La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar para establecer una compensación económica al municipio gaditano de Barbate por el uso militar del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, una reivindicación reclamada en muchas ocasiones por el alcalde de esta localidad, y que ha sido trasladado a los ministerios de Defensa y Hacienda a través de un Plan Especial de Singularidad elaborado por el Ayuntamiento de Barbate.

La iniciativa, que se ha debatido este lunes por la tarde, ha contado con 19 votos a favor y 18 abstenciones, pertenecientes estas últimas al PSOE, que ha defendido esta postura asegurando estar de acuerdo “con el fondo” de la propuesta pero no “con las formas en las que se ha debatido” en esta comisión, como ha argumentado la diputada por Cádiz, Mamen Sánchez, en palabras recogidas por Europa Press.

La PNL es una declaración política y, como tal, no supone la aplicación de compensaciones, pero fija un posicionamiento mayoritario en el Congreso. La compensación tendría que ser incorporada a los Presupuestos o en una decisión en el Consejo de Ministros, donde cohabitan ministros del PSOE (que se ha abstenido) y de Sumar (que ha impulsado la iniciativa).

Compensación de cuatro millones anuales

El texto aprobado y defendido por la diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, contempla la creación de un mecanismo específico de compensación económica anual de cuatro millones de euros para Barbate, derivado de la servidumbre militar que implica la ocupación y uso de estos terrenos.

Esta compensación busca paliar tanto la pérdida de ingresos municipales como la limitación de usos del suelo que sufre el municipio desde hace más de cuatro décadas. “Esta iniciativa viene a responder a una reivindicación justa de Barbate, que lleva años exigiendo una compensación por el impacto que supone tener una parte muy importante de su territorio limitada por usos militares”, ha señalado Gil de Reboleño, quien ha añadido que “no es aceptable que durante tanto tiempo no haya habido una respuesta por parte del Ministerio”.

En el último informe presentado por el Ayuntamiento se refleja en una gráfica con forma de tarta cómo se reparten sus 13.626 hectáreas. 5.342 (39,20 %) están ocupadas por el acuartelamiento del Retín, un campo de adiestramiento junto al mar que es usado por la Defensa española y la OTAN para maniobras internacionales. Otras 5.931 hectáreas (43,53 %) corrersponden al Parque Natural de la Breña, espacio de pinares y otras especies, lo que limita cualquier proyecto. Así que el Ayuntamiento solo puede actuar sobre 2.353 hectáreas de la superficie municipal, un 17,27 %. 

En ese documento se calcula que desde 1982, cuando se aprobó la expropiación de los suelos para instalar el acuartelamiento del Retín, Barbate ha dejado de recibir más de 411 millones de euros euros, entre compensaciones no recibidas, la inflación y los intereses, y que cada año deja de ingresar 4.000.885,87 euros por impuestos de vehículos, actividades económicas, obras o basuras que no cobran ahora, más la imposibilidad que provoca el recinto militar. 

Gil de Reboleño ha pedido que la PNL se traduzca en compromisos concretos. La iniciativa también plantea determinar la fórmula concreta de esta compensación, ya sea una cuantía anual fija y directa incluida en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado o a través de un compromiso de inversiones finalistas. Estas inversiones estarían orientadas a impulsar una actividad industrial sostenible y respetuosa con el medioambiente, mejorar infraestructuras de comunicación, saneamiento y tratamiento del agua, así como reforzar los servicios públicos.

Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha de un plan plurianual de compensación que permita atender la “deuda histórica” acumulada durante más de cuatro décadas de ocupación de los terrenos del Retín, una situación de “agravio” que Barbate “ha soportado durante demasiado tiempo”, ha añadido la diputada.

El PSOE niega diferencia de trato con Rota o Morón

La propuesta de Sumar ha contado con 19 votos a favor y 18 abstenciones de los diputados del PSOE, cuya postura ha defendido Mamen Sánchez, quien ha dicho “entender al pueblo de Barbate” en sus reclamaciones, pero ha señalado que “no es correcto que esté tratada injustamente en comparación con otros municipios que también tienen instalaciones de defensa”, como Rota o Morón, que cuentan con bases militares.

“En España a ningún municipio se le compensa económicamente por tener instalaciones militares en nuestro territorio. Cuando se habla de lugares como Rota o Morón, el Estado no le paga por tener bases militares”, ha advertido Sánchez, quien ha aclarado que se le abona una cuantía porque estas bases “no pagan tributos locales del personal que está allí y el Estado compensa a esos ayuntamientos por esos servicios públicos que tiene que dar”.

No obstante, ha reconocido que esta medida debería debatirse en otros foros, como el de Hacienda para valorar una “financiación local a todos esos municipios que tienen terrenos militares”, que obtengan un reflejo en los presupuestos.

Por su parte, Macarena Lorente, diputada del PP en esta comisión de Defensa, ha resaltado en su intervención que Barbate “lleva años sin obtener respuesta” a esta reclamación de compesación económica que ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno de España.

“Estamos ante uno de los mayores niveles de afectación territorial por instalaciones militares en España y sin embargo, Barbate no recibe absolutamente nada a cambio, y no es porque no se haya planteado”, ha advertido la popular, que ha subrayado que “el problema existe y está acreditado”.

Lorente ha pedido a Sumar que actúe a través de los Presupuestos Generales del Estado, “si es que en algún momento se dignan a traer unos nuevos”, o mediante decisiones desde el Consejo de Ministros y ha afeado que el asunto se haya tramitado como proposición no de ley. “Estamos ante una cuestión de voluntad política. Existe o no existe, ¿qué es para ustedes Barbate?”, se ha preguntado, valorando en que se hayan incorporado a la moción varias de las enmiendas del PP.

El popular músico y cantautor Nil Moliner ha aprovechado sus últimas actuaciones para concienciar sobre la matanza provocada por el Ejército de Israel en los territorios palestinos ocupados, y especialmente en la Franja de Gaza.

Este sábado, durante su concierto en el Festival La Movida Sound, que se celebraba por primera vez en la localidad gaditana de Barbate, el cantante de Sant Feliu de Llobregat lanzó un potente mensaje de condena del genocidio israelí y tras el que quiso dirigirse también a los niños que poblaban el concierto.

“Y con esto quiero mandar un mensaje a todos los niños y niñas que veo esta noche aquí, que es increíble, que sois el presente pero también el futuro de este mundo que cada vez está peor”, y añadió: “Deciros que no perdáis nunca las ganas ni la ilusión para luchar por un mundo mejor”. Tras ello arrancó su canción 'Good Day', publicada en 2023 en su álbum 'Lugar paraíso'.

Lo cierto es que no es la primera vez que Nil Moliner envía un mensaje de este tipo. Esta misma semana durante un concierto en la localidad catalana de Cambrils, Moliner expresó su apoyo al pueblo palestino ante la difícil situación que vive asediado por la guerra, el hambre y las enfermedades.

Cádiz, con su extensa costa bañada por el Atlántico, es un destino ineludible para los amantes del sol y el mar. Desde amplias extensiones de arena dorada hasta calas recónditas, la provincia ofrece un gran abanico de playas, desde extensos entornos urbanos perfectos para pasar el día en familia, pasando por lugares salvajes y recónditos. Todas tienen como denominador común la arena blanca y las aguas cristalinas.

El sol, el mar, y la cultura gaditana crean una combinación perfecta para todo tipo de viajeros, independientemente de si buscan un largo y tranquilo viaje o una escapada intrépida. En los 140 kilómetros de extensión que tiene la costa de Cádiz hay un gran abanico de playas,

En la conocida como Costa de la Luz, estas son las mejores playas de Cádiz según los rankings de viajeros en este 2025, que ofrecen tanto paseos tranquilos por la orilla del mar como tardes de deporte y aventura.

