Este 8 de marzo, a la par que en las grandes ciudades se reivindica la igualdad, hay un latido silencioso, pero igual de poderoso, que resuena en nuestros campos y pueblos. Es el de las mujeres rurales que, históricamente, han sido el nexo de unión de nuestras comunidades y que hoy se alzan como pieza clave para la supervivencia.

Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres desde el mundo rural no es solo hablar de igualdad salarial o techos de cristal; es hablar de talento, de arraigo, de soberanía alimentaria y de resistencia ante el olvido. En España, casi 4 millones de mujeres rurales sostienen nuestros municipios, enfrentándose a una brecha que no solo es de género, sino también de servicios y oportunidades.

Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres desde el mundo rural no es solo hablar de igualdad salarial o techos de cristal; es hablar de talento, de arraigo, de soberanía alimentaria y de resistencia ante el olvido

Las mujeres rurales son las que consiguen que el engranaje del mundo rural no se detenga. Son ellas quienes, al decidir, evitan la despoblación. No hay pueblo con futuro si no hay mujeres que decidan vivir o emprender en él.

Su incipiente liderazgo en el sector agrario español -donde ya dirigen una de cada tres explotaciones agrarias y representan el 27% de la mano de obra agrícola- es vital para el relevo generacional que tanto se anhela en el campo. Sin embargo, todavía debemos enfrentarnos al reto de la incorporación agraria, de la titularidad compartida, de un acceso real a la toma de decisiones y a las mismas oportunidades.

Este 8-M las mujeres rurales, reclamamos igualdad de oportunidades, infraestructuras, servicios y atención. Reivindicamos que el hecho de vivir en un pueblo no signifique la pérdida de derechos, ni renunciar a una educación de calidad para nuestros hijos, ni a una sanidad cercana, ni a una conexión a internet para competir en igualdad ni alcanzar -como reivindican agricultoras y ganaderas, una mínima conciliación familiar.

La verdadera igualdad no es decir a las mujeres cómo deben vivir, sino garantizar que cada una pueda elegir su propio camino: libertad para emprender, para elegir su proyecto de vida, para formar una familia. Empoderar a las mujeres rurales es la inversión más rentable para un país que no puede permitirse que el 80% de su territorio se convierta en un desierto demográfico.

Hoy celebramos a las que estuvieron, a las que se quedan y a las que regresan. Porque si el futuro del campo tiene nombre de mujer, el de nuestros pueblos también lo tiene

Hoy celebramos a las que estuvieron, a las que se quedan y a las que regresan. Porque si el futuro del campo tiene nombre de mujer, el de nuestros pueblos también lo tiene.

Este 2026 coincide el Año Internacional de la Mujer Agricultora proclamado por Naciones Unidas para visibilizar la importancia de las mujeres en toda la cadena alimentaria.

En España, las cifras oficiales revelan que es inmenso el trabajo de campo que queda por delante, ya que a pesar de que las mujeres gestionan un tercio de las explotaciones agrarias, el reparto de las ayudas de la PAC son algo antagónicas.

En números redondos, el número total de mujeres que reciben ayudas directas de la PAC representan casi el 38%, frente a los hombres que suponen más del 62%. Una diferencia que crece cuando analizamos las cuantías económicas que se perciben, ya que las mujeres reciben el 27% de los fondos PAC, mientras que en el caso de los hombres asciende hasta el 73% de los mismos, quedando patente una brecha de casi 3.000€ que las mujeres, cobran de media, menos que los hombres.

Otro dato preocupante es la baja cifra de mujeres jóvenes que optan a estas ayudas y que representan un escaso 6% del total de mujeres, de las que solo el 0,43% son menores de 25 años.

En resumen, el escenario que presentan las estadísticas en el campo es que estamos ante un gigante de barro, que nos obliga a preguntarnos quién se ocupará del campo dentro de 10 años. Una cuestión urgente a abordar, ya que el campo español necesitaría de 20.000 nuevas incorporaciones cada año durante una década para garantizar el relevo generacional, puesto que más de la mitad de los actuales profesionales estarán jubilados en 2035.

A pesar de estas cifras tan dispares en el campo, hoy celebramos que el emprendimiento femenino en el ámbito rural supera al urbano (17,4 % frente al 10,1 %) lo que se traduce en que las mujeres son el verdadero motor del cambio económico y social. Ya solo por este dato en actividad emprendedora, las mujeres rurales deberían disponer de mayor y mejor acceso a la formación, financiación o políticas de conciliación. ¡Pongámonos a ello!

Hoy 19 de noviembre es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y como presidenta de AMFAR-Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural quiero poner el acento en las emprendedoras rurales.

En un día como hoy, debemos reconocer la valentía, el talento y la fortaleza de tantas mujeres rurales que han dado el paso para liderar su negocio en el pueblo que las vio nacer y de aquellas que abandonaron la ciudad para apostar por el campo. Tanto unas como otras, son claves para frenar uno de los grandes retos que debemos afrontar en este siglo XXI: la despoblación.

El 85% del territorio español es rural y en él vive un escaso 20% de la población total nacional, con escasa presencia de mujeres y jóvenes.

En AMFAR somos conscientes de que las mujeres son esenciales para el mantenimiento y el desarrollo sostenible de la vida y riqueza en el ámbito rural. Por este motivo, trabajamos para conseguir que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para facilitarles el emprendimiento. Deben contar con oportunidades de formación, cualificación, capacitación y de medidas efectivas que permitan la conciliación de su vida personal y profesional, y así, poder asegurar el futuro de nuestros pueblos, que en el 42% de los casos se encuentra en grave peligro de despoblación.

Recientemente, el Observatorio de Emprendimiento publicaba un estudio sobre 'Emprendedoras Rurales en España', en el que queda patente que son ellas, las propias mujeres, las que en un 79% de los casos perciben la necesidad de autoemplearse para poder quedarse a vivir en sus pueblos.

Este mismo estudio constata que en torno a un 20% de las mujeres rurales se encuentra inmersa en alguna de las fases del proceso emprendedor y más del 8% cuenta con un proyecto laboral ya consolidado, una cifra tres veces superior a la que se recoge en entornos urbanos.

En la mayoría de los casos, las mujeres se ponen al frente de empresas familiares y si deciden invertir en otro negocio, la apuesta mayoritaria se dirige hacia el sector servicios o el agrario.

