Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

Hay un personaje en España que se presenta como la persona que destapó la corrupción del PSOE y que, dotado con esa legitimidad, va de plató en plató haciendo afirmaciones estrafalarias y de dudosa credibilidad que, en todo caso, alimentan y consolidan los prejuicios de los conservadores. Aldama, que ha sido tratado con suma generosidad por parte del Tribunal Supremo, es el nuevo héroe de la derecha de este país. Y es también, desde hace más de un año, parte destacada de su cultura pop.

Lo llamativo no es que un personaje de estas características ocupe horas de tertulias y titulares de prensa, porque de esos hay muchísimos, sino la extraordinaria facilidad con la que una parte de la sociedad ha suspendido sus propios criterios morales para convertirlo en una figura admirada. Se trata de una inversión de valores muy reveladora de la polarización política contemporánea, donde ya no importa quién eres ni qué has hecho, sino contra quién disparas.

El año pasado la derecha puso mucho empeño en convertir la expresión “Pedro Sánchez, hijo de puta” en la “canción del verano”, como dijo el cantante Juan Magán y otros portavoces a los que, para variar, no les importó contribuir a la degradación política que supone popularizar insultos a figuras públicas. Pero mientras los exabruptos contra el presidente corrían como la pólvora en verbenas y fiestas de pueblo, y no siempre espontáneamente, en una frecuencia distinta también proliferaban otros cánticos tales como “por Aldama, por Aldama” —en versión flamenca, cantado por uno de los Morancos— y un mucho más explícito “Aldama libertad y si no la hay, manifestación nacional” que él mismo subió a sus redes como ejemplo del “sentir popular”. No es ninguna tontería, ya que la popularidad de Aldama constituye el síntoma visible de un proceso político mucho más profundo, a saber: la construcción deliberada de un personaje útil para una determinada batalla cultural.

¿Cómo puede un empresario corrupto convertirse en objeto de admiración e incluso de celebración pública? La única forma de explicarlo es precisamente atendiendo al papel instrumental que juega en una causa mayor: la de desgastar y tumbar al gobierno de coalición progresista. Las derechas nunca toleraron perder el gobierno en el año 2018, pero mucho menos aceptaron que los comunistas se sentaran también en el Consejo de Ministros desde el año 2020. Desde entonces han intentado casi todo para cambiar esa situación, siguiendo aquel claro consejo de Aznar de que “quién pueda hacer, que haga”. Pero aquella ofensiva ideológica, mediática, judicial y hasta policial terminó chocando con la voluntad popular expresada en julio de 2023, que revalidó al gobierno de coalición. 

La derecha perseveró en esta estrategia, claro, pero pronto encontró un aliado inesperado: la corrupción del PSOE, un regalo que los ladrones de Ábalos, Cerdán y compañía han ofrecido a los reaccionarios de nuestro país. Conviene no minimizar la importancia de este hecho, como hace cierta izquierda en ocasiones. Lo cierto es que la corrupción debilita electoralmente a quien la protagoniza, pero también proporciona munición política, legitimidad discursiva y cohesión emocional a sus adversarios. Por eso la derecha ha mordido a la presa y no la va a soltar: han encontrado un punto de gran vulnerabilidad del gobierno y de Pedro Sánchez. Pero como nunca es suficiente, necesitan sobredimensionar el fenómeno para que parezca realmente un problema de todo el gobierno de coalición. Y ese es precisamente el papel de Aldama. Él ya no es únicamente un empresario investigado, sino que se ha convertido en un personaje político. Y, como ocurre con todos los personajes políticos exitosos, su relevancia no depende tanto de la veracidad de lo que cuenta como de la utilidad simbólica que adquiere para quienes lo escuchan.

Seamos claros: Aldama es un fantasma y no sólo un delincuente. Durante la fase de instrucción el juez acreditó que muchas de sus “confesiones” no se ajustaban en absoluto a la verdad o eran acusaciones sin pruebas; en algunos casos fueron directamente mentiras desmontadas por el juez, y que obligaron al propio Aldama a tener que rectificar para evitar problemas mayores. Así, durante el juicio Aldama no sólo aportó evidencias que ayudaron a esclarecer el caso, aspecto que sostiene la desproporcionada generosidad con la que el Tribunal Supremo ha tratado su situación, sino que también se dedicó a esparcir basura a fin de que el problema pareciera mucho mayor de lo que ya era. Y desde el principio estaba claro que, si Aldama quería ganarse la simpatía de la derecha de este país —parte de su propia estrategia de supervivencia legal— tenía que ir a por la caza mayor: Pedro Sánchez y su gobierno.

Ahí reside su atractivo para la derecha sociológica de este país: se presenta como un héroe que se enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez y que puede conseguir, sueñan ellos, que acaben todos en la cárcel. En sus manifestaciones más recientes ha vuelto a incidir en que tiene material comprometido de Pedro Sánchez, al que sin prueba alguna llama “el number one”, y ha predicho que acabará en la cárcel. Para completar su relato de héroe contra villano, ha declarado solemne que tiene miedo por él y por su familia; un tono victimista que lleva dos años utilizando a fin de presentarse como contrapunto de un supuesto gobierno totalitario dirigido por Pedro Sánchez. No importa si algo de todo esto es verdad o tiene el respaldo de pruebas; lo que importa es que la derecha de este país le da verosimilitud y escucharlo refuerza sus prejuicios sobre qué tipo de gente gobierna España en este momento. Por esa razón, Aldama se ha convertido en un héroe que merece reconocimiento, cariño y cuidados. Exactamente lo que está recibiendo en las verbenas y fiestas populares, en los medios de comunicación donde se le invita a compartir sus invenciones, y también en los juzgados —que ponderan mejor lo cierto y lo falso, pero que no escapan de su atractivo ideológico e instrumental—.

