Erdogan lleva más de 20 años en el poder. Desde 2003 como primer ministro, desde 2014 como presidente. Conservador e islamista en lo social, liberal en lo económico, muy enemigo de la libertad de expresión, Erdogan ha sabido hacerse necesario para la Unión Europea: la alianza de las civilizaciones, la gestión de los refugiados sirios, la mediación entre israelíes y palestinos, o su papel respecto  a Rusia o Siria. 

Todo eso le ha dado margen a Erdogan para su última operación represiva. Una red de secuestros de opositores políticos en el extranjero para llevarlos ilegalmente a Turquía. Hay un periodista de elDiario.es que lleva años investigando y recopilando detalles y acaba de publicarlos en un libro que se llama ‘Sentirán el aliento de Turquía en la nuca’. Es el jefe de internacional en elDiario.es Javier Biosca, con el que hablamos de estos secuestros y de la importancia de Turquía en la geoestrategia política.

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado este jueves en su visita a España que el auge de la extrema derecha en la Unión Europea es una de las causas de la falta de progreso en el proceso de adhesión de Turquía a la UE, que lleva años congelado ante la deriva autoritaria del presidente turco desde el intento de golpe de Estado de 2016, entre otros motivos.

“Tenemos un proyecto de adhesión a la UE y vamos a enfrentarnos a más obstáculos, pero estamos dando pasos muy sinceros hacia la UE”, ha señalado Erdogan en un encuentro con empresarios. “Invitamos a la UE para que vean la contribución que puede facilitar Turquía cuando acabemos este proceso de adhesión”, ha añadido.

“También hemos visto una inclinación a la ultraderecha en Europa y tampoco hemos podido empezar con nuestros acuerdos aduaneros y están poniendo muchos obstáculos sobre las negociaciones en materia de visados”, ha señalado el líder turco. “Nuestro amigo Sánchez ha apoyado a Turquía durante nuestro proceso de adhesión a la UE”, ha añadido como agradecimiento al presidente español.

El Diálogo de Liberalización de Visado se abrió en diciembre de 2013 y pretende eliminar la necesidad de visado para los ciudadanos turcos en todo el espacio Schengen para estancias de hasta 90 días y viceversa.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, ha señalado que “España es la mejor aliada de Turquía en Europa”. “Por eso celebramos los recientes avances en la eliminación de barreras comerciales entre Europa y Turquía”, ha dicho el presidente.

En marzo de 2019 el Parlamento Europeo votó a favor de congelar las negociaciones de adhesión con Turquía “tras años de grave retroceso democrático y político”. El comunicado del Parlamento mencionaba las violaciones de derechos humanos, carencias en el Estado de derecho y la falta de libertad de prensa, entre otros elementos, como justificación de su decisión. 

Un año antes, el Consejo de la UE concluía que “Turquía se ha estado alejando de la UE”. “Las negociaciones de acceso, por tanto, han llegado a un punto muerto y no se puede contemplar abrir nuevos capítulos”, señalaba el comunicado final del Consejo.

Jens Stoltenberg lleva tiempo de salida al frente de la OTAN, pero la guerra en Ucrania y la falta de acuerdo en una decisión en la que se tienen que conjugar los dispares intereses de una treintena de miembros han ido retrasando el relevo. Hace un año que el baile de nombres ha sido constante (que si el ministro de Defensa británico, Ben Wallace; que si la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas...), pero el puzle parece que se va encajando y la figura del primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, emerge como posible nombre de consenso. Sobre todo porque cuenta con el apoyo de los grandes y su efecto arrastre.

Los movimientos se han acelerado en los últimos días con la filtración del apoyo de Joe Biden a Rutte. Aunque Europa lleva tiempo empeñada en sacar la cabeza dentro de la alianza euro-atlántica, lo cierto es que Estados Unidos es quien verdaderamente tiene la voz cantante en la organización. Por eso su apoyo es impepinable para cualquier cosa. “El presidente Biden respalda firmemente la candidatura del primer ministro Rutte para ser el próximo secretario general de la OTAN”, publicó esta semana la agencia Reuters, que citaba fuentes anónimas.

Los apoyos han ido cayendo en cascada coincidiendo con la notificación de Rumanía de la intención del presidente, Klaus Iohannis, de optar al cargo. Reino Unido, Alemania y Francia también han trasladado su respaldo al político liberal, que aguarda la formación de Gobierno en Países Bajos tras la victoria del ultraderechista Geert Wilders para dejar de ser formalmente primer ministro, un cargo que ocupa desde hace 14 años. Según Politico, Rutte cuenta ya con el 'sí' de dos tercios de los países que forman parte de la OTAN.

“Con su inmensa experiencia, su gran pericia en política de seguridad y sus sólidas dotes diplomáticas, es un candidato sobresaliente”, declaró el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, según publicó DW. “Es muy respetado en toda la alianza, tiene serias credenciales de defensa y seguridad, y garantizará que la alianza siga siendo fuerte y esté preparada para defender y disuadir”, señalaron fuentes del ejecutivo británico, según recoge The Standard.

Las descripciones que llegan desde las capitales sobre Rutte son toda una declaración de intenciones sobre lo que buscan para el futuro secretario general de la OTAN, que tendrá que lidiar con la guerra en Ucrania, pero también pivotar –se supone– una etapa post-bélica en la que haya alguna interlocución con Vladímir Putin. De ahí que haya habido perfiles como el de Kaja Kallas, la 'dama de hierro', que es una de las más vocales contra el líder ruso, que ha llegado a ponerla en busca y captura.

Su nombre fue uno de los que sonó con fuerza hace unos meses, cuando la falta de consenso llevó a Stoltenberg a prorrogar su mandato por tercera vez. Otra de las habituales en las quinielas era la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien el canciller de su país, Olaf Scholz, veía con reticencias. El caso es que los aliados no son capaces de encontrar un perfil que cumpla las expectativas inicialmente marcadas como que el liderazgo recayera por primera vez en una mujer o que fuera a parar a algún país del sur (algo que no sucede desde los tiempos de Javier Solana a finales de los 90).

Rutte, en campaña

Rutte nunca ha ocultado sus aspiraciones para hacerse con las riendas de la OTAN. Pero ya está formalmente en campaña. Lo demostró el pasado fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Munich cuando rompió con las críticas generalizadas que llegaron desde la UE –y también de la Administración Biden– a Donald Trump por decir que “alentaría” a Putin a atacar a los países de la OTAN “morosos”, es decir, los que no cumplen con los compromisos del 2% del gasto en Defensa.

“Deberíamos dejar de quejarnos, lloriquear y dar la lata con Trump”, expresó el primer ministro holandés en funciones: “Depende de los americanos. No soy estadounidense, no puedo votar en EEUU. Tenemos que trabajar con quien esté en la pista de baile”. Y es que la posibilidad de que el líder republicano vuelva a la Casa Blanca será uno de los desafíos con los que tendrá que lidiar si finalmente es elegido para liderar la OTAN.

La intención de los aliados es tomar una decisión esta primavera para que la elección no coincida con el reparto del poder de la UE tras las elecciones de junio y que no llegue abierta a la cumbre de Washington de julio, en la que se conmemorarán los 75 años de vida de la OTAN. Las principales piedras que Rutte puede encontrar en el camino son Hungría, el país más cercano a Putin de toda la alianza y que aprovecha cualquier situación para chantajear a los socios, y Turquía, que condiciona su apoyo a que se comprometa a ser neutral y no beneficiar a los intereses europeos, especialmente en su disputa con Grecia y Chipre.

La alcaldesa de Barcelona, y enviada especial ante Naciones Unidas, Ada Colau, y el presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Mohamed Boudra, han enviado una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, instando a la organización a ofrecer “una respuesta que priorice la vida” ante la situación de las personas refugiadas en la frontera entre Turquía y Grecia.

Colau y Boundra han transmitido la disponibilidad de las ciudades para encontrar una salida ante la situación que, según reza la carta, presencian con “suma tristeza” y “preocupación aterrada”, y han pedido que se respeten los acuerdos internacionales para garantizar los derechos humanos de todas las personas que están huyendo de las zonas de conflicto, así como de los cooperantes y periodistas ante las agresiones racistas que sufren.

En declaraciones a la prensa, la alcaldesa ha subrayado además la preocupación compartida de todas las ciudades por las imágenes “inaceptables” registradas en la frontera grecoturca, y ha lamentado la falta de respeto de Grecia a principios fundamentales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de Ginebra.

“Hemos visto como se lanzaban gases lacrimógenos contra familias con niños pequeños y los guardacostas que pegaban y apalizaban a pateras precarias con familias con niños pequeños”, ha relatado la alcaldesa, que ha reprochado la gestión de la inmigración que se está haciendo en la frontera entre Turquía y Grecia, pero también a nivel europeo.

La enviada especial ante Naciones Unidas ha insistido en que las ciudades y los países tienen capacidades de sobra para dar una respuesta distinta a la que se ha visto en la frontera grecoturca: “La solución nunca puede ser tirar gases lacrimógenos contra niños y niñas, generar el sufrimiento y el dolor que hemos visto, que se den palizas, que haya tiros y muera una persona o que muera un niño por los golpes a una patera”.

“La solución debe ser la búsqueda de la paz en Siria, donde Naciones Unidas debería enviar una misión de paz. Se debe dar una respuesta garantista y en base a los derechos humanos. Las ciudades queremos ayudar y ser parte de la solución. Nos ponemos a disposición de Naciones Unidas”, ha concluido Colau.

La CGLU es la red mundial de ciudades que agrupa más de 250.000 gobiernos locales, metropolitanos y regionales de 140 países de todo el mundo y es la organización de referencia para la interlocución con el resto de instituciones internacionales.

La Comisión Europea respondió este martes al anuncio del Gobierno turco, que ha asegurado que ha suspendido el acuerdo para la readmisión de migrantes que mantiene con la Unión Europea en respuesta a las sanciones dictadas por Bruselas contra Ankara por sus exploraciones de gas en aguas de Chipre.

Tras ser preguntada por este asunto en rueda de prensa, la portavoz de la Comisión, Natasha Bertaud, indicó que tanto la Unión como Turquía siguen “comprometidas” con la aplicación del acuerdo sellado en 2016 para frenar las llegadas irregulares a las islas griegas. “Hemos visto las declaraciones del ministro de Exteriores turco pero no hemos visto un cambio de política. Ambas partes seguimos comprometidas en implementar la declaración UE-Turquía”, aseguró.

Sobre el acuerdo de readmisión firmado por Bruselas y Ankara en 2013, Bertaud añadió que su aplicación por parte de Turquía es una de las condiciones para que la UE dé el paso hacia la exención de visados para los ciudadanos turcos reclamada por el Gobierno de Erdogan. “Continuamos apoyando y animando a Turquía en sus esfuerzos para cumplir con los objetivos pendientes para la liberalización de los visados, incluida la implementación del acuerdo de readmisión, tan pronto como sea posible”, defendió la portavoz.

El ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, anunció la decisión el pasado lunes durante una entrevista con la emisora TGRT, y vinculó esta medida con las recientes sanciones, así como a que la UE no haya levantado aún la exigencia de visados para los ciudadanos turcos que se prometió a Turquía si cumplía una serie de criterios. “El acuerdo de readmisión y la exención del visado iban a entrar en vigor a la vez. Hemos suspendido el acuerdo de readmisión”, dijo el ministro. 

En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía sellaron un acuerdo mediante el cual toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE. En el caso específico de los sirios, por cada refugiado de ese país que se devuelva a suelo turco, un solicitante de asilo residente en Turquía sería reasentado en territorio de la Unión

Las medidas de devolución previstas en este pacto estaban basadas en el acuerdo “sobre readmisión de residentes ilegales” firmado el 16 de diciembre de 2013. En una cumbre de noviembre de 2015, la UE y Turquía acordaron que este acuerdo se aplicara “plenamente a partir del 1 de junio de 2016”. 

Çavusoglu afirmó que las sanciones de la Unión Europea, como la congelación de varias negociaciones y otras ayudas económicas, en respuesta a la actividad de buques perforadores turcos en aguas chipriotas, “carecen de valor” y ha pedido a Bruselas “hacer de mediador” en lugar de ponerse del lado de Chipre.

El titular del Interior turco, Süleyman Soylu, ya había insinuado el sábado pasado que Turquía podría utilizar el control de la migración irregular como herramienta de presión a Bruselas. “Es obvio que Europa nos ha dejado solos en este asunto. No vale con dar palmaditas en la espalda. Si Turquía no tomara medidas tan decididas, ningún Gobierno de Europa aguantaría ni seis meses. Si queréis, probamos”, sostuvo Soylu, según informa la agencia Anadolu. 

El pacto de 2016 desencadenó una lluvia de críticas de las organizaciones especializadas, que, desde entonces, han denunciado las condiciones “inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica” de miles de refugiados, solicitantes de asilo que se continúan atrapados en las islas griegas. 

Tras firmarse el plan, el número de migrantes que llegaban a las islas griegas se redujo drásticamente: de las 150.000 personas al mes en verano de 2015 y los 50.000 a inicios de 2016 se llegó a una media de 3.000 mensuales. Sin embargo, el número de readmisiones es bajo: en los más de tres años transcurridos, 1.884 personas han sido devueltas en el marco del acuerdo, entre ellas 357 sirios, según datos del Ministerio de Interior turco.

El Gobierno turco ha asegurado este lunes que ha suspendido el acuerdo para la readmisión de migrantes que mantiene con la UE en respuesta a las sanciones dictadas por Bruselas contra Ankara por sus exploraciones de gas en aguas de Chipre.

Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, durante una entrevista con la emisora TGRT, en la que vincula esta medida con las recientes sanciones. Çavusoglu también ha atribuido la decisión a que la UE no haya levantado aún la exigencia de visados para los ciudadanos turcos que se prometió a Turquía si cumplía una serie de criterios.

