Pintan una tormenta perfecta que combina escasez de recursos como el petróleo o el gas que están provocando conflictos bélicos en todo el planeta con una crisis ambiental galopante azotada por el calentamiento global.

El bautizado como 'No Normal Tour' llega a Castilla-La Mancha “para analizar las consecuencias y las posibles medidas por la crisis del estrecho de Ormuz” y que es tan solo la última de una larga lista en todo el planeta en los últimos años.

Se trata de una “iniciativa ciudadana” autogestionada que han auspiciado científicos y divulgadores de toda España, y que se están apoyando “personas preocupadas por el momento histórico que estamos atravesando”, para trasladar el mensaje que que algo tiene que cambiar en el planeta. Lo explicaba este miércoles Lorenzo Flores, uno de los dinamizadores del encuentro en Ciudad Real, junto a las activistas Patricia Grande y Carmen Ciudad.

El objetivo es alertar de que la “normalidad”, tal y como se conocía, “ha llegado a su fin” y la sociedad se enfrenta a “un cambio profundo e irreversible”.

Durante la sesión, que ha podido seguirse online y que se repetirá en los próximos días en Albacete y Guadalajara, se han analizado las consecuencias reales de la situación actual: escasean los hidrocarburos -el gas o el petróleo- y otros materiales esenciales que permiten que el mundo se siga moviendo al actual ritmo de vida. Una dependencia que ya está teniendo los primeros efectos en la economía mundial y que, advierten, terminará llegando a España. También a lo más local.

“¿Por qué tenemos que actuar ya?” Porque tenemos una crisis ambiental y de recursos y eso lo sabemos desde hace 50 años“, señalaba Patricia Grande de Ecologistas en Acción. Ahora, con la guerra en Irán iniciada por Donald Trump ”todo se ha precipitado y nos entran las prisas por conseguir energía“, lamentaba.

En su charla se ha remontado a septiembre de 2025 cuando la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis de hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, que han experimentado una rápida caída de extracción a nivel mundial. “Esta no es solo una crisis energética sino ambiental: falta agua, hay destrucción de suelos y de la biodiversidad. No lo estamos notando mucho en España todavía, pero cada vez llegan menos recursos”, subrayaba.

Frente a eso, se ha puesto sobre la mesa el hecho de una transición energética fallida. “El sistema de energías renovables planteadas no sirven ni para la industria ni para el sector transporte”, ha opinado, renegando de “tecnologías milagrosas” como el coche eléctrico porque “tampoco sirven para todo el mundo, entre otras cosas por su precio”.

Tampoco convence el hidrógeno verde del que recordaba que “no es energía sino un vector energético, es decir, un producto que se consigue con otro tipo de energía, como la solar” y eso, apostillaba, “también es muy caro porque hay que consumir agua, porque es un elemento que se volatiliza fácilmente y del que se pierde un50% entre el proceso de almacenar y distribuir”.

Patricia Grande cree que tampoco pintan bien los combustibles orgánicos, el biogás o la biomasa. “La mayoría de ellos son contaminantes y no rentables. Lo único que se busca es la subvención”, ha asegurado, para zanjar que “la energía será cada vez más escasa y más cara”. Hay que actuar porque “además ”la crisis ambiental no espera“.

La energía será cada vez más escasa y más cara y además la crisis ambiental no espera

Patricia Grande — Ecologistas en Acción

'No Normal Tour' en Ciudad Real ha puesto el acento en los ejemplos que preocupan en Ciudad Real. “Producimos 4.500 megavatios de energía solar. El 95% son grandes plantas y el autoconsumo solo supone el 5%”. De esos porcentajes, un 60% se lo lleva la industria. “Eso quiere decir que no hay repercusión social”, decía Patricia Grande.

Ciudad Real produce más de lo que consume. “Nos sobran megavatios para exportar pero la red no es estable. Y aún así seguimos creciendo en proyectos fotovoltaicos”, criticaba.

Ha cargado contra los diversos proyectos de renovables que, desde su punto de vista, no resolverán el problema. Como el que se prepara para la localidad de Saceruela, que tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno de España, con una inversión de 245 millones de euros por parte del IDAE y que necesitará abastecerse de agua del río Agudo. A esta se sumarán otras plantas similares en Alcázar de San Juan o en Valdepeñas.

“Se proyectan 15 plantas de biogás en Ciudad Real que afectan a 154.000 habitantes para gestionar 2,7 millones de residuos que no tenemos en Ciudad Real. Nos los tienen que traer de fuera, no se sabe de dónde”, añadía en relación a otro tipo de tecnología renovable. “Daimiel tendrá la segunda plana más grande de España, para gestionar 486.000 toneladas anuales de residuos”. En Caracuel, un pueblo de 100 habitantes, la planta gestionará 220.000 toneladas al año.

La “preocupación” por la minería “especulativa” en Ciudad Real

En el análisis coincidía Carmen Ciudad, otra de las participantes en la charla divulgativa. “No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”, advertía.

Muchos de los conflictos bélicos tienen que ver con esta cuestión, según argumentaba: Ucrania y su gran riqueza en recursos minerales como las tierras raras, Gaza y sus reservas de gas, el petróleo en Irán o en Sudán del Sur o el caso de Níger, que produce el 5% del uranio mundial.

No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”,

Carmen Ciudad — Ecologistas en Acción

En lo local, mostraba preocupación por el avance de los proyectos relacionados con la minería en Ciudad Real: fosfatos para fabricar fertilizantes, oro, wolframio, plomo, zinc, tierras raras… “Esta es una minería altamente especulativa. Es negocio sin tener en cuenta implicaciones sociales o ambientales”, criticaba. A eso suma en su opinión una legislación española “obsoleta”.

¿Hasta dónde vamos a permitirlo y estar callados?, se preguntaba, porque “el impacto no es solo ambiental sino social y económico. Son pelotazos y , son un viaje hacia el empobrecimiento.

La activista pide un cambio del modelo económico y social, “con una transición pautada y planificada” porque “hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios”, decía, al señalar los excesos en la producción de plásticos y pesticidas que provocan contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, el calentamiento global por el exceso de energía acumulada por el planeta, la deforestación, el impacto en el agua dulce o la acidificación de los océanos.

“A eso se suman los eventos extremos. Si estos límites están sobrepasados cada vez serán menos raros. No volveremos a la normalidad, entendida como el equilibrio”. Desde su punto de vista “otra tecnología es posible, más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos”.

Ha reclamado “un cambio en la sociedad, en la forma de producir y de consumir. Se necesita una transición pautada y planificada”.

Nuevas citas en Albacete y en Guadalajara

En Castilla La Mancha se celebrarán tres charlas. Junto a la de este miércoles en Ciudad Real, el jueves 16 de abril tendrá lugar otra en Albacete, a las 19:00 en la Sala de Conferencias Antigua Comisaría. En Guadalajara se celebra el lunes 20, a las 19:00 en El Rincón Lento.

El impulsor de esta iniciativa en toda España es el físico del CSIC Antonio Turiel, y en ella se han implicado otras figuras de la Ciencia y la divulgación científica como Fernando Valladares y Yayo Herrero, entre otras personalidades, que abordarán, durante toda la semana en buena parte de la geografía española, los retos económicos, energéticos, climáticos y sociales que ya están impactando en la ciudadanía.

El mensaje central de la iniciativa es que no se recuperará el statu quo previo y que, incluso en escenarios favorables, el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidades económicas, largas y complejas cadenas de suministro y límites físicos, “obliga a repensar el modelo actual”.

En opinión de Lorenzo Flores “la senda actual nos lleva al colapso. No podemos violar las leyes de la física. Debemos recuperar saberes antiguos aplicando las nuevas tecnologías. Pero hablamos de un concepto que es de la tecnología bien aplicada”, matizaba, y enfocada a sectores imprescindibles para el ser humano, como la Sanidad. “Debe ser compatible con la vida en el planeta”.

Las sesiones, abiertas al público, buscan informar, generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en un momento clave. Las personas interesadas pueden consultar las fechas, ubicaciones y detalles de las charlas más cercanas en la web oficial del tour: www.nonormal.org

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.