La actividad emprendedora de las mujeres es vital para afrontar el reto demográfico, pero también, para hacer frente a otros desafíos de gran calado como son la masculinización, el envejecimiento, la falta de oportunidades de empleo y el desigual acceso a servicios públicos e infraestructuras.

Quiero destacar la silenciosa y ya imparable revolución de las mujeres rurales en el sector primario. Ya son muchas las que pisan con fuerza. Si centramos la mirada en la última década, las mujeres jefas de explotaciones agrarias han aumentado un 22%, mientras que los varones jefes de explotación han disminuido un 15%. Además, el 38% del total de los perceptores de las ayudas directas de la PAC son mujeres y contamos con más de 1.200 mujeres que comparten la titularidad de la explotación agraria con su marido o pareja.

Y es que no es posible hablar de futuro sin hablar de campo, y sin mujeres no hay campo, ni desarrollo rural. Por tanto, o se invierte en las mujeres o no hay futuro para el ámbito rural.

Por eso, desde AMFAR-Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, apostaremos y trabajaremos para concienciar a la sociedad de que son necesarias medidas reales que garanticen el relevo generacional, que incrementen la profesionalización de las mujeres en la actividad agraria, que mejoren su calidad de vida, sus oportunidades laborales y pongan fin a las desigualdades salariales.

Estoy convencida que el trabajo conjunto, en beneficio de las mujeres rurales, redundará en vida, empleo y población para el ámbito rural español.

A comienzos de este año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España daba a conocer el número total de perceptores de las ayudas directas de la PAC, así como un análisis de la edad y el sexo de los perceptores, tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas.

La realidad es que, en España, según los últimos datos disponibles (2021), el 62,5% de perceptores de ayudas directas de la PAC son hombres y sólo el 37,5% son mujeres. Además, ellas reciben un importe medio de 2.844 euros anuales, mientras que el de ellos es de 5.465 euros al año. Es decir, las mujeres cobran un 48% menos.

Estos primeros datos reflejan una menor representación de las mujeres en la actividad agraria española, la menor dimensión de sus explotaciones, un importe medio de las ayudas directas inferior al de los hombres y además, podemos afirmar que la incorporación de las mujeres y los jóvenes al campo sigue siendo una asignatura pendiente.

Un reto que se torna complicado ante la aprobación de una nueva PAC que, más que proteger la producción agraria e incentivar a las mujeres y los jóvenes a que vean en el sector agrario una oportunidad laboral en el ámbito rural, se ha convertido en un obstáculo que ha sembrado de dudas y dificultades el mantenimiento de gran número de explotaciones.

En este caso, es bueno recordar que esta nueva PAC ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura y con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, sin contar con la participación ni la unanimidad de las comunidades autónomas, ni de las organizaciones agrarias ni de las organizaciones de mujeres rurales, como AMFAR-Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.

Además, llega en un momento complicado para el sector agrario que ha perdido en los últimos de cinco años, desde el 2016 al 2021, un total de 158.486 perceptores de ayudas directas de la PAC. Mientras que en el 2016 el número total de perceptores de ayudas PAC se elevaba a 750.193 en el 2021 la cifra ha bajado drásticamente hasta los 591.707.

Ante este panorama, en el que cada año se pierden miles de mujeres y hombres profesionales agrarios, se complica el objetivo de alcanzar números igualitarios en la actividad agraria, a pesar del incremento vivido en los últimos años en la profesionalización de las mujeres en este sector, donde cabe destacar el caso concreto de la comunidad autónoma de Andalucía que aglutina al 38,4% del total de mujeres profesionales agrarias de España.

En Andalucía, las mujeres que reciben ayudas PAC se elevan hasta las 85.287, la cifra de agricultoras y ganaderas más alta de España, que representa más del 41% de los profesionales agrarios andaluces y que las eleva a cifras por encima de la media nacional. Sin embargo, estas mujeres cobran un importe medio de 3.991 euros anuales, superado por las mujeres del campo de Castilla y León que reciben 7.390 euros al año y por encima de las de mi región, Castilla-La Mancha, que cobran una ayuda inferior, 3.510 euros al año.

Como presidenta nacional de AMFAR-Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural y en calidad de miembro del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, apostaremos y defenderemos medidas reales que garanticen el relevo generacional, que incrementen la profesionalización de las mujeres en la actividad agraria, que mejoren su calidad de vida y sus oportunidades laborales en el ámbito rural español, porque faltan mujeres en el campo español.

El proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, aprobado por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este martes, articula una serie de medidas de obligado cumplimiento que sitúan a las mujeres rurales en una posición de igualdad real, teniendo en consideración las circunstancias especiales que implican desarrollar su vida y su carrera profesional en el ámbito rural. El proyecto de Ley se compone de cuatro capítulos, veinticinco artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

El Estatuto nace con rango de Ley ya que, en opinión de todos los agentes que han intervenido en su redacción, “era necesario unificar las medidas, y darles un grado de importancia superior para empoderar a las mujeres y proporcionarles el lugar que les corresponde en la sociedad” explica Miriam Ferrer, responsable de la Unidad de Igualdad del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Ferrer explica que, las mujeres del mundo rural necesitan esta protección legal porque “la desigualdad en los lugares menos poblados se multiplica y se potencia” tal y como reconoce la ONU, que hace una mención especial a la situación de discriminación de las mujeres del mundo rural respecto al urbano. 

Más mujeres donde se toman decisiones

El artículo 24 es uno de los más destacados del Estatuto. El texto obliga a las asociaciones y organizaciones profesionales o empresariales, que operan en el medio rural, a que las mujeres estén representadas de forma paritaria en los órganos de toma de decisiones, “con la perspectiva de conseguir una participación de mujeres, como mínimo equilibrada” apunta el artículo. Aquellas entidades de este tipo que de aquí a cuatro años no tengan resuelta esta premisa, no podrán optar a subvenciones ni ayudas de carácter público. Esta es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones que como FADEMUR Aragón, integrante de la Mesa de Trabajo de Mujeres Rurales de Aragón que ha participado en la elaboración de este Estatuto, demandan desde hace años. “Es de justicia garantizar nuestra presencia en los órganos donde se toman las decisiones que nos afectan”, declara Carolina Llaquet, presidenta de FADEMUR Aragón. Esta organización aplaude la aprobación de este proyecto de Ley que, aseguran: “situará Aragón a la vanguardia de la igualdad de género en el medio rural, poniendo en valor el papel de las mujeres como agente esencial y vertebrador del medio rural abordando”, añade Llaquet. 