“El acuerdo de readmisión y la exención del visado iban a entrar en vigor a la vez. Hemos suspendido el acuerdo de readmisión”, ha dicho el ministro. 

En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía sellaron un acuerdo mediante el cual toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE. En el caso específico de los sirios, por cada refugiado de ese país que se devuelva a suelo turco, un solicitante de asilo residente en Turquía sería reasentado en territorio de la Unión

Las medidas de devolución previstas en este pacto estaban basadas en el acuerdo “sobre readmisión de residentes ilegales” firmado el 16 de diciembre de 2013. En una cumbre de noviembre de 2015, la UE y Turquía acordaron que este acuerdo se aplicara “plenamente a partir del 1 de junio de 2016”. 

Çavusoglu ha afirmado que las sanciones de la Unión Europea, como la congelación de varias negociaciones y otras ayudas económicas, en respuesta a la actividad de buques perforadores turcos en aguas chipriotas, “carecen de valor” y ha pedido a Bruselas “hacer de mediador” en lugar de ponerse del lado de Chipre.

El pacto de 2016 desencadenó una lluvia de críticas de las organizaciones especializadas, que, desde entonces, han denunciado las condiciones “inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica” de miles de refugiados, solicitantes de asilo que se continúan atrapados en las islas griegas. 

Tras firmarse el plan, el número de migrantes que llegaban a las islas griegas se redujo drásticamente: de las 150.000 personas al mes en verano de 2015 y los 50.000 a inicios de 2016 se llegó a una media de 3.000 mensuales. Sin embargo, el número de readmisiones es bajo: en los más de tres años transcurridos, 1.884 personas han sido devueltas en el marco del acuerdo, entre ellas 357 sirios, según datos del Ministerio de Interior turco.

El titular del Interior turco, Süleyman Soylu, ya había insinuado el sábado pasado que Turquía podría utilizar el control de la migración irregular como herramienta de presión a Bruselas. “Es obvio que Europa nos ha dejado solos en este asunto. No vale con dar palmaditas en la espalda. Si Turquía no tomara medidas tan decididas, ningún Gobierno de Europa aguantaría ni seis meses. Si queréis, probamos”, sostuvo Soylu, según informa la agencia Anadolu. 

Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, ha salido en defensa del acuerdo suscrito entre la UE y Turquía en marzo de 2016 para frenar las llegadas de refugiados a las costas griegas. En el debate de RTVE celebrado este miércoles, Borrell espetó que “ya está bien de escupir sobre el acuerdo”, afirmando que “fue una solución para detener una hemorragia de inmigrantes que Europa y las islas griegas no estaban en condiciones de aceptar”.

El candidato del PSOE respondió así a las críticas del representante de Compromís, Jordi Sebastiá, que había calificado el acuerdo de “vergonzoso”.

En su turno, el candidato socialista se centró en defender el polémico pacto firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “A veces tengo la sensación de que ustedes no saben de lo que hablan. El acuerdo con Turquía ha permitido que la UE financie la educación y la sanidad para 1,4 millones de refugiados sirios en territorio turco”, señaló Borrell. “Bajen del angelicalismo a la realidad, el acuerdo fue una solución para detener una hemorragia de inmigrantes que Europa y las islas griegas no estaban en condiciones de aceptar”.

La candidata de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, le respondió que la declaración viola “las directivas de retorno, de procedimiento y de acogida” y “se le dio dinero a Turquía para violar los derechos humanos”. “No, señora, por favor”, respondió el ministro.

Las reacciones a las palabras de Borrell no se han hecho esperar. “Habla de 'solución' para curar la 'hemorragia de inmigrantes' pero no se está refiriendo a las que provocan las concertinas colocadas por el PSOE en la Frontera Sur”, ha afirmado en un tuit la plataforma Es Racismo.

“Como las 'goteras' en su momento, este lenguaje hiperbólico deshumaniza a las personas refugiadas. ¡Un mejor debate público sobre migraciones y refugio requiere un mejor uso de las palabras!”, ha criticado en Twitter Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies. La experta traza así un paralelismo entre las palabras del candidato del PSOE y las pronunciadas por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en 2015, que se sirvió de la metáfora de que las llegadas de refugiados eran como “goteras” en una casa para describir el reparto de solicitantes de asilo que estaba siendo debatido en la UE.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores defendió que el acuerdo “ha permitido que haya disminuido el número de personas ahogadas de 1.200 hasta 80”. Tras el acuerdo, que selló la ruta del Egeo, se redujeron de forma drástica las llegadas al país heleno y, con ello, las muertes. Sin embargo, la cifra aportada por el candidato socialista no coincide con el recuento de la Organización Internacional para las Migraciones, según la cual 236 personas fallecieron en su intento de cruzar el Egeo en los dos años posteriores al acuerdo, 62 en 2017 y 174 en 2018. En lo que va de año, otros 33 migrantes han muerto en esta misma ruta. Además, los otros dos caminos para entrar de forma irregular por mar a Europa, a través de Italia y España, han seguido activos y registrando muertes en los tres años posteriores al pacto.

La defensa férrea de Borrell choca con la postura que el PSOE mantuvo durante la firma del acuerdo entre la UE y Turquía el 18 de marzo de 2016. El partido se encontraba entonces en la oposición y llegó a tacharlo de “inmoral” e “ilegal”. El entonces secretario general y actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reprochó a Rajoy que el pacto era “una vergüenza que el Gobierno traslada al resto de España”.

“El consenso parlamentario exigía al Gobierno que se opusiera a cualquier sistema directo o indirecto de expulsiones colectivas, pero sólo habrá tratamiento individualizado si unos refugiados se quedan y otros son devueltos no será real si cada tramitación se deduce en la expulsión por el mero dato de venir de Turquía (...) Eso es dar apariencia de legalidad a una expulsión colectiva”, sostuvo entonces Sánchez en el Congreso de los Diputados.

La suya era una voz más entre la lluvia de críticas que recibió el acuerdo aquellos días. En virtud de este pacto, toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE.

Desde entonces, numerosas organizaciones han denunciado las condiciones “inseguras, degradantes y sin acceso a atención médica” de miles de refugiados, solicitantes de asilo que se continúan atrapados en las islas griegas.

Karima tiene 30 años y procede de Afganistán. Llegó a Grecia justo dos días después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que entró en vigor hace tres años para tratar de contener las llegadas a las islas griegas. La diferencia fue crucial: como miles de solicitantes de asilo, Karima quedó, desde entonces, bloqueada en el país heleno.

Madre de dos hijos pequeños, la mujer intenta reunirse con su marido, muy enfermo, en Alemania, según explica a eldiario.es. Tiene la suerte de trabajar algunas horas con una organización humanitaria haciendo de intérprete. Vive en uno de los espacios ocupados, también conocidos como squats, que hay en Atenas.

Pero su situación es la de una minoría. El pasado diciembre, el Gobierno heleno cifraba el número de refugiados en Grecia en 72.000 personas. Unos 15.000 malviven en las islas, 21.000 se encuentran en pisos repartidos en el continente y 7.000 residen en edificios temporalmente alquilados por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), donde esperan ser trasladados a pisos o campos.

Por otra parte, cerca de 18.000 están alojados en alguno de los improvisados 26 campos que se encuentran repartidos en Grecia continental. Del resto se estima que entre 2.000 y 3.000 viven en espacios ocupados, los llamados squats, como Karima. A ellas se le suma un número indeterminado de personas que está en centros de detención, muchas esperando su deportación.

Sin embargo, el acuerdo no ha frenado a las personas que tratan de pisar suelo griego huyendo de la violencia. En el primer trimestre de 2019, han sido registradas 6.045 llegadas, un 16% más que durante el mismo periodo en 2018, según el Ministro de Inmigración, Dimitris Vitsas. Mientras, el reparto de refugiados a países europeos, cuyas cuotas acordadas en 2015 demostraron ser un fracaso, se interrumpió a finales del 2017.

Desde la declaración también se han incrementado las llegadas por el río Evros, frontera física entre Grecia y Turquía que no está incluida en el acuerdo de 2016. Una de cada tres llegadas en 2019 se ha producido por este paso, donde a su vez han sido denunciadas devoluciones en caliente por parte de la Policía griega a suelo turco, sin darles la posibilidad de solicitar asilo. Organizaciones como Human Rights Watch ha documentado que en algunos casos los agentes hicieron uso de la violencia y confiscaron y destruyeron las pertenencias de los migrantes.

Parche sobre parche: falta de un plan a largo plazo

Tres años después, sigue sin haber un programa de inclusión específico para quienes obtienen el asilo en el país heleno. Salinia Stroux, investigadora y trabajadora de la organización Refugee Support Aegean, critica que, desde que se cerró el corredor balcánico, “nunca se ha hecho un plan a largo plazo, siempre han sido soluciones provisionales de emergencia en el último momento”.

El pasado 1 de marzo, se publicaba una circular interna intraministerial 6382/19 donde se anunciaba que el alojamiento y la pequeña ayuda monetaria conocida como cash card, empezaría a ser retirada paulatinamente a aquellas personas cuyo proceso de asilo hubiera finalizado al menos seis meses atrás. Es decir, aquellos que ya han obtenido el permiso de residencia en Grecia o cuya petición ha sido denegada.

La primera tanda de afectados incluye a los que obtuvieron el estatus de persona refugiada antes del 31 de julio de 2018. Estos tendrán que abandonar su container en el campo o su piso del programa ESTIA de vivienda antes del 31 de este mes. Esta medida deja desamparadas a un importante número de personas, que al quedar excluidas del programa, desde ahora tendrán que sobrevivir por su cuenta.

La organización Refugee Movement for Right and Justice estima en 600 el primer grupo de personas que tendrá que buscar un nuevo sitio donde vivir antes de finales de marzo. Hace una semana, este colectivo convocó una manifestación frente a las oficinas de la UE en Atenas en protesta por la decisión. Los organizadores señalaban que la orden de abandonar las viviendas temporales ha llegado sin previo aviso con antelación y dejará a los afectados “en la calle”.

Stroux denuncia que se está dando a elegir a aquellos que obtuvieron el asilo antes de agosto de 2017 entre abandonar el campo voluntariamente y disponer de la cash card durante tres meses más o desobedecer la orden y perder automáticamente ese ingreso. No está claro qué ocurrirá en los casos de aquellos que se nieguen a marcharse.

Desde que la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) implantase el programa de ayuda monetaria con fondos de la UE en abril de 2017, unas 100.000 personas han tenido acceso a esta prestación en algún momento. Los últimos datos de enero hablan de 63.853 refugiados y solicitantes de asilo dependientes de esta ayuda. El programa se renueva año a año y puede ser desmantelado en cualquier momento. La cantidad oscila entre los 150 euros para personas individuales hasta los 550 euros para familias de siete o más miembros. Si se tiene acceso a asistencia alimentaria, esa cantidad se reduce en torno a un tercio.

La alternativa, acudir a los planes de ayuda estatal, el programa KEA, es difícil pues los requisitos son “muy restrictivos, de burocracia compleja y están enfocados a la población local”, indica la investigadora y también activista del movimiento W2EU. Según el último informe de Eurostat, en 2017, casi un 35% de los griegos se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para acceder a los servicios sociales griegos, explica, los solicitantes deben demostrar que han estado viviendo en un piso durante medio año como mínimo u obtener un certificado de persona sin hogar. “Para ello debes decir en que esquina de la calle vives y esperar a una inspección que debe encontrarte in situ”, denuncia la trabajadora de RSA.

Se espera que a raíz de esta nueva medida, ya contemplada en los contratos de alquiler pero no aplicada hasta ahora, muchas familias se decidan por abandonar el país, principalmente con destino a Alemania. Esto implica comenzar el proceso otra vez de cero y convencer al sistema judicial de que no aplique el tratado de Dublín, la normativa europea que obliga a que las solicitudes de asilo se tramiten en el primer estado europeo que pisan los demandantes de protección internacional.

La semana pasada, el ministro de Inmigración declaraba en sede parlamentaria que “a veces la asistencia brindada desde la UE no es suficiente pero estamos trabajando en esta dirección para fortalecer esta asistencia”. Organizaciones como CEAR consideran que es imprescindible diseñar “una estrategia de integración con el fin de evitar la dependencia de las ayudas oficiales y fortalecer la autonomía” de las personas refugiadas.

La paradoja de conciliar integración y disuasión

Uno de los objetivos que perseguía el acuerdo del 20 de marzo de 2016 era disuadir a potenciales solicitantes de asilo de intentar llegar a Grecia y quienes se quedaron atrapados tuvieron que enfrentarse a unas difíciles condiciones de vida y de futuro. En virtud de este pacto, toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE. También existe la posibilidad de “deportación voluntaria” a través de la OIM.

“La UE impone unas políticas migratorias en sus fronteras exteriores, donde supuestamente las personas son seleccionadas. La gente quiere quedarse en Grecia pero no puede porque no hay trabajo ni un Estado de bienestar fuerte, que no es suficiente ni para los locales”, critica la trabajadora de RSA. “Grecia carece del margen económico necesario para implementar estas políticas migratorias y al mismo tiempo lidiar con las miles de personas atrapadas que supuestamente deben construir aquí su futuro”.

Una de ellas es Karima. Pese a que dice que le gusta vivir en Grecia y se siente aceptada por la gente, es consciente de que si pierde su trabajo y la Policía desaloja el edificio donde vive puede verse en la calle. En ese caso, asegura que intentaría viajar recurriendo a traficantes, lo que afirma que le da miedo porque “quedas a su merced y además el precio son 4.000 euros por niño y 3.000 por adulto”.

Una de las consecuencias de cerrar las fronteras fue que muchas personas quedaron abocadas a intentar continuar el viaje poniéndose en manos de traficantes de personas. Es una práctica común tratar de apostar los ahorros en que se desplace un miembro de la familia. Si llega, se solicita la reunificación familiar, pero esta rara vez se concede. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones a la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que quienes huyen la violencia se vean empujados a recurrir a redes de tráfico de personas.