Este va a ser un verano curioso. En algunas verbenas y fiestas populares convivirán dos fenómenos reveladores de nuestro tiempo político: insultar al presidente del Gobierno democráticamente elegido y celebrar a un empresario que participó en tramas corruptas. Es una inversión moral extraordinaria, pero congruente con un tiempo político donde la ideología reaccionaria ciega cualquier consideración moral o de decencia. La derecha de nuestro país ha convertido la derrota del gobierno de coalición en el único horizonte político, haciendo desaparecer toda coherencia y permitiendo que cualquier personaje dispuesto a contribuir a esa tarea sea rápidamente rehabilitado. La pregunta que debemos hacernos es por qué una parte de la sociedad ha decidido convertir a este personaje, un corrupto, en un referente.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, en el que también propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles.

Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso del capitán de la Guardia Civil propone juzgarle por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Según el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras 14 personas por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal “reprochable”, ya que “reventó” el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras.

Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente “el cabecilla de la operación” y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga (en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital), además de en Sevilla y Madrid.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'. 

“La sociedad no puede permanecer en silencio ante la escalada de conflictos armados que estamos viviendo”. Esta declaración es parte del manifiesto que ha lanzado este lunes la recién constituida Plataforma 'No a la Guerra' en Toledo, en un mensaje que sostiene que “las guerras no son inevitables”.

En opinión de este colectivo, “las guerras son decisiones políticas, económicas y geoestratégicas y sus consecuencias las pagan siempre las mismas personas: la población civil, la clase trabajadora, las personas más vulnerables, cebándose especialmente en mujeres, personas LGTBI+ y menores”.

Las “guerras modernas”, como las califican, “rara vez se explican solo por disputas territoriales o ideológicas”. En este sentido reclaman mirar “con perspectiva” y encuentran un “un claro patrón”, que tiene que ver con la disputa por la energía, los recursos naturales y el poder monetario. “Ya no es suficiente con el control de hidrocarburos, ahora sumamos la competencia por recursos como el oro, minerales estratégicos, tierras raras con elementos químicos contaminantes y costosos de difícil extracción, o incluso los alimentos, demostrando así que la geopolítica y la economía vuelven a caminar juntas una vez más”, subrayan.

Esta plataforma se define como un “espacio abierto” que une a organizaciones sindicales, sociales y políticas en el que se integran la Asociación Mujeres de Negro contra la Guerra, la Plataforma 8M Toledo, la Marcha de Toledo por Palestina, la Unión Popular de Estudiantes, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Movimiento SUMAR, Asociación Vecinal El Tajo, Asociación Vecinal La Cava, AVALTO, Partido Comunista de España, Asociación Cooperativa Patrice Lumumba, la Asociación de vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono', Bolo Bolo Castilla-La Mancha, la Federación de Asociaciones Vecinales “El Ciudadano”, La Unión Popular de Inquilinas, Podemos, Feministas de Pueblo Castilla-La Mancha y Comisiones Obreras de Toledo.

Ahora pide a otros asociaciones y colectivos que se sumen a la plataforma, en un mensaje dirigido a la ciudadanía en general para “dejar de normalizar la industria de la guerra como si fuera un negocio más: no, no lo es”, afirman.

En este sentido recuerdan que “las armas no se fabrican sin conflictos armados activos, sin una inversión previa y esa inversión procede en gran medida de entidades financieras internacionales. Bancos que operan en Europa y gestionan ahorros de la ciudadanía que desconocemos el destino final de nuestro dinero”, advierten.

“Mientras se multiplican los conflictos, asistimos también a un preocupante proceso de normalización, a una narrativa que pretende hacernos creer que la guerra es una salida legítima o incluso necesaria”.

Desde la plataforma sostienen que no van a aceptar esa lógica. “No podemos resignarnos a un mundo que normaliza la guerra como herramienta política” porque “la guerra no responde jamás a los intereses de los pueblos que en ella se ven inmersos, sino que obedece a las demandas económicas de unos intereses burgueses y belicistas”.

“Ningún Estado está por encima del derecho internacional”

Después han recordado que “ningún Estado está por encima del derecho internacional” o que no hay “ninguna razón geopolítica justifica la invasión militar de un territorio o el uso de la fuerza bélica como mecanismo de resolución de conflictos”.

Por eso denuncian “todas las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional”. Exigen un alto alto al fuego “inmediato” y una desescalada, con cese de bombardeos, amenazas y represalias. “Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas”.

Las cifras del horror de las guerras

En el manifiesto estos colectivos ofrecen cifras escalofriantes: más de 6.000 personas muertas ya en Irán y El Líbano “por obtener el control marítimo del estrecho de Ormuz por EEUU y la expansión territorial por parte de Israel para ampliar su zona de colonos, tras lo ya ejecutado en Gaza y Cisjordania”. Denuncian que “son formas de controlar el tránsito de un porcentaje elevado del suministro del petróleo y el gas mundial” y recuerdan que “este genocidio ha provocado más de 765 víctimas mortales y 2.140 personas heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego”.

También aluden al Ministerio de Sanidad gazatí: “Ha recordado que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, -que dejaron unas 1.200 personas muertas y cerca de 250 secuestradas, según el balance oficial-, se han registrado 72.344 muertas y 172.242 heridas en la Franja”.

Piden “no olvidar” el conflicto de Ucrania, donde la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRMMU) ha cifrado en más 15.000 las personas muertas, entre ellas 766 niños y niñas y más de 41.000 heridas desde el inicio de la invasión rusa.

