El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama.

Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama.

La Guardia Civil explica en su atestado, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio.

La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros.

En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

Interpol ha detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) al empresario Alejandro Hamlyn, cuya compañía Hafesa fue declarada culpable en un juicio por fraude de hidrocarburos celebrado en la Audiencia Nacional y al que él no se presentó al estar fugado.

Según ha adelantado 'The Objective' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la detención se llevó a cabo este lunes y se han iniciado los trámites para la extradición, un proceso que se dilatará unos meses.

Por otro lado, fuentes judiciales aseguran a Europa Press que el empresario tenía una petición de extradicción de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional por la causa de hidrocarburos a raíz de su no comparecencia en el juicio, la cual estaba cursada y pendiente de su detención.

Su reunión con Leire Díez

El nombre de Hamlyn adquirió notoriedad después de trascender unos audios de una reunión por videoconferencia en la que el empresario participó desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con Leire Díez, en la que la exmilitante hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.

En aquel encuentro, el empresario vasco se ofreció a facilitar información comprometedora contra la UCO y, a cambio, Díez habló de favores judiciales a cambio, de acuerdo a los audios filtrados. Sin embargo, ambos negaron con posterioridad esos dos extremos.

Los audios de esta reunión fueron el origen de la primera causa del 'caso Leire Díez' en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), en la que el magistrado Arturo Zamarriego imputó a la exmilitante, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol como presuntos autores de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Esta causa fue remitida recientemente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que integró esta parte de la investigación, relativa a maniobras contra la UCO, jueces y fiscales, a las diligencias relativas a la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno y los supuestos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por otro lado, la empresa la Audiencia Nacional condenó el pasado noviembre a multa a la compañía Hafesa Energía y a penas de cárcel a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

La Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), integrada en la organización profesional agraria de ámbito nacional Unión de Uniones, ha advertido este jueves sobre el reducido número de agricultores que actualmente solicitan en Canarias la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que grava el gasóleo agrícola.

La organización citada ha analizado los datos correspondientes al ejercicio de 2024, los últimos disponibles, y en ellos constata que en Canarias solo se presentaron cinco solicitudes, la misma cifra que en 2023, se indica en un comunicado de prensa.

Para la entidad Palca, el reducido número de peticiones de devolución pone de manifiesto la necesidad de analizar de forma urgente las causas por las que tan pocos agricultores y ganaderos locales tramitan esa devolución fiscal, un ahorro fiscal que les corresponde.

Hay que señalar además que, en el conjunto de España, las solicitudes descendieron el 8,87%, hasta situarse en 118.189, en el mismo ejercicio anual de referencia. Los datos de Canarias contrastan con los registros de consumo de gasóleo agrícola y ganadero del sector agrario nacional, que mantiene valores similares en los últimos años.

Para Palca-Uniones de Uniones, tras el análisis de esas reseñadas estadísticas, es evidente que se debe revisar el funcionamiento del sistema de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de manera que se analice por qué un número tan reducido de profesionales en Canarias solicita la devolución de ese impuesto indirecto, solo cinco en 2024. Ese impuesto grava uno de los principales costes de producción en las explotaciones agrarias.

La misma organización profesional agraria considera imprescindible identificar las razones de ese reducido número de peticionarios de la exención fiscal en las islas, para así adoptar medidas de simplificación que mejoren la información ahora disponible y garanticen que ningún agricultor o ganadero de las islas deje de percibir la devolución fiscal por consumo de gasóleo agrícola que le corresponde.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, ha cerrado con su firma, definitivamente, los proyectos de “investigación de hidrocarburos” llamados Lore, Landarre (o Landare, hay tantas versiones como documentos oficiales) y Sustraia, que originalmente ocupaban unas 131.000 hectáreas en el interior de la comunidad autónoma, en una zona entre Bizkaia y Gipuzkoa. Estaban explotados inicialmente en un 50% por la que fue sociedad autonómica de hidrocarburos, conocida por sus siglas Shesa, y por una filial de Petrichor, que según expone en su página web es una compañía con base en los Emiratos Árabes Unidos aunque de origen neerlandés.