El chófer del dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, ha respaldado ante el juez la versión de la empresaria Carmen Pano de que fue él quien la llevó en una de las dos ocasiones que ésta ha dicho que fue a la sede del PSOE en Ferraz para hacer sendas entregas de 45.000 euros en plena negociación para obtener una licencia de operador de hidrocarburos, aunque ha dicho que la dejó en el entorno de la sede y que vio que dirigía a la puerta pero no la vio entrar.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, el chófer de Rivas ha explicado que Pano llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón, que no sabía la cantidad exacta, aunque vio tacos de 5.000 euros en billetes de 50, y escuchó que eran 45.000 euros.

Ha relatado que ese día, a finales de 2020, ella le pidió que le acercara a la sede del PSOE porque tenía que hacer una cosa, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al llegar, según su relato, él se quedó en segunda fila en el Paseo del Pintor Rosales y vio a Pano dirigirse hacia la sede del PSOE en la paralela calle de Ferraz, ya que estuvo pendiente de ella por seguridad porque sabía que llevaba dinero. Unos diez o quince minutos después ella regresó y recuerda que ya no llevaba la bolsa, que no tampoco le dijo a quién se la entregó, y que después ella le llenó el depósito de gasolina.

Según la versión del chófer, un ayudante de Claudio Rivas, al que ha identificado como 'Lolo', fue el que llevó el dinero a casa de Carmen Pano, y que él oyó que eran 100.000 euros y que alguien, según escuchó, se había llevado de ahí 10.000 euros.

De esa cantidad total, siempre según lo que dice el chófer que oyó, la empresaria llevó 45.000 euros al despacho de Víctor de Aldama, lugar donde éste le condujo, y tras esperarla en la calle la llevó después a Ferraz para hacer la entrega de otros 45.000.

Carmen Pano siempre ha afirmado en sus comparecencias tanto en el caso Koldo como en el de hidrocarburos que llevó un total de 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE a petición de Aldama, socio de Claudio Rivas.

A este respecto, Aldama manifestó recientemente cuando declaró como investigado en el caso hidrocarburos que era Pano la que le daba “el dinero en efectivo” para “entregárselo” a Koldo García y a Ábalos, cantidad que cifró entre 40.000 y 50.000 euros.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

El empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil se equivocó al señalar a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos. “No tuve ningún contacto. Creo que están equivocados por un contacto que yo tengo, pero es un empresario”, ha afirmado a preguntas del fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas. El representante del Ministerio Público le había interrogado por un supuesto contacto con el director general de Minas, Manuel García Hernández. Esa “conversación” es el principal indicio citado por la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basó en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. Los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

Ahora, en su declaración judicial Aldama ha confirmado que Manuel García Maroto es, en realidad, un empresario. Este jueves también estaba citado como testigo el alto cargo de Transición Ecológica, que ha negado tener vínculo alguno con la trama y ha afirmado que no conoce a ninguno de los investigados. 

El empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, ha dejado claro este jueves en su declaración como imputado en un millonario fraude con hidrocarburos, su voluntad de seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción en la búsqueda de beneficios en las causas en las que está inmerso. Durante el interrogatorio, Aldama ha aludido a presuntas finanzas bajo sospecha del PSOE y de la Internacional Socialista, que ahora preside Pedro Sánchez. Pero no ha ofrecido más detalles bajo el pretexto de que es un asunto que tiene que seguir negociando “directamente” con la Fiscalía, coinciden fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la declaración.

Esta revelación se ha producido cuando el fiscal del caso, Luis Pastor, le ha preguntado por el contenido de un supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que estaría en su poder. Aldama ha afirmado que se lo facilitó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que contendría información relativa al negocio de hidrocarburos y su posible vinculación con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, sin ahondar en más detalles.

La afirmación en sede judicial, no obstante, pone de nuevo el foco sobre las finanzas de los socialistas. Fuentes del PSOE afirman que “no es nuevo que Aldama esté intentando desviar la atención de sus responsabilidades penales” y reiteran que en el partido “no ha existido jamás financiación irregular, una cuestión que no puede sostener el Partido Popular”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Aldama, que afrontará próximamente su primer juicio por corrupción en el caso de las mascarillas, empezó a colaborar con Anticorrupción en noviembre de 2024, cuando llevaba 40 días encarcelado por su implicación en el presunto fraude de los hidrocarburos que lo ha llevado de nuevo este jueves ante el juez. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, valoró en su escrito de calificación en la causa de las mascarillas la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel y también le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel.

En su declaración, Aldama ha vuelto a implicar al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García. Ha afirmado que la empresaria Carmen Pano, también imputada en la causa, le daba cantidades de dinero que él entregaba a ambos. El objetivo era, supuestamente, que utilizaran su influencia para acelerar la tramitación de licencias para operar en el mercado de los hidrocarburos. Aldama ha asegurado que esas cantidades están en torno a los 40.000 o 50.000 euros.

Sin embargo, ha negado que diera instrucciones a Pano para que ella entregara 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo sus instrucciones, tal y como ella dijo en el Tribunal Supremo. “Se lo está inventando”, ha afirmado, según las fuentes consultadas.

Aldama también ha confirmado el error de la UCO al implicar en esta trama a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica: el director general de Minas, Manuel García Hernández. Ha admitido que no tuvo “ningún contacto” con este alto cargo y que la persona con la que él habló es un empresario.

El ex jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, Marc Pons, ha admitido este miércoles en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz que se reunió “cuatro o cinco veces” con el exasesor Koldo García, si bien ha desvinculado esos contactos de la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, investigada por el juez. Pons también ha manifestado que mantuvo una reunión “de alto nivel” con Ribera, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El instructor del caso, Santiago Pedraz, acordó una nueva batería de comparecencias tras recibir un nuevo atestado de la UCO centrado en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Rivas, que también estaba citado este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos. Díaz Bidart también estaba citado este miércoles pero ha podido acudir debido al temporal de nieve en la Comunidad de Madrid. 

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió Pons en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una trama de hidrocarburos, ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que fecha para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons.

Para ese día, el juez además ha citado nuevamente como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.

El instructor también ha vuelto a llamar como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero e igualmente en esa condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz ha convocado para que declaren como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como para el día 30 a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

elDiario.es reveló que la UCO incluía a Manuel García en su atestado al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional. El último atestado del instituto armado aportado al sumario afirma que el empresario Víctor de Aldama “contactó” e “intermedió” con “el director general de Minas, Manuel García Hernández” momentos antes de que la empresa de su socio registrara documentación sobre una licencia que no obtuvo hasta casi dos años después. Esa “conversación” es el principal indicio que cita la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Sin embargo, en el caso de Manuel García, la unidad policial se basa en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. A través de sus herramientas forenses, los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO. 

De hecho, las fuentes consultadas afirman que los agentes también se equivocan al afirmar que es Aldama quien “contactó” pues, de acuerdo a ese código recuperado, fue su interlocutor quien le envió el mensaje.

La operadora Villafuel

La trama habría formado “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del “entorno de la presunta organización criminal” se habría pedido a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.

En uno de los atestados de la causa, la UCO explicó el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.

En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto “máximo dirigente” de la trama, pidió a Aldama que intercediese para “obtener la influencia” de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE- para que “ejerciera su influencia” aprovechando sus cargos, “en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas” a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.

“Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente”, sostiene la UCO, que cree que el “pago” al exministro fue la entrega y disfrute, “bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento”, de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que una sociedad de Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros.

La trama se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En un informe, la UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

Los investigadores precisan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”. La Benemérita no alberga duda de que “la máxima dirección de esta organización criminal” eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, afirma.

Y asegura que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con la finalidad de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. “Todo ello a cambio de una contraprestación económica”, subraya.

La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet

La Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizada supuestamente entre otros por el empresario Víctor de Aldama pagó al exministro José Luis Ábalos el chalet de La Alcaidesa en Cádiz a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operador.

“Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González, según se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según los agentes, “los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”.

La UCO destaca que la adquisición de ese chalet se produjo “tras un proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente” el entonces asesor de Ábalos, Koldo García. De Aldama también tuvo un papel protagonista, en tanto que actuó “como intermediario entre el ministro y la organización criminal”, iniciando “las gestiones necesarias para la adquisición” de la vivienda.

“Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor de Aldama con Claudio Rivas, la conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria y Turismo), lo esclareció”, señalan los agentes.

La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió “cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa”.

Manzanares y Puertollano contarán con sendas plantas para el reciclaje de residuos plásticos, según publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo a dos resoluciones de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional, que recogen el correspondiente informe de impacto ambiental de estas futuras instalaciones.

Una de estas plantas se ubicará en el polígono municipal de Manzanares, en una parcela urbana, a unos 320 metros de las viviendas más cercanas. La empresa promotora es Agru Residuos, SL. y realizará labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos plásticos procedentes del sector agrario, para su posterior venta a gestores autorizados.

Según los cálculos de la empresa se van a gestionar unas 7.090 toneladas de residuos cada año. En el proceso se utilizará agua potable de la red del municipio. Además, en la resolución se especifica que “las aguas pluviales con posibilidad de contener hidrocarburos [componente fundamental del plástico], se conducirán mediante la pendiente del solado hasta el separado de hidrocarburos” y que esas aguas serán después vertidas a la red de saneamiento municipal.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible el proyecto no debe someterse a evaluación ordinaria, sino que bastará con una simplificada porque, dice, el proyecto “no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente”.

En Puertollano, otra para reciclar plástico agrario y de la refinería

El segundo proyecto al que se da luz verde, y al que se otorga una autorización ambiental integrada, es el que pondrá en marcha Piroplast Energy.

Será una planta de valorización mecánica y química de residuos plásticos procedentes tanto del sector agrario como de la industria - de la refinería de petróleo de Puertollano- y que estará destinada a la producción de materias primas circulares. Se instalará en el polígono industrial la Nava III, de Puertollano. En 2024 fue declarado “proyecto prioritario” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta planta tratará los residuos plásticos mediante pirólisis. Es decir, los transformará en hidrocarburos simples (como el metano, el propano o de otros tipos), con una producción anual estimada de 16.200 toneladas.

Al conocer esta noticia, el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz se ha mostrado satisfecho. Cree que es “un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad” y que “refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo”.

El edil ha detallado que la inversión prevista supera los 18 millones de euros y creará 63 empleos directos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar dos anuncios por los que se somete a información pública tanto la aprobación del proyecto de ejecución como la declaración de utilidad pública para construir una red de gas que se adapte para la inyección de biometano a la red general en la provincia de Ciudad Real.

En concreto se trata de la construcción de tubería en las localidades de Carrión de Calatrava, Socuéllamos y Torralba de Calatrava. En estos tres municipios se proyectan diversos proyectos para instalar plantas de biometano - reciclaje de residuos agroalimentarios o de otro tipo, como los purines de las macrogranjas de cercos- para convertirlos en biogás.

En los últimos meses, este tipo de proyectos han suscitado un amplio rechazo social en la zona, que se ha agudizado después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pusiera fin a la moratoria para poder abrir nuevas macrogranjas de porcino y diese a conocer el documento base del futuro Plan de Biometanización de la comunidad autónoma.

Este viernes se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para sendos proyectos de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., valorados en más de 700.000 euros que incluirán expropiaciones forzosas en los terrenos por los que discurran las tuberías.

Será necesaria además la imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, no se podrán efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantar árboles o arbustos en cuatro metros, dos a cada lado del eje de la tubería y a ambos lados de la tubería y tampoco se podrán hacer obras en diez metros, cinco a cada lado de la conducción.

En Valdepeñas, una charla sobre las plantas de biogás

Mientras, la próxima semana la Plataforma Stop Biometano Valdepeñas ofrecerá, el jueves 3 de octubre a las 19:00 horas, en el Auditorio Veracruz de Valdepeñas, una charla informativa para la ciudadanía sobre el proyecto de una planta de biometano a escasa distancia del municipio.

El acto contará con la participación de Máximo Beltrán Florín, profesor titular de Tecnología del Medio Ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, quien expondrá las características técnicas del proyecto y las posibles consecuencias para la población de una planta con capacidad prevista para tratar 160.000 toneladas anuales de residuos orgánicos animales y vegetales. Asimismo, intervendrá María Manzano Herránz, representante de la Plataforma Stop Biometano Torralba de Calatrava, que compartirá la experiencia de los movimientos ciudadanos frente a proyectos similares en su localidad.

Actualmente, en Valdepeñas se encuentran en fase previa de tramitación tres proyectos industriales de gran relevancia. Tanto una planta de biometano en el camino de Peñuelas, a 1,5 km del casco urbano, una planta de hidrógeno en la carretera de Daimiel y una planta de amoniaco en el polígono Entre Caminos.

La Plataforma subraya la importancia de la concurrencia de público “para conocer de primera mano los riesgos y problemáticas que rodean la implantación de este tipo de plantas en el entorno inmediato de Valdepeñas”.

Bajo el lema “Juntos, lo paramos”, se busca visibilizar y reforzar la resistencia social frente al desarrollo sin control de macropoyectos industriales, además de impulsar la defensa de los pueblos y del entorno natural de la región.

En Valdepeñas, el Pleno municipal aprobó en agosto cambiar su Plan de Ordenación Municipal para “condicionar” la posible llegada de plantas de biogás.

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, contra la decisión del juez Santiago Pedraz de subastar sus coches, señalando que de no hacerlo perderían valor por el paso del tiempo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal entiende que una medida de ese tipo “no atenta ni vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado”, que alegó que la subasta vulneraría ese derecho.

“Y dado que, muy previsiblemente el valor de los bienes se vaya depreciando con el tiempo, para el caso de que se dictara, en cualquier momento del procedimiento, una resolución favorable para el investigado, siempre podría reclamar de la Administración el valor que se ha obtenido con la realización anticipada”, replica.

El empresario y varios de sus colaboradores fueron enviados a prisión provisional por el denominado 'caso hidrocarburos', un supuesto fraude fiscal de más de 182 millones de euros a través de entramados empresariales de este sector. En esa causa se investigan delitos que no solo acarrean la cárcel sino potenciales multas de cientos de millones de euros.

La petición de De Aldama tuvo lugar después de que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, aconsejara a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco del 'caso hidrocarburos', en el que el empresario está imputado.

Según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, los 13 coches incautados a los investigados de la presunta trama tendrían un valor aproximado de 635.700 euros.

En su solicitud, la oficina dependiente de Justicia recalcó que dado que los vehículos “son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso”, y dado que su depósito conlleva gastos, insistió en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.

Los magistrados responden al recurso del empresario que los bienes que “se someten a la adjudicación o realización anticipada y a la entrega a determinadas entidades financieras” son vehículos y ciclomotores que “fueron objeto de embargo y prohibición de disponer” por orden del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que investiga el denominado 'caso hidrocarburos'.

Mencionan que De Aldama se ofreció a tenerlos en depósito y se comprometió a que no se depreciara su valor con el tiempo, añadiendo que en algunos casos incluso aumentaría. Pero la Sala de lo Penal considera que los argumentos del empresario “no pueden ser atendidos” porque “se ha acreditado que los gastos de custodia y de depósito que generan estos bienes son cuantiosos para la Administración Pública”.

Y además porque, añade, “los mismos son depreciables con el tiempo, pues es obvio que los vehículos y ciclomotores, se utilicen o no, pierden su valor de tal manera que el valor actual de realización anticipada va a ser mayor que en un momento posterior, lo cual disminuye el valor de los bienes embargados, y en definitiva, disminuye la cuantía o el importe con lo que se puede hacer frente, en su caso y si así procede, a la responsabilidad civil que se pudiera derivar de una posible sentencia de carácter condenatoria”.

A su juicio, es “aconsejable su realización anticipada con la finalidad de mantener en la medida de lo posible el valor actual que pudiera tener, o la entrega de varios de ellos a las entidades financieras que ostentan un derecho de reserva de dominio sobre los mismos al estar en régimen de 'renting'”.