Los precios en esta vía han ido subiendo cada vez más y están tarifados en función de las posibilidades económicas. A más dinero, menos riesgo. Por ejemplo, por unos 600 euros es posible obtener un pasaporte falso y un billete de avión, pero se dispondrá de una única oportunidad. En lo alto de la tabla, por unos 4.000 el traficante proveerá de tantos pasaportes y billetes como hagan falta.

La ruta marítima por los puertos de Patra o Igumenitsa, o la terrestre por los Balcanes son más difíciles. Alí (nombre ficticio) tiene 32 años y es de Pakistán. Llegó a Grecia poco después del acuerdo y asegura que ahora corre el riesgo de ser encerrado para ser deportado después de que su solicitud fuera rechazada por segunda vez. Dice que su vida corre peligro si vuelve a su país, por lo que acordó viajar clandestinamente a Italia siguiendo la ruta de los Balcanes. ¿El precio? 2.000 euros, la mitad en Serbia y la otra mitad en Italia. Expresa su miedo de que el traficante le dejé tirado en Serbia, donde las condiciones son peores que en Grecia.

Las islas, pieza clave del acuerdo con Turquía

El acuerdo con Turquía puso fin al mayor desplazamiento poblacional desde la Segunda Guerra Mundial. Huyendo de la guerra o la pobreza, durante 2015 y 2016 más de un millón de personas llegaron Europa occidental siguiendo la ruta de los Balcanes desde las islas orientales del mar Egeo.

Tras el pacto, las llegadas a las islas se desplomaron de forma drástica. La UE convertía las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos en una zona de amortiguamiento o cuello de botella, donde la gente tiene que esperar la resolución de su solicitud de asilo. Este proceso se suele demorar más de un año. Las “condiciones degradantes” en las que viven o la desesperación que muchas personas sufren han sido denunciadas en repetidas ocasiones por organizaciones internacionales como ACNUR, HRW o Médicos sin Fronteras (MSF).

Ana es enfermera infantil de MSF en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, con capacidad para unas 1.500 personas pero donde han llegado a convivir alrededor de 8.000. “Los niños vienen con gripe, tos, diarrea... dolencias que nunca terminan de curarse por las mala calidad de la alimentación y de las condiciones higiénicas. Sufren estreñimiento durante días porque no quieren usar los baños del campo, en lamentable estado e inseguros. Los niños viven por ejemplo en grandes carpas con otras familias, pierden el sentimiento de hogar, de seguridad y siempre están en guardia y estresados. Los padres se pasan el día haciendo cola para todo”, asegura.

En esta línea se expresa Jabier Ruiz, coordinador desde 2016 en la ONG vasca Zaporeak, que reparte comida en la isla a 1.500 solicitantes de asilo cada día. “El catering contratado para dar de comer a todo los refugiados en Grecia maneja entre siete y ocho euros de presupuesto por persona y día. La comida que dan puede ser, por ejemplo, un pepino y seis olivas. Otras veces tiene gusanos. Hay una visión de negocio con el refugiado que no viene del pueblo griego, sino de unos pocos que se aprovechan. Hay también unos 150 solicitantes que han recibido un segundo rechazo y viven escondidos”, denuncia Ruiz.

En Quíos, la situación es parecida. Filippo Aquilino, enfermero de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, SMH, asegura que antes del acuerdo el sistema “funcionaba”, pues las islas eran solo de paso. “Muchos se quedan sin dinero y hay gente que se prostituye, o que hace trapicheos. Psicológicamente se vienen abajo”, apunta.

Samos es la tercera de las islas que alberga un Centro de Recepción e Identificación, popularmente conocidos como hotspots. A lo largo de estos años, estos asentamientos en principio de carácter temporal se han constituido en núcleos poblaciones estables, con gran peso demográfico en las islas y en ocasiones se generan tensiones con la población local.

Ahmed (nombre ficticio) es un refugiado árabe que trabaja como intérprete en Vathy, el hotspot de Samos. Asegura que los comercios locales “no venden nada” a los solicitantes de asilo. “Fui a cortarme el pelo y el peluquero se negó alegando que perdería su clientela local”. Según un informe del Pew Research Center, entre 2004 y 2018, Grecia es el país europeo donde más ha crecido el rechazo a la inmigración.

Olga L., investigadora griega en el campo de las ciencias sociales, explica que el hecho de que las fronteras se hayan rediseñado tiene “mucho que ver” con la actitud de la gente, ya que las islas “siempre estaban muy abiertas” y el trato “nunca ha sido positivo”, pero convivían con la llegada de migrantes.

La académica señala que el acuerdo de 2016 levanta múltiples fronteras incluso dentro de Grecia, y que bebe del “proceso de externalización de fronteras” en el que, denuncia, está inmersa la UE desde comienzo de la década de los 2000. “Se necesitaba un nuevo enemigo tangible y ese es el migrante, el refugiado. Por ello, Europa firmó acuerdos con países perífericos y denominó crisis de refugiados a lo que en verdad era una crisis de las políticas de las políticas migratorias europeas”, sentencia.

Las autoridades griegas están buscando urgentemente un lugar para las casi 4.000 personas que viven hacinadas en el campo de refugiados de Samos, mientras las organizaciones humanitarias hablan de “desastre humanitario” en la isla, uno de los frentes olvidados de Europa.

El ministro griego de Migraciones, Dimitris Vitsas, llamó a la isla la “nueva Lesbos” y dijo que el Gobierno corría una carrera contrarreloj para alojar de forma adecuada al creciente número de personas atrapadas en Samos, donde la población es seis veces mayor a la capacidad del campamento. “Samos es nuestro problema principal, el flujo es constante y los traficantes, al parecer, siempre están un paso más allá”, dijo Vitsas durante una entrevista al periódico The Guardian en su oficina de Atenas. “El campamento está muy superpoblado, con todos los problemas que eso conlleva; tengo que sacar cuanto antes al menos a 2.000 personas”.

Como hicieron en 2015 con Lesbos, que en aquel año clave de la crisis de refugiados recibió a más de un millón de personas, las redes de contrabandistas han puesto ahora su mirada en esta isla del Egeo oriental, a menos de dos kilómetros de la costa turca. Pero a diferencia de otras islas, en Samos el único campo de refugiados que hay está cerca de Vathy, capital y puerto de la isla. En medio de montañas de basura, una cantidad innumerable de refugios y tiendas de campaña caen como en cascada sobre las colinas en torno a la ciudad.

Cada día, nuevas barcas con recién llegados contribuyen al crecimiento de esta comunidad de personas, obligadas a soportar unas condiciones que, como dijo esta semana el grupo de Apoyo a los Refugiados del Egeo, ya “han llegado al límite”.

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), el desborde es tan grande que más de 1.500 personas viven en tiendas sin calefacción y refugios fuera del campamento. Se estima que hay un 24% de niños. De ellos, 229 pertenecen al grupo de los no acompañados.

Para agravar aún más las cosas, el campamento solo cuenta con un médico designado por el Estado y los médicos son fundamentales para tramitar la solicitud de asilo: de ellos es la responsabilidad de evaluar la vulnerabilidad de cada persona.

Asilo es lo que pide la gran mayoría de los 15.150 refugiados registrados hoy en cinco islas griegas del Egeo, convertidas en jaulas de contención desde que en marzo de 2016 la Unión Europea firmó su polémico acuerdo con Turquía para frenar los flujos migratorios. De acuerdo con la regulación europea, las solicitudes de asilo deben tramitarse en el lugar en el que inmigrantes y refugiados ponen pie en Europa por primera vez.

Según Vitsas, “como no hay suficientes médicos es imposible saber cuántos necesitan protección y deberían ser trasladados al continente”. El ministro aseguró que a finales de mes habrá al menos otros dos médicos en la isla.

Protestas por las condiciones de vida

Incluso en medio del invierno, la belleza de Samos es impresionante. Sus exuberantes colinas cubiertas de pinos tienen una suavidad difícil de encontrar en otras islas más escarpadas y con menos árboles. Pero de poco le sirve esa belleza a las mujeres, hombres y niños que, cada vez más desesperados, llegan a la isla arriesgando sus vidas.

Las condiciones en Samos han llegado a un extremo tan grave que en enero un grupo de más de 500 migrantes procedentes de países de África se manifestó en la capital de la isla. “Samos no está bien”, cantaban. Su protesta se sumaba a las presiones que hay sobre el Gobierno de izquierdas de Syriza en Atenas para que los migrantes sean trasladados al continente.

“Esta es la realidad”, dijo el portavoz de Acnur en Atenas, Boris Cheshirkov, mientras pasaba en su móvil fotos de niños caminando descalzos entre la basura y de tiendas de campaña en lugares que parecen letrinas al aire libre. “Es muy complicado, hay que ocuparse ya”.

En un ambiente cada vez más explosivo, la población local de Samos organizó a principios de este mes una huelga de 24 horas, lo que se llamó un “pedido dramático” al Gobierno central para que haga algo. El racismo y los ataques xenófobos van en aumento.

En otro informe, el Consejo de Europa se quejó este martes de las condiciones en los campos de detención de la Policía griega, donde es común la brutalidad contra migrantes y refugiados.

Nada de esto se le escapa a Vitsas, un crítico observador de lo que se ha venido en llamar la 'Fortaleza Europa'. Como otros políticos de izquierda, Vitsas cree que se podía haber hecho mucho más para apoyar el desarrollo y aliviar la pobreza en países de los que ahora huyen tantos buscando una vida mejor. “Grecia no necesita dinero, lo que necesita es solidaridad, y eso significa compartir el trabajo y la responsabilidad de recibir a los refugiados”.

Sin esa política, dijo, las fuerzas más oscuras detrás del extremismo de derecha crecerán en las elecciones europeas de mayo. “Es vital que la UE redacte un nuevo plan de reubicación para que todos sus Estados miembro, y no solo los de primera recepción como nosotros, acojan a los solicitantes de asilo; no está bien que solo logremos la unión cuando se trata de asuntos financieros, pero no cuando hablamos de solidaridad en temas migratorios”.

Aumentan las llegadas

Pese al frío penetrante, a los agitados mares y a los fuertes vientos que periódicamente azotan a Grecia en los inviernos, el flujo de migrantes no se ha detenido en estos meses. A diferencia de Italia, donde se registró un descenso significativo de las llegadas por mar, el número de personas que alcanzaron las costas griegas pasó de 36.310 en 2017 a 50.511 en 2018, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas.

El año pasado, las llegadas por la frontera de tierra con Turquía se dispararon un 284%. Ese es el motivo por el que las autoridades griegas se están apresurando a sumar otros dos campamentos de refugiados a los 26 que ya hay en el continente.

Pero con una burocracia caótica y duramente golpeada por la larga crisis económica griega, Vitsas argumentó que el país no tenía demasiado margen para manejar lo que cada vez más parece una crisis de refugiados silenciada. “Todas las simulaciones que hemos hecho muestran que no podemos procesar más de 20.000 solicitudes de asilo al año, ni integrar adecuadamente en la sociedad a más de 12.000 refugiados, teniendo en cuenta que el 18% de nuestra propia población sigue sin trabajo”.

Traducido por Francisco de Zárate

Desde primera hora, pero sobre todo después del mediodía, centenares de jóvenes se agolpaban ante los barrotes que componen la valla del puerto de Patras, en el oeste de Grecia. Observaban la llegada de los camiones, el lugar en el que se encuentra la Policía y la seguridad del puerto, saltaban y comenzaban a correr para no ser interceptados y tratar de colocarse en los bajos o en el interior de los camiones.

Siempre les acompañaba una pequeña botella de agua, adosada a la espalda con una cuerda para no perderla durante los saltos. No se alejaban ni un instante de ella, porque en cualquier momento podía presentarse la opción de saltar la valla e introducirse en uno de los camiones. En caso de conseguirlo, esa botella es lo único que les va a acompañar durante todo el viaje, que a veces puede durar hasta 72 horas. Desconocen a qué ciudad italiana llegarán.

La escena se repetía día tras día hasta el pasado 15 de mayo. Entonces, los voluntarios que trabajan en la zona recibieron un mensaje: la Policía había desalojado las dos fábricas abandonadas frente al puerto que servían como refugio a los centenares de migrantes que trataban de colarse en los distintos ferris que transportan mercancía con destino a Italia y parten a diario de este estratégico y transitado puerto.

Con la ruta de los Balcanes sellada, sin opciones de pedir asilo en Grecia o negándose a que esa sea la única opción y con el miedo a ser deportados a Afganistán o Pakistán, el puerto de Patras se había convertido en una de las pocas vías de salida para completar la travesía al centro de Europa, principalmente Francia y Alemania. La forma de conseguirlo era peligrosa y extenuante.

Hikmat era uno de ellos. Tiene 24 años y dejó atrás su hogar en Afganistán para buscar un lugar seguro donde completar sus estudios y encontrar un trabajo, lejos de la violencia y la falta de oportunidades en su país.

Tras cruzar Pakistán, Irán y Turquía llegó a Grecia con la intención de continuar la ruta hasta Francia, donde le gustaría instalarse. Pero el programa de reubicación de refugiados, al que no puede optar por su nacionalidad, y el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que dejó en 2016 a miles de personas atrapadas en el país heleno, le han empujado a la clandestinidad.

“Algunos amigos han muerto en el camino hasta aquí. Tenemos muchos problemas en nuestros países, por eso venimos a Europa y nos encontramos con este tipo de problemas, de castigo y de dificultades”, criticaba el joven.

Cientos de personas desalojadas

Hikmat vivía junto a más de 300 jóvenes, todos hombres, en una de las fábricas desalojadas. La mayoría tiene unos 20 años, aunque también hay menores de 14 y 15. Las lúgubres y precarias condiciones en las que se encuentran las instalaciones –en un estado de abandono muy alto– incrementaban el sufrimiento de tener que jugarse de nuevo la vida.