O de los conflictos actuales en África que, explican, “han generado una severa crisis humanitaria con cientos de miles de personas muertas y millones de desplazadas, siendo Sudán, con más de 150.000 personas fallecidas desde abril de 2023, y la República Democrática del Congo (RDC), con miles de muertos este año, los puntos más críticos”.

Tampoco se puede perder de vista otros conflictos persistentes, subrayan, en Nigeria y la región del Cuerno de África.

Consideran además “injustificables” lo que tachan de “injerencias sistemáticas en Estados soberanos como Cuba o Venezuela; o la pugna por el control de Groenlandia, que podría albergar hasta el 25% de las tierras raras y así evitar la dependencia del mercado chino, que actualmente procesa alrededor del 90%”.

Después, advierten de los “factores que dificultan el poder afrontar esta crisis económica”, no solo el crecimiento de la deuda pública por la crisis de la COVID-19, sino las propias guerras y conflictos que, explican, “hacen la cooperación internacional más difícil y el aumento del gasto militar mundial en detrimento de derechos tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Pintan una tormenta perfecta que combina escasez de recursos como el petróleo o el gas que están provocando conflictos bélicos en todo el planeta con una crisis ambiental galopante azotada por el calentamiento global.

El bautizado como 'No Normal Tour' llega a Castilla-La Mancha “para analizar las consecuencias y las posibles medidas por la crisis del estrecho de Ormuz” y que es tan solo la última de una larga lista en todo el planeta en los últimos años.

Se trata de una “iniciativa ciudadana” autogestionada que han auspiciado científicos y divulgadores de toda España, y que se están apoyando “personas preocupadas por el momento histórico que estamos atravesando”, para trasladar el mensaje que que algo tiene que cambiar en el planeta. Lo explicaba este miércoles Lorenzo Flores, uno de los dinamizadores del encuentro en Ciudad Real, junto a las activistas Patricia Grande y Carmen Ciudad.

El objetivo es alertar de que la “normalidad”, tal y como se conocía, “ha llegado a su fin” y la sociedad se enfrenta a “un cambio profundo e irreversible”.

Durante la sesión, que ha podido seguirse online y que se repetirá en los próximos días en Albacete y Guadalajara, se han analizado las consecuencias reales de la situación actual: escasean los hidrocarburos -el gas o el petróleo- y otros materiales esenciales que permiten que el mundo se siga moviendo al actual ritmo de vida. Una dependencia que ya está teniendo los primeros efectos en la economía mundial y que, advierten, terminará llegando a España. También a lo más local.

“¿Por qué tenemos que actuar ya?” Porque tenemos una crisis ambiental y de recursos y eso lo sabemos desde hace 50 años“, señalaba Patricia Grande de Ecologistas en Acción. Ahora, con la guerra en Irán iniciada por Donald Trump ”todo se ha precipitado y nos entran las prisas por conseguir energía“, lamentaba.

En su charla se ha remontado a septiembre de 2025 cuando la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis de hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, que han experimentado una rápida caída de extracción a nivel mundial. “Esta no es solo una crisis energética sino ambiental: falta agua, hay destrucción de suelos y de la biodiversidad. No lo estamos notando mucho en España todavía, pero cada vez llegan menos recursos”, subrayaba.

Frente a eso, se ha puesto sobre la mesa el hecho de una transición energética fallida. “El sistema de energías renovables planteadas no sirven ni para la industria ni para el sector transporte”, ha opinado, renegando de “tecnologías milagrosas” como el coche eléctrico porque “tampoco sirven para todo el mundo, entre otras cosas por su precio”.

Tampoco convence el hidrógeno verde del que recordaba que “no es energía sino un vector energético, es decir, un producto que se consigue con otro tipo de energía, como la solar” y eso, apostillaba, “también es muy caro porque hay que consumir agua, porque es un elemento que se volatiliza fácilmente y del que se pierde un50% entre el proceso de almacenar y distribuir”.

Patricia Grande cree que tampoco pintan bien los combustibles orgánicos, el biogás o la biomasa. “La mayoría de ellos son contaminantes y no rentables. Lo único que se busca es la subvención”, ha asegurado, para zanjar que “la energía será cada vez más escasa y más cara”. Hay que actuar porque “además ”la crisis ambiental no espera“.

La energía será cada vez más escasa y más cara y además la crisis ambiental no espera

Patricia Grande — Ecologistas en Acción

'No Normal Tour' en Ciudad Real ha puesto el acento en los ejemplos que preocupan en Ciudad Real. “Producimos 4.500 megavatios de energía solar. El 95% son grandes plantas y el autoconsumo solo supone el 5%”. De esos porcentajes, un 60% se lo lleva la industria. “Eso quiere decir que no hay repercusión social”, decía Patricia Grande.

Ciudad Real produce más de lo que consume. “Nos sobran megavatios para exportar pero la red no es estable. Y aún así seguimos creciendo en proyectos fotovoltaicos”, criticaba.

Ha cargado contra los diversos proyectos de renovables que, desde su punto de vista, no resolverán el problema. Como el que se prepara para la localidad de Saceruela, que tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno de España, con una inversión de 245 millones de euros por parte del IDAE y que necesitará abastecerse de agua del río Agudo. A esta se sumarán otras plantas similares en Alcázar de San Juan o en Valdepeñas.

“Se proyectan 15 plantas de biogás en Ciudad Real que afectan a 154.000 habitantes para gestionar 2,7 millones de residuos que no tenemos en Ciudad Real. Nos los tienen que traer de fuera, no se sabe de dónde”, añadía en relación a otro tipo de tecnología renovable. “Daimiel tendrá la segunda plana más grande de España, para gestionar 486.000 toneladas anuales de residuos”. En Caracuel, un pueblo de 100 habitantes, la planta gestionará 220.000 toneladas al año.