Yo, que soy de letras, sigo haciendo números. No me salen las cuentas de lo que nos va a costar la defensa de “un ataque preventivo de la URSS” (a este paso, vamos a recuperar para la Generación XYZ la canción del grupo ochentero 'Polanski y el ardor'). El presidente estadounidense Donald Trump le ha dado un ultimátum a su homólogo ruso Vladímir Putin, enviando dos submarinos nucleares cerca de Rusia para que detenga la guerra en Ucrania, mientras amenaza con aumentar las tarifas comerciales a la Unión Europea hasta el 35%, diez días después del atraco a mano armada sufrido por el gobierno de Bruselas en Turnberry (Escocia, Golf Resort). Y les vamos a necesitar, a los marines, porque la industria europea de defensa está en mantillas, hasta 2030, y sin gas -barato- ruso para ponerla en marcha, excepto el que le compremos a Estados Unidos, según aprobó el Consejo de la Unión Europea.

A Rusia no le ha hecho ni cosquillas lo de los dos submarinos -normalmente hay cuatro ya apostados en el Atlántico, Pacífico, Índico-, más allá de un cruce de amenazas de patio de colegio en las redes entre Donald Trump y Dmitry Medvedev. El expresidente de Rusia mencionó la capacidad “soviética” para lanzar ataques nucleares automáticos, recordándole a Trump la “mano negra”. Se trata de un mecanismo de seguridad de la época de la URSS, que dispararía de forma automática las ojivas nucleares en caso de que toda la cúpula militar rusa fuera aniquilada.

Entre los marines y el atraco, la Unión Europea se hace trampas al solitario. En su 18º paquete de sanciones económicas a Rusia, aprobado el 17 de julio pasado, el Consejo de la UE aprobó comprar “productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso” -barato-, que incluye el gas licuado de hidrocarburos, a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y Noruega. No a la India -castigada con un 50% en el acuerdo de comercio con Estados Unidos por comprar gas a Rusia- ni a cualquier país tercero. Que no, que no se los podemos comprar, excepto a los cinco arriba nombrados. ¿Por qué? Dice el Consejo de la Unión Europea, para que no entre crudo ruso al territorio de la Unión “por la puerta de atrás”.

Esto que es público y ha sido publicado no ha tenido la repercusión que merece. A ver, ¿sumamos al coste de nuestra defensa la comisión que se llevan los intermediarios del gas ruso, amigos y vecinos de la Unión Europea? ¿Será esta intermediación más barata que la de la India? ¿Nos van a hacer precio de amigos? Tal vez, porque aquí es donde llega Lady Henrietta. ¿Quién dijo gas? Y petróleo, lo que haga falta siempre que nos lo venda “uno de los nuestros” y al precio estipulado por la UE -rebaja de 60 a 47,6 dólares por barril-. Que éste es el precio legal al que, en caso de transferencia ship to ship, podía descargar el petrolero ruso Lady Henrietta en Gibraltar el pasado 23 de julio, una vez aprobada esa cláusula extraña de que nosotros no podemos comprar gas o petróleo a Rusia, pero Estados Unidos y otros países amigos, sí. “El buque proporcionó la certificación pertinente que confirmaba que la carga cumple con los requisitos del límite máximo del precio del petróleo”, dijo la nota del Gobierno de Gibraltar ante el escándalo de la llegada del buque a puerto. Y eso pese a la circular portuaria de 2024 que prohíbe la entrada de buques rusos en el puerto de Gibraltar.

Recapitulemos. A los detalles del acuerdo quasi unilateral de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea -primero, del 15%, ahora, del 35%-, hay que sumarle el 5% de gasto en defensa y seguridad de cada país para la OTAN, con la valiente oposición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante las demandas de Trump y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El ex primer ministro holandés, que se reía a carcajadas junto al presidente estadounidense en la Casa Blanca, amenazó con que los Estados miembros debían recortar en partidas sociales: sanidad, educación y otros beneficios pilares del Estado de Bienestar. Francia comenzó con la ridícula medida de eliminar tres festivos del calendario laboral. A esas cifras porcentuales se añaden los 850.000 millones de la hoja de ruta para el rearme de Europa y los 600.000 millones de “inversión masiva” europea en Estados Unidos. Así, grosso modo.

Aunque a España, isla energética junto a Portugal, no iba a llegar el gas -barato- ruso por la eterna oposición de Francia a que nada cruce los Pirineos. Aquí, el presidente Sánchez también se puso en su sitio, dio un golpe en la mesa y se levantó del Consejo Europeo en marzo de 2022 para que le aprobaran la “excepción ibérica”. Es decir, la posibilidad de regular a nivel nacional el precio del mercado energético saliéndose del marco comunitario, vistas las subidas astronómicas del precio de la luz durante el año anterior. Porque a nosotros el gas nunca nos ha llegado barato. Tal vez, un poco, el de Argelia. Pero nos dimos un tiro en el pie “regalándole” el Sáhara a Marruecos y los argelinos se enfadaron un poco. Ahora lo venden un 20% más barato, pero a Italia.

No pasa nada. Tenemos un proyecto, recuperado de la legislatura anterior de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para incentivar la industria de defensa en la Unión. En aquel momento, 2019, la guerra no estaba ni se la esperaba. ¿O sí? Pero contábamos con una inestimable ventaja: el gas -barato- ruso. Bueno, barato para la Europa continental, con Alemania como distribuidor desde el gasoducto Nord Stream en su costa norte y saboteado hace casi tres años, ahora dicen que por los ucranianos. Daremos gracias a Trump si no nos envía algún que otro submarino nuclear.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado anular el caso Gaslow, un fraude millonario de hidrocarburos, por la petición de un abogado de la defensa que denunciaba un montaje en el seno de la causa por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) para poner en marcha otros casos, incluido el que lleva el nombre de 'Koldo' o 'Ábalos' y que afecta al Gobierno.

“Resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a Koldo”, responde Pedraz al abogado Jacobo Teijelo, que defiende a un presunto guardia civil corrupto, antiguo miembro de la UCO, Juan Sánchez Yepes.

El letrado reproducía una conversación entre un antiguo capitán de la Guardia Civil, Vicente Bonilla, con un confidente y empresario investigado, José Luis Caramés, en la que éste último le adelanta que quiere darle información en 2021 sobre alguien que le resultaba ajeno al agente, un tal 'Koldo', del que decía que era “mano derecha de los que trincan”.

A partir de ahí, el abogado defendía que el caso Koldo procedía de las maniobras de Caramés y el capitán Bonilla. Este último no está investigado y fue fichado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2023 para dirigir la seguridad del Sermas. Pedraz afirma en el auto: “La prensa no está en la causa y el nombre de 'Koldo' (o 'Bonilla') no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático”.

Y añade: “Lo que está claro es que el presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de 'ilegalidad' o manipulación por la UCO. Obviamente. Si este magistrado instructor lo hubiera detectado se habría actuado en consecuencia”.

Respecto a lo que haya ocurrido en el marco de otra causa que él no investiga, Pedraz destaca que esos hechos “no están” en el procedimiento que él dirige y “no cabe otra resolución que la de rechazar la nulidad planteada al basarse todos los motivos (”ocultaciones“) en lo actuado en dichas diligencias”.

“A este instructor le está vedado 'revisar' un procedimiento de otro juzgado, ni aún por que el recurrente aporte en su escrito origen de la soliditud de nulidad fotos del procedimiento del 6, pues no es sino una visión parcial. De ahí que en el auto recurrido se diga que lo alegado son meras conjeturas”, alega el juez en referencia a una primera decisión en la que rechazo siquiera tramitar el escrito del abogado de la defensa.

El nombre del abogado Jacobo Teijelo también ha aparecido en los últimos días en los medios por su presencia en la reunión en la que una militante del PSOE, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset buscaban información comprometedora contra la Guardia Civil, según la grabación desvelada por El Confidencial. Su defendido, el capitán Yepes, cobró 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, según un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil desvelado por El Periódico.

El principal comisionista del caso Koldo, que está también imputado en la denominada trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, se ha presentado este miércoles en la rueda de prensa que ha ofrecido la socialista Leire Díez en un hotel de Madrid en la que precisamente ha dicho que está encabezando una investigación sobre la mencionada trama.

“Esta señora está mintiendo”, ha dicho el empresario que después, en una entrevista en Telecinco, ha asegurado que en esa misma sala ha sido empujado por el empresario Javier Pérez Dolset. También en declaraciones a la prensa, Aldama ha lanzado un mensaje al líder del PP. “A ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer para echar a este Gobierno”, ha sostenido.

