La recuperación agrícola no puede castigar al palmero valiente que apostó por reconstruir

La recuperación agrícola del Valle de Aridane puede cometer ahora una injusticia difícil de explicar: dejar fuera a quienes compraron fincas afectadas por el volcán cuando todavía no había ayudas claras, ni garantías, ni seguridad alguna.

Casi cinco años después de la erupción, la gran mayoría de las fincas afectadas siguen pendientes de una recuperación real. La reconstrucción agrícola ha avanzado, pero lo ha hecho con una lentitud dolorosa para quienes conocen la tierra, viven de ella o han intentado devolverla a la producción.

En esa realidad ocupa un lugar principal el plátano. 

Para muchas familias palmeras, la finca era una economía familiar, una herencia y el resultado de décadas de esfuerzo. Cada explotación tenía asociado un histórico de producción platanera, construido sobre los kilos producidos en años anteriores, que servía de base para las ayudas compensatorias del sector vinculadas al POSEI. 

Ese histórico no era un simple dato administrativo: formaba parte de la viabilidad económica de la finca.

La erupción rompió esa normalidad. Fincas que producían dejaron de hacerlo porque era materialmente imposible seguir cultivándolas. Durante un tiempo se mantuvieron determinados pagos, pero después quedaron suspendidos o condicionados a la recuperación efectiva de las explotaciones. Muchos agricultores quedaron atrapados entre la pérdida de su finca, la falta de producción y una reconstrucción que dependía de indemnizaciones, agua, caminos, infraestructuras y tiempo.

Recuperar una finca agrícola exige mucho más que voluntad. Hace falta inversión, acceso, riego, paciencia y una buena dosis de riesgo.

Una salida para unos, una apuesta por la tierra para otros.

Hubo palmeros que asumieron ese riesgo antes que nadie. Compraron fincas afectadas por el volcán con la intención de recuperarlas cuando todavía no estaba claro qué derechos podían acompañarlas, cuándo habría agua, cuándo habría caminos o si la Administración terminaría facilitando de verdad ese proceso.

Compraron cuando la operación tenía más de apuesta que de seguridad. Lo hicieron por arraigo, por confianza en la tierra o por la convicción de que el Valle no podía resignarse a ver sus fincas paradas durante años. 

Y, en no pocos casos, lo hicieron también porque propietarios damnificados les pidieron una salida: personas que necesitaban resolver su situación económica con urgencia, por razones familiares, personales o patrimoniales, y que no podían permanecer indefinidamente en el abismo de la incertidumbre.

Aquellas operaciones cumplieron así una doble función: dieron una salida a propietarios afectados que necesitaban cerrar una etapa dolorosa y mantuvieron viva la posibilidad de recuperar fincas que, de otro modo, podían haber quedado años enteros paralizadas.

Un incentivo útil, pero incompleto

Ahora se plantea una nueva medida para permitir que personas no afectadas directamente por la erupción puedan comprar fincas agrícolas afectadas y acceder al histórico de producción platanera asociado a esas fincas. La finalidad parece comprensible: atraer inversión, acelerar la recuperación y evitar que demasiadas explotaciones sigan paralizadas.

La medida puede ser útil. La Palma necesita que sus fincas vuelvan a producir. El Valle de Aridane necesita recuperar actividad, paisaje agrícola y economía. Abrir una vía para que nuevas personas inviertan seriamente en esa recuperación puede ser una decisión acertada.

Pero la medida nace incompleta si solo mira hacia adelante y se olvida de quienes ya dieron el paso.

Si el nuevo régimen beneficia únicamente a las compras realizadas a partir de su entrada en vigor, el resultado será difícil de justificar. Quien compre mañana podrá acogerse al histórico. Quien compró ayer, con más incertidumbre y menos respaldo, quedará fuera.

Castigar el coraje, premiar la espera

Ese es el verdadero castigo al pionero.

Durante estos años hubo personas que no esperaron por ayudas públicas, ni por el pago del valor de lo perdido, ni por una regulación favorable, ni por una promesa administrativa clara. Adquirieron fincas dañadas, asumieron riesgo financiero y técnico, y apostaron por recuperar con recursos propios aquello que muchos veían como una carga o una incertidumbre.

Al hacerlo, también ayudaron a otros damnificados: propietarios que necesitaban una salida económica urgente y que no podían seguir atrapados, indefinidamente, en la espera.

Con el marco que ahora se anuncia, esas personas pueden quedar atrapadas en una paradoja injusta: quien compre mañana una finca afectada podrá beneficiarse del histórico; quien la compró ayer, jugándose su patrimonio a ciegas, seguirá excluido.

El mensaje sería demoledor para el tejido agrícola y económico de la isla: en la reconstrucción de La Palma, se castiga a quien arriesgó para acelerar la recuperación y se premia a quien esperó a que el Gobierno hiciera atractiva la operación.

Una solución sencilla y justa

La Administración tiene margen para corregir esta situación. Si se reconoce que el histórico de producción platanera puede acompañar a la finca transmitida cuando la finalidad es recuperarla, ese criterio debe alcanzar también a quienes compraron desde la erupción volcánica con esa misma finalidad.

Bastaría una previsión transitoria clara, razonable y con controles suficientes para evitar abusos. La retroactividad, en este caso, no debería asustar a nadie. No se trataría de perjudicar derechos adquiridos ni de alterar situaciones consolidadas en contra de nadie, sino de aplicar favorablemente una medida a quienes ya se encuentran en la misma situación material que los futuros compradores: haber adquirido una finca afectada por el volcán con la finalidad de recuperarla.

Bien planteada, esa retroactividad favorable no debilitaría la seguridad jurídica. Al contrario, permitiría corregir una desigualdad evidente.

La fecha de una compraventa no debería pesar más que la finalidad real de la operación. Si la finca fue adquirida para volver a ponerla en cultivo, si existe voluntad efectiva de recuperación y si se cumplen los requisitos técnicos y agrícolas que procedan, excluir automáticamente esas compras anteriores carece de sentido.

Una disposición transitoria bien redactada permitiría distinguir entre quien compró para recuperar y quien pudiera pretender aprovecharse indebidamente del sistema.

También enviaría un mensaje importante: La Palma reconoce a quienes apostaron por su reconstrucción incluso antes de que existieran incentivos públicos.

Memoria para la reconstrucción

La reconstrucción agrícola necesita inversión, pero también memoria. Necesita nuevas personas dispuestas a incorporarse, pero también respeto hacia quienes ya se incorporaron cuando el camino era más difícil.

Cada finca que vuelve a producir es una victoria pequeña, lenta y cara. 

Cada persona que decide recuperar una explotación afectada está haciendo algo más que una inversión privada: está ayudando a recomponer una parte del paisaje económico y humano del Valle de Aridane.

El Gobierno de Canarias todavía está a tiempo de corregir el alcance temporal de la medida antes de aprobarla definitivamente y antes de cometer un atentado contra la valentía del palmero.

Hay tiempo para incluir a quienes compraron desde la erupción con la finalidad de recuperar fincas agrícolas afectadas. Hay tiempo para evitar que una norma pensada para ayudar termine provocando una injusticia innecesaria.

Quien llegue ahora para recuperar una finca debe tener un marco que le anime a hacerlo. Quien llegó antes, sin promesas y sin garantías, merece al menos el mismo respeto.

La justicia, si solo alcanza a quienes llegan al final, deja de ser reconstrucción y se convierte en privilegio.

La recuperación agrícola de La Palma no puede olvidar al palmero que creyó primero. Tampoco puede castigar a quien apostó por la tierra cuando todavía no había nada claro, salvo una cosa: que había que volver a levantarla.