El Gobierno, en la orden de extinción publicada este martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), recuerda que los tres permisos fueron concedidos en 2018 para un período de seis años que ya ha expirado. Hubo un cuarto, llamado Lurra que no prosperó. En 2020 ya se aceptó una renuncia parcial por parte de la entonces consejera, Arantxa Tapia. Desde la luz verde a estos proyectos, en todo caso, la legislación ha cambiado de manera fundamental. En aquel momento todavía estaba latente la amenaza del uso de la técnica del 'fracking' para la extracción, que quedó prohibida después de recibir una fuerte contestación social.

La normativa autonómica más reciente contra el cambio climático, del tramo final del mandato de Iñigo Urkullu y pactada por el Gobierno de PNV y PSE-EE con EH Bildu, forzaba a que, de cara a 2030, el Gobierno vasco se desprendiese de todos sus activos relacionados con hidracarburos, incluida la disolución de la entidad Shesa y el paso de su actividad al Ente Vasco de la Energía (EVE). En 2024 también se produjo la salida de Shesa de su participación, del entorno del 37%, del permiso Viura de extracción de gas. Este yacimiento está en La Rioja y durante años ha sido la operación más rentable en este ámbito para las arcas vascas. Fue vendida a Heyco, que ahora también está detrás de la filial de Petrichor después de una sucesión de cambios societarios.

Antes, en 2021, se aprobó una ley estatal que “dejó sin contenido práctico” la utilidad de la “investigación” de hidrocarburos en el subsuelo si luego quedaba prohibida su extracción. No obstante, en seis años se han invertido 571.246,25 euros en Lore, Landarre y Sustraia, según la información oficial. Ni Petrichor ni Heyco han presentado alegaciones sobre el final de esta aventura.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

Hay un personaje en España que se presenta como la persona que destapó la corrupción del PSOE y que, dotado con esa legitimidad, va de plató en plató haciendo afirmaciones estrafalarias y de dudosa credibilidad que, en todo caso, alimentan y consolidan los prejuicios de los conservadores. Aldama, que ha sido tratado con suma generosidad por parte del Tribunal Supremo, es el nuevo héroe de la derecha de este país. Y es también, desde hace más de un año, parte destacada de su cultura pop.

Lo llamativo no es que un personaje de estas características ocupe horas de tertulias y titulares de prensa, porque de esos hay muchísimos, sino la extraordinaria facilidad con la que una parte de la sociedad ha suspendido sus propios criterios morales para convertirlo en una figura admirada. Se trata de una inversión de valores muy reveladora de la polarización política contemporánea, donde ya no importa quién eres ni qué has hecho, sino contra quién disparas.

El año pasado la derecha puso mucho empeño en convertir la expresión “Pedro Sánchez, hijo de puta” en la “canción del verano”, como dijo el cantante Juan Magán y otros portavoces a los que, para variar, no les importó contribuir a la degradación política que supone popularizar insultos a figuras públicas. Pero mientras los exabruptos contra el presidente corrían como la pólvora en verbenas y fiestas de pueblo, y no siempre espontáneamente, en una frecuencia distinta también proliferaban otros cánticos tales como “por Aldama, por Aldama” —en versión flamenca, cantado por uno de los Morancos— y un mucho más explícito “Aldama libertad y si no la hay, manifestación nacional” que él mismo subió a sus redes como ejemplo del “sentir popular”. No es ninguna tontería, ya que la popularidad de Aldama constituye el síntoma visible de un proceso político mucho más profundo, a saber: la construcción deliberada de un personaje útil para una determinada batalla cultural.

¿Cómo puede un empresario corrupto convertirse en objeto de admiración e incluso de celebración pública? La única forma de explicarlo es precisamente atendiendo al papel instrumental que juega en una causa mayor: la de desgastar y tumbar al gobierno de coalición progresista. Las derechas nunca toleraron perder el gobierno en el año 2018, pero mucho menos aceptaron que los comunistas se sentaran también en el Consejo de Ministros desde el año 2020. Desde entonces han intentado casi todo para cambiar esa situación, siguiendo aquel claro consejo de Aznar de que “quién pueda hacer, que haga”. Pero aquella ofensiva ideológica, mediática, judicial y hasta policial terminó chocando con la voluntad popular expresada en julio de 2023, que revalidó al gobierno de coalición. 