Según ha dicho el empresario, Díez “ha mentido en todo” y “se está riendo de todos los españoles”. “Esta señora es una sinvergüenza”, ha añadido, además de asegurar que la socialista que ayer anunció que se daba de baja del partido “trabaja para el señor Santos Cerdán y para el señor Pedro Sánchez”.

“Os ha mentido, es todo una pantomima (...) Se está riendo de todos los españoles”, ha exclamado Aldama justo después de que Díez terminara su declaración, en las que ha dado explicaciones un día después de darse de baja como militante del PSOE tras haber sido acusada de intercambiar favores a cambio de información comprometedora contra altos funcionarios públicos.

Aldama, que estaba sentado entre el público asistente a la comparecencia, también ha amenazado a Díez tras dar su versión de la filtración de los audios. “No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta [en alusión a Díez], Santos Cerdán y el presidente del Gobierno”, ha afirmado, lanzando una advertencia también al secretario de Organización del PSOE y a Pedro Sánchez.

Una deuda de apenas 3.000 euros mantiene en suspenso el juicio contra la trama de los hidrocarburos liderada, supuestamente, por la empresa Hafesa, a la que se acusa de defraudar a Hacienda casi 155 millones de euros. 3.000 euros es la cantidad que el presidente de la petrolera y considerado líder de la organización, Alejandro Hamlyn, debe pagar para poder salir de Dubai y sentarse en el banquillo. Hamlyn es el interlocutor de la fontanera socialista Leire Díaz en las grabaciones en las que hablan de supuestas corruptelas de la UCO. Para el PP, esa es una de las pruebas de que el PSOE actúa como una “organización criminal”. Sin embargo, quien sí está acusado de ello —entre otros cargos— es el lugarteniente de Hamlyn y presunto número dos de la trama: Norberto Uzal, antiguo alto cargo fichado por Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta, para el primero gobierno de Feijóo en Galicia.

Uzal, director general de Hafesa, sí estuvo este lunes en la Audiencia Nacional, sentado en primera fila, junto a otra docena de acusados. Se pide para él la misma condena que para Hamlyn: 53 años de cárcel por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ambos podrán verse de nuevo el 30 de junio, cuando está previsto que se retome el juicio. Mientras, la Audiencia ha frenado la intención de la Fiscalía —que, como la Abogacía del Estado, no se cree las excusas del empresario— de emitir una orden internacional de captura contra él.

El auto del juez Calama deja claro el papel de Uzal en la supuesta trama: “No solo transmite órdenes, también las emite” e interviene junto a Hamlyn —“subordinado únicamente a él”— “en todas las decisiones que atañen a la estructura de la organización criminal [...] así como en la operativa, supuestamente fraudulenta, que desarrolla la misma”.

Además de la dirección general de Hafesa, este abogado nacido en Vigo en 1971 ocupaba distintos cargos en otras firmas del conglomerado. “Su función no es de abogado, es gestor de todo el negocio”, escribió el juez. “Ejecuta la operativa del mismo, impartiendo las órdenes necesarias para su consecución y controlando pagos y cobros”.

La carrera política de Uzal empezó en el siglo XXI, pero tuvo una precuela —que lo seguiría persiguiendo hasta el final— en la década de los 90. En 1994 se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo por Falange Española Independiente. Después, desaparece de la actividad pública hasta 2002, cuando el gobierno municipal de Cambados, lo ficha como asesor. Allí se quedó durante un lustro y la prensa de la época recuerda sus desencuentros con el alcalde, el popular José Manuel Cores Tourís. En la Vila do Albariño, Uzal coincidió durante tres años con un secretario del Ayuntamiento que empezaba a hacer carrera política. Se llamaba Alfonso Rueda.

En 2009, cuando Feijóo se convierte en presidente de la Xunta, Rueda —su mano derecha y responsable del área de Presidencia— vuelve a Cambados a hacer fichajes. Nombra a Cores Tourís delegado del gobierno gallego en la provincia de Pontevedra; hoy es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Para Uzal, que venía de dirigir durante dos años la Federación Galega de Municipios e Provincias, reserva la Dirección Xeral de Administración Local: iba a ser su hombre en los ayuntamientos. El pasado en Falange del nuevo alto cargo sale a relucir y se forma un cierto revuelo. Como casi siempre en Galicia, sin consecuencias.

Sí las tuvo el proceso judicial por acoso laboral a la secretaria del concello lucense de Palas de Rei, ese donde hoy la empresa portuguesa Altri quiere levantar una contestada macrocelulosa. Basándose en informes redactados por Uzal, la Consellería de Presidencia expedientó a la funcionaria, que estaba enfrentada al regidor del PP. La secretaria recurrió y ganó el proceso en 2017.

Uzal, que resultó absuelto, había presentado su renuncia mucho antes, en 2013, bajo el habitual eufemismo de “motivos personales”. Dos años después de la primera sentencia, el Supremo revocó la condena contra el actual alcalde, Pablo Taboada, y su predecesor. Lo que para la Audiencia de Lugo eran hechos claramente delictivos, para el alto tribunal se debían a “una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables”.

Ese final del proceso pilló a Uzal ya fuera de la política, en la que todavía tuvo un epílogo. En 2015 reapareció como número dos de la lista del PP de Rianxo (A Coruña) para las elecciones municipales, unos comicios que los populares aspiraban a ganar después de su subida en votos cuatro años antes. Uzal, sin vinculación con la localidad, llegaba como fichaje de relumbrón, pero no fue suficiente. Al año siguiente abandonaba sus cargos como concejal y asesor del grupo en el consistorio, dejando el recuerdo de un opositor dialogante y “nada crispado”.

Hoy, que ha vuelto al foco mediático, nadie en el PP parece recordarlo. Rueda, el mismo con el que compartió vida municipal en Cambados y quien después se lo llevó a su consellería, ni siquiera mencionó su nombre de Uzal cuando le preguntaron por él tras la última reunión de su gobierno. “Va para alrededor de diez años que esa persona no trabaja ya en la Xunta de Galicia. Por lo tanto, los hechos por los que va a ser sometido a juicio no tienen absolutamente nada que ver con su trabajo en la Xunta y, por tanto, nada que decir. La Justicia decidirá lo que proceda cuando recaiga la sentencia”. Aunque, para eso, todavía tiene que arrancar el juicio.

En algún momento de las últimas semanas el acrónimo de la Unidad Central Operativa dejó de aparecer en los titulares como un recurso anodino, la plantilla con la que arrancar la frase, a convertirse en el objeto de toda la atención. Durante más de una década, si la UCO descubría, confirmaba o simplemente afirmaba, la atención se centraba en lo que venía a continuación. Ahora es la propia unidad, y uno de sus cinco tenientes coroneles, los que acaparan por sí solos titulares, afirmaciones de políticos y acusaciones anónimas. ¿Cuáles son los motivos de esta transición?

En el año 2000, el hoy general retirado Félix Hernando recibió el encargo de potenciar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un grupo que se encargaba de los delitos especializados a nivel de la Comunidad de Madrid y que solo contaba con 29 miembros. “Unidad de Conductores de Ostos”, rezaba el chiste, por el escaso rendimiento que el mando al frente sacaba a sus subordinados. Un cuarto de siglo después, la UCO acoge a todos los agentes especializados de la Guardia Civil contra las diferentes versiones del crimen organizado y otros delitos graves en todo el territorio nacional: desde los asesinatos más mediáticos al narcotráfico y la corrupción. 

La UCO son medio millar de guardias civiles con la balanza de la justicia en su emblema, en alusión a su función de policía judicial, esto es, de investigaciones que se siguen en un juzgado, a las órdenes de un magistrado. Si se hace memoria, la UCO está en casi todas partes, hasta donde es difícil reparar con el paso del tiempo. En los fallos de coordinación policial anteriores al 11-M y en la resolución de los crímenes del pequeño Gabriel o la joven Diana Quer. En las causas de corrupción que azotaron la pasada década al PP de Madrid y en el oficio que pone en bandeja al juez Hurtado la polémica imputación del actual fiscal general. 