No disponían de agua corriente, ni de luz. Dormían en tiendas de campañas y solo contaban con la comida que la ONG FoodKind les repartía a diario. “En Semana Santa se rumoreaba que iba a venir la Policía y muchos se fueron a Atenas, los que tenían los papeles, para evitar ser detenidos”, comenta Manuel Asencor, voluntario de la organización.

Así fue. A las 4:30 horas de la madrugada del 14 al 15 de mayo, 350 agentes de la Policía irrumpieron en las fábricas abandonadas con la orden de desalojar a todas las personas que se encontraran en su interior. Según los datos oficiales, 611 migrantes fueron desalojados de las instalaciones.

En una conversación con eldiario.es, el capitán de la Policía del oeste de Grecia, Ignatios Triantafyllou, esgrime tres motivos para la operación: “Razones humanitarias, porque las condiciones en las que vivían eran muy malas, por los peligros de accidente [con los vehículos cuando cruzan la transitada carretera que separa la valla y las fábricas] y los problemas que causan en el interior del puerto”.

Después de tres horas y media de registro y retención, fueron trasladados en autobuses a dos centros. Triantafyllou asegura que a uno de ellos se ha trasladado a quienes van a pedir o están en proceso de solicitud de asilo en Grecia, por lo que no es de estancia obligatoria. El otro es un centro de detención, en Corinto. En estas instalaciones viven entre rejas y sin ninguna opción de salir, según las ONG. El capitán confirma que algunos serán deportados.

Pero hay quien persiste en su intento de salir del país. En los últimos días, 76 personas han regresado al puerto y se refugian en un nuevo edificio según confirma Kai Wittistock, coordinador de la organización DocMobile. “Desconocemos qué haremos. No sabíamos si regresarían o vendrían nuevos, pero en menos de una semana ya han vuelto varios. Aquí todo cambia muy rápido”, comenta. La Policía asegura que custodia las dos fábricas para “evitar” que se instalen de nuevo.

Meses esperando para saltar

Algunos de los desalojados llevaban varios meses esperando para poder cruzar a Italia desde el puerto. “Si no nos permiten saltar, ¿durante cuánto tiempo quieren que estemos aquí?”, preguntaba un joven afgano. Según su relato, llevaba dos meses intentándolo a diario, varias veces al día.

Uno de los principales escollos era evitar que la seguridad del recinto portuario y la Policía les interceptara durante la carrera hasta los camiones y fueran detenidos. “Es duro. Si la Policía nos coge, nos golpea”, aseguraba el joven. Sarah Galastri, doctora voluntaria en DocMobile, confirma que han atendido heridas producidas por estas presuntas agresiones, además de otras ocasionadas cuando trataban de cruzar la valla.

Según los últimos datos –diciembre 2017– de la Oficina griega para los refugiados, el país ha registrado algo más de 58.600 solicitudes de asilo. Estas personas permanecen varadas en territorio heleno con escasas opciones de llegar a otros Estados, lo que a menudo les empuja a recurrir a rutas clandestinas peligrosas y a redes de traficantes.

Hikmat solo deseaba poder salir de Grecia para retomar sus estudios de Ingeniería Informática, que tuvo que abandonar tras el incremento de los atentados terroristas en Afganistán. “Llega gente a nuestros pueblos y disparan, sin ningún sentido, también a niños. Los talibanes me impidieron continuar con mis estudios. Quieren que no tengamos conocimientos, evitan que vayamos a la escuela”, relata el joven.

“Solo quiero ir a Italia. Quiero iniciar de nuevo mi vida. Comenzar mi futuro”, resume. “¿Por qué no me permiten ir desde aquí? ¿por qué tengo que hacerlo de esta forma?”, concluye.

Las luces de la patrullera turca parecían aproximarse. Los refugiados sirios Alaa Aldin y Bushra Aldin las observaban una vez más desde la inestable barca en la que intentaban llegar a la isla griega de Lesbos junto a decenas de refugiados. Conocían el significado de aquellos destellos, sabían lo que vendría después. Alaa tomó su móvil y comenzó a grabar: los guardacostas turcos se acercan entre gritos, golpean la embarcación y acaban arrastrándola para devolverla a Turquía, multiplicando el nerviosismo de sus ocupantes en una maniobra visiblemente peligrosa.

Es la otra cara del acuerdo de la UE-Turquía. La que no se ve. Las imágenes, grabadas por el sirio Alaa Aldin en enero de 2018, conforman la primera prueba gráfica publicada de forma íntegra en un medio español que demuestra las peligrosas prácticas de los guardacostas turcos, financiadas desde 2016 por la Unión Europea para frenar el flujo de migrantes hacia las islas griegas.

Habían partido de una playa cercana de Ayvalik (Turquía) con el objetivo de alcanzar el sur de la isla de Lesbos. En altamar, los agentes turcos detectaron su embarcación y se dirigieron hacia ellos. “En cuanto nos abordaron, nos empezaron a pegar con las porras. Querían amarrar nuestra barca a la suya mientras uno de ellos intentaba romper el motor con un palo”, relata Alaa. El vídeo documenta la persecución de la embarcación, en la que también viajaban niños y al menos una mujer embarazada, durante más de cinco minutos hasta que, finalmente, fueron capturados y transferidos al buque turco del Sahil Güvenlik Komutanlığı para llevarles de vuelta a las costas turcas.

“Empezaron a pegar a los hombres y a nosotras nos impedían acercarnos a ellos. Pusimos a los niños a un lado porque gritaban y lloraban por sus padres. Yo estaba aterrorizada por mi marido. Lo cogieron, lo rodearon entre varios hombres y le empezaron a pegar en el estómago”, describe Bushra Aldin, quien se encontraba embarazada en el intento de entrada.

Los guardacostas turcos frenaron su avance y la embarcación fue devuelta a Turquía. Los golpes, denuncia el matrimonio, continuaron de camino al país euroasiático. Según el joven que capturó las imágenes, tras llegar a puerto, todos los ocupantes de la embarcación interceptada fueron trasladados a la comisaría de Ayvalik, donde permanecieron encerrados durante un día.

Una vez liberados, Bushra y Alaa ya se preguntaban cuándo sería la siguiente oportunidad para alcanzar Europa. La pareja logró llegar a Lesbos tras once intentos. Alaa llevaba su móvil consigo y quería mostrar al mundo el coste del plan con el que la Unión Europea ha conseguido bajar el número de llegadas irregulares a Grecia.

En marzo de 2016, los Estados miembros pactaron la aportación de 6.000 millones de euros al Gobierno euroasiático con el objetivo de frenar las llegadas de refugiados a las costas griegas, tras haber alcanzado el millón de personas el año anterior. El encargo consistía en reforzar el control fronterizo ejercido por las autoridades turcas y permitir la devolución de los solicitantes de asilo arribados a las islas, bajo la consideración de Turquía como “país seguro”.

El Estado euroasiático cumplió con la reducción de entradas irregulares comprometida, pero el vídeo de Alaa documenta las arriesgadas prácticas empleadas por los guardacostas turcos para formalizar la meta europea. El precio del acuerdo UE-Turquía.

Desde Ankara, tanto el Ministerio de Interior como la comandancia de los guardacostas han evitado hacer ningún tipo de declaración respecto a las imágenes. La Comisión Europea tampoco ha respondido por el momento a las preguntas de eldiario.es.

Refugiados y ONG llevan años denunciando los abusos

Las imágenes se suman a los testimonios de decenas de migrantes que, desde la aplicación del acuerdo UE-Turquía, aseguran haber sido detectados por parte de los guardacostas turcos. Muchos demandantes de asilo que deambulan por el centro de detención de Moria relatan historias similares a la experimentada por Alaa y Bushra.

Uno de ellos es Kassim Hussein Al-Ali, un padre iraquí de familia numerosa. El hombre sostiene haber sido detenido en nueve de sus diez intentos de alcanzar Lesbos. “En todos ellos nos amenazaron con malas palabras, nos pegaron o nos pincharon la barca. A los hombres nos tratan como animales una vez nos encierran, solo dan de comer a las mujeres y a los niños”, asegura.

Los intentos no cesan, a pesar de la reducción de las entradas tras el acuerdo de la UE. Más de 440 embarcaciones de refugiados han tratado de alcanzar las costas griegas en 2018. Un total de 206 lo ha conseguido. Según los últimos datos del Ministerio del Interior heleno, 9.375 personas han desembarcado en las islas, mientras que 10.029 han sido interceptadas por la gendarmería o los guardacostas turcos en su intento de alcanzar las islas.

Las últimas estadísticas sobre migración irregular publicadas por la Turkish Coast Guard Command revelan que, en lo que va de año, un total de 241 botes han sido retenidos en su travesía a Europa. De estos, 163 fueron transferidos en altamar a los buques de salvamento para ser devueltos a Turquía –los denominados pushbacks– y otras 78 barcas fueron detenidas en tierra por la policía cuando se disponían a partir.

Las ONG que trabajan en las islas también llevan años alertando de los abusos provenientes de las embarcaciones de Turquía a través del testimonio de los refugiados rescatados. Algunas de ellas, como Refugee Rescue y Lighthouse Relief, aseguran haber sido testigos de estos.

Alrededor de las tres de la madrugada del pasado 10 de noviembre, recuerdan, los guardacostas turcos “entraron de manera ilegal” en aguas griegas para “cortar el paso a un dingui [bote pequeño] con 37 personas a bordo”.

En una carta remitida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las ONG a cargo del rescate y la vigilancia de la costa norte de Lesbos, señalaron que uno de los oficiales empezó a “disparar” cerca del bote ante la incapacidad de detenerlo. “Dejen de disparar”, alertaron por megafonía los guardacostas griegos. Acababan de llegar a la escena. Nada más verlos, 17 migrantes saltaron al agua y nadaron desesperados hacia la embarcación helena, indican.

Mientras la lancha de rescate de Refugee Rescue recibía órdenes de transportarlos al puerto de Skala Sikamineas, al norte de la isla, los turcos procedían a deportar al resto. Los 17, con claros síntomas de hipotermia, quedaron separados de sus familias tras la intervención.

“Estamos muy preocupados por las constantes denuncias de aquellos que llegan a la costa norte de Lesbos, con respecto a las violentas interceptaciones por parte de los guardacostas turcos”, indica Hannah Wallace, jefa de comunicación de Lighthouse Relief y firmante del documento.

“Muchas de las personas que desembarcan en la isla dicen que han intentado cruzar desde Turquía más de una vez y describen cómo las autoridades turcas les pegan, les disparan y les intentan volcar la barca para evitar que alcancen las aguas griegas”, prosigue Wallace.

Gerard Canals, coordinador de operaciones de Proactiva Open Arms, recuerda sus operaciones en Turquía antes del tratado firmado con la UE. Según apunta, hasta entonces prácticamente no veían intervenir a los guardacostas turcos. Si lo hacían, dice, era para dificultar la huida. “Escuchamos todo tipo de historias durante los rescates en el Egeo. Que les disparaban con mangueras de agua a presión, les intentaban hundir el barco o les pegaban con el cinturón”, añade.

Después del acuerdo del 20 de marzo de 2016, el coordinador de la ONG catalana apreció que las órdenes de los guardacostas turcos habían cambiado: “Incluso tuvimos que cambiar el uso de la radio, porque cada vez que reportábamos un dingui iban a por él para devolverlo a Turquía”.

Un nuevo proyecto valorado en 20 millones de euros

El embajador Christian Berger, presidente de la Delegación de la UE en Turquía, celebraba el pasado junio en el puerto de la ciudad de Antalya, al suroeste del país, la entrega de los dos primeros buques turcos de salvamento marítimo pagados con fondos europeos. Dos unidades personalizadas del modelo SAR 1906, diseñadas por el astillero holandés Damen Shipyard Group, de las seis que figuran en el contrato a plazos finalizado en diciembre del 2017.

El proyecto en soporte a la comandancia turca, financiado por la UE y ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), está valorado en 20 millones de euros. En él se incluyen formación sobre leyes internacionales, entrevistas psicotécnicas, protección y asistencia de migrantes y trata de personas. Además, contempla partidas para el impacto psicológico que enfrentan los oficiales en sus operaciones diarias de búsqueda y rescate en el mar.

“Los esfuerzos por parte de los guardacostas turcos han sido cruciales para salvar vidas humanas en el Egeo y el Mediterráneo. La Unión Europea está orgullosa de contribuir con estos dos primeros buques de búsqueda y rescate de última generación. Este proyecto es un ejemplo de lo que la UE y Turquía pueden lograr cuando trabajan juntas”, sentenció Berger.

El 18 de marzo de 2016 algunos Estados miembro de la UE establecían un precedente en el ámbito de las políticas migratorias. Hoy hace dos años entraba en aplicación el acuerdo interregional con Turquía que planteaba explícitamente el bloqueo en la llegada de personas refugiadas, el conocido como acuerdo de la vergüenza. Europa volvía a optar por la externalización de políticas migratorias frente al respeto a derechos y la coherencia con sus valores fundacionales.

Muchas fuimos las organizaciones que denunciamos las vulneraciones del acuerdo, al derecho de asilo y libre circulación, pero quizás no dimos suficiente importancia al fenómeno de la externalización. Y es que la externalización es más que el desplazamiento de fronteras fuera del territorio. Los procesos de externalización son la raíz de un sistema que se materializa mediante continuas vulneraciones hacía personas que por razones varias tienen que desplazarse.

Primeramente hay que matizar que la externalización no es una práctica novedosa. Si bien es cierto que la historia de la humanidad va ligada al continuo desplazamiento, este no cobró importancia política a nivel comunitario hasta finales de siglo, con la adopción de los acuerdos de Schengen.

La reciente importancia de las políticas migratorias implicó en un primer momento, al no haber precedentes ni marcos legales comunes, que los Estados miembro las gestionarán en clave nacional; especialmente los fronterizos como España. Entre 2005-2010, en el marco del Plan África, el gobierno socialista firmó una decena de acuerdos bilaterales con cláusulas de movilidad con Estados no-miembro como Senegal, Mali, Gambia... Por su situación geopolítica, España fue pionera al aplicar procesos de externalización y ha sido modelo de inspiración de los posteriores procesos europeos.