Este artículo, el 24, contundente por ser el único con obligatoriedad, se ha defendido desde la DGA porque “si la representación de las mujeres en el sector agrario es baja, en los órganos en los que se toman decisiones lo es todavía más”, apunta Miriam Ferrer. En cifras, en Aragón, un 16% de mujeres son socias de cooperativas, y solo un 2% tienen puesto de representación en Consejos Rectores. En las comunidades de Regantes la representatividad femenina es casi nula. “Esperamos que la entrada en vigor del Estatuto de las Mujeres Rurales en Aragón corrija esta situación de desigualdad, como ya lo está consiguiendo en Castilla La Mancha con la puesta en marcha de una medida similar al artículo 24 de nuestro proyecto de Ley”, explica Ferrer. 

Otros de los puntos destacados del Estatuto son: la legislación para la visibilización del trabajo de las mujeres rurales a través de campañas específicas que ayuden a impulsar su desempeño en el medio rural; la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento y autoempleo (Artículo 15); y la promoción y mejora de la figura de la titularidad compartida, a la que desde el gobierno se le quiere dar un “mayor énfasis” para que las mujeres que trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas estén realmente representadas en las estadísticas oficiales (Artículos 18-21). El acceso al crédito es otro de los escoyos que intenta rebajar el Estatuto porque, “aunque nadie lo diga claramente, está demostrado que existe un sesgo a la hora de acceder a la financiación por parte de las mujeres que presentan sus proyectos empresariales, especialmente en el mundo rural”, apunta en este sentido Miriam Ferrer. 

Más allá de la mujer agraria

País Vasco fue la pionera, abriendo camino con la aprobación de su Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Le siguió Castilla La Mancha con un texto más inclusivo y ahora, se suma Aragón con un Estatuto que contiene un articulado todavía más completo por su trasversalidad, ya que va más allá de la protección de la figura de la mujer rural en su faceta agraria. 

El proyecto de Ley aragonés incluye aspectos de carácter social a legislar, como la conciliación y el reparto justo de las responsabilidades en las familias, a través de la puesta en marcha de proyectos propios (Artículo 8), y la puesta en marcha de medidas para una protección específica para las mujeres del medio rural que sufren violencia machista (Artículo 10). Una lacra ante la que estas mujeres son más vulnerables por los elementos diferenciadores de la situación rural respecto al ámbito urbano; el estigma social, la falta de privacidad y también la carencia de servicios y medios de seguridad como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en muchos casos, que el Estatuto busca resolver. 

El futuro del Estatuto

El proyecto de Ley ya aprobado es un texto nacido del consenso entre las entidades que han trabajado en la elaboración del mismo. Estos son: el Gobierno de Aragón; representado por los departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y el de Presidencia y Relaciones Institucionales, con la colaboración del resto de departamentos del Gobierno de Aragón, la Mesa de Trabajo de Mujeres Rurales de Aragón; en la que están representadas las asociaciones de mujeres y organizaciones que trabajan en el medio rural, y por último, los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón cuya mayoría ha dado su beneplácito a este proyecto de Ley. 

A pesar del consenso, alabado por todas las partes, la realidad es que, con los comicios a un paso, la tramitación parlamentaria del Estatuto de las Mujeres Rurales tendrá lugar en la próxima legislatura. Por ello, desde FADEMUR Aragón reclaman a todos los partidos que han apoyado la norma que “tras el resultado de las elecciones autonómicas de mayo actúen con responsabilidad y se mantengan firmes en su compromiso con la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres en el medio rural” a lo que añaden que vigilarán “el cumplimiento de su palabra”. Por su parte, el gobierno de Aragón incide en su voluntad de llevar adelante este Estatuto, tramitado desde Presidencia “para dotarlo de una mayor repercusión y trasversalidad”, y recuerdan que gracias a la actual legislación será posible retomar la tramitación desde el punto en el que se dejó. 

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, ha preparado un programa para dar a conocer las herramientas necesarias para el teletrabajo de las mujeres rurales. Se trata de un programa llamado 'Oportunidades del Teletrabajo para mujeres rurales'. Este programa incluye sesiones formativas gratuitas en formato webinar; es decir, a través de vídeos en directo por un canal cerrado que será de acceso único para las mujeres que realicen su inscripción.

El primer webinar tendrá lugar el jueves, 30 de marzo, de 12:00 a 13:30 horas, en el que se abordará “Las posibilidades del teletrabajo para las mujeres rurales”. Durante la emisión del webinar, las mujeres beneficiarias podrán plantear sus preguntas al profesorado.

Las inscripciones se pueden realizar rellenando el formulario de inscripción. También pueden contactar con AMFAR a través del teléfono 926.273.226 o escribiendo un correo electrónico a amfar@mujerrural.com.

La presidenta de AMFAR, Lola Merino, ha querido destacar el teletrabajo como una herramienta laboral que permite trabajar desde casa y garantizar la productividad de determinados sectores. Además, teletrabajar puede ser una excelente alternativa para mantener un empleo o un negocio residiendo en un entorno rural.

Además, están previstos otras sesiones que se llamarán 'Puesta en marcha de negocios gestionados desde casa', así como 'Herramientas que posibilitan el teletrabajo', 'Cómo establecer canales de comunicación digitales' y 'Cómo realizar reuniones telemáticas productivas'. La iniciativa cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales.

Llega el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, convertido en uno de los más convulsos de los últimos años. Una fecha que llega empañada por el mayor retroceso que jamás hayamos vivido en la conquista de los derechos y la dignidad de las mujeres. 

Mi experiencia de más de tres décadas al frente de AMFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, defendiendo a las mujeres rurales españolas, jamás me llevó a imaginar que en pleno siglo XXI, el Gobierno de España, llegara a aprobar leyes que supusieran la rebaja de las penas y la excarcelación de delincuentes sexuales y violadores que fueron condenados por violar y/o abusar de mujeres, niñas o menores.

No hay mayor expresión de discriminación que la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Una discriminación que se agudiza en el ámbito rural, y especialmente en los pueblos más pequeños, donde la violencia se vuelve más silenciosa y muestra su cara más abominable. Mujeres que ocultan y disfrazan auténticas pesadillas personales, en unos casos, por evitar los 'dimes y diretes', en otros por proteger a sus hijos o incluso, por evitar el escarnio público al que pueden ser sometidas. 