Las recientes acusaciones de politización contra la UCO se cocieron al calor de algunos titulares que adelantaban un futuro informe para el juez de la causa más grave de presunta corrupción en estos momentos, el conocido como ‘caso Koldo’ o ‘caso Ábalos’. Según esas informaciones, la desencriptación y análisis de un dispositivo incautado a Koldo García, antiguo asesor del ministro de Transportes, habría permitido acceder a mensajes con indicios de delito de Santos Cerdán, el sustituto de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE

Las informaciones citadas no ofrecen el contenido de esos mensajes y aluden someramente a una supuesta intermediación de Cerdán en la concesión de obra pública. Basadas en fuentes anónimas, se atribuyó al número dos del PSOE diferentes cohechos, entre ellos el regalo de dos coches, un Audi y un Volvo para su mujer. El propio Cerdán reaccionó: “Al que encuentre el Audi se lo regalo”. Su mujer ni siquiera conduce. Sobre si esas informaciones salen de la Guardia Civil, el secretario de Organización del PSOE afirmó: “Me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la Guardia Civil. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Pero cuando salga ese informe desmontaremos las mentiras una a una”. 

La tesis contra la UCO es que si el material comprometedor para el PSOE y el Gobierno está en poder de la Unidad, e información relacionada con dicho material está siendo publicada, solo hay que unir la línea de puntos para dar con el autor de la filtración. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no logró, o no pretendió desterrar esa tesis, cuando trasladó su “confianza absoluta” en la Policía y la Guardia Civil, pero añadió: “Por eso yo estoy convencido de que esas filtraciones no pueden venir de ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, porque sería delictivo y sería faltar a la objetividad y a la neutralidad”.

Pero, ¿solo los agentes de la UCO tienen acceso a esa información? Fuentes jurídicas explican que los responsables de la investigación en la Guardia Civil se están reuniendo periódicamente con el juez del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien decidió llevar en persona el caso Ábalos. Esas comunicaciones son práctica habitual en todas las investigaciones, más aún si son tan complejas. Los guardias civiles custodian el material y terminan incluyendo todos los detalles trascendentes en los atestados que entregan en el juzgado, pero las líneas maestras de las pesquisas son puestas en común antes con el Ministerio Público y el juez. 

En el entorno de la unidad aseguran que la información a nivel interno está blindada. Hace semanas, antes de que arreciara la polémica, estas fuentes hablaban de un muro de protección alrededor del jefe de las pesquisas, el teniente coronel Antonio Balas, para evitar cualquier intento de condicionar su trabajo. También se pretendía impedir que los avances de la investigación no circularan horizontalmente, entre compañeros, ni tampoco de forma vertical, a los superiores que pudieran recibir demandas de información por parte de los políticos del Ministerio del Interior. 

En la tesis que atribuye un papel filtrador a la Unidad Central Operativa abunda que el Departamento de Balas, dedicado a los delitos económicos y la corrupción, está al frente de las investigaciones más mediáticas de los últimos tiempos, las que utiliza la oposición para describir un escenario de descomposición ética del país con Pedro Sánchez y el PSOE como principales responsables a los que llama “capos” y “mafia”.

¿Y por qué se encarga la UCO de los casos que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, a su hermano, a su antiguo ministro de Transportes y al fiscal general que nombró? ¿Es que no hay otra unidad? Los casos llegan a la UCO por las fuentes que maneja o porque alguien presenta una denuncia ante ella. Pero en los casos relevantes de esta época, y de otras anteriores, el motivo es que los jueces eligen a la UCO como la policía judicial que actúe a sus órdenes. 

La siguiente pregunta que se plantea es por qué no recurren esos jueces, por ejemplo a la UDEF, la unidad análoga en la Policía. Sobre esto hay varias versiones. Algunos lo atribuyen a la independencia que consideran los magistrados que distingue a un cuerpo de naturaleza militar, más blindado que la Policía ante posibles injerencias. Otros a los éxitos cosechados en el pasado por la UCO. En algunos casos se tratará de simple confianza entre magistrados y agentes. E incluso hay un testimonio recabado a un alto mando de la Guardia Civil que señala a la actual estrategia de esquivar investigaciones delicadas del director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, y evitar estar en el ojo del huracán. “Es muy listo. No quiere líos”, dice esta fuente. 

Cuando la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía protagonizó grandes casos de corrupción como Gürtel o la caja B del PP, no se libró de críticas y polémicas. Hace 15 años, Francisco Álvarez Cascos dijo que la Policía que investigaba al PP era “una camarilla, instalada en Canillas [su sede principal en Madrid] dedicada a fabricar y preconstituir pruebas”.

El jefe principal de aquellas investigaciones que afectaban al Partido Popular, el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, describiría con el tiempo, en sede judicial y parlamentaria, el acoso que sufrió por algunos de sus superiores, comisarios designados por el Gobierno de Rajoy. Eran tiempos de la brigada política fabricando pruebas contra la oposición e intentando librar al PP del caso de la caja B.

Si hay un término que enciende estos días los ánimos en la Guardia Civil es el de “UCO patriótica”. La creación periodística es una reminiscencia a la “brigada patriótica”, popularizada en su momento por El País, que en tiempos de protagonismo del comisario Villarejo otorgó ese calificativo a un grupo de mandos que, a las órdenes del PP, fabricaba pruebas contra sus adversarios políticos, tal y como consta en las causas judiciales abiertas contra ellos. La denominación de “brigada patriótica” ignoraba que aquellos mandos actuaban de forma partidista que su recompensa no era solo ideológica, sino que se materializaba en forma de destinos dorados y medallas pensionadas. 

¿Actúan entonces los guardias de la UCO por ideología filtrando información contra el Gobierno progresista? Un antiguo jefe de la UCO responde: “En la unidad no se habla de política. Se habla de trabajo. La investigación exige mucho, pero engancha. Te tiene que gustar”, aseguró alguien que vivió las épocas de ataques a la unidad protagonizados por políticos del PP.

Un teniente coronel “hierático”

En medio de esta sombra de sospecha aparece dibujada una figura que siempre estuvo ahí y al que hasta ahora no se había prestado atención. El teniente coronel Antonio Balas ronda los 50, se especializó en delitos económicos y, como comandante, fue el mando en contacto directo con investigaciones como los ERE de Andalucía, cuando la jueza Mercedes Alaya decidió prescindir de la Policía. Como en su momento el inspector de la UDEF Morocho, el teniente coronel Balas ha salido involuntariamente del anonimato y ha sido colocado en la diana. 

“¿Y Balas? ¿Es una persona muy ideologizada?”, pregunta elDiario.es al antiguo mando de la UCO, superior de Balas en épocas pasadas. “Yo no sé cómo será en su casa, pero en el trabajo, no, en absoluto”, responde. “Lo que no acierto a entender es por qué se han centrado en él, aquello es un equipo”, añade. “También te digo: le han hecho un héroe dentro, a pesar de lo que está teniendo que soportar”. 

“Lo que está soportando Balas”, más que las declaraciones de miembros del Gobierno deslizando la responsabilidad de las filtraciones hacia la Guardia Civil, es un audio de 53 minutos en el que aparece una militante del PSOE, Leire Díez, quien ha desempeñado un par de cargos en la Administración pública de los no se accede por concurso de méritos, reclamando al principal acusado de una trama del fraude millonario de los hidrocarburos, información contra la UCO y el propio Balas, al que quiere “muerto”. “No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas”.

El Partido Popular sostiene que la intervención de esa militante socialista es la prueba de una operación del Gobierno para desmantelar las investigaciones más sensibles. Leire Díaz asegura que su actuación no tiene que ver con el Gobierno ni con el PSOE, sino que lleva años investigando junto a un empresario que se considera víctima de la policía política del PP, Javier Pérez Dolzet, los desmanes de un grupo de policías, jueces y fiscales, que según su versión están actuando al margen de la ley. El PSOE, por su parte niega, que Leire Díez actúe por encargo suyo y prevé expulsarla del partido si se demuestra que invocó las siglas o el nombre del Gobierno en sus maniobras.

