El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado como testigos el próximo 26 de febrero a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad en el proceso judicial que va a seguir por las denuncias por malos tratos a sus vástagos contra Francesco Arcuri, la expareja de la madre de Maracena (Granada). Ella, por su parte, tendrá que declarar a su vez el próximo 30 de octubre en sede judicial en la capital granadina, investigada por supuesta sustracción de menores tras la estancia con ella del hijo menor desde Navidad hasta finales de julio en España.

Según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, en una vista celebrada este jueves, el juzgado italiano ha decidido también no nombrar a un tutor especial al cargo de la representación del menor en el proceso judicial (función que ejerce la propia Juana Rivas) hasta que pudiera surgir “un verdadero conflicto de intereses” y en función también de la evolución del proceso penal español en el que está siendo investigada por sustracción.

El inicio del proceso penal en Italia se aplazaba el pasado 18 de septiembre con la presentación de esta cuestión procesal previa por parte del equipo jurídico de Arcuri, sobre la que se volvía a emplazar a las partes para este 23 de octubre.

El juzgado ha dispuesto además este jueves un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual comenzará a finales de febrero con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, han detallado estas mismas fuentes.

Un juicio que puede durar años

Todo ello tras una audiencia que tenía como principal objeto la petición del equipo jurídico de Arcuri para examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor estuviera representado por un administrador especial y no por Rivas.

El juicio, según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana. El niño, de 11 años, volvía con el padre tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar en una causa aparte el 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

El pasado septiembre, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana”.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.

Mantiene la custodia

En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba “ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente” al italiano sobre su hijo menor.

El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.

En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y “presentado formalmente escrito de procesamiento” contra la expareja de Rivas.

Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba “estando obligado a vivir en Carloforte con su padre” mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía “ayuda a la Fiscalía General de Cagliari” y expresaba “con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

Acusada de sustracción de menores

En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.

“El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos”, precisaron en septiembre sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.

De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial. El pasado 8 de octubre Arcuri, citado como denunciante a través de su representación legal, ratificó su denuncia por vía telemática.

Vuelta suspendida de enero a julio

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha recibido este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en la investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos, menor de edad. En la citación de este miércoles se han acotado los términos en los que se limita la investigación, habiendo pedido la autoridad judicial discreción en el caso a las partes, según ha indicado a Europa Press el letrado de Arcuri Enrique Zambrano.

La citación tiene su origen en una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, en la que se cita a declarar a Rivas como investigada a las 10 horas del 30 de octubre en sede judicial. El 22 de septiembre se citaba a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante, si bien fue aplazado a este 8 de octubre, según fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por “dificultades en la tramitación de la personación de sus representantes legales”.

Estas citaciones se producen a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

Dos juicios pendientes

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia, que se producía por la no vuelta del niño a Italia tras el último receso navideño, cuando permaneció en Maracena con la madre.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. Hay una audiencia en este proceso fechada para el próximo 23 de octubre tras el aplazamiento que se producía este pasado jueves por una cuestión procesal presentada por Arcuri en relación con la representación del menor en este juicio.

Investigación por sustracción

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

Este pasado martes, la representación legal de Rivas anunciaba que pedirá la declaración del niño en el nuevo proceso abierto contra ella en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina, basado, señaló, en una “gravísima acusación” la cual “supone una excelente oportunidad para que Juana y sus hijos puedan escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.

El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, comparecerá este jueves ante el Tribunal Penal de Cagliari (Italia) acusado de maltrato físico y psicológico habitual contra Daniel y Gabriel. Será la primera vez que Arcuri se enfrente a un proceso penal por presuntos malos tratos a los menores, después de años de denuncias archivadas y pese a la condena por violencia de género que ya recibió en Granada en 2009 por agredir a Juana.

De este modo, el inicio de un juicio que se puede demorar años supone un punto de inflexión en el caso Juana Rivas. Hasta ahora, la única que se había sentado en el banquillo por todo lo sucedido había sido la madre de Maracena. Sin embargo, Arcuri tendrá que responder por primera vez a lo que la defensa de la granadina señala como un caso de violencia de género que derivó, hace ya mucho tiempo, en violencia vicaria. Durante años, sostiene su equipo jurídico, los niños han sido víctimas directas de malos tratos en Carloforte (Italia), donde residían con su padre, y ahora la Justicia italiana tendrá que determinar si esas denuncias se sostienen con pruebas e indicios suficientes.

En todo caso, la vista oral arranca con un hecho paradójico de fondo: desde julio, Daniel, el hijo pequeño, vive en Italia con Arcuri, después de que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ordenara su entrega forzosa. La defensa de Rivas considera que es una “anomalía jurídica y social” que una de las principales víctimas y testigos de la causa esté viviendo junto con la persona que está imputada precisamente por malos tratos. Además, recuerdan que el menor ya dijo en varias ocasiones que no quería volver con su padre y que incluso compareció el pasado 7 de enero ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para pedir de permanecer con su madre.

De hecho, ese mismo juzgado archivó en mayo una denuncia por sustracción de menores interpuesta por Arcuri contra Rivas, aunque la Audiencia de Granada sí mantiene abierta la investigación, hasta el punto de que Juana Rivas tendrá que declarar por ese presunto delito el próximo 30 de octubre. En todo caso, en su auto de mayo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 sostuvo que la cuestión de fondo no era de custodia, sino penal, y que correspondía al tribunal italiano.