La “preocupación” por la minería “especulativa” en Ciudad Real

En el análisis coincidía Carmen Ciudad, otra de las participantes en la charla divulgativa. “No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”, advertía.

Muchos de los conflictos bélicos tienen que ver con esta cuestión, según argumentaba: Ucrania y su gran riqueza en recursos minerales como las tierras raras, Gaza y sus reservas de gas, el petróleo en Irán o en Sudán del Sur o el caso de Níger, que produce el 5% del uranio mundial.

No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”,

Carmen Ciudad — Ecologistas en Acción

En lo local, mostraba preocupación por el avance de los proyectos relacionados con la minería en Ciudad Real: fosfatos para fabricar fertilizantes, oro, wolframio, plomo, zinc, tierras raras… “Esta es una minería altamente especulativa. Es negocio sin tener en cuenta implicaciones sociales o ambientales”, criticaba. A eso suma en su opinión una legislación española “obsoleta”.

¿Hasta dónde vamos a permitirlo y estar callados?, se preguntaba, porque “el impacto no es solo ambiental sino social y económico. Son pelotazos y , son un viaje hacia el empobrecimiento.

La activista pide un cambio del modelo económico y social, “con una transición pautada y planificada” porque “hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios”, decía, al señalar los excesos en la producción de plásticos y pesticidas que provocan contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, el calentamiento global por el exceso de energía acumulada por el planeta, la deforestación, el impacto en el agua dulce o la acidificación de los océanos.

“A eso se suman los eventos extremos. Si estos límites están sobrepasados cada vez serán menos raros. No volveremos a la normalidad, entendida como el equilibrio”. Desde su punto de vista “otra tecnología es posible, más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos”.

Ha reclamado “un cambio en la sociedad, en la forma de producir y de consumir. Se necesita una transición pautada y planificada”.

Nuevas citas en Albacete y en Guadalajara

En Castilla La Mancha se celebrarán tres charlas. Junto a la de este miércoles en Ciudad Real, el jueves 16 de abril tendrá lugar otra en Albacete, a las 19:00 en la Sala de Conferencias Antigua Comisaría. En Guadalajara se celebra el lunes 20, a las 19:00 en El Rincón Lento.

El impulsor de esta iniciativa en toda España es el físico del CSIC Antonio Turiel, y en ella se han implicado otras figuras de la Ciencia y la divulgación científica como Fernando Valladares y Yayo Herrero, entre otras personalidades, que abordarán, durante toda la semana en buena parte de la geografía española, los retos económicos, energéticos, climáticos y sociales que ya están impactando en la ciudadanía.

El mensaje central de la iniciativa es que no se recuperará el statu quo previo y que, incluso en escenarios favorables, el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidades económicas, largas y complejas cadenas de suministro y límites físicos, “obliga a repensar el modelo actual”.

En opinión de Lorenzo Flores “la senda actual nos lleva al colapso. No podemos violar las leyes de la física. Debemos recuperar saberes antiguos aplicando las nuevas tecnologías. Pero hablamos de un concepto que es de la tecnología bien aplicada”, matizaba, y enfocada a sectores imprescindibles para el ser humano, como la Sanidad. “Debe ser compatible con la vida en el planeta”.

Las sesiones, abiertas al público, buscan informar, generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en un momento clave. Las personas interesadas pueden consultar las fechas, ubicaciones y detalles de las charlas más cercanas en la web oficial del tour: www.nonormal.org

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.

El chófer del dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, ha respaldado ante el juez la versión de la empresaria Carmen Pano de que fue él quien la llevó en una de las dos ocasiones que ésta ha dicho que fue a la sede del PSOE en Ferraz para hacer sendas entregas de 45.000 euros en plena negociación para obtener una licencia de operador de hidrocarburos, aunque ha dicho que la dejó en el entorno de la sede y que vio que dirigía a la puerta pero no la vio entrar.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, el chófer de Rivas ha explicado que Pano llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón, que no sabía la cantidad exacta, aunque vio tacos de 5.000 euros en billetes de 50, y escuchó que eran 45.000 euros.

Ha relatado que ese día, a finales de 2020, ella le pidió que le acercara a la sede del PSOE porque tenía que hacer una cosa, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al llegar, según su relato, él se quedó en segunda fila en el Paseo del Pintor Rosales y vio a Pano dirigirse hacia la sede del PSOE en la paralela calle de Ferraz, ya que estuvo pendiente de ella por seguridad porque sabía que llevaba dinero. Unos diez o quince minutos después ella regresó y recuerda que ya no llevaba la bolsa, que no tampoco le dijo a quién se la entregó, y que después ella le llenó el depósito de gasolina.

Según la versión del chófer, un ayudante de Claudio Rivas, al que ha identificado como 'Lolo', fue el que llevó el dinero a casa de Carmen Pano, y que él oyó que eran 100.000 euros y que alguien, según escuchó, se había llevado de ahí 10.000 euros.

De esa cantidad total, siempre según lo que dice el chófer que oyó, la empresaria llevó 45.000 euros al despacho de Víctor de Aldama, lugar donde éste le condujo, y tras esperarla en la calle la llevó después a Ferraz para hacer la entrega de otros 45.000.

Carmen Pano siempre ha afirmado en sus comparecencias tanto en el caso Koldo como en el de hidrocarburos que llevó un total de 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE a petición de Aldama, socio de Claudio Rivas.