Las personas que han tratado al teniente coronel coinciden en describirlo como una persona distante, incluso hosco. En la Guardia Civil relacionan esa forma de actuar con un perfil íntegro, insobornable. La directora del instituto armado, la socialista Mercedes González, tuvo oportunidad de comprobarlo el jueves. Es el miembro del Gobierno que tiene que atravesar todos los días la puerta de la Dirección General consciente de que los agentes piensan que sus responsables políticos les han cuestionado. 

González no conocía a Balas, ni siquiera se había reunido a solas nunca con la cadena de mando que trasciende al teniente coronel y cuyos miembros también participaron en la reunión. Ella departe con el general Manuel Llamas, director adjunto operativo, que la acompañó en el encuentro. Antonio Balas agradeció las consideraciones de Mercedes González respecto al desgaste personal que le pudiera estar costando la situación, pero advirtió: “No afecta a mi trabajo”. Como hubiera esperado cualquiera que lo conoce, el teniente coronel de la UCO se mostró hierático. 

La principal especialidad del teniente coronel, antes de ascender y ahora que manda en el departamento, son los fraudes con los hidrocarburos, una complicada madeja delincuencial que resulta ya más lucrativa para las organizaciones que el tráfico de cocaína. La reunión recogida en el audio acogía diferentes intereses. Aparecen, por ejemplo, los del empresario Alejandro Hamlyn, huido en Dubai y quien aseguraba acumular pruebas contra Balas y la UCO, y que pedía a cambio inmunidad. Tanto él como Víctor Aldama, otro empresario con múltiples imputaciones, que quedó en libertad tras prometer a la Fiscalía que colaboraría con la investigación sobre el fraude, aseguran ahora que se trató de una trampa para desenmascarar al Gobierno y al PSOE.

Del otro lado estaba la supuesta emisaria del PSOE, Leire Díez, una desconocida hasta ahora que, con desparpajo, da a entender que influye nada menos que sobre la Fiscalía. Ella quería pruebas para tumbar las causas de la UCO supuestamente orientadas contra el Gobierno y el PSOE. También estaba allí su aliado, el empresario Javier Pérez Dolset, inmerso en una cruzada para vengarse de los que le llevaron a la cárcel unas semanas y le “robaron” 1.800 millones de euros en una investigación de Anticorrupción y la Audiencia Nacional, donde no está la UCO. Y otros como el abogado Jacobo Teijelo, al que se aludirá más adelante en esta información. 

La tensa espera del informe del caso Ábalos

Se han cumplido 14 meses desde que fuera detenido Koldo García y se le incautaran 170 dispositivos capaces de almacenar datos. Algunos de ellos han necesitado de desencriptación. El equipo de Balas ha sido reforzado en número de agentes. Pero aún están pendientes informes al juez sobre la ingente cantidad de material aprehendida al ex asesor de Ábalos. El retraso en los informes se ha convertido en un campo abonado para la especulación. 

No es la primera vez que la UCO está en el ojo del huracán. En ocasiones, las críticas a la Unidad han quedado respaldadas por las decisiones tomadas en los tribunales, algo a lo que no es ajeno ningún equipo de investigación pero que adquiere mayor relevancia cuando el acusado ha sido un político. Ocurrió con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. En un atestado de 2017, la UCO acusaba a Cifuentes de “prevaricación continuada y cohecho” y presentaba seis “elementos probatorios” de su participación en la financiación irregular del PP madrileño.

El atestado sirvió para mantener la imputación durante cuatro años. En 2021, el juez Manuel García Castellón, con el respaldo posterior de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa contra Cifuentes. Ella había reaccionado al atestado de la UCO: “Ese informe recoge muchos juicios de valor pero ningún fundamento jurídico”. Hasta ese momento, a la política del PP le gustaba lucir pin de la Guardia Civil en la solapa. El ministro del Interior entonces, máximo responsable político de aquellos guardias civiles, era Juan Ignacio Zoido, que declaró: “Sinceramente, creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar”.

La diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, arremetió en 2017 en varias ocasiones contra la UCO, ya fuera por la investigación a Rodrigo Rato o a Ignacio González. Les acusó de fabricar pruebas y filtrarlas. Y propuso desde las páginas de El Mundo: “Quizás haya llegado la hora de que unidades como la UCO o la UDEF, que en estos años han acumulado un inmenso poder sobre la instrucción y el telediario, asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara. Firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre, y no sólo a veces”.

Para cuando Álvarez de Toledo hizo esas afirmaciones, la UCO llevaba en primer plano ya cuatro años y había detenido a los dos lugartenientes de Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, en los casos Púnica y Lezo, respectivamente. 

Recientemente, Álvarez de Toledo ha celebrado el informe de la UCO en el que los agentes atribuyen al fiscal general del Estado un “carácter preeminente” en la supuesta filtración de un correo electrónico entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía de Delitos Económicos que le investiga. “Un comisario político camino del banquillo”, escribía la diputada del PP en un comentario en X que adjuntaba la información de El Mundo sobre el atestado de la UCO. 

Esa afirmación del atestado es una inferencia de los agentes que el juez Ángel Hurtado, decidido a llevar al banquillo al fiscal que eligió Pedro Sánchez para el puesto, ha tomado como base para su acusación a Álvaro García Ortiz. Las licencias de la UCO en algunos atestados supusieron encontronazos en el plano jurídico en el pasado. En aquel informe sobre Cifuentes se traducían los hechos analizados en delitos concretos, una calificación que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, prohibió, provocando un enfrentamiento soterrado con la unidad. 

En el actual Gobierno, donde abunda la formación jurídica, la afirmación de la UCO fue calificada en privado de muy desafortunada. Algunos lo atribuyeron a una falta de pericia en la redacción. Otros vieron toda la intención en esa frase. Los guardias civiles declararon recientemente en el Tribunal Supremo y ratificaron el contenido de su atestado. El secretario general de Manos Limpias anticipó en una televisión que el procesamiento del fiscal general está próximo. El papel preeminente que el informe atribuyó al fiscal general del Estado en la filtración del expediente sobre el fraude de la pareja de Ayuso parte de un wasap donde una fiscal aseguró que lo había pasado al gabinete de Álvaro García Ortiz y añadía: “Supongo que le habrán dado publicidad”.

La Unidad Central Operativa también tuvo que reconocer en un oficio del pasado marzo que atribuyó por “error” al exministro José Luis Ábalos la compra de un inmueble en Colombia por 2,1 millones cuando, en realidad, costó 751 euros. En su escrito, la unidad de élite del instituto armado admitía un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de ese inmueble en 2003.

Las defensas de Ábalos y de Koldo García fueron las primeras en poner el foco en los informes de la UCO y en sus supuestas filtraciones. Han presentado multitud de escritos en ese sentido y adelantan periciales en las que, aseguran, demostrarán que el patrimonio de Koldo García no se ha incrementado, como asegura la Unidad, fruto de la corrupción. Por el momento, las iniciativas de las defensas han sido rechazadas por los tribunales. 

Recientemente, El Mundo publicó unos mensajes entre el exministro de Transportes y Pedro Sánchez donde se confirmaba la proximidad que tuvieron mientras el primero fue estrecho colaborador del presidente del Gobierno. La vicepresidenta María Jesús Montero reaccionó a las publicaciones de esos WhatsApp: “Es un material que nunca debía haber visto la luz y del que, evidentemente, es responsable quien tiene el deber de custodia (…) Es muy grave, gravísimo, que se haya violado la intimidad del presidente. Espero que se investigue”.

Otra vez la UCO en la diana. Pero la Unidad no disponía de todos los mensajes publicados. Por el material intervenido a Koldo García se desprende que solo cuenta con una parte. En cualquier caso, Ábalos terminó reconociendo que había dado autorización a alguien de su defensa para distribuirlos. Tras unas primeras horas en que el Gobierno y el PSOE cargaron contra la UCO, tanto el partido como sus ministros acabaron rebajando las acusaciones, cuando se hizo patente que esos mensajes, que no están siquiera en la causa, pudieron llegar a la prensa por otra vía. 

Dos informes UCO: no hay delito de Begoña Gómez

Los informes de la Guardia Civil no deparan siempre malas noticias para este Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado se empeña desde hace un año en imputar tráfico de influencias a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, a través de una instrucción desorbitada que, en ocasiones, alcanza el esperpento. Lo hace en contra de dos informes encargados a la Unidad Central Operativa en la que esta descarta que Gómez intercediera para el rescate de Air Europa. 