La derecha perseveró en esta estrategia, claro, pero pronto encontró un aliado inesperado: la corrupción del PSOE, un regalo que los ladrones de Ábalos, Cerdán y compañía han ofrecido a los reaccionarios de nuestro país. Conviene no minimizar la importancia de este hecho, como hace cierta izquierda en ocasiones. Lo cierto es que la corrupción debilita electoralmente a quien la protagoniza, pero también proporciona munición política, legitimidad discursiva y cohesión emocional a sus adversarios. Por eso la derecha ha mordido a la presa y no la va a soltar: han encontrado un punto de gran vulnerabilidad del gobierno y de Pedro Sánchez. Pero como nunca es suficiente, necesitan sobredimensionar el fenómeno para que parezca realmente un problema de todo el gobierno de coalición. Y ese es precisamente el papel de Aldama. Él ya no es únicamente un empresario investigado, sino que se ha convertido en un personaje político. Y, como ocurre con todos los personajes políticos exitosos, su relevancia no depende tanto de la veracidad de lo que cuenta como de la utilidad simbólica que adquiere para quienes lo escuchan.

Seamos claros: Aldama es un fantasma y no sólo un delincuente. Durante la fase de instrucción el juez acreditó que muchas de sus “confesiones” no se ajustaban en absoluto a la verdad o eran acusaciones sin pruebas; en algunos casos fueron directamente mentiras desmontadas por el juez, y que obligaron al propio Aldama a tener que rectificar para evitar problemas mayores. Así, durante el juicio Aldama no sólo aportó evidencias que ayudaron a esclarecer el caso, aspecto que sostiene la desproporcionada generosidad con la que el Tribunal Supremo ha tratado su situación, sino que también se dedicó a esparcir basura a fin de que el problema pareciera mucho mayor de lo que ya era. Y desde el principio estaba claro que, si Aldama quería ganarse la simpatía de la derecha de este país —parte de su propia estrategia de supervivencia legal— tenía que ir a por la caza mayor: Pedro Sánchez y su gobierno.

Ahí reside su atractivo para la derecha sociológica de este país: se presenta como un héroe que se enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez y que puede conseguir, sueñan ellos, que acaben todos en la cárcel. En sus manifestaciones más recientes ha vuelto a incidir en que tiene material comprometido de Pedro Sánchez, al que sin prueba alguna llama “el number one”, y ha predicho que acabará en la cárcel. Para completar su relato de héroe contra villano, ha declarado solemne que tiene miedo por él y por su familia; un tono victimista que lleva dos años utilizando a fin de presentarse como contrapunto de un supuesto gobierno totalitario dirigido por Pedro Sánchez. No importa si algo de todo esto es verdad o tiene el respaldo de pruebas; lo que importa es que la derecha de este país le da verosimilitud y escucharlo refuerza sus prejuicios sobre qué tipo de gente gobierna España en este momento. Por esa razón, Aldama se ha convertido en un héroe que merece reconocimiento, cariño y cuidados. Exactamente lo que está recibiendo en las verbenas y fiestas populares, en los medios de comunicación donde se le invita a compartir sus invenciones, y también en los juzgados —que ponderan mejor lo cierto y lo falso, pero que no escapan de su atractivo ideológico e instrumental—.

Este va a ser un verano curioso. En algunas verbenas y fiestas populares convivirán dos fenómenos reveladores de nuestro tiempo político: insultar al presidente del Gobierno democráticamente elegido y celebrar a un empresario que participó en tramas corruptas. Es una inversión moral extraordinaria, pero congruente con un tiempo político donde la ideología reaccionaria ciega cualquier consideración moral o de decencia. La derecha de nuestro país ha convertido la derrota del gobierno de coalición en el único horizonte político, haciendo desaparecer toda coherencia y permitiendo que cualquier personaje dispuesto a contribuir a esa tarea sea rápidamente rehabilitado. La pregunta que debemos hacernos es por qué una parte de la sociedad ha decidido convertir a este personaje, un corrupto, en un referente.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, en el que también propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles.

Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso del capitán de la Guardia Civil propone juzgarle por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Según el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras 14 personas por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

También están implicadas una veintena de empresas por el presunto fraude entre marzo y octubre de 2020 después de que los investigadores detectaran una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A Parra el fiscal también le pide una multa de 30 millones de euros y seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el delito contra la hacienda pública. También le exige otra multa de 15 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio.