Playa de Zahara de los Atunes (Barbate)

Se trata de una kilométrica playa de 1.800 metros, marcada por la historia del antiquísimo asentamiento pesquero que le da nombre, Zahara de los Atunes. Destaca la anchura de su superficie de arena seca, perfecta para dar largos paseos a lo largo del día. Entre las dunas de arena se pueden distinguir los hoteles y restaurantes dispersados por toda la línea de costa.

Los Duques de Medina Sidonia residían en un palacio a pie de playa que ha sobrevivido a nuestros días. Los nobles acudían allí durante la temporada de la “levantá” de la almadraba, la técnica utilizada para la pesca de los atunes en el municipio. El edificio no solo era una residencia, en esos momentos también era un auténtico centro neurálgico, donde se gestionaban asuntos militares y se manufacturaba el atún que se pescaba en la zona.

Playa de Bolonia (Tarifa)

A 15 minutos en coche de la localidad de Tarifa se encuentra la Playa de Bolonia, una eterna costa de 7.000 metros en estado semisalvaje. Hay un único acceso, por la N-340, a través de una carreta estrecha y sinuosa de doble sentido, lo que explica que la zona esté poco urbanizada. Además, se encuentra casi a la frontera del Parque Natural del Estrecho, lo que ha protegido el entorno a lo largo de los años.

La Playa de Bolonia es vecina de la Playa de Zahara de los Atunes, aunque ambos entornos están separados por acantilados. Comparte características con este entorno aledaño, como la arena blanca y fina; la brisa suave del mar, ininterrumpida gracias a lo abierto que es el espacio; y sus aguas cristalinas. También es hogar de una duna con un tamaño destacable bautizada la duna de Bolonia, y declarada Monumento Natural en 2001

Cala de los Alemanes (Tarifa)

Muy cerca de la playa de Zahara de los Atunes, pero en el término municipal de Tarifa, se encuentra la Cala de los Alemanes. Se trata también de otra playa de gran extensión, con unos 1.500 metros de largo y una anchura de unos 50 metros. Es una playa tranquila y menos urbanizada, por lo que es perfecta para una jornada en la que se quiera combinar el ejercicio ligero con un baño relajante.

Ha perdido parte de su sistema dunar por la proliferación de aparcamientos y caminos de tierra, pero aún se pueden apreciar algunas dunas. En esta zona las aguas son limpias y cristalinas, perfectas para el baño.

Playa de Faro de Trafalgar (Barbate)

Otra playa célebre del municipio de Barbate es la del Faro de Trafalgar. Oculta entre los acantilados que marcan la costa del municipio, este entorno marítimo se encuentra recogido entre los pinares del Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate.

El entorno, digno de postal, no solo es reconocible por sus formaciones rocosas y sus aguas turquesas, también por el imponente faro que le da nombre. Una estructura de 39 metros de altura que se erigió sobre la playa en el año 1860. Medio siglo antes de su construcción tuvo lugar la derrota de la escuadra franco-española a manos de la inglesa en 1805.

Playa de Roche-Puerco (Conil)

Si buscas una playa virgen y tranquila, la Playa de Roche-Puerco es una opción estupenda. Por si fuera poco, este pequeño trozo de paraíso tiene una arena dorada lamida por un mar poco profundo, con un oleaje moderado. Pese a no ser una zona urbana, cuenta con los servicios básicos de limpieza de playa, papeleras y duchas. En el entorno también hay un chiringuito y hay una zona de aparcamiento junto a la urbanización que bordea la costa.

El acceso es difícil, a través del descenso de una rampa muy inclinada, por lo que es recomendable que lleves a este destino un equipamiento de playa ligero. Por las dificultades de llegar a la playa y por su lejanía de grandes núcleos urbanos, es una zona que rara vez se abarata de turistas.

Playa de Valdevaqueros (Tarifa)

En el municipio de Tarifa se encuentra una de las mejores playas para practicar deportes acuáticos. Con una extensión de más de 4.000 metros, este entorno es conocido por ser todo un paraíso del windsurf. Este deporte, también conocido como tabla a vela, tiene su casa en estas aguas, gracias a su viento, su oleaje y las dimensiones de su costa. El ambiente de la zona es enérgico y dinámico, en contraste con las de otras playas de Cádiz, más destinadas a jornadas tranquilas.

Los eventos culturales, como conciertos, son habituales en esta playa, a la que puedes acceder a través de la carretera A-2325.

Playa de la Caleta (Cádiz)

En el centro histórico de la ciudad de Cádiz se encuentra la Playa de la Caleta, antiguo puerto natural para civilizaciones como los fenicios, los cartagineses y los romanos. Se trata de la playa de menor extensión de la capital de provincia, de unos 450 metros de largo y unos 30 de ancho.

Su atractivo reside en su entorno. A su alrededor se encuentran los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, frente al antiguo Hospital de Mora, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y junto a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus de Cádiz de la universidad del mismo nombre, en pleno barrio la Viña. Destaca también su antiguo balneario, actualmente sede del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía. En esta playa se encuentra el antiguo balneario de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, que a día de hoy acoge el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía.

Playa Fuente del Gallo (Conil)

Abrazada por un imponente acantilado se encuentra la Playa Fuente del Gallo, frecuentada por amantes de la pesca submarina. La formación rocosa, de un característico color amarillo, recorre toda la parte posterior de la playa amurallando los 1.200 metros de extensión del entorno. La plataforma rocosa también está presente en el fondo, con una estructura frecuentada por submarinistas conocida como Las Tres Piedras.

Para llegar a la playa se pueden utilizar los accesos que parten de la calle Sevilla, a través de una suave rampa.

Playa de Camarón (Chipiona)

En Chipiona se encuentra la Playa de Camarón, muy tranquila incluso en temporada alta, puesto que está algo apartada del centro del municipio. Tiene un curioso ecosistema, frecuentado por camaleones que recorren las dunas del entorno.

Es un lugar que ha preservado su cultura de pesca tradicional, por lo que es posible observar múltiples corrales de pesca a lo largo de sus 1.400 metros de longitud.

Playa de los Lances (Tarifa)

Otro entorno popular entre los amantes del windsurf es la Playa de Los Lances, en Tarifa, una playa abierta de 226 hectáreas de superficie. No solo eso, ya que el fondo de sus aguas está plagado de barcos hundidos, por lo que es un lugar frecuentado por submarinistas.

Desde este punto de la costa es posible avistar el Estrecho de Gibraltar y la costa del norte del continente africano. Su localización geográfica la ha convertido en una zona de retorno de aves en la travesía al Estrecho durante sus periodos de migración, por lo que es una buena zona para dedicarse a la observación de distintas especies, como la garza real o la gaviota de Audouin, especialmente en días de mucho viento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictado un auto en el que acuerda la libertad provisional, tras el pago de una fianza, para dos de los cuatro acusados que permanecían en prisión por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las defensas de los dos investigados que ingresaron en prisión en noviembre de 2024 y del que ingresó en prisión en mayo de 2025 (supuestamente los tres tripulantes que viajaban junto al piloto Karim El Baqqali) solicitaron su puesta en libertad provisional al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate.

Así, en el caso de los dos detenidos en noviembre de 2024 la Fiscalía no se opuso a que fueran puestos en libertad bajo fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, tras lo que el juez dictó un auto el pasado 4 de julio acordando la libertad una vez se abonaran esas fianzas, lo que ocurrió el pasado miércoles.

Ambos han sido puestos en libertad provisional con la imposición de varias medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

En el caso del acusado detenido en mayo de 2025 el juez ha desestimado la petición de libertad.

Dos acusados siguen en prisión

El 9 de febrero de 2024 dos agentes de la Guardia Civil fallecieron en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, que pasó por encima de ellos hasta en seis ocasiones. La Guardia Civil detuvo inicialmente a seis personas, acusados de dirigir y tripular la narcolancha, pero acabó poniéndolos en libertad tras cinco meses en prisión, tras descartar que la embarcación que pilotaba “Kiko el Cabra” fuera la que embistió a los agentes.