El falso Síndrome de Alienación Parental

Además, la jueza dejó claro que la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil, algo que, según la defensa de Rivas, ha sido sistemáticamente ignorado en este caso. El auto también desmontaba la base sobre la que Arcuri ha sustentado su estrategia procesal durante años, con el apoyo de la Justicia italiana: el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un pseudodiagnóstico sin aval científico, prohibido en nuestro país, que ha sido empleado para desacreditar a madres que denuncian violencia.

A juicio de los abogados de Rivas, que Daniel viva con su padre, pese a estar imputado por presuntos malos tratos, ha hecho que Arcuri haya podido cumplir la amenaza que, según el equipo jurídico de la madre, le lanzó su pareja cuando se separaron: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”. No en vano, los letrados consideran que se ha producido una cadena de desprotección institucional que ha culminado con la entrega del niño a su padre, pese a la existencia de resoluciones penales que aconsejaban lo contrario. Hablan de violencia institucional, ya que entienden que las decisiones de los juzgados civiles en Granada y de la Corte de Apelación de Cagliari han dejado sin amparo al menor.

Eso sí, la Fiscalía de Cagliari aprecia indicios suficientes de malos tratos, lo que ha permitido que se instruya la causa por la que Arcuri tiene que comparecer. El tribunal deberá decidir a partir de ahora si el italiano es culpable de haber sometido a daño físico y psicológico de manera continuada a sus hijos, como sostienen los informes forenses y los testimonios de los propios menores. Gabriel, el mayor, que vive en Granada con su madre desde hace tres años, ya ha dicho públicamente en varias ocasiones que tanto él como su hermano fueron víctimas de malos tratos y humillaciones.

Por primera vez en casi una década de batalla legal, Arcuri se sienta en el banquillo para responder de las acusaciones que pesan sobre él. Para Juana Rivas y su defensa, el proceso representa un motivo de esperanza porque por primera vez existe la posibilidad de que la Justicia italiana reconozca la violencia que denuncian y siente las bases para que Daniel pueda regresar a España bajo la custodia exclusiva de su madre.

Ocho años de litigios

Al mismo tiempo, este nuevo capítulo procesal se suma a ocho años de litigios por la custodia de los menores. Desde que Juana Rivas decidió marcharse en la primavera de 2016 del domicilio que compartía en Italia con Arcuri y sus hijos, permanecer más de un año sin volver a dicha casa y estar un mes en paradero desconocido para no entregar a los menores, las denuncias no han dejado de cruzarse. La mayoría de ellas han caído del lado favorable al italiano y en contra de los intereses de Rivas, hasta ahora.

Juana llegó a ser condenada en primera instancia a cinco años de prisión y a la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pero dos rebajas de condena, con indulto parcial del Gobierno incluido, dejaron a la granadina en libertad, pero con la advertencia de no poder delinquir de nuevo si no quería entrar en prisión. Pese a aquella condena y a que la relación entre Rivas y Arcuri ha sido inexistente en este tiempo, llegó a haber un régimen de visitas pactado que casi en cada ocasión se saldó con una nueva demanda de Juana contra su expareja por malos tratos sobre sus hijos. Demandas, todas ellas, archivadas hasta que la Fiscalía y el Tribunal Penal de Cagliari han decidido imputar ahora a Arcuri y que se siente este jueves en el banquillo.

En este tiempo, el hijo mayor, Gabriel, ya no es menor de edad, vive en Granada junto a su madre y es una de las figuras que más ha hablado pública y judicialmente en defensa de su hermano Daniel. El joven, que ya tiene 18 años, llegó a pedir incluso amparo a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para que intercediese para que Daniel no tuviese que volver a Italia, como finalmente acabó pasando el pasado mes de julio.

No en vano, el niño viajó a Granada la pasada Navidad y se quedó gracias a una suspensión cautelar de la entrega dictada por parte de la Justicia española tras escucharle. Pasó más de medio año junto a su madre y su hermano, llegando a estar escolarizado. Todo con el objetivo de lograr que no se tuviese que ir a Italia y que la presión social y judicial liderada por los letrados de Juana Rivas permitiesen revisar la custodia del menor y que recayese sobre ella, teniendo en cuenta que Arcuri está imputado por malos tratos en un juicio que empieza ahora y que, según apuntan fuentes de la defensa del italiano, podría prolongarse varios años y acabar sin una resolución si se dilata demasiado. Para entonces, Daniel ya podría haber decidido voluntariamente, a partir de los 16 años -ahora mismo tiene 11-, volver a Granada o quedarse con su padre.

Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, está más cerca de tener que volver a Italia junto a su padre, el italiano Francesco Arcuri. El pasado 7 de julio, la Corte de Apelación de Cagliari solicitó la devolución del niño a tierras italianas con carácter inmediato, por lo que la justicia española debe decidir al respecto. En concreto, la decisión recae sobre el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que es el que tiene que decidir si el niño, de 13 años, vuelve con Arcuri, en cumplimiento con la decisión judicial italiana. Para tratar de evitarlo, los abogados de la granadina han vuelto a pedir este viernes al mismo tribunal que antes escuche al menor.

En concreto, según ha podido conocer elDiario.es Andalucía a través del equipo jurídico español de Juana Rivas, los abogados alertan de la situación “contradictoria” que se vive en Italia respecto a este caso. Por un lado, recuerdan que avanza el proceso penal contra Francesco Arcuri por un presunto delito de maltrato habitual, físico y psicológico -incluidas amenazas de muerte- a sus hijos, con el juicio fijado para el próximo 18 de septiembre.