Pero el paradigma cambió drásticamente a partir de las Primaveras Árabes y los consecuentes flujos migratorios. Las primaveras marcaron un punto de inflexión en la gestión de políticas migratorias, al cual Europa respondió impulsando procesos de externalización a niveles interregionales, combinados con privatizaciones y militarizaciones con la opacidad como mantra.

Aunque el cambio a un marco interregional no es necesariamente nocivo, sí lo es la externalización. Mediante esta, se ha pretendido que países terceros alejados del foco de denuncia social, condicionen la libre circulación con el objetivo de evitar la llegada de personas refugiadas y migradas a Europa.

Este proceso, junto privatizaciones y militarizaciones, ha permitido que políticas diseñadas para salvaguardar y respetar derechos humanos entraran en lógicas de mercado, llegando al punto de firmar acuerdos con actores como el presidente de Sudan, Omar al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.

La estrategia para conseguir privatizaciones y militarizaciones se ha basado en la introducción de empresas del sector de la seguridad en instituciones, como la European Office of Security con un importante rol en la gestión de presupuestos de seguridad y fronteras.

Legitimando su entrada a partir de las dialécticas de la 'Guerra contra el terrorismo', se ha permitido la vinculación de los términos seguridad-migración. Con la desconextualización de la seguridad pública para alentar una construcción de la alteridad como peligrosa y amenazante, se han militarizado las políticas migratorias, afectando gravemente los derechos humanos. De luchar contra el terrorismo hemos pasado a una 'Guerra contra la migración' en la que Europa no ha dudado en proteger su 'seguridad' y usar estructuras militares contra la migración irregular como en la Operación Fuerza Naval de UE-Operación Mediterránea/Sofía el abril de 2015.

Cabe destacar que todos estos procesos se han desarrollado con total opacidad. En el caso del acuerdo con Turquía, hemos sido incapaces de encontrar información contrastada que permitiera saber el papel de España en éste; tal y como pasó en 2006 con el acuerdo con Senegal. Pero el paradigma de las malas praxis democráticas se evidencia fundamentalmente en la formalización de la externalización.

En el Consejo Europeo de Sevilla de 2002 se concluyó que en adelante los acuerdos con Estados no-miembros debían incluir cláusulas de readmisión y control de flujos. Su inclusión ha sido, generalmente, mediante cláusulas de Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD). Esto ha implicado que la AOD sea, una vez más, elemento de negociación; permitiendo su tergiversación y dependencia de factores geopolíticos en vez de humanitarios.

Un claro ejemplo de su mal uso lo encontramos en el Norte de África donde la condicionalidad y tipos de AOD han sido determinados por factores de movilidad y no de desarrollo, como en los acuerdos firmados por España con el África-Subsahariana.

Como hemos dicho, el acuerdo con Turquía sentó un precedente en la gestión de políticas migratorias, pero es sólo la punta del iceberg. La raíz del problema es la externalización. La reversión del actual sistema de políticas migratorias pasa necesariamente por la recuperación de su carácter civil para desmilitarizarlas.

También por reclamar una transparencia que posibilite denunciar las vulneraciones de derechos por parte de Estados, impidiendo actos como la tergiversación de la cooperación como elemento de negociación. Por último, pero no menos importante, una ciudadanía sensibilizada que luche para salvaguardar las sistemáticas vulneraciones de derechos en procesos de externalización, siendo conscientes que España ha sido su precursor, y que es necesario erradicarlos.

La primavera templa nuestros cuerpos y nuestros corazones. Pero Moria, el campo de refugiados en la isla de Lesbos en el que vivo desde que llegué a Europa, es frío como una prisión. Las tiendas no nos protegen de los fríos vientos invernales ni de las incesantes lluvias.

Lesbos es una isla hermosa, pero el campo es un infierno. Desde aquí invito a toda la clase política europea a que nos visite para que vea con sus propios ojos nuestra hambre y nuestras penurias; para que vea qué se siente cuando tu destino está en manos de otros.

Pero también podrán ver que la situación puede cambiar: unas políticas migratorias más humanas nos ayudarían y proporcionarían a las personas que vivimos aquí la protección y el apoyo que necesitamos y merecemos.

Mi historia es parecida a la de millones de refugiadas y refugiados de Siria y otros países. El conflicto y la persecución han roto nuestras familias y nos han obligado a dejar atrás todas nuestras pertenencias y nuestras bellas ciudades, ahora irreconocibles. Hemos huido para sobrevivir y, cuando creíamos que llegábamos a un lugar seguro, nos han frenado y nos han dicho que esperemos en condiciones inhumanas. Esta espera se ha convertido en nuestra forma de vida.

Llevo en Lesbos siete meses y solo hay una cosa de la que estoy segura: que estaré aquí mucho más tiempo. He solicitado asilo en Europa, pero la próxima audiencia para mi caso no será hasta dentro de 18 meses.

Y, de nuevo, mi situación no es excepcional. Hay 13.000 personas refugiadas atrapadas en las islas griegas. No podemos empezar nuestras vidas de cero, ni tan siquiera vivirlas. Dormimos en tiendas de campaña y otros refugios provisionales que son demasiado fríos en invierno y demasiado calurosos en verano. Esperamos largas colas para recibir comida. Nos duchamos en baños atascados e inundados que no resultan seguros para las mujeres y las niñas.

Las personas solicitantes de asilo como yo esperamos a que nuestro caso se evalúe mientras nuestro futuro se nos escapa.

Cada día sueño con volver a casa. Pero el lugar al que llamo “casa” está en ruinas. Cuando pienso en mi hogar, pienso en la que era mi rutina diaria, trabajando en un hospital por las mañanas y enseñando inglés a mis estudiantes por las tardes. Pienso en los picnics en el parque con mi familia los fines de semana. O simplemente en los paseos por Damasco con mis amigas. Nací y crecí en esa ciudad, que solía ser un lugar precioso. Ahora todo son recuerdos.

Ser refugiada no es una elección. Estoy atrapada en Lesbos porque Siria no es un lugar seguro. Años de incesantes combates me dejaron sin otra opción más que huir para salvar mi vida.

En las islas griegas te sientes atrapada y perdida. Fijémonos en Moria: un lugar abarrotado con más de 5 000 personas en el que no nos dan información sobre cómo seguir adelante con nuestras vidas. Nadie nos dice nada. ¿Necesitas una doctora, un abogado o simplemente una traductora? Lenguaje no sexista, alternamos entre masculino y femenino ¡Buena suerte! Incluso las cosas más sencillas, como saber a qué hora abre la oficina para obtener tus documentos, son tremendamente difíciles.

Para recibir el apoyo que necesitas o información sobre tus derechos dependes del 'boca a boca' o de esperar a que te atienda un funcionario tremendamente ocupado que sabe tanto como tú. Nadie está seguro de qué es verdad y qué es mentira.

Todo esto me llevó a decidir que quiero contribuir a cambiar las cosas apoyando a las personas a mi alrededor. Participé en un curso de formación de una ONG sobre cómo ayudar a las personas en mi misma situación y proporcionarles la ayuda que tan desesperadamente necesitan sobre sus derechos y sobre qué opciones tienen. Muchas personas no saben que tienen derecho a consultar con asistencia legal para obtener ayuda con el complejo proceso de solicitar asilo, así que yo les pongo en contacto con las personas que pueden ayudarles. O si alguien necesita ayuda médica y no hay nadie que pueda traducir, yo le acompaño.

Seguiré trabajando como voluntaria en el campo de Moria mientras haya personas atrapadas aquí. Ayudar a estas personas, mis vecinos y vecinas, me da fuerzas. Este trabajo me ayuda en estos tiempos tan difíciles.

Adriana, no metemos este párrafo porque resulta que la señora sí puede salir de las islas Desde que el acuerdo enre la Unión Europea y Turquía entró en vigor hace exactamente dos años Grecia obliga a las personas solicitantes de asilo a permanecer en las islas en lugar de permitirles solicitar asilo desde el continente o cualquier otro lugar de Europa.

Esta política tiene un objetivo principal: evitar que las personas pidan asilo en Europa. Parece que los líderes europeos hubieran olvidado que también somos personas. Obvian el hecho de que los miles de personas que vivimos en estos campos saturados no podemos compartir unos pocos baños. Que, al verse obligados a vivir en tiendas de campaña, las mujeres y menores se enfrentan a un riesgo real de sufrir violencia, abuso o acoso sexuales.

Los líderes europeos obvian el hecho de que, si quisieran, podrían gestionar la migración de forma justa y compasiva.

Desde que llegué a Europa he sido testigo de demasiado sufrimiento. Las políticas europeas parecen centrarse únicamente en devolver a las personas migrantes a sus lugares de origen.

Si las y los políticos vinieran a visitar Moria, les preguntaría por qué creen en decisiones que solo generan campos abarrotados de personas y llenos de inseguridad para mujeres, niñas y niños. Si vinieran a visitar Moria, les preguntaría si de verdad creen que este es un lugar para personas como yo, como ellos.

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Amal, de 47 años, es de Damasco (Siria). Huyó del conflicto que asola su país de origen y solicitó asilo en Grecia. Ahora vive en la isla griega de Lesbos a la que llegó tras atravesar la frontera con Turquía.

En pleno centro de Atenas, a escasos metros de la ruidosa arteria de Patision, una familia de refugiados rodea un olivo. El padre, explica con semblante serio y emoción contenida la liturgia de recolección de la aceituna. Los niños, muy concentrados, sujetan con sus pequeñas manos una lona negra donde van cayendo las olivas, todavía verdes, que el padre varea. Las aceitunas repiquetean al tocar el suelo y ellos estallan en risas.

El padre los mira, tiene los ojos brillantes. Quizás sea solo un juego para entretener a los niños. Quizás la manera de retrotraerse a otro olivo, situado en un paisaje menos hostil y más querido, o una forma de transmitir a sus hijos saberes que, aunque nunca podrán poner en práctica, les pertenecen. La vida parece abrirse siempre paso, incluso en las circunstancias más adversas, también para esta familia de refugiados reunida bajo el abrigo de un olivo a miles de kilómetros de su hogar.

Han pasado dos años desde la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por el que toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos de refugiados, el Gobierno de Erdogan recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE.

Desde entonces más de 2.000 personas han sido deportadas, según datos del Ministerio de Protección Civil griego. Más de 13.000 refugiados continúan atrapados en condiciones precarias en las islas del mar Egeo. Aproximadamente 8.500 personas vulnerables están pendientes de ser transferidas a la parte continental de Grecia. Y al menos 2.000 menores no acompañados están a la espera de un hogar seguro, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Eleni Stamatakis, parlamentaria de Syriza, sostiene que “el acuerdo ha funcionado en la medida que ha hecho disminuir el número de llegadas a Grecia”. La Agencia de fronteras de la UE (Frontex) ha informado de que el número de migrantes y refugiados que llegaron a territorio griego desde Turquía mostró un descenso del 80% en 2017 con respecto al año anterior.

Sin embargo, cientos de refugiados siguen desembarcando cada semana en las costas griegas. Numerosas ONG han pedido al Gobierno griego en los últimos meses que ponga fin a las “políticas de contención” de refugiados en las islas y han denunciado las “condiciones deplorables” en las que viven, con instalaciones abarrotadas y una situación de incertidumbre y sufrimiento ante el limbo en el que se encuentran.

Stamatakis considera que el principal problema radica en “el no cumplimiento por parte del resto de Estados miembros de las cuotas de reubicación y en la lentitud de los procesos de petición de asilo”. El pasado septiembre, cuando expiró el plazo que se dieron los países de la UE para acoger a 160.000 refugiados desde Grecia e Italia, apenas habían recibido a un 20% de las personas comprometidas. 

Grecia, tierra de nadie

Ibrahim y Guli Asis son un matrimonio kurdo que huyó de Irak con sus siete hijos. Ibrahim, herido por la explosión de una bomba, realizó el viaje con dolores que a veces le impedían caminar. Llegaron a Grecia en octubre de 2016, siete meses después de la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía, y desde entonces tratan de salir del país. “Hemos intentado salir más de 25 veces de Grecia: legales, ilegales, todos juntos, separados y hasta disfrazados de turistas”, relata Omid, hijo mayor de los Asis.

Lo primero que conocieron de Europa fue el campo de refugiados de Samos, una de las cinco islas del Egeo griego convertidas en “puntos calientes”, lugares de recepción y selección. Allí permanecieron un mes. “Las condiciones eran terribles y con las lluvias, las tiendas de campaña eran como barcos”, recuerda Arim, de 18 años.

Mientras tanto, el estado de salud de Ibrahim se iba deteriorando: necesitaba una operación. La familia obtuvo permiso para abandonar Samos y buscar en Atenas la atención médica pertinente. “Cuando llegamos no había nadie para darnos instrucciones ni ayudarnos. Para obtener el AMKA [número de seguridad social] nos daban cita a un año vista”, denuncia Arim.

A día de hoy, Ibrahim, aún no ha recibido atención médica. “Estoy cansado de este país, de los hospitales y de mí mismo. No vine a Europa para tener más problemas. No pido mucho, solo que la gente nos ayude. Dicen que somos refugiados, pero también somos seres humanos, tenemos los mismos derechos”.

Los largos meses de lucha por sobrevivir y la falta de perspectivas de futuro han pasado factura a la familia. Tanto Guli como Ibrahim están bajo tratamiento por depresión. “No vemos ningún futuro en Grecia”, explican.

Varias de sus hijas reconocen que no pueden dormir por las noches y que sufren fuertes dolores de cabeza. Iman, de 18 años, antes de abandonar su país, era muy buena en ciencias y planeaba ir a la universidad. “Doy gracias a Dios por tener un techo y comida, pero yo quiero algo más que esto. Quiero terminar mis estudios”, sostiene. Por la noche, antes de dormir, traduce del kurdo al inglés el relato de su historia, para que no se pierda. “Ahora que hablo contigo intento sonreír. Pero estoy rota por dentro”, añade.

