Trump eleva su amenaza contra las agendas digital y verde de la Unión Europea

Trump va a seguir siendo una amenaza para la agenda verde y la regulación tecnológica de la UE en 2026. De poco ha servido que Bruselas haya eliminado la prohibición total de motores de combustión de la UE para 2035 o que se hayan reducido las exigencias medioambientales para las empresas. El presidente de EEUU sigue aprobando medidas contra la UE, desde aranceles a la prohibición de acceder al país a determinados ciudadanos europeos, como forma de presión para tratar de conseguir que las instituciones europeas cambien sus normas y favorezcan a las empresas estadounidenses.

El representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, ha vuelto a poner en su mirilla a la UE tanto por la regulación sobre la sostenibilidad como por las normas que tocan a las empresas tecnológicas. “Tenemos desequilibrios gigantescos. No es porque Europa sea realmente competitiva. Sabemos que no lo es. Es porque tienen muchas de estas reglas que impiden que los bienes y servicios estadounidenses entren en el continente”, ha declarado.

Greer ha puntualizado que tratar las condiciones regulatorias con Europa ha representado un mayor desafío que hacerlo con países como la India o China durante 2025. La Comisión Europea se defiende al recordar que “la UE es un mercado único abierto y basado en reglas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con nuestros valores democráticos y compromisos internacionales”.

Aunque los estándares europeos sobre medioambiente y de sostenibilidad para las empresas se han rebajado mucho, las directivas europeas de Información sobre Sostenibilidad Corporativa y la de Diligencia Debida en Sostenibilidad son asumidas al otro lado del Atlántico como una fuente de problemas para las empresas americanas. En un voto donde confluyeron los conservadores y la ultraderecha, que puede cambiar el panorama político europeo, la UE exime al 80% de las empresas de las obligaciones medioambientales, aunque seguirán aplicándose a las grandes empresas extranjeras que hagan negocios en Europa.

Aquí es donde EEUU ha mostrado su oposición más férrea. Greer ha calificado como “inadecuadas” las normativas europeas sobre sostenibilidad y ha recordado que en el acuerdo arancelario firmado este año entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen se prevén garantías para que la legislación medioambiental no obstaculice el trabajo de las empresas. El representante de Comercio de EEUU ha llegado a insinuar que el acuerdo comercial podría venirse abajo si Europa no hace más concesiones a las empresas estadounidenses.

Como respuesta, Matthias Matthijs, investigador principal para Europa del Council on Foreign Relations, y Nathalie Tocci, directora de Istituto Affari Internazionali, argumentan en un artículo en la revista Foreing Affairs, que “la política del Green Deal es difícil, especialmente en medio de una crisis del costo de vida y un crecimiento lento. Pero la alternativa, la continua exposición a los combustibles fósiles y la vulnerabilidad geopolítica, es mucho peor. El mensaje debería ser claro: la diversificación energética no solo se trata del cambio climático, sino también de la soberanía. Además, una estrategia verde-industrial creíble ayudaría a crear los empleos de alta tecnología que los partidos nacionalistas dicen querer defender. Demostraría que la descarbonización y la fortaleza económica pueden reforzarse mutuamente en la práctica”.

Los autores insisten en que Europa debe “redoblar esfuerzos en el Pacto Verde Europeo, que actualmente se está diluyendo a través de leyes ómnibus respaldadas por el centro-derecha y la extrema derecha”.

“Opciones como derogar la directiva por completo o limitarla solo a las empresas con sede en la UE nunca fueron viables, tanto para preservar un campo de juego equitativo como para asegurar una mayoría parlamentaria”, ha explicado Jorgen Warborn, del Partido Popular Europeo a Bloomberg. Warborn insiste en que aunque se ha rebajado el alcance de la regulación “es un instrumento extraterritorial” en su ámbito de vigilancia de las cadenas de valor de las empresas en ámbitos como violaciones de aspectos medioambientales o de derechos humanos.

De momento, según publica Bloomberg, en los mercados no hay una percepción de riesgo por esta legislación: los fondos domiciliados en Europa que poseen acciones estadounidenses atrajeron 56.000 millones en inversión hasta octubre. Ahora bien, la Administración Trump pretende a toda costa rebajar aún más la normativa para sus empresas, abogando por el cumplimiento del acuerdo arancelario del pasado mes de julio, donde se limitaban al 15% sobre las exportaciones de la UE al 15% y como contrapartida se exigía que las leyes no obstaculicen el comercio. Un portavoz de la Comisión Europea apuntó que estas normativas permiten que todas las empresas operen en igualdad de condiciones.

En caso de incumplimiento de la legislación medioambiental y de sostenibilidad, una empresa se puede enfrentar a multas de hasta 10.000 millones de euros. Trump quiere acabar con esta norma, será que ya prevé que las grandes compañías estadounidenses las van a incumplir.

Dependencia tecnológica y soberanía regulatoria

Giorgos Verdi, investigador del programa European Power en el European Council on Foreign Relations, recuerda que “tres gigantes estadounidenses proporcionan el 70% de la infraestructura de computación en la nube de Europa. Las empresas estadounidenses dominan los sistemas operativos de teléfonos en Europa, y ChatGPT de OpenAI se ha convertido en sinónimo del concepto de IA. Starlink representa un casi monopolio en los servicios de internet satelital de Europa, al igual que Nvidia en los chips de IA. El mercado de las redes sociales—las plazas digitales de los demos europeos—también está dominado por las empresas estadounidenses Meta y X”.