En AMFAR hemos trabajado mucho y duro en la concienciación, en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención. Hemos reivindicado el aumento de las herramientas disponibles para la atención a las víctimas en las zonas rurales y hemos incidido en la necesidad de denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

 Tantos años de trabajo y tantas conquistas no pueden ser tiradas por la borda. No debemos permitir una barbaridad como la Ley del sólo sí es sí que ya ha supuesto la rebaja de condenas a más de 721 delincuentes sexuales y la excarcelación de otros 74 violadores. Un disparate que crece día a día y que los jueces consideran que el “daño” que provocará será “irreversible”, ya que estiman hasta 4.000 revisiones de penas a violadores.

 Sirva este espacio para hacer un llamamiento a la sociedad; sobre todo, a las mujeres para que, en un ejercicio de profunda reflexión, seamos capaces de despojarnos de ideologías, colores o partidismos y reivindiquemos como mujeres nuestros derechos y libertades. El castigo de la violencia de género no puede recaer, bajo ningún concepto, sobre las mujeres que han sido violadas o maltratadas. Debemos proteger a las mujeres, sí o sí y no a los violadores.

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Asaja y Coovimag, se han dado cita este jueves para perfilar la programación de la segunda edición de la Feria de la Cebolla del Campo de Calatrava, que se celebrará en esta localidad ciudadrealeña del 4 al 6 de octubre.

El Consistorio bolañego ha informado de que los organizadores de la Feria han anunciado que el plazo de inscripción para las empresas expositoras interesadas en participar permanecerá abierto del 13 de agosto al 13 de septiembre y que tanto las bases como la programación y el resto de información relativa a la Feria se irá publicando en la página web del Ayuntamiento.

Como novedad, destaca que esta segunda edición triplicará su espacio expositivo, si bien la localización volverá a ubicarse en los alrededores del Parque Municipal, dado el éxito de participantes y público que consiguió la primera edición celebrada en 2017.

Los organizadores de la Feria preparan un programa amplio dirigido tanto a profesionales del sector como al público en general que decida asistir durante ese fin de semana a la localidad Bolañega.

La futura norma que regulará el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha acaba de cerrar el proceso de alegaciones, abierto en otoño tras una consulta previa que arrancaba el pasado verano. “Ya tenemos un documento casi definitivo, listo para pasar a Gabinete Jurídico y posteriormente al Consejo Consultivo”, detalla el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Martín Aparicio, quien sostiene que el Estatuto quedará aprobado en la vigente legislatura. “Es la intención y el reto”.

La iniciativa para poner en marcha esta normativa partió de Fademur, según reconoce el director general. “Recogimos el guante y quisimos ser ambiciosos otorgando al Estatuto rango de ley”. Será el primero de estas características en España, explica. “Hay un Estatuto de las Mujeres Agricultoras y Ganaderas en el País Vasco, la única que tiene algo parecido. El nuestro va más allá, habla en general de mujeres rurales, las que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes”.

Todavía ha de redactarse un segundo borrador con las  alegaciones presentadas que, detalla Martín Aparicio, “no cambian el fondo del Estatuto” pero sí suponen aportaciones interesantes que se incorporarán a la norma.

 Una de las más destacadas es la sugerencia de CERMI, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que han “enriquecido el texto” con alusiones expresas a las mujeres con discapacidad en el medio rural. Y también apunta la “importancia” del artículo 8, que recoge la representación de las mujeres en asociaciones y organizaciones profesionales en el ámbito agrario. “Deberán tener participación equilibrada”.

Novedades en la prioridad de ayudas para cooperativas

Por otro lado, se cambiará la redacción de aquella parte (el artículo 11) que tiene que ver con la fórmula que prioriza ayudas a mujeres en el medio rural en el caso de que la solicitud sea de  una mujer,  de una titularidad compartida o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%.

Ahora, dice Martín Aparicio, “se incorporarán las aportaciones de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha”, de forma que en lo que tiene que ver con las cooperativas, se priorizarán las ayudas siempre que las mujeres sean un 50% de la base social cooperativa o de sus órganos de dirección  y si tienen un plan de igualdad.

“Es lo mismo que ya estamos haciendo en otro tipo de ayudas, como las relacionadas con jóvenes, FOCAL…Desde 2015 llevamos apostando por esa discriminación positiva y ahora lo plasmamos en la ley para que sea obligatorio”.

También se incorporarán algunas aportaciones de AMFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, que se mostraba muy crítica el pasado verano y llegó a calificar de “maltrato” abrir consulta previa sobre el Estatuto en pleno mes de agosto.

“Decían en su denuncia que no habíamos contado con las mujeres y eso es erróneo porque al final esto partió de las mujeres rurales, de Fademur”, apunta Martín Aparicio. Tanto AMFAR como Fademur y el propio Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha propusieron incorporar estadísticas que sirvan de soporte a la concesión de ayudas.

La norma potenciará, además, la universalidad de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. “Dará visibilidad a las mujeres que ya trabajan en el sector agrario” aunque, reconoce, la Comunidad Autónoma poco puede hacer “por cuestión de competencias” en lo relacionado con la Seguridad Social o la fiscalidad de la titularidad compartida, cuya regulación corresponde al Gobierno central. “Pero es importante que esté en el debate público para que quienes tengan que tomar decisiones, las tomen, por ejemplo reduciendo fiscalidad o retenciones en el medio rural”.

ASAJA: “El trabajo de las agricultoras no debe servir para sacar rédito político”

Esta misma semana, la sectorial de mujeres rurales de ASAJA  acordaba presentar a la Consejería de Agricultura una batería de propuestas “para mejorar su posición en el sector agrario y ganadero regional”. Una vez concluido el plazo de alegaciones al  anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, ASAJA CLM quiere “conseguir un protagonismo real de la mujer en el campo, de acuerdo con las labores diarias que llevan desarrollando durante años en la sombra” y las agricultoras han hecho hincapié en que su trabajo “no debe servir para sacar rédito político”, por lo que han pedido a los partidos “responsabilidad” a la hora de poner en marcha cualquier normativa que les atañe.

En relación al acceso a la titularidad compartida, la sectorial pedirá a la Consejería que el mismo Estatuto lo promocione, pero, además, que realice las gestiones oportunas para conseguir mejorar la Ley, que desde que fuese aprobada en 2011, ha registrado alrededor de 120 altas en la región. En esta línea solicitarán mejorar la coordinación existente entre Consejería de Agricultura, Hacienda y Seguridad Social pues, en la actualidad, recuerdan, “los criterios burocráticos con estas entidades no están unificados”.