Por otro, señalan que la vía civil sigue un camino opuesto: la Corte de Apelación de Cagliari dictó el pasado 7 de julio una resolución que se niega a suspender la ejecución de la custodia concedida a Arcuri en febrero (pese a estar recurrida en casación), ordenando la inmediata devolución de Daniel a su padre. En paralelo, en España está en marcha el procedimiento para ejecutar esa sentencia italiana, en virtud del Reglamento europeo 2019/1111, aunque la defensa de Rivas recalca que dicho reglamento contempla la posibilidad de denegar el reconocimiento si resulta “manifiestamente contrario al orden público”, sobre todo cuando está en juego el interés superior del menor.

De ahí que la defensa de Rivas entienda que es básico escuchar a Daniel antes de que tenga que volver a Italia. Recuerdan que ya ha descrito previamente episodios de presuntos malos tratos por parte de Francesco Arcuri sobre él e incluso sobre su hermano mayor, cuanto este compartía domicilio con ambos. De hecho, la medida cautelar que mantiene a Daniel en Granada junto a Juana Rivas se adoptó después de escuchar al niño, el pasado mes de enero. Sin embargo, la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari deja poco margen al juzgado español, según apuntan fuentes de la defensa de Rivas.

Cabe recordar que, pese a que Cagliari sí pide que Daniel vuelva a Italia, el Giudice per l'Udienza Preliminare –la figura judicial encargada en Italia de valorar si un caso pasa o no a juicio– decidió a mediados de junio que Francesco Arcuri sea juzgado el próximo mes de septiembre por presuntos malos tratos habituales contra sus hijos. Algo que para los abogados de Juana Rivas es esencial para que Daniel no regrese a Italia, dado que corre peligro como lo demuestra el hecho de que su padre será juzgado por presuntamente ejercer violencia física y psicológica contra él y su hermano.

Denuncias cruzadas

A todo ello se suma el cruce constante de denuncias que rodea este caso desde hace años. Mientras Juana Rivas ha reiterado en distintas ocasiones que Arcuri sometía a sus hijos a un trato vejatorio y violento, el italiano mantiene que las acusaciones son falsas y que solo buscan obstaculizar su relación con los niños. Hace un mes, Arcuri insistió en su “confianza plena en las instituciones”, aseguró que afronta el proceso penal con “tranquilidad” y volvió a cargar contra Rivas por lo que considera un “calvario” de ocho años que incluye, según sus palabras, “manipulaciones” que habrían perjudicado también a los menores.

Por su parte, el equipo jurídico de Juana Rivas apunta que el juicio fijado en Italia para septiembre es un paso fundamental para que, por primera vez, un tribunal penal entre a analizar con profundidad lo que vienen denunciando desde hace tiempo. Además, recuerdan que la propia Fiscalía italiana fue renovada en 2022 tras apartar al fiscal que archivaba las denuncias sin tomar declaración a Rivas y que el nuevo fiscal formalizó en enero de este año la imputación contra Arcuri solicitando la apertura de juicio.

Para la defensa de Juana Rivas, obligar ahora a Daniel a regresar a Italia sin ser escuchado por la justicia española supondría una vulneración de derechos fundamentales, al ignorar no solo la voz del menor, sino también el riesgo que corre al quedar de nuevo bajo la custodia de un progenitor que afronta un proceso penal por presunto maltrato continuado. Insisten en que, en este tipo de procedimientos, debe prevalecer siempre el interés superior del menor, principio que tanto la normativa internacional como la española reconocen de forma expresa, frente a consideraciones meramente formales o automáticas derivadas de resoluciones extranjeras.

Mientras tanto, el hermano mayor de Daniel, Gabriel, que optó en 2022 por abandonar voluntariamente el domicilio familiar que compartía con Arcuri en Italia, sigue viviendo en España junto a su madre y su hermano pequeño. Gabriel ha sido contundente en reiteradas ocasiones al describir el ambiente que se vivía con su padre, a quien acusa de haber ejercido violencia habitual contra ambos. En diciembre, emitió incluso un vídeo y un comunicado alertando del peligro que supondría para Daniel volver a residir con Arcuri en Italia.

El caso continúa, así, inmerso en un complejo entramado judicial entre dos países y con resoluciones contradictorias, donde la justicia penal italiana ha decidido sentar en el banquillo a Arcuri por los presuntos malos tratos, mientras la justicia civil italiana mantiene la custodia exclusiva en sus manos. Ahora será el Juzgado de Instrucción 3 de Granada quien tenga que valorar si escucha primero a Daniel antes de ordenar su regreso, en un procedimiento que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo se protegen los derechos de las niñas y niños cuando las fronteras y la disparidad de criterios judiciales amenazan con relegarlos a un segundo plano. La decisión sobre Daniel puede ser inminente.

Los abogados de la ministra de Igualdad, Irene Montero, han señalado este miércoles en el acto de conciliación con Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, que no se retracta de sus declaraciones públicas en las que se refería a su caso concreto. Tampoco acepta pedir disculpas o indemnizarle con 80.000 euros, tal y como le requerían.