Así, Verdi añade que “las dependencias tecnológicas de Europa eran un problema confinado al mundo de la política de competencia y la innovación. Pero el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca ya ha transformado la excesiva dependencia digital de Europa en una prueba geopolítica. No ha dudado en utilizar las dependencias económicas y tecnológicas de otros en la búsqueda de sus propios objetivos”.  

Esto se ha traducido en que el secretario de Estado de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, no tuvo reparos en lanzar una especie de soborno para que la UE rebajara el impacto de su normativa digital con las grandes tecnológicas estadounidenses en plena negociación comercial entre los dos bloques. “La idea es que si la UE deja de lado este marco regulador y lo hace más atractivo para nuestras empresas, puede obtener el beneficio de cientos de miles de millones de dólares, posiblemente un billón, de inversión al año”, apuntó Lutnick.

La UE optó por dar una cal y una de arena. La contestación más beligerante llegó con acento español. La vicepresidenta comisaria de Competencia de la UE, Teresa Ribera respondió soltando que “es posible que haya quien prefiera que miremos hacia otro lado cuando las grandes compañías tecnológicas incumplen nuestras normas. No lo haremos”.

No solo fueron palabras: Bruselas sancionó a Apple y Meta con 500 y 200 millones de euros por vulnerar leyes digitales, además multó con 2.950 millones a Google por prácticas abusivas con la publicidad digital y le ha abierto una investigación por manipular los resultados de búsqueda de medios de comunicación, y también está haciendo indagaciones sobre Microsoft y Amazon por su posición de mercado de servicios en la nube o ha penalizado a X con 120 millones por incumplir las obligaciones de transparencia. Todo ello bajo las leyes europeas de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DMA), auténticos dolores de cabeza para la Administración Trump y las corporaciones tecnológicas de EEUU, poco acostumbradas a tener que lidiar con legislaciones que no les permitan hacer lo que les dé la gana.

La susceptibilidad es tan profunda entre las empresas tecnológicas de EEUU que incluso el compendio de recomendaciones para defender a la democracia que ha puesto en marcha la Comisión Europea ha sido asumida como una intimidación por parte de Elon Musk, el dueño de la red social X.

En un intento por tratar de rebajar las tensiones con EEUU, la Comisión Europea rebajó la normativa de la Inteligencia Artificial (IA). Las prácticas de alto riesgo de la IA, como la creación de contenidos manipulados, tendrán una moratoria de 16 meses para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas exigencias. Las ONG califican la nueva regulación como “el mayor retroceso de los derechos digitales fundamentales en la historia de la UE”.

“Contrarrestar medidas irrazonables”

El movimiento, en lugar de calmar las aguas, ha envalentonado a la Administración Trump, que ha seguido con su política de amenazas. La Oficina del Representante Comercial de EEUU publicó la semana pasada un comunicado en el que apuntaba que “si la UE y sus Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y desalentando la competitividad de los proveedores de servicios estadounidenses mediante medidas discriminatorias, Estados Unidos no tendrá más remedio que empezar a utilizar todos los instrumentos a su disposición para contrarrestar medidas irrazonables”.

Según la Administración de Trump cumplir con la legislación europea es “acosar” a los proveedores estadounidenses de servicios digitales con “demandas, impuestos, multas y directivas discriminatorias”, por lo que en el futuro “Estados Unidos adoptará un enfoque similar al de otros países que siguen una estrategia similar a la de la UE en este ámbito”.

Aunque EEUU no cuenta con legislación para multar a las empresas tecnológicas europeas, en el comunicado del departamento de Comercio se menciona directamente a compañías como Capgemini, DHL, Publicis, SAP y Siemens. Ante tamaña advertencia, la Comisión Europea ha asegurado que “las normas en la UE se aplican de forma equitativa y justa a todas las empresas que operan en la UE. Seguiremos aplicando la normativa de forma justa y sin discriminación”.

El conflicto sigue latente. El último movimiento de Trump ha sido la imposición de prohibiciones de viajar a EEUU a ciudadanos europeos que han destacado por su posición contra el discurso de odio en internet. “Durante demasiado tiempo, ideólogos europeos han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar las opiniones estadounidenses a las que se oponen. La administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial”, argumentó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Ante la realista dependencia de la UE de determinadas tecnologías estadounidenses, Verdi propone que “los europeos deben convertir sus intenciones políticas en capacidades reales. En esta búsqueda, deberán ser selectivos y, sobre todo, realistas. No se pueden construir de la noche a la mañana nuevas y más fuertes capacidades en todos los niveles. Los responsables de la toma de decisiones deben comenzar donde los riesgos de la militarización son mayores, la competitividad de la UE es deficiente y los asuntos de seguridad en defensa son una preocupación. El espacio, los chips, la computación en la nube y la IA son los lugares para comenzar. El éxito requiere que la UE y sus estados miembros vean el desarrollo de capacidades alternativas en estas tecnologías como una inversión esencial que aumentará tanto su seguridad económica como militar. En última instancia, la cuestión no es si los europeos pueden permitirse construir su propia tecnología, sino si pueden permitirse no hacerlo”.