 2014, la dirección general y la comisión regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria emitieron sendos informes en los desfavorables a este Plan.

Aunque “la lógica y la prudencia” indicaban entonces que se paralizase la tramitación -continúa exponiendo Vicente Carrillo-, el 23 de marzo el Pleno de la Corporación municipal aprobó de forma definitiva el proyecto urbanístico. Este salió adelante con los votos favorables de los siete ediles del PP más otros dos concejales no adscritos que meses antes habían abandonado esta formación y que un mes después de la votación se reincorporaron con dedicación exclusiva al equipo de Gobierno. En contra se posicionaron los cuatro representantes del PSOE, los tres del PRC y el edil de la Agrupación de Pueblos Independiente de Piélagos.

Una “losa” sobre Piélagos

“Quienes votaron a favor de esta aprobación definitiva conocían el informe de la Comisión Regional de Urbanismo y fueron advertidos de las recientes modificaciones legislativas autonómicas, y sin embargo siguieron avanzando hacia el desastre que ahora pesa como una losa sobre las espaldas de todo el municipio”, denuncia el concejal de IU.

Además, Vicente Carrillo también apunta que “los concejales del PP tuvieron una última oportunidad de evitar tantos perjuicios a la ciudadanía, cuando 10 de junio de 2004 el Gobierno de Cantabria, desde su Consejería de Presidencia, requirió al Ayuntamiento que anulase o revocase el acuerdo del Pleno, una oportunidad que fue ignorada por los entonces gobernantes del municipio, que a través del puño y letra del alcalde rechazó el requerimiento”.

La urbanización

La urbanización del Alto del Cuco preveía la construcción de 400 viviendas de lujo. Fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de una demanda presentada por la asociación ecologista ARCA, a la que se adhirió el propio Gobierno de Cantabria -integrado por PRC y PSOE-, contrario a esta actuación urbanística.

En la sentencia, el TSJC cuestionaba “la agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplazaba la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar 395 viviendas”, en una actuación que calificaba de “traumática”. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo en el año 2011.

Que el Alto del Cuco es historia es una verdad a medias. Cierto es que las 214 viviendas construidas sobre el monte de La Picota han quedado reducidas a escombros gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos y que la recuperación ambiental de la zona comenzará a ejecutarse a principios de año, pero aun queda por dirimir una cuestión que es trascendental: la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

¿Quién o quiénes son los responsables de haber permitido a Martinsa Fadesa levantar una macrourbanización sobre un área protegida? Y, ¿con cuánto dinero ha de ser indemnizada la empresa?

En el año 2004, el Ayuntamiento de Piélagos aprobó el Plan Parcial del Alto del Cuco y concedió a Martinsa Fadesa las licencias oportunas para llevar a cabo la obra. Por lo tanto, la constructora es considerada, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, como una víctima más de la anulación del Plan Parcial. Por ello, debe ser resarcida económicamente.

El Ayuntamiento de Piélagos, en manos de la socialista Vérónica Samperio, guarda un mutismo absoluto sobre este asunto. Este diario ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con la alcaldesa o con algún miembro de su equipo de Gobierno sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, Martinsa Fadesa ha llegado a solicitar al Consistorio 270 millones de euros. Esa es la cantidad que la empresa puso sobre la mesa del exalcalde, Enrique Torre (PP), durante la anterior legislatura.  

El montante total no es para nada definitivo, sino que tiene que ser consensuado con la administración local o bien cifrado por un juez en caso de que ambas partes no alcancen un acuerdo. De hecho, el expediente elaborado por los técnicos municipales cifró la responsabilidad patrimonial en algo más de la mitad de lo que reclama la constructora. 

Para calcular la indemnización ha de tomarse como base lo que Martinsa Fadesa gastó en la construcción de la urbanización hasta que en 2007 fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y las obras quedaron paralizadas. Aquí se incluye la compra de los terrenos, los informes geológicos, medioambientales y arquitectónicos, el material, la maquinaria, la mano de obra... Sobre estos gastos la constructora ya presentó las facturas en el Ayuntamiento.

Por otro lado, también tiene que ser recompensada por el lucro cesante, es decir, por los beneficios que iba a obtener de la venta de los chalés. En este caso, la indemnización es mucho más compleja de calcular, ya que tiene un grado muy importante de subjetividad al no existir facturas como tal y al entrar en juego otros factores.

Por ejemplo, en el Alto del Cuco se preveían levantar 400 viviendas de lujo en tres fases distintas, la última ya en plena burbuja inmobiliaria, por lo que el valor de los inmuebles baja considerablemente. Como apunte, algunos de los chalés tenían un precio de salida de 300.000 euros. 

Responsabilidad, ¿única o compartida?

