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Las palmeras de Palmitos Park centran la disputa por las indemnizaciones del incendio forestal de 2007

La empresa cifra los daños en estas plantas en 3,8 millones de euros, pero para el peritaje judicial estos ascienden solo a 1,2 millones de euros

Las defensas de Gesplan y del Cabildo de Gran Canaria rechazan las reclamaciones de siete millones de euros de Aspro Parks y de 75.000 euros de un particular que reclama por unas joyas injustificadas

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El perito Rafael Trapiello junto a los abogados del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria

El perito Rafael Trapiello junto a los abogados del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria Alejandro Ramos

La segunda jornada del juicio contra Juan Antonio Navarro, autor confeso del incendio que en 2007 arrasó Gran Canaria, centró su debate en las reclamaciones realizadas por Aspro Parks, empresa dueña del zoológico Palmitos Park, que exige siete millones de euros adicionales a los 11,6 millones cobrados ya de la póliza de seguros de Allianz, y por el particular Ignacio Jiménez, que reclama unos 75.000 euros por la pérdida de unas joyas y armas que quedaron chamuscadas.

En el juicio, que se celebra con Jurado a pesar de que este no tiene que decidir sobre las responsabilidades civiles, las defensas de la empresa pública Gesplan y del Cabildo de Gran Canaria han rechazado las peticiones tanto del zoológico como del particular. Así, el debate más tenso ha estado sobre todo en las reclamaciones de la empresa privada, defendida por el letrado Alberto Hawach.

Las diferencias se han constatado en las distintas valoraciones de los daños realizados en las instalaciones de Palmitos Park. Así, el parque ha aportado como testigos al perito Rafael Trapiello, de la empresa Grupo 10, que realizó el informe pericial a finales de 2007 para la empresa después de que no se aceptara el peritaje de la compañía aseguradora Allianz, hecho por Peritaciones Insulares. También aportó como prueba el relato del perito José Manuel Hernández, que en 2013 realizó un informe a requerimiento de la Justicia y que se adhirió en su totalidad al hecho por Trapiello alegando que era el más completo y los valores monetarios eran de acuerdo a los valores del mercado. Eso sí, admitió que muchos de los términos empleados por el representante de Grupo 10 los desconocía. Mientras, desde Gesplan se ha aportado como testigos a los peritos de Godoy Consultores que en 2016 realizaron un informe a petición de la Fiscalía y que señalan que incluso Palmitos Park debió haber cobrado 10,2 millones de euros, 1,4 millones de euros menos de lo recibido de la póliza del seguro.

El abogado Alberto Hawach

El abogado Alberto Hawach Alejandro Ramos

Las defensas realizadas por las dos entidades públicas han hecho hincapié en que en el año 2009 el perito Trapiello firmó una acta pericial por unanimidad con otros dos peritos, uno de la aseguradora y un tercero independiente, en el que no hizo ningún reparo ni observación cuando podía haberse aprobado por mayoría en vez de unanimidad. "Si se aprueba por mayoría la aseguradora no habría pagado", defendió Trapiello para justificar su acción. En ese acuerdo se acepta cobrar 11,6 millones de euros sin posibilidad de litigio, pero Palmitos Park reclama siete millones en daños que no cubría esta póliza de seguros y que ratificó Grupo 10 en un segundo peritaje realizado en 2010.

La principal diferencia ha estado en los peritajes realizadas en las palmeras del parque, que Palmitos Park y Trapiello valoraron en 3,8 millones de euros y el peritaje judicial realizado en 2016 lo cifra en 1,2 millones de euros. Tal como explicó Lorenzo Muñoz Cerdeña, de Godoy Consultores, la diferencia radica en que desde Grupo 10 se hizo una valoración que falló porque en 2007 pidió que estos árboles fueran valorados como si hubieran sido calcinados en su totalidad y se tuvieran que recuperar desde cero, cuando en unos 20 meses volvieron a estar en su estado antes del incendio. En el año 2010 también Grupo 10 mantuvo esta petición por lo que, en palabras de Muñoz, "quiso cobrar unos árboles que no repuso, es evidente". Trapiello consideró que se iban a perder 740 ejemplares mientras que la contrapericial de Gesplan se cifró en 262, cuando finalmente se vieron perjudicados 290. "¿Es adivino Trapiello?" cuestionó la defensa realizada por Hawach, a lo que el perito de Godoy Consultores reconoció que "evidentemente no, yo he jugado con ventajas ya que tengo una visión más amplia y diáfana" al haber hecho las periciales el año pasado.

Las demás diferencias entre el peritaje de Grupo 10 y Godoy Consultores están en valoraciones como el de los caminos, accesos y algunas instalaciones que, según los peritos judiciales, la empresa pretende que se valoren como nuevos cuando en algunos casos han tenido daños reparables, así como el hecho de introducir el adiestramiento de los animales que murieron. También centró el debate entre las distintas partes la indemnización al parque por el lucro cesante por haber estado un año sin funcionamiento ya que, entre otros motivos, Trapiello en su informe añade cómo afectó el fuego al  valor paisajístico de Palmitos Park, algo que para el perito Muñoz "es una falacia" porque este "no afecta en el periodo de perturbación, su valor no se cambia en un año". De hecho, el abogado de Gesplan, José María Palomino, remarcó la idea de cómo la empresa pretendía que se pagara por los efectos del incendio en el valor paisajístico cuando, en cambio, las obras del delfinario, inaugurado en 2010 y  que ha sido declarado ilegal por el TSJC este mismo verano, previsiblemente no iban a dañar en la imagen, ello a pesar de que se desmontaba una montaña.

