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Quique Badia

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Ayuntamientos y Comunidades Autónomas rechazan uno de cada cuatro pisos sociales de la Sareb

En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los colectivos más desfavorecidos”. Así sucede en el caso de su parque social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de 2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta empresa, más conocida como el banco malo, es que las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.

El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida, la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han determinado su exclusión.

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