Cinco años se ha tardado en demoler la urbanización del Alto del Cuco desde que en 2011 el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJC y declarara ilegal de forma definitiva la construcción. Determinar la responsabilidad patrimonial y que la misma se haga efectiva tampoco tiene visos de que vaya a concretarse en un breve plazo de tiempo, más bien lo contrario, si bien el Ayuntamiento ya tenía cerrado un expediente a mediados del año pasado y los contactos entre todas las partes implicadas siguen siendo habituales. 

Ese expediente fue presentado a comienzos de legislatura por la nueva regidora ante el Gobierno de Cantabria, al que la administración local considera responsable subsidario. El argumento del Consistorio es que el Ejecutivo, a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), dio el visto bueno a la aprobación del Plan General que preveía el desarrollo del Alto del Cuco y, asimismo, destacan que el Plan Parcial contaba con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Por estos motivos, creen que la indemnización que se pacte debe ser asumida a partes iguales por ambas administraciones, una cuestión a la que el Ejecutivo se niega. Según recuerdan desde la Administración autonómica, el Gobierno advirtió tajantemente al Ayuntamiento de que no aprobara el Plan Parcial.

El pago con terrenos  

Sea cual sea la responsabilidad de las administraciones públicas, el Alto del Cuco supone para el Ayuntamiento de Piélagos un verdadero quebradero de cabeza y también un riesgo económico.

Tan solo el derribo y la restauración de la zona costará a las arcas municipales unos 3,7 millones de euros, dinero que será adelantado por el Gobierno de Cantabria y que el Consistorio devolverá anualmente durante los próximos diez años a un tipo de interés simbólico del 1%. 

La situación económica del Consistorio es tan delicada que para 'armar' este rescate con el Gobierno, los técnicos municipales elaboraron un informe en el que afirmaban que sería necesario crear un impuesto especial para afrontar el derribo del Alto del Cuco, así como recortar severamente la prestación de servicios públicos y actividades culturales y deportivas.    

Así, la responsabilidad patrimonial, que ascenderá a varias decenas de millones de euros, es todo un desafío para el Ayuntamiento. Para aliviar el desembolso que esto supondrá, el equipo de Gobierno barajó la posibilidad de ceder terrenos a la constructora, pero la realidad es que Piélagos carece de suelo público. De hecho, la construcción del nuevo y necesario colegio se ha demorado durante años porque ha sido necesario comprar terrenos.    

Por último, otro factor que es determinante para determinar la cuantía y las formas de pago y que es beneficioso para los intereses municipales es que Martinsa Fadesa está actualmente en fase de liquidación después de haber acumulado una deuda de 6.700 millones de euros y que su principal acreedor es la Sareb, el conocido como 'banco malo', creado por otra administración pública -el Gobierno central- para absorber los productos tóxicos inmobiliarios.

Recientemente, la constructora sacó a subasta los suelos del Alto del Cuco, tal y como desveló este diario. También está por determinar aun si en esos mismos suelos podrá edificarse en el futuro, lo que podría hacer rebajar la compensación económica si así lo recoge la revisión del Plan General que el Ayuntamiento está tramitando actualmente.   

Cantabria es testigo este viernes de una de las inauguraciones más estrambóticas que se puedan dar en el mundo de la política: se ha cortado 'la cinta' para el comienzo del fin del Alto del Cuco, una macrourbanización de 400 viviendas de lujo que se construyó sobre un área de especial interés paisajístico -en el Monte La Picota- y que fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en 2011 por el Tribunal Supremo.

Casi cinco años después, esa sentencia ha comenzado a hacerse efectiva ante los ojos de un buen puñado de representantes institucionales, entre ellos, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos. La empresa pública Tragsa ejecutará la demolición, que se prolongará por un periodo de seis meses y que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. A ello, hay que sumar otros diez meses más y 2,6 millones para los trabajos de recuperación ambiental de la zona.  

El Alto del Cuco es uno de los símbolos de la España de la burbuja inmobiliaria y su derribo supone “un hito dentro del Estado español”. “Es un ejemplo emblemático de lo que es un atentado paisajístico: desmontar un monte físicamente para construir casas”, explica Carlos García, miembro de ARCA, la asociación ecologista que recurrió ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2004.

Esta actuación urbanística cumple con todos los ingredientes de una conducta caciquil, con una gran constructora de por medio -Martinsa Fadesa-, una huida hacia adelante, un proceso judicial prolongado, una actuación ilegal con cargo a las arcas públicas y que, por tanto, acaban pagando los ciudadanos, y una condecoración pública y acto de homenaje para el principal responsable de la trama. 

