El vídeo en el que se escucha a dos personas insinuando introducir la serpiente real de California (Lampropeltis getula californiae) en Tenerife mientras una culebra albina devora a un lagarto ha disparado las alarmas en la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan) del Gobierno de Canarias, que lleva más de 10 años combatiendo la plaga existente en Gran Canaria. “Es de una falta de sensibilidad y desconocimiento terrible”, afirma Ramón Gallo, responsable del proyecto Post-Life Lampropeltia, una iniciativa financiada por el Ejecutivo regional y el Cabildo de Gran Canaria con 2,2 millones de euros hasta 2022 que trata de controlar la población de esta especie invasora.

El peligro que esta serpiente supone para Canarias es claramente visible en la isla redonda, donde la población de los lagartos Gallotia stehlini, especie autóctona del Archipiélago de la que se alimenta la culebra, ha pasado de 400 reptiles por hectárea a menos de 40. “El impacto es bestial”, afirma Gallo, quien además remarca que solo sobreviven “los más grandes, pero son los más envejecidos y no dejan descendencia”.

De continuar a este ritmo, el lagarto de Gran Canaria puede “llegar a estar en peligro de extinción” y es una especie “que ocupa un nicho ecológico fundamental en la Isla: los jóvenes se alimentan de insectos, los adultos de semillas, hay muchas especies endémicas que requiere que pase la semilla por el lagarto, con lo cual, si no hay lagarto, no se pueden dispersar esas semillas y se pueden perder esas especies. Y puede haber una superpoblación de insectos si no hay lagartos”, explica Gallo.

Gran Canaria es el único lugar del planeta donde la serpiente se ha “naturalizado”, según Gallo, pues se trata de un animal originario de América del Norte y el norte de México, es dócil, no venenoso, se usa como mascota y tiene un tamaño que oscila entre los 120 y 180 centímetros, siendo idóneo para su manipulación. De 1998 data la primera especie hallada en la Isla. “Había una persona que tenía muchos ejemplares en la zona de San Roque, en Telde, y se le iban escapando poco a poco; era un animal que se vendía en la Península y no estaba prohibida adquirirla en Canarias; un ejemplar albino costaba 100 euros o más”, recuerda Gallo.

Las instituciones fueron conscientes del problema a partir de 2007, cuando empezaron a actuar Gesplan y el Cabildo de Gran Canaria, a causa fundamentalmente del factor humano, puesto que “aumentó el número de personas que cogían las serpientes en la naturaleza, se las llevaban a casa para criarlas y las revendían en el mercado negro: también muchas se abandonaban”, relata Gallo. Fue entonces cuando se creó un equipo especializado para localizar y controlar la población de la culebra, además de conocer la magnitud de la situación.

Desde entonces hasta la actualidad, se han capturado 6.700 ejemplares localizados principalmente en cuatro focos: en la zona de San Roque del Valle y La Solana (Telde), que ha aumentado hasta Valsequillo, Santa Brígida o San Mateo; en la Montaña Amagro de Gáldar; en la Montaña La Data de San Bartolomé de Tirajana y, recientemente, en el Barranco del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la cifra aumenta si se suman que han sacado del medio natural unas 75.000 serpientes, un cálculo hecho en base a la cantidad de hembras capturadas y el número de huevos que ponen (en torno a diez).

Pero a pesar del trabajo, que normalmente es de 20 personas con visos de aumentar a 38, con turnos desde las 07:00 horas de la mañana a las 09:00 de la noche (incluyendo sábados y domingos), ni siquiera se conoce la población total de serpientes en Gran Canaria. “Casi ocho meses el año están bajo tierra y solo salen a la superficie para reproducirse, a partir de marzo o abril, por lo tanto, solo tenemos tres o cuatro meses en los que podemos verlas, a veces incluso solo por la noche, cuando hace mucho calor”, explica Gallo.

“Hay serpientes que han aparecido en sitios completamente insospechados, con lo cual, eso hace muy difícil el control. Hoy en día la erradicación es imposible, ya lo era desde el principio. Ni siquiera era un objetivo. Hoy en día podemos decir que, en las zonas de foco, intentamos controlar su población, pero seguiremos trabajando en la misma línea. Y este año abogaremos por concienciar a la ciudadanía”, dice el coordinador del proyecto Post-Life Lampropeltia.

Así, esta iniciativa de Gesplan recomienda a los ciudadanos isleños que se descarguen una aplicación móvil que se llama Lampropeltis, que ofrece información sobre todas las capturas realizadas y las zonas donde puede haber serpientes. Además, da la posibilidad al usuario de hacer un aviso cuando se aviste un ejemplar: en verde si localiza una culebra muerta; en amarillo si la atrapa viva y en rojo si es incapaz de capturarla, pero la tiene localizada. “Con ese aviso, nos sale un mensaje al móvil del proyecto y nosotros nos ponemos en contacto con los ciudadanos”, explica Gallo. En cualquier caso, advierte que la mera tenencia de una especie exótica invasora, como es el caso de la serpiente real californiana, sin autorización administrativa puede suponer infracción grave a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, castigada con una multa de 3.001 a 200.000 euros.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado esta semana en Consejo de Gobierno insular, dentro del área de Medio Ambiente, el encargo a la empresa pública Gesplan, adscrita a la Comunidad Autónoma de Canarias, de la realización del servicio Definición del sistema de movilidad e implantación de áreas de servicio en el parque nacional del Teide (2018-2021), una contratación que supondrá un gasto de 461.000 euros.

El objeto de ese encargo, según se recoge en una nota de prensa difundida este sábado por el Cabildo tinerfeño, es la “ejecución del servicio de actualización y análisis de la capacidad de carga del parque nacional del Teide (recibió 4,3 millones de personas en 2017, el que más de España) y la elaboración de un estudio de movilidad”, trabajo técnico que servirá para definir cómo se accederá al parque nacional en adelante, si en coche privado o en guagua o si de forma gratuita o pagando. El parque nacional del Teide lo gestiona el Cabildo desde 2015 a través de las competencias delegadas por el Gobierno de Canarias.

Como resultado de ese estudio, se definirá un sistema de movilidad acorde con las necesidades actuales y futuras del parque, y se plantearán y estudiarán diferentes propuestas, así como la implantación de tres áreas de servicio en los accesos al parque nacional del Teide.

El Cabildo de Tenerife también acordó en la misma sesión del Consejo de esta semana destinar una partida de más de 10,3 millones de euros a la mejora de varios puntos de las carreteras de la isla. En concreto, se trata de la rehabilitación del firme de la carretera general del sur (TF- 28) a su paso por los municipios de El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar y la mejora paisajística en el enlace entre la autopista del sur (TF-1) y la Vía Exterior. 

Mejora de la red insular de carreteras

Además se aprobó el proyecto de la rehabilitación del firme de la TF-28 entre los p. k. 9+700 al 22+500, que supone una inversión de más de 8,1 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La actuación incluye la mejora del firme, obras en cunetas y drenajes transversales, el acondicionamiento de paradas de guaguas y la instalación de nuevas defensas o sustitución de las existentes a través de barreras tipo mixtas o biondas metálicas.

Asimismo, el proyecto de mejora paisajística del enlace de la carretera regional TF-1 y la Vía Exterior, en los municipios de Santa Cruz y El Rosario, tiene un presupuesto de ejecución de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. La actuación consiste en un conjunto de trabajos que pretenden la mejora paisajística y funcional mediante la alternancia de la revegetación de las superficies y la formación de volúmenes con piedras de diferentes tonalidades cromáticas, así como el aplacado de los taludes en las zonas de máxima pendiente. Al mismo tiempo se mejorará el drenaje transversal del barranco de El Pilar.

En el área de Movilidad y Transportes, se dio luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad de las paradas en las carreteras TF-414, TF-42, TF-481 y TF-82, en los municipios de Icod de los Vinos, Los Silos, Buenavista del Norte, Santiago del Teide y Adeje, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 865.356 euros.

Entre los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, en el área de Educación, se encuentra un convenio de colaboración suscrito con la Universidad de La Laguna para la cofinanciación de líneas de becas para la mejora idiomática del alumnado. Con ese fin, el Cabildo destinará una partida de 185.000 euros.

En concreto, las líneas de ayuda incluidas en este acuerdo son las becas Universitas Prolingua, las de internacionalización idiomática e inmersión lingüística en inglés para el alumnado de excelencia de la Universidad de La Laguna 2018/19 y las becas de internacionalización para inmersión lingüística en inglés del alumnado de grado en Maestro en educación infantil con mención inglés y grado en Maestro en educación primaria con mención de inglés.

También se aprobó el convenio de colaboración con la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna que permite la ejecución de diferentes proyectos de carácter insular. Para ello, el Cabildo destinará una partida de 211.000 euros. Por último, se decidió conceder una subvención nominativa por importe de 50.000 euros a la Universidad de La Laguna para la cofinanciación de la línea de becas denominada Ayudas para alumnado con especiales dificultades económicas.

En el área de Cultura, se aprobó el Plan Director del Distrito de las Artes y la resolución de la convocatoria de subvenciones para producciones escénicas de carácter profesional.

Dentro del área Tenerife 2030, se autorizó una partida de 340.000 euros para subvencionar los desplazamientos de los deportistas, clubes y federaciones deportivas a competiciones nacionales e internacionales de carácter oficial durante la temporada 2018-2019. De igual forma, se aprobó la quinta edición del programa Deporte Joven, una iniciativa dirigida a fomentar la práctica deportiva entre los estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y primero y segundo de Bachillerato. 

El Gobierno canario se gastará, a pocos meses de las elecciones autonómicas, 136.000 euros en divulgar entre los funcionarios y profesionales y la “ciudadanía en general” la norma legal más polémica de la presente legislatura: la Ley del Suelo, en vigor desde hace casi un año. 

Se trata de una iniciativa legislativa que abanderó el propio presidente Fernando Clavijo (CC) como uno de sus proyectos estrella de su mandato. El presidente canario logró que saliera adelante de forma raspada, con 33 de los 60 diputados, gracias al apoyo del PP y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), pues el resto de los parlamentarios (PSOE, Podemos y NC) votaron en contra.

Casi doce meses después, ya sin manifestaciones en la calle contra esta nueva ley que pone en entredicho el consumo de territorio y está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de Podemos, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto,  no tiene duda de que “es de vital importancia que cualquier ciudadano conozca el contenido” de esta controvertida norma, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, o sea, hace casi un año.

Así lo argumenta Barreto en la resolución publicada el pasado 3 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOP), mediante la que se informa de la encomienda de gestión de esta campaña de divulgación a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (Gesplan), adscrita a su propia Consejería.

Se da la circunstancia de que Gesplan podría incluso contratar el objeto de este encargo con un tercero, a pesar de que en otros apartados del anuncio se fija un máximo del 50% de contratación con empresas privadas respecto al total encargado. Todo indica que el Gobierno prepara una campaña publicitaria en medios de comunicación para dar bombo a su controvertida ley, prácticamente la única norma que ha gestado desde 2015.

La  consejera justifica esta encomienda, que tendrá que estar ejecutada a mediados de diciembre, por la insuficiencia de personal y medios materiales en su Consejería para llevar a cabo la campaña, que se concretará en una serie de acciones cuyo ámbito es el conjunto del archipiélago, entre las que figuran las dirigidas a la sociedad en general con “folletos, páginas web, material audiovisual...”.

También se llevarán a cabo “actividades formativas orientadas al personal técnico especializado del sector público (personal funcionario, laboral y demás empleados públicos de la administraciones local -cabildos y ayuntamientos- y autonómica) y del sector privados (profesionales libres: abogados, arquitectos, ambientalistas...)”.

No es la primera vez que Gesplan se encarga de esta tarea divulgativa y formativa. Como consta en la resolución del BOC,  ya se le encomendó en noviembre de 2017 la actuación denominada Sobre la difusión y divulgación de la nueva Ley del Suelo, con la que la empresa pública, en palabras de Barreto, “realizó un importante impulso facilitando a los técnicos y personal no cualificado de la islas acciones formativas y de divulgación sobre la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

De ahí que, para la consejera, “este encargo se justifica en la medida de seguir fomentando una cultura de planeamiento, facilitando labores divulgativas y formativas en materia urbanística al público especializado y no especializado”.

La ley -cuya redacción encargó Clavijo a uno de sus catedráticos de cabecera, Francisco Villar- dio un vuelco al anterior corpus normativo sobre urbanismo y medio ambiente en Canarias, las llamadas Directrices, cuyos detractores denominaron “maraña o selva legislativa” y a la que culparon de todos los males de Canarias, al punto de considerar que bloqueaba las inversiones estratégicas en el archipiélago y hasta el propio desarrollo del mundo rural (por su exceso de burocracia y de controles administrativos).

Precisamente la relajación de estos controles es uno de los motivos por los que Podemos la recurrió ante el Constitucional.

La Cotmac, tocada y hundida

Una de las novedades clave de esta ley es que se vacía de poder a la tan denostada Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), adscrita al Gobierno canario y que era la cima del sistema urbanístico regional, pues de este órgano dependía la última palabra para aprobar los planes generales de los ayuntamientos y los insulares de ordenación del territorio que elaboraban los cabildos.

Así que con la nueva Ley del Suelo estas corporaciones locales e insulares ya pueden aprobar su planeamiento de forma definitiva (solo la evaluación ambiental de la parte estructural de los planes generales de municipios con menos de 100.000 habitantes correrá a cargo de un órgano autonómico).

La Ley del Suelo incluye también instrumentos excepcionales de ordenación para autorizar obras públicas y privadas, aunque no estén previstas en el planeamiento (las llamadas ordenanzas provisionales, y los proyectos de interés insular o regional), asunto este en el que los movimientos sociales y los partidos políticos contrarios a esta reforma legislativa han visto un coladero para intereses privados y especulativos con el territorio.

Además, con la Ley del Suelo de Clavijo se derogó no solo el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, vigente desde el año 2000, sino también la autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental y la de Directrices de Ordenación General, al tiempo que se modificó la de Patrimonio Histórico para eliminar informes preceptivos de los cabildos en cascos históricos con plan de protección en vigor.

El día en que se aprobó esta reforma legislativa, a finales de junio de 2017, se rompió la unanimidad con que se venían aprobando las principales normas sobre el territorio en Canarias, al tiempo que se abrió la incertidumbre sobre cuántos años estará vigente la nueva, dado que los partidos que la rechazan, y que suman cerca de 67.000 votos más que los que la aprobaron, han prometido derogarla cuanto logren sumar mayoría suficiente, algo que podría suceder tras las elecciones autonómicas de 2019.

La diputada por La Palma del PP en el Parlamento de Canarias Lorena Hernández Labrador se “ha mostrado contundente antes las criticas vertidas” este lunes por “la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la también palmera Nieves Lady Barreto, a quién no le ha sentado bien que la popular preguntara en el pleno del parlamento por la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane”, señala el PP en un comunicado.  Hernández labrador insiste en que “aún se desconoce quiénes son y qué hacen” los trabajadores de Gesplan en la oficina de Los Llanos  de Aridane.  También resalta que “quiénes llevan 30 años gobernando son los que tienen que explicar el retraso de La Palma  y de eso”, sostiene, la consejera  de Política Territorial y su partido “son los responsables”. 

Hernández Labrador, se indica en la nota, “cumpliendo con su función fiscalizadora de la gestión del Gobierno”, manifiesta que “le pedía a la consejera y a todo el Gobierno lo mismo que le pide cualquier ciudadano de Canarias y es un buen gobierno que vele por el interés general, que gobierne para todos los ciudadanos y haga un buen uso de los recursos públicos”.

La diputada autonómica del PP indicó en su intervención que  “no le voy a hablar de chiringuitos y echaderos que aunque desgraciadamente no forman parte del pasado esta que les habla tiene otra forma de hablar y decir las cosas” y preguntaba en la sesión de control  sobre la labor que “se realiza por doce empleados con los que cuenta la oficina de la empresa pública en Los Llanos y de la que se desconoce el proceso de selección, quiénes son esas personas y, lo más importante, las funciones que están desarrollando que están financiadas con dinero público”.

No obstante, se apunta en la nota, Hernández Labrador dijo que “es sorprendente la actitud de la consejera que en lugar de dar respuesta a la pregunta realizada ha optado por un tono despectivo y ofensivo que roza la falta de respeto a la labor de oposición y fiscalización que se desarrolla en la Cámara”. “Sabemos que a Nieves Lady no le gusta dar explicaciones y esto no nos hace sino sospechar aún más de la finalidad de estas oficinas pero lo que nos parece más grave es que evidencia su absoluta falta de talante democrático”, apunta en la nota.

Desde el PP han manifestado que “una vez más Coalición Canaria vuelve a sus viejas y malas formas de hacer política, entendiendo ésta como un coto particular donde la transparencia y las buenas prácticas no tienen cabida sino se opta por el desprestigio de los que están desarrollando su función”.

Finalmente, Hernández Labrador, se expone en el comunicado, “le ha recordado a la máxima responsable de Coalición Canaria en La Palma que su periodo de hegemonía política afortunadamente ha llegado a su fin y que hay otras alternativas de gobierno que sí que optan por el diálogo y el consenso que ella no práctica y además desprecia”. Y ha concluido diciéndole que “ya está bien de echar la culpa a los demás de los que pasa. Los que llevan 30 años gobernando son los que tienen que dar explicaciones del importante retraso que sufre la isla de La Palma y de eso usted y su partido son los únicos responsables”.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó este martes en el Parlamento de Canarias sobre el trabajo que se desarrolla en la oficina de Gesplan de Los Llanos de Aridane asegurando que en estas instalaciones “no sobra ni un solo trabajador y lamentó el discurso en contra del desarrollo de La Palma desplegado en los últimos días por la diputada y concejala de Los Llanos Lorena Hernández, se informa en nota de prensa.

Barreto explicó que de dicha oficina dependieron en 2016 todas las encomiendas de Gesplan en la Isla. “El pasado año, por ejemplo, desde estas instalaciones los técnicos y capataces dirigieron los trabajos que se pusieron en marcha en apoyo de los ayuntamientos afectados por el incendio”, indicó.

“Gracias al asesoramiento técnico de esta oficina muchos jóvenes de la Isla pudieron optar a las subvenciones del Gobierno de Canarias para jóvenes agricultores y ganaderos que ha supuesto para La Palma más de un millón de euros en ayudas a la creación de empleo en el sector primario”, siguió detallando la consejera.

La consejera añadió que, igualmente, trabajan desde esta oficina los técnicos que redactan el Plan de Riesgo de Senderos de Canarias y, a partir del 1 de septiembre de 2017, la oficina está vinculada al apoyo técnico a ayuntamientos y Cabildo para el desarrollo de la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.

Los doce técnicos actuales no están todo el año. Algunos están destinados a encomiendas del Gobierno o del Cabildo que duran solo unos meses, como la del Parque Nacional de La Caldera; la de apoyo a extinción de incendios o la del Plan de Riesgos de Senderos, entre otras. Otros han estado solo un mes, como es el caso de los asesores para las subvenciones destinadas a la creación de empresas en el sector primario. A ellos hay que sumar la jurista y la arquitecta vinculadas al desarrollo de la Ley del Suelo y Ley de Islas Verdes.

“Por tanto –señaló Barreto- esta oficina trabaja para el desarrollo económico de la Isla, facilitando la aplicación de la Ley del Suelo y de la Ley de Islas Verdes, coordinando el programa formativo a técnicos municipales e insulares, apoyando al sector primario y al sector turístico”.

La consejera respondía así a la pregunta planteada por la diputada del Partido Popular y concejala en Los Llanos de Aridane Lorena Hernández, que ha cuestionado en las últimas semanas la presencia de estos trabajadores en la citada oficina, añadiendo que desde la Consejería de Política Territorial “se seguirán poniendo todos los medios necesarios para impulsar el crecimiento de La Palma, generar empleo, mejorar el sector empresarial, apoyar a los jóvenes emprendedores y apostar por un sector primario profesionalizado”.

“Los Llanos de Aridane, y La Palma en general, ha perdido población en los últimos años y no entiendo que, precisamente, una concejala del municipio se haya instalado en el discurso del ‘no’, oponiéndose, por ejemplo, a que el Puerto de Tazacorte genere actividad económica o a que haya una oficina que dé apoyo a los ayuntamientos y al Cabildo”.

“Los Llanos debe asumir un papel fundamental en el impulso del Valle de Aridane y de la Isla, volviendo a crear empleo y desarrollo. Yo sí creo en La Palma y su crecimiento. La Isla necesita responsables políticos que digan ‘sí’. La invito abandonar el discurso del no desarrollo y venirse a la senda de la defensa de la prosperidad económica y social y a luchar por la creación de empleo”, concluyó.

La diputada por La Palma del grupo Popular en el Parlamento de Canarias Lorena Hernández Labrador ha registrado una pregunta escrita a la Consejería de Política Territorial que “dirige la palmera Nieves Lady Barreto” para “conocer las tareas que se llevan a cabo en la oficina que Gesplan ha abierto en Los Llanos de Aridane”, se indica en un comunicado del PP.

Labrador, se expone en la nota, ha mostrado su inquietud por este asunto una vez que ha conocido que “en la actualidad existen un total de 12 trabajadores” en la citada oficina. Concretamente, añade, “esta delegación cuenta con un delineante, un economista, un ambientalista, un técnico agrícola, un abogado y ocho arquitectos lo que conforman la plantilla de la empresa dependiente del Gobierno de Canarias y dedicada a la Gestión y Planteamiento Territorial y Medio Ambiental según ha respondido la Consejería a otra pregunta de la diputada palmera”.

Hernández labrador apunta que “es bastante llamativo que cuando esta empresa ha pasado un periodo bastante complicado que culminó con un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) y el despido de un importante número de trabajadores ahora se pase a la apertura de una nueva oficina con este importante número de recursos humanos, y además que parece que nadie conozca cuál es la finalidad y los objetivos que allí se están desarrollando en un momento donde la planificación, con la aprobación de la Ley del Suelo y la aplicación de la llamada Ley de Islas Verdes, entre otras, cobra un mayor protagonismo y la necesidad de un mayor apoyo técnico por parte de las administraciones insulares”.

Desde el PP recuerdan que “la apertura de esta oficina a mediados de 2016 no estuvo al margen de la controversia con criticas de miembros del propio sector que llegaron incluso a tildar de ‘competencia desleal’ el trabajo que realiza esta empresa pública”. Esta situación, subraya, “se acentuó aún más cuando al frente de la misma se puso al presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos en La Palma, Onán Cruz, entonces concejal de CC en Los Llanos y hoy viceconsejero de Obras Públicas”.

También esperan que “se clarifique de manera inmediata las funciones que desempeña esta oficina y a qué se están dedicando y además los criterios de contratación que se han llevado a cabo para el personal de la misma”.

“Ya Coalición Canaria nos ha dado bastantes ejemplos de sus formas de hacer política y sus dudosas contrataciones y esperamos que con Gesplan no nos encontremos con un nuevo ejemplo de sus continúas confusiones con los puestos de gobierno y su particular ETT -empresa de contratación de trabajo temporal- a miembros de su partido”, ha concluido.

Las tres partes personadas en el juicio contra el vigilante forestal Juan Carlos Navarro, autor confeso del incendio de 2007 en Gran Canaria, han recriminado en la última sesión del juicio que se ha celebrado esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que los peritos judiciales de la compañía Godoy Consultores no hayan visitado las instalaciones dañadas por las llamas. Así, tanto el zoológico Palmitos Park, como la asociación Más Nunca, como el particular Ignacio Jiménez, niegan que busquen enriquecerse a costa de las indemnizaciones que solicitan.

El abogado Alberto Hawach, defensor de los intereses de la dueña de Palmitos Park, Aspro Parks, ha aprovechado su turno durante la vista celebrada este viernes para aclarar el acuerdo de tercería que salió a la luz el martes y que dejaba entrever que con él la empresa acordaba cobrar la indemnización de 11,6 millones de euros renunciando a la posibilidad de futuros litigios. El letrado le recordó al juez Salvador Alba que le impidió tomar la palabra cuando el perito Rafael Trapiello era interrogado por el abogado de Gesplan, José María Palomino, y que este le hacía leer al testigo de la acusación unas cláusulas “descontextualizadas”. Pues bien, Hawach ha demostrado que lo que se decía en el acuerdo es que Aspro Parks renunciaba a reivindicarle más dinero solamente a Allianz, pero ello no le impedía demandar a los responsables subsidiarios del autor del incendio, Gesplan y el Cabildo de Gran Canaria.

Así mismo, el letrado ha indicado que con el documento de Godoy Consultores, realizado en el año 2016, se buscar dar “más valor a una pericial que es una verdad a medias”. “Un perito judicial no puede excusarse en que no ha visitado el parque, la perspectiva del tiempo cae por su propio peso”, subrayó Hawach, que sostuvo que los peritos judiciales “han pretendido traer un remix de informes periciales no ratificados”. En cuanto al tema de las palmeras incendiadas, asunto por el que este martes las dos periciales enfrentadas estuvieron debatiendo, Hawach ha cuestionado que “¿en qué cabeza cabe que se abra el parque con palmeras recién cortadas? Tienen que ser ornamentales, tiene que reabrirse tal cual estaba el parque antes del incendio”, de ahí la diferencia de valoraciones y que por parte de Palmitos Park se pidan palmeras nuevas y no le sirvan las rehabilitadas. Así mismo, el letrado ha preguntado cómo es posible que el perito judicial Lorenzo Muñoz sepa que el zoológico no ha cambiado las palmeras si realizó la pericial desde un despacho. Por otro lado, echó en cara que en las periciales de 2016 se pretenda calcular las pérdidas tomando como referencia el flujo de caja de la empresa en vez de una estimación de la venta de entradas. En la vista del martes Muñoz había dicho que los visitantes del parque compraban las entradas en origen y pocos en destino, a lo que la defensa de Aspro Parks ha consultado este viernes, con ironía, “si estaban valorando a Palmitos Park o a Eurodisney” y que cómo es posible la venta en origen si el parque se anuncia en el aeropuerto y en numerosos rincones de Gran Canaria.

Para Gesplan la empresa Aspropark tiene un “desmedido afán de lucro” con su demanda y cree que en la póliza de Allianz se recogen todos los daños que se requieren, esto es, palmeras, caminos y accesos, lucro cesante, desinfección de las jaulas y animales muertos. Mientras, el abogado del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Manuel Trujillo, ha señalado que Palmitos Park tenía una póliza que cubría hasta 30 millones de euros en daños y que no entiende por qué la empresa no incorporó lo que reclama cuando, a su parecer, sí estaban incluidos en la misma, por lo que advirtió que el informe de Trapiello “está todo inflado”.

En cuanto a la defensa del particular Ignacio Jiménez, que pide unos 75.000 euros por la pérdida de joyas y armas por culpa de las llamas, su abogada, María del Carmen Medina, ha recalcado que “no se ha hecho ningún informe pericial, se ha hecho un juicio de valor” y que Godoy Consultores ha desarrollado un “informe de adhesión, no una pericial”, subrayando que en los primeros informes sobre los daños a su cliente se le dio la razón. Por tanto, Medina expresa que no se puede demostrar documentalmente la pertenencia de las joyas porque los papeles con los que podría justificarlas también se chamuscaron ya que “en un incendio lo primero que se pierden son los documentos”, mientras que las joyas se evaporaron debido al calor. El abogado de Gesplan apuntó que lo que pretende esta parte es que se haga “un acto de fe” para reconocer algo de lo que no se ha acreditado “la preexistencia ni el daño” y que el hecho de que el único testigo sea una vendedora de confianza con la que el particular hizo un justificante “con el método del recuerdo”.

El abogado de la plataforma Más Nunca, Víctor Martínez, comentó que existen casos entre sus representados “que nunca volverán a ser resarcidos” y que su disconformidad está en que muchos de los afectados tuvieron que devolver las subvenciones por cosas tan nimias como comprar tractores de distintas marcas que los dañados o por adquirir mangueras de distinto tamaño. “Las personas dañadas deben ser indemnizadas y somos perjudicados porque no fuimos peritados por Godoy Consultores”, aclaró. Lo cierto es que durante las distintas vistas de este juicio celebrado esta semana el letrado de la plataforma apenas tomó el turno de palabra y no reprochó a los encargados del peritaje judicial que admitieran que realizaron el trabajo sin acudir a los lugares dañados. El abogado del Cabildo le esclareció que no ha ejecutado una “técnica procesal correcta” ya que “no se aportó ni se pidió nada” y que por tanto, “no se sabe qué reclama” y más teniendo en cuenta que en diez años “las víctimas han tenido plazo para presentar” las quejas y acreditar las propiedades; y el de Gesplan hizo hincapié en que “todas las solicitudes hechas han sido abonadas, que quede claro que nadie se va a enriquecer”.

El juicio ha quedado visto para sentencia y ahora el juez Salvador Alba dirimirá quién tiene la razón y si el autor confeso del incendio, Juan Antonio Navarro, debe cumplir cinco años de prisión o, si por el contrario, le reduce la pena de ocho años y medio que había acordado con la Fiscalía, de los que ya ha pasado tres y medio entre rejas.

La segunda jornada del juicio contra Juan Antonio Navarro, autor confeso del incendio que en 2007 arrasó Gran Canaria, centró su debate en las reclamaciones realizadas por Aspro Parks, empresa dueña del zoológico Palmitos Park, que exige siete millones de euros adicionales a los 11,6 millones cobrados ya de la póliza de seguros de Allianz, y por el particular Ignacio Jiménez, que reclama unos 75.000 euros por la pérdida de unas joyas y armas que quedaron chamuscadas.

En el juicio, que se celebra con Jurado a pesar de que este no tiene que decidir sobre las responsabilidades civiles, las defensas de la empresa pública Gesplan y del Cabildo de Gran Canaria han rechazado las peticiones tanto del zoológico como del particular. Así, el debate más tenso ha estado sobre todo en las reclamaciones de la empresa privada, defendida por el letrado Alberto Hawach.

Las diferencias se han constatado en las distintas valoraciones de los daños realizados en las instalaciones de Palmitos Park. Así, el parque ha aportado como testigos al perito Rafael Trapiello, de la empresa Grupo 10, que realizó el informe pericial a finales de 2007 para la empresa después de que no se aceptara el peritaje de la compañía aseguradora Allianz, hecho por Peritaciones Insulares. También aportó como prueba el relato del perito José Manuel Hernández, que en 2013 realizó un informe a requerimiento de la Justicia y que se adhirió en su totalidad al hecho por Trapiello alegando que era el más completo y los valores monetarios eran de acuerdo a los valores del mercado. Eso sí, admitió que muchos de los términos empleados por el representante de Grupo 10 los desconocía. Mientras, desde Gesplan se ha aportado como testigos a los peritos de Godoy Consultores que en 2016 realizaron un informe a petición de la Fiscalía y que señalan que incluso Palmitos Park debió haber cobrado 10,2 millones de euros, 1,4 millones de euros menos de lo recibido de la póliza del seguro.

Las defensas realizadas por las dos entidades públicas han hecho hincapié en que en el año 2009 el perito Trapiello firmó una acta pericial por unanimidad con otros dos peritos, uno de la aseguradora y un tercero independiente, en el que no hizo ningún reparo ni observación cuando podía haberse aprobado por mayoría en vez de unanimidad. “Si se aprueba por mayoría la aseguradora no habría pagado”, defendió Trapiello para justificar su acción. En ese acuerdo se acepta cobrar 11,6 millones de euros sin posibilidad de litigio, pero Palmitos Park reclama siete millones en daños que no cubría esta póliza de seguros y que ratificó Grupo 10 en un segundo peritaje realizado en 2010.

La principal diferencia ha estado en los peritajes realizadas en las palmeras del parque, que Palmitos Park y Trapiello valoraron en 3,8 millones de euros y el peritaje judicial realizado en 2016 lo cifra en 1,2 millones de euros. Tal como explicó Lorenzo Muñoz Cerdeña, de Godoy Consultores, la diferencia radica en que desde Grupo 10 se hizo una valoración que falló porque en 2007 pidió que estos árboles fueran valorados como si hubieran sido calcinados en su totalidad y se tuvieran que recuperar desde cero, cuando en unos 20 meses volvieron a estar en su estado antes del incendio. En el año 2010 también Grupo 10 mantuvo esta petición por lo que, en palabras de Muñoz, “quiso cobrar unos árboles que no repuso, es evidente”. Trapiello consideró que se iban a perder 740 ejemplares mientras que la contrapericial de Gesplan se cifró en 262, cuando finalmente se vieron perjudicados 290. “¿Es adivino Trapiello?” cuestionó la defensa realizada por Hawach, a lo que el perito de Godoy Consultores reconoció que “evidentemente no, yo he jugado con ventajas ya que tengo una visión más amplia y diáfana” al haber hecho las periciales el año pasado.

Las demás diferencias entre el peritaje de Grupo 10 y Godoy Consultores están en valoraciones como el de los caminos, accesos y algunas instalaciones que, según los peritos judiciales, la empresa pretende que se valoren como nuevos cuando en algunos casos han tenido daños reparables, así como el hecho de introducir el adiestramiento de los animales que murieron. También centró el debate entre las distintas partes la indemnización al parque por el lucro cesante por haber estado un año sin funcionamiento ya que, entre otros motivos, Trapiello en su informe añade cómo afectó el fuego al valor paisajístico de Palmitos Park, algo que para el perito Muñoz “es una falacia” porque este “no afecta en el periodo de perturbación, su valor no se cambia en un año”. De hecho, el abogado de Gesplan, José María Palomino, remarcó la idea de cómo la empresa pretendía que se pagara por los efectos del incendio en el valor paisajístico cuando, en cambio, las obras del delfinario, inaugurado en 2010 y que ha sido declarado ilegal por el TSJC este mismo verano, previsiblemente no iban a dañar en la imagen, ello a pesar de que se desmontaba una montaña.

Trapiello recalcó que sus informes son “serios y justificables” y que lo que “no es serio es el informe de Godoy Consultores, no informa de la realidad, ni es técnico, es una valoración de opinión a la vista”, defendió.

Unas joyas que no están

En cuanto a la reclamación realizada por el particular Ignacio Jiménez, que ha cobrado en torno a 4.000 euros de los 75.000 euros que reclama por la pérdida de armas y joyas, Lorenzo Muñoz indicó que las joyas tuvieron una valoración “cero” porque no había “ni evidencia física ni documental” de su existencia. Los únicos papeles acreditativos mostrados han sido “albaranes, no facturas, firmadas por una persona que dice ser joyera”, subrayó Muñoz.

La abogada del particular, María del Carmen Medina, preguntó cómo realizó las revisiones la empresa Godoy Consultores, a lo que Muñoz comentó que con los estudios documentales. También apuntó Medina que debido al calor las joyas primero se fundieron y luego se evaporaron, lo que para el perito contratado por la Fiscalía no es posible ya que en caso de la fusión hay restos líquidos y en caso de que se hubieran evaporado, la caja fuerte habría explotado por la presión, pero esta simplemente estaba abierta. Sí se consideraron las escopetas porque sus restos fueron localizados. Ante la insistencia de la letrada, el juez Alba tomó la palabra y cerró sus planteamientos con un lacónico “lo que está está y lo que no está no está”.

Por otro lado, entre las acusaciones también estaba la plataforma de afectados por el incendio Más Nunca. Este martes emitió un comunicado en el que han denunciado “una vez más, la negligencia e incompetencia de todo este proceso que debería figurar en la antología del disparate”. Los perjudicados por el incendio lamentan que han recibido “unas ayudas mermadas” y que en muchos casos han tenido que recurrir por la vía contencioso administrativa estas, aparte de que “ahora se añade la posibilidad de no ser resarcidos en lo que confiábamos iba a ser un acto de justicia”.

“En la segunda sesión del juicio hemos constatado que la última pericial realizada no ha tenido en cuenta a las víctimas personadas y que no fueron peritadas por falta de fondos; ni a las víctimas a las que el Gobierno de Canarias condenó a la devolución de las ayudas con intereses; ni a las que quedaron sin ayudas por considerar las administraciones autónoma y estatal que la segunda vivienda o ingresos superiores de la unidad familiar no contaban; ni los cambios de titularidad que se han producido por el fallecimiento de muchas víctimas; ni los que fueron requeridos por la vía de embargo al acometer cambios obligados por las nuevas normativas, entre otra casuística. Además, en esta sesión hemos escuchado perplejos cómo se despachaba a los que no han sido peritados y aportaron toda la documentación a su debido tiempo, con un simple nos remitimos a estudiar solamente la documental”, destacan, y añaden que “a día de hoy, ninguna de las víctimas amparadas por esta entidad, ha recibido ningún céntimo de euro de indemnización o arreglo extrajudicial”.

Para este miércoles está previsto que se reúna el Tribunal del Jurado, una vez le sea entregado el objeto del veredicto que solamente se centrará sobre la cuestión penal.

Juan Antonio Navarro, el vigilante forestal autor confeso del incendio que arrasó 19.291 hectáreas en Gran Canaria en 2007, admitió este lunes que “no quería hacer esta catástrofe, se me fue de las manos”, ya que su única intención era denunciar los pocos medios con los que contaba el personal contratado por la empresa pública Gesplan y ampliar su contrato más allá de la campaña de verano, en la que llevaba trabajando los últimos seis años.

Navarro ha explicado, en la primera sesión del juicio con Tribunal del Jurado que se ha iniciado este lunes en la Audiencia de Las Palmas y que está presidida por el juez Salvador Alba, que escogió “este día a conciencia” ya que conocía que se estaba en situación “de máxima alerta ”. Así, según relató, el 27 de julio de hace una década a las 13.50 horas, y antes de comenzar su jornada laboral, “paré el coche, me bajé, cogí unas cerillas y prendí ahí en un montículo el incendio”. Antes de esto asegura que comprobó que no había nadie en la casa forestal.

“Había mucha pinocha, paja y material seco. No quería que se extendiera tanto, pero tantas veces decir las cosas y que no me hicieran caso [en relación a las quejas por las faltas de medios para los trabajadores, de hecho testificó en el juicio que por aquel entonces los vigilantes no contaban con emisoras para comunicarse entre ellos], se me cruzó...qué sé yo”, indicó Navarro, vecino de Tejeda y con formación acreditada en la lucha contra incendios, quien señaló en la vista que la culpa es solamente suya y que por ello pide “perdón” a todos los afectados, más de 4.550 personas que fueron evacuadas.