El 19 de septiembre de 2024 se detuvo al piloto de la narcolancha que presuntamente embistió a la zodiac de la Guardia Civil, el súbdito marroquí Karim El Baqqali, y el 8 de noviembre del mismo año otros dos de los tripulantes, también de nacionalidad marroquí. El último fue detenido el pasado mes de mayo.

En una nota, Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil que se personó como acusación popular y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los hechos se ha mostrado preocupada por el mensaje que traslada esta puesta en libertad.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha manifestado que la puesta en libertad provisional bajo fianza de dos de los cuatro acusados por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024, “puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia”.

A juicio de Vilariño, “casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR, cuya desaparición ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico”. “Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa”, ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que “no podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar”.

“El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha y desde Jucil exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen”, ha concluido.

La Guardia Civil ha señalado que la investigación por los dos vecinos de Zahora, en el término municipal de Barbate (Cádiz), fallecidos este fin de semana apunta a que uno de ellos presuntamente mató a otro con varios disparos. Posteriormente, cercado por los agentes que lo buscaban, se suicidó con un disparo. Asimismo, ha apuntado que ambos mantenían conflictos vecinales.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, en la tarde del sábado fue comunicada la aparición del primero de los cadáveres en una de las viviendas de Zahora, por lo que se estableció el correspondiente protocolo judicial y policial, dando como resultado que el cuerpo presentaba varios impactos de bala, supuestamente del calibre 22 y de escopeta calibre 12. De todas estas investigaciones se hizo cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, siendo levantado el cadáver a las 21 horas de ese día.

Así, de forma simultánea se organizó un dispositivo de búsqueda en la zona para la localización del autor de los hechos, siendo el principal sospechoso un vecino con el que el fallecido mantenía determinados conflictos vecinales. El dispositivo de búsqueda estuvo compuesto por siete patrullas de la Compañía de Vejer, Equipo Pegaso con drones, guías caninos, Policía Judicial y un helicóptero de la Unidad Aérea con base en Rota.

Parapetado en el monte

Ya sobre las 8.50 horas del domingo, según ha indicado la Guardia Civil, una de las patrullas que se encontraba en la búsqueda escuchó un disparo producido muy cerca de su posición, sin descartar que se dirigiera contra los propios agentes. Tras localizar el lugar de procedencia, conminaron a la persona que se parapetaba en un lugar “perfectamente camuflado” a que depusiera su actitud, escuchando a continuación un segundo disparo “de carácter autolítico” que acabó con la vida de la persona que se ocultaba.

Según ha apuntado la Guardia Civil, el primer fallecido es un hombre de 57 años de edad, mientras que el presunto autor de su muerte tenía 58 años y poseía licencia de caza, siendo propietario de un rifle calibre 22 y tres escopetas de caza.

Una delegación de diez eurodiputados, con representación de todos grupos políticos, ha culminado este miércoles un recorrido de tres días por Barbate, Algeciras y Sevilla para investigar las “condiciones laborales” con las que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en la frontera sur de la UE, uno de los principales focos de lucha contra el narcotráfico.

El objeto de la misión mutó nada más constituirse, aprobándose una visita al municipio gaditano donde dos guardia civiles murieron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024, un crimen del que PP y Vox responsabilizaron al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por falta de recursos y personal en el Estrecho.

A finales de 2023, llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la solicitud de un policía nacional de Madrid pidiendo que se considerase su oficio “profesión de riesgo” en toda la UE, y que se incluyera la agresión a un agente en la lista de Eurodelitos. En este asunto -prácticamente el único- ha habido consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, según trasladaron sus representantes a los miembros de la delegación.

Pero la misión volvió a mutar sobre el terreno, recabando posiciones muy críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual hizo que los eurodiputados socialistas acusasen a sus compañeros del Grupo Popular y de Patriots (donde está Vox) de “instrumentalizar” la misión del Parlamento Europeo. Incluso el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, lanzó desde Madrid el lunes un mensaje inusualmente duro, alertando de la implantación del narcotráfico en el Estrecho, de armas de guerra, “cocaína y sangre”.

En este clima de fondo, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca, ha hecho balance de la misión este miércoles en Sevilla, donde ha admitido que existe una “disonancia” entre lo que representantes del Gobierno central han trasladado a la delegación parlamentaria sobre seguridad y lo que han escuchado, durante tres días de reuniones, de parte de fiscales, alcaldes, policías y sindicatos.

Rzońca ha insistido en que no han venido a emitir juicios, sino a “recoger información y buscar soluciones”. Sin embargo, sí ha dejado claro que las percepciones del territorio no coinciden con las cifras y explicaciones del Gobierno: “Necesitamos analizar toda la información antes de poder pronunciarnos definitivamente, pero lo que nos ha sorprendido es que hay una cierta disonancia entre los datos que aportan desde el Gobierno y lo que denuncian los ciudadanos”.

Una de esas discrepancias ha aparecido en la reunión con fiscales antidroga: “Nos dijeron que las penas que se imponen no están a la altura de la gravedad de los delitos cometidos”, explicó el eurodiputado polaco. Rzońca compartió el testimonio de un agente herido en acto de servicio al ser embestido por un narcotraficante: “Cuando ese delincuente salió de la cárcel, fue recibido como un héroe. No podemos aceptar eso. Nos aterra esa situación: que alguien entre en prisión, se lo pase bien y salga celebrado por organizaciones criminales”.

Una situación “preocupante”, pero sin posicionamientos cerrados

Aunque evitó adoptar conclusiones políticas, Rzońca fue claro en su valoración general: “La situación en el Campo de Gibraltar es más peligrosa y más violenta”. Añadió que la petición que dio origen a esta misión, registrada por un integrante de la Confederación Española de Policía, “ha tenido un gran impacto en nosotros”, y que lo ocurrido en Barbate le “conmueve enormemente” y le “sorprende muchísimo”.

Durante su estancia en Andalucía, los eurodiputados han escuchado, según Rzońca, una reclamación repetida: que se declare como profesión de riesgo la labor de Policía Nacional y Guardia Civil. “Lo hemos oído en multitud de ocasiones, y es algo que nos preocupa mucho. La situación laboral de los agentes necesita atención”, afirmó.

Sobre el debate presupuestario, el presidente de la delegación fue cuidadoso: reconoció que desde el Gobierno central se les han presentado datos que apuntan a un aumento de la financiación en seguridad, pero aún así remarcó que “desde los ayuntamientos y representantes locales se pide insistentemente más inversión y mejores condiciones para los agentes”.

La Junta acusa a Sánchez de “falta de interés”

El acto ha sido el colofón de una visita de tres días al sur de España, impulsada por la petición que un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, David Gutiérrez Prieto, secretario de relaciones institucionales del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que recibe las consultas y quejas de cualquier ciudadano de la UE, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024. Aunque la misión arrancó en Cádiz y se desplazó también a Barbate y Algeciras, ha sido en Sevilla donde el Ejecutivo andaluz del PP ha querido poner el foco, implicándose directamente en la agenda y dotando al cierre de una dimensión institucional y política mayor.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha convertido en prioridad su ofensiva contra el Ejecutivo central por la situación de seguridad en el Estrecho, una estrategia que se ha intensificado esta misma semana. El lunes, el presidente de la Junta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “falta de interés” y anunció que pediría “responsabilidades” por lo que considera una respuesta inadecuada ante el auge del narcotráfico. En declaraciones a los medios, Moreno llegó a comparar la situación con la que vivió España durante el terrorismo de ETA: “Entonces se reforzó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todos los medios del Estado. Ahora hay que hacer lo mismo”, reclamó.

Un día después, su consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ahondaba en ese relato y expresaba su respaldo a la misma demanda que originó la misión parlamentaria: que los agentes destinados en zonas como el Campo de Gibraltar sean reconocidos como profesión de riesgo a nivel europeo.

Apoyo sindical y confrontación política

La visita de la delegación europea ha sido recibida con entusiasmo por los sindicatos policiales, especialmente por JUPOL, cuya petición abrió la puerta al desplazamiento de los eurodiputados. El sindicato denuncia desde hace años la falta de medios, la presión creciente de las mafias del narcotráfico en el Estrecho y el deterioro de las condiciones laborales.

El Ejecutivo andaluz ha aprovechado esa corriente para cargar también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de haber desmontado el Plan Especial del Campo de Gibraltar y de no haber reaccionado con contundencia ante la muerte de los agentes. Vox se ha sumado a las críticas con un discurso aún más duro, mientras que el PSOE ha acusado al PP de politizar la tragedia. La eurodiputada Lina Gálvez lamentó esta semana que la visita se haya convertido en “una operación del PP andaluz con la extrema derecha para hacer campaña con la seguridad”.

Aunque el acto de este miércoles en Sevilla ha sido la cita más institucional de la agenda, el detonante de la misión fue el asesinato de los guardias civiles en Barbate. La escena —dos agentes embestidos por una lancha en el puerto cuando intentaban interceptarla— generó una fuerte conmoción, pero también una oleada de críticas por la precariedad de medios con que operaban los efectivos. Las imágenes de la embarcación oficial, muy inferior en potencia a las de los narcos, se convirtieron en símbolo del desamparo que denuncian los sindicatos.

La presión política ha sido constante desde entonces. El Congreso ha debatido en varias ocasiones el refuerzo de medios y la responsabilidad del Ministerio del Interior. A pesar de las críticas, Interior ha defendido que el Plan Especial sigue en marcha y que el número de efectivos en la zona supera los 5.000. Además, ha recordado que las incautaciones han crecido y que el fenómeno del narcotráfico es complejo y transnacional.

Un objetivo político compartido lejos de concretarse

Tras la visita, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo deberá elaborar un informe con sus conclusiones. Aunque no tiene capacidad legislativa directa, puede recomendar actuaciones a la Comisión Europea o promover debates en la Eurocámara. La Junta de Andalucía aspira a que esta presión sirva de palanca para activar compromisos concretos, tanto en Bruselas como en Madrid.

De momento, el principal objetivo político compartido —la inclusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo a nivel europeo— está lejos de concretarse, pero ha ganado protagonismo. Las elecciones europeas del 9 de junio y la creciente preocupación por las redes delictivas en las fronteras exteriores de la UE podrían dar alas a esta reivindicación, si logra consolidar apoyos.

El Gobierno andaluz, por su parte, ha dejado claro que no dejará enfriar el tema. Y la visita de los eurodiputados, culminada con un acto público en la sede de la Junta, refuerza su intención de mantener el foco. Lo que hasta hace unos meses era un clamor sindical ha sido convertido por el PP andaluz en bandera institucional.

El pasado 30 de noviembre de 2024, un soldado ucraniano aprovechó una carrera por los carriles asfaltados del acuartelamiento del Retín, en Barbate (Cádiz), para desviarse del grupo y escapar. Acababan de finalizar unas pruebas de tiro. Huyó a pie hasta el pueblo, tomó un autobús a Chiclana y, desde allí, llegó a El Puerto de Santa María. La historia trascendió porque el militar, arrepentido, regresó por voluntad propia al campo y se reincorporó a su unidad. Desde entonces, se han registrado al menos tres fugas más. En las últimas fechas, el Retín ha reforzado su seguridad, y Sumar ha anunciado que llevará el asunto al Congreso para esclarecer si en este enclave de la costa gaditana se están respetando los convenios internacionales sobre protección de personas en conflicto.

El campo de adiestramiento de la sierra del Retín ocupa 5.400 hectáreas, casi el 40% del término municipal de Barbate. Es una instalación clave para las Fuerzas Armadas españolas, que realizan allí maniobras desde hace décadas, y desde hace años también es escenario de ejercicios conjuntos con la OTAN. Desde marzo de 2023, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Retín acoge parte de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea, destinada a la formación de tropas ucranianas. Ya han pasado por estas instalaciones unos 700 efectivos.

Tras aquella primera deserción, en diciembre se conoció que otros dos militares habían abandonado el recinto sin autorización. La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda, aunque nunca se confirmó si lograron localizarlos. El cuarto caso fue revelado recientemente por Diario de Cádiz, que informó de la instalación de muros provisionales y concertinas en el perímetro para dificultar nuevas fugas a pie.

Sumar ha interpelado al Gobierno en el Congreso. El diputado Toni Valero, durante una visita a la provincia de Cádiz, explicó que su formación ha preguntado al Ejecutivo “cómo piensa garantizar los derechos humanos de estos jóvenes ucranianos y si se les ha ofrecido la posibilidad de solicitar asilo, tal y como permiten las normativas internacionales”. Es una reiteración porque ya en marzo, Sumar había difundido una respuesta del Gobierno (del que forma parte) tras una batería de preguntas parlamentarias para saber si España estaba “reprimiendo” a objetores de conciencia ucranianos. El Ejecutivo español aclaró entonces que, hasta ese momento, no había habido ninguna detención ni extradición de ciudadanos ucranianos por abandonar el ejército.

Hace unas fechas, la Armada española publicó en sus redes sociales imágenes y datos sobre la formación de militares ucranianos en nuestro país. Según esas cifras, más de 7.500 soldados han recibido instrucción en 170 módulos repartidos por todo el territorio. En esta tarea han participado unos 6.000 profesionales españoles desde que se inició la misión europea en 2022. Barbate ha sido una pieza clave en este proceso. Su inmensa extensión es ideal para ejercicios de tiro, maniobras en terreno escarpado y formación en especialidades vinculadas al medio acuático, gracias a su cercanía con el mar.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las deserciones en el ejército ucraniano se han multiplicado. Según datos de la Fiscalía General de Ucrania, hasta finales de 2024 se habían abierto unos 90.000 procesos penales por abandono de unidad o fuga. Solo en 2024 se iniciaron más de 60.000, reflejo del agotamiento físico y mental de las tropas, unido al miedo y la incertidumbre provocados por un conflicto que no parece tener fin. Kiev ha respondido reduciendo la edad de reclutamiento y promulgando leyes para incentivar el regreso de los que escaparon, aunque la deserción sigue penada con hasta 12 años de cárcel.

En el Retín, este tipo de fugas no son nuevas ni exclusivas de militares ucranianos. Ya se registraron en el pasado, sobre todo cuando se entrenaron en el Retín soldados de países africanos con situaciones políticas conflictivas y economías frágiles. Barbate, en esos casos, fue el lugar elegido para buscar el paraíso lejos del infierno de las guerras. Salvo en casos excepcionales, el rastro de quienes escaparon se perdió para siempre.

El Parlamento Europeo enviará la semana que viene una delegación de eurodiputados hasta el litoral de Cádiz para investigar las “condiciones laborales” con las que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en la frontera sur de la UE, uno de los principales focos de lucha contra el narcotráfico.

La misión incluye una visita a Barbate, donde dos guardia civiles murieron arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero de 2024. Los eurodiputados se entrevistarán con las viudas y familiares de los fallecidos, con los otros agentes que viajaban en la zódiac y sobrevivieron a las embestidas de la narcolancha, con el alcalde del municipio gaditano y organizaciones sociales significadas en la lucha antidroga en el Campo de Gibraltar.

La delegación la conforman diputados de todos los grupos en el Europarlamento, pero sus señorías vienen en discordia, porque la misión arrastra consigo cierta polémica. Nace de la solicitud que un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid, David Gutiérrez Prieto, secretario de relaciones institucionales del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano que recibe las consultas y quejas de cualquier ciudadano de la UE.

El agente hizo dos peticiones: “la adopción de una directiva que mejore y armonice, a nivel europeo, la legislación que otorga protección jurídica a los miembros de los cuerpos policiales que trabajan en la UE”; y “la inclusión del delito de agresión, acometimiento o atentado contra un agente de policía, en la lista de Eurodelitos”, con una pena mínima de 18 meses de cárcel para lesiones leves y de tres años para lesiones graves.

La exposición de motivos sí cita el caso de España, “donde los policías nacionales y guardias civiles sufren más de 1.400 ataques violentos al mes (un 24% más en los últimos tres años) alcanzando más de 11.200 acometimientos violentos desde el comienzo de 2023 hasta el mes de agosto”. Desde entonces los datos han empeorado. Según fuentes policiales, en 2024 se registraron 16.800 agresiones a policías nacionales y guardia civiles (unas 1.400 al mes).

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, no menciona Andalucía, ni Cádiz, ni Barbate, ni el Estrecho, ni Algeciras, ni el Campo de Gibraltar ni aparece el término “narcolancha”. Sin embargo, el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, donde está integrado Vox y el nacionalpopulista Viktor Orban, reformula la solicitud del agente de la Policía española, enfocándola hacia las dificultades en la lucha contra el narcotráfico en el sur de Andalucía, y propone al Comité de Peticiones una “visita de investigación” [fact finding visit] a Barbate y Algeciras.

La propuesta sale aprobada con la mayoría de votos de la derecha y la ultraderecha y el rechazo en bloque de los grupos progresistas. A favor: el Partido Popular Europeo, Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas. En contra, Socialdemócratas, Liberales, los Verdes y la Izquierda.

El Parlamento europeo termina autorizando una misión compuesta por seis eurodiputados, más el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca, con objeto de “investigar los derechos laborales de los oficiales de policía en la Unión Europea. En la comitiva van dos eurodiputados andaluces, el popular Juan Ignacio Zoido, y la socialista Lina Gálvez.

Aunque el objeto autorizado para la euromisión es muy genérico [labor rights of police officers in the EU], la agenda programada, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, está muy enfocada al asesinato de los guardia civiles en Barbate y la lucha contra el narcotráfico en el estrecho. El momento más sensible de la visita es el encuentro, previsto para el lunes, con las viudas y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos agentes, naturales de La Línea de la Concepción (Cádiz), que murieron arrollados por la narcolancha en febrero de 2024.

En España, PP y Vox han cargado la muerte de estos dos agentes al Gobierno de Pedro Sánchez, han exigido en el Congreso la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien responsabilizan de su “asesinato” por “el abandono y la falta de medios” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar.

Los socialdemócratas acusan al PP de usar el Parlamento Europeo como una cámara de oposición al Ejecutivo de Sánchez, “instrumentalizando” el Comité de Peticiones, que en los últimos meses ha autorizado cinco misiones sólo a España, aprovechando la mayoría que conforman los conservadores y la ultraderecha.

El agente Gutiérrez, autor de la petición original, admite que su solicitud “no aborda un problema local, sino europeo” y pide a los grupos de la Eurocámara que “no politicen” este asunto. “Hay lugares más conflictivos que otros por el auge de la delincuencia, pero esta petición se tramitó por vía de urgencia porque nos están matando. En toda Europa necesitamos mayor protección jurídica. Nosotros somos funcionarios, si hay algún grupo que quiere utulizar la petición de forma política, que quede claro que ese no es nuestro objetivo”, explica.

Con todo, Gutiérrez defiende la función del Comité de Peticiones como “una herramienta interesante que ofrece el Parlamento Europeo para que las instituciones de la UE tomen conciencia de determinados problemas”.

La agenda programada

Este es el escenario político que precede a la misión europea que comienza el lunes con una visita al Ayuntamiento de Barbate, continúa el martes en el Consistorio de Algeciras, más un recorrido por el puerto de este municipio gaditano, principal puerta de entrada de cocaína en Europa, y otro al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. La misión culminará el miércoles en Sevilla, donde se reunirán con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Los eurodiputados se encontrarán en Barbate con el agente de Policía Gutiérrez Prieto, que elevó la petición original, con la presidenta de la Asociación de Viudas y Familiares Nuestro Corazón por Bandera, Isandra Fernández Tinoco; y con Mónica Mójica, familiar de uno de los guardia civiles asesinados.

En Algeciras les recibirá el alcalde, y también tendrán un encuentro con Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la droga “Alternativas”, con la fiscal antidrogas en la provincia de Cádiz, Ana Villagómez, con responsables de Viligancia Aduanera, miembros de la Udyco, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con miembros de la UCO y con una letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Solano de Ugarte, entre otras autoridades. En la misión también participan agentes de otros países europeos que han sido heridos en acto de servicio.

A principios de mayo, agentes de la Guardia Civil arrestaron en la provincia de Cádiz al último de los cuatro tripulantes de la narcolancha responsable de la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. En septiembre de 2024 ya fue detenido el piloto de la embarcación, el 8 de noviembre las otras dos personas que viajaban en ella. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz).

No hace falta haber visitado la increíble Zahara de los Atunes para intuir que la provincia de Cádiz tiene un manjar en sus aguas llamado atún y que cumple los sueños de cualquier agradecido visitante.

Además de la propia Zahara o Barbate, Conil de la Frontera, Conil a secas para lo que la conocen de sobra, es otro de esos lugares donde el atún se pesca y donde se cocina a las mil maravillas, de ahí la gran afluencia de público en la XXVIII edición de la Ruta del Atún Rojo de Almadraba que se celebra estos días y que no debes perderte si estás por la localidad gaditana. 

Se trata de todo un generoso homenaje al mar y a uno de esos platos que despierta todos los sentidos en cuanto llega a la mesa… o incluso antes. Además, y con el deseo de innovar cada año, en cada edición los que se acercan y se sientan a la mesa o encuentran un privilegiado y luchado lugar en una barra degustan las nuevas propuestas basadas siempre en un producto ligado desde siempre a esta zona de la península.

El manjar que “brota” del Atlántico será degustado en esta cita gastronómica hasta el próximo 9 de junio. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más arraigados en el calendario turístico de la localidad. Y de gran trascendencia histórica. 

Casi 30 establecimientos

Aunque, de hecho, no es la única cita conileña del año, ya que en el mismo pueblo también se celebra cada año la Feria de la Huerta (para reivindicar los productos frescos de sus huertas) y la Ruta del Retinto (en este caso homenaje a esta exquisita carne).

En la presente cita con el atún de Conil, los que tengan la suerte de participar en la ruta tienen a su disposición un total de 28 establecimientos participantes, que ofrecen platos tanto innovadores como tradicionales y, eso sí, elaborados todos con atún rojo de almadraba. 

El programa de la ruta incluye degustaciones, un concurso, conciertos, un showcooking, actividades culturales y dos ronqueos de atún en directo, que es de los grandes atractivos de la ruta, ya que los asistentes pueden contemplar cómo se lleva a cabo el despiece tradicional del propio atún y que suele hacerse nada más descargar los atunes de los barcos que los traen a la costa gaditana.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha denunciado la vandalización que ha sufrido el vehículo de la jueza encargada de investigar la muerte de los dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.

En una nota, la AJFV ha explicado que la jueza María Eulalia Chanfreut se encontró el pasado 8 de marzo con que su vehículo, aparcado en la puerta de su domicilio particular, tenía las cuatro ruedas pinchadas, había sido rociado con pintura en el capó, en el techo y en los laterales, y el símbolo trasero de la marca del fabricante había sido sustraído.

Estos hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil por la jueza, sustituta adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad de Barbate, acompañando el informe de fotografías de los desperfectos del vehículo, cuya reparación ha debido anticipar esta magistrada. Por el momento, según AJFV, el autor o autores de estos hechos vandálicos no han sido aún identificados.

“Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura”, ha denunciado Sergio Oliva Parrilla, portavoz de esta asociación judicial, quien ha añadido que “es fundamental que contemos con garantías personales y materiales que nos protejan”, algo que se ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.

El portavoz de AJFV ha recordado que su asociación reclama que la Audiencia Nacional asuma la competencia sobre este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos. En su opinión, esta distribución competencial “evitaría la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha urgido además al Consejo General del Poder Judicial a regular el resarcimiento de daños a los miembros de la carrera judicial con ocasión o a resultas del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Como ha recordado, el pasado 17 de marzo se remitió un escrito al CGPJ para instar al órgano constitucional a que regule un procedimiento destinado al resarcimiento por daños a los bienes de los miembros de la carrera judicial con ocasión o a resultas del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ya que “hasta ahora no existe para los jueces españoles”.