Ley de Desarrollo Rural Territorial Integrado

En los últimos días se hablado, especialmente en la provincia de Guadalajara, de la despoblación y de papel que debe jugar la mujer para frenar el cada vez más intenso proceso de abandono del medio rural. Un papel que no será el único, ya que es preciso un trabajo en “horizontal” para resolver un problema que, recuerda el director general, “no es un problema exclusivo de España, Europa lo tiene también en otros estados miembros”.

Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones europeas que ha propuesto introducir el término “despoblación” en los reglamentos de la Política Agraria Común (PAC). “La Comisión Europea es proclive”.

Como complemento a la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, el actual Gobierno regional tiene previsto poner en marcha la llamada Ley de Desarrollo Rural Territorial Integrado. Todavía no hay borrador del texto normativo de una ley que no estará lista en la presente legislatura. “Estamos llevando a cabo un diagnóstico de debilidades, fortalezas y oportunidades en el medio rural para conseguir la igualdad respecto al medio urbano y tener un primer borrador en primavera”.

Entre otras cosas, esta norma  pretende establecer, por primera vez en España, la relación jurídica entre la telecomunicación y el servicio básico esencial, “es decir, que sea universal y asequible para el 100% de la población”, decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital.

La vicesecretaria general de la Ejecutiva provincial del PSOE de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado que solicitarán información a los distintos ministerios “para saber con exactitud a qué se dedica Lola Merino cada euro de los fondos públicos que recibe a través de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) para descartar que no estamos ante un delito de malversación de fondos públicos”.

Fernández considera que “ya es hora de que Lola Merino rinda cuentas y salga de su oscurantismo”. Para ello exigirá que la presidenta nacional de AMFAR y diputada regional del Partido Popular, “que parece que gestiona ese dinero como si fuera suyo”, acredite convenientemente con las facturas correspondientes que actos como el que organiza este lunes en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales no lo paga ninguna administración pública.

Más de 95.000 euros en 2017

De igual modo, los socialistas van a pedir tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la Diputación de Ciudad Real a través de sus respectivos servicios de Intervención “que comprueben si las subvenciones que recibe AMFAR se utilizan para organizar actos del Partido Popular a costa de las asociaciones de mujeres, pues ya se sabe que cuando el río suena, agua lleva”.

Fernández ha recordado que “Lola Merino se embolsó en 2017 nada más y nada menos que 95.046 euros”, el mayor sueldo entre toda la clase política de la región en una terna que completaron los también dirigentes del PP, Rosa Romero y Francisco Núñez, recientemente designado como sucesor de María Dolores de Cospedal, “la otra bien pagá que cobraba tres sueldos y que quizá ha sido la inspiración para la señora Merino, conocida ya como la diputada del millón de euros”.

“¿Y cómo alguien como Lola Merino, que tiene menor rango y responsabilidades, gana más dinero que nadie?” Pues bien sencillo, ya que, como ha explicado la vicesecretaria general del PSOE ciudadrealeño, “Lola Merino recibe ese ‘sueldazo’ gracias a que cobra de tres sitios distintos, como son las Cortes Regionales, el Ayuntamiento de Ciudad Real y AMFAR” (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), tal y como se puede comprobar en su Declaración de Bienes que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Una retribución de 95.046 euros que, señala Fernández, supuso 15.000 euros más que lo cobrado por Mariano Rajoy y 20.000 más que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y todo ello teniendo en cuenta que el salario de Lola Merino proviene íntegramente de fondos públicos –Cortes Regionales, Ayuntamiento de Ciudad Real y AMFAR a través de las subvenciones del Gobierno de España-. Y “esto es así debido a la argucia o ”triquiñuela“ de Lola Merino para renunciar a la dedicación exclusiva en las Cortes Regionales, algo que le impediría cobrar los más de 53.000 euros que se auto asignó como presidenta nacional de AMFAR”.

La también diputada socialista añade que, “Lola Merino, Rosa Romero y Francisco Núñez que como dirigentes del Partido Popular se oponen a que los ciudadanos tengan derecho a cobrar al menos un salario mínimo de 900 euros” propuesto por el PSOE al frente del Gobierno de España, ha concluido Fernández.

PP: en el PSOE “están nerviosos, no saben cómo atacar”

La diputada regional del PP y portavoz regional de este partido, Claudia Alonso, ha asegurado respondido a las críticas de los socialistas para decir que desde que Francisco Núñez es presidente del PP en Castilla-La Mancha, el PSOE se ha instaurado en “la crítica absurda, tonta e infantil” y que “no saben como atacar” porque “están nerviosos”, según recoge EFE.

La parlamentaria del PP, que ha afirmado que no ha podido leer el comunicado, ha subrayado que “el PSOE está muy nervioso” porque “sabe que el PP va a ganar y gobernar esta tierra en escasos meses”. La diputada 'popular' ha pedido al PSOE de Ciudad Real que diga al presidente Emiliano García-Page “que en Castilla-La Mancha no nos gusta el independentismo, ni los señores de Esquerra Republicana, ni los señores de Otegui”.

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha calificado de “ maltrato” y “falta de respeto” hacia las asociaciones de mujeres rurales de Castilla-La Mancha por parte del Gobierno de García Page y del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, la apertura de consulta pública el pasado 9 de agosto  sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales. Algo que, denuncian, ha hecho “sin haber mantenido ningún encuentro ni ninguna reunión de trabajo con las organizaciones de mujeres rurales de la región”.

AMFAR también califica como “ofensivo” el comportamiento del Ejecutivo regional hacia las organizaciones de mujeres rurales “que no han podido conocer previamente cuáles son los objetivos ni la finalidad que el Gobierno regional pretende alcanzar con dicha norma con rango de Ley para las mujeres rurales de la región”. 

Cree esta asociación que “el comportamiento del gobierno de García-Page pone sobre la mesa que esta Ley es más ”de postureo“ y de demagogia”. En su opinión, resulta “inadmisible” elaborar una Ley para las mujeres rurales “sin contar con las mujeres rurales” y abriendo consulta pública en pleno mes de agosto, “mes de vacaciones, de ferias en los pueblos y por un escaso plazo de veinte días, ya que se inició el pasado día 9 y concluye este viernes, día 31”.