Lorenzo Muñoz Cerdeña, perito de Godoy Consultores

Lorenzo Muñoz Cerdeña, perito de Godoy Consultores Alejandro Ramos

Trapiello recalcó que sus informes son "serios y justificables" y que lo que "no es serio es el informe de Godoy Consultores, no informa de la realidad, ni es técnico, es una valoración de opinión a la vista", defendió.

Unas joyas que no están

En cuanto a la reclamación realizada por el particular Ignacio Jiménez, que ha cobrado en torno a 4.000 euros de los 75.000 euros que reclama por la pérdida de armas y joyas, Lorenzo Muñoz indicó que las joyas tuvieron una valoración "cero" porque no había "ni evidencia física ni documental" de su existencia. Los únicos papeles acreditativos mostrados han sido "albaranes, no facturas, firmadas por una persona que dice ser joyera", subrayó Muñoz. 

La abogada del particular, María del Carmen Medina, preguntó cómo realizó las revisiones la empresa Godoy Consultores, a lo que Muñoz comentó que con los estudios documentales. También apuntó Medina que debido al calor las joyas primero se fundieron y luego se evaporaron, lo que para el perito contratado por la Fiscalía no es posible ya que en caso de la fusión hay restos líquidos y en caso de que se hubieran evaporado, la caja fuerte habría explotado por la presión, pero esta simplemente estaba abierta. Sí se consideraron las escopetas porque sus restos fueron localizados. Ante la insistencia de la letrada, el juez Alba tomó la palabra y cerró sus planteamientos con un lacónico "lo que está está y lo que no está no está".

Por otro lado, entre las acusaciones también estaba la plataforma de afectados por el incendio Más Nunca. Este martes emitió un comunicado en el que han denunciado "una vez más, la negligencia e incompetencia de todo este proceso que debería figurar en la antología del disparate". Los perjudicados por el incendio lamentan que han recibido "unas ayudas mermadas" y que en muchos casos han tenido que recurrir por la vía contencioso administrativa estas, aparte de que "ahora se añade la posibilidad de no ser resarcidos en lo que confiábamos iba a ser un acto de justicia".

"En la segunda sesión del juicio hemos constatado que la última pericial realizada no ha tenido en cuenta a las víctimas personadas y que no fueron peritadas por falta de fondos; ni a las víctimas a las que el Gobierno de Canarias condenó a la devolución de las ayudas con intereses; ni a las que quedaron sin ayudas por considerar las administraciones autónoma y estatal que la segunda vivienda o ingresos superiores de la unidad familiar no contaban; ni los cambios de titularidad que se han producido por el fallecimiento de muchas víctimas; ni los que fueron requeridos por la vía de embargo al acometer cambios obligados por las nuevas normativas, entre otra casuística. Además, en esta sesión hemos escuchado perplejos cómo se despachaba a los que no han sido peritados y aportaron toda la documentación a su debido tiempo, con un simple nos remitimos a estudiar solamente la documental", destacan, y añaden que "a día de hoy, ninguna de las víctimas amparadas por esta entidad, ha recibido ningún céntimo de euro de indemnización o arreglo extrajudicial".

Para este miércoles está previsto que se reúna el Tribunal del Jurado, una vez le sea entregado el objeto del veredicto que solamente se centrará sobre la cuestión penal.

El abogado José María Palomino

El abogado de Gesplan, José María Palomino Alejandro Ramos

El incendio empezó en un lugar escondido

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria constató en el juicio, antes del debate sobre las indemnizaciones, que el punto en el que Juan Antonio Navarro inició el fuego no era visible desde ninguna de las torretas de vigilancia ni tampoco desde el pueblo de El Juncal ya que escogió una semicurva, lo que demuestra que el vigilante forestal era conocedor de la zona.

El inspector del Servicio Técnico de Medio Ambiente del Cabildo, Juan Carlos Santana, remarcó que en el informe que realizaron se demuestra que se trataba de un "incendio topográfico que puso en peligro a todo el dispositivo" y que comenzó en el Barranquillo del Agua de Pajonales, 3.000 metros por encima de la pista. "Reconstruimos con las huellas el círculo de inicio y en el interior no apareció ningún medio de ignición", lo que demuestra que este se inició con fósforos que se consumieron con las llamas.

Así mismo, en el informe se recoge dos situaciones, por un lado que el incendio comenzó el 27 de julio sobre las 13:50 horas cuando existía una probabilidad de ignición "alta" y que el 29 de julio, debido a los fenómenos meteorológicos adversos, el fuego estuvo fuera de control, dejando de ser un incendio forestal a ser declarado como una emergencia de Protección Civil que hizo que se produjeran daños en animales, viviendas y propiedades.

Las llamas entraron en cinco espacios naturales, la Reserva Natural Integral de Inagua se vio afectada en su totalidad; el Parque Natural de Pilancones se vio afectado aproximadamente en un 70% de su superficie total; un 18% el Paisaje Protegido de Fataga; un 60% del Monumento Natural de Tauro; y un 3% del Parque Rural del Nublo. En cuanto a los Pinzones Azules de Gran Canaria, estos tuvieron que dejar su hábitat natural, Inagua, para ir a otros pinares con menor sostenibilidad y también el fuego perjudicó cinco especies vegetales en peligro de extinción como las jaras o los dragos canarios.

Por otra parte, Santana negó lo dicho este lunes por el autor del fuego, quien sostuvo que los efectivos contra incendio tardaron cerca de media hora en atacar a las llamas. "A las 14:10 horas ya estaban los dispositivos actuando. El ataque inicial fue correcto, con más medios de los habituales, entre ellos dos helicópteros y medios terrestres".

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria (ALEJANDRO RAMOS)

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