Otra de las juezas que eligió a la UCO para su investigación fue Beatriz Biedma, de un juzgado de Badajoz. La magistrada consideró conveniente reclamar a la unidad de élite del instituto armado para indagar en la política musical de la provincia y aclarar la contratación del hermano de Sánchez, un reputado músico, en la Diputación por un sueldo anual de unos 40.000 euros.

La UCO actuó como suele: buscó debajo de las piedras, analizó miles de correos… y, entre otras cosas, concluyó que la querella que dio origen al caso, de los ultraderechistas de Manos Limpias, incluía un error de bulto obtenido de varios medios del mismo espectro ideológico que la organización de Bernad: no había “ninguna evidencia de que [David Sánchez] declare poseer una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el citado valor”, 1,4 millones de euros.

La actuación de la UCO en el caso del hermano de Sánchez refleja el modo de operar de la Unidad, descrito así por un antiguo responsable político del Ministerio del Interior: “Cuando cogen un hueso no lo sueltan, son casi obsesivos”. No es algo ajeno a cualquier unidad de investigación de uno u otro Cuerpo.

Y es en esa actuación donde los abogados de las defensas de investigados por la UCO sitúan los supuestos “excesos” de la Unidad. Esos letrados critican el afán “resultadista” de los investigadores, a los que un juez señala un sospechoso y ellos no se detienen hasta encontrar algo que apuntale los indicios. Pero los consultados coinciden en que en ese afán no pesa el color político, lo que explicaría que los presuntos damnificados de la UCO tengan el carnet de los dos principales partidos. 

Esa intensidad se pone de manifiesto en las “explotaciones” de las detenciones, los días de las detenciones. Una veintena de agentes destinó la Policía a registrar esta semana el domicilio familiar, con varios menores, del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ahí está el vídeo de la Guardia Civil entrando en casa de Koldo García con una niña de 3 años, como si un de piso franco terrorista se tratara. Ni los propios agentes que son investigados por sus compañeros de las unidades de Asuntos Internos se libran de esa contundencia.

El PSOE pide a la UCO en el caso de la pareja de Ayuso

Del carácter implacable de la UCO, y de cómo es percibido en el PSOE, habla la petición del equipo jurídico de Ferraz cuando este mismo mes de mayo, el pasado día 5, solicitó a la jueza que investiga a la pareja de Ayuso la implicación de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas sobre Alberto González Amador. En un escrito en el que solicitaban nuevas imputaciones, el PSOE, que ejerce la acusación popular, reclamaba que la Unidad Central Operativa rastreara el patrimonio de González Amador y que la UDEF de la Policía abordara las relaciones societarias de los presuntos implicados.

De regreso a las inclinaciones políticas de los agentes de la UCO han aparecido unos mensajes de 2021 entre un capitán y uno de sus confidentes en una trama de hidrocarburos en los que ambos critican duramente al Gobierno e incluyen comentarios despectivos sobre el presidente y el resto de la izquierda política. Según el abogado Teijelo, uno de los que aparece en la grabación a Leire Díez, el capitán Juan Vicente Bonilla participó en los inicios de la investigación a Koldo García. Luego, fue fichado por la Comunidad de Madrid para un puesto ejecutivo de seguridad en la Consejería de Sanidad.

Teijelo defiende a otro antiguo mando de la civil de la UCO acusado de actuar corrompido al servicio de unos imputados en una causa de hidrocarburos. El abogado ha denunciado ante la Audiencia Nacional la investigación de Bonilla contra su cliente, intentando la nulidad de las actuaciones. El juez Santiago Pedraz ha rechazado sus pretensiones, sobre las que finalmente se pronunciará la Sala de lo Penal. En el audio a la militante del PSOE, Leire Díez pretende que el empresario en Dubai que ofrece información perjudicial para la UCO cambie de abogado y contrate los servicios de Teijelo.

Las conversaciones entre Juan Vicente Bonilla, entonces capitán de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil y uno de sus confidentes muestran duros ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020. “Putísimos inútiles, mentirosos y felones”, son algunos de los insultos del excapitán. Durante la pandemia en 2020 y el confinamiento, va más allá: “Después de esto habría que mandarle desterrado a China [a Sánchez]”, “y al coletas a Ucrania”, prosigue, haciendo alusión de manera despectiva a Pablo Iglesias.

Las conversaciones, interceptadas en el caso de los Hidrocarburos, se producen en el marco de la relación entre el confidente y su “manipulador”, como se conoce en términos policiales al agente que trabaja en captación de fuentes y obtención de información. Los mensajes muestran su deseo de hacer caer al Gobierno de coalición: “Estos son un puto desastre [el Gobierno], son capaces de provocar un desabastecimiento”, lanza el confidente.

Ya en 2021, todavía con algunas medidas por la COVID-19, el capitán de la UCO y su confidente hablan de una Semana Santa “aburrida” y Bonilla lanza: “Eso es lo que quieren los rojomorados, que nos mate el aburrimiento”. A lo que el confidente responde: “A esos los vamos a matar nosotros. Ya te contaré cuando te vea”.

En 2021, mucho antes de que estallara el 'caso Koldo-Ábalos', el colaborador de la UCO pone sobre la mesa el nombre de Koldo García. Es más, habla de sus posibles actividades ilegales y conexiones con miembros del PSOE y el Gobierno. El capitán de la Guardia Civil no sabía quién era, pero su interlocutor se lo explica. Le dice que Koldo es “mano derecha de los que trincan”. Bonilla contesta asegurando que “hay muchos que trincan”, pero su hombre de confianza le corrige sentenciando: “Ninguno trinca tan alto” como Koldo.

Bonilla dejó el cargo de capitán de la UCO y actualmente trabaja en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como alto cargo. Desde octubre del año pasado es el titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud.

Fe de errores

elDiario.es ha modificado el contenido inicial de este artículo debido a que la información citada, publicada originalmente por La Sexta, contenía una información interpretada de manera incorrecta. En ese artículo se hacía referencia a colocar “una bomba lapa” en el coche de Pedro Sánchez, pero en realidad se referían a que alguien la colocara en el vehículo del capitán de la UCO, no en el del presidente del Gobierno, como ha podido comprobar este diario.

“Aprovecha los dos años de sanchismo que quedan”, le dice Bonilla, a lo que su confidente le responde: “De esta te dan la Laureada de San Fernando”, y Bonilla responde: “O una bomba lapa en los bajos”. “Ya te digo yo, algún sicario venezolano”, continúa Bonilla.

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha reiterado este miércoles ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La empresaria, que ha comparecido como investigada, se ha ratificado así en lo dicho hace tres semanas cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Entonces, afirmó que había realizado esa entrega siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del ‘caso Koldo’ y principal investigado de la trama de los hidrocarburos.

Según Pano, Aldama habría hecho de intermediario con un empresario del sector del fuel  para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros. Y, de ese montante, Aldama habría desviado al PSOE la citada cantidad, siempre según su testimonio. Pano ha citado dos entregas de 45.000 euros en la sede socialista y ha mantenido que en una de las ocasiones fue en taxi y que en la otra fue a bordo de un vehículo que conducía un amigo de Rivas, Álvaro Gallego. Este miércoles, Pano ha respondido a las preguntas de todas las partes.

El pasado octubre, el digital The Objective publicó que “un empresario” anónimo habría hecho ese pago a cambio de que Rivas consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel. Días después salió a la luz que ese “empresario” era, en realidad, Carmen Pano. El Partido Popular se basó en esa información para presentar una querella por financiación irregular contra el PSOE. El escrito no aportaba más pruebas que testimonios anónimos que afirmaban haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. Tampoco identificaba a quienes hacen esas acusaciones y no añadía ninguna prueba, testimonio o documento más. 

La Audiencia Nacional rechazó esa querella al entender que en la causa sobre el fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos en el marco de la cual el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió investigar al PSOE “no aparece vinculación alguna con lo denunciado”. El auto del juez Santiago Pedraz, instructor de la causa del fraude en los hidrocarburos, advirtió también de las “contradicciones de los denunciantes anónimos” en los que se basó la querella.