Un comportamiento, afirma la entidad, “que choca con el de otros gobiernos regionales como el de Andalucía, donde se trabaja en un Plan Estratégico de la Agroindustria de Andalucía, Horizonte 2020; así como en una futura Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, contando desde el primer momento con las organizaciones profesionales agrarias y con las organizaciones de mujeres rurales”.

AMFAR ha remitido un escrito al presidente García-Page y al propio consejero de Agricultura solicitando una reunión previa para conocer las intenciones del Ejecutivo regional con esta norma; así como la creación de una mesa de trabajo en la que se cuente con todas las organizaciones de mujeres rurales de ámbito regional.

En Castilla-La Mancha existen 197 explotaciones agrarias de titularidad compartida entre un matrimonio o una pareja que reside en el área rural. Esta figura, que emana de una ley nacional del año 2011, auspiciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha supuesto que muchas mujeres hayan pasado de trabajar ‘en negro’ para el negocio familiar, a cotizar y generar sus propios derechos, sobre todo de cara al futuro, para poder cobrar una pensión.

Pero la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias se queda “corta” y además resulta confusa. En eso coinciden tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como distintas asociaciones de mujeres rurales. Elisa Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Castilla-La Mancha cree que la ley ha tenido una evolución “muy lenta” en cinco años aunque sostiene que “hay voluntad de darle un impulso, que ya está bien”. En su opinión, “solo funcionará cuando se cambie para visibilizar el trabajo de las mujeres rurales”.

Una opinión de comparte Mariani Fuentes, la primera mujer en Castilla-La Mancha en sumarse al régimen de titularidad compartida y que ahora dirige la recién inaugurada Oficina Nacional de Titularidad Compartida en la Explotación Agraria ( AGROTC), con sede en Membrilla (Ciudad Real) que gestiona AMFAR.

Compagina la actividad en su explotación agraria con la información que facilita a las interesadas en sumarse a este tipo de gestión agraria. “La ley no avanza. En 2011 se calculaba que se darían de alta en España 30.000 mujeres”. La realidad hoy es muy distinta y tan solo unos cientos lo han hecho. “En algunas comunidades autónomas hay cero y se trata de una ley que fomenta la igualdad y que las mujeres no estamos aprovechando”, lamenta.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también comparte esta misma sensación. El director general de Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Javier Carmona, cree que la legislación nacional necesita una 'vuelta'. “Se habla de matrimonios o parejas del tipo de que sea como beneficiarios, pero nosotros querríamos ir más allá y que los padres e hijos pueden optar a la titularidad compartida”. Sin embargo, matiza, “eso no significa que la mujer tenga que estar subida al tractor. Hará lo que tenga que hacer. Como labores de contabilidad, de organización…además de las propias tareas del campo”.

Elisa Fernández lamenta “la falta de formación que tienen los técnicos que trabajan en las distintas administraciones”, la ingente cantidad de “trámites burocráticos” para darse de alta en un sistema que ha de acogerse al Régimen de Trabajadores Autónomos Agrarios y la falta de información de la que disponen los posibles beneficiarios.

Mientras, Mariani Fuentes apunta otro de los grandes escollos: el envejecimiento del sector agrario. “La gente joven busca otras alternativas de trabajo. Las mujeres en el campo son cada vez mayores y como ya no les da tiempo a cotizar y generar una pensión, la ley no termina de calar”.

A eso se suma, en su opinión, “la falta de información porque la Administración no se ha puesto las pilas ni en Castilla-La Mancha ni a nivel nacional. La ley es muy bonita pero hay cinco ministerios implicados que no hablan entre ellos”. La elevada burocratización frena las intenciones de algunas interesadas.

“Estas explotaciones deben tener incentivos fiscales”

En Castilla-La Mancha existe un Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida. “Somos una región casi pionera y en los últimos dos años se ha dado un impulso importante”, dice Elisa Fernández, pero no es suficiente. “Esto tiene que avanzar en toda España. Si miramos, por ejemplo a Madrid, ni siquiera ha creado su registro”

Fademur pide incentivos para que las mujeres “de cualquier edad” se sumen a la titularidad compartida porque “dos cotizaciones en una familia con explotación agraria es complicado. Son costes muy elevados. La Seguridad Social es muy cara y la mujer ni siquiera es consciente de estar trabajando. Cree que su función es la de ayudar a su marido o pareja. Pero necesita independencia económica para no depender siempre de alguien”.

“No adelantamos nada con una ley si no es real. Hay que poner presupuesto sobre la mesa. Las explotaciones deben tener incentivos fiscales a la hora de pagar el cupón a la Seguridad Social”. Lo merece, dice, “un sector fundamental que crea en empleo y fija población en Castilla-La Mancha”.

“Hablamos de un sector muy machista en el que el marido suele decidir si la mujer paga o no a la Seguridad Social. Hay que aportar medidas para que la gente se anime”, apunta Mariani Fuentes, quien cree que “el Estado tiene una asignatura pendiente con esta ley. Las cotizaciones suponen una contribución más a sus arcas, pero no lo ven”.

¿Cómo ayuda el Gobierno regional a los interesados en la titularidad compartida?

La ley nacional “va muy despacio, no ha tenido el resultado esperado y requiere de un tirón por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha”, dice Francisco Javier Carmona. La propia Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural no ha llevado a cabo aún el desarrollo reglamentario autonómico pertinente de la normativa nacional. Algo que no se descarta “para amoldar la legislación nacional a la realidad castellano-manchega, simplificar y flexibilizar el acceso a la titularidad compartida para que sea más fácil y a cualquier edad. No hay por qué ser joven”.

Reconoce la dificultad para los interesados en sumarse a la titularidad compartida por el hecho de tener que pasar por distintas “ventanillas” pero recuerda que “a la larga, tanto él como ella o la pareja de la que se trate, van a tener derecho a pensión”. También cree que el propio hecho de tener que pagar frena a posibles interesados.

“Estamos estudiando la posibilidad de algún tipo de incentivo fiscal, aunque desgraciadamente depende de la Agencia Tributaria para que el pago del cupón a la Seguridad Social no sea tan gravoso”. En este sentido, espera “poder sentarse” con otros departamentos del Gobierno regional para estudiar posibles bonificaciones fiscales.

De momento, lo que se está haciendo en la región es “priorizar de forma transversal” las iniciativas promovidas por mujeres y jóvenes dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. “El máximo exponente ha sido la convocatoria de ayudas que ha permitido la incorporación al sector agrario de 1.218 jóvenes. Uno de cada cuatro es mujer. Es un logro muy importante aunque la idea es llegar a una de cada dos o más”, explica el director general.

Para este tipo de explotaciones, del total de 20 puntos de tope necesarios a la hora de conceder ayudas, la Junta da, de entrada, 10 puntos a las mujeres o a quienes se incorporan al régimen de titularidad compartida. Y lo hacen en órdenes que recogen ayudas para el fomento de la calidad agroalimentaria, en el plan de desarrollo de caminos rurales, las ayudas para modernizar regadíos, las ayudas a la formación o de incorporación de jóvenes…

Tampoco descarta reivindicar la titularidad compartida en las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), ahora en pleno proceso de reforma. “¿Cómo no vamos a tener en cuenta a la mujer y a las titularidades compartidas? La nueva PAC debe tener un tinte mucho más social, defendiendo también los derechos de los jornaleros”, señala el director general.

“Tener una explotación en titularidad compartida es poner a la mujer donde se merece. Ha trabajado siempre mucho pero ese trabajo no ha salido a la luz”. Cree que “sin mujeres en los pueblos no vamos a ningún lado. Son la base de la familia”.

El próximo 30 de noviembre se celebrará en Quintanar de la Orden (Toledo) una jornada sobre titularidad compartida organizada por el Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Junta castellano-manchega y en la que estarán presentes organizaciones como Fademur. “La consideramos muy importante a título informativo y debe extenderse al resto de la región”, concluye Elisa Fernández.

Han transcurrido veinte años desde la primera celebración del Día Mundial de la Mujer Rural en España, del que AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) fue pionera en 1997. Una fecha que fue proclamada por Naciones Unidad en la 'IV Conferencia sobre la Mujer' organizada en Pekín en el año 1995.

Veinte años en los que AMFAR reivindica los derechos de los casi seis millones de mujeres rurales españolas, su papel en la sociedad rural, en la actividad agraria y en el protagonismo que deben tener, junto con los jóvenes, en el diseño e implantación de las políticas de desarrollo rural.

En la actualidad, el despoblamiento y la falta de relevo generacional en el campo se han convertido en dos graves problemas que afectan a nuestro mundo rural y que pone en el punto de mira a las mujeres rurales. Nuestra España rural pierde cinco habitantes por hora. En los últimos tres años, la población rural española ha descendido a un ritmo de 45.000 habitantes cada año.

De los más de 8.000 municipios que hay en España, más del 60% se encuentran gravemente amenazados por la extinción demográfica, ya que no solo pierden habitantes, sino que registran tasas nulas de natalidad desde hace incluso décadas.

El fenómeno de la despoblación se agrava con el envejecimiento progresivo de las localidades más pequeñas, ya que según los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuantos menos habitantes tiene una localidad, más alta es la media de edad de sus habitantes.

Por ello, se hace necesario un nuevo modelo de política que fomente la valorización de nuestro medio rural que está pidiendo a gritos la presencia de mujeres y jóvenes para garantizar su supervivencia. Políticas que garanticen la existencia de servicios sociales, un adecuado desarrollo de las nuevas tecnologías, que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que generen empleo de calidad y que fomenten la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agraria y al emprendimiento, con la finalidad de crear empleo, riqueza, frenar la despoblación y fijar a sus habitantes.

La importancia del medio rural español, que supone casi el 90% de la superficie de España, se traduce en la gestión del territorio, en la producción de alimentos de calidad, en la seguridad alimentaria, en el cuidado de los recursos y del medio natural, en la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico, de su historia y tradiciones, que constituye la parte más importante de nuestra identidad.

En este contexto, se hace esencial la visibilidad de los casi 6 millones de mujeres rurales españolas que son vitales para la diversificación económica, para la vertebración territorial y para la generación de empleo y riqueza, y para ello deben ser el centro de las políticas de desarrollo rural.

Debemos aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y conseguir su independencia económica, reducir las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, impulsar la igualdad en la toma de decisiones, promover el equilibrio entre responsabilidades familiares y profesionales, acabar con la violencia sexista que ataca gravemente a las mujeres del medio rural; así como proteger y ayudar a las víctimas.

Son muchos los retos que nos quedan por alcanzar, las mujeres rurales españolas estamos decididas a salvar nuestro medio rural, prueba de ello es que la actividad económica de las mujeres alcanza cada vez mayores porcentajes. En el último año, las emprendedoras rurales han superado a las emprendedoras urbanas, ya que el 54% del emprendimiento ha estado liderado por mujeres rurales frente a un 30% de mujeres urbanas. Sin embargo esta apuesta del colectivo femenino rural se ve frenado por la falta de infraestructuras, comunicaciones deficientes, carencia de nuevas tecnologías, necesidades formativas y una sociedad condicionada por arraigos y mentalidades más tradicionales.

En este Día Mundial de la Mujer Rural, queremos animar a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a que nos acompañen en los grandes retos que tenemos por delante, para recuperar el 90% de la superficie española, valorizar nuestro medio rural y fortalecer la presencia y participación de las mujeres rurales en todas las esferas de la sociedad.

Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión, para felicitar a todas las mujeres rurales españolas, por su coraje, valentía y defensa de sus derechos e intereses que suponen el bienestar de toda la ciudadanía.

La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, Lola Merino, ha presentado el “Plan de Difusión sobre la Unión Europea en el Ámbito Rural” que AMFAR desarrollará a nivel nacional durante este mes de septiembre. Un proyecto, ha dicho, con el que pretende hacer balance de lo que ha supuesto para las mujeres y para las zonas rurales la pertenencia de España a la Unión Europea.

Merino, que ha estado acompañada por la presidenta de AMFAR Toledo, Rosa del Castillo, ha explicado que su objetivo es transmitir a la sociedad rural en general y a las mujeres en particular, la profunda transformación que ha experimentado nuestro país tras la entrada en la UE desde enero de 1986.

“Una de las señas más significativas ha sido la incorporación de las mujeres al mercado laboral pasando de tener 22 ocupadas de cada 100 en edad de trabajar, a tener 42 mujeres con empleo por cada 100, lo que se traduce en una importante modernización de nuestra sociedad”, ha indicado Merino. No obstante, persisten “disparidades entre hombres y mujeres” y estas últimas siguen siendo peor retribuidas.

También ha señalado la violencia contra las mujeres como uno de los grandes temas pendientes de la agenda europea. Según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE de 2014, más de 9 millones de mujeres europeas han sido víctimas  de una violación, un 33% ha sufrido violencia física o sexual y sólo una de cada tres denuncia agresiones. 