A este respecto, Aldama manifestó recientemente cuando declaró como investigado en el caso hidrocarburos que era Pano la que le daba “el dinero en efectivo” para “entregárselo” a Koldo García y a Ábalos, cantidad que cifró entre 40.000 y 50.000 euros.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

El empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil se equivocó al señalar a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos. “No tuve ningún contacto. Creo que están equivocados por un contacto que yo tengo, pero es un empresario”, ha afirmado a preguntas del fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas. El representante del Ministerio Público le había interrogado por un supuesto contacto con el director general de Minas, Manuel García Hernández. Esa “conversación” es el principal indicio citado por la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basó en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. Los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

Ahora, en su declaración judicial Aldama ha confirmado que Manuel García Maroto es, en realidad, un empresario. Este jueves también estaba citado como testigo el alto cargo de Transición Ecológica, que ha negado tener vínculo alguno con la trama y ha afirmado que no conoce a ninguno de los investigados. 

El empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, ha dejado claro este jueves en su declaración como imputado en un millonario fraude con hidrocarburos, su voluntad de seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción en la búsqueda de beneficios en las causas en las que está inmerso. Durante el interrogatorio, Aldama ha aludido a presuntas finanzas bajo sospecha del PSOE y de la Internacional Socialista, que ahora preside Pedro Sánchez. Pero no ha ofrecido más detalles bajo el pretexto de que es un asunto que tiene que seguir negociando “directamente” con la Fiscalía, coinciden fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la declaración.

Esta revelación se ha producido cuando el fiscal del caso, Luis Pastor, le ha preguntado por el contenido de un supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que estaría en su poder. Aldama ha afirmado que se lo facilitó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que contendría información relativa al negocio de hidrocarburos y su posible vinculación con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, sin ahondar en más detalles.

La afirmación en sede judicial, no obstante, pone de nuevo el foco sobre las finanzas de los socialistas. Fuentes del PSOE afirman que “no es nuevo que Aldama esté intentando desviar la atención de sus responsabilidades penales” y reiteran que en el partido “no ha existido jamás financiación irregular, una cuestión que no puede sostener el Partido Popular”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Aldama, que afrontará próximamente su primer juicio por corrupción en el caso de las mascarillas, empezó a colaborar con Anticorrupción en noviembre de 2024, cuando llevaba 40 días encarcelado por su implicación en el presunto fraude de los hidrocarburos que lo ha llevado de nuevo este jueves ante el juez. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, valoró en su escrito de calificación en la causa de las mascarillas la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel y también le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel.

En su declaración, Aldama ha vuelto a implicar al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García. Ha afirmado que la empresaria Carmen Pano, también imputada en la causa, le daba cantidades de dinero que él entregaba a ambos. El objetivo era, supuestamente, que utilizaran su influencia para acelerar la tramitación de licencias para operar en el mercado de los hidrocarburos. Aldama ha asegurado que esas cantidades están en torno a los 40.000 o 50.000 euros.

Sin embargo, ha negado que diera instrucciones a Pano para que ella entregara 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo sus instrucciones, tal y como ella dijo en el Tribunal Supremo. “Se lo está inventando”, ha afirmado, según las fuentes consultadas.

Aldama también ha confirmado el error de la UCO al implicar en esta trama a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica: el director general de Minas, Manuel García Hernández. Ha admitido que no tuvo “ningún contacto” con este alto cargo y que la persona con la que él habló es un empresario.

El ex jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, Marc Pons, ha admitido este miércoles en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz que se reunió “cuatro o cinco veces” con el exasesor Koldo García, si bien ha desvinculado esos contactos de la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, investigada por el juez. Pons también ha manifestado que mantuvo una reunión “de alto nivel” con Ribera, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El instructor del caso, Santiago Pedraz, acordó una nueva batería de comparecencias tras recibir un nuevo atestado de la UCO centrado en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Rivas, que también estaba citado este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos. Díaz Bidart también estaba citado este miércoles pero ha podido acudir debido al temporal de nieve en la Comunidad de Madrid. 

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió Pons en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una trama de hidrocarburos, ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que fecha para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons.

Para ese día, el juez además ha citado nuevamente como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.

El instructor también ha vuelto a llamar como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero e igualmente en esa condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz ha convocado para que declaren como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como para el día 30 a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

elDiario.es reveló que la UCO incluía a Manuel García en su atestado al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional. El último atestado del instituto armado aportado al sumario afirma que el empresario Víctor de Aldama “contactó” e “intermedió” con “el director general de Minas, Manuel García Hernández” momentos antes de que la empresa de su socio registrara documentación sobre una licencia que no obtuvo hasta casi dos años después. Esa “conversación” es el principal indicio que cita la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Sin embargo, en el caso de Manuel García, la unidad policial se basa en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. A través de sus herramientas forenses, los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO. 

De hecho, las fuentes consultadas afirman que los agentes también se equivocan al afirmar que es Aldama quien “contactó” pues, de acuerdo a ese código recuperado, fue su interlocutor quien le envió el mensaje.

La operadora Villafuel

La trama habría formado “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del “entorno de la presunta organización criminal” se habría pedido a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.

En uno de los atestados de la causa, la UCO explicó el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.

En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto “máximo dirigente” de la trama, pidió a Aldama que intercediese para “obtener la influencia” de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE- para que “ejerciera su influencia” aprovechando sus cargos, “en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas” a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.

“Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente”, sostiene la UCO, que cree que el “pago” al exministro fue la entrega y disfrute, “bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento”, de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que una sociedad de Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros.