Competencia desleal en gasolineras

La acusación pública destaca que Parra, además del dinero defraudado, presuntamente hizo competencia desleal “reprochable”, ya que “reventó” el mercado y presumía diciendo que tenía la gasolina más barata de España en sus gasolineras.

Para el fiscal, Parra no solo se enriqueció injustamente al apoderarse del IVA que debía haber ingresado a Hacienda, sino que parte del combustible se vendió a las estaciones de servicio de las que él era propietario, lo que le dio la posibilidad de disponer de materia prima a precios inferiores a los de mercado.

El ministerio público mantiene que Joaquín Parra fue supuestamente “el cabecilla de la operación” y entre los implicados hay familiares (un hijo y su mujer), así como amigos y trabajadores de su plena confianza.

Joaquín Parra y su hijo ya habían sido detenidos con anterioridad a este caso como responsables de la mercantil Carburantes Nafta en otro procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (precisamente por fraude del IVA en la venta de hidrocarburos).

Por el presunto fraude que se va a juzgar en Málaga, Parra estuvo en prisión preventiva desde julio de 2021 (siendo presidente del CD Badajoz) a julio de 2022.

Liquidaciones de IVA anómalas

La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre de personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 un total de 13,1 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Un complejo entramado societario

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también logró descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga (en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital), además de en Sevilla y Madrid.

El dinero defraudado, según el fiscal, permitía a los detenidos llevar un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Los investigadores creen también que Parra podría haber desviado un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio 'Nuevo Vivero'. 

“La sociedad no puede permanecer en silencio ante la escalada de conflictos armados que estamos viviendo”. Esta declaración es parte del manifiesto que ha lanzado este lunes la recién constituida Plataforma 'No a la Guerra' en Toledo, en un mensaje que sostiene que “las guerras no son inevitables”.

En opinión de este colectivo, “las guerras son decisiones políticas, económicas y geoestratégicas y sus consecuencias las pagan siempre las mismas personas: la población civil, la clase trabajadora, las personas más vulnerables, cebándose especialmente en mujeres, personas LGTBI+ y menores”.

Las “guerras modernas”, como las califican, “rara vez se explican solo por disputas territoriales o ideológicas”. En este sentido reclaman mirar “con perspectiva” y encuentran un “un claro patrón”, que tiene que ver con la disputa por la energía, los recursos naturales y el poder monetario. “Ya no es suficiente con el control de hidrocarburos, ahora sumamos la competencia por recursos como el oro, minerales estratégicos, tierras raras con elementos químicos contaminantes y costosos de difícil extracción, o incluso los alimentos, demostrando así que la geopolítica y la economía vuelven a caminar juntas una vez más”, subrayan.

Esta plataforma se define como un “espacio abierto” que une a organizaciones sindicales, sociales y políticas en el que se integran la Asociación Mujeres de Negro contra la Guerra, la Plataforma 8M Toledo, la Marcha de Toledo por Palestina, la Unión Popular de Estudiantes, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Movimiento SUMAR, Asociación Vecinal El Tajo, Asociación Vecinal La Cava, AVALTO, Partido Comunista de España, Asociación Cooperativa Patrice Lumumba, la Asociación de vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono', Bolo Bolo Castilla-La Mancha, la Federación de Asociaciones Vecinales “El Ciudadano”, La Unión Popular de Inquilinas, Podemos, Feministas de Pueblo Castilla-La Mancha y Comisiones Obreras de Toledo.

Ahora pide a otros asociaciones y colectivos que se sumen a la plataforma, en un mensaje dirigido a la ciudadanía en general para “dejar de normalizar la industria de la guerra como si fuera un negocio más: no, no lo es”, afirman.

En este sentido recuerdan que “las armas no se fabrican sin conflictos armados activos, sin una inversión previa y esa inversión procede en gran medida de entidades financieras internacionales. Bancos que operan en Europa y gestionan ahorros de la ciudadanía que desconocemos el destino final de nuestro dinero”, advierten.

“Mientras se multiplican los conflictos, asistimos también a un preocupante proceso de normalización, a una narrativa que pretende hacernos creer que la guerra es una salida legítima o incluso necesaria”.