El acto de hoy se producía después de que Arcuri, expareja de Juana Rivas, presentara demanda contra la ministra con el objetivo de que se retractara de declaraciones y manifestaciones públicas que realizó y en las que mencionaba su caso. Además de emprender acciones legales contra Montero, la expareja de Rivas ha ido contra el diputado de Más País Íñigo Errejón, con quien ya celebró ese acto de conciliación.

A la ministra le exigía una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios. “Requerimos a la señora Montero para que se retracte en el acto de conciliación de todas y cada una de las afirmaciones que se citan, retire de forma inmediata las publicaciones que se reproducen en este escrito, y cualquier otra que se refieran al padre de los hijos de la señora Rivas”, decía el escrito.

Solicitaba además por medio de su representación letrada que en el plazo de siete días desde la celebración de ese acto de conciliación, la ministra publicara a su costa en dos diarios nacionales la demanda de conciliación y el acta de conciliación.

La cita de este miércoles, a la que no han acudido ni Montero ni Arcuri, ha seguido los cauces esperados, y era el paso previo para la presentación de una querella por injurias y calumnias contra la ministra por las manifestaciones vertidas relacionadas con su caso.

Las afirmaciones de Montero

En la demanda de Montero, que fue presentada en los juzgados de Collado Villalba, Arcuri refleja varias declaraciones de la dirigente de Podemos, como las que hizo en un acto público en Zaragoza en junio de 2021 cuando en relación a diversos sucesos ocurridos esos días, entre ellos, la supuesta muerte de dos menores de Tenerife a manos de su padre, lo relacionó con el caso de Juana Rivas.

Añade que a estas declaraciones sumó un tuit que publicó en su perfil y en el que se recogía la referida intervención y la enfatizaba apuntando: “Siempre hay nombres propios: Beatriz, Anna, Oliva, Rocío, Juana, Irune. Creer y acompañar a las mujeres que están vivas para evitar los asesinatos machistas y erradicar la violencia contra las mujeres”.

El escrito reproduce también parte de la entrevista que le realizaron en junio en un programa de Televisión Española --'Las cosas claras'-- “donde vuelve a repetir parte de las mismas manifestaciones respecto del asunto Juana Rivas”.

Al hilo, recuerda que Rivas ha sido condenada por el delito de sustracción de menores mediante sentencia firme de fecha 23 de abril de 2021 tras recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y que ella es conocedora y apoya la petición de indulto a la misma.

Además incide en que Montero no conoce personalmente a Arcuri, y le reprocha que se haya pronunciado sobre su caso sin haber leído o estudiado “el contenido de las casi tres decenas de procedimientos judiciales que se han tramitado respecto de la señora Rivas y el señor Arcuri tanto en España como en Italia”.

El curso de la petición de indulto

El Tribunal Supremo recibió en junio el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto realizado por Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Se prevé que en las próximas semanas vea la luz el informe del Alto Tribunal.

A finales del pasado abril, la Sala de lo Penal del Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos --sus dos hijos--, cometió un único delito y no dos.

Un juez de Italia ha citado al mayor de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri para escucharle el próximo 13 de noviembre. Será una cita clave para determinar en qué situación se encuentran los menores a raíz de este mediático caso que, desde el verano de 2017, convive con los medios de comunicación al partir de unos supuestos malos tratos que el padre habría ejercido sobre la madre de Maracena (Granada). Fue la razón por la que Rivas habría venido huyendo desde Italia, donde compartía residencia con su expareja.

Será el siguiente hito de un caso lleno aún de condicionales, después de que el pasado 25 de octubre Rivas tuviera que devolver a sus hijos a Arcuri, al igual que ocurrió el 27 de agosto del pasado año. En aquella ocasión lo hacía tras pasar un mes en paradero desconocido y, también, con una resolución judicial que le obligaba a entregar a los niños a su padre.

El ‘caso Juana Rivas’ ha tenido antes y después de aquel salto a los medios de comunicación una serie de episodios que, como punto de inflexión, tiene la condena de un juzgado de Granada a cinco años de prisión y seis de pérdida de la patria potestad sobre sus hijos por dos delitos de sustracción de menores (uno por cada niño). Aquel fallo del pasado mes de julio fue mucho más allá de certificar que Rivas esquivó el requerimiento de la Justicia y huyó con sus hijos. Recibió muchas críticas de expertos juristas y colectivos feministas, y la sentencia está recurrida aunque el horizonte judicial de Juana Rivas no es demasiado halagüeño. Estas son las fechas clave de esta historia:

Viaje de sólo ida a Granada 

Carloforte (Italia). Mayo de 2016. Juana Rivas decide marcharse a España de vacaciones con sus dos hijos. Los días se alargaron y la madre de Maracena opta por no regresar. La situación con Arcuri, explicó entonces, era insostenible y vivía en un clima de tensión continuo. Acude al Centro de la Mujer de su pueblo para pedir ayuda y entra en contacto con Francisca Granados, que la aconseja interponer una denuncia contra su expareja por malos tratos. La denuncia se interpone el 12 de julio de 2016.

Rivas retrasa su regreso a Italia contándole a Arcuri que está enferma. El 2 de agosto decide informarle de que no volverá a Italia. Ni ella ni sus hijos. El 16 y el 30 del mismo mes, Rivas envía a Arcuri dos correos electrónicos asegurándole que podrá llamar a sus hijos cuando quiera pero que, si quiere verlos, tendrá que ser en Granada.