La trama se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En un informe, la UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

Los investigadores precisan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”. La Benemérita no alberga duda de que “la máxima dirección de esta organización criminal” eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, afirma.

Y asegura que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”.

La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con la finalidad de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. “Todo ello a cambio de una contraprestación económica”, subraya.

La UCO dice que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet

La Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizada supuestamente entre otros por el empresario Víctor de Aldama pagó al exministro José Luis Ábalos el chalet de La Alcaidesa en Cádiz a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operador.

“Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González, según se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según los agentes, “los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”.

La UCO destaca que la adquisición de ese chalet se produjo “tras un proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente” el entonces asesor de Ábalos, Koldo García. De Aldama también tuvo un papel protagonista, en tanto que actuó “como intermediario entre el ministro y la organización criminal”, iniciando “las gestiones necesarias para la adquisición” de la vivienda.

“Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor de Aldama con Claudio Rivas, la conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria y Turismo), lo esclareció”, señalan los agentes.

La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió “cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa”.

Manzanares y Puertollano contarán con sendas plantas para el reciclaje de residuos plásticos, según publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo a dos resoluciones de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional, que recogen el correspondiente informe de impacto ambiental de estas futuras instalaciones.

Una de estas plantas se ubicará en el polígono municipal de Manzanares, en una parcela urbana, a unos 320 metros de las viviendas más cercanas. La empresa promotora es Agru Residuos, SL. y realizará labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos plásticos procedentes del sector agrario, para su posterior venta a gestores autorizados.

Según los cálculos de la empresa se van a gestionar unas 7.090 toneladas de residuos cada año. En el proceso se utilizará agua potable de la red del municipio. Además, en la resolución se especifica que “las aguas pluviales con posibilidad de contener hidrocarburos [componente fundamental del plástico], se conducirán mediante la pendiente del solado hasta el separado de hidrocarburos” y que esas aguas serán después vertidas a la red de saneamiento municipal.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible el proyecto no debe someterse a evaluación ordinaria, sino que bastará con una simplificada porque, dice, el proyecto “no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente”.

En Puertollano, otra para reciclar plástico agrario y de la refinería

El segundo proyecto al que se da luz verde, y al que se otorga una autorización ambiental integrada, es el que pondrá en marcha Piroplast Energy.

Será una planta de valorización mecánica y química de residuos plásticos procedentes tanto del sector agrario como de la industria - de la refinería de petróleo de Puertollano- y que estará destinada a la producción de materias primas circulares. Se instalará en el polígono industrial la Nava III, de Puertollano. En 2024 fue declarado “proyecto prioritario” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta planta tratará los residuos plásticos mediante pirólisis. Es decir, los transformará en hidrocarburos simples (como el metano, el propano o de otros tipos), con una producción anual estimada de 16.200 toneladas.

Al conocer esta noticia, el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz se ha mostrado satisfecho. Cree que es “un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad” y que “refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo”.

El edil ha detallado que la inversión prevista supera los 18 millones de euros y creará 63 empleos directos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar dos anuncios por los que se somete a información pública tanto la aprobación del proyecto de ejecución como la declaración de utilidad pública para construir una red de gas que se adapte para la inyección de biometano a la red general en la provincia de Ciudad Real.

En concreto se trata de la construcción de tubería en las localidades de Carrión de Calatrava, Socuéllamos y Torralba de Calatrava. En estos tres municipios se proyectan diversos proyectos para instalar plantas de biometano - reciclaje de residuos agroalimentarios o de otro tipo, como los purines de las macrogranjas de cercos- para convertirlos en biogás.

En los últimos meses, este tipo de proyectos han suscitado un amplio rechazo social en la zona, que se ha agudizado después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pusiera fin a la moratoria para poder abrir nuevas macrogranjas de porcino y diese a conocer el documento base del futuro Plan de Biometanización de la comunidad autónoma.

Este viernes se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para sendos proyectos de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., valorados en más de 700.000 euros que incluirán expropiaciones forzosas en los terrenos por los que discurran las tuberías.

Será necesaria además la imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, no se podrán efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantar árboles o arbustos en cuatro metros, dos a cada lado del eje de la tubería y a ambos lados de la tubería y tampoco se podrán hacer obras en diez metros, cinco a cada lado de la conducción.

En Valdepeñas, una charla sobre las plantas de biogás

Mientras, la próxima semana la Plataforma Stop Biometano Valdepeñas ofrecerá, el jueves 3 de octubre a las 19:00 horas, en el Auditorio Veracruz de Valdepeñas, una charla informativa para la ciudadanía sobre el proyecto de una planta de biometano a escasa distancia del municipio.

El acto contará con la participación de Máximo Beltrán Florín, profesor titular de Tecnología del Medio Ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, quien expondrá las características técnicas del proyecto y las posibles consecuencias para la población de una planta con capacidad prevista para tratar 160.000 toneladas anuales de residuos orgánicos animales y vegetales. Asimismo, intervendrá María Manzano Herránz, representante de la Plataforma Stop Biometano Torralba de Calatrava, que compartirá la experiencia de los movimientos ciudadanos frente a proyectos similares en su localidad.

Actualmente, en Valdepeñas se encuentran en fase previa de tramitación tres proyectos industriales de gran relevancia. Tanto una planta de biometano en el camino de Peñuelas, a 1,5 km del casco urbano, una planta de hidrógeno en la carretera de Daimiel y una planta de amoniaco en el polígono Entre Caminos.

La Plataforma subraya la importancia de la concurrencia de público “para conocer de primera mano los riesgos y problemáticas que rodean la implantación de este tipo de plantas en el entorno inmediato de Valdepeñas”.