Desde la plataforma sostienen que no van a aceptar esa lógica. “No podemos resignarnos a un mundo que normaliza la guerra como herramienta política” porque “la guerra no responde jamás a los intereses de los pueblos que en ella se ven inmersos, sino que obedece a las demandas económicas de unos intereses burgueses y belicistas”.

“Ningún Estado está por encima del derecho internacional”

Después han recordado que “ningún Estado está por encima del derecho internacional” o que no hay “ninguna razón geopolítica justifica la invasión militar de un territorio o el uso de la fuerza bélica como mecanismo de resolución de conflictos”.

Por eso denuncian “todas las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional”. Exigen un alto alto al fuego “inmediato” y una desescalada, con cese de bombardeos, amenazas y represalias. “Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas”.

Las cifras del horror de las guerras

En el manifiesto estos colectivos ofrecen cifras escalofriantes: más de 6.000 personas muertas ya en Irán y El Líbano “por obtener el control marítimo del estrecho de Ormuz por EEUU y la expansión territorial por parte de Israel para ampliar su zona de colonos, tras lo ya ejecutado en Gaza y Cisjordania”. Denuncian que “son formas de controlar el tránsito de un porcentaje elevado del suministro del petróleo y el gas mundial” y recuerdan que “este genocidio ha provocado más de 765 víctimas mortales y 2.140 personas heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego”.

También aluden al Ministerio de Sanidad gazatí: “Ha recordado que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, -que dejaron unas 1.200 personas muertas y cerca de 250 secuestradas, según el balance oficial-, se han registrado 72.344 muertas y 172.242 heridas en la Franja”.

Piden “no olvidar” el conflicto de Ucrania, donde la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRMMU) ha cifrado en más 15.000 las personas muertas, entre ellas 766 niños y niñas y más de 41.000 heridas desde el inicio de la invasión rusa.

O de los conflictos actuales en África que, explican, “han generado una severa crisis humanitaria con cientos de miles de personas muertas y millones de desplazadas, siendo Sudán, con más de 150.000 personas fallecidas desde abril de 2023, y la República Democrática del Congo (RDC), con miles de muertos este año, los puntos más críticos”.

Tampoco se puede perder de vista otros conflictos persistentes, subrayan, en Nigeria y la región del Cuerno de África.

Consideran además “injustificables” lo que tachan de “injerencias sistemáticas en Estados soberanos como Cuba o Venezuela; o la pugna por el control de Groenlandia, que podría albergar hasta el 25% de las tierras raras y así evitar la dependencia del mercado chino, que actualmente procesa alrededor del 90%”.

Después, advierten de los “factores que dificultan el poder afrontar esta crisis económica”, no solo el crecimiento de la deuda pública por la crisis de la COVID-19, sino las propias guerras y conflictos que, explican, “hacen la cooperación internacional más difícil y el aumento del gasto militar mundial en detrimento de derechos tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Pintan una tormenta perfecta que combina escasez de recursos como el petróleo o el gas que están provocando conflictos bélicos en todo el planeta con una crisis ambiental galopante azotada por el calentamiento global.

El bautizado como 'No Normal Tour' llega a Castilla-La Mancha “para analizar las consecuencias y las posibles medidas por la crisis del estrecho de Ormuz” y que es tan solo la última de una larga lista en todo el planeta en los últimos años.

Se trata de una “iniciativa ciudadana” autogestionada que han auspiciado científicos y divulgadores de toda España, y que se están apoyando “personas preocupadas por el momento histórico que estamos atravesando”, para trasladar el mensaje que que algo tiene que cambiar en el planeta. Lo explicaba este miércoles Lorenzo Flores, uno de los dinamizadores del encuentro en Ciudad Real, junto a las activistas Patricia Grande y Carmen Ciudad.

El objetivo es alertar de que la “normalidad”, tal y como se conocía, “ha llegado a su fin” y la sociedad se enfrenta a “un cambio profundo e irreversible”.

Durante la sesión, que ha podido seguirse online y que se repetirá en los próximos días en Albacete y Guadalajara, se han analizado las consecuencias reales de la situación actual: escasean los hidrocarburos -el gas o el petróleo- y otros materiales esenciales que permiten que el mundo se siga moviendo al actual ritmo de vida. Una dependencia que ya está teniendo los primeros efectos en la economía mundial y que, advierten, terminará llegando a España. También a lo más local.