A pesar de todo, los Asis no se resignan. Todos los miembros de la familia son muy activos en redes de solidaridad. Imparten clases de idiomas, ejercen de traductores para otros refugiados, cocinan en centros sociales y están muy conectados con la comunidad kurda y migrante de otras ciudades griegas. Arim y Omid incluso han aprendido castellano, y chapurrean euskera, para poder comunicarse con los voluntarios, que aquí son mayoritariamente españoles. A pesar de las dificultades, la vida sigue adelante.

La otra apuesta: convertir a los refugiados en locales

Nasim Lomani es voluntario en el Hotel City Plaza, uno de los lugares ocupados por refugiados más emblemáticos de Atenas. También participa en el Centro Social de Migrantes, un espacio autogestionado situado en el barrio anarquista de Exarchia, donde se hacen comidas populares, se imparten clases de idiomas y se ofrece asesoramiento gratuito a personas refugiadas. Ambos espacios forman parte de una apuesta estratégica antagónica a la de las autoridades: convertir a los refugiados en locales.

Nasim considera que ni las instituciones europeas ni el Gobierno heleno “tienen un plan a largo plazo” para los refugiados estancados en Grecia. Sin embargo, defiende una alternativa al aislamiento de los campos de refugiados: “Por el precio que cuesta uno de los 'containers' de los campos [unos 15.000 euros más otros 5.000 de gastos de transporte] se puede comprar o alquilar un apartamento en un centro urbano. Además, con la crisis, muchos griegos han abandonado el país y muchos trabajos que nadie quiere hacer han quedado vacantes”.

Esta es la apuesta de los más de 12 'squats' [edificios ocupados] en el centro de Atenas: demostrar que la coexistencia de personas refugiadas y población local puede ser beneficiosa para ambos. “Los refugiados pueden ser parte de la solución a la crisis que atraviesa la población griega”, concluye.

Esmirna, con una población de más de tres millones de habitantes, es uno de los puntos de Turquía en los que se acumulan más solicitantes de protección internacional. Según las estadísticas gubernamentales, residen allí más de 110.000 refugiados que sobreviven en condiciones muy precarias.

La ciudad también alberga dos centros de deportación en los que, según defensores turcos de derechos humanos, se encierra a personas en situación irregular y a refugiados que son expulsados de las islas griegas a Turquía tras el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo del año pasado.

“Los espacios de internamiento están en condiciones inhumanas, peor que las prisiones”, alerta en una conversación con eldiario.es el abogado Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Democracia, una asociación que lucha por la defensa de los derechos humanos en Turquía.

“Mucha gente permanece encarcelada allí entre seis meses y un año entero sin ningún tipo de derecho”, añade el letrado. “Cuando ya están dentro, los refugiados quedan incomunicados: no se les permite hacer llamadas telefónicas, no pueden recibir visitas y tampoco se les garantiza el derecho a tener el servicio de un abogado”, prosigue.

El pacto establecido hace un año y medio entre la UE y el país otomano permite expulsar a los solicitantes de asilo y migrantes que lleguen a Grecia bajo la premisa de que Turquía es un país seguro para ellas, algo criticado por numerosas ONG. “El procedimiento es así: Frontex deporta hacia las costas turcas a los demandantes de asilo a los cuales se ha denegado su solicitud en Grecia”, explica a eldiario.es una abogada que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión y que prefiere no dar su nombre.

“Una vez en Turquía, si no son de nacionalidad siria, la policía traslada directamente a la gente a centros de deportación”, señala la fuente. No obstante, Amnistía Internacional también ha documentado la devolución a Turquía de algunos solicitantes de protección sirios sin darles acceso al asilo.

“Hay menores no acompañados encarcelados”

El centro de expulsión de Isikent, a las afueras de Esmirna, es un edificio gris que se camufla entre naves industriales en un polígono. Aunque el inmueble es pequeño, dentro podría haber más de 200 refugiados y migrantes encerrados a la espera de su deportación, según los letrados entrevistados por este medio.

“El edificio tiene cuatro sótanos donde los refugiados, sometidos a los abusos de la policía, viven en condiciones deplorables”, sostiene una abogada que ha sido la representante legal de un refugiado kurdo de nacionalidad siria internado en el centro. “La gente se amontona en salas pequeñas en las que pueden llegar a dormir hasta 10 personas y la policía solo les permite salir al aire libre cinco minutos al día”, añade la entrevistada, que prefiere mantener el anonimato por cuestiones de seguridad.

Cuando la abogada se acerca a la fachada del centro de deportación de Isikent, tres niños pequeños la saludan efusivamente desde una ventana, encerrados entre barras. “En los recintos de internamiento hay criaturas con sus familias e incluso menores no acompañados que están encarcelados”, corrobora la jurista.

“Según establece la ley, en Turquía se puede internar a los niños si están con su familia, pero los menores que están solos y solicitan protección internacional no deberían ser arrestados”, puntualiza la jurista que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión. Sin embargo, la defensora critica que el Gobierno turco no cumple la legislación: “Tenemos referencias de muchos casos de menores refugiados que han sido detenidos en centros de expulsión sin ningún tipo de derecho”.

Según denuncia, “hace siete meses, en Esmirna había al menos 100 niños que estaban internados”. Por otro lado, la jurista también recalca que los menores encerrados dentro de los centros de deportación no reciben educación ni protecciones especiales. “Su situación es igual que la de los adultos: los niños pueden estar encarcelados durante un año entero hasta que les expulsan o bien les dejan libres”, precisa.

En un comunicado en su página web oficial, la Dirección General de Migraciones turca da por hecho que hay niños encerrados en los centros de repatriación, pero que los menores no acompañados y las familias se recluyen en espacios distintos del resto de internos donde hay ciertos servicios garantizados.

El organismo también asegura que el Gobierno turco ofrece educación para los niños, atención sanitaria y permisos para el acceso de abogados o familiares que quieran visitar a los reclusos. Según todos los letrados consultados, la Administración turca “no cumple con las garantías más básicas” en la mayoría de centros de expulsión.

“La policía abusa de ellos de manera impune”

Abdul-Karim Ayash, un joven kurdo de nacionalidad siria, estuvo encerrado en el centro de Isikent al menos tres meses. Su detención se produjo en un control callejero en Esmirna, cuando dos agentes policiales “le acusaron sin pruebas” de formar parte de las milicias kurdas del YPG, según explica la que ha sido su representante legal.

“La policía acusó a Abdul-Karim de terrorismo por el simple hecho de ser kurdo y lo encarceló directamente en el centro de deportación”, denuncia su abogada en aquel momento. Dentro del recinto de internamiento, “igual que el resto” de personas encerradas, el chico estaba “casi incomunicado por completo”, dice la defensora. El joven no podía recibir visitas de su familia ni hacer llamadas telefónicas.

La letrada consiguió acceder al centro de internamiento para hablar directamente con él después de superar muchas trabas. La visita duró unos pocos minutos. La abogada explica que quería ver personalmente al refugiado de Rojava después de que los agentes de seguridad de Isikent “lo agredieran a puñetazos” el día anterior.

“Abdul-Karim se quejó de las condiciones deplorables del recinto y la policía respondió a golpes”, denuncia la jurista, que precisa que la agresión “no es un caso aislado”, sino que es “la tónica general” en los centros de deportación. “El trato hacia los refugiados es horrible: la policía los agrede y abusa de ellos de manera impune”, lamenta la abogada, cuya última visita al refugiado se produjo hace un mes. Sin embargo, ya no le representa legalmente y asegura desconocer si aún sigue recluido.

Falta de información

En Turquía, las vulneraciones de los derechos más básicos en los recintos de internamiento son continuos, según los abogados, pero se desconoce con exactitud los abusos que se cometen en su interior. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado situaciones similares en otros centros de expulsión turcos, como el de la localidad de Erzurum. La ONG denunció en 2015 varios casos de “abusos físicos y malos tratos” en estos centros.

“Durante su estancia se les impidió contactar con el mundo exterior, incluidos abogados o familiares”, señalaba entonces la ONG, que un año después del acuerdo entre la UE y el país vecino, ha manifestado su “honda preocupación sobre lo que les ocurre a quienes son devueltos a Turquía dado que ningún observador independiente tiene acceso” a estas instalaciones.

“No tenemos información clara de qué sucede en los centros de deportación porque el Estado turco es totalmente opaco en su gestión y nos deniega el acceso”, señala un letrado. Los abogados sostienen que estos obstáculos impiden que los refugiados “tengan constancia de sus derechos, que solo conocen a través de los letrados”.

Una vez arrestados por la policía, los internos también corren el riesgo de sufrir una odisea por los distintos recintos de Turquía, señalan. “A menudo, la gente cerrada en los recintos de expulsión es trasladada de un lugar a otro sin previo aviso”, comenta Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Libertad. “Muchas veces no tenemos capacidad para seguirles el rastro y hay personas que son deportadas antes de que puedas hacer nada”, se queja el abogado, que vio que varios solicitantes de asilo de Bangladesh eran “expulsados de Turquía días después de que no se le permitiera acceder” como letrado en el centro de internamiento donde estaban recluidos.

Según datos del centro de investigación Global Detention Project (GDP), que estudia los métodos de detención a personas migrantes en todo el mundo, el Estado turco tiene capacidad para recluir a más de 6.800 personas en las infraestructuras que tiene habilitadas por todo el país. Aún así, “el Gobierno turco nunca ha dado informaciones exactas de cuántos refugiados están encerrados y a la espera expulsión, pero creemos que el número es muy alto”, comenta Deman Güler.

Para el abogado y experto en derechos humanos, sin embargo, la práctica de encerrar a los solicitantes de asilo se ha incrementado desde el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo de 2016. “El internamiento en centros de deportación y las condiciones deplorables que se sufren en su interior son un método para conseguir que los refugiados se rindan y soliciten el retorno voluntario a su país”, concluye.

El limbo legal de los refugiados en Turquía

Actualmente, las estadísticas del gobierno de Ankara indican que más de 3,5 millones de refugiados residen en Turquía. “Suponemos que la mayor parte de personas registradas proceden de Siria”, indica Güler. “Hay muchos refugiados de otras nacionalidades, pero los recuentos oficiales no exponen informaciones más concretas sobre su origen”, añade el abogado.

ACNUR, a través de datos recopilados en enero de 2017, estima que en territorio turco habría alrededor de 130.000 refugiados de Afganistán. No obstante, según su ley nacional de protección internacional, Turquía no concede asilo a refugiados que no provengan de Europa y solo se considera un país de tránsito donde se puede solicitar protección a Naciones Unidas para ser trasladado a otro país. “La gente procedente de países en guerra que no forman parte de la UE no recibe el estatuto de refugiado porque Turquía no ha aplicado por completo la Convención de Ginebra de 1951”, explica Güler.

“A nivel jurídico, el Estado turco establece dos sistemas diferentes para gestionar la situación legal de las personas establecidas en el país que huyen de conflictos armados”, comenta otra letrada. “Bajo los sirios recae una legislación que teóricamente les garantiza un tipo de protección temporal muy limitada”, especifica. “Pero la gente de Afganistán y los refugiados de otras nacionalidades que no sean sirias solo pueden llegar a obtener la consideración de solicitantes de asilo”, precisa.

La Unión Europea y Turquía aprobaron en marzo de 2016, cuando las llegadas masivas de migrantes a las fronteras comunitarias eran ya habituales, una declaración política por la que ambas partes se comprometían a eliminar el problema. Bruselas puso en común toda la batería de medidas individuales que se habían aplicado de forma aislada para poner en marcha un convenio que pretendía atajar la situación y al mismo tiempo disuadir futuros movimientos. Más de un año después de su aprobación, sin embargo, el acuerdo ha supuesto únicamente un tapón improvisado que no ha ofrecido soluciones definitivas para los problemas que motivaron su firma, y que al contrario ha generado nuevos elementos de tensión que añaden incertidumbre a la situación y que provocan que el balance del acuerdo un año después de su puesta en marcha no sea positivo.

La gran respuesta de la Unión Europea a una crisis migratoria que pone de relieve el retraso en la aplicación de medidas como el Sistema Europeo Común de Asilo ha pasado por repetir una práctica ya muy extendida desde los años 90, la firma de acuerdos de externalización para que sean otros países los que gestionen sus obligaciones migratorias. A pesar de que todos estos países tengan características comunes, el caso de Turquía es especialmente particular. Las últimas décadas han sido convulsas para este país, con un aislamiento progresivo y la drástica reducción en las condiciones democráticas, de acuerdo a todos los observatorios al respecto. Por ello, muchas organizaciones pro derechos humanos criticaron la posibilidad de este acuerdo, al entender que los impedimentos para que éste fuera aprobado eran demasiado grandes como para proseguir.

La elección de Turquía no fue casual. Comparte con Grecia la frontera del Egeo, una de las zonas de entrada de migrantes más concurridas, y al mismo tiempo tremendamente mortífero. Para acabar de convencer al gobierno de Erdogan de que aceptase este acuerdo, Bruselas se empleó al máximo, ofreciéndoles viejas demandas como la exención de visados a los ciudadanos de ese país o la reapertura definitiva de las negociaciones de entrada en la UE. El acuerdo se formalizó a principios de 2016, y recogió la mayor parte de reivindicaciones de Ankara, así como una generosa subvención económica con la que Turquía debía reformar su sistema de asilo. Las condiciones a cumplir eran sencillas y claras, y solamente quedaba llevarlas a cabo.