Todo comienza, según cuenta Carlos García a eldiario.es, con la liberalización del suelo aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, que modificó la ley para permitir construir en prácticamente todo el territorio, salvo aquel que estuviese expresamente protegido. Ayuntamientos como el de Piélagos se lanzaron entonces de forma “alegre e irresponsable” en brazos del ladrillo, al calor de las 'generosas' constructoras y los cuantiosos ingresos que se generaban a través de las plusvalías.

Así es como nació la urbanización del Alto del Cuco. En 2004, el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP con mayoría, dio luz verde a la operación a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo -un organismo consultivo dependiente del Gobierno de Cantabria- había emitido un informe desfavorable. Al final, el Plan Parcial se aprobó con los votos del PP más dos concejales no adscritos, que se habían salido de esta formación y que al mes siguiente de la votación se integraron al equipo de Gobierno con un sueldo por dedicación exclusiva. 

La huida hacia adelante de la Corporación municipal, comandada por Jesús Ángel Pachecho -alcalde del municipio durante 22 años-, abocó a ARCA a acudir a los tribunales. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico, gobernando en coalición por PRC y PSOE, se sumó a la demanda, de modo que el Gobierno de Cantabria se querelló contra un ayuntamiento de su propia comunidad.

Tres años más tarde, en marzo de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejó lugar a dudas: “La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática”.

Hasta ese momento, se habían levantado 214 viviendas de las 400 previstas y algunos de los compradores habían comenzado a vivir pese a no contar con los suministros básicos. Las obras quedaron paralizadas por orden judicial a la espera de que se resolviesen los numerosos recursos -hasta una docena- presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.

El veredicto final llegó en diciembre del 2011: el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC, así como el “importante e incontrovertido impacto paisajístico”. El megacomplejo quedó entonces a medio construir, inerte, al servicio de los amigos de lo ajeno, que a lo largo de estos años han aprovechado para llevarse el cobre o la fontanería, entre otros materiales. 

A diferencia del resto de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, los compradores en el Alto del Cuco fueron indemnizados por la constructora. “Ya no hay afectados como tal porque ahí las cosas se hicieron con relativa normalidad. En otros casos no había ningún tipo de aval ni de responsabilidad por parte de las constructoras”, explica el presidente de AMA, Antonio Vilela, la asociación que agrupa a este tipo de damnificados.  

El rescate público                 

La factura de la demolición la pagarán, por el momento, todos los cántabros. El Gobierno, que había recurrido el Plan Parcial, ha tenido que salir al rescate del Ayuntamiento de Piélagos, incapaz de asumir económicamente los 3,7 millones de euros. Previamente, los servicios municipales emitieron un informe advirtiendo que si el Consistorio tuviera que asumir el coste del derribo sería necesario crear un impuesto especial para los vecinos, además de tener que recortar servicios relacionados con la educación, la cultura o el deporte.

El Ayuntamiento devolverá el préstamos en cuotas anuales durante los próximos diez años, según refleja el convenio firmado entre ambas administraciones, que establece un interés simbólico del 1%. 

Aún falta por dilucidar la responsabilidad patrimonial, ya que Martinsa Fadesa comenzó las obras con todos los permisos en regla y por ello, tendrá que ser indemnizada. La cuantía aun está por resolver, pero según varios expertos consultados por este diario, será de varias decenas de millones de euros.

Homenaje al alcalde

En el centro de la operación urbanística se sitúa Jesús Ángel Pachecho, hombre fuerte del PP y alcalde de Piélagos desde 1989 y hasta 2011, año en el que fue inhabilitado poco antes de celebrarse las elecciones municipales, lo que le impidió por ley presentarse a una nueva reelección. 

Esa condena, que además incluía un año y medio de cárcel, no fue impedimento para que el Partido Popular de Cantabria le rindiese un homenaje público por su dilatada trayectoria política e igualmente le nombrara presidente de la formación en el municipio, un cargo honorífico.

No era la única causa judicial que Pacheco tenía pendiente. En mayo de 2015, una semana antes de fallecer a los 74 años de edad, fue imputado también por un delito de prevaricación urbanística. Durante su extenso mandato acumuló, además de la del Alto del Cuco, otras cuatro sentencias de derribo para sendas urbanizaciones, que en conjunto suman otras 80 viviendas pendientes de la piqueta.    

A día de hoy, en el Ayuntamiento de Piélagos hay cuatro personas que en 2004 votaron a favor del Plan Parcial y que continúan como concejales: José Manuel Alegría, Eva Arranz y Celestino Cobo, del PP, y José Antonio Castañeda, integrado en AVIP, una formación creada de una escisión de la formación conservadora. Pachecho fue el único que fue inhabilitado aunque no por el Alto del Cuco. Tampoco las urnas rindieron cuentas.