“¿Por qué tenemos que actuar ya?” Porque tenemos una crisis ambiental y de recursos y eso lo sabemos desde hace 50 años“, señalaba Patricia Grande de Ecologistas en Acción. Ahora, con la guerra en Irán iniciada por Donald Trump ”todo se ha precipitado y nos entran las prisas por conseguir energía“, lamentaba.

En su charla se ha remontado a septiembre de 2025 cuando la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis de hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, que han experimentado una rápida caída de extracción a nivel mundial. “Esta no es solo una crisis energética sino ambiental: falta agua, hay destrucción de suelos y de la biodiversidad. No lo estamos notando mucho en España todavía, pero cada vez llegan menos recursos”, subrayaba.

Frente a eso, se ha puesto sobre la mesa el hecho de una transición energética fallida. “El sistema de energías renovables planteadas no sirven ni para la industria ni para el sector transporte”, ha opinado, renegando de “tecnologías milagrosas” como el coche eléctrico porque “tampoco sirven para todo el mundo, entre otras cosas por su precio”.

Tampoco convence el hidrógeno verde del que recordaba que “no es energía sino un vector energético, es decir, un producto que se consigue con otro tipo de energía, como la solar” y eso, apostillaba, “también es muy caro porque hay que consumir agua, porque es un elemento que se volatiliza fácilmente y del que se pierde un50% entre el proceso de almacenar y distribuir”.

Patricia Grande cree que tampoco pintan bien los combustibles orgánicos, el biogás o la biomasa. “La mayoría de ellos son contaminantes y no rentables. Lo único que se busca es la subvención”, ha asegurado, para zanjar que “la energía será cada vez más escasa y más cara”. Hay que actuar porque “además ”la crisis ambiental no espera“.

La energía será cada vez más escasa y más cara y además la crisis ambiental no espera

Patricia Grande — Ecologistas en Acción

'No Normal Tour' en Ciudad Real ha puesto el acento en los ejemplos que preocupan en Ciudad Real. “Producimos 4.500 megavatios de energía solar. El 95% son grandes plantas y el autoconsumo solo supone el 5%”. De esos porcentajes, un 60% se lo lleva la industria. “Eso quiere decir que no hay repercusión social”, decía Patricia Grande.

Ciudad Real produce más de lo que consume. “Nos sobran megavatios para exportar pero la red no es estable. Y aún así seguimos creciendo en proyectos fotovoltaicos”, criticaba.

Ha cargado contra los diversos proyectos de renovables que, desde su punto de vista, no resolverán el problema. Como el que se prepara para la localidad de Saceruela, que tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno de España, con una inversión de 245 millones de euros por parte del IDAE y que necesitará abastecerse de agua del río Agudo. A esta se sumarán otras plantas similares en Alcázar de San Juan o en Valdepeñas.

“Se proyectan 15 plantas de biogás en Ciudad Real que afectan a 154.000 habitantes para gestionar 2,7 millones de residuos que no tenemos en Ciudad Real. Nos los tienen que traer de fuera, no se sabe de dónde”, añadía en relación a otro tipo de tecnología renovable. “Daimiel tendrá la segunda plana más grande de España, para gestionar 486.000 toneladas anuales de residuos”. En Caracuel, un pueblo de 100 habitantes, la planta gestionará 220.000 toneladas al año.

La “preocupación” por la minería “especulativa” en Ciudad Real

En el análisis coincidía Carmen Ciudad, otra de las participantes en la charla divulgativa. “No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”, advertía.

Muchos de los conflictos bélicos tienen que ver con esta cuestión, según argumentaba: Ucrania y su gran riqueza en recursos minerales como las tierras raras, Gaza y sus reservas de gas, el petróleo en Irán o en Sudán del Sur o el caso de Níger, que produce el 5% del uranio mundial.

No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”,

Carmen Ciudad — Ecologistas en Acción

En lo local, mostraba preocupación por el avance de los proyectos relacionados con la minería en Ciudad Real: fosfatos para fabricar fertilizantes, oro, wolframio, plomo, zinc, tierras raras… “Esta es una minería altamente especulativa. Es negocio sin tener en cuenta implicaciones sociales o ambientales”, criticaba. A eso suma en su opinión una legislación española “obsoleta”.

