Los comedores escolares: escudo contra la obesidad y la desigualdad infantil

La alimentación infantil no es una cuestión secundaria ni un asunto privado. Es una línea roja democrática: cuando un niño no accede a una alimentación saludable, falla el sistema. Es, hoy más que nunca, un derecho fundamental y un indicador de justicia social. Así se puso de manifiesto el pasado 18 de diciembre durante la XVI Convención NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), un espacio de reflexión y compromiso institucional que tuve el honor de compartir.

La inauguración del acto por Su Majestad la reina Doña Letizia no fue meramente protocolaria. Sus palabras, claras y valientes, interpelaron a toda la sociedad: la obesidad infantil no es solo un problema de salud pública, es una consecuencia directa de la desigualdad social. Una afirmación tan contundente como necesaria. El cierre, a cargo del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reforzó esa visión política y ética que merece un reconocimiento sincero.

Agradezco la invitación a formar parte de este espacio de reflexión y acción, y valoro el trabajo realizado por el Ministerio para avanzar en la Agenda 2030 y en la protección de los más vulnerables.

Como profesora, investigadora y defensora de los derechos humanos -especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad-, hablar de obesidad infantil no es para mí solo un ejercicio académico. Es una responsabilidad y un compromiso moral. En efecto, nos enfrentamos a una epidemia silenciosa que condiciona la salud, el bienestar y las oportunidades vitales de miles de niños y niñas, castigando con especial crudeza a quienes nacen en contextos socioeconómicos desfavorables.

Los datos son incuestionables. El Estudio ALADINO 2023 revela que más de un tercio de la población infantil española de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso, y que la obesidad supera el 15 %. Aunque se observa una ligera mejora respecto a años anteriores, las cifras siguen siendo alarmantes. Lo más doloroso es la brecha social: en hogares con menores ingresos, donde llegar a fin de mes es una lucha diaria o donde los progenitores enfrentan el desempleo, las prevalencias son significativamente más altas.

No se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable

Como alertó la reina, la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas. Esto no es casualidad: es el resultado de un sistema que no garantiza equidad en el acceso a alimentos saludables. La escuela juega aquí un papel crucial e irremplazable. Aceptar esta situación sin actuar equivale a normalizar la desigualdad desde la infancia.  Porque no se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable.

En este contexto, la escuela se erige como un espacio clave, insustituible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo señala de forma reiterada: el entorno escolar es uno de los escenarios más eficaces para promover hábitos saludables y sostenibles educando en salud desde la infancia, una etapa decisiva en la construcción de comportamientos que perduran toda la vida. Educar no es solo transmitir conocimientos; es también crear oportunidades reales de bienestar.

El comedor escolar, especialmente para las familias más vulnerables, representa mucho más que una comida diaria. Es una garantía de dignidad, un espacio de equidad y, en muchos casos, la única oportunidad de acceder a una alimentación equilibrada y nutritiva. Por ello, la aprobación del Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, supone un avance que debe ser reconocido y defendido. Esta normativa, alineada con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y la Garantía Infantil Europea, establece criterios claros para asegurar menús variados, saludables y sostenibles en los centros educativos.

El decreto impulsa el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado y cereales integrales, limita los ultraprocesados y promueve modelos de producción responsables, priorizando productos de temporada y canales cortos de distribución. De este modo, protege la salud infantil y, al mismo tiempo, apoya al sector primario y al medio rural.  En consecuencia, los comedores escolares se consolidan como herramientas de transformación social, donde se educa en salud, sostenibilidad y justicia.

No basta con avances normativos si no van acompañados de voluntad política, recursos suficientes y seguimiento riguroso. No podemos conformarnos con mejoras tímidas. Es imprescindible reforzar la educación nutricional, regular con mayor firmeza la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a la infancia y desarrollar políticas públicas que reduzcan de forma efectiva la desigualdad social que está en la raíz del problema.

La alimentación saludable no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado. Invertir en ella es invertir en salud, en igualdad y en futuro. Es una obligación ética de cualquier sociedad que aspire a ser justa.