Este protocolo “podría tramitarse vía reglamento o modificación reglamentaria y beneficiaría a todos los jueces y magistrados en activo que sufran daños materiales en bienes de su propiedad o de aquellos de uso profesional asignados por la Administración de Justicia”, ha indicado est asociación.

Los casos que se incluirían en este paraguas son los que resulten de la actuación de un autor desconocido, de un autor conocido que sea declarado insolvente, y siempre que se pruebe el vínculo el vínculo entre el daño y el ejercicio de la función jurisdiccional, como es el caso de la jueza sustituta de Barbate, que ha visto vandalizado su vehículo particular.

María Eulalia Chanfreut instruye el llamado 'caso Barbate', ocurrido el 9 de febrero de 2024 cuando murieron arrollados por una narcolancha los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, ordenando la jueza las primeras detenciones.

Además, investiga la posible responsabilidad penal de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron la intervención de los agentes aquella noche.

Unas 200 personas han asistido este domingo a una ofrenda floral en el puerto de la localidad gaditana de Barbate para honrar el fallecimiento de los dos guardias civiles, arrollados mortalmente por una narcolancha el 9 de febrero de 2024. El suceso puso en entredicho las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan su trabajo contra las redes de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar y se alzaron las voces para reclamar más medios materiales y humanos. Una demanda que un año después continúa muy presente entre asociaciones de la Guardia Civil y familiares de Miguel Ángel González y David Pérez.

Ha sido el acto conmemorativo principal de los que se han desarrollando estos días en recuerdo y honor a estos dos agentes, como la concentración en Cádiz y un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barbate, donde ocurrieron los hechos, ambos el pasado viernes. Además, este sábado se ha celebrado una misa en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, de donde era David Pérez, uno de los guardias civiles fallecidos.

“Un homenaje lleno de recuerdo, respeto y gratitud. Queremos agradecer a todos los asistentes, así como a las asociaciones y sindicatos que nos han acompañado”, ha manifestado en redes 'Nuestro corazón por bandera', organizadora de la ofrenda, y que ha puesto en valor este “emotivo acto” sucedido en el municipio gaditano.

Críticas de la madre de un agente

Cabe destacar la presencia esta jornada de familiares como la madre de Miguel Ángel González, el otro guardia civil fallecido, o de agentes del instituto armado vestidos de uniforme. En este sentido, la madre ha denunciado que nadie del Gobierno le ha dado el pésame, “sin embargo a un etarra y a su familia sí se lo dan”.

Y es que, a pesar de que el piloto de la narcolancha que presuntamente embistió la zodiac de los agentes está en prisión desde hace varios meses, las familias siguen pidiendo justicia por estos asesinatos, ya que consideran que los altos cargos que dieron la orden de acudir a esa actuación mortal no se han responsabilizado por lo ocurrido.

Asociaciones de la Guardia Civil y familiares han tratado de que estos altos cargos sean investigados en este caso, pero las peticiones registradas han sido desestimadas en varias ocasiones, una circunstancia que sigue levantando ampollas. En este sentio, consideran que aunque “la mano ejecutora está en la cárcel, hay más gente implicada”, como recordaba este mismo viernes la madre de Miguel Ángel en una concentración celebrada en Cádiz para seguir reclamando justicia por sus muertes.

A este respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado que hubiera una falta de medios a la hora de participar en esta actuación, descartando también las numerosas peticiones de dimisión que ha recibido en este último año. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, defendía este viernes que “ahora mismo” se está llevando a cabo “la mejor operativa internacional de lucha contra el narcotráfico en España” y se está “en un empeño permanente y continuo para imponer el principio de autoridad”.

El dolor de Barbate

En Barbate tampoco olvidan el dolor que se vivió en aquella noche de viernes con unos hechos que removieron la localidad y dejó una imagen de la que siguen tratando de desligarse, defendiendo que este pueblo tiene muchas virtudes por las que ser conocido, como su gastronomía en torno al atún de almadraba o el Parque Natural de la Breña que lo rodea.

Desde que ocurrieran los hechos, el alcalde Miguel Molina no ha dejado de reclamar “más medios” y una patrullera de la Guardia Civil siempre presente en su puerto, ya que se encuentra próxima al Campo de Gibraltar, una comarca fuertemente castigada por las redes del narcotráfico.

Los acontecimientos de hace un año se produjeron cuando una zodiac de la Guardia Civil acudió a un operativo para tratar de disuadir la presencia de varias embarcaciones de alta velocidad y gran envergadura, las llamadas gomas, que se estaban refugiando del temporal en el puerto de Barbate. Una de ellas arremetió en varias ocasiones contra la de los agentes, que era inferior en potencia y tamaño, y que propició que estos se encontraran indefensos ante la violencia con la que atacó el piloto de la narcolancha. La última embestida fue la mortal, al pasar por encima de la zodiac y causar la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez. Además, otros tres guardia civiles quedaron gravemente heridos.

Tras estos trágicos hechos, se detuvo a ocho personas, de las que dos de ellas quedaron en libertad tras prestar declaración. Las otras seis ingresaron en prisión provisional, según decretó el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate, como presuntos responsables de manejar la embarcación que embistió a los agentes, aunque ellos siempre negaron su participación en este hecho concreto.

El caso da un giro

El caso dio un giro meses más tarde, en mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada de la investigación redactó un informe en el que descartaba la implicación de esos seis detenidos, unos de ellos Kiko El Cabra, acusado entonces de pilotar la narcolancha. Ante estos nuevos hechos, el juez determinó la puesta en libertad de los encarcelados, que seguían estando investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, pero no de asesinar a los dos agentes.

Ya en septiembre de 2024, la Guardia Civil logró la detención de Karim E.B., el presunto piloto de la narcolancha que causó la muerte de los guardias civiles, y poco después se detuvo a otras dos personas por su implicación en estos hechos. Los tres continúan en prisión a la espera de juicio, quedando aún un tercer tripulante por localizar.

Karim E.B. ha pedido perdón a las familias de las víctimas y defiende que todo fue “un accidente”, unas declaraciones que fueron rechazadas por la madre de Miguel Ángel González, que ya entonces advertía que “ni olvido ni perdono” a quienes le habían arrebatado a su hijo.

En todo este tiempo, el Gobierno de España ha destacado que las actuaciones desarrolladas en la provincia de Cádiz contra el narcotráfico a través del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en el que, según han alegado en numerosas ocasiones, ha permitido asestar un golpe a estas redes. El Ejecutivo llega incluso a hablar de que se ha recuperado el principio de autoridad en la zona, algo que las asociaciones de guardias civiles niegan continuamente con cada nuevo caso de agentes heridos en actuaciones “violentas” contra el tráfico de drogas.

Homenaje a los agentes que murieron en un suceso que generó un enorme impacto. El municipio gaditano de Barbate ha celebrado este viernes un minuto de silencio en recuerdo de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, los dos guardias civiles que fallecieron hace ya un año al ser arrollados por una narcolancha en aguas del puerto barbateño, un acto en el que el alcalde, Miguel Molina (Andalucía por Sí), ha vuelto a reclamar “más medios” para los agentes ante “la merma” de efectivos en la zona.

Miembros de la corporación municipal, encabezada por el regidor, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y vecinos de la localidad han participado en este sentido minuto de silencio, celebrado a las 9 de la mañana en la puerta del consistorio. Por estos hechos fue detenido el pasado mes de septiembre el piloto que conducía la narcolancha, que alegó que fue un accidente.

Tras este acto de recuerdo, el alcalde ha tomado la palabra para solicitar al Gobierno de España que “se ponga las pilas” y “no eche balones fuera” en cuanto a las capacidades de los efectivos policiales en la comarca del Campo de Gibraltar y en Barbate, azotada hace un año por esta tragedia.

“No podemos permitir que en cada Junta Local de Seguridad la Subdelegación diga que se están haciendo las cosas, cuando realmente comprobamos por los agentes mismos, constantemente, la reclamación que se está haciendo”, ha señalado Miguel Molina. En este sentido, ha asegurado que ve como “cada vez se van mermando los efectivos de la Guardia Civil en nuestra zona”, y que la lucha contra el narcotráfico la hacen “con escasos recursos” al no dotarles de “de las suficientes capacidades para combatir esta lacra que tenemos en nuestro entorno”.

Es por eso que se ha dirigido al Gobierno central para que haya “su trabajo” y tenga “la responsabilidad” de destinar “medios y recursos” para que los agentes “hagan su trabajo de la manera más segura, más fiable y sobre todo más eficaz”.

“Queremos vivir en paz”

“Si ellos están bien y protegidos, nosotros, la gente de bien, estaremos protegidos. Queremos vivir en paz, queremos hablar de noticias positivas y queremos hablar del entorno tan bonito que tenemos en nuestra zona y nunca, nunca, queremos que estos sucesos se vuelvan a repetir”, ha manifestado el alcalde de Barbate.

Es por eso que ha trasladado que exigirá “con contundencia” en la Junta Local de Seguridad que se dote de medios a los agentes y que “se dejen de echar balones fuera” porque “Barbate y toda nuestra zona se merece un respeto del Gobierno de España”, algo que como ha advertido, “hasta ahora no lo está teniendo”.

Antes de estas declaraciones, el alcalde ha leído un manifiesto en recuerdo de los guardias civiles fallecidos, un “sacrificio”, ha dicho, que “no puede ni debe ser olvidado” y que por eso “nos obligan a seguir exigiendo justicia y reconocimiento para aquellos que cada día ponen su vida en riesgo para protegernos”.

Más allá de las palabras

“Hoy, desde Barbate, nos hemos unidos en este minuto de silencio con la firme convicción de debemos honrar su memoria y que este gesto no puede quedarse solo en palabras”, ha continuado Miguel Molina en esta intervención posterior al minuto de silencio.

A las 12.30 horas está previsto que la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz acoja una segunda concentración en recuerdo de estos dos agentes, un acto convocado por la plataforma Nuestro corazón por bandera. Además, el domingo 9 de febrero hay prevista una ofrenda floral en el puerto de Barbate, el lugar donde tuvieron lugar estos acontecimientos que acabaron con la vida de los dos agentes.

La narcolancha pilotada por Kiko 'el cabra', acusada en un primer momento de embestir a una embarcación de la Guardia Civil el 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz) matando a dos de ellos, llevaba seis tripulantes en la noche de los hechos, de los cuales cuatro no contaban con antecedentes penales previos, y siendo tres de ellos mecánicos que habían acudido al puerto barbateño esa misma mañana para arreglar uno de los motores de la embarcación.

Tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con los seis tripulantes de la narcolancha, el Juzgado de lo Penal 5 de Cádiz ha condenado a los seis por un delito de contrabando y, además, a tres de ellos (a excepción de los tres mecánicos) por pertenencia a grupo criminal, en una sentencia dictada el 6 de noviembre y conocida esta semana.

El juzgado los condena a penas de dos años de prisión para tres de ellos, considerados tripulantes de una narcolancha, por contrabando y pertenencia a organización criminal, con multa de 100.000 euros; y de un año y siete meses de prisión con multa de 82.000 euros para los considerados mecánicos de la embarcación. Ninguno tendrá que ingresar en prisión porque la sentencia recoge la suspensión de la pena de cárcel por la conformidad entre sus abogados y la Fiscalía.

Resguardo en el puerto de Barbate

La sentencia, recogida por Europa Press, da por probado que la tripulación, de la embarcación de alta velocidad de 14 metros de eslora y cuatro motores de 300 caballos, había accedido a ella en Sanlúcar de Barrameda el día 8 de febrero de 2024, jueves, al medio día, “siguiendo instrucciones del líder de un grupo criminal dueño de la embarcación que la había puesto a su disposición para la realización de transportes bajo sus órdenes”.

Ante el fuerte temporal que azotaba la costa, el piloto Kiko 'el cabra' decidió resguardarse en el puerto de Barbate, lugar al que llegaron el mismo jueves, permaneciendo allí a la espera de que mejorarse el tiempo. Una vez en el puerto, uno de los motores no funcionaba correctamente por lo que uno de los acusado llevó a cabo las gestiones con el dueño de la embarcación para recibir instrucciones, contactando, ya el día 9 de febrero, con unos mecánicos que acudirían a reparar la avería.

Estos tres llegaron al puerto sobre las 15,00 horas del día 9 de febrero con los utensilios necesarios para arreglar la avería y hacer una revisión de los motores, permaneciendo varias horas a bordo de la embarcación, hasta que quedaron listos por la tarde.

Reconocimiento de un delito de contrabando

Según recoge la sentencia, en ese momento, en el puerto se hallaban miembros de la Guardia Civil que acudieron ante la presencia en el lugar de otras cinco embarcaciones de alta velocidad desde el día anterior, por lo que los mecánicos no pudieron bajar a tierra desde la embarcación, permaneciendo en ella hasta que “sobre las 20,30 abandonaron el puerto, dirección primero a Sotogrande, donde desembarcaron los tres mecánicos y fueron detenidos, y luego hasta la playa de La Hacienda, en La Línea de la Concepción, donde descendieron los otros tres acusados, que también fueron detenidos, quedando embarrancada la embarcación”.

Además, la sentencia recoge que los seis acusados desde su primera declaración han reconocido la comisión de los delitos (de contrabando) y han ofrecido los datos que conocían de otra embarcación de alta velocidad que se encontraba esa noche en el puerto de Barbate y que embistió a una zodiac ocupada por funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en la zona, con el resultado de dos fallecidos y varios heridos.

Por ello, han sido condenado a penas de entre un año y siete meses de prisión para los tres mecánicos por un delito de contrabando y dos años de prisión por los delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal a los otros tres. No obstante, se suspende la ejecución de las penas privativas de libertad para todos condicionando a que no delincan durante un periodo de tiempo que va entre los dos y tres años.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a otros dos tripulantes de la narcolancha que embistió a dos agentes en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

Los detenidos eran dos personas de nacionalidad marroquí que acompañaban a Karim El Baqqali, que ya había sido arrestado con anterioridad por su presunta relación con estos hechos y fue enviado a prisión sin fianza en septiembre. Las citadas fuentes aseguran que quedaría por localizar a un cuarto ocupante de la narcolancha que acabó con la vida de los agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate.

Los arrestados, que han sido detenidos este viernes en la ciudad gaditana, pasarán a dependencias de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil y después a disposición judicial.

El pasado 20 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate decretó el ingreso en prisión para Karim El Baqqali, detenido el pasado jueves por la muerte de dos guardias civiles en el puerto gaditano de Barbate el 9 de febrero.

Según detalló entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juzgado ordenó, a petición de la Fiscalía –a la que se han adherido el resto de acusaciones personadas en la causa– el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de febrero.

Inicialmente se le atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal. La causa está declarada secreta.

Cabe recordar que el detenido ha pasado a disposición del Juzgado en la mañana de este viernes. Ha sido entonces cuando ha admitido en sus declaraciones ante la Guardia Civil que pilotaba la narcolancha que arrolló la de los agentes, si bien se ha excusado diciendo que fue un accidente por el que ha pedido perdón.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado el ingreso en prisión para Karim El Baqqali, detenido el pasado jueves por la muerte de dos guardias civiles en el puerto gaditano de Barbate el 9 de febrero.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juzgado ha ordenado, a petición de la Fiscalía –a la que se han adherido el resto de acusaciones personadas en la causa– el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de febrero.

Inicialmente se le atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal. La causa está declarada secreta.