El procesado inicialmente se enfrentaba a una pena de hasta 16 años de cárcel, pero debido a los atenuantes de confesión y dilaciones indebidas finalmente ha pactado ocho años y seis meses de cárcel, de los que ya ha pasado cuatro años en prisión.

Navarro ha reiterado que avisó “al minuto” al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) para que apagara el incendio, pero sostiene que los efectivos contraincendios tardaron una media hora en acudir, ello a pesar de haber llamado hasta en dos ocasiones. En ese tiempo, intentó apagar el fuego con matos, pero no lo logró y tampoco empleó los extintores que tenía en el 4x4. “Con los nervios no me acordé de los extintores”, se defiende y justificó que en algunos momentos de la sesión de este lunes su relato no fuera concreto porque “tantos años y tantas historias...estoy bloqueado”.

De héroe a villano en menos de 24 horas

De héroe a villano en menos de 24 horasNavarro en un primer momento sostuvo que había identificado a unos jóvenes toxicómanos con ropa oscura como autores e intentó detenerlos. Como fue el único testigo, la Guardia Civil le pidió al día siguiente que fuera al cuartel en Tejeda para tomarle declaración. Ese sábado, tal como recordó el jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), el vigilante fue recibido en Tejeda “como un héroe” ya que fue la persona que se suponía que había identificado a los autores y había intentado detenerlos.

“Cuando nos cuenta los hechos, estos son incongruentes, cuando veo las incongruencias, se derrumba”, señaló el encargado del Seprona. “Inventé una historia, la de los toxicómanos, pero después en la Guardia Civil testifiqué que fui yo, ya estaba destrozado. La Guardia Civil me llamó a declarar y vi aquello desamparado y dije: mire, fui yo, ya está. Toda la historia de los toxicómanos fue un inventario mío para echarme fuera, pero no valía para nada”, reconoció Navarro.

El jefe del Seprona rememoró que al día siguiente se reconstruyeron los hechos con el autor confeso. “Era una vaguada con pinocha, era un sitio ideal, hay que tener unos conocimientos que [el vigilante forestal] tenía. Había combustible y condiciones, era ideal para generar un gran incendio. Nunca se causó tantos daños con tan pocos medios”, recalcó. Y es que Navarro prendió el fuego con un solo fósforo.

Desde el Seprona también apuntan que revisaron el vehículo y comprobaron que en el mismo había extintores que estaban todos con los precintos “intactos”. “Una persona con su formación no apaga el fuego con los matos”, subrayó el agente, quien añadió que el toxicómano “no es el perfil de un incendiario”. Por otra parte, otro de los agentes de la Guardia Civil testificó que, una vez que el fuego ya estaba extendiéndose por gran parte de la isla (afectó a nueve de los 21 municipios de Gran Canaria), si no llega a ser por un camión de bomberos y agentes de la Benemérita, las llamas habrían arrasado el pueblo de Veneguera en Mogán.

Un juicio con particularidades

El juicio tiene previsto hasta cuatro sesiones, aunque probablemente no hagan falta más de dos, y tiene varias peculiaridades que el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, ha recordado. Por un lado, se trata del último pleito judicial en España sobre un incendio forestal que se dilucidará mediante la fórmula del jurado ya que desde el año 2015, por un cambio en el Código Penal, son los jueces los encargados del veredicto.

Por otro lado, el juicio se celebra a pesar de la conformidad de Navarro debido a que la pena a la que se enfrenta supera los seis años de presión. Así mismo, Ródenas ha comentado que desde el año 2010 la responsabilidad penal del incendio se conocía, pero se ha tardado tanto en celebrarse la vista porque hubo más de 300 afectados y 22 partes personadas que no estaban conformes con las indemnizaciones. Finalmente, se ha logrado conseguir acuerdos extrajudiciales con Gesplan, responsable civil subsidiario ya que era quien había contratado al vigilante, que de no haberse logrado habría hecho que la vista oral se hubiera prolongado seis meses.

No obstante, hay dos afectados que se han personado en la causa, el particular Ignacio Jiménez, que reclama daños por haber perdido joyas y armas por el fuego, y la empresa propietaria del zoológico Palmitos Park, que fue arrasado por las llamas. Sin embargo, las responsabilidades civiles serán decididas por el juez Salvador Alba en la sentencia, por lo que el jurado tan solo está para decretar si está probado o no que Navarro fue el autor del incendio.

Indemnizaciones y daños millonarios

Como puso de manifiesto el abogado del Gobierno de Canarias, que ejerce como acusación, el incendio en total ha generado unos 18 millones de euros de gasto, de los cuales casi 500.000 fueron a la hora de apagar el fuego, cuatro millones de euros para hacer obras por los daños, y 13 millones de euros en el pago de indemnizaciones. Tanto el Cabildo de Gran Canaria como la empresa pública Gesplan, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, están dispuestos a asumir como responsables civiles subsidiarios del incendio estas indemnizaciones. Tal como expresó el abogado de Gesplan, José María Palomino, lo último que espera la empresa es que un trabajador de ellos “queme el bosque”. “Quebrantando la confianza depositada provocó el mayor desastre medioambiental en Canarias. Hacemos frente a la deslealtad indemnizando frente a la insolvencia del acusado”, sentenció el letrado.

Palomino ha destacado el haber llegado a acuerdos extrajudiciales, algo que “no ha sido fácil pero sí posible”, aunque solo quedan dos partes personadas. De todos modos, ha aclarado que se ha tardado en alcanzar estos convenios porque era su obligación cerciorarse “que nadie se enriqueciera”, enumerando casos de personas que han intentado cobrar dos veces, que en diez años no han acreditado los daños o el caso de un particular que ha cobrado 1,5 millones de euros por encima de lo peritado.

En la primera sesión del juicio se ha podido tomar declaración al particular Ignacio Jiménez, un ciudadano que sostiene que en la casa de su madre tenía guardadas joyas y armas por un valor de 83.600 euros y que tan solo ha sido indemnizado con unos 4.000 euros, por lo que esta parte reclama unos 75.000 euros que sostiene que demuestra con recibos y con un justificante de la joyería a la que adquirió “las joyas de la corona”, como lo describe el abogado de Gesplan, que defiende que la reclamación “no está acreditada”.

Jiménez atestiguó que las alhajas y las armas eran compras realizadas con dinero en efectivo y que tan solo ha podido aportar las facturas de las armas, pero no las joyas, de las que solo ha presentado una relación realizada por la principal joyería en la que las adquirió y fotos de los restos chamuscados. La joyera, que también prestó declaración pero como testigo, reconoció que el reclamante solía ir “una o dos veces al año” a su negocio, que solo certificó las compras más recientes y que no dio las copias de las matrices de las facturas porque no se las solicitó el afectado.

Por su parte, desde Palmitos Park se reclama siete millones de euros a Gesplan ya que, según el peritaje realizado por una tercería, se concluyó que los daños ascendían a unos 18,5 millones de euros, pero la compañía aseguradora Allianz solo ha pagado los 11,5 millones que recoge la póliza, por lo que los dueños del parque piden el resto a la empresa pública. La defensa de la entidad dependiente de la Consejería de Política Territorial entiende que la aseguradora fue “muy generosa” porque en la última pericial se recoge que el coste de los daños asciende a 10,2 millones de euros, 1,3 menos de lo ya abonado, lo que rechaza de lleno el abogado Alberto Hawach, contratado por Aspro Parks, dueña del zoológico. Esta cuestión centrará la jornada que se celebrará este martes desde las 09.30 horas y que previsiblemente será la última antes de quedar visto para sentencia.

El Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, con la colaboración de la  empresa pública Gesplan, ha finalizado  los trabajos de mejora de los senderos de gran recorrido GR-130 (Camino Real de la Costa) y GR-131 en el tramo desde el Roque de Los Muchachos hasta el faro de Fuencaliente, informa la primera Corporación.

Según explica el consejero de Medio Ambiente y Servicios del Cabildo de La Palma, Juan Manuel González, estas tareas han consistido en la mejora general de estos senderos, eliminando la vegetación invasora, reponiendo paredes, reparación de señales, etcétera. Se ha invertido un total de 400.000 euros en estos trabajos, para los cuales se han contratado a 55 personas durante dos meses y medio, entre ellos, un técnico, un encargado general, ocho capataces y 45 operarios.

“Todas estas acciones vienen a corroborar el compromiso firme del grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma en el mantenimiento y conservación de los senderos de la Isla como recurso fundamental para consolidar el turismo en la naturaleza y la biodiversidad, así como para el uso de los ciudadanos residentes en La Palma”, afirma el consejero de Medio Ambiente y Servicios, Juan Manuel González.

Además de estas obras, se añade en la nota, “a lo largo del recién concluido 2016, se han ejecutados otras actuaciones adjudicadas a empresas locales en el Camino de Don Pedro, Camino de El Tablado, reparaciones de paredes en el GR-130 y PR-LP 3 y mejora en la señalización en varios puntos”. Estas actuaciones han supuesto una inversión de 15.500 euros.

Juan Manuel González también ha destacado especialmente el amplio y ambicioso programa de actuaciones que a lo largo de 2016 ha desarrollado el propio personal de Medio Ambiente del Cabildo. En este sentido, se añade en la nota, “han sido muchas y variadas las actuaciones en la Red Insular de Senderos de La Palma”.

A lo largo de 2016, apunta, en el GR-130 (Camino Real de la Costa), se cambiaron señales verticales, se instalaron vallados y escalones en el barranco de Garome y Tinizara; se modificó la traza a la altura del pueblo de Puntagorda; se realizaron tareas de mantenimiento en Mazo y en la comarca de San Andrés y Sauces y Barlovento; se mejoraron los escalones y se colocó baranda en el barranco de Las Angustias“. Además, indica, ”se acondicionó, valló y limpió el mirador de El Portal (barranco de Fagundo); se colocó una valla de seguridad en barranco de Jurado; se actuó en un tramo afectado por vertido de aguas en Puntallana; y se limpió y recuperó todo el entorno de la Fuente de la Gallega, en Barlovento“.

El GR-131 también vio “como el personal de Medio Ambiente del Cabildo ejecutó tareas en 2016 para la instalación de señalización horizontal desde Barlovento hasta el Puerto de Tazacorte; mantenimiento antes, durante y después de la celebración de Transvulcania; y acondicionamiento de la traza en un tramo afectado por derrumbes en el mirador de Los Andenes”.

Otras actuaciones de los trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente en 2016 fueron “la colocación de señalización horizontal en el PR LP 9.2 y en un tramo del PR LP 10; tareas de mantenimiento y cambio de baranda en el PR LP 9.2; instalación de vallado, ampliación del acho de la traza, ensanche del camino, realización de paredes y limpieza y retirada de derrumbes en el PR LP 10;  limpieza del SLVG 51; retirada de derrumbes, limpieza, acondicionamiento y mejora de la señalización en el PR LP 20; mantenimiento del PR LP 2; retirada de derrumbes y basura en las inmediaciones de la Fuente de Las Vacas y el Espigón Atravesado en el PR LP 6; ampliación de la traza del tramo del barranco de La Herradura, instalación de soportes verticales, cadenas y mejora del firme en el PR LP 7.1; instalación de hierros y cadenas de protección en el SL TJ 70; y mejoras en el mirado de El Topo (Don Pedro) en el PR LP 9.2”.

El diputado por La Palma del grupo Popular en el Parlamento de Canarias Zacarías Gómez, en un comunicado, ha informado que pedirá “explicaciones al Gobierno de Canarias por el peculiar sistema que emplea para cubrir determinadas plazas en la empresa pública Gesplan”. En concreto, se indica en la nota, se interesará por “el proceso de selección de personal que se ha llevado a cabo para designar algunos puestos directivos en la oficina que la citada empresa tiene en La Palma”.

El parlamentario popular considera “bastante extraño que el único puesto directivo vacante en la demarcación de Gesplan en La Palma se haya cubierto prácticamente a escondidas y el candidato elegido haya sido el presidente de la Demarcación de La Palma del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas y, curiosamente concejal de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane”.

Gómez sostiene que preguntará en sede parlamentaria, “concretamente en la comisión correspondiente, a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, por este asunto ya que es bastante poco higiénico que se hayan llevado a cabo este tipo de contrataciones vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y conculcando la igualdad y la transparencia”.

“Es curioso que las últimas contrataciones de Gesplan para desarrollar trabajos de mejora tras el incendio se hayan anunciado a bombo y platillo e incluso con anuncios en prensa y de la contratación de esta persona muy poco se conozca incluso con la web de la empresa pública que ni siquiera está operativa”, ha indicado el diputado.

Zacarías Gómez ha manifestado que “son tiempos de tratar las administraciones públicas como se merecen y ajustados al derecho, y ha insistido en la necesidad de optar por mecanismos de contratación de libre concurrencia y con absoluta transparencia y publicidad”. “Debemos permitir de manera abierta y sin tapujos que todos aquellos profesionales que lo estimen puedan optar a los procesos de selección sin que se generen dudas sobre ellos”, ha subrayado.

El popular también ha insistido en que “la consejera debe ser especialmente cuidadosa con una empresa pública que hace apenas unos años llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que se saldó con más de una treintena de despidos para que ahora pueda incorporarse gente a la ligera y con posibles criterios partidistas”. “Es lamentable que Coalición Canaria crea que puede convertir Gesplan en una agencia de colocación de empleo”, ha añadido

Finalmente, Zacarías Gómez, apunta que va a “animar a la consejera a emprender un código de buenas prácticas en materia de selección y contratación de personal en la empresa pública Gesplan para disipar cualquier tipo de dudas”.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la primera fase del plan de ayuda a los municipios palmeros afectados por el incendio forestal del pasado mes de agosto, señala en una nota de prensa.

En la nota se apunta que “tal y como anunció la consejera Nieves Lady Barreto la pasada semana tras reunirse con representantes del Cabildo de La Palma y con los alcaldes de El Paso, Fuencaliente, Villa de Mazo y Los Llanos de Aridane, se ha dispuesto el inicio inmediato de los trabajos de cara a prevenir posibles escorrentías con las lluvias del invierno”. Para ello, Política Territorial ha aprobado una ayuda urgente de 500.000 euros.

La empresa pública Gesplan, añade, ha iniciado los trámites para la contratación de 46 operarios para llevar a cabo dichos trabajos. Las personas interesadas podrán enviar sus currículos a la dirección de correo electrónico rrhh@gesplan.es entre los días 1 al 6 de septiembre, o bien entregarlo personalmente los días 5 y 6 de septiembre en la oficina habilitada por Gesplan en la Casa de la Cultura de El Paso.

El objetivo de esta primera fase de acciones “es conseguir que la superficie afectada por el incendio vuelva a ser permeable”, se apunta en la nota. Al efecto, “se llevarán a cabo tareas de labranza, poda de árboles, limpieza de zonas quemadas, arreglo de pistas que sirven de conducción de agua hacia los barrancos, desbroces, fajinadas y albarradas, entre otras acciones, a las que se añade las plantaciones y trabajos silvícolas para la regeneración natural de los terrenos”.

El Ejecutivo regional también estudia la posible aplicación en este caso de la ley que regula el régimen de incompatibilidades de los miembros de la administración autonómica

El Gobierno canario recaba los proyectos elaborados por su empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) en los últimos años para tratar de confirmar si uno de ellos ha sido usado para fines privados.

La consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila (CC), se ha pronunciado en esos términos al ser preguntada tras el Consejo de Gobierno por la información que publica este lunes La Provincia.

De acuerdo con esa información, el exgerente de Gesplan Rafael Castellano se ha apropiado del proyecto para transformar el obsoleto centro comercial Metro, en Playa del Inglés (sur de Gran Canaria), que fue elaborado cuando él trabajaba en la citada empresa pública.

De igual forma, el Ejecutivo regional también estudia la posible aplicación en este caso de la ley que regula el régimen de incompatibilidades de los miembros de la administración autonómica, ya que afecta también a los altos cargos de sus entidades mercantiles, ha aseverado Dávila.

La empresa pública Gesplan, cuyo objeto es la aplicación de las políticas sobre el territorio en materia de ordenación y gestión, no redactará más planes generales de ordenación (PGO) sino que ofrecerá asesoramiento y apoyo técnico a ayuntamientos y cabildos y colaborará con estas instituciones económicamente.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha anunciado este jueves el cambio de dirección de Gesplan que, no obstante, seguirá trabajando hasta concluir en los PGO ya firmados con los ayuntamientos.

Si embargo, ha resaltado, los planes generales son competencia de los ayuntamientos y la intención del Gobierno de Canarias es que los desarrollen ellos y elijan a sus equipos redactores y Gesplan asesore solo a las administraciones que lo necesiten.

“No hay que secuestrar esta competencia ni a ayuntamientos ni a cabildos”, ha manifestado Nieves Lady Barreto, quien ha insistido en que Gesplan no va a seguir desarrollando PGO a pesar de las “muchas peticiones de ayudas” que realizan los ayuntamientos.

Tampoco intervendrá en los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales, cuya dirección es competencia de los cabildos, ha indicado la consejera, a petición de Nueva Canarias, en comisión parlamentaria.

La consejera también se ha referido al traspaso de competencias que, desde el Gobierno de Canarias a los cabildos, se ha producido en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, después de que la consejera de Podemos Asunción Delgado se lo recordase.

Asimismo, ha hablado de la adaptación necesaria que exige la nueva Ley del Territorio de Canarias, que ha impulsado la firma de numerosos convenios de colaboración entre Gesplan y organismos oficiales de Canarias.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Gladis Acuña ha destacado en su intervención que, en ocasiones, Gesplan suple las grandes carencias que sufren los ayuntamientos a la hora de redactar sus planes de ordenación.

El diputado del PP Miguel Jorge ha insistido en la necesidad de que Gesplan vuelva a sus orígenes y apoye a ayuntamientos y cabildos a desarrollar sus instrumentos ambientales y urbanísticos.

El popular ha dicho que el sistema de la encomiendas es “perverso y malo”, por lo que ha pedido al Ejecutivo canario que abra la realización de planes al sector privado o a la redacción propia por parte de cada uno de los ayuntamientos.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos ha recordado que en La Gomera en el año 2015 se contrataron a través de Gesplan a 675 personas para llevar a cabo mejoras medio ambientales, como el mantenimiento carreteras y de los 600 kilómetros de senderos de los que dispone esta isla.

El diputado de CC Pablo Rodríguez ha opinado que, pese al traspaso de competencias a los cabildos en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, Gesplan no perderá peso sino que se dedicará a las corporaciones que lo necesiten, por ejemplo, en políticas medio ambientales.

La diputada del PSOE Nayra Aleman ha aludido a la importancia de Gesplan como encomendatario principal del Gobierno canario, de ahí la importancia de dotar a esta empresa pública de fondos necesarios para reforzar su papel y que no se externalicen parte de las encomiendas.

Dentro de la ronda de encuentros con altos cargos del Gobierno de Canarias que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de El Paso ha venido manteniendo en el último mes, este viernes el alcalde, Sergio Rodríguez, se ha reunido con el representante de la empresa pública Gesplan, responsable del seguimiento y coordinación de las encomiendas de gestión de obras y servicios en materia de medio ambiente e infraestructuras, el palmero Gerardo Hernández, según se informa en una nota de prensa.

De este encuentro “se extrae la preocupación de algunas administraciones locales para regular el que dichas encomiendas se puedan llevar a cabo también desde los ayuntamientos, ya que muchos alcaldes de distintas fuerzas políticas están impacientados por no poder utilizar una herramienta pública como Gesplan”, aseguran.

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental es una sociedad perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Esta empresa pública se posiciona en el Archipiélago como órgano instrumental para la aplicación de las políticas sobre el territorio en materia de ordenación y gestión. Especializada en actividades de gestión, urbanización, planeamiento y medio ambiente, se ha afianzado como una empresa soporte de algunos organismos autonómicos y, en definitiva, como un aparato empresarial muy útil, afirman.

Gerardo Hernández, tras el encuentro con el edil de El Paso, afirmó que “los ayuntamientos tienen que ser libres para decidir si sus planes generales son elaborados por Gesplan o por una firma privada”, y añadió que “ya que tiene que haber y debe haber trabajo para todos”. Haciendo suyas palabras de la propia consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

Por su parte, Sergio Rodríguez valoró positivamente la reunión y afirmó que “buscamos fórmulas para poder utilizar una herramienta tan potente como Gesplan en el ámbito municipal, cosa que hasta este momento no ha sucedido. Creo que podría ser una herramienta donde nuestros técnicos podrían apoyarse, no sólo para la planificación urbanística sino también en lo que se refiere a modificaciones de planes ya existentes”.

El Gobierno de Canarias la considera idónea para el cargo, por sus más de

diez años de gestión en la empresa

El Consejo de Administración de la empresa pública Gesplan del Gobierno de Canarias ha nombrado a la jurista Beatriz Calzada Ojeda nueva consejera delegada, al tiempo que ha acordado el cese de Rafael Castellano, hasta ahora gerente.

Beatriz Calzada Ojeda, resulta idónea para el cargo, ya que, “tras más de diez años de gestión en la empresa, conoce perfectamente las materias que deberá tratar a partir de ahora”, ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Beatriz Calzada Ojeda, licenciada en Derecho, ha trabajado como técnico jurídico para la empresa pública Gesplan (2003-2013) especialmente sobre los instrumentos de desarrollo del planeamiento, redacciones de planes insulares y generales de ordenación, entre otros.

Asimismo, ha desarrollado labores externas de apoyo al Gobierno de Canarias sobre los asuntos de los que es experta.

Gesplan pondrá en marcha nuevos mecanismos de gestión para colaborar con cabildos y ayuntamientos en sus iniciativas de ordenación del territorio, que se muestran a partir de los distintos instrumentos de planificación existentes en las islas.

Para ello, agrega la nota, además de con los técnicos de la propia empresa, pretende contar con el apoyo de profesionales externos.

La Consejería que lidera Nieves Lady Barreto pretende desarrollar una “nueva cultura en la gestión” en la que exista cooperación entre las administraciones autonómicas y locales, donde sea primordial la “transparencia en la actuación” y el “máximo respeto a la autonomía de los Ayuntamientos y Cabildos en materia de planeamiento” al tiempo que se consigue una “mayor eficacia en la gestión”.

Entre las líneas de actuación de la empresa pública Gesplan destaca su acción en materia de ordenación del territorio y funciones en materia de gestión ambiental en una comunidad autónoma en la que el 40% de su territorio está protegido.

Entre las experiencias de esta empresa pública destacan consultas bibliográficas y cartografías, redacción de planes de recuperación de especies amenazadas y para preservar poblaciones en peligro y hasta la colaboración con el sector agrícola de Canarias para detectar y erradicar plagas en el ámbito rural.