¿Hasta dónde vamos a permitirlo y estar callados?, se preguntaba, porque “el impacto no es solo ambiental sino social y económico. Son pelotazos y , son un viaje hacia el empobrecimiento.

La activista pide un cambio del modelo económico y social, “con una transición pautada y planificada” porque “hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios”, decía, al señalar los excesos en la producción de plásticos y pesticidas que provocan contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, el calentamiento global por el exceso de energía acumulada por el planeta, la deforestación, el impacto en el agua dulce o la acidificación de los océanos.

“A eso se suman los eventos extremos. Si estos límites están sobrepasados cada vez serán menos raros. No volveremos a la normalidad, entendida como el equilibrio”. Desde su punto de vista “otra tecnología es posible, más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos”.

Ha reclamado “un cambio en la sociedad, en la forma de producir y de consumir. Se necesita una transición pautada y planificada”.

Nuevas citas en Albacete y en Guadalajara

En Castilla La Mancha se celebrarán tres charlas. Junto a la de este miércoles en Ciudad Real, el jueves 16 de abril tendrá lugar otra en Albacete, a las 19:00 en la Sala de Conferencias Antigua Comisaría. En Guadalajara se celebra el lunes 20, a las 19:00 en El Rincón Lento.

El impulsor de esta iniciativa en toda España es el físico del CSIC Antonio Turiel, y en ella se han implicado otras figuras de la Ciencia y la divulgación científica como Fernando Valladares y Yayo Herrero, entre otras personalidades, que abordarán, durante toda la semana en buena parte de la geografía española, los retos económicos, energéticos, climáticos y sociales que ya están impactando en la ciudadanía.

El mensaje central de la iniciativa es que no se recuperará el statu quo previo y que, incluso en escenarios favorables, el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidades económicas, largas y complejas cadenas de suministro y límites físicos, “obliga a repensar el modelo actual”.

En opinión de Lorenzo Flores “la senda actual nos lleva al colapso. No podemos violar las leyes de la física. Debemos recuperar saberes antiguos aplicando las nuevas tecnologías. Pero hablamos de un concepto que es de la tecnología bien aplicada”, matizaba, y enfocada a sectores imprescindibles para el ser humano, como la Sanidad. “Debe ser compatible con la vida en el planeta”.

Las sesiones, abiertas al público, buscan informar, generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en un momento clave. Las personas interesadas pueden consultar las fechas, ubicaciones y detalles de las charlas más cercanas en la web oficial del tour: www.nonormal.org

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.

El chófer del dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, ha respaldado ante el juez la versión de la empresaria Carmen Pano de que fue él quien la llevó en una de las dos ocasiones que ésta ha dicho que fue a la sede del PSOE en Ferraz para hacer sendas entregas de 45.000 euros en plena negociación para obtener una licencia de operador de hidrocarburos, aunque ha dicho que la dejó en el entorno de la sede y que vio que dirigía a la puerta pero no la vio entrar.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, el chófer de Rivas ha explicado que Pano llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón, que no sabía la cantidad exacta, aunque vio tacos de 5.000 euros en billetes de 50, y escuchó que eran 45.000 euros.

Ha relatado que ese día, a finales de 2020, ella le pidió que le acercara a la sede del PSOE porque tenía que hacer una cosa, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Al llegar, según su relato, él se quedó en segunda fila en el Paseo del Pintor Rosales y vio a Pano dirigirse hacia la sede del PSOE en la paralela calle de Ferraz, ya que estuvo pendiente de ella por seguridad porque sabía que llevaba dinero. Unos diez o quince minutos después ella regresó y recuerda que ya no llevaba la bolsa, que no tampoco le dijo a quién se la entregó, y que después ella le llenó el depósito de gasolina.

Según la versión del chófer, un ayudante de Claudio Rivas, al que ha identificado como 'Lolo', fue el que llevó el dinero a casa de Carmen Pano, y que él oyó que eran 100.000 euros y que alguien, según escuchó, se había llevado de ahí 10.000 euros.

De esa cantidad total, siempre según lo que dice el chófer que oyó, la empresaria llevó 45.000 euros al despacho de Víctor de Aldama, lugar donde éste le condujo, y tras esperarla en la calle la llevó después a Ferraz para hacer la entrega de otros 45.000.