Cabe recordar que el detenido ha pasado a disposición del Juzgado en la mañana de este viernes. Ha sido entonces cuando ha admitido en sus declaraciones ante la Guardia Civil que pilotaba la narcolancha que arrolló la de los agentes, si bien se ha excusado diciendo que fue un accidente por el que ha pedido perdón.

El detenido por la muerte de dos guardias civiles en el puerto gaditano de Barbate el pasado 9 de febrero, Karim El Baqqali, ha admitido en sus declaraciones ante la Guardia Civil que pilotaba la narcolancha que arrolló la de los agentes. Este extremo ha sido relatado en la puerta del Juzgado de Barbate por el letrado de la familia de una de las víctimas, Miguel Lozano, quien ha subrayado que El Baqqali, que este viernes ha sido puesto a disposición judicial, se entregó a la Guardia Civil en Barbate, acompañado de un abogado.

Tras estar meses huido en Marruecos, llegó a las costas de Cádiz en una embarcación que no era una narcolancha, según el letrado. Se entregó, con la ropa mojada y acompañado de un abogado, en la playa de la Hierbabuena, junto al puerto de Barbate en el que sucedieron los hechos, ha indicado.

En sus declaraciones ante los investigadores, el detenido, que llevaba meses escondido en Marruecos, ha admitido que era el piloto de la narcolancha que embistió hasta seis veces la embarcación de los agentes, ha dicho.

Pero ha justificado que fueron maniobras para intentar evitar la colisión con la lancha de los agentes, en una estrategia de defensa con la que pretende evitar la calificación de las dos muertes como dos asesinatos, y que sean definidas como homicidios imprudentes, ha subrayado el abogado.

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en Cádiz a al presunto autor del homicidio de los guardias civiles el pasado mes de febrero en la localidad gaditana de Barbate tras embestirles con una narcolancha, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

El detenido, de 32 años, es el presunto responsable directo de la muerte de los dos agentes el pasado 9 de febrero, cuando la embarcación en la que desempeñaban sus funciones fue fuertemente embestida por una narcolancha pilotada supuestamente por el ahora detenido. En los mismos hechos también resultaron heridos varios agentes.

De igual forma, se ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que dirige la investigación, la emisión de tres órdenes internacionales de detención contra los otros tres ocupantes de la narcolancha, que previsiblemente serán emitidas en las próximas horas, teniendo en cuenta que se encontrarían fuera de España desde fechas cercanas a los hechos.

El detenido es Karim E.B., el ciudadano marroquí que pilotaba la narcolancha que embistió contra la patrullera de la Guardia Civil, acabando con la vida de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.

Además, se ha identificado a otros tres implicados y hay tres órdenes de arresto internacionales para dar con el paradero de los otros ocupantes de la narcolancha que pilotaba Karim, y que son también de nacionalidad marroquí, según las citadas fuentes. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Informe sobre 'el Cabra'

En mayo, un informe de la Guardia Civil descartó que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra', entonces en prisión, fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en la Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión en las que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado este martes la libertad para los seis investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medida. Los seis investigados permanecían en prisión desde el pasado mes de febrero tras los hechos que provocaron en el puerto barbateño la muerte de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional así como prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Los autos ya han sido notificados a las partes.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo se dio a conocer que un informe de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barbate descartana la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos 'Kiko el Cabra'.

No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles “no son los autores del asesinato”, seguían imputados en “delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión”, por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.

Posteriormente, la pasada semana los encarcelados fueron llamados a declarar en la causa como testigos y, este martes, la Fiscalía ha remitido al juez que instruye el caso un informe en el que manifiesta que en el punto en el que se encuentra la investigación, no se opone a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz), que investiga el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil tras ser embestidos por una embarcación en el puerto de esta localidad el pasado mes de febrero, ha dictado dos autos con fecha 21 de mayo en los que rechaza las peticiones de libertad planteadas por las defensas de Mustafa C. y David G.N., que se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza en relación con estos hechos desde el pasado día 12 de febrero.

Según ha indicado el TSJA, las defensas de estos dos investigados pidieron la puesta en libertad provisional de sus patrocinados tras conocer el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluye que la embarcación en la que éstos viajaban junto con el resto de investigados no fue la que embistió a la lancha del Instituto Armado.

Por su parte, la jueza ha desestimado dichas peticiones al entender que, pese a dicho informe, los encausados están siendo investigados por presuntos delitos de contrabando cometido en el seno de un grupo u organización criminal, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, delitos que podrían conllevar en total una pena grave de hasta ocho años y medio de cárcel.

A juicio de la jueza, según ha indicado el TSJA, la gravedad de dichas penas conlleva riesgo de fuga, no siendo suficiente en este sentido el arraigo que han invocado las defensas de ambos investigados en sus respectivas peticiones de libertad. Además, la jueza ha señalado que, en el caso de David G.N., este tiene antecedentes policiales y está siendo investigado actualmente en otros dos procedimientos judiciales.

El TSJA ha indicado que los dos autos dictados por la jueza son recurribles, así como que son las únicas dos peticiones de libertad que se han recibido en el Juzgado tras el informe de la UCO. Igualmente, ha recordado que la Audiencia Provincial de Cádiz tiene pendiente resolver sobre varios recursos de apelación presentados por otros investigados donde también se pide la puesta en libertad provisional.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Barbate (Cádiz) por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia en el caso de los dos agentes que murieron arrollados por una narcolancha en el puerto de esta localidad gaditana. La denuncia apunta al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, por unos hechos ocurridos el pasado 9 de febrero y en los que también resultaron heridos de gravedad varios agentes.

En una nota, Jucil ha explicado que, según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó “bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación”. En este sentido, añade que “los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios”.

Es la segunda denuncia que afrontan estos dos mandos, después de la presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Jucil detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era “insuficiente frente a las narcolanchas, por ser estas significativamente más grandes y poderosas”. Además, indica que los agentes asignados “no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas”.

Falta de medios

La denuncia recoge que los componentes de los equipos GEAS no están adiestrados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo carecían de los medios necesarios, como por ejemplo cascos. En este sentido, Jucil recuerda que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.

La denuncia también hace referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que sugieren una falta de preparación y de medios adecuados por parte de la Guardia Civil para enfrentar este tipo de situaciones.

La denuncia de Jucil, según ha explicado, se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS. En este sentido, indica que “el sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el superior jerárquico, el general jefe de la Zona de Andalucía, requiere al equipo GEAS para que acuda al puerto de Barbate”.

Una lancha muy pequeña y con riesgo

Además, añade que “en esa llamada se comunica al coronel que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas”. Esta aseveración, precisa Jucil, “se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha”.

Además, en su denuncia, añade que la lancha de la Guardia Civil es un “equipo antiguo”, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo, “ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores”.

Igualmente, indica en la denuncia que mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico, “y aunque tuvieran algo de conocimiento, fueron asignados sin medios de protección, sin casco, sin chaleco protector antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta como los demás agentes”.

“Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial”, señala la denuncia.

Los mandos conocían la situación

Jucil ha señalado que estas circunstancias, como la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones meteorológicas, “eran conocidas por los ahora denunciados, quienes obligaron a realizarla, al ser superiores y los agentes no poderse negar, para que salieran”.

La asociación ha afirmado que conoce la apertura de una causa en el Juzgado número 1 de Barbate por un posible delito de prevención de riesgos laborales cometidos por los ahora denunciados, aunque considera “que no solo se ha producido la comisión del mismo, sino que los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios de la Guardia Civil eran insuficientes”. Pese a ello, “obligaron a los agentes a salir y realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes, sin lo necesario, a sabiendas del riesgo de muerte, siendo los mismos completamente afines a que se realizar la intervención, sin importar el resultado, dada la situación 'política' acaecida con anterioridad”.

En su denuncia, Jucil señala que considera la existencia de “dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 del Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal”, por lo que solicita “que se inicien las correspondientes diligencias previas para esclarecer estos hechos y que se investigue bajo estos criterios la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso”.