Un año después, sin embargo, la situación ha tomado un giro dramático. El periodo de tiempo en que el acuerdo ha estado vigente podría resumirse afirmando que la Unión Europea ha cumplido con sus compromisos, e incluso con excesivo afán en algunos casos, mientras que Turquía no ha llegado a los mínimos. Bruselas puso en marcha la liberalización de documentos de visados aun cuando su nuevo socio no había reformado, como se le exigía específicamente, la legislación antiterrorista. Tampoco ha variado su rumbo tras las sucesivas provocaciones del gobierno de Erdogan y la radicalización de este tras el golpe de Estado fallido del pasado julio. Europa tiene cada vez menos argumentos con el acuerdo en marcha.

Por su propia estructura, el acuerdo no debería de haberse aprobado, al vulnerar los derechos de los migrantes. Sin embargo, Bruselas podría haberlo justificado si este hubiera venido acompañado de las necesarias medidas de reforma del sistema de asilo europeo. Esta declaración ha servido para dejar al descubierto la preocupante debilidad de la Unión Europea y su acuciante pérdida de autoridad, y para colocar a Turquía en una posición de poder que le permite imponer sus exigencias encontrando nula oposición. Por todo esto, la única solución es la ruptura inmediata del acuerdo, y que Europa retome el pulso y la iniciativa en la gestión migratoria. Solamente así podrá corregirse el rumbo, constatando que no valen soluciones precipitadas para solucionar un problema de esta magnitud.

Felipe Manchón Campillo, periodista y comunicador político

De la 'crisis de los cayucos' tras el cierre de la ruta del Estrecho de Gibraltar en 2006 a las imágenes de barcas cargadas de refugiados en la isla de Lesbos. Según un informe de Podemos, los resultados de que países terceros como Marruecos, Libia o Turquía ejerzan de “tapón migratorio” son similares: “Descenso de las llegadas, aumento de las muertes, apertura de nuevas rutas más largas y peligrosas, empresas de seguridad aumentando sus beneficios y unas mafias reinando en el mercado negro de las migraciones generado por el cierre de rutas legales y seguras”.

Son las conclusiones del documento que la formación política ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados con el objetivo de analizar la “progresiva externalización de fronteras” que ha marcado, dicen, la política migratoria de la Unión Europea en los últimos años. Un repaso histórico con un punto de partida: el acuerdo con Turquía para contener las llegadas por el Mar Egeo en marzo de 2016, un pacto que la organización califica “informal”, ya que “nunca fue ratificado por institución democrática alguna”. 

Desde entonces, “las personas migrantes parecen estar cada vez más condenadas a quedarse varadas en tránsito, sin un hogar al que poder volver y con un destino que les cierra las puertas”, critica el documento. Pero el acuerdo con el país otomano, según Podemos, solo supone un “salto de escala y cualitativo” en la dirección que las instituciones comunitarias emprendieron hace dos décadas. 

De Schengen al nuevo Plan África

El informe se remonta a la creación del espacio Schengen en los años ochenta. “Para asegurarle a algunas personas ese derecho de movilidad sin fronteras interiores, había que negarle el derecho de entrada a quienes no pertenecían a dicho club, reforzando para ello las fronteras exteriores”, opinan los autores.

“Endurecer las condiciones de entrada y permanencia para nacionales de terceros países, recortar el derecho al asilo, reformar las leyes sobre extranjería, levantar muros con concertinas” o “firmar acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito” son, de acuerdo con el texto, algunas de las acciones llevadas a cabo por varios Estados miembros en estos años.

Así, recuerda el acuerdo de Italia con “la Libia de Gadafi para subcontratar una policía de fronteras a cambio de fondos y favores diplomáticos” o el caso “paradigmático” de la gestión española de la frontera Sur del continente mediante la cooperación con Marruecos. “El acuerdo UE-Turquía ha inaugurado una política migratoria en la que España es la avanzadilla”, ha recalcado el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán durante la presentación del trabajo.

“Nosotros hemos sido el laboratorio con las devoluciones en caliente, las deportaciones de menores o el uso de concertinas y municiones”, reitera la senadora Maribel Mora. “Europa invisibiliza las medidas fronterizas a la opinión pública, normaliza vulneraciones de derechos humanos y los vacía de contenido, como ocurre con el derecho de asilo. Esto ya lo comenzó a hacer España en los años ochenta con los primeros migrantes subsaharianos en Ceuta y Melilla”, prosigue. 

La “externalización de fronteras” de la UE ha entrado, según la formación morada, en una nueva etapa en la que el proceso se “profundiza”. Y pone como ejemplo el acuerdo bilateral con Afganistán, firmado después de la declaración de Turquía “para facilitar el retorno y la readmisión de los nacionales afganos”, el segundo grupo más grande, después de los sirios, que solicita asilo en Europa. “Elimina uno de los países emisores más importantes gracias a una declaración de 'país seguro' más que discutible”, aseguran en el informe.

El documento también se refiere al “nuevo Plan África” anunciado en las cumbres de Malta y la puesta en marcha de la Agenda Europea de las Migraciones que “abre la puerta” a “replicar acuerdos bilaterales como el firmado con Turquía”. Según cálculos del grupo político, la Comisión Europea prevé invertir un total de 8.000 millones de euros en “países como Líbano, Jordania, Libia o Egipto, pero incluía también a otros como Sudán o Eritrea, gobernados por regímenes autoritarios”.

A cambio, apuntan, estos países “se comprometen a trabajar para hacer más efectiva la repatriación de migrantes en situación irregular sin derecho a recibir asilo”. El objetivo, según recalca el partido, es “pagar para que retengan en sus territorios o repelan, lejos de cualquier mirada impertinente, a quienes quieren llegar a Europa, pudiendo cometer en ese proceso violaciones de Derechos Humanos que los países europeos, auto-erigidos en guardianes de la democracia y los 'valores', no podrían permitirse de cara a la opinión pública”, sentencian.

Críticas al “negocio” de las fronteras

El partido explica en detalle la evolución de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), “que de tener un papel residual, ha pasado a ser la piedra angular en el este modelo de gestión migratoria”, así como su refuerzo presupuestario: de seis millones de euros en 2005 a 330 millones de euros en 2017. “Su papel en los hotspots –centros de registro– y en los retornos forzados o expulsiones”, lamentan los autores, “hacen ver que, en la práctica y a pesar de las buenas palabras, el papel de esta agencia está centrado en la misma óptica securitaria y de externalización de fronteras”.

Relacionadas con Frontex, señalan, están “las empresas privadas que fabrican el material que necesita, especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta”. Entre 2007 y 2013, la Unión Europea ha invertido 700 millones en protección de refugiados frente a 2.000 millones en seguridad fronteriza, de los que se han beneficiado corporaciones como Indra, Airbus o Thales, siempre según datos del dossier. “Una vez más las empresas han fabricado un boyante segmento de negocio  y mucho más justificable ante la opinión pública que el de la defensa pura y dura”, sostienen.

La organización enmarca todo ello en un contexto de ascenso del “populismo xenófobo” en Europa y de “cosificación y estigmatización” de quienes migran, “convertidos en chivos expiatorios” desprovistos de su condición de sujetos de derecho. “Las políticas de austeridad están ligadas al aumento de la xenofobia política porque generan escasez y canalizan la guerra entre los últimos y los penúltimos”, asevera Urbán. “Estamos ante una 'lepenización' del espíritu de la política europea, todos empiezan a hablar como ella”, añade. 

En el informe también hay espacio para la crítica a los medios de comunicación y las imágenes y mensajes que construyen “una idea que sobrevuela los imaginarios de espectadores y ciudadanos: invasión, peligro, amenaza”. El círculo se cierra, a su juicio, con “la represión del 'enemigo' en forma de normativas excepcionales y vulneradoras de derechos fundamentales”. 

“Evidentemente, que más de un millón de personas llegue a las fronteras europeas en apenas unos meses constituye todo un desafío en términos migratorios, logísticos y humanos. Pero tampoco nos hagamos trampas: ese reto no era a priori tan 'desbordante' como se nos ha intentado contar”, concluyen en referencia al número de personas que ha llegado a Europa desde 2015, que “apenas representa el 0,2% de una población de 500 millones”.

Ante este escenario, la formación política propone que se abran vías seguras de llegada al continente europeo, entre ellas, que se pueda solicitar asilo en las oficinas diplomáticas de los Estados de la UE en países de tránsito. “Lo vamos a llevar dentro del paquete de medidas en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado”, adelanta la diputada Ione Belarra. Asimismo, pide que se deroguen los acuerdos firmados con Turquía, Afganistán, Libia y Marruecos y se “suspenda el derecho al voto y la capacidad de representación” a los Estados miembros que “incumplan” los acuerdos en materia del derecho a movilidad. 

Cada vez que visitaba la clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mytilene, la ciudad más poblada de la isla griega de Lesbos, me encontraba frente a frente con algo que nunca antes había visto. Aquello era tan impactante que una vez, cuando alguien me preguntó por mis impresiones, solo se me ocurrió una manera de describirlo: “Mytilene, el lugar donde la gente ya ha perdido completamente la esperanza”.

La clínica en Mytilene no está lejos del campo de detención creado por la UE (hotspot, lo llaman ellos), así que los solicitantes de asilo y los migrantes acuden a nosotros para recibir tratamiento médico mientras esperan a que alguien, en algún siniestro despacho, decida si podrán permanecer en Europa o si por el contrario serán expulsados.

Lo que más me impactó de mi primera visita, allá por el mes de noviembre, fue la imagen de todas aquellas personas viviendo en pequeñas tiendas oscuras; acurrucadas las unas junto a las otras. Era otoño y llovía bastante. Por eso, fuera de las tiendas, alguien había hecho pequeñas presas de tierra para tratar de contener el agua que bajaba por la colina y que entraba en sus hogares.

Cada vez que pienso cómo Europa lleva meses manteniendo a miles de personas en esta miseria me hierve más la sangre. Moria, como la mayoría de los centros de detención de las islas griegas, alberga más del doble de personas de las que estaba preparado para recibir. La imagen de todos aquellos cuerpos durmiendo en el suelo, bajo la lluvia y el barro, me acompañará de por vida. Desde aquella primera visita tuve la certeza de que en ese lugar acabaría ocurriendo alguna desgracia. Y así fue.

A finales de enero, cinco personas murieron de frío en aquel centro de detención. Lucharon con todas sus fuerzas, pero no lograron sobrevivir a aquellas condiciones tan extremas de frío y nieve. Cinco personas tuvieron que perder la vida para que las autoridades europeas se dignaran a hacer algo y comenzaran por fin a preparar el centro de detención para el invierno. Hasta entonces habían permanecido de brazos cruzados viendo cómo la gente se congelaba. Me indigna pensar que aquellas cinco muertes eran predecibles y que, por tanto, eran prevenibles.

La última vez que visité el campo, hace pocas semanas, las pequeñas tiendas ya no estaban y ya no había gente durmiendo sobre el barro. Las personas más vulnerables —los enfermos, los discapacitados, los más jóvenes y los ancianos— habían sido trasladadas a hoteles y apartamentos de la isla. Moria estaba limpia, y yo debería haberme sentido feliz. Sin embargo, no era así. Estaba furioso por cómo había mejorado la situación en tan poco tiempo ¿Cómo habían sido capaces de arreglar tantas cosas en apenas cinco semanas cuando antes costaba meses llevar a cabo el más pequeño de los trámites? ¿Por qué se habían dado tanta prisa en maquillar la situación ahora que el invierno prácticamente ha terminado? La gente llevaba viviendo en unas condiciones terribles desde hacía seis meses; algunos incluso un año, así que, si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes?

Así que sí, la situación en el centro de Moria ha mejorado mucho, pero no nos llevemos a engaño: a día de hoy, nuestro equipo médico sigue atendiendo las consecuencias psicológicas que ha provocado en muchos de nuestros pacientes todo ese innecesario sufrimiento.

Las personas que he conocido en Moria huyeron de la guerra en Siria, de las persecuciones en Irán, de la violencia en Irak, de los grupos armados de la República Democrática del Congo, de la discriminación en Nigeria, de la pobreza en Argelia y de otras muchas situaciones desesperadas. Viajaron miles de kilómetros a lo largo de algunas de las rutas más peligrosas imaginables. Muchos fueron violados, golpeados, intimidados o robados, y los que sobrevivieron a todo este sufrimiento tuvieron que ver cómo muchos de sus amigos y de sus familiares no lo conseguían.

Una décima parte del trauma que sufrieron y de las atrocidades que presenciaron bastaría para hacer saltar la resistencia de cualquiera de nosotros. Sin embargo, de manera heroica y haciendo gala de un enorme valor, aquellas personas que conocí en Moria lograron seguir adelante. El sueño de llegar a un lugar en donde por fin podrían sentirse seguros les sirvió para mantener la esperanza y para seguir creyendo en que lo conseguirían. ¿Y sin embargo, cuál es la verdadera situación que se han encontrado al llegar a Europa? Más dolor, más trauma y la recompensa de tener que vivir en unas condiciones inhumanas. Y esta vez, los perpetradores no son grupos criminales, ni fuerzas de seguridad. Tampoco se trata de grupos armados en mitad de una contienda. No, esta vez, las personas que están infligiendo son los líderes europeos y sus políticas y, por extensión, los ciudadanos de la Unión Europea. Esta vez, los responsables somos nosotros.

Algunos de nuestros pacientes no quieren o no pueden hablar, muchos no pueden dormir y otros tienen la sensación física de que su corazón estuviera a punto de explotar. Hemos visto a gente autolesionarse en lo que parecía un intento de externalizar su dolor y de no permitir que éste se pudriera en su interior. Muchos nos dicen que han contemplado la opción de suicidarse, pues lo ven como la única manera de poder salir de la isla. Cuesta mucho llegar a procesar que alguien prefiera morir a quedarse en aquel lugar, pero supongo que eso sirve para ilustrar bastante bien hasta qué punto eran degradantes las condiciones de vida en Moria.

En una de mis visitas a Lesbos tuve la oportunidad de conocer a un hombre que estaba sufriendo una angustia terrible. Su hermano estaba pensando seriamente en poner fin a su vida y MSF le proporcionó atención psiquiátrica urgente.