A partir de entonces arranca la disputa judicial entre Juana Rivas y Francesco Arcuri. La denuncia que interpuso Rivas en julio de 2016 por malos tratos cobra una importancia central en todo el caso porque en ella se relata que el hijo mayor de ambos había presenciado los malos tratos que su padre ejercía sobre su madre. Pero se presenta en España sobre hechos ocurridos en Italia, y actualmente esta denuncia sigue sin tramitarse.

Según el entorno jurídico de Francesco Arcuri, lo que Juana Rivas buscaba con aquella denuncia era obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas, con la que cobrar una pensión que le permitiera vivir en España junto a sus hijos. Ese argumento es similar al que utiliza el juez que, posteriormente, la condenó a cinco años de cárcel (“no es extraño, como muestra la práctica, que en algunos casos, se recurra a esa vía como medio de obtener ventajas procesales”). Pero la sentencia, más allá de juzgar el hecho concreto de la huída de la acusada con sus hijos, fue duramente criticada por expertos juristas por, entre otras cosas, incluir opiniones personales y valoraciones fuera de lugar sobre la vida de Juana Rivas.

“Huyendo del maltrato”

Pero Juana Rivas ha reiterado en todo momento que lo que sufrió con su expareja, y que presenció su hijo, fueron malos tratos por los que llegó a temer por su vida. Su vuelta a España se produjo porque venía “huyendo de maltrato”, afirmó. De hecho, en diciembre de 2016, Rivas puso una nueva denuncia añadiendo que su hijo mayor también había sido víctima de malos tratos, y recordando además que su expareja había sido condenada en 2009 por un delito de lesiones sobre ella.

Fue entonces cuando, después de esa segunda denuncia de Juana Rivas, la madre de Maracena ve cómo la justicia le empieza a dar la espalda. El 16 de diciembre de 2016, la justicia italiana remite al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada una orden que obliga a Rivas a devolver a sus hijos con su padre según los dictados del Convenio de La Haya. Aquella orden se convirtió en una resolución en firme en abril de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Granada dictó sentencia. Rivas, tras haber huido de Italia, tenía que devolver a los niños a su padre el 26 de julio de 2017. Pero no lo hizo.

Fue ese el momento en el que el 'caso Juana Rivas' salta a los medios. Un día antes de que los niños tuvieran que volver con su padre, Rivas aparece por primera vez en una rueda de prensa multitudinaria acompañada de Francisca Granados y de su abogada de entonces. Fue allí donde aseguraron que Juana no iba a entregar a los niños, y que su pretensión era evitar que sus hijos tuvieran que volver con un hombre al que ella acusa de haberlos maltratado.

Rivas cumple su palabra y, al día siguiente, en la fecha dictada por el juez, decide no presentarse en el Punto de Encuentro Familiar donde debía entregar a sus hijos a Francesco Arcuri algo más de un año después de marcharse del domicilio familiar italiano. Aquel día comienza una huida hacia adelante en la que Rivas encuentra el respaldo de las instituciones y de la sociedad bajo el lema “Juana está en mi casa”. Pero su desobediencia judicial le iba a pasar factura.

Hasta que llegó el día de la devolución, se produjo otro hecho relevante en este enrevesado caso: el Tribunal de Cagliari (Italia) le otorga la guarda y custodia provisional a Francesco Arcuri.

Reaparición y condena

Desde el 8 de agosto de 2017, Rivas estuvo en “busca y captura” por parte de la Guardia Civil. Agentes del cuerpo admitirían tiempo después, incluso en sede judicial, que sabían dónde estaba escondida pero que evitaron ir a por ella por no ahondar aún más en su situación y en la de los menores. Para entonces, el 'caso Juana Rivas' ya ocupaba el debate social en España y la defensa jurídica de la madre de Maracena había interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo que no tuvo recorrido. El 28 de agosto de 2017, un mes y dos días después de desaparecer junto a sus hijos, Juana Rivas devolvió a los niños a su padre, cumpliendo la orden judicial italiana que pesaba contra ella.

En los últimos meses Juana Rivas ha podido ver a sus hijos en Italia siguiendo los regímenes de visitas que han ido acordando las partes. En paralelo, Juana Rivas ha presentado, entre España e Italia, hasta siete denuncias por maltrato contra sus hijos, según explica su defensa, para demostrar que Francesco Arcuri no puede tener la patria potestad de los niños porque los maltrata como la maltrató a ella. Rivas afirma que sus hijos están en “peligro de muerte”.

Cruce de demandas

En la última visita de Juana Rivas a Italia (a principios de otoño de 2018), se produjo el último cruce de demandas. Rivas denunció a Arcuri por maltrato contra el hijo menor y se negó a devolverlos de nuevo, dentro del régimen de visitas acordado. Eso le ha valido a Juana una nueva denuncia por sustracción de menores que tendrá que recorrer su propio periplo judicial en el país vecino. De momento, el entorno de Rivas asegura que ha logrado el apoyo del cónsul general de España en Italia y de la propia policía italiana, pero una orden judicial la ha obligado a devolver a los niños el pasado 25 de octubre.

Con todo, la custodia de los menores sigue siendo provisional para el padre desde junio de 2017, tras un informe pericial de 177 páginas en el que participaron peritos de ambas partes. Sobre la custodia quedan dudas porque, aunque Juana Rivas está condenada a la pérdida de la custodia durante seis años, la sentencia aún no es firme. A su vez, el Tribunal de Cagliari (Italia) sigue siendo el responsable de decidir sobre quién recaerá dicha custodia.