Bajo el lema “Juntos, lo paramos”, se busca visibilizar y reforzar la resistencia social frente al desarrollo sin control de macropoyectos industriales, además de impulsar la defensa de los pueblos y del entorno natural de la región.

En Valdepeñas, el Pleno municipal aprobó en agosto cambiar su Plan de Ordenación Municipal para “condicionar” la posible llegada de plantas de biogás.

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, contra la decisión del juez Santiago Pedraz de subastar sus coches, señalando que de no hacerlo perderían valor por el paso del tiempo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal entiende que una medida de ese tipo “no atenta ni vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado”, que alegó que la subasta vulneraría ese derecho.

“Y dado que, muy previsiblemente el valor de los bienes se vaya depreciando con el tiempo, para el caso de que se dictara, en cualquier momento del procedimiento, una resolución favorable para el investigado, siempre podría reclamar de la Administración el valor que se ha obtenido con la realización anticipada”, replica.

El empresario y varios de sus colaboradores fueron enviados a prisión provisional por el denominado 'caso hidrocarburos', un supuesto fraude fiscal de más de 182 millones de euros a través de entramados empresariales de este sector. En esa causa se investigan delitos que no solo acarrean la cárcel sino potenciales multas de cientos de millones de euros.

La petición de De Aldama tuvo lugar después de que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, aconsejara a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco del 'caso hidrocarburos', en el que el empresario está imputado.

Según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, los 13 coches incautados a los investigados de la presunta trama tendrían un valor aproximado de 635.700 euros.

En su solicitud, la oficina dependiente de Justicia recalcó que dado que los vehículos “son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso”, y dado que su depósito conlleva gastos, insistió en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.

Los magistrados responden al recurso del empresario que los bienes que “se someten a la adjudicación o realización anticipada y a la entrega a determinadas entidades financieras” son vehículos y ciclomotores que “fueron objeto de embargo y prohibición de disponer” por orden del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que investiga el denominado 'caso hidrocarburos'.

Mencionan que De Aldama se ofreció a tenerlos en depósito y se comprometió a que no se depreciara su valor con el tiempo, añadiendo que en algunos casos incluso aumentaría. Pero la Sala de lo Penal considera que los argumentos del empresario “no pueden ser atendidos” porque “se ha acreditado que los gastos de custodia y de depósito que generan estos bienes son cuantiosos para la Administración Pública”.

Y además porque, añade, “los mismos son depreciables con el tiempo, pues es obvio que los vehículos y ciclomotores, se utilicen o no, pierden su valor de tal manera que el valor actual de realización anticipada va a ser mayor que en un momento posterior, lo cual disminuye el valor de los bienes embargados, y en definitiva, disminuye la cuantía o el importe con lo que se puede hacer frente, en su caso y si así procede, a la responsabilidad civil que se pudiera derivar de una posible sentencia de carácter condenatoria”.

A su juicio, es “aconsejable su realización anticipada con la finalidad de mantener en la medida de lo posible el valor actual que pudiera tener, o la entrega de varios de ellos a las entidades financieras que ostentan un derecho de reserva de dominio sobre los mismos al estar en régimen de 'renting'”.

Yo, que soy de letras, sigo haciendo números. No me salen las cuentas de lo que nos va a costar la defensa de “un ataque preventivo de la URSS” (a este paso, vamos a recuperar para la Generación XYZ la canción del grupo ochentero 'Polanski y el ardor'). El presidente estadounidense Donald Trump le ha dado un ultimátum a su homólogo ruso Vladímir Putin, enviando dos submarinos nucleares cerca de Rusia para que detenga la guerra en Ucrania, mientras amenaza con aumentar las tarifas comerciales a la Unión Europea hasta el 35%, diez días después del atraco a mano armada sufrido por el gobierno de Bruselas en Turnberry (Escocia, Golf Resort). Y les vamos a necesitar, a los marines, porque la industria europea de defensa está en mantillas, hasta 2030, y sin gas -barato- ruso para ponerla en marcha, excepto el que le compremos a Estados Unidos, según aprobó el Consejo de la Unión Europea.

A Rusia no le ha hecho ni cosquillas lo de los dos submarinos -normalmente hay cuatro ya apostados en el Atlántico, Pacífico, Índico-, más allá de un cruce de amenazas de patio de colegio en las redes entre Donald Trump y Dmitry Medvedev. El expresidente de Rusia mencionó la capacidad “soviética” para lanzar ataques nucleares automáticos, recordándole a Trump la “mano negra”. Se trata de un mecanismo de seguridad de la época de la URSS, que dispararía de forma automática las ojivas nucleares en caso de que toda la cúpula militar rusa fuera aniquilada.

Entre los marines y el atraco, la Unión Europea se hace trampas al solitario. En su 18º paquete de sanciones económicas a Rusia, aprobado el 17 de julio pasado, el Consejo de la UE aprobó comprar “productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso” -barato-, que incluye el gas licuado de hidrocarburos, a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y Noruega. No a la India -castigada con un 50% en el acuerdo de comercio con Estados Unidos por comprar gas a Rusia- ni a cualquier país tercero. Que no, que no se los podemos comprar, excepto a los cinco arriba nombrados. ¿Por qué? Dice el Consejo de la Unión Europea, para que no entre crudo ruso al territorio de la Unión “por la puerta de atrás”.

Esto que es público y ha sido publicado no ha tenido la repercusión que merece. A ver, ¿sumamos al coste de nuestra defensa la comisión que se llevan los intermediarios del gas ruso, amigos y vecinos de la Unión Europea? ¿Será esta intermediación más barata que la de la India? ¿Nos van a hacer precio de amigos? Tal vez, porque aquí es donde llega Lady Henrietta. ¿Quién dijo gas? Y petróleo, lo que haga falta siempre que nos lo venda “uno de los nuestros” y al precio estipulado por la UE -rebaja de 60 a 47,6 dólares por barril-. Que éste es el precio legal al que, en caso de transferencia ship to ship, podía descargar el petrolero ruso Lady Henrietta en Gibraltar el pasado 23 de julio, una vez aprobada esa cláusula extraña de que nosotros no podemos comprar gas o petróleo a Rusia, pero Estados Unidos y otros países amigos, sí. “El buque proporcionó la certificación pertinente que confirmaba que la carga cumple con los requisitos del límite máximo del precio del petróleo”, dijo la nota del Gobierno de Gibraltar ante el escándalo de la llegada del buque a puerto. Y eso pese a la circular portuaria de 2024 que prohíbe la entrada de buques rusos en el puerto de Gibraltar.

Recapitulemos. A los detalles del acuerdo quasi unilateral de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea -primero, del 15%, ahora, del 35%-, hay que sumarle el 5% de gasto en defensa y seguridad de cada país para la OTAN, con la valiente oposición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante las demandas de Trump y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El ex primer ministro holandés, que se reía a carcajadas junto al presidente estadounidense en la Casa Blanca, amenazó con que los Estados miembros debían recortar en partidas sociales: sanidad, educación y otros beneficios pilares del Estado de Bienestar. Francia comenzó con la ridícula medida de eliminar tres festivos del calendario laboral. A esas cifras porcentuales se añaden los 850.000 millones de la hoja de ruta para el rearme de Europa y los 600.000 millones de “inversión masiva” europea en Estados Unidos. Así, grosso modo.

Aunque a España, isla energética junto a Portugal, no iba a llegar el gas -barato- ruso por la eterna oposición de Francia a que nada cruce los Pirineos. Aquí, el presidente Sánchez también se puso en su sitio, dio un golpe en la mesa y se levantó del Consejo Europeo en marzo de 2022 para que le aprobaran la “excepción ibérica”. Es decir, la posibilidad de regular a nivel nacional el precio del mercado energético saliéndose del marco comunitario, vistas las subidas astronómicas del precio de la luz durante el año anterior. Porque a nosotros el gas nunca nos ha llegado barato. Tal vez, un poco, el de Argelia. Pero nos dimos un tiro en el pie “regalándole” el Sáhara a Marruecos y los argelinos se enfadaron un poco. Ahora lo venden un 20% más barato, pero a Italia.

No pasa nada. Tenemos un proyecto, recuperado de la legislatura anterior de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para incentivar la industria de defensa en la Unión. En aquel momento, 2019, la guerra no estaba ni se la esperaba. ¿O sí? Pero contábamos con una inestimable ventaja: el gas -barato- ruso. Bueno, barato para la Europa continental, con Alemania como distribuidor desde el gasoducto Nord Stream en su costa norte y saboteado hace casi tres años, ahora dicen que por los ucranianos. Daremos gracias a Trump si no nos envía algún que otro submarino nuclear.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado anular el caso Gaslow, un fraude millonario de hidrocarburos, por la petición de un abogado de la defensa que denunciaba un montaje en el seno de la causa por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) para poner en marcha otros casos, incluido el que lleva el nombre de 'Koldo' o 'Ábalos' y que afecta al Gobierno.

“Resulta inoportuno manifestar que nos encontramos ante un espionaje con fines políticos, derivado de noticias de prensa y de la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a Koldo”, responde Pedraz al abogado Jacobo Teijelo, que defiende a un presunto guardia civil corrupto, antiguo miembro de la UCO, Juan Sánchez Yepes.

El letrado reproducía una conversación entre un antiguo capitán de la Guardia Civil, Vicente Bonilla, con un confidente y empresario investigado, José Luis Caramés, en la que éste último le adelanta que quiere darle información en 2021 sobre alguien que le resultaba ajeno al agente, un tal 'Koldo', del que decía que era “mano derecha de los que trincan”.

A partir de ahí, el abogado defendía que el caso Koldo procedía de las maniobras de Caramés y el capitán Bonilla. Este último no está investigado y fue fichado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2023 para dirigir la seguridad del Sermas. Pedraz afirma en el auto: “La prensa no está en la causa y el nombre de 'Koldo' (o 'Bonilla') no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático”.

Y añade: “Lo que está claro es que el presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de 'ilegalidad' o manipulación por la UCO. Obviamente. Si este magistrado instructor lo hubiera detectado se habría actuado en consecuencia”.

Respecto a lo que haya ocurrido en el marco de otra causa que él no investiga, Pedraz destaca que esos hechos “no están” en el procedimiento que él dirige y “no cabe otra resolución que la de rechazar la nulidad planteada al basarse todos los motivos (”ocultaciones“) en lo actuado en dichas diligencias”.

“A este instructor le está vedado 'revisar' un procedimiento de otro juzgado, ni aún por que el recurrente aporte en su escrito origen de la soliditud de nulidad fotos del procedimiento del 6, pues no es sino una visión parcial. De ahí que en el auto recurrido se diga que lo alegado son meras conjeturas”, alega el juez en referencia a una primera decisión en la que rechazo siquiera tramitar el escrito del abogado de la defensa.

El nombre del abogado Jacobo Teijelo también ha aparecido en los últimos días en los medios por su presencia en la reunión en la que una militante del PSOE, Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset buscaban información comprometedora contra la Guardia Civil, según la grabación desvelada por El Confidencial. Su defendido, el capitán Yepes, cobró 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, según un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil desvelado por El Periódico.