Sin embargo, no hay ningún medicamento que haga tolerable la vida en un espacio tan deshumanizante. Era como si estos dos hermanos hubieran sido abandonados a su suerte en medio del mar; uno estaba dispuesto a rendirse y morir ahogado; el otro intentaba desesperadamente mantener a los dos a flote. Patadas, forcejeos y una dura lucha para no sobrevivir. El estrés que uno debe sentir en una situación así debe ser inimaginable.

Si me preguntan cuál es la solución al problema, yo lo tengo claro: los líderes de la UE deben despertar de una vez. Presumen del éxito que está teniendo el acuerdo que se alcanzó hace un año con Turquía, al tiempo que dan la espalda a millones de personas que han huido de las atrocidades, de la pobreza y de las persecuciones.

Llevo siete años trabajando con MSF en distintos lugares del mundo. Y aunque he presenciado una gran cantidad de sufrimiento, también es cierto que he visto mucha esperanza en la mayoría de las personas que traté en Afganistán, Siria o Libia. La vi incluso en aquellas personas afectadas por Ébola en África occidental; incluso en los momentos más difíciles.

En este tiempo, he aprendido que la gente puede recuperarse de los traumas, de las enfermedades más crueles y de las heridas más complicadas; hasta aquellos que están más débiles, a veces sacan fuerzas de donde no las tienen para lograr sobrevivir.

Y sin embargo, el estrés psicológico y físico que las políticas de la UE infligen a los solicitantes de asilo y a los migrantes resulta injusto, paralizante y a veces es incluso mortal. Es intolerable que Europa sea hoy en día el lugar donde la gente pierde la esperanza. Pensé que nunca tendría que ver algo así, pero lamentablemente ya está pasando.

“Tengo la sensación de que siempre estaré aquí. Si pudiera, me iría andando inmediatamente a Alemania”. Desde que huyeron a Grecia, el día a día de los refugiados que permanecen en los campos se reduce a esperar. Esperar a que se abran las fronteras, a que suene el teléfono con la llamada que les citará para comenzar los trámites de reubicación y empezar una nueva vida. Mientras, pasan las horas, los días, los meses, y las miradas se dirigen a una Europa que se aleja de su imagen de “tierra de la solidaridad”. 

Los campamentos del norte griego parecen pequeños municipios. Los propios refugiados abren pequeños comercios de alimentación, peluquerías, sastrerías y talleres de reparación de bicicletas. En algunos también pueden comprar ropa o jugar en un parque infantil.

También se pueden hacer talleres de fotografía, de teatro, socioeducativos, sanitarios y para mujeres pero a la hora de lavarse los dientes, usar el váter o limpiar los platos, tienen que hacerlo sobre unos fregaderos al aire libre o sobre un cubo junto a la jaima.

Les dan comida y algo de ropa. ¿Qué más quieren? Lo más básico: salir del país y terminar con una espera eterna que está causando graves problemas psicológicos. Los especialistas consideran que, algunos casos, pueden ser irreversibles.

La espera, que en la mayoría de los casos supera el año, es lo que convierte a Grecia en un no lugar, un espacio de estancia fija protagonizado por la ausencia de información sobre su futuro, por el control de sus vidas en el que se vulnera el derecho a la vida digna y a la movilidad. 

Solo en las islas griegas, cuando se cumple un año de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, más de 14.400 migrantes aguardan en los campos. Un total de 1.504 personas han sido devueltas al país otomano, según datos de la Comisión Europea. 

Son las seis y media de la tarde y Mahmud –nombre ficticio, quiere guardar su anonimato– se acuesta a dormir sobre un fino colchón de diez centímetros en la jaima en la que vive desde hace nueves meses en un campamento de refugiados del norte de Grecia, a las afueras de Salónica. Se echa por encima una manta gris, se gira y cierra los ojos. Ni las voces de sus amigos mientras toman un té ni la música consiguen despertarle durante una hora.

Vive con cuatro chicos sirios de entre 21 y 30 años. Él es el mayor del grupo, tiene 34, y hoy su gesto y su mirada desvelan que su preocupación ha aumentado, a pesar de que le han comunicado que lo van a trasladar a un hotel, pero sin aportarle más información sobre su proceso.

Pocas veces participa en las conversaciones. Un cigarro y un vaso de té le acompañan en la mirada perdida. “La vida antes era maravillosa. Tenía casa, tenía trabajo, pero la guerra ha destruido la ciudad. Lo he perdido todo, mi vida, mi amor. Y aquí he perdido la salud”, relata.

Desde que llegó a Grecia ha perdido 11 kilos. Los nervios y la presión no le permiten comer, le causan grandes dolores de cabeza, un grave insomnio y asegura no sentir a veces la parte izquierda de su cuerpo. “Estoy vivo por la medicación. Los nervios y la presión me han roto el estómago”, comenta a medio camino entre la rabia y la tristeza.

En febrero del año pasado llegó a Lesbos agarrado a una embarcación de goma y con su cuerpo en el agua por el exceso de personas. Antes de la llegada del invierno dejaba el campamento y andaba durante diez kilómetros hasta Salónica. Iba a la playa. Buscaba la desconexión, le servía para lanzarse mensajes esperanzadores: “Mañana será mejor. O pasado. Seguro que algún día abrirán las fronteras”.

Pero esa sensación se ha esfumado. Cuando llegaron el frío y las nevadas, dejó de hacerlo. Ahora, una ONG griega que brinda apoyo psicológico a refugiados en los campamentos le da una breve tregua de desconexión a sus preocupaciones. Pero dos o tres horas después regresa a su realidad.

Sus compañeros de jaima han preparado la cena en una olla. Pese a la insistencia, rechaza comer. Antes de irse a dormir, se resguarda en una esquina, se lía un cigarro y navega con el móvil gracias a la red wifi del campamento que, paradójicamente, se llama ‘red Hope’ ('esperanza' en inglés). 

A la mañana siguiente, Mahmud entra en la jaima, se lía un cigarro y calienta agua para tomarse un café. Y el día vuelve a empezar, igual que ayer, igual que mañana, aunque le hayan comunicado que irá a un apartamento u hotel a esperar el inicio de una nueva vida.

“¿Crees que soy el único? Todo el mundo aquí tiene problemas. De hecho hay muchos que están peores que yo”, añade. “¿Esto es Europa?, ¿dónde está la humanidad?”, pregunta. Una realidad común a las más de 60.000 personas que, según la Comisión Europea, están en Grecia varadas, tanto a la espera de una reubicación como temiendo la deportación.

“Llevo cuatro meses esperando la entrevista”

Llegó a Grecia sola con sus cinco hijos. Esta joven siria de 25 años jamás imaginó que se encontraría en esta situación. Ha vivido durante meses en tiendas de campaña, en contenedores habitables y ahora en una vivienda. No sabe nada de su familia desde que salió de Siria hace cuatro años.

“Tengo la sensación de que siempre estaré aquí. Las fronteras son injustas, solo piensan en ellos, no en los refugiados. Si pudiera, me iría andando inmediatamente a Alemania”, comenta. “Todos los días son difíciles”, concluye.

El tiempo transcurre en Grecia sin descuidar el teléfono móvil a la espera de la llamada que les cite para acudir a las diferentes entrevistas dentro del proceso de reubicación y reunificación. “Llevo cuatro meses esperando este día”, comenta un joven en el campamento de Nea Kavala tras regresar de una de las entrevistas del proceso de reubicación. Pese a ello, no lo dice con entusiasmo. La experiencia de los demás no le permite tener un aliento de esperanza. “Sé que voy a tener que esperar más meses para la última entrevista y, después, otros meses hasta que llegue al destino”, sentencia.

Otro solicitante de asilo centra su rabia en las instituciones. “Nos hemos quedado sorprendidos de lo que es Europa. En Siria la gente pensaba que era la tierra de la solidaridad, de ayudar, pero nos hemos sorprendido”, opina. Un joven palestino nacido en Siria califica el cierre de fronteras como “traumático”. “La ONU nos decía que abrirían las fronteras, pero nunca lo hicieron. Hemos perdido toda la esperanza y la paciencia”, añade.

“Para mí, esto no es Europa”

El 23 de febrero se cumplió un año de la llegada de Mouyad a Grecia con su mujer, sus cinco hijos (3, 9, 14, 15 y 17 años), su madre de 70 años –que no puede andar– y la familia de su hermana. “Desde el primer momento que llegamos aquí, estamos esperando. Primero junto a la frontera, luego para la primera entrevista, la segunda…y ahora llevo tres meses esperando a que me llamen para la última”, comenta con resentimiento. 

“Ya pusimos en peligro nuestras vidas para llegar aquí y mucha gente está pensando en volver a hacerlo, pero sin dinero, sin esperanza”, apunta Mouyad. “Para mí, esto no es Europa. No vine a Europa a estar sentado, a que me den dinero y comida. Vine a encontrar trabajo, soy una persona responsable. Solo queremos una oportunidad”, critica.

Con las mejoras en los campamentos, Mouyad se pregunta por qué ofrecen todos estos servicios. “¿Significa esto que vamos a estar mucho tiempo? Y así ha sido. Pusieron aseos, baños, centro médico, una escuela grande, muchas cosas para niños, supermercado para comprar ropa y verduras. Cuando vimos eso empezamos a pensar '¿cuál es la situación real?, ¿cuál es el plan?' Pero nadie nos dijo nada”, añade.

“No tenemos el control de nuestras vidas. Estamos en una granja muy grande y hay un muro a nuestro alrededor. Puedes correr cuándo y dónde quieras, pero nunca podrás ir al muro, a la frontera”, denuncia Mouyad. Se sienten, dice, como ovejas en la granja en la que han convertido, para ellos, toda Grecia: son movidos de un lugar a otro sin ningún tipo de información y sin un lugar a dónde ir, a menos que se lo indiquen.

“Sufren estrés, dolor por las pérdidas e inseguridad”

La ONG griega Praksis ofrece, entre sus proyectos, asistencia psicológica a las personas en búsqueda de refugio en los campamentos, cada vez más vacíos por el traslado a hoteles y apartamentos, donde también trabajan. “Sobre todo, sufren fuertes procesos de estrés, dolor por las pérdidas e inseguridad por desconocimiento de no saber cuándo se irán, lo que en muchos casos los conduce a la depresión, al insomnio y ausencia de apetito”, explica Fotimi Kelektsoglou, coordinadora de circunstancias urgentes en el norte de Grecia.

“Depende de la persona, pero puede que haya gente a la que el trauma le acompañe el resto de la vida”, añade. Ante el nivel de desesperación por las condiciones y la espera, numerosos refugiados han tomado la decisión de regresar a su país, en guerra, antes que seguir en esta situación. El problema no acaba cuando les informan de la recolocación. Será el fin del viaje y el más extremo inicio de una nueva vida para la que están esperando desde hace un año.

Fotimi coincide y comparte el uso de “genocidio psicológico” para describir la situación de no lugar en el que se ha convertido Grecia, causada por las políticas europeas migratorias de cierre de las fronteras y la lentitud y pasividad en el cumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados acordados por los países de la UE. De esta forma, han configurado a Grecia como un estado de excepción que afecta, exclusivamente, a un grupo de personas que, por el mero hecho de su procedencia, carecen de unos derechos que cualquier otra persona posee.

El Tribunal de Justicia la Unión Europea ha desestimado el recurso de tres solicitantes de asilo contra el acuerdo UE-Turquía que pretende devolver a todas las personas que lleguen a las islas griegas de forma irregular, incluidos los solicitantes de asilo. La Corte concluye que el pacto fue alcanzado por los Estados miembros, no por el conjunto de la UE, por lo que asegura no tener competencia para estudiarlo.

La decisión del Tribunal se basa en el estudio de la identificación de los autores de la 'Declaración de Turquía'. Según reza el auto, en el comunicado de prensa del 18 de marzo, en el que la UE informó acerca del acuerdo, existen “imprecisiones” ya que mientras indica que “fue la Unión” quien decidió determinadas líneas de actuación“, por otro lado, ”fueron los miembros del consejo europeo“ quienes se reunieron con su homólogo truco.

En sus alegaciones, el Consejo Europeo ha presentado una serie de pruebas de las reuniones mantenidas a lo largo de 2016 y 2016 entre los jefes de los Estados miembros y su homólogo turco. Con ello defiende que no fue la Unión como institución quien protagonizó las negociaciones con Turquía y suscribió el pacto, sino “los Estados miembros, como actores de derecho internacional”.

Después de hacer un repaso de la documentación aportada por el Consejo Europeo, la Corte concluye que “ni el Consejo ni ninguna otra institución de la Unión han adoptado la decisión de celebrar un acuerdo con el Gobierno turco en relación con la crisis migratoria”.

En esta línea, el TJUE sostiene que no ha existido “un acto de una instución de la Unión”, cuya legalidad pueda ser controlada por la Corte –dado que solo puede hacerlo cuando está detrás una institución comunitaria–. “Dicho acuerdo habría sido alcanzado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión y el Primer Ministro turco”, resume.

En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía alcanzaron un pacto con el objetivo de devolver a todos los solicitantes de asilo que llegasen a las islas griegas desde el país euroasiático, incluidos solicitantes de asilo. Finalmente, el acuerdo se denominó “declaración”, lo que en la práctica descarta responsabilidades legales, según fuentes jurídicas.

Uno de los recusros fue presentado en el mes de marzo por Shabbir, uno de los miles de refugiados que ha llegado a las costas griegas y a quien un tribunal de Atenas le negó el derecho al asilo. Shabbir tuvo que huir de Pakistán por defender a un vecino suyo cristiano perseguido por grupos extremistas, y en el trayecto hasta Europa perdió a su padre.

La iniciativa legal, que está respaldada por juristas y entidades en favor de los Derechos Humanos, buscaba dejar sin efecto el pacto suscrito con Turquía.