La verdad entre lo oscuro tras las togas

La historia solo se conoce con el paso del tiempo. Los hechos alcanzan su verdadera dimensión cuando mirando desde la calma y sin la intoxicación de la premura se puedan enlazar narrativas que ahora parecen inconexas y opacadas por la espuma de la actualidad. Este tiempo solo se comprenderá en una década. Piezas accesorias que ahora parecen que no encajan irán colocándose, enseñando el mapa completo de la corrupción actual que es mucho más profundo que el que alcanza únicamente a los peones de la política. 

Las conexiones entre jueces, abogados y otros particulares que operan de forma poco clara quedan ocultas entre tanto ruido y no tienen la atención que merecen porque por el momento solo interesa la rama política y gubernamental. El caso Plus Ultra tiene una dimensión que todavía no hemos transitado porque no tiene como objetivo acabar con este gobierno y no hay asociada una pieza de caza mayor de las que interesan a la mayoría mediática con capacidad para marcar la agenda pública. El abogado Miguel Palomero aparece en la causa en unas conversaciones en las que se habla de hacer “una kitchen gabinet” para tumbar el proceso que se había abierto en un juzgado de instrucción de Madrid contra la aerolínea. En otra de las conversaciones dijo que había 50.000 euros para “jueces, policías y funcionarios”. 

A raíz de esas informaciones el juez Calama investiga al comisario Jesús García Martín apoyándose en otros indicios agravados como el posible cobro de 7.000 euros y regalos de botellas de vino por parte de la trama. Por otro lado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, abrió un expediente contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra la fiscal María Luisa Llop, que pidió el archivo de la causa de Plus Ultra sobre el rescate en 2021. Las dos fiscales aparecen mencionadas en el sumario. Pero hay una salvedad si apareces mencionado para librarte de que te abran un simple expediente: ser juez. Lo oscuro tras las togas. 

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional se vio obligado a inhibirse en la causa de Plus Ultra porque tenía relación con uno de los investigados, el abogado Miguel Palomero, ya que lo conoció en el año 2023 para pedirle consejo y asesorarle profesionalmente en la venta de unas tierras de sus hijos. La asesoría del abogado le salió gratis porque el letrado no quiso cobrarle a cambio de una comida entre los dos que finalmente se produjo el 22 de enero de 2024 a la que sucedió un nuevo encuentro más casual con un café. Nadie es culpable ni sospechoso de nada por quedar a tomar café con nadie, pero por eso se llama muchas veces a testificar a quien puede aportar información sobre el proceder de casos en investigación. Y si se tiene conocimiento de que un abogado que aparece en conversaciones diciendo que tiene dinero para sobornar jueces come con un juez de manera privada lo mínimo es llamar y preguntar qué se habló en esa comida para saber si el juez tiene algo que aportar para que se sepa la verdad. 

Estamos en un momento procesal en España en el que se dan procesos judiciales contra personas de izquierdas, familiares del presidente y miembros asociados al Ejecutivo en los que aparecen encausados, en ocasiones con indicios leves o inexistentes. Al contrario de lo que sucede con quien no tiene filias progresistas, porque no ha aparecido en ningún momento el planteamiento de llamar, aunque sea a testificar en fase de instrucción, a esos jueces que aparecen vinculados a los miembros de la trama. Pero hay un caso peor. Atiendan.

Los hechos son los siguientes. Un juez de la Audiencia Nacional dejó la carrera y se dedica ahora a la abogacía, un juez que ha llevado los más importantes casos de corrupción de este país, los que hizo que no prosperaran, salvando a María Dolores de Cospedal, o los que impulsó en contra de la sala penal que tenía por encima, el intento por llevar a Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo por el caso de la tarjeta de Dina. Ese juez se llama Manuel García-Castellón y resulta que comparte dirección en su nuevo papel como abogado con la empresa de Julio Martínez Sola, el dueño de Plus Ultra. Este juez aparece mencionado para que sea llamado cuando el empresario es detenido en un sumario en el que aparece como investigado y en el que se dice que hay dinero para jueces, fiscales y funcionarios. Eso sería motivo lo suficientemente poderoso como para que al menos se le pregunte qué es lo que pasa ahí y si la relación de amistad de más de 30 años entre el juez y el investigado se queda solo en eso, en amistad. Pero en España los indicios solo parecen ser relevantes cuando apuntan en una dirección determinada con un objetivo claro. 

Tengo muy claro que hay mucha mierda en las investigaciones abiertas con personas relacionadas con el Gobierno. Casos de corrupción ciertos y escandalosos. Hay mierda real y mierda inventada, y también que mucha de la mierda que hay se mete debajo de la alfombra y se busca algo con lo que tapar el olor cuando afecta a personajes que han hecho política en el sentido adecuado para la magistratura. Vivimos un momento de infoxicación real en el que es imposible tomar distancia para poder escudriñar lo que se esconde entre la masiva aportación de hechos, documentos, sumarios, autos y horas de información y debates en prensa, la mayoría de las veces sin la profundidad y el contexto necesario. Los que intentamos hacerlo nos sentimos abrumados para intentar explicar que no todo es blanco o negro ni un juego de trincheras, que hay casos reales de corrupción y campañas vergonzosas de utilización de la justicia por parte de ultras con toga y sin ella. Son tiempos oscuros en los que solo importa ganar a costa de cualquier buena praxis y la mayoría solo busca alimentar sus sesgos y sus odios. No lo encontrarán aquí porque creo que lo que importa para tener una sociedad sana y fuerte es acceso a la verdad y pensamiento crítico con el que defender unos valores de progreso por encima de las personas y los partidos. La izquierda necesita la verdad para ser útil.