Carmen Pano siempre ha afirmado en sus comparecencias tanto en el caso Koldo como en el de hidrocarburos que llevó un total de 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE a petición de Aldama, socio de Claudio Rivas.

A este respecto, Aldama manifestó recientemente cuando declaró como investigado en el caso hidrocarburos que era Pano la que le daba “el dinero en efectivo” para “entregárselo” a Koldo García y a Ábalos, cantidad que cifró entre 40.000 y 50.000 euros.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

El empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil se equivocó al señalar a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos. “No tuve ningún contacto. Creo que están equivocados por un contacto que yo tengo, pero es un empresario”, ha afirmado a preguntas del fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas. El representante del Ministerio Público le había interrogado por un supuesto contacto con el director general de Minas, Manuel García Hernández. Esa “conversación” es el principal indicio citado por la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basó en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. Los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

Ahora, en su declaración judicial Aldama ha confirmado que Manuel García Maroto es, en realidad, un empresario. Este jueves también estaba citado como testigo el alto cargo de Transición Ecológica, que ha negado tener vínculo alguno con la trama y ha afirmado que no conoce a ninguno de los investigados. 

El empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, ha dejado claro este jueves en su declaración como imputado en un millonario fraude con hidrocarburos, su voluntad de seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción en la búsqueda de beneficios en las causas en las que está inmerso. Durante el interrogatorio, Aldama ha aludido a presuntas finanzas bajo sospecha del PSOE y de la Internacional Socialista, que ahora preside Pedro Sánchez. Pero no ha ofrecido más detalles bajo el pretexto de que es un asunto que tiene que seguir negociando “directamente” con la Fiscalía, coinciden fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la declaración.

Esta revelación se ha producido cuando el fiscal del caso, Luis Pastor, le ha preguntado por el contenido de un supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que estaría en su poder. Aldama ha afirmado que se lo facilitó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que contendría información relativa al negocio de hidrocarburos y su posible vinculación con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, sin ahondar en más detalles.

La afirmación en sede judicial, no obstante, pone de nuevo el foco sobre las finanzas de los socialistas. Fuentes del PSOE afirman que “no es nuevo que Aldama esté intentando desviar la atención de sus responsabilidades penales” y reiteran que en el partido “no ha existido jamás financiación irregular, una cuestión que no puede sostener el Partido Popular”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Aldama, que afrontará próximamente su primer juicio por corrupción en el caso de las mascarillas, empezó a colaborar con Anticorrupción en noviembre de 2024, cuando llevaba 40 días encarcelado por su implicación en el presunto fraude de los hidrocarburos que lo ha llevado de nuevo este jueves ante el juez. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, valoró en su escrito de calificación en la causa de las mascarillas la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel y también le ha permitido afrontar una menor petición de cárcel.

En su declaración, Aldama ha vuelto a implicar al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García. Ha afirmado que la empresaria Carmen Pano, también imputada en la causa, le daba cantidades de dinero que él entregaba a ambos. El objetivo era, supuestamente, que utilizaran su influencia para acelerar la tramitación de licencias para operar en el mercado de los hidrocarburos. Aldama ha asegurado que esas cantidades están en torno a los 40.000 o 50.000 euros.

Sin embargo, ha negado que diera instrucciones a Pano para que ella entregara 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo sus instrucciones, tal y como ella dijo en el Tribunal Supremo. “Se lo está inventando”, ha afirmado, según las fuentes consultadas.

Aldama también ha confirmado el error de la UCO al implicar en esta trama a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica: el director general de Minas, Manuel García Hernández. Ha admitido que no tuvo “ningún contacto” con este alto cargo y que la persona con la que él habló es un empresario.

El ex jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, Marc Pons, ha admitido este miércoles en su declaración como testigo ante el juez Santiago Pedraz que se reunió “cuatro o cinco veces” con el exasesor Koldo García, si bien ha desvinculado esos contactos de la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, investigada por el juez. Pons también ha manifestado que mantuvo una reunión “de alto nivel” con Ribera, Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El instructor del caso, Santiago Pedraz, acordó una nueva batería de comparecencias tras recibir un nuevo atestado de la UCO centrado en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Rivas, que también estaba citado este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos. Díaz Bidart también estaba citado este miércoles pero ha podido acudir debido al temporal de nieve en la Comunidad de Madrid. 

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió Pons en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos.