El medio rural “vacío” reclama un Pacto de Estado que ponga freno a la despoblación

La cercanía a las grandes ciudades no siempre es sinónimo de que los pueblos se van a mantener vivos, pero estar alejados de éstas y sin unas buenas comunicaciones parece condenarlos a perder habitantes sin remedio. Ejemplos los hay en varios puntos de Castilla-La Mancha. Una media de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado repartidos en un vasto territorio de 11.300 kilómetros cuadrados. Esta es la radiografía que refleja a grandes rasgos el mapa de la despoblación de la provincia de Guadalajara, considerada como el mayor desierto demográfico de Europa.

Una situación que también viven algunos municipios de la provincia de Cuenca donde la demografía no arroja cifras mucho mejores, entre cinco y seis habitantes por kilómetro cuadrado, y que poco a poco se está empezando a notar en la de Albacete donde ya se contabilizan menos de 12,5 personas cada mil metros cuadrados y donde los pueblos que antaño veían crecer a niños hoy cuentan con vecinos de avanza edad.

¿Cuándo empezó este movimiento migratorio que ha dejado vacíos a los pueblos?, preguntamos. No hay fechas concretas aunque hay que remontarse a los años 70 y 80 para hablar del éxodo del que los municipios de estas tres provincias no se han recuperado. “Se revirtió en el año 2000 con la llegada de inmigrantes en busca de trabajo”, explica Ignacio Villar, vicepresidente de CEOE Cepyme Cuenca, que relata que con la llegada de la crisis, a partir del 2008, la despoblación del mundo rural se acentuó.

Devolverle la vida a la España vacía, también en Castilla-La Mancha, es el reto que a medio y corto plazo se marcan grupos de desarrollo rural, organizaciones empresariales, ayuntamientos afectados y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. El último paso que se ha dado en la región en esta dirección ha sido el 'Manifiesto de Sigüenza' que constituye un grito de auxilio para lograr “pueblos con futuro” en esta y en otras provincias afectadas por la despoblación. El manifiesto se centra en 10 conclusiones, que son esencialmente demandas a las Administraciones públicas pero también a sector privado y donde se insta, entre otros, que se propicie un marco institucional menos complejo.

El texto también demanda “un mejor suministro eléctrico y de telecomunicaciones” de manera que se eviten cortes sistemáticos del fluido eléctrico, con las consiguientes pérdidas a particulares y a empresarios. “Tienen que promoverse por las administraciones y empresas de servicios inversiones para rebajar en el próximo lustro la brecha digital” porque, aseveran, “el acceso a redes de banda ancha y super ancha es un objetivo irrenunciable para los territorios rurales”.

El manifiesto coincide en estas demandas con el 'documento de posición' que hace unas semanas (el pasado 7 de enero) CEOE Cepyme Cuenca entregó personalmente al vicepresidente del Ejecutivo Autonómico y que está redactado junto a organizaciones de las provincias de Teruel y Soria. Tras estudiar detenidamente el proceso de “repoblación” que ha vivido Escocia en los últimos años, especialmente en la zona de las Tierras Altas ( Highlands) estas organizaciones quieren aplicar dichas medidas. “ En Escocia han conseguido pasar de 383.000 habitantes en el año 2010, a 496.000. Es un crecimiento de un 20%”, dice el vicepresidente de CEOE Cepyme Cuenca y presidente de la Comisión de Lucha Contra la despoblación de esta organización, Ignacio Villar. Se ha hecho gracias a la mejor conectividad, con cambios en la política de la vivienda y desde la cercanía al territorio. Pero de poco sirven estas medidas sin un marco más amplio.

“Necesitamos un Pacto de Estado - insiste Villar- para poder poner freno a la despoblación en los pequeños pueblos. Esto no es solo cosa de Cuenca, o de Soria, o de Teruel. El 53% del territorio nacional ya está despoblado”, sentencia el vicepresidente de la patronal conquense. Y pone fecha, para empezar a trabajar: “ El horizonte está de aquí a marzo del año que viene puesto que la política europea se diseña para seis años y van a empezar a aplicarse desde el 2020- al 2027”, añade.

Delimitar las áreas para ver la “realidad” de la despoblación

Precisamente ahora se están estableciendo los criterios para el reparto de los diferentes fondos de cohesión post 2020. España podría perder 2.500 millones de la PAC y algo más de 1.200 en desarrollo rural. Para evitar la pérdida de fondos, la investigadora de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural, experta en Sistemas de Información Geográfica y Análisis Demográficos, Pilar Burillo Cuadrado, presentaba el pasado fin de semana en Maranchón, Guadalajara, las claves para que España pueda recibir fondos europeos para el período 2021- 027 contra la despoblación, en el marco de las jornadas “Emprende y Vive”, organizadas por la asociación La Migaña.

El estudio, que ya se ha hecho llegar al Defensor del Pueblo, muestra cómo la provincia de Guadalajara alcanza cotas de bajísima densidad de población en las comarcas de Molina de Aragón y la Serranía y, tal y como pide la propia Burillo, es necesario aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE con “el reconocimiento de la Serranía Celtibérica como zona desfavorecida” que se extiende por las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Generalitat Valenciana y La Rioja, que, ocupando un territorio de 65.825 km2 –dos veces más que Bélgica o Catalunya–, tenía en 2017 un censo de 467.308 habitantes, y una densidad de población de 7,09 hab/km2.

Hasta este momento, solo Laponia era reconocida como zona de muy baja densidad de población con 8 hab/km2. Pero mientras esta zona ártica es un territorio escasamente poblado, debido a su climatología extrema, y con una población estable, Serranía Celtibérica, la Laponia mediterránea o Laponia española, acusa una progresiva despoblación que, al tener la tasa de envejecimiento mayor de toda Europa, irá en aumento si no se toman las medidas adecuadas.

Gracias a esta delimitación de Pilar Burillo el Gobierno de España puede solicitar ya a Eurostat que proporcione información, como en el caso de las 'Áreas urbanas funcionales“, sobre 171 variables que permitirán mostrar la situación real de la despoblación de España y, por tanto, la posibilidad de que nuestro país se beneficie de los futuros fondos europeos. A fecha de hoy, si no se tiene en cuenta esta situación, se reducirán los fondos para las regiones más desarrolladas, como son Madrid, País Vasco, Catalunya y Aragón pese, a que como sucede en este último caso, sea la más despoblada de España con un 84% por debajo de 12,5 hab/km2.

Sin servicios públicos no hay vida: el ejemplo de Chumillas (Cuenca)

De nada sirve, tal y como explica el responsable federal de Izquierda Unida sobre despoblación y alcalde de La Toba (Guadalajara), Julián Atienza, dotar de conectividad o las mejoras fiscales, si no hay servicios básicos y públicos que cubran las necesidades de los habitantes que viven en el medio rural. Se refiere a los servicios de salud y también educativos que, con los años y el descenso de la demografía, han ido desapareciendo, y sin ellos, explica este alcalde, es difícil ver las ventajas de vivir en los pueblos. “Lo que se ha visto en los últimos años es que esto es una pescadilla que se muerde la cola: Sin gente no hay servicios pero sin servicios no habrá gente”, explica este edil.

Es por eso que Atienza propone que la red de centros de salud “sea reconvertida en Centros de Especialidades” que mejoren la atención sanitaria o den mejor cobertura sin tener que desplazarse hasta los hospitales de las grandes ciudades. “Tú, como alcalde de pueblo puedes hacer cosas y llevar a cabo proyectos para generar empleo política social y servicio de comida a domicilio fijando a residentes más mayores y fijas población para crear empleo, ¿pero qué pasa si una pareja joven quiere quedarse y tiene el pediatra lo tiene a 60 kilómetros?”, se pregunta.

El ejemplo de la importancia que tiene para los pequeños municipios los servicios públicos es muy evidente en la localidad conquense de Chumillas. Cuando su alcalde, Pedro De Verona Macario, llegó a la Alcaldía en 2017, este municipio tenía 22 vecinos. “Todos eran mayores”, recuerda. Hoy ha duplicado la población y hay 50 personas censadas en esta localidad, y lo más importante, tienen niños. El primer paso que dio fue abrir de nuevo la escuela “después de 28 años cerrada”. Eso llevó a que una pareja dejara Barcelona para instalarse en esta localidad con sus dos hijas.

“Ambos descienden de aquí y pensaron y se vinieron a poner en marcha una casa rural”, asegura el alcalde que está convencido de que, finalmente se instalaron por la escuela. “Farmacia no tenemos, tienda no tenemos, pero tenemos escuela y bar”.

A éstos los siguió otra familia, también proveniente de Barcelona que llegaba tras un desahucio, y que no tenían arraigo en el municipio. “Conseguimos que la escuela tuviera ocho niños”, narra satisfecho. No todo se debe únicamente al colegio porque este Ayuntamiento ha creado puestos de trabajo para poder dar continuidad a las familias que se iban mudando. “Así hemos repoblado, dando el poco trabajo que hay en el pueblo y repartiéndolo entre gente que está realmente interesada en vivir en el mundo rural”, añade Pedro De Verona Macario. Ahora Chumillas quiere conseguir que alguna empresa interesada y que genere puestos de trabajo se instale “para darle un empujón más al pueblo”. Aunque no todas les valen. Según el alcalde ya han recibido ofertas para instalar macrogranjas de porcino en su localidad y no han sido bien recibidas.

Inversión Territorial Integrada

Los municipios por sí solos no pueden gestionar servicios como las escuelas o centros de salud cuya competencia es autonómica. Por ello el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este año la implementación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) dirigidas a zonas especialmente deprimidas y con el fin de que supongan una herramienta de lucha contra la despoblación, un proceso que arrancó con la definición, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2016, de los territorios regionales con necesidades específicas de desarrollo.

Así se han puesto en marcha un total de ocho convocatorias de ayudas que afectarían a sectores prioritarios de la administración de estas zonas despobladas. Así, en primer lugar, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo tiene tres convocatorias de las cuales dos competen a la Dirección General de Industria, Energía y Minería. Una de ellas está destinada al ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público, por importe de 7 millones de euros; y otra para el ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, que cuenta con 12 millones de euros; y finalmente, una convocatoria dirigida a la rehabilitación y mejora del patrimonio histórico artístico y a la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos que hay en los distintos municipios, por un importe de 20 millones de euros.

Además el Gobierno regional va a plantear una Ley de Desarrollo Territorial Integrado, que garantizará que las telecomunicaciones lleguen a toda la población y no haya una brecha digital. Esta futura norma anunciada hace apenas unos días por el presidente regional, Emiliano García-Page, pretende establecer, por primera vez en España, la relación jurídica entre la telecomunicación y el servicio básico esencial. “Es decir, que sea universal y asequible para el cien por cien de la población, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital”.

Las mujeres en el mundo rural

El citado 'Manifiesto de Sigüenza' también establece el papel de la mujer en el medio rural. “Se ha producido de manera paulatina una masculinización del mundo rural sumado a una evolución negativa de crecimiento natural”, dice el manifiesto, en el que se recuerda que en el medio rural existe “una marcada feminización de trabajadores no asalariados” y por eso reclama la universalidad de la cotitularidad de las explotaciones agrarias, donde la mujer ha trabajado hasta ahora sin ser beneficiaria de los derechos de la propiedad, sin tener acceso a bonificaciones o ayudas y teniendo que pedir permiso a la pareja incluso para gestiones ganaderas o agrarias comunes.

Precisamente la titularidad compartida en las explotaciones agrarias se plantea en el Estatuto de las Mujeres Rurales con el que pronto contará Castilla-La Mancha, que tendrá rango de Ley y que incluirá medidas para el desarrollo rural sostenible que incorpore la perspectiva de género.