Por eso, este 13 de noviembre va a ser un momento importante para dilucidar la cuestión. Rivas y su entorno han relatado en más de una ocasión que sus hijos quieren ser escuchados. Por ello, han remitido diversas cartas, acompañando a alguna de las denuncias, redactadas por el mayor de los niños, en los que él mismo habría denunciado los abusos y malos tratos de su padre. Como casi todo en este caso, dichas misivas están rodeadas de polémica ya que el entorno de Francesco Arcuri asegura tener “la absoluta certeza de que están dictadas por Francisca Granados o Juana Rivas”. De ahí que aseguren, tajantemente, que las denuncias presentadas por la madre de Maracena acabaran siendo archivadas. No obstante, ni las últimas denuncias han sido tramitadas aún, ni el tema de la custodia resuelto. Con lo que el largo camino judicial sigue abierto.

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que estuvo casi un mes en paradero desconocido el pasado verano para evitar entregar sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, condenado por maltrato contra ella en 2009, tendrá que indemnizarlo. Así ha quedado acreditado por el juez tras la vista celebrada este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital granadina, a la que ha acudido la propia Juana acompañada de su abogado y su hermana. La demanda solicita al menos 1.912,5 euros en concepto de los viajes y alojamiento que tuvo que pagar Arcuri durante los 33 días que tuvo que permanecer en Granada a la espera de que Juana le entregara a los hijos de ambos.

No obstante, esos 1.912,5 euros no es la cantidad definitiva que deberá afrontar Rivas. La misma puede ampliarse o disminuir en función de la decisión que llegue a tomar el juez en función de la documentación aportada por la parte demandante de Francesco Arcuri. Una documentación que la defensa de la madre de Maracena ha pedido que se desestime porque considera que los gastos “no están justificados”. Sin embargo, el juez los ha admitido, junto con la demanda presentada, para definir cuánto deberá pagar Juana Rivas a su expareja.

Literalmente, la demanda de Arcuri sostiene que se tuvo que desplazar obligadamente desde Italia porque “no vino nadando”, que tuvo que estar en Granada 33 días “de forma forzada” y además tuvo que comer, desayunar y devolver a sus hijos a su domicilio italiano en Calaforte. Su demanda la apoya el Ministerio Fiscal, recordando que ha de abonarse sobre todo los gastos de estancia y viajes. Sin perjuicio del dinero que dejó de ganar al no estar en su país trabajando. Lo que se conoce como lucro cesante.

Juana reaparece

La vista se ha celebrado solo un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2, María Ángeles Muñoz, decidiera finalmente abrir juicio oral contra Juana Rivas por dos presuntos delitos de sustracción de menores y subsidiriamente otro de desobediencia a órdenes judiciales. Según la magistrada, el caso deberá ir por la vía de lo penal para enjuiciar unos hechos por los que la Fiscalía ya ha pedido cinco años de cárcel.

Pese a ello, Juana Rivas ha comparecido ante los medios relajada y convencida de su inocencia. La madre de Maracena ha defendido que actuó “como una madre” para proteger a sus hijos. “La esperanza que tengo es que lo vamos a conseguir”, sostiene para defender que no cometió los delitos que se le imputan. Además, sobre la indemnización que deberá abonar a su expareja según lo que dicte el juez, Rivas afirma no estar “de acuerdo porque pasan secuencias de la realidad que yo como madre no puedo comprender”, aunque admite que acatará “lo que diga su señoría”.

Ante los medios, además de defender su inocencia, ha querido agradecer a la opinión pública el apoyo mostrado: “Confío en que van a empezar a cambiar las cosas; esto va a salir bien”. Lo ha hecho después de que su abogado, Juan de Dios Ramírez, valorase la obligación de tener que indemnizar a Francesco Arcuri por los gastos ocasionados durante su estancia de un mes en Granada: “Coincidíamos en que tan solo por ley se debían abonar aquellos gastos que estuvieran debidamente justificados pero entendemos que los documentos presentados no lo hacen”. Dejando claro que “no estamos conformes con abonar ni un solo euro de gasto porque no estamos conforme con el procedimiento”.

Pero el grueso de los problemas a los que se enfrenta Juana Rivas están realmente en el juicio penal que se ha abierto ahora y por el que la Fiscalía le reclama cinco años de prisión. Por ello, su defensa, tratará por todos los medios de demostrar la inocencia de la madre de Maracena tal y como ha declarado el letrado a la salida de la vista. Juan de Dios Ramírez espera “que nuestros argumentos tengan acogida y se dicte una sentencia absolutoria”, confirmando que “vamos a pedir la absolución”. Tienen un plazo de diez días para presentar el escrito de defensa.

¿Cuánto cambiaría el griterío machista de estos días si la expareja de Juana fuera de un país de mayoría musulmana en vez de italiano? ¿Qué gimnasia mental habrían practicado todos esos de haber hecho entrar en conflicto su misoginia con su xenofobia?

Desde que saltó a los medios el caso de Juana Rivas, las feministas hemos visto con estupefacción no sólo la violencia institucional que se ha ejercido sobre ella -parece que nunca nos curamos de espanto-, sino también el brutal juicio social, basado en la más apabullante misoginia.

El espectáculo que hemos visto, en forma de reportajes a doble página y de entrevistas televisadas, ha servido para blanquear la imagen de la expareja de Juana sin que ningún responsable se sonroje siquiera. En cuanto a clics, tenía todo el sentido publicar cosas como que el lugar donde Juana residía con quien la maltrató era “un idílico pero algo alejado entorno natural que pudo agudizar la sensación que adujo Rivas de encontrarse atrapada cuando las cosas se torcieron”. También sabía El País, el medio en el que esto se publicó, que escribir que “Arcuri es un tipo sosegado pero de ideas firmes”, echaría más leña al fuego a todos aquellos que mantenían que Juana mentía -lo de las denuncias falsas, ustedes saben-. Leña a la mancha misógina que aseguraba que ella solo quería “robarles” los niños a su pobre marido. Más y más leña, en cada canal, en cada medio, a esa imagen machista de mujer desequilibrada que haría cualquier cosa para tener a sus hijos sólo para ella. Esa imagen femenina que está en el imaginario de la sociedad: fría, calculadora, que finge, que llora lágrimas de cocodrilo, que lo tiene todo planeado para “quedarse” con los hijos y, además, un buena pensión de su ex para no tener que volver a trabajar en su vida. Esa malvada y perversa mujer, esa madrastra de Disney que tenemos todos en la cabeza, esa arpía estereotipada que es capaz de los planes más enrevesados con tal de salirse con la suya. En definitiva: esa mujer que hemos visto millones de veces en el ficción pero que, si nos preguntan por una sola en nuestro entorno, no tenemos ni un nombre que ofrecer como respuesta.

Secuestradora, loca, arpía, desequilibrada, mentirosa, delincuente, mala. ¡Denuncia falsa!, ¡quiere su dinero!, ¡quiere la pensión!  ¿Quién no ha leído o escuchado estos calificativos dirigidos a Juana, si no en la calle en sus redes sociales? Eso sí, no se le escucha desde que ha sido el ex de Juana quien ha empezado a hablar de indemnizaciones millonarias. 

Los machistas se han encontrado este verano con un caso perfecto para airear sus vergüenzas: insultar a Juana y hacer activismo por su pobre ex, un hombre “sosegado” que un día se vio sin sus hijos. El príncipe azul vs la madrastra del cuento: víctima y verdugo. Les ha cuadrado muy bien la historia para dejarse llevar por sus pulsiones machistas, alegando incluso que lo importante eran las criaturas, y que era urgente para ellas que no volvieran a ver a una madre que no dudaba en secuestrarlos.

Sólo para poner de relieve que el machismo les ha moldeado el discurso en este caso, lanzo una pregunta: ¿cuánto cambiaría el griterío machista de estos días si la expareja de Juana fuera de un país de mayoría musulmana en vez de italiano? ¿Qué gimnasia mental habrían practicado todos esos que ahora se erigen de pronto en los adalides de los derechos de menores? ¿Qué habría pasado de haber hecho entrar en conflicto su misoginia con su xenofobia? El resultado no es difícil adivinarlo: no defenderían la inocencia de un hombre que ya había confesado maltratar a su mujer (si me apuran, no lo harían aunque no tuviera condena alguna), y además culparían a Juana por enamorarse de un musulmán. La culpable, al final, seguiría siendo ella, pero el apoyo social a su desobediencia para poner a salvo a sus hijos hubiera sido unánime. Porque pocos machistas habrían hecho activismo al nivel que hemos visto: los prejuicios suelen ir unidos, así que la xenofobia hubiera impedido que perdieran su tiempo defendiendo a uno distinto a ellos. 

Pero no hablamos de uno diferente a ellos, hablamos de un italiano, tan parecido a un español. Y hablamos de un “entorno idílico” en Italia, no de Irán, ese país lejano que, como todo lo que se desconoce, provoca rechazo en los cortos de miras. ¿Imaginan a El País viajando hasta un país de mayoría musulmana para entrevistar a un hombre que fue condenado por violencia de género? ¿Imaginan describiéndolo como un hombre sosegado que vive en un entorno de ensueño en el que Juana se “sintió quizá atrapada”? Yo tampoco.

La desobediencia de Juana hubiera sido jaleada casi al unísono, algunos culpándola de camino por enamorarse de “alguien así”, sí, porque el machismo y la xenofobia seguirían existiendo y los liberan siempre que pueden, pero nadie dudaría de lo óptimo de sus decisiones. Y si alguien blandiera la ley en los medios para justificar que debería entregar a sus hijos sí o sí, muchos de quienes la tachan hoy de ser una “secuestradora”, se revolverían incómodos.

Cuando la opinión de alguien cambia según la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, etc. del verdugo o de la víctima, y cambia precisamente para posicionarse junto al del grupo opresor, está sumando opresión al vulnerable más que opinando.

Las leyes siempre van por detrás de la realidad de cada sociedad, es solo con presión social como se logra que los políticos legislen de forma acorde al sentir popular. Casos como el de Juana Rivas nos muestran por qué es necesario el feminismo, y por qué hay que seguir presionando para que ninguna mujer vuelva a ver cómo la separan de sus hijos para entregárselos a quien la maltrató. Para que se respeten los derechos de las criaturas a crecer en un entorno sin violencia. Para que los maltratadores no sólo cumplan condenas justas, sino también para que el sistema se asegure de que la reinserción es efectiva, y no sólo papel mojado. 

El feminismo seguirá peleando para tener esa sociedad que nos merecemos, y para dejar de sufrir la que tenemos.

Una de las consecuencias más terribles del caso de Juana Rivas – más allá de su drama personal, del laberinto procesal y de los muchos errores cometidos en su defensa y, por supuesto, de la constatación de las múltiples fallas de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de la violencia de género – ha sido el rearme de los discursos machistas y neomachistas que en los últimos tiempos han encontrado en las redes sociales un espacio ideal de expansión. Y hablo de neomachismo para referirme a todas esas construcciones ideológicas que usan aparentemente nuevos conceptos y paradigmas para en el fondo seguir defendiendo a ultranza los dividendos patriarcales. Unas construcciones que han ido incluso creando sus propios mitos, como el de las denuncias falsas, con los que pretenden armarse de razones.

La figura de Arcuri se ha convertido, sobre todo para muchos hombres que son prisioneros de la ira y el resentimiento frente a unas mujeres que han sido capaces de plantarles cara y convertirse en sujetas autónomas, en una especie de héroe a través del cual están expresando toda una construcción ideológica que insiste en la victimización masculina y que supone una rearme patriarcal frente a las progresivas conquistas de nuestras compañeras. Arcuri ha acabo convertido, no sé si siendo él consciente del todo, en una especie de portavoz de todos esos varones que llevan más de una década argumentando contra la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; que han encontrado en el término “feminazis” el calificativo más facilón con el que desprestigiar a las que llevan siglos luchando por la democracia y que, por supuesto, encuentran todo tipo de aliados y de aliadas, a veces en los lugares más insospechados, en la cruzada contra lo que ellos llaman la “ideología de género”.

La gran paradoja de los discursos de estos individuos, y de algunas individuas que son cómplice de ellos por acción u omisión (que también las hay), es que son precisamente sus pretendidos argumentos los que nos sirven de prueba evidente de la pervivencia del patriarcado y la urgente necesidad, todavía hoy, de articular mecanismos legales y políticas públicas para erradicarlo de la faz de nuestras democracias. Solo desde una reacción patriarcal y profundamente machista es posible soltar eso de que los hombres en este país estamos discriminados, como ha manifestado el abogado del “héroe” italiano, justo además el día después de que todos hemos visto en los medios de comunicación las imágenes de la inauguración del año judicial en las que hemos podido constatar de qué manera continúa funcionando la cuota del 100% masculina. Unas fotografías que no solo tienen significado cuantitativo por la ausencia de las mujeres en la cúpula del poder judicial sino que también poden de manifiesto el freno cualitativo que supone seguir teniendo una judicatura androcéntrica y que reproduce con tanta facilidad sesgos machistas en la aplicación e interpretación de las leyes.

Decir que los hombres de este país estamos discriminados no es solamente un ejercicio de machismo y de resentimiento, sino también de ignorancia. Porque basta con analizar cualquier estadística, cualquier dato objetivo de la realidad, de esos que no son opinables, para constatar que seguimos ocupando una posición de privilegio y que ellas, nuestras compañeras, son las que continúan teniendo muchas más dificultades que nosotros para tener un trabajo digno, para ocupar posiciones de poder o en definitiva para construir autónomamente sus proyectos de vida. Todo ello por no hablar de las cifras que nos muestran el drama de las múltiples violencias que sufren y que no solo son las que podemos encuadrar en el tipo estricto de la denominada “de género” sino que tienen que ver con todas las que contribuyen a mantenerlas en un estado de subordinación. 

Es justamente ese estado de subordinación, que se traduce a su vez en múltiples discriminaciones que además se multiplican entre ellas, el que legitima que nuestro ordenamiento jurídico  adopte acciones positivas, cuya finalidad no es otra, como bien ha justificado el Derecho de la Unión Europea y por supuesto nuestro Tribunal Constitucional, que remover los obstáculos que impiden que las mujeres puedan acceder a determinados bienes o al ejercicio de determinados derechos en igualdad de condiciones con nosotros.  Tal y como además ordena el artículo 9.2 de nuestra Constitución.  Un objetivo que lógicamente sería inalcanzable si aplicáramos la estricta igualdad formal de la ley ya que los resultados de ésta son injustos cuando el punto de partida de los individuos a los que se aplican son desiguales.  Algo que parece evidente en el caso de las mujeres, si nos ajustamos, como antes apuntaba, a las estadísticas que nos hablan de su lugar en la sociedad. Unos datos que no son “ideología” sino el resultado perverso de una construcción de “género” que nos hace histórica y culturalmente desiguales en función de nuestro sexo.

Y es justamente esa interpretación del principio de igualdad en la que se apoyó nuestro Tribunal Constitucional al enjuiciar la constitucionalidad de la LO 1/2004. Una ley que, recordemos, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. La interpretación del TC no deja lugar a dudas: “No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad” (fundamento jurídico 9º, STC 59/2008, de 14 de mayo). Una sentencia que no estaría de más que Arcuri y sus asesores jurídicos releyeran antes de decir barbaridades en los medios de comunicación y de lanzarse al heroísmo de cuestionarla, no sé bien a través de qué herramienta procesal, ante los tribunales italianos.  Un posicionamiento que huele a grito desesperado de sujeto que no se resigna a perder sus privilegios y que no ha entendido que los derechos humanos, como bien explica su compatriota Luigi Ferrajoli, no son otra  cosa, o no deberían ser otra cosa, que “la ley del más débil”.