En el marco de este Plan de Difusión, AMFAR quiere especial hincapié en el protagonismo de las mujeres y los jóvenes en las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea. Merino, que recientemente ha participado en la Cumbre Europea de Desarrollo Rural celebrada en Cork (Irlanda) ha insistido en que son las mujeres y los jóvenes los que deben jugar un papel fundamental en esta materia.

“Este Plan de difusión será una herramienta útil para fortalecer el concepto de ciudadanía europea, para lo que AMFAR va a ejercer de transmisora a través de sus delegaciones con implantación en todo el territorio nacional”. “Se trata de una información que llega con más dificultad a los entorno rurales, pero AMFAR dispone de infraestructura adecuada para salvar esta situación”, ha recordado Merino. El Plan también va a hacer hincapié en tres aspectos que coinciden con las tres prioridades del nuevo ciclo europeo: Crecimiento, Unión de la Energía e Inmigración.

La gastronomía ha sido una de las grandes protagonistas de la Feria Regional del Melón, Ferimel, que se celebra en Membrilla (Ciudad Real) hasta este sábado 30 de julio. La jornada ha dado comienzo con la Masterclass de cocina con melón impartida por el reconocido cocinero manchego, Javier Huertas y la prestigiosa repostera y pastelera manchega, Rocío Arroyo.

La elaboración de tapas dulces y saladas, todas ellas hechas con el melón como ingrediente principal: brochetas, cremas frías, corales de chocolate, mousses, entre otros, han tratado de hacer las delicias de todos los participantes, al mismo tiempo que se promociona la gastronomía del melón entre restauradores, hosteleros, reposteros o pasteleros. A continuación se celebraba el III Concurso de Recetas Populares hechas con Melón, en el que han participado casi una veintena de platos, destacando por su originalidad, presentación, sabor...

Además, la jornada ha servido a los profesionales para dar a conocer sus productos, servicios del cultivo del melón, novedades tecnológicas y avances en el mercado, una actividad que ha congregado en el Recinto Ferial a numerosos visitantes y profesionales del sector.

La feria continúa esta sábado y de 10 a 12,se celebrarán Talleres Infantiles con Melón dirigidos a los pequeños de la casa. Las actividades matutinas se cerrarán con al III Concurso de Melón Piel de Sapo, desde las 12.30 horas, en el que se premiará el tamaño, la fotografía y sabor de las mejores piezas candidatas.

Por la tarde, de 18 a 19 horas se desarrollará I Cata Infantil de Melón, y posteriormente, y como última actividad de la feria se celebrará el I Concurso Profesional de Catadores de Melón en el que podrán participar todos aquellos profesionales del sector que se aventuren a enfrentarse a seis complicadas pruebas para identificar las variedades del melón piel de sapo. Pruebas que analizarán desde el contenido de azúcar, la consistencia y textura de los tejidos, la madurez o la fibrosidad.

Melón de La Mancha o ‘piel de sapo’. Ovoide, de tono verdoso con una particular jugosidad y dulzura y una carne nada fibrosa, muy agradable al paladar. Es uno de los alimentos más característicos de Castilla-La Mancha. Desde 2004 su producción está reconocida como Indicación Geográfica Protegida (IGP). Será el protagonista de la tercera edición de la Feria Regional del Melón (Ferimel) que se celebrará en Membrilla (Ciudad Real), entre el 28 y el 30 de julio.

Manuel Borja, alcalde de la localidad, explicaba que en cada edición, “Ferimel se supera en expositores”. En esta tercera superan los 50 entre productores, comercializadores, sector fitosanitario o proveedores de semillas (el 35% de las plantas de melón de toda España se venden en Membrilla), entre otros que darán a conocer sus productos en un espacio de más de 16.000 m2. La feria, que se celebra cada dos años, “es un referente a nivel nacional e internacional porque contaremos con compradores de otros países, como Polonia, Alemania, Inglaterra, Rusia…”, explicaba el alcalde.

Lola Merino, presidenta de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) que organiza la feria en colaboración con el Ayuntamiento asegura que no solo Castilla-La Mancha cuenta con el viñedo más grande del mundo y es la segunda Comunidad Autónoma en producción de aceite de oliva sino que “somos la primera en producción de melón”. De hecho, de la región sale la mitad de la producción (46%) de esta fruta de toda España y un 90% está concentrada en la provincia de Ciudad Real, en particular en la comarca de La Mancha.

“Membrilla se convierte este mes en la capital española del melón. Queremos que sea un escaparate profesional que aúne a todo el sector”, señala Merino, recordando que en sus dos primeras ediciones, la feria ha conseguido poner en marcha la Asociación de Productores de Melón (Promelón) así como la Interprofesional del Melón de La Mancha.

Mariani Fuentes es la presidenta de Promelón, que cuenta con 137 socios, de los que el 30% son mujeres. Ella fue la primera mujer de la región en gestionar una explotación agraria de titularidad compartida con su marido, una figura todavía poco habitual en el ámbito rural. “Un buen melón se reconoce por su color y su escritura. Esa cama amarilla característica del melón piel de sapo. Tiene que pesar tres o cuatro kilos y solemos cortarlo en el momento justo para que cuando llegue al consumidor tenga el punto justo de azúcar”, explica la presidenta de Promelón

Falta dar el salto internacional

Este año Ferimel seguirá insistiendo en la necesidad de “unidad” del sector así como la comercialización, especialmente en el ámbito internacional. En la actualidad, tan solo un 5% de la producción se exporta. “Tenemos aún un recorrido muy largo. Por eso este año tendremos de nuevo en la feria comercializadores del IPEX”, explica Merino. Y es que, fuera de nuestro país “existe muy poca cultura a la hora de comerlo”, señala el alcalde que destaca

Se cultiva siempre al aire libre (es una de sus características fundamentales para aprovechar “el sol de La Mancha”) entre abril y junio y la campaña de comercialización se prolonga hasta octubre. Existen unas 13.000 hectáreas que producen unas 300.000 toneladas cada año y dan empleo a unos 11.000 agricultores en Castilla-La Mancha.

Feria gastronómica

Ferimel contará este año con un apartado especial dedicado a la gastronomía derivada de esta fruta veraniega. Habrá degustación de distintas elaboraciones a base de melón con la colaboración de chefs, como Rocío Arroyo o Javier Huertas.